En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.

La doctora Claudia Lorena Martínez Higueros trabajó en el Hospital Chelsea & Westminster de Londres entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Durante ese contrato temporal, de solo medio año, cometió al menos dos fallos clínicos. En una ocasión, intervino a una paciente en la pleura —una membrana que se sitúa entre el pulmón y las costillas— derecha cuando tenía que hacerlo en la izquierda. En otra, realizó una biopsia a un paciente en el riñón derecho cuando, de nuevo, tenía que hacerlo en el izquierdo. Además, mintió para intentar ocultar ambos errores.

Esa mala praxis acabó con su carrera en Reino Unido. En abril de 2024 un tribunal médico decidió que no podía volver a ejercer en el país y que tenía que ser eliminada del registro de médicos. Pero Martínez Higueros ha seguido trabajando. Ahora, en España. Este mismo año, ha atendido a pacientes durante unos meses en el Hospital Universitario de Móstoles cubriendo una baja maternal en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No es su única actividad en la sanidad pública. Hasta este mes de septiembre, según el registro del Ministerio de Sanidad, trabajaba también en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián.

El caso de la doctora Martínez no es una excepción. Tal y como ha revelado la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), decenas de doctores en Europa ejercen en un país distinto del que han sido sancionados sin ningún tipo de problema. Varios de ellos trabajan en España. Con Claudia Lorena Martínez, son al menos ya cuatro los doctores inhabilitados en Reino Unido, que a pesar de esa sanción, han seguido ejerciendo y visitando a pacientes en nuestro país. Los otros tres lo hacían en la sanidad privada.

Todos esos casos han sido confirmados por infoLibre, único medio español que forma parte de Bad Practice. La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, ha corroborado también que más de 100 médicos que han sido inhabilitados en un país tienen a día de hoy licencia para ejercer en otro, pero, debido a la falta de transparencia con las sanciones en la profesión médica existente en algunos Estados europeos como España, esa cifra es solamente la punta del iceberg.

Aun así, casos como el de la doctora Martínez Higueros dejan claro que el control de este tipo de casuísticas tiene importantes agujeros negros en el continente. Los problemas se producen, sobre todo, cuando los médicos ya tienen permiso para ejercer en otro país antes de ser sancionados. Cuando eso ocurre, es complicado que luego el otro Estado les impida volver y trabajar. 

Es lo que pasó con la propia Martínez, que tras ser inhabilitada en Reino Unido volvió a España para trabajar porque ya estaba inscrita anteriormente en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Al estar colegiada, no existe un mecanismo que se active de forma automática para homologar una sanción en el extranjero. Diferente es la situación cuando un médico inhabilitado intenta colegiarse en España. En ese caso, no tienen permitido hacerlo, ya que se les pide un certificado de idoneidad del país donde estaban registrados y este no debería expedirlo debido a la sanción.

El Ministerio de Sanidad, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países tras la publicación de Bad Practice, no ha reaccionado a los datos revelados por la investigación y, al menos, por ahora, no ha anunciado ninguna medida para evitar este tipo de casos. Tampoco se ha propuesto llevar a cabo una evaluación para conocer exactamente cuántos médicos inhabilitados en el extranjero ejercen a día de hoy en España.

Claudia Lorena Martínez es una radióloga intervencionista, una especialidad en la que, como radiólogos, se guían por la imagen —con procedimientos como los rayos X o las ecografías—, pero, además, no solo diagnostican a través de ese tipo de técnicas, también intervienen en los pacientes con tratamientos mínimamente invasivos, como pueden ser las biopsias, los drenajes o los cateterismos.

Tras graduarse en Medicina en México y homologar su título en España, se especializó en la Universidad de Londres. Comenzó a trabajar en Irlanda y, finalmente, volvió a Londres para ejercer en junio de 2018. A finales de 2019 obtuvo un contrato temporal de seis meses en el Hospital Chelsea & Westminster, donde ejerció hasta febrero de 2020 y donde cometió los errores que la llevaron ante un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), el organismo que se encarga de resolver cuando hay quejas o indicios de mala praxis por parte de doctores en Reino Unido.

Los problemas con la radióloga surgieron a raíz de las intervenciones a dos pacientes a los que atendió en 2019. El 10 de diciembre de aquel año una mujer de 73 años acudió a urgencias del hospital por dificultades para respirar. Los superiores de Martínez Higueros le encargaron una "aspiración pleural diagnóstica izquierda", pero, en lugar de eso, la doctora le realizó un "drenaje pleural terapéutico del lado derecho". Es decir, intervino en la pleura que no tocaba y, además, le realizó una intervención distinta a la que le habían pedido. Todo ello demostrado por el tribunal médico que la juzgó —un procedimiento habitual en Reino Unido—.

Doce días después, otro paciente, de 58 años, acudió a urgencias. Llevaba días con sangre en la orina, náuseas y fiebre, y tenía antecedentes de piedras en el riñón. Tras una resonancia magnética, que había hecho la propia Martínez, se le diagnosticó un quiste en el riñón derecho y una lesión en el izquierdo. Después de que un equipo multidisciplinar estudiara el caso del paciente, se detectó que la lesión del riñón izquierdo era "sospechosa de malignidad" y se pidió una biopsia del mismo, que, de nuevo, se encargó a la doctora. Pero la radióloga realizó la biopsia en el riñón derecho. Ante esta situación, el hospital tuvo que repetir la prueba para realizarla en el izquierdo.

En ambas ocasiones, Martínez Higueros tenía que intervenir en un órgano izquierdo pero lo hizo en el derecho. Además, en ambas ocasiones, realizó anotaciones falsas en los informes clínicos y el historial de los pacientes para ocultar sus errores, según resolvió el tribunal médico. En el caso de la mujer indicó que era imposible intervenir en la pleura izquierda y que, por ello, lo hizo en la derecha tras contactar con el resto del equipo médico. En el caso del hombre modificó el informe días después para indicar que la lesión identificada y biopsiada se encontraba en el riñón izquierdo, cuando antes había escrito que se encontraba en el derecho. También aseguró que ella no había hecho la biopsia.

Las anotaciones eran falsas, según determinó el tribunal. Además, el MPTS entendió que la doctora las había realizado a sabiendas de que no eran verdaderas, ya que era consciente de que en el caso de la mujer no había avisado al equipo médico de esa supuesta imposibilidad para realizar la intervención en la pleura izquierda y de que en ambas ocasiones había intervenido ella y lo había hecho en el órgano derecho.

Por ello, el tribunal dictaminó que Martínez Higueros había tenido conductas indebidas en dos categorías: actuaciones clínicas y prácticas deshonestas. El MPTS consideró más graves las segundas, de las cuales se la encontró culpable, precisamente, por haber mentido en sus anotaciones a sabiendas: "Intentó encubrir sus fallos clínicos". Además, el tribunal resolvió que había puesto en riesgo la seguridad de los pacientes.

Aun así, la doctora, a día de hoy, afirma que todo es mentira y que esas acusaciones contra ella son un invento. En conversación con infoLibre, ha asegurado que no es cierto que cometiera los errores: "Es un caso de corrupción dentro del Colegio de Médicos [de Reino Unido]. Denuncié a unas personas que son influyentes allí, en temas de mala práctica médica. Ese es el caso [...] Eran errores graves como procedimientos que incluso llegaron a causar muerte de pacientes y yo denuncié eso".

Tras esa afirmación la doctora no ha querido especificar quiénes son esas personas de forma concreta —aunque ha subrayado que son "personas que desempeñan puestos de gerencia en un hospital de Londres"—, ni consta nada sobre esa supuesta acusación en el expediente del tribunal médico, que es público. Tampoco ha aportado prueba alguna ante las preguntas de infoLibre al respecto.

De hecho, tras esa llamada, este medio le hizo llegar una batería de preguntas por escrito a través del correo electrónico, pero la doctora en el momento de publicación de esta información no las ha respondido. Tampoco ha vuelto a coger el teléfono ni a contestar los distintos mensajes que se le han enviado desde entonces.

Durante la conversación con infoLibre, la doctora aseguró que había apelado la resolución del MPTS, pero unos segundos después se contradijo y afirmó que estaba "en búsqueda y espera de la ayuda legal en España" para poder apelar ante una instancia superior. "El problema principal es que no tuve la suficiente defensa legal, no tuve los medios para tener una defensa legal apropiada", añadió. La doctora contó con tres abogados distintos ante el tribunal médico durante distintos lapsos de tiempo del proceso.

A día de hoy, no consta que haya tomado acciones legales y el plazo para apelar la decisión ante la justicia ordinaria de Reino Unido ya ha expirado. Eso sí, la normativa inglesa también permite a los médicos solicitar volver a colegiarse una vez han pasado cinco años desde la sentencia del tribunal médico. Cuando optan por esa vía, vuelven a ser juzgados por otro tribunal médico, que debe decidir si permitirles de nuevo la colegiación o no. Martínez Higueros aún no está en el plazo para poder hacerlo; aunque ese tipo de peticiones no suelen ser exitosas para los doctores.

Tampoco lo fue la que realizó su último abogado, David Morris, ante el tribunal médico. Morris pidió que no fuera inhabilitada de forma permanente en Reino Unido y se optara por una suspensión temporal con una revisión del caso al final de la misma, pero el tribunal no aceptó. Para esa petición, el abogado recordó que Martínez Higueros había declarado lo siguiente: "Entiendo perfectamente que, basándose en sus conclusiones, el Tribunal se ve obligado a dictaminar que he incumplido gravemente las normas y que debo ser sancionada para proteger a los ciudadanos".

El tribunal resolvió que se trataba "de un caso grave de falta de honestidad en el ámbito clínico que afectaba a dos pacientes y que ponía en riesgo su seguridad", que, "había mostrado un desprecio deliberado por la seguridad de los pacientes, anteponiendo sus propios intereses a los de estos" y que "había abusado de la confianza que los pacientes, sus compañeros y la sociedad habían depositado en ella" como doctora. Por todo ello, el MPTS consideró que su conducta indebida era "fundamentalmente incompatible con el mantenimiento de su colegiación" y decidió inhabilitarla de forma permanente y no acceder a esa suspensión temporal.

Pero esa eliminación del registro médico a la que se le sentenció en Reino Unido no ha impedido que Martínez Higueros siga colegiada en Navarra. De hecho, así consta en el buscador de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), donde también se recoge que actualmente trabaja con "ejercicio privado".

A pesar de ello, Martínez Higueros aseguró en la llamada con infoLibre que no estaba ejerciendo en España como doctora y que no estaba visitando a pacientes, sino que trabajaba como investigadora. Cuando se produce esa conversación, el 30 de septiembre, en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), del Ministerio de Sanidad, constaba que la doctora ejercía en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) y en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Ante esta situación, infoLibre le traslada estos datos y ella niega la mayor: "Estoy registrada con esos hospitales porque he estado haciendo algunas investigaciones con ellos". Ambos son hospitales públicos y dependen de las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del País Vasco, respectivamente. Entonces, la doctora asegura que trabaja investigando "enfermedades cardiovasculares" para ambas consejerías, pero desde Londres. "Hago algunos estudios, llevo casos, reviso documentos, hago ensayos clínicos y ese tipo de cosas".

Tras varias preguntas, la doctora cambia otra vez de explicación, y afirma que trabaja para el grupo de investigación CIBER CV, especializado en enfermedades cardiovasculares, que depende del Instituto de Salud Carlos III (ISC III). Es ahí cuando dice que no trabaja para las consejerías sino que lo hace para ese grupo del ISC III, que es estatal y depende del Ministerio de Sanidad.

Pero el CIBER CV ha asegurado a infoLibre que "no existe ninguna relación contractual entre el CIBER y la doctora" y que Martínez Higueros no tiene ninguna "vinculación con nuestra institución". El organismo también ha afirmado que no les consta ninguna relación con Martínez Higueros en el pasado. Lo que asegura la doctora es que investiga para grupos del CIBER que trabajan en esos hospitales, pero la institución aclara a infoLibre que no tiene grupos sobre enfermedades cardiovasculares en el Hospital Universitario de Móstoles ni en el de Donostia. Las consejerías de Sanidad madrileña y vasca también han negado que la doctora trabaje actualmente para ellas.

La Comunidad de Madrid, eso sí, ha aclarado que la doctora Martínez Higueros trabajó para el SERMAS cubriendo una baja maternal durante cuatro meses, de enero a abril de 2025, en el Hospital Universitario de Móstoles y que desde entonces no ha vuelto a trabajar para ellos aunque en el REPS conste que sí. Así que, aunque Martínez Higueros aseguró en la llamada que solo se dedica a la investigación, al menos hasta hace unos meses atendía a pacientes en nuestro país y, además, en la sanidad pública.

El REPS, como sucede con el caso de Martínez Higueros en el hospital de Móstoles, no siempre está actualizado. Las propias instituciones médicas y sanitarias tienen que remitir la información de sus profesionales al Ministerio de Sanidad, pero no se mantiene una actualización constante. En cualquier caso, que hasta septiembre apareciera en el REPS que también trabajaba en el Hospital Universitario de Donostia, indica que en algún momento debería haber ejercido en el mismo.

A pesar de ello, el Departamento de Salud - Osakidetza del Gobierno Vasco ha respondido a infoLibre que la doctora "no trabaja en esa institución". El departamento no ha querido aclarar si anteriormente ha trabajado para el hospital o para otras instituciones del País Vasco alegando la protección de datos personales de la doctora. La mención al Hospital Universitario de Donostia en el perfil de la doctora en el REPS desapareció justo después de que infoLibre hubiera realizado esas preguntas sobre ella a la consejería vasca.

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra, donde está registrada la radióloga, ha asegurado a este medio que continúa colegiada pero que no tiene constancia de que esté ejerciendo. "Ella al colegio no le ha informado de que esté trabajando en ningún sitio". La institución también ha explicado que los médicos a pesar de que tienen que confirmar su propia información laboral al colegio, no siempre la actualizan. Ante el resto de preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, como si se había tomado alguna medida al conocer que la doctora había sido inhabilitada en Reino Unido, el colegio ha declinado responder.

La única institución que ha contestado sobre ese asunto es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que no tenía "ninguna notificación de que la doctora tenía algún tipo de sanción". El departamento también explica que como "la ley le ampara y puede acceder a un puesto de trabajo con normalidad, no podemos hacer absolutamente nada". "Tendrá la inhabilitación en Reino Unido pero mientras aquí no tenga ninguna prohibición…", detalla la consejería, que también afirma que no le consta ningún tipo de incidente o problema con la doctora cuando ha trabajado para el SERMAS.

La consejería se queja de que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" para que se les avise de si un doctor tiene una inhabilitación o algún tipo de sanción en el conjunto de España o en el extranjero. Así, asegura que únicamente puede conocer las propias sanciones que se dan en el SERMAS.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, no ha respondido a las preguntas concretas sobre el caso de Martínez Higueros que le ha hecho llegar infoLibre. Tampoco la OMC - CGCOM. Ambas instituciones, al igual que la consejería vasca, se amparan en la protección de los datos personales para no dar respuesta sobre los doctores inhabilitados en otros países que ejercen en España, primando así esa protección por encima de la salud de los ciudadanos y del propio interés público. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), de la que Martínez Higueros asegura ser socia, también ha declinado realizar declaraciones por el mismo motivo.

Esta situación de opacidad beneficia a los médicos sancionados. La propia Martínez Higueros es consciente de ello. Durante la llamada con infoLibre, la doctora ya avanzaba que no quería que quedara rastro del caso: "Es un caso que necesito limpiar". 

Las siguientes preguntas que este medio le hizo llegar vía mail no las respondió y, en su lugar, envió un escueto mensaje: "Solamente expresarle de la manera más atenta, que no consiento ni le autorizo a realizar ninguna publicación en mi nombre o que tenga ningún vínculo con mis datos personales o profesionales". Aún después de esa respuesta, infoLibre le hizo llegar otro correo anunciándole la publicación de este reportaje y dándole una última opción a responder. No contestó. 

En cualquier caso, la huella digital le preocupa. Hasta ahora no se había podido confirmar que la radióloga había seguido ejerciendo en España tras su inhabilitación en Reino Unido, pero la prensa inglesa cubrió lo que había ocurrido en su país. Fueron varios los medios, como My London o Radiology Business, los que informaron de su inhabilitación. 

Debido a ello, cuando se buscaba a la doctora en internet, era normal que aparecieran noticias sobre las conductas indebidas que había protagonizado. Ahora, en cambio, al poner 'Claudia Lorena Martínez Higueros' en Google, el primer resultado del buscador es la web 'draclaudiamartinezhigueros.com', creada por la propia doctora en lo que parece una estrategia para modificar los resultados cuando se busca su nombre.

En la página presume de "una trayectoria internacional en hospitales y centros de referencia" y de "precisión técnica, innovación médica y un profundo compromiso con cada paciente". La web está disponible tanto en inglés como en español y en la misma asegura haber colaborado "con centros de prestigio como el Grupo CIBER" y trabajar "para distintas entidades sanitarias públicas y privadas en España", a pesar de lo que dijo en su conversación con infoLibre.

También facilita un correo electrónico de contacto, cuyo dominio pertenece a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada durante la llamada, la doctora dijo que disponía del mismo porque en su momento hizo la residencia médica en la sanidad madrileña. La consejería, en cambio, ha asegurado a infoLibre que posiblemente tenga esa dirección de mail porque este mismo año ha trabajado en el Hospital de Móstoles.

Su estrategia digital, de todos modos, no ha consistido únicamente en el lanzamiento de la web. Multitud de supuestos medios de comunicación, como Diario Financiero, Diario Siglo XXI, Murcia.com o Pamplona Television, publicaron este 29 de mayo la misma nota de prensa. Esta hablaba sobre la experiencia de la doctora y enlazaba a su web con una clara intención de mejorar el posicionamiento de la misma en buscadores y borrar su pasado en Reino Unido.

Más de un centenar de médicos inhabilitados en países europeos tras haber incurrido en conductas indebidas siguen teniendo licencias o permisos para trabajar en otros lugares. Es una de las principales conclusiones de la investigación Bad Practice (Mala praxis, en español), que ahonda en cómo decenas de doctores se saltan los controles en el continente para ejercer en un país distinto del que han sido sancionados.

La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre, revela también que entre esos médicos sancionados hay doctores que a día de hoy están habilitados para ejercer en España. Además, al menos tres de ellos siguen ejerciendo en nuestro país sin ningún tipo de problema. Los tres fueron inhabilitados en Reino Unido por infracciones como mala praxis clínica o comportamientos y comentarios sexuales hacia sus pacientes, pero ahora atienden y visitan a pacientes en clínicas españolas.

A pesar de la falta de transparencia que hay en nuestro país con los datos de los médicos habilitados para ejercer y los de los sancionados que no pueden trabajar, infoLibre ha podido confirmar varios casos de doctores a los que se les ha prohibido ejercer la medicina en otro país europeo pero a los que ningún tipo de control les ha impedido tener licencia en España. Los tres facultativos que siguen ejerciendo aun estando inhabilitados son Jorge Horacio Esbry, Ramón Martos y Juan Ruiz Alconero.

Todos trabajaban anteriormente en Reino Unido. Allí es un procedimiento habitual que sea un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) quien resuelva cuando hay quejas o indicios de conducta indebida por parte de doctores. Los tribunales que juzgaron a los tres fueron claros en cada caso.

"La conducta del doctor es fundamentalmente incompatible con continuar habilitado", sentenció uno de esos tribunales sobre Ruiz Alconero. "Imponerle una suspensión inmediata [de la profesión] es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público, debido a la gravedad de su conducta indebida", resolvió otro respecto a Jorge Horacio Esbry. "Resulta necesario inhabilitarle para el ejercicio profesional a fin de proteger la confianza pública en la profesión médica y promover los estándares adecuados de conducta de sus miembros", sentenció el tercer tribunal sobre el caso del doctor Martos.

El MPTS no tuvo dudas en el caso del doctor Ruiz Alconero. Este médico, licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares, lleva toda su carrera dedicado a realizar trasplantes e injertos capilares. Al menos entre 2016 y 2017 trabajó en la clínica KSL Hair, situada en Glasgow (Escocia) y conocida por operar a los jugadores del Celtic y del Rangers —los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad—, que la promocionaban en redes sociales. 

Pero este centro médico también se hizo famoso en Reino Unido por las quejas de muchos de sus pacientes, que han denunciado múltiples operaciones fallidas. El cirujano capilar español operaba en esa clínica sin haber visitado ni visto en persona a sus clientes antes de la intervención y sin estar habilitado como médico en el Reino Unido. A veces tampoco atendía a los pacientes después de la operación, a pesar del necesario postoperatorio en una intervención de este tipo, y ni siquiera se encargaba de darles el alta. 

Otra de las infracciones que quedó probada, según el tribunal médico, es que en algunas ocasiones había permitido a asistentes o técnicos sin la preparación necesaria llevar a cabo ciertas partes del procedimiento que debería haber ejecutado él como cirujano, como inyectar la anestesia local, extirpar injertos, extraer folículos o realizar incisiones a los pacientes. Llegó incluso a abandonar la sala de operaciones durante algún trasplante y, por tanto, no solo no continuó él con la intervención sino que dejó de supervisarla.

Por todo ello, el MPTS se explayó en su sentencia: "El Tribunal considera que la deshonestidad acreditada del Dr. Ruiz Alconero dañaría la confianza de la sociedad en la profesión si no se declarara su inhabilitación para el ejercicio profesional. Asimismo, sus fallos en la atención clínica ponen a los pacientes en riesgo de sufrir daños. El Tribunal entiende que una persona razonable y debidamente informada de los hechos se alarmaría ante la actuación descrita. A la vista de los hechos probados y de la gravedad de la conducta indebida, el Tribunal concluye que es necesaria una declaración de inhabilitación para promover y mantener los estándares de conducta propios de la profesión médica".

A pesar de ello, a Ruiz Alconero no le ha ido mal. Ahora ejerce en España, donde tiene su propia clínica en el madrileño barrio de Chamberí: Capilae. Además, aparece citado como experto capilar en distintos medios de comunicación y participa en seminarios y congresos sobre el tema. En su perfil de LinkedIn se promociona con la siguiente afirmación: "Toda la cirugía al completo realizada por mí mismo. Nadie más toca la cabeza de mis pacientes más que el médico [sic]". Las frases chocan totalmente con lo que resolvió el tribunal de Reino Unido.

infoLibre ha contactado por diversas vías con su clínica en Madrid, pero han declinado hacer declaraciones. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde está colegiado Ruiz Alconero, ha asegurado ante las preguntas de infoLibre que "el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España".

Y, por chocante que pueda parecer, la legislación vigente en España avala la afirmación del Colegio. Para colegiarse en España, a los médicos se les pide certificar que no tienen sanciones en el país en el que ejercían antes. El problema se suele producir cuando se colegiaron en España, luego se fueron a trabajar a otro país, fueron inhabilitados allí y después regresaron. Es lo que pasó con Ruiz Alconero, que se colegió en Madrid en 1999 y en Reino Unido en 2017 —a pesar de que trabajaba en Escocia, sin poder hacerlo, al menos desde 2016—. Al estar ya colegiado aquí cuando Reino Unido lo sancionó, no le supuso un problema volver a ejercer en España.

El Colegio madrileño también asegura a infoLibre que Ruiz Alconero "no ha sido sancionado disciplinariamente nunca" por su parte y que en el momento de la inhabilitación en Reino Unido, la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) –que agrupan y coordinan a los colegios de médicos provinciales–, les informó de que "se había procedido a la suspensión del registro del Dr. Ruiz Alconero [en ese país] sin especificar la causa". "A este colegio no le consta ninguna otra información sobre la suspensión de este registro", añaden, a pesar de que la sentencia del tribunal médico inglés es pública. 

El Colegio afirma, además, que "la suspensión [en Reino Unido] puede ser debida a múltiples causas, sobre todo administrativas". Pero no fue ese el motivo de la inhabilitación de Ruiz Alconero, como ya le había indicado infoLibre. De hecho, según la sentencia, quedó demostrado que el doctor tuvo conductas indebidas en tres categorías distintas: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y ejercicio de la profesión sin habilitación. 

Que haya respuesta del Colegio madrileño, más allá de reconocer que no han investigado el caso de uno de sus médicos pese a haber sido sancionado en otro país, es una excepción. El organismo asegura no saber por qué se sancionó a Ruiz Alconero y que "no se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor ya que no se ha objetivado ninguna causa para ello", pero al menos ha respondido a las cuestiones de infoLibre. 

No sucede igual con el Ministerio de Sanidad y con la OMC - CGCOM, que se niegan a aclarar nada sobre los casos específicos de estos tres doctores. Ambos citan la protección de datos personales como la razón que les impide hablar sobre los médicos inhabilitados. El ministerio alega también que las sanciones a los doctores en España son confidenciales, a pesar de que Ruiz Alconero, al igual que Esbry y Martos, fue penalizado en Reino Unido, donde se da completa publicidad a este tipo de infracciones y a las sentencias sobre los casos.

Uno de los problemas en España es esa confidencialidad de las sanciones. Aquí no se publica a qué médicos se ha inhabilitado o impuesto algún tipo de castigo. Además, tanto el ministerio como la OMC - CGCOM se han negado a facilitar esta información ante múltiples solicitudes de información realizadas por infoLibre al amparo de la ley de transparencia. La protección de los datos personales de los médicos inhabilitados pasa por encima del interés público y la protección de la salud de los ciudadanos. Por tanto, ¿se puede pedir cita con un médico en nuestro país y que resulte que ha sido sancionado? Sí, podría pasar, y lo más probable es que el paciente no lo supiera.

Eso es, precisamente, lo que muy posiblemente haya ocurrido con la mayoría de los pacientes que ha atendido el doctor Jorge Horacio Esbry en Alicante y Murcia durante los últimos años. Fue inhabilitado en 2020 en Reino Unido, como ya ha explicado infoLibre, pero ejerce sin problemas en clínicas de esas dos provincias desde entonces.

Con Esbry, al igual que con Ruiz Alconero, el MPTS encontró conductas indebidas en tres categorías. En su caso, en las de actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Todo se remonta a una paciente que Esbry operó en una clínica de Londres en 2017. Le practicó una extracción de implantes mamarios, una mastopexia —la cirugía estética para levantar y remodelar el pecho— y una liposucción.

Entre otras infracciones recogidas en la sentencia, el doctor la intentó besar; le profirió improperios verbales con intención sexual como que "debería ser el primer hombre en probarlos [en relación a los pechos]"; le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer, que solo quería retirarse los que ya tenía; y la engañó asegurando que los nuevos no eran de alto perfil —un tipo de implante mamario que hace sobresalir más del pecho y tiene una forma más redonda— cuando sí lo eran.

A pesar de todo ello, Esbry sigue trabajando y atendiendo a pacientes en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante, según infoLibre ha podido confirmar. 

La clínica Mejórate, ubicada en Montesinos (Alicante), dice no saber nada sobre la sanción británica, pero asegura que estudiará el caso para tomar una decisión. Las otras dos no han contestado a las preguntas de este medio. Una de ellas es la clínica Praxis, en El Campello (Alicante), especializada en pseudociencias y supuestas terapias de medicina alternativa como la cromoterapia o la aromaterapia. Esbry ejerce en ella a pesar de ser cirujano estético y reparador, una ocupación que no tiene nada que ver con la actividad de dicho centro. Praxis pertenece al doctor alemán Miguel Corty, que fue candidato de Vox a la alcaldía de su municipio.

El doctor Esbry ha declinado realizar declaraciones para esta investigación. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en el que está registrado, en cambio, ha asegurado a infoLibre que no tenía conocimiento del caso hasta este momento pero que ahora "ha procedido a investigar y averiguarlo". La OMC - CGCOM ha declinado, como para el resto de casos concretos, hacer valoraciones, pero ha asegurado que informó al Colegio Oficial de Médicos de Alicante, igual que al resto de colegios provinciales, de la inhabilitación de Esbry en Reino Unido después de que el Ministerio de Sanidad —a quien le llega la información a través del Sistema IMI— se lo transmitiera.

Si el Colegio Oficial de Médicos de Alicante efectivamente acaba investigando a Esbry, algo que aún debe terminar de oficializarse, se trataría de la única investigación en España para los casos de médicos inhabilitados en otros países revelados por Bad Practice. 

No sucede igual en otros lugares. De hecho, mientras el ministerio español no quiere hablar de los casos de Ruiz, Esbry y Martos, en otros Estados las instituciones se han mostrado preocupadas, incluso públicamente, sobre doctores en situaciones similares que han acabado ejerciendo en su país. 

El secretario de Salud y Seguridad Social del Reino Unido, Wes Streeting, ha solicitado una "aclaración urgente" al General Medical Council (GMC), el organismo que regula la profesión médica en Reino Unido, sobre los doctores inhabilitados que Bad Practice ha revelado en ese territorio.

En Noruega la situación ha ido incluso más allá. El ministro de Salud y Servicios Asistenciales, Jean Christian Vestre, ha anunciado que propondrá a los países de la Unión Europea y a los Estados nórdicos la creación de un registro de doctores a nivel europeo.

"Estos errores no deberían haber ocurrido y es positivo que la Autoridad Sanitaria Noruega se tome el asunto en serio y haya adoptado medidas inmediatas para solucionarlo. Pero también es importante contar con medidas a largo plazo para evitar que esto vuelva a ocurrir", ha declarado a VG, medio coordinador de Bad Practice. La investigación transnacional ha revelado una veintena de casos de doctores inhabilitados o sancionados en otros países que actualmente ejercen en Noruega.

El registro propuesto por el Gobierno noruego podría ayudar a que no se produjeran este tipo de casos. Además, si fuera acompañado de un sistema europeo en el que las habilitaciones y las sanciones se compartieran entre los distintos Estados, cuando un médico fuera inhabilitado en un país, directamente pasaría a tener prohibido ejercer también en el resto del continente.

Así, casos como el de Ruiz Alconero o Esbry no sucederían. Tampoco el del doctor Ramón Martos Martínez, que a pesar de tener prohibido el ejercicio en Reino Unido desde 2021, sigue colegiado en Almería y tiene su propia consulta privada en esa capital andaluza. 

Él, a diferencia de Esbry y Ruiz Alconero, se personó ante el tribunal médico inglés para que no le quitaran la licencia. Y, aunque incluso admitió algunas de las conductas indebidas, la decisión del tribunal fue clara: "La conducta del Dr. Martos quedó tan por debajo de los estándares razonablemente esperables de un médico, que constituye una conducta indebida grave". Por ello, se procedió a su inhabilitación. 

El doctor trabajaba en distintos hospitales ingleses y tenía también su propia consulta privada en el país. A pesar de que, a diferencia de Esbry y Ruiz, él no tuvo conductas indebidas en su praxis clínica, el tribunal demostró que había primado sus propios intereses por encima de los de sus pacientes en diversas ocasiones y que había mentido presumiendo de cargos que no tenía y al presentarse a una oferta de trabajo.

En dos ocasiones propuso a sus pacientes que fueran a visitarlo a su consulta privada para obtener un diagnóstico o unos resultados más rápidos que si esperaban a las citas y tiempos del hospital público en el que los atendía. Según el tribunal, los casos no requerían de una mayor urgencia y el doctor, aún así, intentó que se pasaran por su clínica privada poniendo "su propio interés financiero por delante de los intereses de sus pacientes en un acto deplorable y de grave conducta indebida". "El doctor Martos repetidamente actuó de forma deshonesta en pro de sus propios intereses", añade la sentencia.

Por otro lado, el facultativo se describió a sí mismo como Fellow of the American College of Cardiology (FACC) y Fellow of the Royal College of Physicians of London (FRCP) en los membretes y documentos oficiales de un hospital en el que trabajaba y de su clínica privada, así como en diversas webs médicas. En realidad, no era fellow [miembro] de ninguna de las dos asociaciones, por lo que, de nuevo, se le encontró responsable de una conducta indebida, que, además, según el tribunal, le podría haber beneficiado de cara a su ejercicio privado para conseguir más pacientes.

Esa situación ya había sido investigada por uno de los hospitales en los que trabajaba antes de que el MPTS decidiera sobre su inhabilitación. Entonces, solo se abordó su uso de las siglas del FACC, pero él no comentó que había hecho lo mismo con las del FRCP. Del mismo modo, falsificó el historial de un paciente en la carta a otro doctor para inducir a error en la citada investigación interna, según resolvió luego el tribunal médico del MPTS.

Tras todo ese proceso, Martos fue despedido y se presentó a una oferta de otro centro asegurando que buscaba trabajar "en un hospital universitario con un departamento de cardiología más dinámico". Ocultó que le habían expulsado del anterior puesto y que estaba siendo investigado por conducta indebida.

Ni el doctor ni el Colegio Oficial de Médicos de Almería han contestado a las preguntas de infoLibre sobre el caso. El Colegio, eso sí, intercedió por Martos en 2021 enviando una carta al tribunal médico inglés en la que aseguraba que no había problemas con su trabajo en España y apuntaba que aquí "no es necesario ni habitual que los especialistas acrediten o consignen" la membresía (fellowship) a ese tipo de organizaciones. Aún así, la sentencia recuerda que eso no es motivo para el uso interesado de unas atribuciones inexistentes, y más al tener en cuenta que el doctor había ejercido en el Reino Unido durante varios años

El Grupo HLA, para el que trabaja Martos en Almería a día de hoy, sí ha dado respuesta a las preguntas de infoLibre, pero únicamente ha indicado que forma parte de su plantilla porque "está colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Almería y cumple con las titulaciones y los requisitos legales necesarios para ejercer la profesión médica en España", sin entrar a valorar su sanción en Reino Unido ni aclarar si la conocían antes de las revelaciones de Bad Practice.

"Aunque no estés contenta con tus pechos, yo creo que son preciosos y, de hecho, deberías tapártelos, porque, al fin y al cabo, soy un hombre". Eso le dijo el doctor Jorge Horacio Esbry a una paciente en una consulta postoperatoria cuatro meses después de haberle realizado una extracción de implantes mamarios, una mastopexia —la cirugía estética para levantar y remodelar el pecho— y una liposucción en una clínica de Londres.

"Debería ser el primer hombre en probarlos", le dijo también. Esas afirmaciones quedaron probadas por un tribunal médico en Reino Unido, que juzgó el caso tras recibir la queja de la propia paciente. Desde entonces, en enero de 2020, el doctor Esbry está inhabilitado en Reino Unido y ya no puede ejercer en el país. El tribunal resolvió que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual.

Pero eso no quiere decir que ya no trabaje. Esbry sigue ejerciendo, visitando a pacientes y operando en España. El doctor está registrado en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante y trabaja para distintas clínicas privadas en esa provincia y en la vecina Murcia. Así lo ha podido confirmar infoLibre, aunque él no ha contestado a las preguntas que este medio le ha hecho llegar. 

El caso de Esbry no es una excepción. La investigación Bad Practice (Mala praxis, en español), realizada por 50 medios de comunicación de 45 países, entre los que se encuentra infoLibre, demuestra que más de 100 médicos que han sido inhabilitados o a quienes se les ha prohibido ejercer la medicina en uno o más países siguen contando con licencias o permisos a día de hoy para trabajar en otros lugares.

Esta investigación transnacional, coordinada por OCCRP —consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre—, The Times y VG, ha contabilizado y confirmado multitud de casos de este tipo por toda Europa y países cercanos. Aun así, debido a la falta de transparencia y el oscurantismo sobre el tema en Estados como España, todo apunta a que se trata solo de la punta del iceberg. 

Los más de 100 casos ya permiten localizar doctores con faltas graves que están en esa situación. Entre otras: agresiones sexuales, operaciones e intervenciones no solicitadas o tratamientos médicos fallidos. La mayoría no solo siguen habilitados para trabajar en otra jurisdicción, sino que continúan ejerciendo y atendiendo a otros pacientes. Así lo han podido confirmar para la mayoría de casos los periodistas de los 50 medios que han trabajado en Bad Practice. 

Esta situación se produce con el propio Jorge Horacio Esbry. infoLibre contactó con tres clínicas privadas de municipios alicantinos y murcianos a finales de septiembre. Las tres permitían concertar cita con el doctor, que ejerce como médico estético y cirujano estético y reparador.

La historia de Esbry en Reino Unido pivotó alrededor del trato a la paciente a la que le había lanzado los improperios, que, según sentenció el tribunal médico, tenían "motivación sexual". Pero el doctor no solo cometió esa falta. Según quedó demostrado en la resolución, también la tocó en ciertas zonas sin su consentimiento y la intentó besar. 

Además, tras extraerle los implantes mamarios que llevaba, le puso unos nuevos de reemplazo, algo que hizo en contra de la voluntad de la mujer. Esos implantes no eran necesarios para el resultado estético que se esperaba de la operación y engañó a la paciente asegurándole que no eran de alto perfil —un tipo de implante mamario que sobresale más del pecho y tiene una forma más redonda— cuando sí lo eran.

Estas son solo algunas de las faltas que quedaron demostradas en el tribunal médico y que llevaron a la inhabilitación de Esbry. Desde entonces, a decisión del tribunal, ya no está registrado como médico ante el General Medical Council (GMC), el organismo que regula la profesión médica en Reino Unido, por lo que no puede ejercer en el país.

El doctor, de origen argentino, pasó entonces a trabajar únicamente en España. Esbry ya estaba colegiado en nuestro país con anterioridad, lo que le sirvió para poder seguir desarrollando su actividad como médico. Se trata de una práctica habitual entre los médicos investigados en Bad Practice. Muchos de los que están inhabilitados en alguna jurisdicción siguen ejerciendo gracias a que ya estaban colegiados en otro lugar. 

También hay casos en los que obtienen la licencia en otro país tras haber sido inhabilitados en el que estaban ejerciendo, pero esto no es tan sencillo que ocurra —y, de hecho, no debería suceder— porque para colegiarse la mayoría de países europeos exigen a los médicos un certificado de idoneidad. Ese documento es expedido por la autoridad médica del país donde ya han trabajado o ya están colegiados para acreditar que un doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones.

Entre los casos analizados hay infracciones de todo tipo. Incluso algunas muy severas, como las agresiones sexuales. Es el caso del doctor rumano Iuliu Stan o el del alemán Bernhard Scheja. 

Stan trabajaba como médico residente en el Royal Cornwall Hospital, en el suroeste de Inglaterra. Según resolvió un tribunal médico —al igual que con Esbry, ya que es un procedimiento habitual en Reino Unido—, abusó sistemáticamente de niños y hombres jóvenes cuando trabajó en ese centro entre 2015 y 2020. 

El tribunal encontró probado que Stan sometió a pacientes a "procedimientos innecesarios, invasivos e íntimos para su propia gratificación sexual". El doctor había suministrado analgésicos y laxantes por vía rectal 277 veces a pacientes hombres en los cinco años que estuvo en el Royal Cornwall. A mujeres, solo en una ocasión.

El médico ha negado a Public Record, medio rumano que ha participado en Bad Practice, que hubiera abusado sexualmente de sus pacientes en el Reino Unido, pero el tribunal médico no tuvo duda y lo inhabilitó el año pasado. En cualquier caso, Stan ya había vuelto a Rumanía en 2021. Allí trabaja en el Hospital de Urgencias del Condado de Cluj.

Su caso ha sido cubierto en la prensa rumana, pero más allá de eso no ha habido repercusiones en su país natal y se le permite ejercer. "No tenemos ninguna investigación que llevar a cabo aquí sobre lo que ocurrió hace no sé cuánto tiempo en el Reino Unido", ha asegurado a OCCRP el director del organismo regional que supervisa a los médicos en el condado de Cluj, Ion Cosmin Puia. 

Por su parte, Bernhard Scheja fue sancionado con la inhabilitación profesional de por vida en Suiza en 2023 por agredir sexualmente a una paciente de 18 años que había acudido a la consulta privada donde trabajaba por un resfriado. Según determinó un tribunal suizo, el doctor le realizó un examen vaginal innecesario sin darle una explicación adecuada y sin utilizar guantes. La paciente únicamente quería un justificante médico del constipado para poder entregarlo en su trabajo.

El doctor fue condenado por agresión sexual y se le impuso también una pena de prisión de 15 meses, aunque se suspendió su entrada a la cárcel. Actualmente es internista en otro centro médico privado. Ahora en Düsseldorf, Alemania. 

Ni Scheja ni la clínica para la que trabaja han contestado a las preguntas de Bad Practice. En cambio, el Gobierno del distrito de Düsseldorf, responsable de su licencia médica, ha asegurado a OCCRP que va a investigar inmediatamente el caso y que no había sido informado de su condena en Suiza.

Los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) cuentan con un sistema de intercambio de información para lanzar alertas ante este tipo de casos y estar enterados de las inhabilitaciones y sanciones en otros lugares. Pero Suiza no forma parte de la UE ni de la EEE y no participa del mismo.

A pesar de ello, el mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), tampoco funciona como debería en muchos de los países que tienen acceso al mismo. De hecho, los Estados miembros están obligados a enviar alertas a través del IMI sobre las suspensiones y prohibiciones de médicos y otros profesionales, pero Bad Practice ha podido comprobar, tras obtener datos de la Comisión Europea a través de diversas solicitudes de acceso, que hay países que apenas lo usan y algunos, incluso, no han mandado alertas a través del mismo en ninguna ocasión.

Entre los casos que han llevado a la inhabilitación de médicos son frecuentes las malas praxis clínicas, como realizar diagnósticos incorrectos o pautar tratamientos inadecuados. Incluso ha habido situaciones de negligencias médicas más graves.

El doctor alemán Jerlan Omarchanov, licenciado en Kazajistán, trabajaba en un hospital en Noruega y realizó importantes intervenciones quirúrgicas ortopédicas sin ser especialista ni tener suficiente experiencia, según la junta de salud noruega que le retiró la licencia para ejercer en el país en 2021.

En una ocasión, un paciente al que operó dos veces, desarrolló úlceras y una sospecha de sepsis, lo que provocó que finalmente se le tuviera que amputar la parte inferior de la pierna. A pesar de las urgentes advertencias de Noruega —las autoridades sanitarias del país informaron incluso a la embajada de Alemania en Oslo—, Omarchanov está habilitado actualmente en su país natal y trabaja en una clínica en la ciudad de Markdorf.

Algo similar pasó con el doctor Simon Moskofian. Fue inhabilitado en Suecia por incompetencia grave en diciembre de 2021, después de que la junta nacional de salud determinara que carecía de conocimientos básicos en áreas médicas fundamentales y que sus investigaciones médicas eran "inadecuadas de forma sistemática".

La junta resolvió que no había documentado sus procedimientos y que había administrado medicamentos de forma inadecuada a, al menos, 14 pacientes. Uno de ellos sufrió un colapso pulmonar doble después de que Moskofian le administrara incorrectamente inyecciones de cortisona para el dolor artrítico cuando trabajaba en un centro de salud en el suroeste de Suecia. "Expuso al paciente a un peligro evidente de muerte", concluyó la junta. 

Tras la decisión sueca, en 2022 Noruega también le retiró la licencia que tenía para ejercer en el país. Pero Moskofian está habilitado como médico en Chipre y trabaja en una clínica del país desde 2019. Las autoridades chipriotas no han aclarado a Bad Practice si ya eran conocedoras de esas sanciones, pero han asegurado haber abierto una investigación sobre el doctor.

Chipre es uno de los países que iniciará alguna investigación interna tras ser contactado y preguntado por los hallazgos de la investigación Bad Practice. Ha pasado igual con autoridades de Reino Unido, Alemania y Noruega.

En España, infoLibre ha confirmado varios casos de médicos inhabilitados en otros Estados, sobre todo en Reino Unido, que ejercen en nuestro país. La única autoridad que ha asegurado que indagará sobre alguno de ellos es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que ha confirmado que "ha procedido a investigar y averiguar el caso del doctor Esbry".

La Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que agrupan y coordinan a los colegios de médicos provinciales, y el Ministerio de Sanidad, en cambio, no han querido valorar los casos concretos detectados por infoLibre y Bad Practice escudándose en la protección de los datos personales de los médicos inhabilitados y la confidencialidad de esas sanciones en nuestro país.

La protección de datos personales es un motivo alegado por muchos de los países investigados en Bad Practice. Tanto para no comentar sobre médicos inhabilitados que siguen ejerciendo como para no hacer público el listado de doctores que han sido sancionados.

Esta traba, que se produce en países como España, pero también en Francia, Grecia o Italia, impide saber qué médicos han sido inhabilitados en esa jurisdicción. Por tanto, es imposible rastrear qué ha sido de ellos y conocer si están trabajando a día de hoy. Ese es uno de los principales motivos por los que los resultados de Bad Practice son solo la punta del iceberg. 

Muy probablemente, a día de hoy los médicos que tienen permiso para trabajar en un país europeo tras haber sido inhabilitados en otro sean más que el centenar que ha conseguido comprobar esta investigación.

Los 50 medios que han participado en Bad Practice han intentado obtener los datos, por un lado, de los médicos con permiso para ejercer y, por otro, de los doctores inhabilitados o con sanciones por mala praxis en 49 países europeos o cercanos al continente. Con esa información, la idea era cruzar los datos y poder comprobar qué médicos siguen trabajando en Europa aún teniendo alguna inhabilitación.

A pesar de la importancia de esta información para el interés público y la protección sanitaria de los ciudadanos, solo siete países hacían directamente pública la información de a qué médicos sancionaban o inhabilitaban. Por ello, los medios del resto de Estados la solicitaron utilizando sus respectivas leyes de transparencia. Solo otros nueve accedieron a entregar información.

Aun así, gracias a esos datos y a los obtenidos sobre los médicos habilitados para ejercer en cada país, OCCRP creó una base de datos, central en en esta investigación, con más de 2,5 millones de registros. En ella se han unido bases de datos de doctores que ya eran públicas junto a la información conseguida vía ley de transparencia y alguna de otras fuentes, como registros judiciales o noticias de medios de comunicación. 

La base de datos contiene tanto registros de doctores habilitados o con permiso para trabajar como de doctores inhabilitados o con sanciones. Así, se han podido cruzar los distintos registros para buscar médicos coincidentes y poder investigar esos casos.

Entre ellos constan varios de médicos que, al igual que el doctor Esbry, tras haber sido inhabilitados en el extranjero, actualmente ejercen en España o al menos tienen licencia para ello. Posiblemente, en España también habrá más casos que los que ha podido comprobar por ahora esta investigación.

Ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM publican siquiera de forma abierta y reutilizable la lista de todos los médicos habilitados para ejercer en nuestro país. Únicamente ponen a disposición de la ciudadanía un buscador que permite consultar la información de doctores concretos a través de parámetros como su nombre o su número de colegiado, pero no es posible consultar el listado completo con todos los doctores. Esto dificulta poder fiscalizar quién está ejerciendo en España y conocer si los médicos pueden tener una inhabilitación previa.

Además, tanto el Ministerio de Sanidad como la OMC - CGCOM se han negado a facilitar a infoLibre el listado de médicos inhabilitados en nuestro país, a pesar de las múltiples solicitudes de información realizadas por este medio al amparo de la ley de transparencia. Desde 2010 se han decretado 481 inhabilitaciones permanentes o temporales en España. ¿Quiénes eran esos doctores? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Se han ido a trabajar a otros países? No se puede saber.

¿Qué pensaría si Humbert Humbert fuera la figura referente de un grupo de niños/as, el maestro de su hijo, de su sobrina…? ¿Estaría cómoda? Si usted conociera la situación de Lolita, ¿lo denunciaría? ¿Lo señalaría con el dedo? Venga, venga, tampoco es para tanto, solo va a influir en 20 niños cada año y no creo que haga lo mismo con todos, tendrá un poco de cordura el señor Humbert Humbert.

Tranquilidad. Cada acto tiene consecuencias y estos son muy graves. Los maestros/as tienen que entregar su certificado de antecedentes por delitos sexuales. Respira despacio. Le echarán y no volverá a ejercer nunca ni a hacer daño a ningún niño ni niña. ¿Qué? ¿Que le ha apremiado la directora y va a seguir ejerciendo? ¿Cómo? ¿Que me están señalando por ir diciendo que Humbert Humbert es un pedófilo? ¿En serio? ¿Que las familias van a seguir llevando a sus hijos a la clase de ese sádico?

¿Y tú, qué harías? ¿Señalarías a Humbert Humbert o crees que estarías atacando a la libertad de cátedra y enseñanza?

Hospital Gutiérrez Ortega, Valdepeñas (Ciudad Real). Octubre de 2012. Una niña sufre prolongada falta de respiración que le convirtió en gran dependiente de por vida. Negligencia médica. En la actualidad, la menor sufre numerosas complicaciones que le ocasionan un 97 % de discapacidad; encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones, alimentación mediante PEG (sonda de gastrostomía endoscópica).

"Tiene una parálisis muy grave, le impide hablar, comer, moverse y respirar. Lo que más me duele es verla cuando se empieza a ahogar. Cuando se pone mala tenemos que salir corriendo al hospital de Albacete, pidiéndole a Dios que no le pase nada en el camino", relata la madre de la pequeña.

Consecuencias: delito de lesiones por imprudencia profesional para la matrona y el ginecólogo.

¿Qué te parece razonable? ¿Estar y apoyar a la familia de la niña o/y señalar a los médicos negligentes? ¿De verdad te parece razonable señalarlos?

Reino de España. Negligentes campan a sus anchas y mienten. Controlan la opinión pública y difaman. Son sus maneras de influir. Nadie los para porque han creado un estado de las cosas y de la opinión pública consistente en que si los señalas estás atacando a humildes periodistas que solo hacen su trabajo, dicen. Uno de ellos es Don Antonio, que se confabulaba de matar a Juan Carlos junto con Eduardo para deshonrar a Pablo. Y por no hablar de Ana Rosa, Susana, Carlos y Francisco, que denigraban poniendo en la diana del odio diariamente a Irene junto con Joaquín. Por ello les han dado premios y hasta a Don Antonio entradas para las finales de Champions del Real Madrid. ¡Qué bueno es ese señor oculto que llaman Florentino!

Las mentiras de estos líderes de audiencia y de los canales de referencia de nuestras televisiones privadas (Atresmedia y Mediaset) no se deberían pasar por alto. Debería haber una ley que condene la mentira en este oficio en horas bajas y una sociedad civil organizada en la calle para exigir consecuencias ante este tipo de actos, la expulsión de la profesión, básicamente.

La educación es un servicio público para la ciudadanía y cualquier maestro pedófilo debería ser expulsado y no volver a pisar un aula. La salud es un servicio público para la ciudadanía y cualquier médico negligente debería ser expulsado y no volver a pisar una consulta. El periodismo es un servicio público para la ciudadanía y cualquier periodista que mienta adrede debería ser expulsado y no volver a pisar ni una redacción ni un plató. Ferreras, Inda, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Marhuenda o Joaquín Prat no deberían estar nunca más en el oficio de la comunicación.

¿Te parece bien señalar con el dedo al pedófilo y que jamás entre en una escuela? ¿Te parece bien señalar con el dedo al médico negligente y que jamás intervenga a un paciente (según la circunstancia)? ¿Te parece bien señalar con el dedo al periodista mentiroso y que jamás pase a una redacción?

Yo digo sí a las tres, por razonamiento y sentido común.

No hace falta ser de Podemos ni de Pablo Iglesias para dar un sí en la última. Las pruebas expuestas en los enlaces anteriores son irrefutables. Es una cuestión democrática. Quien da el no o duda, está en el sendero del sesgo cognitivo que estos medios han ido construyendo pico a pico y pala a pala, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora y día a día en sus tertulias matinales y vespertinas, mientras las verdades fluyen por las zanjas y cunetas de los márgenes del camino sin que se dé cuenta.

Estaría bien que hubiera habido un poquito de ruido de Sumar cuando se sacó a Podemos y Monedero del Caso Neurona hace un par de meses. Por solidaridad. Porque sin ellos no existirían.

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena ha dictado una orden de detención contra el médico que operó a la mujer de 39 años fallecida este sábado tras someterse a una lipoescultura en la ciudad portuaria el pasado 2 de diciembre, tal y como ha confirmado a Europa Press el abogado de la familia afectada, Ignacio Martínez.

Según el letrado, el auto ha sido notificado a las partes sobre las 16.00 horas. Preguntado por la posibilidad de que el médico haya abandonado el país, Martínez ha dicho no querer entrar en "elucubraciones".

Por su parte, el abogado del doctor, Pablo Martínez, ha dicho estar "sorprendido" por esta noticia que ha conocido a través de los medios de comunicación. De hecho, ha reconocido que no tiene constancia del auto de la jueza que pide la detención de su defendido. No obstante, ha anunciado que, en caso de existir, lo recurrirá.

En declaraciones a Europa Press, el abogado del acusado ha recordado que este mismo lunes contactó con la jueza a través del procurador y puso en su conocimiento que su cliente no podría acudir este martes porque le resultaba "físicamente imposible". Con todo, ha asegurado que su cliente "siempre" ha estado a disposición de la Justicia.

Con todo, ha lamentado que la citación se hizo "de un día para otro" y ha señalado que deben respetarse "unos tiempos". En este sentido, Martínez ha negado rotundamente que su defendido tuviera intención de abandonar el país.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y por el de denegación de asistencia sanitaria, en el caso, A. M. G., y por el de omisión del deber de socorro en el de M. J. A, como recoge Europa Press.

Fuentes fiscales han indicado que se trata de la primera denuncia del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid por este delito. La fiscal sostiene que las dos mujeres hicieron caso omiso al protocolo de actuación en casos previstos para pacientes con covid-19, lo que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado en el centro.

La residencia, de naturaleza privada y con 46 plazas de las cuales 44 estaban ocupadas a principios del mes de marzo, disponía de un equipo sanitario compuesto de un médico y una terapeuta.

Durante la gestión de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020, la atención sanitaria a sus usuarios continuó siendo prestada por la misma doctora A. M. G., que atendía de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, "estando disponible el resto del tiempo en su teléfono móvil", que contó con la colaboración, dentro de su disponibilidad, del equipo médico del Centro de Salud Isla de Oza.

Desde el 13 de marzo, "por disposición de las autoridades autonómicas competentes", se contaba también con el apoyo de una geriatra de referencia quien estaba a disposición del equipo sanitario de la residencia de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana en su teléfono móvil o bien a través del portal sociosanitario.

Durante el mencionado periodo epidémico, se aprobó un protocolo que regía las interconsultas de las residencias y los centros hospitalarios, cuyo borrador fue remitido el día 19 de marzo de 2020 a la Residencia a fin de ser tomado como documento de referencia para el manejo de los casos.

Criterios de derivación

El denominado 'Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el covid-19', fijaba algunos criterios de derivación recomendados y otros donde debía valorarse el manejo en residencia.

En todo caso, se establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que "fuera el geriatra de enlace quien, sobre la base de la información suministrada por la residencia, realizando una valoración integral de los pacientes, decidiera si se beneficiarían más de su traslado hospitalario o de la asistencia en el centro residencial".

Para la valoración de cada caso, se tomaban en cuenta, tanto las condiciones de los pacientes, como las de la residencia, como el hecho de que ésta contara con personal sanitario 24 horas al día los siete días de la semana y su nivel de cualificación, a fin de garantizar que, en su caso, los tratamientos iban a ser administrados correctamente.

La Fiscalía sostiene que "desatendiendo todas estas previsiones que le eran —y debían ser— conocidas", la doctora no contactó hasta ocho días después con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en relación con la situación de una residente que había comenzado con problemas respiratorios el 22 de marzo.

Pese al rápido traslado al centro hospitalario dispuesto por la geriatra de referencia, no se pudo impedir su fallecimiento al día siguiente, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

La mujer fallecida, de 89 años de edad, presentaba el 23 de marzo un cuadro inespecífico, que incluía saturación de oxígeno en sangre por lo que la doctora denunciada le pautó gafas nasales, consiguiendo que aumentara la saturación. Sin embargo, en lugar de ponerse en contacto con la geriatra de referencia, "como debería haber hecho según el protocolo vigente", llamó a otra doctora del Centro de Salud Isla de Oza, para que tramitara la derivación hospitalaria.

Cuando al día siguiente la doctora de la residencia constató que el traslado no se había llevado a efecto, consultó con el centro de salud, donde le indicaron que no había sido posible porque el 061 estaba aplicando protocolos de priorización de pacientes en los traslados que realizaba.

"Lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía, procedió a tratar a la usuaria en la residencia, donde no disponían de servicio de enfermería y a pesar de que su propio turno de asistencia terminaba a las 13:00 horas", señala la fiscal.

Dos días después de su ingreso en la residencia la paciente mantenía estable la saturación de oxígeno en sangre, si bien tenía 37.1 de temperatura y crepitaciones leves bibasales en los pulmones, además de presentar un cuadro de vómito.

"No obstante, ni ese día ni el siguiente, del que no hay registros médicos, se realizó consulta alguna con la geriatra de referencia, y ello a pesar de que el día 26 de marzo se comenzaron a hacer e-consultas, incluida la relativa al propio esposo de (la paciente), al que la doctora (la geriatra de referencia) pautó oxigenoterapia en esa fecha, y quien finalmente sobrevivió a la enfermedad", añade el escrito de denuncia.

El día 27 de marzo, la doctora denunciada decidió aumentar el oxígeno, con lo que consiguió una mejor saturación. Los días 28 y 29, "dado que era fin de semana", no se le realizó ningún examen, pues la doctora no tenía servicio "y no dejó solicitada visita de los médicos de urgencia del centro de salud, por lo que, aunque los hijos de la fallecida intentaron reiteradamente que acudieran a examinar a su madre, éstos señalaron que no procedía, dado, además, que la habían evaluado durante la semana".

La gerente de la residencia tampoco se encontraba en las instalaciones "dejando a la usuaria al cuidado de los gerocultores, que carecían de cualificación sanitaria".

Finalmente, el 30 de marzo, los familiares de la paciente consiguieron averiguar a través de personal del 112, que las derivaciones de usuarios institucionalizados en residencias eran posibles: De ahí que se pusieran en contacto con el servicio de atención al paciente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde realizaron la consulta urgente a la geriatra de referencia, "que nada sabía sobre la situación de esta usuaria", quien dispuso todo lo necesario para el traslado la mujer.

"Notable empeoramiento"

Paralelamente, un equipo médico del sistema de salud pública valoró junto a la doctora denunciada a la paciente que constató su "notable" empeoramiento durante el fin de semana en que no había recibido asistencia médica.

"Desconociendo una vez más el protocolo, la doctora intentó una derivación a través del 061, siendo el personal de este servicio de emergencia quien le indicó que debía hacer la solicitud a través de la geriatra de referencia.

En base a ello, realizó una e-consulta a las 11:56 horas, que fue inmediatamente contestada, a las 13:12 horas, por la (geriatra de referencia), quien gestionó personalmente el traslado urgente, enviando un mensaje de correo electrónico al jefe de guardia del SUMMA", concluye la Fiscalía.

Por último, la denuncia alude a que la gerente de la residencia era conocedora de la situación clínica de la paciente y de las posibilidades reales de tratamiento médico que tenía en su centro.

Pese a ello, "nada dispuso para asegurar la cobertura sanitaria de la usuaria durante los periodos en que la doctora contratada se ausentaba de la residencia ni para alertar a las autoridades, con las que se mantenía en comunicación para requerirles medios materiales y personales para la gestión de la pandemia, de la necesidad de tratamiento urgente de la usuaria".

El doctor Leopoldo Luque está siendo investigado del delito de "homicidio doloso" por posible negligencia médica en el marco de la investigación sobre las circunstancias de la muerte, el pasado miércoles, del exfutbolista Diego Armando Maradona, según han informado fuentes judiciales a la agencia de noticias argentina Télam y recoge Europa Press.

El médico, de 39 años, trató a Maradona durante los preparativos para la operación quirúrgica a la que el exfutbolista se sometió a principios de mes por un hematoma subdural en la cabeza.

De acuerdo con las fuentes de Télam, Luque fue informado de sus derechos este domingo durante una doble operación en su domicilio de la localidad bonaerense de Adrogué, y en su consultorio clínico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las mismas fuentes han matizado que el médico "está siendo objeto de una investigación por la posible comisión del mencionado delito" y que la notificación "no implica una medida restrictiva de la libertad".

Ambas operaciones comenzaron después de las declaraciones de las tres hijas del futbolista, Dalma, Gianinna y Jana, quienes pidieron una revisión de las medicaciones que Luque y su equipo le recetaron en los últimos meses de tratamiento en las clínicas Ipensa, de La Plata, y en la Clínica Olivos, lugar este último donde Maradona fue intervenido.

Tras las declaraciones, el equipo de fiscales encabezado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, más sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren; y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, decidieron dar luz verde a las operaciones.

El Defensor del Paciente ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, para solicitarle que cambie el protocolo de los servicios 112 y 061 porque el actual "cuesta vidas".

Y es que, tal y como denuncia en el texto, se realizan "demasiadas" preguntas, hay "poco personal" y el que hay está "preocupadamente poco preparado", lo que provoca un "elevado porcentaje" de connotaciones "graves" para los pacientes y sus familiares, quienes sufren "con agonía" la "mala atención o la falta de medios".

Por ello, el Defensor del Paciente le ha solicitado a Carcedo que retire el actual protocolo, aumente las plantillas y garantice una "humanización real" de la asistencia que prestan las personas que atienden las llamadas con el fin de evitar muertes por "inacción".

Además, ha instado a la ministra de Sanidad en funciones a lograr que "ninguna dotación" sanitaria vaya "sin un profesional médico" y de que las respuestas que se dan a los pacientes sean "inmediatas", con el fin de evitar más casos como el joven fallecido en Madrid por asfixia por una presunta negligencia del SUMMA 112.

"Esperamos sean ustedes, o sean otros, los que tengan conciencia de la importancia de lo que vale una vida y de cómo hay que responder por parte de los servicios sanitarios", ha zanjado.

Los padres de un joven de 23 años fallecido en enero de 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar acusan al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de "falta de humanidad", según informa Europa Press.

La familia ha iniciado una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pero se está planteando recurrir a la vía penal después de haber recibido la semana pasada los audios de las cinco llamadas al 112 que fueron reclamados poco después de la muerte del joven, Aitor García. 

Su madre, Carmen Ruiz, llamó al número de emergencias después de que su hijo, según afirma en unas declaraciones recogidas por El Mundo, se desmayara y, después, volviera en sí sin poder respirar con normalidad. Ruiz, al marcar el 112, habló con un hombre que, después de que ella alegara que su hijo se estaba ahogando, le pidió que le pasara al joven: "Me ahogo", le decía Aitor García. Sin embargo, la persona que estaba al otro lado del teléfono le dijo que su hijo respiraba "perfectamente" y se despedía con un "yo creo que su hijo está un poco tocao".

Carmen Ruiz asegura, según estas mismas declaraciones, que su hijo entró en parada cardiorrespiratoria nada más colgar el hombre el teléfono. La primera ambulancia, que no disponía de médico, llegó 23 minutos después y el joven fallecía a los cuatro días. Los padres del joven creen que si en esa primera llamada se hubiera activado la UVI Móvil del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, la historia podría haber terminado de otra forma.

Este jueves en una rueda de prensa organizada por la Asociación el Defensor del Paciente se ha escuchado la grabación de la primera llamada y se ha puesto a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como ha advertido antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son "muy impactantes".

La versión del SUMMA

El SUMMA 112 ha asegurado que sus profesionales actuaron "en todo momento con diligencia y profesionalidad", con conformidad a los protocolos y ha señalado que sus recursos móviles tuvieron unos tiempos de respuesta óptimos en el caso del joven de Navalcarnero fallecido. Así lo han indicado fuentes de la entidad, según informa Europa Press.

Al respecto, el SUMMA 112 lamenta el "triste desenlace" y "comprende el padecimiento de estos padres tras el fallecimiento de su hijo", para recalcar que en esta intervención puso a disposición del paciente todos los recursos materiales y humanos disponibles en un Servicio de Emergencias Extrahospitalarias para prestar una asistencia precoz a este joven, qué "lamentablemente" falleció posteriormente en el hospital.

Detalla también que el día en que se produjo la atención sanitaria, hace casi dos años, se produjeron dos llamadas en un intervalo de 8 minutos.

Las mismas fuentes recalcan que los síntomas aportados en la primera llamada apuntaban a un problema respiratorio sin signos de gravedad al inicio, siendo práctica habitual que el médico regulador (el que atiende desde el Centro Coordinador) solicite hablar directamente con el paciente para comprobar el tipo de respiración que presenta, lo que se hizo, mientras se movilizaba una Unidad de Atención Domiciliaria.

En la segunda llamada, la situación clínica "había cambiado" y ya se trató de una emergencia puesto que el chico no respiraba. Por ello, se movilizó una UVI móvil, un soporte vital avanzado para situaciones en las que existe un riesgo vital.

No obstante, exponen desde el SUMMA 112, el médico "no se limitó a ello sino que guió al padre en las maniobras de reanimación cardiopulmonar explicando qué pasos debía seguir para hacer el masaje". De hecho, le conminó a no dejar de hacerlo mientras llegaba la UVI móvil porque era la mejor manera de ayudar a su hijo.

Luego, el equipo sanitario de la UVI móvil que se personó en el domicilio consiguió revertir la parada y trasladar con vida al paciente al Hospital Rey Juan Carlos, donde falleció después de una patología grave y de brusca aparición como para que no se pudiera hacer nada en los distintos estamentos sanitarios por salvar su vida.

Por último, el SUMMA 112 insiste en que la reproducción de estas llamadas referidas al caso no está autorizada, por contener audios con voces sin distorsionar de empleados públicos, por lo que la Asociación El Defensor del Paciente, y quien pueda hacerlo posteriormente, estaría "vulnerando la ley".

Andreas Fernández González tenía 26 años cuando falleció el pasado 24 de abril de 2017. Su muerte se debió a una meningitis y una miocarditis que no fueron detectadas a tiempo porque los médicos que la atendieron no le realizaron las pruebas necesarias y directamente achacaron sus síntomas a una problemática de salud mental ya que su madre padecía esquizofrenia. Andreas permaneció atada a una cama del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante 75 horas y ante la posibilidad de que su caso se archive, 65 asociaciones del campo de la salud mental y de los movimientos sociales han firmado el Manifiesto de repudio por la muerte de Andreas en el que exigen que la justicia actúe y se asuman responsabilidades. 

Las organizaciones firmantes aseguran que los médicos derivaron a la joven a la unidad de Psiquiatría porque existe "una mirada extremadamente reduccionista" de la salud mental, en referencia a que los sanitarios actuaron de tal forma porque se limitaron a mirar los antecedentes de la madre de la fallecida. Y es que los médicos que atendieron a Andreas no le realizaron las pruebas necesarias para comprobar si los síntomas que tenía (escuchaba ruidos) se debían a una patología orgánica, a pesar de que tenía un diagnóstico previo de amigdalitis aguda.

Las asociaciones afirman en el manifiesto que la causa de la muerte de Andreas fue una negligencia médica y que por tanto, los profesionales involucrados deberán reconocer y afrontar su responsabilidad. Asimismo, consideran que es una "vulneración grave" de los derechos de las personas psiquiatrizadas al estimar que "con problemas de salud mental o sin ellos" nadie debe ser atado a una cama y cuestionan la reticencia de los sanitarios a compartir información sobre el estado de Andreas ya que creen que si hubiesen hablado con los familiares de manera "fluida y abierta" se hubiese aclarado la situación a tiempo. También hacen un llamamiento al conjunto de la sociedad para que se cuestione la gestión que realizan los profesionales médicos sobre nuestra salud física y mental.

50 profesionales en contra del informe que señala que no hubo negligencia médica

Tras la muerte de Andreas, su hermana Aitana presentó un denuncia por vía administrativa. En un primer momento su abogado no aportó el historial clínico de la fallecida y la respuesta de la jueza fue que se trató de una muerte natural. Dio el caso por sentenciado. Sin embargo, Aitana quiso ir por la vía penal y contrató a una nueva abogada, Alejandra Gutiérrez, que logró que se reabriese en caso en febrero de 2018. En esa ocasión sí presentaron el historial completo de su hermana y exigieron que declarasen los siete médicos involucrados en la muerte de Andreas.

A pesar de que los forenses del juzgado encargado del caso señalan que no hubo negligencia médica, un grupo de 50 profesionales sanitarios, entre ellos 16 psiquiatras, elaboraron de forma voluntaria un documento alternativo que desmonta esta versión. La familia de Andreas espera que sirva para que la jueza no archive la causa. Además, asociaciones como Activament, Federación Andaluza En Primera Persona y Hierbabuena han redactado un informe en el que se pone en contexto este caso con el marco legal establecido en 2006 por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Una valenciana de 61 años ha presentado una demanda judicial contra la cadena low cost iDental, a la que acusa de haberle contagiado la hepatitis B tras haberle extraído todos los dientes de la mandíbula inferior y colocado en su lugar una prótesis que le ha causado una inflamación crónica de la encía. La paciente, además, pide la nulidad del contrato que firmó con la clínica dental, puesto que, según dice, firmó engañada un préstamo con una financiera cuando lo que le habían ofrecido era una “subvención” del 77% del tratamiento.

La demanda se suma a las cientos que otros tantos pacientes de la cadena iDental han presentado durante los últimos cuatro años en toda España. Constituidos en varias plataformas de afectados, reclaman en los organismos de consumo y los juzgados que se les resarza de las negligencias médicas que han sufrido. La cadena lleva instalada en la polémica casi desde su creación, en 2014 y con la marca de iClinic. Actualmente iDental dice que cuenta con 23 centros repartidos por todo el país y 1.200 empleados. También asegura que en ese tiempo ha atendido a más de 200.000 personas.

iDental se presenta como adalid de la “asistencia dental social”. En su página web invita a los pacientes a unirse a la “dentocracia”: “Porque todos tenemos el mismo número de dientes pero no el mismo número de euros”. Parte de su imagen corporativa es el eslogan “dentistas con corazón”, escrito en letras blancas sobre un enorme corazón rojo. Incluso tenía en propiedad la dirección de internet www.dentistasconcorazon.com. Sin embargo, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, niega que iDental sea “un modelo basado en la ética y la calidad del servicio a los pacientes”, y descalifica “su supuesta preocupación social” como una “mera estrategia de marketing para captar pacientes”. iDental ofrece en su página web implantes por 612 euros que, gracias a su financiación, se quedan en 12,03 euros, y ortodoncias de 1.446 euros que, financiadas, se rebajan a sólo a 29,31 euros. “Conseguimos que sólo pagues lo que tienes que pagar”, prometen.

Según la demanda judicial de Rafaela Á. D., la clínica de iDental en Valencia le presentó un presupuesto de 21.460 euros para un tratamiento con implantes, dos endodoncias y un empaste. A fin de hacer frente a semejante factura, le ofrecieron una “subvención” del 77%, por lo que el precio final se rebajaba hasta los 4.832,3 euros. Para conseguirla, debía entregar en la clínica documentos que acreditaran cuáles eran sus ingresos. Rafaela Á. D. está jubilada y es viuda, vive de una pensión. Además, le dijeron que debía firmar la subvención antes de 48 horas porque, de lo contrario, se la concederían a otro paciente.

Sin embargo, lo que le dieron no fue una subvención, sino que firmó un contrato de préstamo con Fracciona, una financiera especializada en créditos al consumo propiedad de Evo Banco desde 2014 y que también trabajaba con otra cadena polémica, Funnydent.

Cartel publicitario de iDental en su clínica de Valencia.

Ya no dan “subvenciones”“”

“Un millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca” se podía leer, bajo las fotos de Javier Cárdenas y los actores Carolina Cerezuela y Pepe Ruiz, en la publicidad que hacía iDental cuando la paciente empezó a acudir a la clínica, a finales de 2015 y principios de 2016. También en el presupuesto que se ofreció a la paciente aparecía como “subvención” el supuesto descuento otorgado. La demandante ha aportado al juzgado igualmente el documento de iDental que incluye las “bases reguladoras” para conceder la “asistencia dental”, donde a los descuentos de les denomina “ayudas” y se establece que éstas tienen una validez de 48 horas “por motivos organizativos”. “Transcurrido el citado plazo, la ayuda quedará automáticamente anulada”, advierte, “sin perjuicio del derecho del paciente a solicitar un nuevo presupuesto para el plan de tratamiento dental, así como la correspondiente ayuda”.

Entonces la cadena aún era propiedad de su fundador, el dentista Antonio Javier García Pellicer. En octubre de 2017 la vendió a Weston Hill, que se define como un híbrido de family office –una gestora de grandes patrimonios– y de fondo de capital riesgo especializado en empresas medianas. Pese a su nombre, tiene la sede en Madrid y sus dueños son españoles: Luis Sans y José María Garrido. El precio de la operación que se publicó en ese momento fueron 25 millones de euros.

A preguntas de infoLibre, un portavoz de la cadena de clínicas niega que iDental “publicite subvenciones ni ayudas”. Reconoce que sí lo hizo en el pasado, pero explica que “salían de un fondo al que la empresa dedicaba parte de sus beneficios”. “No tenían nada que ver con financiar un tratamiento, eran independientes”, añade, “el paciente, con total libertad, escogía el método de pago: al contado por tratamiento realizado o con financiación”.

En la demanda, la paciente valenciana denuncia que el presupuesto se elaboró sin un estudio radiográfico previo, “necesario para el tipo de cirugía” que le iban a realizar, y por tanto, sin un diagnóstico adecuado.

“Total negligencia”

Pero lo peor aún estaba por llegar. El día en que debían extraerle todos los dientes de la mandíbula inferior, Rafaela Álvarez sangró tan abundantemente –“no se puede controlar la hemorragia”, se describe en el historial de la paciente– que no se le pudieron colocar los cuatro implantes previstos. En consecuencia, la mujer estuvo sin dientes inferiores, y sin implantes, desde el 25 de enero hasta el 5 de septiembre de 2016, casi nueve meses.

Es más, según el perito dentista cuyo informe se adjunta a la demanda, la mayoría de los dientes no deberían haber sido extraídos, puesto que “podrían haber respondido perfectamente a tratamientos conservadores muchos años”. A su juicio, por tanto, se la sometió a un “sobretratamiento”.

En la demanda se explica también que la mujer padeció una auténtica tortura: la operación se prolongó desde las ocho de la mañana a la medianoche. Cuando pidió ir al cuarto de baño, seguía sangrando “atrozmente” y se desmayó. La encontraron en el suelo de los aseos su hijo y la novia de éste, relata el escrito. En la historia clínica, una de las dos odontólogas que la atendieron escribió: “Paciente molesta por la mala organización de la clínica. Decido reorganizar las citas para que no le vuelva a ocurrir lo de hoy”.

Pero tampoco los implantes, cuando fueron colocados, aliviaron la situación de la mujer. El perito destaca que éstos se pusieron “demasiado juntos, lo que hace inviable usarlos para soportar un arco fijo completo”. A su juicio, “parece evidente que esta cirugía fue realizada por alguien sin la adecuada formación y experiencia, y sin la debida supervisión”. Deberían haberse colocado seis implantes, no cuatro, advierte.

Además, en lugar de extraerle tres dientes de la mandíbula superior y colocarle dos implantes, según lo previsto, se le puso un puente de resina provisional. Pero como no se le hicieron de forma adecuada, la mujer sufre desde entonces una dolorosa “inflamación crónica de las encías”. Tampoco se le colocó el puente de porcelana definitivo”, añade la demanda.

Para arreglar el “daño desproporcionado” que le ocasionó la “total negligencia de los profesionales de iDental”, la paciente valenciana necesita un tratamiento adicional valorado en hasta 24.700 euros, destacan sus abogados. Y ello sin contar con que, en un análisis de sangre que le realizaron en octubre de 2017, dio positivo en hepatitis B. Cuando llegó a iDental, en enero de 2016, “no era portadora del virus”, como confirma otro análisis al que se sometió en julio de ese mismo año. Según la demanda, la única intervención quirúrgica a la que se ha sometido Rafaela Á. D. fue una extirpación de ovarios cuando tenía 42 años. La mujer también pide una indemnización por daños y perjuicios.

Másters en prácticas

El presidente del Consejo de Dentistas de España explica que los alumnos de los másters de implantología que iDental tenía concertados con las universidades de Lleida y Alicante “practicaban” con los pacientes de las clínicas. “Son recién licenciados que están aprendiendo y sus márgenes de error son mayores”, lamenta Óscar Castro, quien resalta que ninguna de esas dos universidades tiene facultades de Odontología. Se trata de títulos propios, no oficiales, “un ejemplo palmario de la poca vigilancia que mantiene la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca)”.

En algunas webs de empleo iDental ofrecía su Máster en Odontología Integrada, Gestión e Implantología, con “60 créditos de Bolonia y avalado por la Universidad de Lleida”, de cuyo coste total la cadena subvencionaba “el 95% a los odontólogos que trabajan en sus instalaciones, haciendo posible compatibilizar la actividad laboral (retribuida salarialmente) con la formación especializada”. El de la Universidad de Alicante costaba 3.780 euros. iDental niega que sus dentistas trabajen en régimen de prácticas. Por el contrario, la clínica asegura que los odontólogos que quisieron pudieron cursar en 2017 un programa de formación gratuito en el que iDental se hacía cargo del pago completo de un máster impartido por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.

La cadena de clínicas promocionaba también su vertiente social firmando acuerdos de colaboración con instituciones del tipo de Cruz Roja y Cáritas o las fundaciones RAIS para personas sin hogar y Cepaim para inmigrantes. En noviembre de 2016 suscribió un convenio con Cruz Roja para ofrecer durante un año servicio bucodental gratuito “por importe de un millón de euros” a personas sin recursos económicos. Sin embargo, según indica un portavoz de Cruz Roja, el acuerdo no se puso en marcha. “Nunca llegamos a mandarle a nadie, en vista de las noticias sobre posibles prácticas irregulares”, precisa. El acuerdo fue ampliamente publicitado en espacios patrocinados de las webs de El País, Abc, El Español, La Vanguardia, eldiario.es, El Confidencial…

Cierre de clínicas y problemas laborales

Antes de recurrir al juez, Rafaela Á. D. denunció la negligencia ante el Colegio de Odontólogos de Valencia, que apreció una “falta al código ético” por parte de los profesionales que la trataron y del responsable sanitario de la clínica. “Además, si no se han realizado algunos de los tratamientos abonados, ello podría constituir motivo de estafa”, dictamina el órgano. Óscar Castro asegura que los colegios han abierto “varios expedientes” tras recibir las denuncias, que pueden terminar en el cese de la colegiación tanto de los odontólogos como de los responsables de las clínicas. Pero recuerda que son las comunidades autónomas las competentes para vigilar e inspeccionar. iDental replica que reciben inspecciones periódicas, pero que éstas no han tenido consecuencias y los centros “continúan ejerciendo su actividad”. Sólo la clínica de Zaragoza vive “un cierre temporal debido a causas técnicas desde hace muy pocos días”, precisa. Pero lo cierto es que el año pasado iDental decía contar con 26 centros y hoy sólo reconoce 23. El pasado miércoles fue desahuciada la clínica de Santander por impago del alquiler y, según publicó El Independiente, están al borde del desalojo por el mismo motivo al menos una docena de los locales que tiene alquilados iDental en toda España.

En marzo se hizo público que el fondo buitre Cerberusel fondo buitre Cerberus estaba interesado en adquirir la cadena de clínicas low cost. Pero la operación se frustró porque uno de los socios de Weston Hill, Luis Sans, “se niega a vender en este momento”, según aduce la empresa. Sans “espera que el valor de la compañía supere los 350 millones de euros en los próximos años”. Es decir, 14 veces lo que le costó a él en 2017.

iDental, que no quiere hacer públicos sus datos de facturación y beneficios, admite que atravesó “una etapa de inestabilidad económica” que solventó la llegada de Weston Hill en octubre de 2017.  Aun así, se suceden las protestas de los trabajadores, que reclaman el pago de sus nóminas. Los de Valencia ya han convocado huelga para los próximos 30 y 31 de mayo y 1 de junio. “Hubo peticiones de amparo a los colegios”, aclara Óscar Castro, “pero nosotros no somos sindicatos”. Aun así, el Consejo General de Dentistas denunció en su día que muchos de los odontólogos de iDental eran falsos autónomos. Y que la rotación de profesionales era muy alta. La paciente valenciana, por ejemplo, sostiene en su demanda que nunca la atendió el mismo dentista en sus sucesivas visitas. La cadena de clínicas lo desmiente. “Todos los trabajadores mantienen una relación laboral, ninguno es autónomo”. También asegura que desde la venta a Weston Hill “se encuentra al corriente del pago de las nóminas”.

La demanda de Rafaela Á. D. la ha interpuesto el despacho valenciano Themis Abogados, que además tramita otra veintena de casos contra iDental. También la plataforma de Afectados por las Cadenas Dentales (Afecade) ha presentado unas 200 sólo contra esta empresa. Belén Gara, de la Plataforma de Afectados de iDental, habla de “cientos” cuando se le pregunta  por el número de demandas judiciales de las que se ha hecho cargo. En ambas plataformas, la mayoría de los perjudicados son personas con escasos recursos económicos y, por tanto, con dificultades para contratar, por ejemplo, un perito que elabore un informe sobre el tratamiento recibido. Isabel Palomino, de Afecade,  avanza que esta misma semana empiezan a interponer denuncias penales por mala praxis y estafa contra la cadena de clínicas, que se añaden a las civiles presentadas hasta ahora. Belén Gara explica que entre los casos que lleva los hay de infecciones periodontales ocasionadas por los tratamientos empleados. “Muchos pacientes quedan con secuelas psicológicas”, añade.

Prohibido ofrecer rebajas en tratamientos médicos

El pasado 26 de abril la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a regular la publicidad de las clínicas dentales, para que sea “aséptica y no contenga elementos que inciten al consumo”, además de a prohibir las ofertas y precios rebajados en los tratamientos. La iniciativa la presentó Ciudadanos y la apoyaron todos los grupos. En su intervención, el diputado naranja Francisco Igea Arisqueta citó a iDental como “una bomba de relojería que ha estallado con el pleno conocimiento del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de Sanidad”. También cifró en 1.500 las denuncias presentadas por pacientes “que han perdido todos los dientes y a los que incluso se les ha fracturado la mandíbula”. El parlamentario aseguró que 100 estomatólogos han sido expedientados por su propio colegio. Y que muchos de los odontólogos de la cadena de clínicas, con “entre 23 y 26 años, recién salidos de las universidades”, están trabajando en iDental “en condiciones inadecuadas”. Según relató, el Ayuntamiento de Zaragoza había cerrado el 25 de abril la clínica de iDental en la ciudad por carecer de licencia.

La iniciativa de Ciudadanos pedía no sólo que se prohíba la obligatoriedad de firmar acuerdos de financiación para tratamientos no realizados, así como su pago anticipado, sino también que se instruya a la Inspección de Trabajo para que revise la existencia de “falsos autónomos” en las clínicas dentales. Finalmente, se reclama a los colegios de dentistas que abran un registro de reclamaciones.

La cadena de clínicas no confirma la cifra de denuncias y expedientes aportada por el diputado de Ciudadanos en el Congreso ni la amenaza de desahucios y los cierres. Sólo indica a infoLibre que se están operando “cambios en la empresa” y que el nuevo propietario está “trabajando para solucionar las incidencias que se están produciendo tanto con los pacientes como con los empleados”.

El lunes 19 de diciembre tendrá lugar un homenaje en memoria de Samba Martine coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. Será en el Cementerio Sur a las 11 horas. Samba, interna del CIE de Aluche, falleció por falta de atención sanitaria. Durante los 38 días que estuvo encerrada, solicitó asistencia médica en más de diez ocasiones y en ningún caso se le practicaron pruebas diagnósticas. 

Nino Trillo-Figuera, abogado de las entidades personadas en la acusación popular –SOS Racismo y la Red de apoyo al Ferrocarril Clandestino–, señaló a infoLibre numerosas negligencias en el trato que recibió Samba. Para empezar, la congoleña había sido diagnosticada de VIH en el CETI de Melilla, pero su expediente médico nunca llegó al CIE madrileño. "Samba murió de una criptococosis asociada al VIH y algunos informes dicen que si hubiera recibido un tratamiento antiviral hubiese habido más posibilidades de que no se produjera el desenlace fatal que aconteció: su fallecimiento en la sala de espera de un hospital". Después del caso se Samba, hubo una recomendación del Defensor del Pueblo para que cuando se realizasen traslados, se acompañasen de los informes médicos de un centro a otro.

Durante su internamiento, no se sometió a Samba a ningún análisis de sangre, algo que el abogado no entiende ya que "en cualquier servicio de atención primaria de cualquier ambulatorio, si una persona se presenta diez veces en apenas un mes, se le realizarían al menos una analítica y se investigaría por qué se siente mal, en vez de despreciar sus padecimientos". 

Marga Martínez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid que colabora con la acusación popular, afirmó además que "en las hojas de consulta sólo consta la presencia de intérprete en una ocasión" de las múltiples en las que Samba acudió al servicio médico. 

Ambos coincidieron al señalar que es el Estado quien juega el papel de garante de la integridad y vida de un persona privada de su libertad y, en el caso de Samba, falló."Cuando el Estado no puede o no tiene voluntad política de garantizar los derechos de una persona, no puede privarla de libertad", señaló Martínez. 

Ha habido otros casos de fallecimientos en centros de internamiento por falta de atención médica, como el de Idrissa Diallo en Barcelona. Trillo-Figuera recordó las reiteradas quejas de los internos del CIE acerca de que el servicio sanitario –subcontratado a una empresa privada, Sermedes– no funciona como debería. Ante la complejidad que supone trasladar al hospital a personas que están privadas de libertad, salvo en situaciones muy extremas, los casos no se derivan. Así fue en el caso de Samba: hay testimonios de los servicios sociales y de las propias compañeras que aseguran el terrible estado en el que se encontraba la mujer, pero sólo se derivó al 12 de Octubre cuando ya estaba agonizando.

"Sigue sin haber una enfermería en los CIE, de forma que tienen que pasar las enfermedades en sus habitaciones, como tampoco hay un sitio en el que personas con enfermedades  contagiosas puedan estar en condiciones dignas y separadas para no suponer un riesgo para el resto de los internos. Hay muchas deficiencias que cinco años después aún no han sido solucionadas", añadió el abogado.

En un informe de la Cruz Roja que hizo público un artículo de El País, se refleja que, el día antes de fallecer, Samba permaneció acostada entre mantas en el suelo del salón del centro, incapaz de moverse debido a su debilidad física. También se informa de que a pesar de que se dio avisó a una enfermera, nunca comprobó el estado de la enferma ni llamó a un médico. 

En la actualidad, tres médicos y dos enfermeras están imputados. "El historial mostraba algunas prácticas dudosas, como que podría haberse suministrado medicación por parte de las enfermeras cuando no eran las competentes", señaló Nino Trillo-Figuera. Además, según la acusación popular, el médico principal llevó a cabo un reconocimiento inicial insuficiente, ya que se hizo sin traducción y no se indagó en su estado físico. "No fue un análisis con profundidad necesaria y que contradecía los diversos protocolos de atención primaria a personas migrantes".

Cerrar los CIE es la solución que Marga Martínez contempló para que no se den más casos como el de Samba. "La vía reformista es desesperantemente lenta", se lamentó. "Las mejoras que se han introducido estos años son muy pocas y han costado muchísimo esfuerzo por parte de las entidades sociales", a lo que añadió una crítica al Gobierno ya que "no ha mejorado nada por iniciativa propia". "La política migratoria actual no está dando resultados", lamentó. El camino tomado por Europa y España "nos conduce al terraplén de la barbarie".

Para la catedrática, el acto del lunes, es también un homenaje a miles de inmigrantes, ya que Samba Martine  "es un símbolo de los despropósitos de la política migratoria y de los centros de internamiento". Por su parte, Trillo-Figuera señaló  que "igual que nos hemos arrepentido de otras prácticas de la humanidad, algún día nos avergonzaremos de estas políticas".

La demanda de la paciente fue tramitada por los Servicios Jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente y el tribunal decretó una indemnización en la cantidad de 65.006 euros más los intereses legales y las costas procesales.

Según establece el fallo, estas crisis motivaron que la mujer estuviese "ingresada en varios centros hospitalarios" y le generaron "secuelas de trastorno adaptativo" y "perjuicios desde el punto de vista laboral".

La paciente, de 64 años de edad en la actualidad, siempre se había realizado medicina antiagingantiaging, es decir, tratamientos antiedad o que ayudan a ralentizar el envejecimiento. Habitualmente se le recetaba una Fórmula Magistral que consumía con asiduidad, y estaba "muy satisfecha con los resultados".

El 25 de junio de 2013, la paciente acudió a la Farmacia I.B.S. para la elaboración de la Fórmula Magistral recetada, con la siguiente composición: Treonina 50 mg, Tirosina 30 mg, Taurina 300 mg y Piridoxina 4 mg.

Se produjo "un grave error" en la realización por parte de la Farmacia de la Fórmula Magistral pautada, ya que sustituyeron el aminoácido Tirosina por la hormona Tiroxina, lo que provocó "una serie de reacciones graves" en la paciente.

Los días posteriores, la mujer comenzó a tener dificultad para la articulación del lenguaje, confusión e inestabilidad. En días siguientes presentó "progresiva disminución del nivel de conciencia y fiebre, así como dolor abdominal por el que se recetaron espasmolíticos".

La paciente desarrolló de forma paulatina "un estado confusional importante", con incapacidad de expresar el pensamiento y lenguaje incongruente, por lo que tuvo que ser atendida por el SUMMA 112, siendo trasladada de manera urgente al Hospital Gregorio Marañón.

La paciente fue derivada a diversos centros médicos con el fin de establecer el origen de su estado confusional, sin hallar el motivo del mismo, produciéndole un agravamiento de su estado, "incluso con serio peligro para su vida".

Tras ser analizadas las cápsulas que estaba ingiriendo, se estableció el error en la composición de la Fórmula Magistral pautada y la consiguiente intoxicación por tiroxina que estaba produciendo un grave síndrome a varios niveles en la paciente.

Las autoridades explicaron que las supuestas víctimas presentaban patologías diversas, aunque se trataría generalmente de personas ancianas, no necesariamente en estado terminal. estado terminal.Los fallecidos habían sido atendidos en las unidades de anestesia y de cuidados intensivos según Europa Press.

Tras detectar un número anormal de muertes, el hospital abrió una investigación y terminó por sospechar de la enfermera, cuya identidad no trascendió, según el periódico Il Corriere della Sera. La mujer habría suministrado sueros, inyecciones o medicamentos "fuera de terapia".medicamentos

Isabel Cepeda, viuda del profesor Jesús Neira, recordó este lunes que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, incumplió su "promesa" de indemnizar a su marido por "las negligencias médicas que padeció" y señaló que se cometió una "tremenda injusticia contra él".

El periodista y profesor de la Universidad Camilo José Cela, que murió el pasado sábado como consecuencia de un derrame cerebral, se hizo popular tras estar en coma más de dos meses a raíz de una paliza que recibió por tratar de ayudar a una mujer víctima de violencia machista en 2008.

Cepeda señaló a Europa Press que no quiere ahondar en este asunto y se limita a lo denunciado en Espejo Público la mañana del lunes y a la entrevista que concedió su marido en La Razón este verano, donde ya denunció que nunca llegó a recibir una indemnización prometida por la entonces presidenta de la Comunidad por la supuesta negligencia médica de la que fue víctima en tres hospitales de Madrid a cambio de que retirara su demanda penal.

"Mucha medalla, mucha historia y no cumplen con su palabra", dijo el profesor hace menos de un mes. Su mujer asegura que tras estas palabras públicas, nadie se puso en contacto con la familia para ver cómo se encontraba Neira.

La querella presentada por la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por las presuntas ilegalidades en el proceso de privatización sanitaria en Madrid, y por la que está imputada la cúpula de la Consejería de Sanidad que impulsó ese proceso, incluye varios documentos que ponen de manifiesto cómo los profesionales son conminados a derivar enfermos a hospitales privados. En la denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, se detallan también los casos de enfermos a los que se les niegan los traslados a hospitales públicos a pesar de requerirlo la complejidad de sus patologías o de los tratamientos que requieren. 

La querella contiene una carta remitida por la Dirección Asistencial Sur –responsable de la organización de la atención primaria en la zona meridional de la comunidad– a todos los directores de los centros de salud de las localidades de Parla y Griñón en la que se les obliga a derivar "todas" las colonoscopias que se prescriban en sus centros a hospitales de gestión privada. También adjunta un email remitido el 21 de febrero de 2013 por el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual Pliego, a todos los centros de atención primaria del área norte –donde está ubicado este hospital– con el siguiente texto: "Las colonoscopias se canalizan a través de clínicas concertadas. Si el paciente quiere venir a La Paz debe saber que hay una demora importante". 

Los médicos argumentan que la derivación de pruebas es "injustificada", pues la lista de espera en los hospitales públicos es de 25-30 días y, por tanto, entra en los límites que marcó la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, en su promesa electoral de reducir a menos de 30 días el tiempo de espera para someterse a intervenciones quirúrgicas o pruebas preoperatorias. 

En este sentido, los profesionales denuncian que a los pacientes no se les da información veraz y que "se les priva de circuitos de atención bien establecidos". Asimismo, señalan que, tras estas derivaciones, "no es infrecuente que haya extravío o retraso en recibir resultados" y que incluso pruebas que ya están citadas en la pública se desvían a la privada sin anular la primera, "lo que implica duplicidades y pérdida de recursos". 

Algunos casos concretos

Los facultativos señalan que denunciar casos concretos es complicado por la "delicada situación" en la que quedan los profesionales que los sacan a la luz y por el principio de reserva en la información de cuestiones que afectan a los pacientes. No obstante, en el texto remitido al juez sí se detallan algunas experiencias particulares.

En este sentido, incluye el caso de una mujer que fue derivada del Hospital 12 de Octubre al Montepríncipe, un centro privado de gran lujo situado en Boadilla del Norte, para una operación de menisco. En este último se le indicó que tenía que regresar de nuevo al público, pues en el privado no podían hacerle el seguimiento posterior a la operación. Los médicos denuncian que, en Madrid, se ha llegado a derivar a pacientes que requerían ser operados a centros en los que no se practica la cirugía que requieren o no se les puede atender en las condiciones idóneas tras la intervención.

Traslados

Los facultativos remitieron al juez información sobre los problemas que están teniendo algunos pacientes para trasladarse desde centros de gestión privada a puramente públicos a pesar de que ese sea su deseo o así lo requiera la patología que padecen. Según los facultativos en ocasiones se ofrece a los enfermos como única posibilidad el traslado a la Fundación Jiménez Díaz –gestionada por Capio y que mantiene un concierto con el Servicio Madrileño de Salud– e incluso se han dado casos en los que los pacientes se han visto obligados a desplazarse por sus propios medios tras negarles el uso de una ambulancia en los traslados a un centro público.