En noviembre de 2024, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Mundial Meteorológica (OMM), afirmó que, debido al aumento de las temperaturas, “el ciclo hidrológico se ha acelerado, se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua”. Estos cambios reflejan un fenómeno global cada vez más evidente: la intensificación y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Incendios forestales devastadores en Australia en 2020, las inundaciones históricas en Pakistán en 2022, las lluvias torrenciales y desbordamientos en Valencia en octubre de 2024, que cobraron 219 vidas, y las olas de calor extremo que azotaron Europa en 2023, dejando 47.690 muertos, son solo algunos ejemplos de los impactos dramáticos y cada vez más frecuentes del cambio climático.

Estos eventos, aunque devastadores, también nos recuerdan la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Nos enfrentamos a un imperativo global: aumentar significativamente las inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático. La transición hacia una energía limpia y baja en carbono, la construcción de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y la protección de la naturaleza requieren, hoy más que nunca, un esfuerzo financiero global sin precedentes.

Este fue, precisamente, uno de los puntos clave de la COP29. El éxito o fracaso de la conferencia dependía de alcanzar un acuerdo ambicioso sobre el nuevo objetivo de financiación climática (NCQG por sus siglas en inglés). Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes si atendemos a las recomendaciones realizadas en el Tercer Informe del Grupo de Expertos Independientes de Alto Nivel sobre Financiación (Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance). Este documento concluye que es necesario invertir anualmente 2,4 billones de dólares en los países en desarrollo (excluyendo a China) para 2030, y entre 3,1 y 3,5 billones de dólares por año para 2035, para mantener el impulso necesario. El nuevo objetivo aprobado en la COP29 quedó muy por debajo de lo requerido.

Hasta ahora, los países se habían comprometido a entregar 100.000 millones de dólares anuales al Fondo Verde para el Clima para los países con menos recursos, que son también los más vulnerables al cambio climático. Se esperaba que el nuevo objetivo, que estará vigente hasta 2035, fuera mucho más ambicioso. Los países más afectados por el cambio climático, como los de África o las islas del Pacífico, reclamaban al menos un billón de dólares anuales para hacer frente a los impactos del cambio climático. Cantidad que resulta mínima si atendemos al estudio antes mencionado. No es de extrañar que la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de Negociadores Africanos hayan expresado su indignación por el acuerdo al que se ha llegado, considerando que no solo es insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sino que también refleja un profundo desinterés hacia las naciones más vulnerables. 

Movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 está muy por debajo de lo necesario y no representa un avance significativo respecto al antiguo compromiso de 100.000 millones, y parece francamente insuficiente en un momento en que las políticas actuales solo permitirían una reducción de las emisiones del 2,6% para 2030 respecto a los niveles de 2019 (cuando sería necesario que descendieran un 43% para evitar los peores impactos del calentamiento global), situándonos en un aumento de la temperatura de entre 2,6 °C y 3,1 °C (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024, PNUMA).

Aumentar las inversiones climáticas en los países en desarrollo es crucial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, adaptarse al cambio climático y detener la creciente amenaza a la naturaleza y la biodiversidad. Además, es fundamental promover una transición justa y la igualdad de género en el financiamiento climático para abordar de manera efectiva las distintas limitaciones y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres. 

Acelerar las inversiones es una acción inteligente en comparación con la inacción. Contribuye a generar un desarrollo eficiente y de futuro, evitando enormes costos (como los impactos negativos en la productividad y la salud, los daños a activos y la pérdida de biodiversidad) y generando grandes beneficios (como mayor productividad, mejores servicios ecosistémicos y mayor estabilidad social) que, en conjunto, podrían representar entre el 15% y el 18% del PIB global en 2030. Además, una menor inversión y consumo de combustibles fósiles y de la reducción de subsidios perjudiciales para el medio ambiente podría generar ahorros financieros de entre el 11% y el 18% del PIB global, según el informe de expertos independientes.

La COP29 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre las promesas y la realidad. Los países en desarrollo necesitan un apoyo financiero y tecnológico mucho mayor para adaptarse a los impactos del cambio climático y construir un futuro más sostenible. Por su parte, los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica y aumentar drásticamente sus ambiciones climáticas. El propio António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lamentó que los acuerdos alcanzados no fueran lo suficientemente ambiciosos, señalando que no se incluyó en el acuerdo final ninguna mención específica sobre el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, tal como se había estipulado en la COP28 de Dubái. 

Además, no se alcanzaron acuerdos sobre otros temas claves como el diálogo sobre la implementación de los resultados del Balance Mundial (GST) y sobre el programa de trabajo sobre transición justa. Resulta decepcionante, tal como sostienen las organizaciones españolas de la sociedad civil presentes en la COP29, que los derechos humanos y laborales, así como las cuestiones de género, de transición justa de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas y la juventud sean completamente omitidos, y se retrasen los debates sobre estos temas a junio de 2025 en Bonn. 

El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para movilizar los recursos necesarios para una transición justa y sostenible. La crisis climática no es un problema lejano, es una amenaza real que ya está afectando a millones de personas, y su solución requiere un compromiso serio y urgente. 

Además, no podemos olvidar que la transición hacia una economía baja en carbono debe ser inclusiva, considerando no solo la justicia social y económica, sino también la equidad de género. Las mujeres y los pueblos indígenas son quienes más sufren los efectos del cambio climático, y sus necesidades deben ser priorizadas en la financiación y en las políticas de adaptación.

Por último, el regreso al poder de líderes climáticamente escépticos, como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con deshacer los avances alcanzados en políticas climáticas globales. Sin embargo, esta situación ofrece una oportunidad para que la Unión Europea refuerce su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, estrechando la cooperación con regiones vulnerables, como América Latina, y promoviendo un compromiso más firme en la movilización de recursos y tecnología.

Una vez más, nos encontramos ante un punto crítico en la lucha contra el cambio climático. Las necesidades de inversión para adaptación, resiliencia y pérdidas y daños aumentarán drásticamente a medida que los riesgos climáticos se intensifiquen. El retraso en la acción solo aumentará la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Si no cerramos la brecha de financiación para 2030, será mucho más difícil reducir las demandas financieras futuras y garantizar una transición justa.

El calentamiento global no es una película de ciencia ficción, es nuestra realidad. Nuestro bienestar como especie está íntimamente ligado a la salud de nuestro planeta.

La crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa a nuestro bienestar y supervivencia. La transición hacia una economía verde y sostenible es posible, pero requiere tanto de la voluntad política de todos los actores globales, como de la participación activa de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, consumidores y votantes, tenemos un papel que desempeñar. Debemos exigir a nuestros líderes políticos que tomen medidas audaces y concretas para garantizar un futuro próspero.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Sidenor, la empresa vasca que acaba de sentarse a negociar la compra de Talgo, lleva tiempo postulándose como novio de grandes operaciones corporativas en el maltrecho sector industrial español. Figuraba entre los candidatos a hacerse con una participación minoritaria, hasta un 25%, del capital de Celsa, el fabricante de acero catalán, y su nombre sonaba entre los interesados por comprar la factoría de la multinacional estadounidense Alcoa en San Cibrao (Lugo). Su presidente, José Antonio Jainaga, ha sido además uno de los impulsores de la idea, hasta ahora fallida, de crear un gran grupo siderúrgico vasco, uniendo las fuerzas de industrias locales como Tubos Reunidos, Tubacex, Aceros Olarra y la propia Sidenor.

Ahora, la empresa con sede en Basauri (Bizkaia) ha puesto el ojo en Talgo, el constructor ferroviario cuya compra por la compañía húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon) fue vetada por el Gobierno. Una operación que permitirá a Sidenor diversificar su negocio, el objetivo en el que está embarcada la siderúrgica vasca para escapar de su excesiva dependencia en la industria del automóvil: casi el 70% de su negocio son ventas al mercado europeo del motor. En su última memoria de sostenibilidad, la empresa advierte de la “incertidumbre extrema” que pesa sobre la demanda de automóviles por la evolución económica del continente –Sidenor exporta la mitad de su producción a la UE–, los desafíos que le suponen la transición energética y la competencia del coche eléctrico –cuya fabricación no requiere acero–.

Una diversificación que no sólo pretende aplicarse al “negocio operativo del acero”, sino también a la “parte más corporativa”, mediante “alianzas y adquisiciones de otras empresas en la búsqueda de sinergias”. Sidenor ya fabrica aceros especiales destinados al ferrocarril.

Además, Jainaga se ha especializado en comprar industrias a través de Mirai Investments –Mirai significa futuro en japonés–, cuyo plan es completar una cartera de hasta una quincena de empresas en 2026, invirtiendo 200 millones de euros. De momento ha entrado en 19 empresas, de las que se mantiene en 17. En diferentes sectores: Innometal, Naivan, Fervilor, Modelmetal, Afarvi –transformación metálica–, Técnicas Electrónicas Reunidas, Coycavi y Tectron –electrónica–, Isfa, Provesa Grupo Omega –agroindustria y salud animal– e incluso una inmobiliaria –Uztagroup– y un laboratorio de cosmética como Coper.

Sidenor facturó 938 millones de euros en 2023, un 12% menos que el ejercicio anterior, y ganó 23 millones, un 62% menos que en 2023, cuando sus beneficios alcanzaron los 62 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 1.840 empleados repartidos entre sus factorías de Basauri (Bizkaia), Azkoitia (Gipuzkoa), Vitoria y Legutiano (Araba), Reinosa (Cantabria) y Polinyá del Vallés (Barcelona). Desde el pasado abril, los trabajadores de Reinosa y Aizkoitia se encuentran en ERTE, que se prolongará hasta abril de 2025. Durante la pandemia, la siderúrgica tuvo que solicitar las líneas de crédito del ICO y en 2021 detuvo su producción durante 20 días para hacer frente a la subida del precio de la electricidad.

De ahí procede una de las pocas batallas públicas que ha librado José Antonio Jainaga hasta el momento. Como presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se enzarzó con Iberdrola por la escalada del precio de la luz ese otoño: mientras la siderúrgica advertía de que las elevadas tarifas eléctricas llevarían al cierre de las empresas electrointensivas en seis meses, la compañía de Ignacio Sánchez Galán le pedía que bajara el precio del acero para hacer competitivos los parques eólicos marinos.

Poco más ha dado que hablar Sidenor en su historia, que se remonta a 1990. Cierto que en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la multó, junto a Arcelor Mitall y AG Siderúrgica Balboa por formar un cártel en el mercado de compra de chatarra férrica: se intercambiaban información “comercialmente sensible” que restringió la competencia. A Sidenor le cayó una sanción de 10,55 millones de euros.

En efecto, el negocio de Sidenor hace la magia industrial de convertir la chatarra en aceros especiales, productos como forjados, barras o bobinas que luego se utilizan para fabricar engranajes, ejes, rodamientos… O aleaciones especiales destinadas a la industria aeroespacial. Cada año transforma 800.000 toneladas de chatarra en acero de primera calidad.

Primero lo hizo como empresa pública, surgida de la fusión de Forjas y Aceros de Reinosa y el grupo vasco Acenor. Fue en plena reconversión industrial en España, y bajo el paraguas del Instituto Nacional Industrial (INI), el predecesor de la actual SEPI, que agrupa a las empresas propiedad del Estado. Cuando los vientos de la política industrial pública cambiaron, Sidenor fue privatizada. En 1995 la compró el empresario vasco Sabino Arrieta. En sus manos estuvo hasta 2005, cuando éste la vendió a la multinacional brasileña Gerdau por 443 millones de euros. Le había costado 13 millones 10 años antes.

Los brasileños, apurados por una enorme deuda en un mercado local por entonces hundido, se deshicieron de la siderúrgica vasca con prisa: se la vendieron por 155 millones –un tercio del precio de compra— a José Antonio Jainaga, que llevaba en la empresa desde 1998, y su equipo directivo, agrupados en el hólding Clerbil SL.

Así pues, la de Sidenor es una historia de éxito. No sólo por la salud financiera de la empresa, sino también porque, gracias a ella, su presidente se ha convertido en uno de los hombres más ricos de España: según la clasificación que confecciona El Mundo cada año, es el número 153, con un patrimonio neto de 400 millones de euros, en una lista de 200 personas. Ingeniero industrial de Bilbao, tiene 70 años y antes de Sidenor fue ejecutivo en Sener y Michelin. Como a Sarrieta, que fue viceconsejero de Interior en el primer gobierno vasco de José Antonio Ardanza, se le adjudican buenas relaciones con el PNV. De hecho, el Ejecutivo de Imanol Pradales apoya la compra de Talgo, a la que puede contribuir a través de Finkatuz, el fondo público que ya ha invertido en la aeronáutica ITP Aero y en la ferroviaria CAF, competidora de Talgo.

Además, Sidenor lleva ya un tiempo vistiéndose de gala. En julio de 2023, anunció la entrada en su consejo asesor de Luis Atienza, exministro de Agricultura en el último Gobierno de Felipe González y antes consejero de Economía en el segundo Ejecutivo vasco de coalición del Partido Socialista de Euskadi que encabezó José Antonio Ardanza. También de José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la semipública Indra.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido explícito sobre su respaldo a la oferta de Sidenor. “El Gobierno va a estar ahí, apoyando y acompañando para que la operación llegue a buen puerto”. Según reveló Talgo en su comunicado a la CNMV, la única duda que queda por despejar es si la siderúrgica vasca comprará el 100% del fabricante ferroviario o adquirirá sólo una parte del capital. Según publica Cinco Días, Sidenor aspira a un mínimo del 29,9%. 

En Alemania hay una sensación de decadencia. El 11 de septiembre se derrumbó parte del puente Carola, que cruza el río Elba en el centro de Dresde, sin causar víctimas. El puente, construido en 1967, estaba siendo renovado desde 2019, y la parte que se derrumbó iba a ser renovada en breve.

Este suceso recuerda al más dramático derrumbe del puente Morandi en Génova en 2019, que puso de manifiesto el deplorable estado de las infraestructuras italianas. Como ha señalado parte de la prensa alemana, al menos 16.000 puentes del país necesitan una renovación. Y todos los alemanes son ahora conscientes del deplorable estado de la red ferroviaria. El sábado 7 de septiembre, un fallo de señalización bloqueó todo el tráfico alrededor de Frankfurt, uno de los principales nudos ferroviarios del país.

Alemania comienza a sufrir ahora una falta crónica de inversiones, que está pagando con un estancamiento económico en el que parece sumida. El 5 de septiembre, el instituto Ifo de Múnich, revisó a la baja sus previsiones de crecimiento, pronosticando un crecimiento cero para 2024, tras un retroceso del 0,3% en 2023. Desde 2019, el PIB alemán solo ha crecido en torno al 1% en términos reales.

El principal talón de Aquiles de Alemania es, por supuesto, su industria. La producción industrial no deja de deteriorarse. El 11 de septiembre, las cifras de julio mostraron un descenso intermensual del 2,4%. Según Destatis, la Oficina Federal de Estadística, la producción manufacturera (que excluye los sectores de la energía y la minería) está en su nivel más bajo desde marzo de 2006, excluidas las dos crisis internacionales de 2009 y 2020. Esto muestra la profundidad de la crisis, que ha golpeado con especial dureza a la principal industria del país, el sector del automóvil.

El índice de producción de esta industria cayó un 15% en un mes en julio y un 7,9% en un año. Se encuentra en su nivel más bajo desde agosto de 2022. Esta situación se debe a la falta de inversión. Los gigantes alemanes del automóvil han confiado durante mucho tiempo en su posición dominante en términos de calidad y gama. Para mantener ese liderazgo, todo lo que se necesitaba era una inversión menor y, por supuesto, un mercado ávido de coches alemanes.

Pero a partir de 2018, y más aún con la crisis sanitaria, esa estructura se ha ido desmoronando poco a poco. En primer lugar, por la aparición de los coches eléctricos (VE), un segmento en el que los fabricantes de automóviles alemanes habían invertido siempre poco porque suponía un replanteamiento general de sus instalaciones de producción. Como resultado, los alemanes se vieron rápidamente superados por el segmento de alta gama de los eléctricos, en particular Tesla, al tiempo que este sector ganaba cuota de mercado.

Cuando los fabricantes despertaron, ya era demasiado tarde, por dos razones. En primer lugar, el mercado ya estaba ocupado en gran medida por Tesla y los fabricantes chinos, que en ese momento estaban cosechando los dividendos del apoyo público al sector. En segundo lugar, el propio mercado del vehículo eléctrico se deterioró con el empeoramiento de la situación económica en Europa y China. En junio de 2024, según la Comisión Europea, las ventas de vehículos eléctricos cayeron un 5% interanual.

Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles alemanes vieron cómo se disparaban sus costes energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Mercados menos boyantes, inversiones ineficaces, degradación de la competitividad y aumento de los costes... El sector del automóvil ya no puede ocultar sus dificultades.

El Grupo Volkswagen (VW) ha anunciado su intención de poner fin a un acuerdo de 1994 que daba seguridad laboral a sus 300.000 empleados alemanes y garantizaba la existencia de fábricas en Alemania. En 2023, el grupo ya había anunciado un plan de ahorro para corregir el margen operativo al 6,5% de las ventas (frente al 2,3% del primer semestre de 2024). Pero esas medidas parecen insuficientes.

El director de recursos humanos, Gunnar Kilian, ha declarado que el grupo tiene que “reducir los costes en Alemania hasta un nivel competitivo”. Para él, “sobran dos fábricas” en el país, valoradas en 10.000 millones de euros. Sería la primera vez en la historia de Volkswagen, fundada en 1937 por el régimen nazi, que el grupo cierre una planta en Alemania.

Los trabajadores están que trinan. Sus representantes sindicales, que ocupan la mitad de los puestos del consejo de vigilancia del grupo, han anunciado que se opondrán a esta denuncia yendo a la huelga, pero también amenazando con volver a los acuerdos anteriores al convenio de 1994, que permitían aumentos masivos de los salarios reales.

Aquí es donde el caso VW revela la gravedad de la situación. En 1994, cuando la industria alemana ya tenía problemas de competitividad, VW abrió un nuevo camino al cambiar la seguridad en el empleo por la moderación salarial. Desde Wolfsburg, su sede principal, se lanzó la política alemana de los siguientes veinte años: presión sobre los salarios. En 2002, el Gobierno de Schröder generalizaría esta política mediante las reformas de la Agenda 2010.

Esa política permitió a la industria alemana el dominio frente a sus competidores europeos gracias a su entrada en el euro y a una relación calidad-precio apuntalada por la moderación salarial. En aquel momento, el crecimiento del mercado chino facilitó la búsqueda de salidas, pero ahora la situación es muy diferente.

En primer lugar, porque, como hemos visto, la situación del mercado es desfavorable. Se debilita la demanda y los competidores, ya sean fabricantes chinos o Tesla, ya están recortando costes al máximo. En segundo lugar, porque el problema es estructural, vinculado a la incapacidad de la industria alemana para adaptarse a los grandes cambios tecnológicos. Por último, porque la moderación salarial, que se aparcó durante un tiempo a mediados de la década de 2010, ha vuelto a ser una realidad en Alemania desde 2018-2019.

En el segundo trimestre de 2024, los salarios reales alemanes eran un 0,3% más altos que en el primer trimestre de 2019. Este estancamiento se refleja en la participación de los salarios en la facturación de la industria manufacturera. Según Destatis, era del 14,8% en 2005, del 14,3% en 2010 y del 16,6% en 2019. Pero en 2023 cayó al 14,7%, es decir, a un nivel inferior al de hace veinte años.

Esto significa que los salarios siguen siendo bajos. La contención salarial no es suficiente y hay que reducir la plantilla con la esperanza de mejorar la productividad y hacer que los salarios bajen aún más. De ahí la decisión de VW. Pero es una decisión desesperada. No hay ninguna garantía de que el cierre de plantas mejore la posición competitiva del grupo, sino todo lo contrario. El sector industrial alemán adolece de escasez de mano de obra cualificada, y los recortes de plantilla están destruyendo un valioso know-how justo en el momento en que China está construyendo ese mismo saber hacer.

La decisión de VW no sólo rompe el consenso de mediados de los noventa, sino que también demuestra la incapacidad de las empresas alemanas para encontrar soluciones a la crisis actual. La caída de los márgenes está provocando la reducción de costes, incluida la inversión, que agravarán los problemas. Según el Ifo, la inversión en construcción y maquinaria caerá un 3,5% y un 7,2% respectivamente en 2024.

Es en última instancia todo el tejido industrial alemán el que está amenazado. El bávaro BMW, considerado por algunos como el único fabricante alemán que ha realizado con éxito la transición a los vehículos eléctricos, lanzó el 9 de septiembre una advertencia sobre los beneficios, estimando que su margen de explotación sería del 6% este año, frente al 8% que había prometido anteriormente. También en este caso, la caída del volumen de ventas tiene un impacto importante, pero los beneficios de BMW también se verán afectados por la llamada a revisión de un sistema de frenado defectuoso suministrado por el fabricante de equipos Continental instalado en más de 1,2 millones de vehículos.

Esta llamada a revisión es el equivalente al derrumbe del puente Carola: es la prueba de que la excelencia de la ingeniería alemana está claramente en apuros. También en este caso parecen evidentes los efectos de una política de inversión mal calculada. Pero refleja un problema más profundo: toda la cadena industrial alemana se ha visto afectada, y eso está debilitando incluso a las pocas empresas que podrían sobrevivir.

La situación es, pues, crítica. Las infraestructuras públicas se deterioran, la fuerza industrial de Alemania se desmorona y los trabajadores pagan los platos rotos. En un momento en que la extrema derecha y el conservadurismo de izquierdas están logrando importantes avances electorales, los líderes políticos y económicos de Alemania parecen incapaces de abordar seriamente esta profunda crisis del modelo económico alemán. En todas partes parecen repetir las mismas recetas de siempre: moderación salarial, rigor presupuestario, apoyo a los grupos industriales en crisis.

Los socialdemócratas se conmovieron con el anuncio de Volkswagen, pero el Gobierno federal dirigido por uno de ellos, Olaf Scholz, no tiene ninguna alternativa que proponer. Además, apoya la propuesta de su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, de volver al “freno de la deuda”, el mecanismo constitucional que limita el déficit público. Mientras los puentes y los grupos automovilísticos se hunden, Alemania también se hunde porque no logra reinventarse.

El ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano Mario Draghi presentó el lunes a la Comisión Europea un informe sobre la economía europea. En él señala el retraso de la UE respecto a China y Estados Unidos y que está perdiendo competitividad. En su opinión, hay que dedicar 800.000 millones de euros anuales en inversiones de aquí a 2030, que podrían conseguirse unificando los mercados y aumentando la deuda común de la Unión.

Aunque este informe parece retomar viejas ideas de los años 2010, tiene el mérito de poner de relieve el problema de la falta de inversión en Europa. Pero Alemania, principal víctima de esta infrainversión, rechazó inmediatamente la idea de una deuda común. “Alemania no lo aceptará”, se limitó a recalcar el ministro de Finanzas Lindner, abogando en su lugar por eternas “reformas estructurales” y una nueva fase de consolidación presupuestaria. Visto desde Berlín, el debate sigue siendo el mismo que hace quince años.

Traducción de Miguel López

La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre del año, una décima más de lo esperado y también una décima por encima de lo que lo hizo en el cuarto trimestre de 2023, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recogido Europa Press.

Asimismo, la economía española aceleró cuatro décimas su avance interanual en el primer cuarto del año, hasta el 2,5%, situándose esta tasa también una décima por encima del dato avanzado a finales de abril por el organismo estadístico.

La demanda nacional aportó 2,3 puntos al crecimiento interanual del PIB, su contribución más alta desde el verano de 2022, mientras que la demanda externa aportó dos décimas. Por su parte, el crecimiento trimestral del PIB en un 0,8% se basó fundamentalmente en el sector exterior, que apuntó cinco de las ocho décimas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que el avance trimestral de la economía española en un 0,8% es el mayor incremento trimestral del PIB en casi dos años. En concreto, según la serie del INE, no se registraba un aumento trimestral tan abultado del PIB desde el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, el avance interanual del 2,5% registrado en el primer cuarto del año es el más pronunciado desde el primer trimestre de 2023, cuando creció a una tasa del 4%. "La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias, impulsando las inversiones productivas y reforzando la competitividad de nuestras empresas", ha resaltado Cuerpo.

Durante el primer trimestre del año, el consumo de los hogares creció un 0,4%, una décima más que en el trimestre previo, en tanto que el gasto público se contrajo un 0,6%, mostrando su primera tasa negativa trimestral desde el segundo trimestre de 2022. La inversión, por su parte, aumentó un 2,6% entre enero y marzo tras dos trimestres en negativo, hasta su mayor tasa desde el primer trimestre de 2023.

En concreto, la inversión en vivienda se incrementó un 2,8% trimestral, en contraste con las caídas de los dos trimestres previos, mientras que la inversión en maquinaria y bienes de equipo avanzó un 3,7%, frente al retroceso del 4,3% del cuarto trimestre de 2023.

Por su parte, las exportaciones aumentaron un 3,3% entre enero y marzo, cinco décimas más de lo que lo hicieron en el trimestre precedente, en tanto que las importaciones repuntaron un 2,2%, tasa dos décimas inferior a la del periodo octubre-diciembre de 2023.

El PIB a precios corrientes aumentó un 5,8% interanual, tasa 1,4 puntos inferior a la del último cuarto del año pasado. En tasa trimestral, se incrementó un 1,4%, situándose en 380.710 millones de euros, nuevo máximo en la serie histórica del INE.

El PIB acelera su crecimiento interanual al 2,5%

En tasa interanual, el PIB del primer trimestre creció un 2,5%, lo que supone cuatro décimas más que en el trimestre precedente y una décima más que lo avanzado por el INE a finales de abril. El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima, hasta el 2,5%, mientras que el gasto público aumentó un 3,4%, tasa siete décimas inferior a la del cuarto trimestre de 2023. La inversión, por su parte, avanzó un 1,8% interanual, tres décimas menos que en el trimestre previo.

Las exportaciones y las importaciones volvieron a tasas negativas tras descender un 0,2% y un 0,7%, respectivamente, en contraste con los avances del 1,1% y del 1,6% del trimestre precedente. El empleo de la economía, en términos de Contabilidad Nacional, aumentó un 3,4% interanual, cinco décimas menos que en el trimestre anterior. En términos trimestrales, bajó un 0,1% tras seis trimestres consecutivos de avances.

Por su parte, el número de horas efectivamente trabajadas disminuyó un 0,3% entre enero y marzo y aumentó un 1,3% interanual, un punto menos de lo que lo hizo en el último tramo de 2023. La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se contrajo un 0,8% interanual en el primer trimestre, encadenando así cuatro trimestres en negativo. Por su parte, la productividad por hora efectivamente trabajada aumentó un 1,2%, su mayor alza en un año.

La economía española creció un 0,7% en el primer trimestre del año, lo mismo que en el trimestre anterior, y aceleró tres décimas su avance interanual, hasta el 2,4%, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha recogido Europa Press.

La demanda nacional aportó 2,2 puntos al crecimiento interanual del PIB, mientras que la demanda externa contribuyó con dos décimas. Por su parte, el crecimiento trimestral del PIB en un 0,7% se basó fundamentalmente en el sector exterior, que apuntó cinco de las siete décimas.

Durante el primer trimestre del año, el consumo de los hogares creció un 0,3%, lo mismo que en el trimestre previo, en tanto que el gasto público se contrajo un 1%, mostrando su primera tasa negativa trimestral desde el segundo trimestre de 2022.

La inversión, por su parte, aumentó un 2,6% entre enero y marzo tras dos trimestres en negativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado estos datos de crecimiento "en un contexto geopolítico tan complejo". "Tenemos una situación en nuestro país, yo creo que correcta y razonable, con los problemas que tenemos de acceso a la vivienda, de desigualdad, de listas de espera en la sanidad, pero no se habla de eso" (en alusión al crecimiento del PIB), ha lamentado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de Cadena Ser, recogida por Europa Press.

"Hay empleo, estamos creciendo, estamos resolviendo los problemas que heredamos de la anterior administración y, en cambio, el fango está colonizando y monopolizando toda la conversación pública", ha criticado.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que el dato de avance del Producto Interior Bruto certifica el "fuerte dinamismo" de la economía española. "Este dato de crecimiento, junto con la positiva evolución del empleo en nuestro sector exterior, confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios, y todo ello aún en un entorno marcado por una elevada incertidumbre", ha celebrado el titular de Economía en un vídeo difundido por el Ministerio.

Cuerpo ha señalado que se trata, además, de un crecimiento equilibrado, con una aportación positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior. Ha puesto en valor el crecimiento de la inversión, especialmente en bienes de equipo y en vivienda, con un avance del 3,7% y del 3%, respectivamente, durante este último trimestre. También ha destacado la contribución del consumo de los hogares, que aumenta un 0,3% "impulsado por las ganancias de poder adquisitivo, ya que los salarios han crecido por encima de la inflación en este último año".

Asimismo, el ministro ha incidido en el tirón de las exportaciones, con un incremento del 2,4% trimestral, y ha enfatizado en que todas las ramas de actividad tuvieron un comportamiento positivo, destacando el crecimiento de la industria manufacturera, que se situó en un 2,2% este trimestre.

En definitiva, Cuerpo ha subrayado que la economía española mostró un fuerte dinamismo durante 2023, creciendo más de cinco veces por encima de la zona euro, y ha asegurado que mantiene ese pulso de crecimiento en el año 2024, con un incremento del 0,7% en este primer trimestre. "Esto nos sitúa en una posición óptima para seguir liderando el crecimiento económico entre las principales economías europeas en este 2024, tal y como prevén los principales organismos de previsión, tanto nacionales como internacionales", ha concluido.

Si preguntamos a Google por la palabra más buscada por los internautas durante el 2023, no sorprende que sea ChatGPT, a pesar de las incertidumbres políticas y guerras acontecidas. En este inicio de 2024, nadie duda que se trata de un año repleto de cambios por la presencia e impacto de las nuevas tecnologías, en diferentes ámbitos. ¿Por qué nos preocupa tanto ahora la inteligencia artificial y todos los desarrollos asociados? ¿Es una moda o ha venido para quedarse? Y, lo que es más importante: ¿me va a quitar el puesto de trabajo?

Alan Turing es considerado el padre de la inteligencia artificial, al ser el primero que se preguntó si las máquinas podían pensar –“Propose to consider the question, ‘Can machine think?’”–, ya en 1950. Sin embargo, la expresión “inteligencia artificial” se acuñó años después, en 1956, por John McCarthy, a propósito de una reunión científica en la que él y varios colegas debatieron acerca de los aspectos de la inteligencia humana que podrían simularse a través de algoritmos. Los algoritmos que utilizamos hoy en día, como base de los algoritmos de aprendizaje, se fundamentaron en aquella época. Entonces, ¿por qué ahora tiene tanto auge esta tecnología? La respuesta es sencilla: por la concurrencia de tres factores determinantes, como son la disposición masiva de datos, las herramientas tecnológicas para procesar de forma rápida y eficiente esos datos (el ya omnipresente “Big Data”) y sistemas computacionales capaces de soportarlos. Todo ello crea la conjunción perfecta para poder desarrollar sistemas que podríamos llamar ‘inteligentes’.

Qué duda cabe de que estos sistemas pueden ser de gran ayuda en nuestro día a día. Ya no suena tan lejano un futuro en el que tengamos robots en nuestras casas que sean capaces de plancharnos la ropa, limpiarnos la casa, hacernos la comida o cualesquiera otras tareas del hogar. En las fábricas, ya se utilizan robots para multitud de tareas rutinarias, como el montaje de elementos. Sin duda, desempeñarán más y más complejas tareas pronto. En la construcción ya existe un robot albañil, capaz de levantar muros y revocar paredes a una velocidad pasmosa. Y todo ello, sin fatigarse y con una capacidad de trabajo de 24 horas al día, durante 7 días a la semana. Todas estas cuestiones no se pueden abordar sin analizar, desde distintas perspectivas, el impacto que los desarrollos tecnológicos tendrán en el trabajo de las personas.

Nos encontramos a las puertas de la Cuarta Revolución Industrial, a escala mundial. Al igual que cuando se inventó la maquinaria agrícola movida por la fuerza del vapor, en la Primera Revolución Industrial, el mundo del campo se tuvo que adaptar a su manejo y aprovechamiento, los trabajadores en la actualidad tendrán que formarse y aprender a integrar el uso de las herramientas de inteligencia artificial en su concreto entorno de trabajo. El perfil laboral, sin duda, pasará a ser mucho más técnico, precisando conocimientos tecnológicos que permitan a empleados y empleadores beneficiarse de todas las oportunidades que se presentan con el desarrollo de la inteligencia artificial. 

Se va a modificar el perfil de trabajador que tenemos actualmente, independientemente del área afectada: la construcción, la medicina, la abogacía, el periodismo son sólo unos ejemplos. Todos los ámbitos laborales se van a ver influenciados por la nueva ola de herramientas tecnológicamente “inteligentes”, capaces de optimizar multitud de tareas automáticas o semiautomáticas que a día de hoy son realizadas por seres humanos. La introducción de estos desarrollos va a conllevar una reducción del número de puestos de trabajo, tal y como los concebimos hoy en día, pero un aumento en la aparición de puestos más cualificados a nivel tecnológico.

Se trata de una gran oportunidad para que España, de la mano de la Unión Europea, sea pionera en este cambio de paradigma. Aunque mucha gente lo desconozca, en nuestro país tenemos un nivel formativo excelente en este área para lograrlo. Lejos de asustarnos por los cambios que se aproximan, debemos aprovechar la ocasión y crear carreras académicas y profesionales que integren desde su base las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, para que podamos ofrecer al mercado laboral, tanto en el ámbito nacional como internacional, perfiles acordes a la demanda que se augura en un futuro nada lejano.

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Cristina Puente es doctora en Informática y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Por supuesto, no brillarán tanto como en 2022, pero en este entorno sombrío, en el que la actividad económica mundial afloja, tienen motivos de sobra para estar satisfechos con sus resultados. En el conjunto de 2023, las cinco mayores petroleras occidentales (Exxon, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies) obtuvieron unos beneficios de 113.300 millones de dólares (105.200 millones de euros). 

En comparación con los 180.500 millones de dólares registrados el año anterior, esa cifra palidece bastante, pero la crisis energética ha remitido. Los precios del petróleo, que se habían disparado a más de 120 dólares el barril, volvieron a caer a los 70-80 dólares a lo largo de 2023. Los precios del gas se han dividido por cuatro, tras las tensiones extremas de 2021-2022, amplificadas por la guerra de Ucrania. De un año para otro, todas ellas han visto caer sus beneficios entre un 40% y un 50%. 

TotalEnergies no es una excepción. Oficialmente, el grupo petrolero es el único que ve aumentar sus beneficios este año, de 19.000 a 21.400 millones de dólares entre 2022 y 2023. Sin embargo, los beneficios del año pasado se vieron muy mermados: eran más de 36.000 millones de dólares antes de que el grupo registrara una serie de provisiones y amortizaciones de activos, en particular tras el abandono de sus actividades en Rusia. 

Esta caída simultánea de los beneficios de las grandes petroleras respalda el argumento de quienes abogaban por un impuesto sobre los superbeneficios de las petroleras el año pasado: efectivamente, se beneficiaron de unas ganancias inesperadas ligadas a circunstancias extraordinarias que nada tenían que ver con sus resultados intrínsecos. Este año no tienen nada que temer en términos de fiscalidad suplementaria: ha quedado enterrada desde hace tiempo la cuestión de una tasa sobre los superbeneficio. 

Lejos de verse afectadas por estos recortes, las grandes petroleras lo ven como una señal de aliento, pues sus beneficios en 2023 han sido un 40% superiores a los de 2021. Para TotalEnergies, es el mejor resultado de su historia; para Exxon, el segundo mejor. 

Todas ellos ven en ello la confirmación de que los cambios de estrategia que han adoptado en los dos últimos años están bien fundamentados. Aunque estos cambios han pasado un tanto desapercibidos, se reflejan de la misma manera para todas: refuerzo de las actividades de petróleo y gas, abandono de los compromisos en la lucha contra el cambio climático, reducción de las inversiones muy avariciosas en capital e inmovilizado y aumento de los beneficios. En definitiva, todo lo que les piden sus accionistas. 

"Las grandes petroleras están demostrando que pueden cumplir sus promesas, incluso cuando los precios bajan", escribe todo ufano el columnista de energía de Bloomberg. Las grandes petroleras no podrían estar más animadas. 

Acostumbradas a dominar Wall Street, Exxon y Chevron lo están pasando mal al verse relegadas detrás de los gigantes digitales y de la alta tecnología. Para revalorizar sus acciones, recurren al arma preferida actualmente por los grandes grupos: la recompra de acciones. A sus rivales europeos no les ha costado nada seguir su ejemplo. Año tras año, las sumas destinadas a remunerar a los accionistas alcanzan nuevas cotas. 

Pero 2023 marca un récord histórico: las cinco grandes han pagado a sus accionistas más de 90.000 millones de dólares, de los cuales más de 60.000 millones en forma de recompra de acciones. Todas se han comprometido a hacerlo aún mejor este año. 

Esta política está resultando de lo más satisfactoria. Las grandes petroleras, que temían en 2018-2019 quedar excluidas de los mercados de capitales con la introducción de las normas medioambientales, sociales y de gobernanza que están adoptando las instituciones internacionales y financieras, ya no tienen nada que temer: atraídos por el maná del petróleo, los inversores están volviendo en masa. Incluso las finanzas verdes, que debían dar ejemplo en la lucha contra el cambio climático, han dado marcha atrás. Los gestores de esos fondos "verdes" están comprando en masa acciones petroleras porque ofrecen rendimientos imbatibles. 

Este apoyo explícito de los mercados financieros incita a los grupos petroleros a abandonar su retórica anterior: ya no es cuestión de ser campeones de las energías renovables, de contribuir por todos los medios posibles a la instauración de una economía baja en carbono y de renunciar al petróleo y al gas. 

BP, en vanguardia de la promoción de una estrategia baja en carbono, dio un espectacular giro de 180 grados en 2023. En el momento de la presentación de sus resultados, su presidente, Bernard Looney, anunció una revisión drástica de las ambiciones del grupo en ese ámbito. En lugar de una reducción del 40% de las emisiones de aquí a 2030, preveía una reducción de sólo el 25% para esa fecha, aplazando el objetivo inicial hasta 2050. 

El cambio de rumbo fue aún más brutal de lo esperado. Bernard Looney, que había sido criticado por sus mediocres resultados, se vio obligado a dimitir el pasado mes de septiembre por no haber revelado todas sus relaciones "personales" dentro de la empresa. Su sucesor, Murray Auchincloss, no fue confirmado hasta finales de enero. Mientras tanto, el grupo petrolero británico ha decidido subir la apuesta por el petróleo y el gas y olvidarse de varios proyectos de energías renovables. 

Esa medida es generalizada. Creyendo que las tarifas de recompra garantizadas por los gobiernos no son lo suficientemente altas para los proyectos de parques eólicos o de huertas solares, las grandes petroleras han abandonado varias licitaciones e incluso se han retirado de proyectos ya lanzados. Para ellas no es suficientemente rentable. 

En un intento por mejorar los resultados de Shell, su director ejecutivo, Wael Sawan, que lleva un año en el cargo, ha anunciado su intención de vender activos y reducir su inversión –que ya es bastante baja– en soluciones bajas en carbono. Tiene previsto suprimir cientos de puestos de trabajo en esas actividades. 

La dirección de Exxon, que nunca ha estado a favor de la transición energética, ya ni siquiera intenta ocultar sus posiciones. Salvo la captura de CO2 y el hidrógeno, últimos caprichos de los financieros, no tiene ningún proyecto importante en este ámbito. Como no se siente ya limitado por la retórica imperante, el grupo petrolero ha decidido incluso enseñar los dientes ante cualquier protesta ecologista: acaba de emprender acciones legales contra dos fondos activistas que cuestionaban su falta de política medioambiental, aunque éstos hayan retirado su petición. 

A estas alturas, sólo TotalEnergies sigue afirmando su voluntad de continuar con las energías renovables. La ambición del grupo sigue siendo alcanzar los 100 gigavatios (GW) de potencia instalada en generación eléctrica renovable de aquí a 2030. Aunque la petrolera francesa parece ir por libre en este tema, se encuentra sin embargo en perfecto acuerdo con sus competidores en lo esencial: el petróleo y el gas son más que nunca los fundamentos de su negocio, su "razón de ser". Ahí es donde unos y otros ganan todo su dinero. 

Los grupos se hunden en la más cortoplacista de las políticas: producir todo el petróleo posible, ganando todo el dinero posible, sin preocuparse del futuro. 

Las cinco grandes petroleras también han cambiado su enfoque del tema: estas actividades deben consumir mucho menos capital que antes y ser rentables más rápidamente. Estas nuevas exigencias les están llevando a reconsiderar sus compromisos, sanear sus carteras y vender activos de riesgo. 

En enero, Shell anunció la venta por 1.300 millones de dólares de sus actividades de extracción de petróleo en Nigeria, país en el que el grupo trabaja desde hace muchos años. Shell planea conservar únicamente sus actividades de exploración en alta mar, consideradas menos arriesgadas y menos contestadas por la población. Del mismo modo, Chevron dice estar dispuesta a vender los activos de Alberta (Canadá) que no sean suficientemente rentables. 

Para los grupos petroleros americanos, esta revisión de sus actividades petroleras se inscribe en lo que podría parecer un cierto aislacionismo. En efecto, 2023 marcó un gran cambio en la industria petrolera estadounidense: la fusión de las actividades petroleras tradicionales con las derivadas del petróleo y el gas de esquisto. 

Durante casi quince años, las grandes petroleras han mirado con cierta condescendencia el desarrollo de estas pequeñas unidades de petróleo y gas que funcionan por fracturación de la roca en todo Estados Unidos. La aceleración de esta producción –que ha permitido a Estados Unidos recuperar su posición de primer productor mundial de petróleo y garantizar la independencia energética del país, con la crisis energética como telón de fondo– ha convencido a las grandes petroleras de que ya no había que seguir ignorándola. 

En octubre, Exxon compró Pioneer Natural Resources, con sede en Texas, por 59.500 millones de dólares. Fue la primera gran OPA en el sector del petróleo de esquisto. La fusión de ambos grupos debería permitir la producción de dos millones de barriles diarios de petróleo de esquisto de aquí a 2027. Chevron, que aspira a producir cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo de esquisto en Texas, es el próximo candidato a comprar otros productores de petróleo de esquisto, según algunos operadores. 

Indiferentes al contexto internacional, los grupos petroleros americanos podrían producir más de 11 millones de barriles diarios este año, según las previsiones. Esta política de producción intensiva choca frontalmente con la de Arabia Saudí y la OPEP, que buscan mantener los precios altos recortando la producción en este momento de menor demanda. 

Mientras las grandes petroleras consigan generar copiosos márgenes incluso a precios medios, podrán seguir haciéndolo. Pero si su rentabilidad se deteriora, todo se paralizará. Porque lo que importa no es el clima ni la preservación del planeta, sino la satisfacción de los accionistas.

Traducción de Miguel López

Boeing ha caído. Y probablemente por mucho tiempo. Desde el accidente de un avión de Alaska Airlines el 5 de enero, que milagrosamente se saldó sin heridos graves, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha inmovilizado 171 aviones Boeing modelo 737 Max 9 a la espera de nuevas investigaciones. 

La reacción inicial del regulador aéreo hace pensar en una respuesta dura: "Este accidente nunca debería haber ocurrido, y no puede volver a suceder. Los métodos de producción de Boeing deben cumplir las estrictas normas de seguridad que se les exige legalmente." 

Ha desaparecido por completo la confianza del regulador. A partir de ahora tiene la intención de comprobar uno por uno todos los aviones producidos por Boeing, en lugar de delegar esta tarea en el fabricante como hasta ahora. Decidido a no dejar ya pasar nada, el 21 de enero el gobierno federal ha pedido a todas las compañías aéreas que realicen inspecciones en profundidad de otro modelo Boeing de medio recorrido, el 737-900 ER, para comprobar que las puertas del avión están bien aseguradas. 

Al día siguiente del accidente de Alaska Airlines, el director general de Boeing, David Calhoun, no tuvo más remedio que enmendarse: "Tenemos que admitir nuestros errores", declaró, al borde de las lágrimas, ante los empleados de una de las fábricas del grupo en Seattle. Prometió total transparencia sobre el seguimiento de la investigación y las respuestas que el grupo aeroespacial piensa dar, en particular en materia de calidad. En octubre, sin embargo, seguía felicitando al grupo por el aumento de la calidad y los procedimientos de control, que se estaban llevando a cabo "rigurosamente". 

Difíciles de disipar van a ser la preocupación y la confusión provocadas por las primeras revelaciones sobre el accidente de Alaska Airlines. Porque esta vez es imposible aducir condiciones meteorológicas especiales, un fallo de los complejos sistemas electrónicos o una formación inadecuada de los pilotos. En esta fase de la investigación, el accidente parece estar relacionado con la explosión de una puerta mal fijada. ¿Cómo puede explicarse semejante fallo en los procedimientos de control? 

En el mundo de la aeronáutica, donde la seguridad es una regla absoluta e indiscutible, a la incredulidad se añade la desconfianza: ¿qué le ha pasado a Boeing para olvidar los fundamentos mismos de su oficio? ¿Por qué las autoridades americanas han permitido que su campeón aeroespacial se desvíe tanto de su rumbo? 

Alaska Airlines, uno de los primeros clientes de Boeing, ya ha anunciado que enviará a sus propios inspectores a revisar todos sus aviones en las líneas de producción. Otros clientes han suspendido sus pedidos a la espera de más información. Las autoridades de las compañías aéreas de todo el mundo han iniciado controles de las flotas de Boeing. 

Hablando en nombre de muchos clientes, el director del principal grupo de leasing de aviones, Aengus Kelly, ha lanzado una advertencia que el grupo aeroespacial no puede permitirse ignorar: "Los resultados financieros deben pasar a un segundo plano para Boeing y sus proveedores [...] Boeing debe centrarse ahora totalmente en la seguridad y la calidad. Los resultados financieros son completamente secundarios para el futuro del grupo en este momento". 

Para todos los clientes del grupo de aviación, el accidente de Alaska Airlines es la gota que colma el vaso. 

Desde hace veinte años, Boeing parece estar perdiendo su know-how. El grupo acumula accidentes mortales o graves y reveses industriales. En 2018 se estrelló un 737 Max 8 de la aerolínea indonesia Lion Air , con 189 personas muertas. Cinco meses después, se estrelló otro 737 Max de Ethiopian Airlines con 157 personas a bordo. 

Boeing primero cuestionó la competencia de los pilotos y luego se vio obligada a admitir un importante fallo de diseño en su sistema de control de vuelo, MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), un sistema cuyos detalles clave finalmente admitió desconocer el jefe de ingeniería del grupo. El organismo regulador de la aviación americana prohibió volar al 737 Max durante casi dieciocho meses. 

Pero antes de eso, también hubo contratiempos con el 787 Dreamliner, que se suponía iba a revolucionar la aviación moderna: nadie en el grupo había imaginado que sus baterías pudieran incendiarse en vuelo, o que aparecieran grietas en el fuselaje, fabricado por primera vez con fibra de carbono. 

Lo que hubo sobre todo fueron defectos iniciales de producción. Años después, la industria sigue asombrada por las decepciones que se llevó Boeing cuando empezó a ensamblar los primeros aviones: las distintas partes y piezas de la aeronave, fabricadas en los cuatro puntos cardinales por razones de economía y "buena gestión", no encajaban. 

El Grupo tuvo que empezar de cero, revisar toda su cadena de subcontratación y simplificarla. El Dreamliner, concebido para una nueva generación de aviones construidos con procesos racionalizados y más económicos, se lanzó con más de cuatro años de retraso y un coste de casi 30.000 millones de dólares. 

"Se habla mucho de los problemas de Boeing en la aviación civil, pero está experimentando las mismas dificultades en su rama espacial y militar. Los aviones cisterna que Boeing está construyendo acumulan retrasos y sobrecostes presupuestarios monumentales. En cuanto a los cazas, ya no ganan ninguna licitación frente a Lockheed Martin", afirma un experto del sector. 

Un embarazoso silencio se cierne sobre el gigante aeroespacial americano. Gobierno, administraciones federales, financieros y políticos evitan cuidadosamente el tema Boeing. Como si fuera urgente no insistir en el problema para hacer olvidar el crash industrial de este campeón nacional. 

Los problemas de Boeing no son sólo los de un gigante industrial, son la demostración emblemática de un neoliberalismo que ha destruido metódicamente todos los fundamentos industriales, los conocimientos técnicos y el sentido mismo de la producción, en nombre del valor para el accionista.

Boeing está pagando ahora un alto precio. 

"El caso de Boeing es esperpéntico. El ansia de optimización financiera ha llevado al grupo a adoptar una visión cortoplacista en todos los ámbitos, a perseguir los costes por todas partes en la producción y el diseño", analiza este experto del sector. Para él, el problema de Boeing se resume en una frase: "la pérdida de una cultura técnica a todos los niveles", desde los estudios de diseño hasta las cadenas de montaje. 

"Es el resultado de una política de treinta años que consideraba a los ingenieros demasiado caros. Esa es la escuela de Jack Welch [ex CEO de General Electric, GE]. Hoy se puede ver lo que queda de su grupo", prosigue un ex alto directivo de Airbus. 

La referencia a Jack Welch no es casual. Considerado un gurú por el mundo de los negocios y por Wall Street, el ex jefe de GE es desde los años 80 portavoz de las teorías neoliberales y de su "revolución gerencial", haciendo del valor para el accionista una virtud cardinal. Como gran proveedor de Boeing, cuyos aviones llevan motores GE, Jack Welch ejerció una influencia decisiva en la gestión del grupo aeroespacial. 

Los observadores –y ahora los historiadores– coinciden en señalar el momento en que todo cambió en Boeing: la adquisición de McDonnell Douglas por Boeing en 1997 marcó el punto de inflexión del grupo aeroespacial. La adquisición de este competidor en la aviación civil y militar fue una operación de gran envergadura, sobre todo porque McDonnell Douglas no pasaba por su mejor momento. Pero, por recomendación de Jack Welch, el presidente de McDonnell Douglas, Harry Stonecipher, fue elegido para dirigir la nueva entidad. Más tarde éste se jactaría de haber "comprado Boeing con el dinero de Boeing". 

Harry Stonecipher, íntimo del CEO de GE, nada más llegar a la sede de Seattle puso rápidamente en práctica los principales preceptos de Jack Welch: valor para el accionista y también valor para los directivos. En los años 90, el jefe de GE fue el primero en ganar unos diez millones de dólares al año, por no hablar de las stock-options que popularizó en el mundo empresarial y financiero, los dividendos astronómicos y las recompras de acciones. 

Todo ello combinado con deslocalizaciones, ruptura de cadenas de suministro y producción y búsqueda de ahorros a todos los niveles. Lo que el diario americano Seattle Times calificó de "revolución cultural". 

En una investigación en profundidad publicada en 2019 por The New Republic, la periodista Maureen Tkacik describe así el proceso: "La transformación cultural de Stonecipher se centró en denigrar y marginar a los ingenieros como clase y a los aviones como negocio." 

Para el nuevo CEO, los ingenieros son personal que cuesta demasiado, que inventa modelos demasiado complejos, es decir, que sólo sirven para complicar el buen funcionamiento de la empresa. En cuanto a los aviones, ya no se trata de considerarlos como productos industriales innovadores, sino como simples mercancías, gran parte de cuya producción puede realizarla casi cualquiera: las cadenas de montaje de aviones deben parecerse cada vez más, en su opinión, a las de la industria automovilística. 

Era la época en que Boeing empezó a ver desfilar por sus pasillos ejércitos de consultores, auditores y burócratas de todo tipo que explicaban a ingenieros, oficinas de diseño y obreros cualificados, todos ellos considerados caros e inútiles, cómo fabricar aviones. Naturalmente, haciendo más con menos. 

Boeing inició entonces el gran baile de la reorganización, deslocalizando parte de sus cadenas de suministro a países de bajo coste, y escindiéndose de algunas de sus actividades, en particular sus aeroestructuras (fuselajes, alas), agrupadas en Spirit AeroSystems. Esta firma, vendida por Boeing a un fondo de inversión en 2005, cotizó posteriormente en bolsa y siguió el mismo camino que su antigua matriz: todo para el accionista. Hoy, esta empresa está directamente implicada en el accidente de Alaska Airlines. 

Se emitieron numerosas advertencias a todos los niveles del grupo y todas en el mismo sentido: Boeing iba camino del desastre. No se hizo caso a ninguna de ellas. Para los directivos y asesores del grupo, no eran más que una manifestación de la "resistencia al cambio", de la "dificultad para abandonar los hábitos del pasado" y de la negativa a "salir de la zona de confort". 

Boeing continua pues con su revolución directiva. Tras la marcha de Stonecipher en 2005, Jim McNerney, también ex directivo de GE, le sucedió hasta 2015, cuando le sustituyó Denis Muilenburg, apartado tras los dos accidentes del 737 MAX en 2018 y 2019. David Calhoun, otro ex de GE, tomó el relevo y hoy sigue en el puesto, con la misma estrategia adoptada hace treinta años: la prioridad se centra en un único objetivo, los resultados financieros del Grupo. 

Como resultado, "ya no hay ningún ingeniero ni nadie que sepa algo de aeronáutica en el Consejo de Administración. Pero tampoco hay ni un ingeniero en el Comex [comité ejecutivo]", señala el experto del sector. 

La construcción de aviones o el lanzamiento de un nuevo modelo se están convirtiendo en algo secundario, incluso contraproducente para Boeing, que se centra en sus resultados. La prioridad es hacer más con menos. Pero la competencia de Airbus y el auge del A320, subestimado durante mucho tiempo, obligan a Boeing a reaccionar. 

"Boeing sabía que necesitaba un nuevo modelo de media distancia para competir con el A320. Pero el consejo de administración no quería. Pensaban que era demasiado caro. Al final, se llegó a un compromiso: habría un nuevo avión, pero costaría un 50% menos que el Dreamliner. Así que Boeing volvió al 737", dice este ex ejecutivo de Airbus. 

"Volver al 737 fue un error. Los ingenieros de Boeing lo dijeron, pero no les hicieron caso. Era un avión que tenía más de cuarenta años y ya había pasado por tres versiones sucesivas. Estábamos al final de su desarrollo. Teníamos que hacer un avión nuevo", añade otro experto. Desde que se diseñó el 737 había cambiado todo: materiales, tecnologías, motores, electrónica. Pero la dirección de Boeing decidió hacer lo mínimo y fomentó el bricolaje a todos los niveles.

"Cuando se cambia en aeronáutica, nada es igual. Hay que remodelarlo todo. Boeing decidió que no necesitaba hacerlo", prosigue este ex empleado de Airbus. Se refiere directamente a los errores del grupo americano en materia de motores. 

En resumen, Boeing decidió equipar el nuevo 737 con motores GE más grandes y potentes. Pero eso implicaba desplazar los motores hacia delante, bajo las alas, lo que modificaba el centro de gravedad del avión. Como Boeing no quería rediseñar el avión, ideó un sistema de control electrónico, también modificado a partir de un modelo antiguo, para corregir automáticamente la base del avión. 

En aquel momento, el grupo aeronáutico no veía más que ventajas en esta solución: ahorraría dinero y también tranquilizaría a las compañías aéreas clientes. Como el 737 Max es casi idéntico a su predecesor, no tendrán que volver a formar a sus pilotos. Boeing no les informará, ni a ellos ni al regulador, de la instalación de un nuevo sistema electrónico de a bordo, y ni siquiera les proporcionará las instrucciones para desconectarlo y permitir que los pilotos retomen el control. 

Esa cadena de errores, fallos y averías fue la causa de los dos accidentes mortales del 737 Max. Una vez más, los ingenieros de Boeing se apresuraron a hacer sonar la alarma sobre los riesgos y peligros de esas decisiones, pero en vano. 

Los sindicatos siempre han sido la pesadilla del mundo empresarial americano y Boeing ha hecho todo lo posible por reducir su influencia. Creyendo que el personal que trabajaba en Seattle era demasiado codicioso y reivindicativo, la dirección decidió a mediados de los años 2000 trasladarse a otros Estados más acogedores, Estados sin sindicatos. Se decidieron por Carolina del Sur. 

En 2011, el grupo aeroespacial inauguró su nueva fábrica en Charleston, para ensamblar el 787 Dreamliner. Una cadena de montaje con una plantilla mínima de ingenieros, inspectores de control de calidad y, sobre todo, sin sindicalistas. 

Pero Carolina del Sur no tiene raíces en la industria aeroespacial. Los empleados contratados allí no tienen conocimientos técnicos ni del sector. En las cadenas de producción ya no existe esa cultura, esas actitudes, esa memoria colectiva e individual, partes esenciales de la seguridad y la calidad en la construcción aeronáutica. "Tres meses antes todavía trabajaban como vendedores de hamburguesas", ironizaba maliciosamente la web Naked Capitalism. 

Las aerolíneas clientes de Boeing no tardaron en caer en el desencanto: había demasiados desperfectos e incidentes en los aviones construidos en Charleston. Algunas aerolíneas incluso rechazaron las entregas procedentes de esa planta, alegando que había demasiados problemas. Los informes destacan que los procesos de fabricación de Boeing no son "ni rigurosos ni estables". 

Presionada por todas partes, la dirección del grupo cree encontrar una respuesta en la tecnología. Automatiza todo lo que puede las cadenas de montaje, en particular para la fabricación de fuselajes. Una vez más, esta elección no parece tener más que ventajas: garantiza una calidad más elevada y constante y permite aumentar los ritmos de producción. Como consecuencia, es posible reducir el número de puestos de ingeniería encargados del control de calidad. 

Y nada parece hacer tambalear esta convicción. "En los cinco meses transcurridos entre el accidente mortal del 737 Max de Lion Air y el de Ethiopian Airlines, Boeing anunció que estaba dispuesta a suprimir 450 puestos de inspectores de calidad en 2019 y otros 450 en 2020, por considerar que sus herramientas tecnológicas realizan con éxito esos controles, creando ‘procedimientos seguros’ que sólo requieren comprobaciones ocasionales e improvisadas", informa la web Naked Capitalism. Todo ello con el beneplácito de las autoridades federales de supervisión, que una vez más encuentran poco que decir sobre la conducta del grupo aeroespacial. 

“La pandemia no ayudó en nada", afirma este ex ejecutivo de Airbus. “Todo el sector aeronáutico estaba paralizado en aquel momento. Para ahorrar dinero, Boeing procedió a despidos masivos, sobre todo de ingenieros y trabajadores cualificados y especializados, los que eran caros pero tenían los conocimientos técnicos".  

Cuando el negocio aeroespacial se recuperó, Boeing volvió a contratar. Pero, en contra de sus expectativas, los trabajadores más veteranos no volvieron, al menos no en número suficiente. Otros ocuparon su lugar, con poca o ninguna formación. Desapareció gran parte de los conocimientos y competencias colectivas, hasta el punto de que ya nadie veía sentido en comprobar los cierres de las puertas de los aviones. Ni siquiera los robots. 

Esta revolución gerencial tuvo sus consecuencias, al menos para los accionistas. A partir de los años 2000, la cotización de las acciones del grupo aeroespacial inicia un ascenso que parece no tener fin. Aprovechando su posición de oligopolio, Boeing afirma ir viento en popa. "El grupo ha recuperado su posición de líder mundial en aeronáutica civil con sólidas mejoras en los procesos de producción y fabricación, ha mantenido una fuerte posición en el mercado de la defensa a pesar de la ralentización del gasto militar americano y ha recuperado su posición histórica en vuelos espaciales tripulados tras ganar nuevos programas y desarrollar sus capacidades de ingeniería y producción dentro y fuera de Estados Unidos", presumen en el grupo. 

De 45.600 millones de dólares en 1997, sus ventas llegaron a superar los 100.000 millones de dólares en 2018. Su beneficio neto, que apenas era de 1.800 millones de dólares en 1996 (tuvo pérdidas de 6oo millones en 1997), alcanzó más de 10.000 millones de dólares en 2018, de los que los accionistas se llevaron la mayor parte en forma de dividendos. 

¿Qué más se puede pedir? Recompra de acciones, por supuesto. Como todos los grupos de Wall Street, desde 2013 Boeing lanzó planes masivos de recompra de sus propias acciones, con el fin de acabar con ellas y reforzar su cotización. En seis años, el grupo gastará 43.000 millones de dólares en esos programas, llegando incluso a gastar más que sus resultados, como hizo en 2017. Se tomarán 43.000 millones  directamente de sus recursos financieros y activos líquidos y otros 43.000 millones no se invertirán en seguridad, calidad o nuevos programas. 

Justo después del accidente del 737 Max en Indonesia, el entonces presidente, Dennis Muilenburg, con la aprobación general del Consejo de Administración, anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 20.000 millones para los siguientes años. Ninguno de ellos imaginaba que el accidente del 737 Max fuera a tener la menor repercusión en el futuro del Grupo: todo es luz verde, decía Boeing. 

Incluso antes de la pandemia, el segundo accidente del 737 Max y los sucesivos descubrimientos de los errores de Boeing, desde el momento en que "la cultura del grupo empezó a pudrirse", en palabras de Bloomberg, provocaron el estancamiento del campeón aeronáutico. Desde 2019, no ha dejado de registrar pérdidas. 

Es probable que la pérdida de confianza de las aerolíneas tras el último accidente de Alaska Airlines debilite a Boeing durante mucho tiempo. Según las últimas estadísticas disponibles, incluso antes del accidente, Airbus acaparaba el 70% de los nuevos pedidos de aviones civiles, frente a solo el 30% de su rival americano. 

Boeing ha caído, pero no está condenado. Pertenece a esa categoría de grupos "demasiado grandes para quebrar". A pesar de todos sus fallos pasados, sigue disponiendo de equipos y recursos que pocos grupos pueden igualar. Apoyada por el Pentágono, la NASA y otras agencias federales que han consentido, cuando no alentado, todas las derivas del grupo, Boeing sigue siendo una parte esencial e insustituible del complejo militar-industrial americano. Y sea cual sea el gobierno de Washington, no permitirá que se destruya un campeón industrial tan importante. Se hará todo lo posible para protegerlo y ayudarlo a reconstruirse. 

"Eso llevará tiempo. Harán falta al menos diez o quince años para reconstruir una cultura industrial y técnica que se ha perdido", señala el ex directivo de Airbus. Quizás sea también el tiempo necesario para desintoxicarse de todas las dañinas teorías que han invadido las empresas en los últimos treinta años y que, como en Boeing, no dejan más que ruinas y destrucción a su paso.

Traducción de Miguel López

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente su rechazo" a la decisión comunicada ayer sobre el traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, desde el Ejecutivo están pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta "errónea decisión".

"Se trata de una empresa que debe todo a España", remarcan desde el Departamento que dirige Nadia Calviño. Por ello, creen que "no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país".

Para Economía, es "paradójico" que se anuncie esta posible decisión en un momento "de importante atracción de inversión extranjera y confianza" de los inversores y empresas en España, y con un proceso de inversión pública y modernización "sin precedentes" en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

El Gobierno también ha reclamado a Ferrovial que aclare su continuidad y su compromiso con España tras el reciente anuncio de trasladar su domicilio social a Países Bajos.

"Es muy importante que Ferrovial aclare esa continuidad. Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El titular de Agricultura ha destacado que Ferrovial es un "gran grupo económico" del que el Ejecutivo se "siente orgulloso". "No solo no tiene un negocio en el país, donde tiene inversiones y trabajadores, sino también fuera de España", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que otras empresas decidan seguir los pasos de Ferrovial, Planas ha reiterado que la multinacional "debe explicar el por qué de esta operativa".

"No quiero entrar en temas cuyo detalle no conozco, pero hay aspectos que clarificar de esa decisión. Espero y deseo que eso no suponga nada en su compromiso con España y la sociedad y de la actividad en el país. Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor", ha señalado.

 El consejo de administración de Ferrovial propuso ayer una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Además, el grupo informó que pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos.

En cualquier caso, Ferrovial señaló que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España, país que permanecerá como principal fuente de desarrollo de talento.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado también la decisión de que Ferrovial y que diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país.

"Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha subrayado Díaz en declaraciones a los medios en el evento 'Generación de Oportunidades en Femenino: Estrategias de diversidad para cerrar la brecha de género', organizado por Europa Press y la consultora McKinsey & Company.

Díaz ha informado de que se estudiará cuál será la formulación jurídica que utilice Ferrovial para trasladar su sede fiscal a otro país y confía en que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital "adopte las medidas que sean menester para que esto no se produzca".

Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el dumping fiscal ni los paraísos fiscales. Díaz también ha cuestionado la ejemplaridad de Ferrovial en un momento como el actual y ha recalcado que cambiar la sede fiscal en una coyuntura de crisis "no es ser españoles".

"Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país (...). Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles hoy están atónitos con esta noticia. En los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

Cargos de Unidas Podemos han criticado la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos, a cuyos directivos acusan de ser "antipatriotas" y de tratar de "evadir impuestos" como el reciente tributo de solidaridad de grandes fortunas.

A través de Twitter la coportavoz de la formación morada y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha recriminado que el caso de Ferrovial ilustra que "este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos". "Son la antiEspaña", ha lanzado en las redes.

Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha ido más allá y ha deslizado que Ferrovial es una empresa "manchada por la corrupción", fue "favorecida por el franquismo", con beneficios "récord" en 2022 y cuyo presidente es "el tercer hombre más rico de España". "Ahora se va a los Países Bajos para pagar menos impuestos. Su patria es el dinero", ha recriminado Asens.

Mientras, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que Ferrovial deja de ser una empresa española para convertirse en una sociedad holandesa, algo que evidencia una "ingeniería fiscal para no tributar en España por la actividad desarrollada en otros países".

Mientras los bombardeos rusos castigaban ciudades de Ucrania y las fuerzas armadas de Putin ocupaban gran parte del territorio vecino, la filial rusa del gigante cervecero Heineken se embarcó en una ofensiva de marketing a gran escala.

En 2022, según su propio comunicado, la multinacional holandesa introdujo nada menos que 61 nuevos productos en Rusia, "en un tiempo récord", lo que representa 720.000 hectolitros adicionales de ventas. "Lo hemos logrado gracias a un excelente trabajo en equipo y a la convicción de que todo es posible".

Según Heineken Rusia, "2022 fue un año lleno de acontecimientos para todos los actores del mercado, pero al mismo tiempo ofreció muchas oportunidades y abrió nuevos caminos para el desarrollo y el crecimiento del negocio": "Estamos orgullosos de anunciar que hemos logrado récords en varios segmentos."

De este modo, Heineken ha roto su anterior compromiso de dejar de invertir en Rusia. El desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos suele ser un proceso costoso. Contactada por Mediapart, Heineken no quiso revelar el importe total de las nuevas inversiones. 

En una nota de prensa publicada a finales de marzo de 2022, Heineken anunciaba que abandonaba Rusia. Poseer una filial rusa ya no era "sostenible ni viable". Ese anuncio se produjo un mes y pico después de la invasión de Ucrania y tres días después de la revelación de Mediapart y la web holandesa de investigación Follow the Money de que el impacto de esas medidas era limitado.

La semana pasada, el director general de Heineken, Dolf van den Brink, anunció que la venta era más complicada de lo esperado debido a "cambios en la legislación local". A la pregunta de qué legislación y qué cambios, Heineken no respondió. Van den Brink también quiere evitar que la empresa caiga en las manos equivocadas.

En marzo de 2022, la multinacional con sede en Ámsterdam detuvo la producción de su cerveza en Rusia, pero gracias al fuerte crecimiento de Amstel (también una marca de Heineken), la compañía ha logrado en gran medida llenar el vacío ella sola. Heineken ha introducido tres nuevas submarcas en el mercado ruso: Amstel Fresh, Amstel Extra y Amstel Natur Wild Berries. ¡"Hemos conseguido que la marca crezca el doble de rápido que el año pasado, lo que se ha traducido en una cuota de mercado del 2% en octubre! Esto significa que Amstel alcanzó las mismas cifras de ventas que Heineken el año pasado", informa la web de Heineken Rusia.

La empresa también está satisfecha con el lanzamiento de su nueva marca Black Sheep, una cerveza negra desarrollada para reemplazar a la Guinness. Antes de la invasión, la marca irlandesa, propiedad de la británica Diageo, que la retiró, se producía bajo licencia en las fábricas de Heineken en Rusia. "Black Sheep merece una página especial en nuestra historia. En sólo unos meses, la fábrica de Heineken y el departamento de producción de la sede central crearon un producto único que reemplazó fácilmente a esa marca (Guinness), de 263 años de antigüedad. Gracias a los compañeros de marketing y ventas, la bebida está disponible en 900 puntos de venta sólo unos meses después de su introducción. Un resultado excepcional del que podemos estar orgullosos.”

Heineken también ve oportunidades en los refrescos, como se indica en su web: "Tras la desaparición de los productos Coca-Cola y Pepsi, decidimos entrar en otoño en el mercado de los refrescos y lanzamos varias gamas al mismo tiempo: Royal Cola, Tony Lemony, Botanic Secret (una tónica) y la nueva Solar Power (energética)".

Para 2023, la empresa ha anunciado aún más inversiones, como envases más modernos y nuevos sabores.

Heineken, que a menudo utiliza el eslogan Brew a better world (elabora un mundo mejor), siguió pagando impuestos a las autoridades rusas en 2022; el grupo no quiso mencionar en qué cantidad. En 2019, la cervecera pagó casi 400 millones de euros al fisco ruso. La empresa contrató a 243 nuevos empleados el año pasado; se desconoce el número de bajas.

El año pasado, el CEO van den Brink anunció que ya no deseaba beneficiarse de las ventajas financieras de Rusia y que la filial se separaría financieramente de la empresa matriz. No está claro cómo se llevará a cabo esa separación ni quién se beneficiará de sus ingresos en tiempos de guerra. Una vez más, Heineken no respondió a las preguntas sobre este tema.

"Por un lado, lo entiendo. Si quieres vender la empresa, maximizas la cuota de mercado a corto plazo para aumentar su valor", dice un ejecutivo de Heineken. “Si lo hacen bien, les ayudaría a encontrar un comprador más rápidamente. Pero, por otro lado, es una hipocresía después de todo lo que anunciamos el año pasado. Heineken se aprovecha cínicamente de la salida de Rusia de grandes marcas internacionales. Las marcas Budweiser y Carlsberg eran mucho más importantes allí que Heineken. Heineken está llenando este vacío invirtiendo fuertemente en sus propias cervezas locales e internacionales. Lo mismo ocurre con los refrescos. Los lanzamientos de productos, las campañas publicitarias y los planes de crecimiento agresivos requieren fuertes inversiones. Eso está en total contradicción con la historia oficial de la venta de nuestra filial rusa.”

Este ejecutivo espera que el comprador ruso tenga que pagar un cánon por el uso de las marcas internacionales de Heineken, como Amstel, Affligem y Krušovice, como se hace en otros lugares. La introducción de nuevas submarcas de Amstel parece indicar que Heineken quiere maximizar sus ingresos. "Si Heineken actúa con inteligencia, podría ganar incluso más que antes de la invasión. Rusia es un mercado donde los márgenes de beneficio son bajos, mientras que los ingresos por royalties son altos".

Y añade: "Internamente, estamos intentando aumentar la presión sobre la dirección". En una reciente reunión pública en línea, en la que van den Brink respondió a las preguntas de los empleados, uno de los temas tratados fue la situación en Rusia. "Como empleado, realmente quiero que Heineken salga de allí lo antes posible. Cada mes que permanecemos activos, nuestros impuestos contribuyen a alimentar la maquinaria bélica de Putin". Dolf van den Brink habla mucho de valores y de la importancia de ser un buen ciudadano corporativo. Ya es hora de que dé ejemplo.”

Este ejecutivo califica de vergonzoso que Heineken se jacte tan abiertamente del éxito en Rusia y ve el empuje de Amstel como una prueba de que Heineken sólo ha retirado su propia marca del mercado por miedo a un daño reputacional. "Aparentemente, las relaciones públicas son más importantes para la dirección que hacer lo correcto".

Este artículo se publicó el martes 21 de febrero de 2022 en neerlandés en la web de investigación Follow the Money.

Mediapart preguntó a Heineken por qué la empresa rompió su compromiso de no invertir en Rusia y si un futuro comprador tendría que pagar royalties a Heineken por el uso de marcas internacionales. También preguntamos por los resultados en Rusia para el año 2022, pero Heineken no quiso responder.

La empresa envió el siguiente comunicado: "Seguimos conmocionados y entristecidos por lo que está sucediendo en Ucrania. En marzo de 2022, nos convertimos en la primera cervecera mundial en tomar la decisión de abandonar Rusia y dejar de vender la marca Heineken allí. Para minimizar el riesgo de nacionalización y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, creemos que es esencial que sigamos operando a un nivel reducido durante este período de transición mientras intentamos transferir nuestra empresa a un nuevo propietario en pleno cumplimiento de las normas internacionales y las leyes locales. Estamos avanzando en este sentido, aunque nos enfrentamos a normativas que cambian con regularidad. No nos beneficiaremos de ninguna venta o transferencia de propiedad y hemos separado nuestras operaciones en Rusia del resto de nuestra empresa para detener el flujo 

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, lo mismo que el segundo, por lo que en lo que va de año y hasta octubre ha medrado un 1,9%: por primera ven en los últimos tres años de recuperación el PIB nacional se ha quedado por debajo del 2%. La Contabilidad Nacional confirma así un trimestre más la ralentización económica, una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado –una décima a la baja– los datos avanzados en octubre.

Ese crecimiento sigue apoyándose en la demanda nacional, que ha contribuido en 1,8 puntos –seis décimas más que en el trimestre anterior–, mientras que la demanda externa ha perdido siete décimas y aporta sólo 0,1 puntos a la mejora el PIB entre julio y septiembre.

Así, el gasto de los hogares experimentó durante el verano un alza del 1,4% en comparación con el mismo trimestre de 2018, tras crecer seis décimas respecto a junio. El mayor consumo viene dado por el mayor aumento de las remuneraciones por puesto de trabajo asalariado equivalente desde el tercer trimestre de 2010: un 2,2%, el mismo porcentaje que en el segundo trimestre. En el primero, la remuneración por asalariado creció un 1,8%. En comparación, el año pasado el alza no superó el 1,3% en ningún trimestre. También han subido, por tanto, los costes laborales unitarios, un 2,1%, aunque menos de lo que lo hicieron en el primer –2,4%– y segundo trimestres –2,7%–.

Como resultado del aumento del gasto, los hogares han reducido al tiempo su tasa de ahorro, 1,4 puntos respecto al segundo trimestre, con lo que se queda en un 6,4%. Es decir, por encima de los mínimos de la crisis, cuando no superaba el 4,3%, pero aún lejos del 12,1% anterior a la recesión.

Entre julio y septiembre también subió el gasto de las administraciones públicas, un 2,2%. Y el de las sociedades no financieras, el de las empresas, aumentó un 2,7%, la mayor alza interanual de todo el año.

Mejoran la inversión y los beneficios

La inversión también mejora, un 2,8% respecto al tercer trimestre de 2018 y 1,3 puntos por encima del segundo trimestre de este ejercicio. Mientras la inversión en vivienda y construcción cae del 2,1% al 0,9%, la destinada a maquinaria y bienes de equipo aumenta del -1,8% al 3,9%, ambas en comparación con el año pasado. En cualquier caso, la variación se encuentra lejos de los avances de 2018, cuando la inversión creció hasta un 8,4% en el segundo trimestre o un 6,1% en el tercero.

Las empresas han mejorado igualmente sus márgenes. El excedente de explotación bruto ha crecido un 2,8% respecto al tercer trimestre de 2018, una décima menos que en el segundo, con lo que se recupera pero aún no alcanza las cifras del primer trimestre de 2018, cuando mejoró un 4,3%.

En lo que se refiere a la demanda exterior, aunque las exportaciones se han elevado un 3% en tasa interanual –y nueve décimas respecto al segundo trimestre–, las importaciones se han disparado hasta el 3,1%, 3,3 puntos más que entre abril y junio. De hecho las importaciones llevaban cayendo tres trimestres consecutivos.

Por sectores, la industria ha aumentado su valor añadido bruto un 1,2% respecto al tercer trimestre de 2018, lo que supone recuperar un cierto tono tras haber encadenado cuatro trimestres en negativo y sólo un alivio de apenas seis décimas entre abril y junio de este año. La construcción, aunque crece un 2,4% en tasa interanual, está lejos de las alzas en el entorno del 6% de los dos últimos dos años. Los servicios, por el contrario, han reducido su crecimiento en cinco décimas, hasta el 2,2%, el menor de los dos últimos ejercicios.

Crece el empleo en la industria pero se desploma en la construcción

El reflejo en el empleo del menor músculo económico es un crecimiento del 1,8% respecto al mismo trimestre de 2018, pero sólo de una décima respecto al segundo trimestre de este año. Aun así, se han creado 332.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en los últimos 12 meses. En la industria, el empleo ha mejorado un 2,6%, 1,2 puntos más que entre abril y junio, mientras que en la construcción el alza del 2,2% equivale en realidad a un auténtico desplome desde el 5,5% del segundo trimestre o las enormes subidas, superiores al 10%, registradas en el último trimestre de 2018 y el primero de 2019. En los servicios el empleo ha aumentado sólo un 1,9%, el menor crecimiento de los dos últimos años.

El número de horas efectivamente trabajadas ha subido sólo un 0,8% respecto al año anterior pero incluso ha descendido una décima en comparación con el segundo trimestre de este año, por lo que la productividad por hora efectivamente trabajada ha aumentado un 1%, tras acumular cuatro trimestres consecutivos en números negativos y crecer sólo seis décimas entre abril y junio. La productividad por puesto de trabajo, sin embargo, es igual a cero: el empleo ha crecido en el mismo porcentaje que el PIB. Lo que supone sólo una leve mejora después de vivir entre tasas negativas durante cinco trimestres seguidos.

La economía española ha creado más de dos millones de puestos de trabajo desde 2014, pero lo ha hecho sobre todo en sectores de baja productividad. Lo mismo ha ocurrido en el resto de la OCDE, según destaca en su último Compendio de Indicadores de la Productividad la organización que agrupa a los 35 países más ricos del mundo. La consecuencia es que la productividad general del trabajo, que la OCDE mide como el PIB por hora trabajada, se ha hundido arrastrada por ese tsunami de nuevos empleos de baja calidad, creados en los tres sectores que más puestos han generado entre 2010 y 2016: restaurantes, salud y atención residencial.

La preponderancia de este tipo de empleos poco productivos se traduce también en sueldos más bajos que, a su vez, también tiran hacia abajo el salario medio en cada uno de estos países. España es un caso claro: los salarios reales –ajustados con la inflación– cayeron de media entre 2010 y 2016 un 0,58%. Sólo la superan los sueldos de Grecia –que se hundieron un 3,06%–, Portugal –un 1,2%– y Reino Unido –0,79%–. Como resultado, la OCDE teme que a largo plazo “la desconexión entre los salarios y la productividad” termine “impulsando desigualdades en los ingresos y la riqueza”.

La productividad del trabajo en España alcanza los 52,24 dólares por hora trabajada, por debajo de la media de la UE, 53,42 dólares, y a distancia sideral de los campeones europeos: Irlanda, con 95,45 dólares, y Luxemburgo, con 93,72. Alemania llega a los 67,98 dólares y Francia a los 66,65. Medida como porcentaje de la productividad media por empleado de la OCDE, la de España es el 97,8%, mientras que la de Irlanda supone el 182,7% y la de Francia, el 110,2%.

Aun así, la organización no deja de destacar que la recuperación basada en los empleos poco productivos es una tendencia planetaria. Según sus cálculos, el 90% de los puestos de trabajo creados en Francia entre 2010 y 2016 corresponden a sectores con salarios y productividad inferiores a la media, en Estados Unidos equivalen al 77% y en Alemania y Reino Unido superan el 60%. En cifras absolutas, la OCDE explica que en 2016 Estados Unidos tenía 9,7 millones de empleos poco productivos más que seis años antes; lo que cuadriplica los 2,4 millones contabilizados entonces. En Alemania, pese a tener un mercado de trabajo bien distinto, la cifra se disparó de 600.000 a 1,5 millones, casi el triple.

Menos capital por hora trabajada

El informe no incluye datos sobre el porcentaje de empleos poco productivos y peor remunerados creados en España en esos años, pero un documento de Caixabank Research cifra en un 78% los puestos de trabajo con productividad inferior a la media generados entre 2013 y 2017. Los sectores que los generan son los que mayor peso tienen en la economía nacional: el comercio, la hostelería y el transporte concentran el 32% del empleo creado esos años.

El documento de la OCDE atribuye el bajo crecimiento de la productividad a su declive en la industria, tanto en las empresas de alta tecnología –ordenadores y electrónica– como en las de menor sofisticación –textil–. Aun así, sigue siendo superior a la productividad del sector servicios, donde las finanzas y los seguros –los más productivos– están acusando todavía la resaca de la crisis.

Sin embargo, el factor que mejor explica la atonía de la productividad es la debilidad de la “intensificación del capital”, el dinero que las empresas y los estados invierten por hora trabajada. Da igual que sean inversiones en TIC o en activos tangibles, todas ellas se han frenado en la mayoría de los países tras la crisis. Es más, en España, al igual que en Portugal, la contribución de la “intensificación del capital” fue negativa en 2014 y 2015. Según otro informe de Caixabank Research, mientras en Estados Unidos el porcentaje del PIB destinado a la formación bruta de capital se deprimió 2,6 puntos porcentuales entre 2012 y 2016 en relación con 1970-2000, en España la caída fue de 4,2 puntos.

España no trabaja de forma inteligente

Bajando al detalle, el crecimiento de la productividad española, un 1,12% entre 2010 y 2016, se descompone en 22 décimas de inversión TIC, 84 décimas de inversión en activos físicos y sólo cinco centésimas de lo que los economistas denominan productividad total de los factores o multifactorial. Ésta se refiere a la eficiencia para combinar capital y trabajo en el proceso productivo. “Trabajar de forma más inteligente”, resume la OCDE. La productividad crece si se produce más por cada hora trabajada, lo que se consigue aumentando el capital invertido en cada puesto de trabajo o mejorando la eficiencia general con la que se combinan capital y trabajo, explica el informe. Por regla general, para conseguir esa compenetración las empresas deben recurrir a mejoras tecnológicas u organizativas y un buen entorno institucional y legal, recuerda por su parte el estudio de Caixabank Research.

Y ahí la economía española pincha de nuevo. Junto con Italia, es el país de la OCDE con la tasa más baja de crecimiento de la productividad total de los factores, de esa eficiencia organizativa, tecnológica e institucional. Si entre 2010 y 2016 creció sólo cinco centésimas, entre 1995 2010 fue incluso negativa. Por el contrario, donde más impulso lleva es en Corea del Sur, un 1,04%, y en Irlanda, un 1,76%.

Según la organización internacional, el parón que sufre la productividad total de los factores, no sólo en España sino en todo el mundo, se debe a que las estructuras organizativas y los modelos de negocio no se adaptan con la velocidad necesaria al progreso tecnológico. Pero también lo achaca a desajustes entre la oferta y la demanda de cualificaciones profesionales, a la asignación inadecuada de capital e incluso a la menor velocidad con que se difunden las innovaciones desde las empresas más productivas hasta las que lo son menos.

La OCDE advierte también de que no siempre el recorte de los costes laborales unitarios es una medida del aumento de la competitividad internacional de una economía. España, Grecia, Portugal e Irlanda sufrieron grandes recortes de sus costes laborales unitarios durante la crisis financiera. Pero el informe subraya que no son señal de una mejora de su competitividad relativa, sino que se deben más bien a las “significativas caídas de la producción y del nivel de empleo” padecidos entonces.

El Cabildo de Córdoba, órgano eclesial responsable de la administración de la Mezquita-Catedral, tiene dinero invertido en Abengoa. Concretamente, se trata de derechos sobre acciones de la compañía en una filial estadounidense, Atlantica Yield, según fuentes conocedoras de la operación. Tanto el Cabildo como la Diócesis mantienen en secreto los ingresos que la Iglesia consigue con la gestión de la Mezquita-Catedral, inmatriculada por la Iglesia en 2006 y que disfruta de un beneficioso régimen fiscal. Más de 1,6 millones de personas visitaron el monumento en 2016, según el Cabildo. Las entradas cuestan 10 euros para la visita diurna (el año pasado eran 8: han subido un 20%) y 18 para la visita nocturna. El Cabildo rechazó este lunes realizar cualquier comentario o aclaración. A juicio de la Plataforma Mezquita-Catedral, que defiende la titularidad pública del monumento y la transparencia de sus cuentas, esta inversión "desmiente las reiteradas declaraciones efectuadas por el Cabildo acerca del uso de los beneficios en proyectos de conservación del inmueble y ayudas de naturaleza social".

Los intereses del Cabildo de Córdoba en Abengoa fueron desvelados por el diario Expansión, que publicó un listado de 350 inversores en los créditos urgentes que ofreció la compañía tras ser declarada en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015. Se trata del listado de inversores facilitado por Atlantic Yield a la SEC (Securities and Exchange Commision), la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros en Estados Unidos. Abengoa es titular de más del 40% de las acciones de Atlantica Yield, pero están puestas en garantía a favor de los financiadores de Abengoa, tanto acreedores como bonistas.

Es ahí, explican fuentes conocedoras de la operación, donde se encuentra el Cabildo de Córdoba, a la espera de recuperar su inversión. Estas fuentes rechazan la interpretación de que el dinero aportado por la Iglesia haya sido para "salvar a Abengoa". "El Cabildo tenía dinero invertido en la empresa. Cuando Abengoa entró en preconcurso y en fase de reestructuración, ofreció a tenedores de bonos y deuda la posibilidad de adherirse al plan y realizar una inversión de lo que se conoce como dinero nuevo, que mejora la calidad de la deuda. Que eso sirviera indirectamente a la supervivencia de Abengoa es secundario. Lo que pretendían todos estos inversores era garantizar el cobro de la deuda", explican. No es que el Cabildo tenga acciones de Atlantic Yield, sino que las tiene Abengoa pignoradas (puestas como garantía) a favor de otros, entre ellos el Cabildo.

Abengoa atraviesa una situación económica muy delicada, aunque ha evitado la quiebra gracias –entre otros factores– a un duro ajuste laboral. Atlantica Yield, que cotiza en el Nasdaq, es un activo valioso de la compañía. En caso de venta de esta empresa cotizada, permitiría reducir la deuda de Abengoa. La compañía presidida por Gonzalo Urquijo rechazó realizar cualquier comentario sobre la inversión de la Iglesia, afirmando que es un asunto que concierne al Cabildo.

"Absoluto descontrol"

La Plataforma Mezquita Catedral emitió este lunes un comunicado en el que denunció que "el Cabildo Catedral destina el dinero que obtiene por la explotación comercial de la Mezquita Catedral de Córdoba a salvar multinacionales en quiebra afines ideológicamente". "Lamentamos", añade el comunicado, que la Iglesia "use para fines espurios los millonarios fondos derivados de las entradas de un bien fundamental del patrimonio cultural andaluz". A juicio de esta organización laicista, esta inversión "pone sobre la mesa el absoluto descontrol en las cuentas de la Mezquita Catedral", que disfruta –afirma el mismo comunicado– de "opacidad fiscal". Por ello, la plataforma exige a la Junta de Andalucía que "obligue al Cabildo a actuar con transparencia y rigor en su gestión económica", de forma que se conozcan con detalle tanto los ingresos como los gastos.

La plataforma recuerda que el Estado, a través de sus distintas administraciones, ha financiado la conservación de la Mezquita-Catedral, "permitiendo que el monumento omeya llegue a nuestros días en óptimas condiciones". "No es de recibo que la Iglesia, además de apropiarse de forma unilateral del edificio y quedarse en exclusiva con los beneficios de su explotación comercial, encima los destine a inversiones mercantiles que nada tienen que ver con el fin patrimonial del monumento", añade el comunicado.

"Portal de transparencia", pero sin detalle

La mezquita fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. En el siglo XV el obispo Iñigo Manrique impulsó la construcción de una capilla catedralicia en el interior del templo. Hoy todo el conjunto pertenece jurídicamente a la Iglesia, aunque la titularidad es objeto de discusión. El Ayuntamiento (PSOE-IU) y la Junta de Andalucía (PSOE) pretenden que sea pública, aunque actualmente estas instituciones no tienen abiertas vías para conseguirlo. No obstante, ha sido la Iglesia la que hasta la fecha se ha llevado el gato al agua. La pretensión de deshacer la inmatriculación y forzar por vías legales un cambio de titularidad se antoja difícil.

El monumento es gestionado por la Iglesia, que afirma que emplea dinero obtenido con las entradas para su conservación. Es imposible conocer cuánto ingresa y gasta la Diócesis de Córdoba en la Mezquita-Catedral de Córdoba consultando los supuestos estados contables que publica en "portal de transparencia" de su web. El último documento colgado corresponde al ejercicio de 2015. En "Ingresos Fondo Común Diocesano" aparece una "aportación Cabildo Catedral" de 912.000 euros. En los ingresos al fondo para la "sustentación del clero", figuran 72.200 euros. Los ingresos por las entradas de la Mezquita-Catedral no pueden ubicarse ni en "aportaciones voluntarias de los fieles", ni en "ingresos patrimoniales", ni en "otros ingresos corrientes". El Cabildo, que disfruta de un generoso régimen de exenciones por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y la ley de mecenazgo de 2002, rehusó aclarar dónde figuran.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA por sus siglas en inglés) cuestiona la rentabilidad y viabilidad de inversiones en siete proyectos de infraestructura portuaria examinados en España en un informe en el que fiscaliza las ayudas al sector del transporte marítimo en la UE. Los proyectos españoles contaron en total con 465,5 millones de euros de financiación europea, de los cuáles 394,2 millones fueron a parar a infraestructuras no utilizadas o infrautilizadas.

En total, los auditores examinaron 37 nuevos proyectos en España, Alemania, Polonia, Italia y Suecia, incluidos 12 españoles en Cartagena, Algeciras, Vigo y Santa Cruz de Tenerife y otro cinco proyectos que ya evaluó en 2010 que afectan a los puertos españoles de Campamento, Punta Langosteira, Ferrol y Arinaga y el italiano de Augusta, proyectos que en total han recibido 1.400 millones de euros de financiación europea.

De los 37 nuevos proyectos auditados, el Tribunal de Cuentas europeo constató que 12 proyectos permanecían vacíos o infrautilizados, arrojando una inversión europea "ineficaz" de 194 millones, otros siete (que recibieron 524 millones de la UE) estaban incompletos y solo 18, que recibieron 359 millones, funcionaban según lo previsto. En el caso de los cinco proyectos reexaminados hay un riesgo "elevado" de "perder" las inversiones europeas de 329 millones de la que se beneficiaron en puertos que siguen prácticamente sin actividad.

El autor del informe, Oskar Henrics, explicó que "uno de cada tres euros" invertidos en los nuevos proyectos examinados se ha gastado de forma ineficaz y ha cifrado en 97 millones la inversión en infraestructuras portuarias que llevan más de tres años sin utilizarse o infrautilizadas, incluido en Cartagena y Santa Cruz de Tenerife y en "casi 400 millones" la inversión en riesgo "elevado" de perderse.

España es el primer país beneficiario de ayudas europeas –recibió 2.610 millones entre 2000 y 2013, el 38,5% del total–. Los auditores criticaron la falta de visión estratégica de los Gobiernos sobre los puertos que necesitan financiación y para qué y señalan la financiación de infraestructuras similares en puertos vecinos –especialmente en el sur de España – como uno de los motivos que han llevado a inversiones "ineficaces e insostenibles". También denuncian retrasos en los proyectos –más de un año de media–-y sobrecostes de 139 millones o la falta de acción de la Comisión Europea en el control de las ayudas públicas y los procedimientos aduaneros para que los puertos compitan en igualdad de condiciones.

Proyectos españoles señalados

En el caso de los proyectos españoles, los auditores cuestionaron la tercera fase del proyecto en el puerto de Algeciras para ganar 125 hectáreas de tierra al mar, con un coste total de 511,5 millones y que recibió más de 127 millones de ayudas europeas, de los cuáles 73,8 millones son fuertemente cuestionados (el 58%) por su falta de utilización o infrautilización.

El proyecto tuvo un sobrecoste de 67 millones teniendo en cuenta también las obras del nuevo muelle y explanada exterior al dique, con un coste de 168,6 millones y cuya inversión de 52,2 millones en fondos europeos sí avalaron los auditores en cambio.

También cuestionan el proyecto de relleno y urbanización de la terminal polivalente de Cartagena, con un coste total de 28,3 millones y en el que cuestiona el 100% de la inversión europea (10,4 millones) dado que parte de sus instalaciones siguen sin utilizarse y otras apenas se usan para almacenar productos de una refinería próxima.

Sí avalaron el proyecto de ampliación de la dársena de escombreras en Cartagena, con un coste de 116,5 millones y que recibió 46 millones de la UE, así como la terminal polivalente en Cartagena, que costó 34,5 millones y obtuvo casi 19,3 millones de la UE. Eso sí, los auditores han denunciado un sobrecoste de 22,5 millones en los tres proyectos de Cartagena.

Los auditores también señalaron como ineficaz el proyecto de rellenos y de alineación del espigón del muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde también cuestiona la totalidad de la inversión europea de 2,8 millones. El proyecto costó 5,7 millones y ha tenido un sobrecoste de 562.000 euros.

Especialmente críticos se mostraron con las inversiones realizadas en los cuatro puertos españoles que ya examinó en 2010 y ha vuelto a reexaminar. Se trata de la construcción de un puerto exterior en Punta Langosteira (Coruña), donde cuestiona el 95% de la inversión europea (257,5 millones) para un proyecto que costó 590 millones y apenas se usa el 10% de su capacidad.

También criticaron la inversión en la rehabilitación del muelle y ampliación de las instalaciones de Campamento (San Roque), utilizado para reparar barcos y cuyas zonas para almacenar contenedores siguen sin usarse en su mayoría. El proyecto costó 37,7 millones y los auditores cuestionan el 100% de la inversión europea (16,6 millones).

Las obras de ampliación del puerto en Ferrol para construir un puerto exterior, cuya capacidad alcanza apenas el 25% de la prevista también denuncian como un proyecto ineficaz. Tuvo un coste de 110,9 millones y contó con una subvención europea de 39 millones, el 90% de la cual (35 millones) está fuertemente cuestionada por falta de uso o infrautilización.

Los auditores europeos también cuestionan la construcción del puerto en Arinaga para descongestionar Las Palmas, con un coste de 23,5 millones y una inversión europea de 11,8 millones, el 90% de ella cuestionada (10,7 millones).

Proyectos que sí reciben el visto bueno

En cambio, avalan el proyecto de ampliación de los muelles en Vigo, que costó 48 millones y contó con casi 28 millones de la UE aunque tuvo un sobrecoste de más de cinco millones, así como el de almacenamiento de coches en la terminal de transbordadores de Vigo, que contó con 15 millones de la UE y costó 20. También avalan el de ampliación del puesto de inspección fronteriza de mercancías en el puerto gallego, que costó dos millones, de los cuales 750.884 euros los financió la UE.

Los auditores europeos tampoco cuestionaron la construcción de la nueva base de contenedores en la dársena del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que costó 17,8 millones de los que la UE aportó 7,9 millones, así como otros 6,4 millones para la segunda fase de la obra, con un coste total de 15,6 millones. Ambos proyectos tuvieron un sobrecoste de más de cinco millones.

También concluyeron que los proyectos de ampliación de una dársena de escombreras en el puerto de Cartagena, con un coste de 116,5 millones y que recibió más de 46 millones de ayudas europeas, así como las obras de la terminal polivalente de Graneles que recibió 10 millones de la UE y costó 34,5 millones "se utilizan según lo previsto".

Tampoco cuestionaron la viabilidad de una inversión de 22,2 millones del presupuesto comunitario para ocho grúas para la terminal pública de contenedores en Algeciras –con un coste total de 169 millones de euros–, aunque defienden excluir este tipo de inversiones en el futuro porque en este caso benefició a un operador privado determinado, junto con los proyectos de almacenamiento.

De cara a mejorar el control de las inversiones, plantea reducir el número de 104 puertos de la red central, un plan de desarrollo europeo y priorizar las conexiones necesarias por mar y tierra, aplicar correcciones financieras para proyectos inviables y directrices para las ayudas públicas en el sector.

Los grandes inversores extranjeros pueden poner en un grave aprieto a España por el recorte a las renovables promovido por el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria. El Estado se enfrenta a nada menos que a 23 denuncias ante tribunales de resolución de conflictos interpuestas por empresas que invirtieron en este sector en España y que alegan que el tajo en las ayudas a las energías limpias provoca que vayan a dejar de ganar miles de millones de euros.

La última de las denuncias fue presentada por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, el pasado 12 de agosto, ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo internacional de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. Pero a estas entidades se suman muchas otras, como las eléctricas alemanas E.On –que registró su denuncia el día 11 de agosto– y RWE o la empresa portuguesa Cavalum, especializada en renovables. Por su parte, los inversores nacionales también están reclamando indemnizaciones por los cauces judiciales internos.

La presentada el día 12 de agosto fue la decimonovena demanda interpuesta contra España en este mecanismo desde 2013 –es el tercer país con más procesos abiertos en el Ciadi, tras Venezuela y Argentina–, y a estas denuncias hay que sumarle otras tres presentadas ante la Cámara de Comercio de Estocolmo y una más en la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral, en su acrónimo en inglés).

infoLibre intentó conocer la versión del Ministerio de Industria sobre este asunto, pero la respuesta obtenida fue que los responsables de este asunto se encontraban "de vacaciones" y nadie podría responder "hasta final de mes" (ver La caja negra, al final de este reportaje). Horas después de la publicación del reportaje, no obstante, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales".

El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y sostuvo, en relación a las primas a las renovables, que el Ejecutivo "ha establecido un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable y no discriminatorio". "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", asegura Industria, que afirma que el nuevo sistema "permite a las instalaciones cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías".

La reforma de 2013 desencadena los pleitos

Las compañías se centran en denunciar los recortes a la energía solar iniciados a finales de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció un tajo del 30% a las primas a la energía fotovoltaica para ahorrar 2.220 millones en en tres años. Al año siguiente, diversos fondos inversores en esta tecnología demandaron a España ante Uncitral. Pero la verdadera oleada de demandas comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha supuesto la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables.

En esa reforma (que se materializó en 2014 con la aprobación del Reglamento), el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por ello, los inversores que han denunciado a España ante los organismos internacionales no critican una normativa concreta, sino los sucesivos cambios regulatorios que han provocado una fuerte reducción en su expectativa de beneficios. Tal y como explica Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), el arbitraje en este tipo de tribunales se apoya en la Carta de la Energía, un documento diseñado para "defender a los inversores extranjeros de cualquier modificación normativa que pueda perjudicar sus intereses en esta inversión".

De esta forma, aquellas empresas que hayan invertido en energías renovables en España y se hayan visto perjudicadas por los cambios regulatorios están legitimadas a denunciar al Estado ante estos mecanismos. ¿Por cuánto dinero? La cuantía exacta es, por ahora, una incógnita, afirma Jorge Morales de Labra, patrono de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que apunta que en este tipo de procesos "en primer lugar se pide a los árbitros que determinen si el país es culpable, y después se inicia un proceso de cuantificación del daño".

600 millones por una sola demanda

"Lo que se reclama en los arbitrajes es la diferencia del valor del activo un día antes del cambio normativo con respecto al valor que tiene un día después", resume Castro-Gil, que relata que "lo que ocurre es que con la nueva normativa las instalaciones, en su vida útil, pueden ganar menos dinero y por tanto valen menos". La cuantía que se pueda exigir, por tanto, dependerá de la capacidad generadora de la instalación y de su antigüedad. Según informó El País, tan sólo los 15 inversores que presentaron una demanda colectiva contra España en 2011 ante Uncitral –la primera denuncia por el tajo a las renovables– le exigen el pago de unos 600 millones de euros.

Además, De Labra alerta de que a los costes por posibles indemnizaciones –que se pagarían a través de los Presupuestos Generales del Estado, recuerda el experto– hay que añadirle el elevado precio que supone mantener litigios en los tribunales de arbitraje internacional. "Cada pleito cuesta millones solo en abogados, porque cuando estos plantean su minuta suele ser un porcentaje de la cantidad reclamada" y estas cuantías suelen ser grandes, explica el experto, que coincide con Castro-Gil en pronosticar que el primero de estos procesos (el de los inversores que recurrieron en 2011 a Uncitral) se resolverá "a finales de este año o principios del que viene".

La situación, no obstante, pinta bastante mal para España, según Castro-Gil y Morales de Labra. Los dos expertos aseguran que el Estado tiene las de perder en estos procesos, y añaden que las empresas demandantes también lo tienen muy claro. "Nadie se gasta dos millones de euros en abogados si no entiende que va a recibir una indemnización mayor", sostiene gráficamente el patrono de la Fundación Renovables, mientras que Castro-Gil afirma que "estadísticamente, es posible que alguno de los 23 se pierda, pero la mayoría de los operadores tienen claro que van a ganar".

Avalancha de recursos ante el Supremo

Mientras que los inversores extranjeros han encontrado un filón en los tribunales de arbitraje a través del cual reclamar los beneficios que dejarán de ganar con los cambios de normativa, los productores nacionales no pueden acudir a estos tribunales para hacer lo propio. Sus reclamaciones, explica Castro-Gil, tienen que plantearse mediante los cauces internos: en primer lugar con una reclamación ante el Consejo de Ministros y, si este la desestima, recurriendo al Tribunal Supremo.

En este sentido, el secretario de Anpier explica que su asociación –que agrupa a más de 5.000 pequeños productores e inversores del sector– ha recurrido en varias ocasiones los recortes a las renovables. En una primera tanda, remitió al Consejo de Ministros 1.200 reclamaciones por daño patrimonial por otras tantas instalaciones, unos expedientes que el Gobierno rechazó y que ahora mismo se encuentran recurridos ante el Supremo. Posteriormente, Anpier pidió indemnizaciones por otras 1.816 plantas.

Además, Castro-Gil cifra en unos 450 los recursos que acumula el Tribunal Supremo contra la normativa que, en 2014, cambió el modelo de cálculo de las primas a las renovables. Gigantes como Gas Natural Fenosa o Enel se encuentran entre las compañías que han recurrido ante el Alto Tribunal, que sin embargo rechazó suspender cautelarmente este nuevo sistema en octubre de 2014.

EL MINISTERIO DE SORIA CALLA

infoLibre trató de recabar la versión del Ministerio de Industria sobre las 23 demandas presentadas ante instancias internacionales por varias empresas. El departamento dirigido por José Manuel Soria facilitó una dirección de correo electrónico para enviar las preguntas por escrito, pero aseguró que hasta finales de agosto los responsables de la Secretaría de Estado de Energía se encuentran "de vacaciones" y no hay ninguna persona que pueda contestarlas.

Estas son las cinco cuestiones que este periódico remitió a Industria:

1. ¿Qué alegará el Ministerio de Industria ante las 23 denuncias internacionales presentadas contra España (19 en el Ciadi, 3 en el SCC Institute y una más en Uncitral)?

2. ¿Cuál es la cantidad que las empresas demandantes reclaman a España por estas denuncias? 

3. ¿A qué cuantía calcula el Ministerio de Industria que pueden ascender las indemnizaciones a las que tendría que enfrentarse si los tribunales de arbitraje dieran la razón a las empresas?

4. ¿Cuánto lleva España gastado en los procesos de arbitraje?

5. ¿Cuándo estima el Ministerio que se conocerán las primeras sentencias?

Horas después de la publicación del reportaje, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales". El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y defendió el nuevo sistema de concesión de las primas a las renovables. "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", aseguró.

El acto estaba convocado a mediodía, pero la calle se llenó de gente un cuarto de hora antes. Tras la atadura de una sábana blanca a dos árboles situados frente al establecimiento, en la que se podía leer "Blanco nos viste de negro. No al ERE", los asistentes comenzaron, al ritmo de los silbatos, a gritar consignas. "¡Blanco, unido, jamás será vencido!", "¡Este ERE lo vamos a tumbar!", "¡Los sueldos no se tocan!", "¡Esta empresa no se vende!", entre otras, fueron las más coreadas.

También se escucharon durante todo el acto cánticos contra Bernardo Blanco Moreno, hijo del fundador de la cadena textil, y su actual cúpula directiva: "¡Bernardo mentiroso!", "¡Bernardo, ladrón, Blanco es español!", "¡Bernardo, atiende, la gente no se vende!" o "¡Directiva, dimisión!", se oían a lo largo de la céntrica calle de Fuencarral.

"Los trabajadores, que no estamos de acuerdo con el ERE y las modificaciones de las condiciones de trabajo que nos comunicó hace unos días la compañía, pensamos que ha habido una mala organización de la directiva en la empresa", aseguró a infoLibre Nasira Mohamed, miembro del comité de empresa. La joven, que portaba una pegatina del sindicato CCOO, aseguró que el expediente de regulación de empleo (ERE) se había comunicado "a los trabajadores y a los representantes de estos" con "frialdad", vía "correo electrónico", y definió el movimiento de la directiva como "un acto de mala fe". 

En la misma línea se posicionó Gabriela Rivero, trabajadora de la cadena textil en el almacén de Parla y miembro del comité de empresa, mientras repartía octavillas a los transeúntes que se detenían para enterarse de los motivos de la movilización. "La empresa no ha sido clara con nosotros. Primero nos presentó una predicción en la que aseguraba que no habría despidos y dos días después nos mandó un email alegando 'situación de inviabilidad' e informándonos del ERE", aseguró la empleada de Blanco.

Conversaciones "duras"

Por el momento no se sabe el número exacto de personas –la cadena textil cuenta con cerca de 1.300 trabajadores en España– a las que afectará el ERE. A partir del próximo día 23 de marzo, fecha en la que está previsto el comienzo de las negociaciones con el comité de empresa, se empezarán a barajar las primeras cifras. En este sentido, Mohamed afirmó que las conversaciones "serán duras". "Viendo cómo han actuado, dudo de que la empresa se muestre muy dispuesta a negociar", apuntó a este diario.

A las 13.30 horas, los asistentes al acto hicieron una sentada frente a la tienda de ropa. Comenzaron a alzar carteles caseros, elaborados con una percha y un folio, en los que se podían leer frases como "Suite Blanco 100% España", "Basta ya de arruinar familias", "Blanco, basta ya de mentir. No somos números, somos personas" o "Inviabilidad directiva. No al ERE", entre otras. En el suelo, y al grito de "¡Dubái no es guay!", los participantes clamaron contra el posible traslado de las operaciones de la cadena textil al emirato árabe.

"Han venido trabajadores desde otros puntos de España, como Sevilla, Galicia o Valladolid. Muchos de los que están aquí han acudido con sus parejas, sus familiares... Es una situación que, directa o indirectamente, afecta a un gran número de personas que viven de Blanco", explicó Rivero, mientras una niña, subida a los hombros de su padre, sostenía un cartel verde con una frase: "Yo también como de Blanco". Finalizada la sentada, y entre aplausos, los organizadores recordaron que la próxima semana todos debían ir a trabajar con un brazalete negro en señal de luto. Tras esto, la calle de Fuencarral volvió al estado propio de una mañana de domingo en la capital. Pero con una diferencia: los carteles reivindicativos que permanecían pegados en la fachada de la tienda pidiendo que se "deje de jugar" con sus "puestos de trabajo".

Alguien tenía que ser. Entre los 1.357 millones de chinos, hay uno que tiene más dinero que el resto. Se llama Wang Jianlin (Sichuan, 1954) y dirige un imperio de 166 centros comerciales, 55 hoteles de cinco estrellas, 84 karaokes y más de 4.000 salas de cine tras la compra de la cadena estadounidense AMC. En España, Wang Jianlin (Grupo Wanda) peina un país arrasado por la crisis que ofrece buenas oportunidades para invertir en gangas. Jianlin ha encontrado al menos tres. Pagó 265 millones de euros al Banco Santander por el Edificio España, en la plaza madrileña del mismo nombre;  ha comprado el 20% del club Athlético de Madrid y ha anunciado la voluntad de invertir 3.000 millones de euros en un gran complejo de ocio y viviendas en la zona de Campamento, al suroeste de la capital, en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa.

Los anuncios del hombre más rico de China, que maneja un emporio con medio millones de empleados en todo el mundo -lo que viene a ser cinco veces Inditex, la empresa española de más éxito internacional- son sólo la espuma de la actividad de China en España, que se ha disparado desde el año 2010 al calor -o al frío- de la crisis.

Lejos de las imágenes de bazares y tiendas de alimentación de generosos horarios, la inversión china, especialmente en los tres últimos años,  ha despegado de forma importante. En España operan alrededor de 60 empresas de capital chino, la mayoría en sectores de elevado componente tecnológico. Hasta ocho empresas operan en el sector de las renovables en España, entre ellas Sinovel Wind, Sunford Light, Yingli Greeen Energy y Jinko Solar.

Un mar de ladrillo

El Gobierno, agobiado por un mar de ladrillo sin vender, ha visto en China la gran oportunidad de suavizar los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2013 ofreció el permiso de residencia automática a ciudadanos no comunitarios que invirtieran 500.000 euros en propiedades inmobiliarias. Eso sí, sin necesidad de financiar la operación.

Con el derrumbe de los precios de la vivienda (40%), la inversión china en inmuebles en España se duplicó en 2014 respecto al año anterior. La previsión es que hasta un 6,5% del total de viviendas vendidas  se hayan adquirido por inversores chinos.

Pero las  cifras hay que ponarlas en contexto. Pese a las últimas operaciones, España todavía es un  rincón en el plano de los intereses chinos. Hasta 2010, las inversiones directas de aquel país en España apenas superaban los cinco millones anuales. A partir de 2010 se produjo el despegue. Las inversiones directas han ido en aumento. En 2012, la inversión se situó en 409 millones. Hasta junio de 2013 (datos oficiales del registro de Inversiones) China había invertido 518 millones en España.

En esas cifras no se tienen en cuenta las compras de participaciones de empresas españolas en el exterior (especialmente América Latina), caso de Sinopec (compra del 40% de Repsol Brasil); la compra de líneas eléctricas a ACS en Brasil por State Grid Corporation of China o la compra del 10% de Heathrow Airport Holdings a Ferrovial. Sumadas estas operaciones, las inversiones chinas relacionadas con España y sus empresas desde que comenzó la crisis rondarían los 10.000 millones de euros.

Inversión directa

En lo que se refiere a inversión directa en España, se ha triplicado del 2010 al 2013, según la estimación oficial que hacen DataInvex y el Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM). Pero precisar hasta el céntimo es difícil.  El Gobierno chino no ofrece el dato exacto y, además, la mayoría de las inversiones se canalizan a través de países puente como Luxemburgo o Hong Kong.

Esas cifras, modestas, sitúan a China en la posición 37 de los inversores en España, con una mínima parte de la inversión que el gigante asiático dedica a la Unión Europea: 26.000 millones de euros.

Pero el interés crece y se refleja en la inmigración. En España viven 185.250 chinos, tres veces más que en 2004 y con una media de edad de 29,8 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El colectivo chino afiliado a la Seguridad Social se ha convertido en el tercero por número, sólo por detrás del marroquí y del rumano.

Como sostiene el consultor Felipe Santiago, las grandes operaciones de la inversión china en España se han limitado por ahora a la entrada en Campofrío que ha pasado a estar participada por el grupo Shuaghui; a la hotelera NH Hoteles que dio entrada en su capital al grupo HNA y la venta del Edificio España en Madrid .

Banca y telecos

Respecto a la implantación de empresas chinas en España, además del banco ICBC, destaca la  empresa de telecomunicaciones Huawei, que mantiene un acuerdo global con el grupo Telefónica, la de la química China National Bluestar a través de su negocio de siliconas en España o la de la naviera China Shipping como consecuencia del tráfico de contenedores, en especial en el puerto de Barcelona.

Como refleja un estudio realizado por la escuela de negocios Esade, España, "pese a no ser el primer país receptor de grandes empresas chinas, si que podemos decir que al menos están parte de las más potentes", como son el banco chino Industrial Construction Bank of China (ICBC), el gigante tecnológico HUAWEI, la naviera COSCO, la compañía aérea Air China, o la teleco China Mobile (a través de la compra de acciones de Telefónica) entre otras.

China busca oportunidades y toma posiciones. Es el país del mundo con mayores reservas de divisas. Los datos del Banco Mundial estimaban en 2013 el total de reservas de divisas de China en 3,8 billones de dólares. Ahora superan los cuatro billones. Y los mueven bien. El Gobierno español llegó a admitir en 2014 que China había comprado hasta el 20% de la deuda española, que ronda el billón de euros.

Los números de Margallo

No son cifras fáciles de comprobar, pero los expertos del Real Instituto Elcano creen que la deuda pública española que está en manos chinas, aún siendo importante, no llega al 20%. Ese fue el porcentaje que manejó en 2014 el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo: " China tiene el 20% de la deuda pública española" aseguró el ministro en un programa de debate en televisión  "y bastaría un clic en un ratón en un ordenador chino para que este país se encontrara una prima de riesgo como la que teníamos hace años y por tanto más colas en los servicios de empleo".

Sin embargo, los analistas de Elcano creen que el Gobierno (Margallo) equivocó los porcentajes. Lo explican así: "Los últimos datos de octubre de 2014 indican que la deuda del Estado español anotada llega a los 716.000 millones de euros (sin contar la deuda de las comunidades autónomas). De esa cantidad, 343.000 millones están en manos de no residentes, o, lo que es lo mismo, un 48%. Si China tuviese un 20% del total de la deuda española, esto significaría que tendría casi la mitad de la deuda en manos extranjeras, lo que parece inverosímil".

Entonces, ¿cuánto debe España a China? La cifra más probable, sostienen los expertos, es 41.000 millones en deuda soberana -en torno al 4% del producto interior bruto-. Una cifra importante pero que sólo representa menos del 1% del total de las reservas del gigante de Asia. Sólo Francia estaría por delante de China como tenedor de deuda española.

Todo en venta

Pero en un país en el que todo está en venta, desde pisos municipales a estadios de fútbol (o al menos su nombre), China aún tiene mucho campo por delante para invertir. De momento, estos son sus poderes por sectores.

El el sector bancario, uno de los cuatro grandes bancos propiedad del Estado, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) tiene oficinas abiertas en Madrid y en Barcelona; además, el Bank of China, el mayor banco chino por préstamos a particulares, dispone de ficha bancaria para operar en España desde 2012. ICB ha concedido préstamos al gestor de infraestructuiras ferroviarias (ADIF) para el AVE.

En el sector de la energía, China cuenta en España con ocho empresas que operan en el subsector de energías renovables. Hay que añadir su peso en el sector eléctrico tras la compra por la compañia Three Georges de EDP de Portugal, propietaria a su vez de la antigua HC española.

Tambien tiene una presencia notable en telecomunicaciones. Operan en el país Huawei, ZTE, Lenovo y China Unicom. Ésta tiene participaciones cruzadas con Telefónica con la vista puesta en el mercado de América latina. También el fondo inversor China Investment Corporation (CIC) vio su oportunidad en 2012 al adquirir a Abertis un porcentaje (7%) de Eutelsat.

Otro sector que atre inversiones de China es el del transporte. Es una apuesta para controlar rutas comerciales hacia Europa. Según el informe de Esade, COSCO, una de las mayores navieras del mundo, cuenta con una sede central en el puerto de Barcelona y oficinas en Valencia, Cádiz, Algeciras y Madrid. Hutchinson Port Holdings (grupo Hutchinson Whampoa), por su parte, se comprometió a invertir en la mayor terminal de contenedores del Puerto de Barcelona. China Shipping y Kerry Logistics también cuentan con una importante actividad inversora en España.

Como en los relatos bíblicos, las vacas (empresariales) flacas y gordas se dan el relevo. En 2014, tras siete años de apatía, volvieron las compras y ventas de empresas, el reparto récord de dividendos, las colocaciones de acciones en Bolsa (OPV) y los premios en forma de subida de las acciones. La clave de la animación es la abundancia de dinero barato, el debilitamiento del euro frente al dólar -que ha atraído la inversión estadounidense y latinoamericana- y la proliferación de gangas tras la crisis.

La compra de Ono por Vodafone (7.200 millones de euros); la de Jazztel por Orange (3.700 millones); la compra por el fondo Blackstone de la cartera hipotecaria de Catalunya Banc (3.300 millones); la compra de la entidad por el BBVA (1.200 millones sin considerar créditos fiscales) o la adquisición de Barclays por CaixaBank (800 millones) son las operaciones corporativas más destacadas entre las registradas en España el pasado año. En la Bolsa, la animación -notable por parte de la inversión de no residentes- se ha traducido en récords.

Según el informe de Bolsas y Mercados, hasta noviembre las operaciones ejecutadas sobre valores de renta variable alcanzaron los 65 millones, un 46% por encima de las anotadas hasta la misma fecha de 2013. Las cifras suponen el mayor incremento de las Bolsas europeas. La inyección de dinero por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las entidades de capital riesgo también ha animado la inversión alternativa, más allá de la financiación bancaria.

Salidas a Bolsa

Todo ello ha contribuido a que España se haya situado en 2014 entre los diez países con más operaciones de salida a Bolsa de empresas de todo el mundo. Según un informe de la consultora EY, España acogió salidas a Bolsa durante el año por valor de 7.200 millones de dólares (6.000 millones de euros), con lo que se sitúa en la octava posición a nivel mundial, superando incluso al estadounidense Nasdaq.

Los analistas aseguran que el atractivo para comprar acciones está en un cambio de condiciones que anticipan muchos beneficios y lo aprovechan las empresas que han sobrevivido. Lo cierto es que las grandes empresas han proporcionado a sus accionistas dividendos récord.

En 2014, las compañías destinaron a la retribución de sus accionistas  43.500 millones de euros,un  89,3% más que en el mismo periodo del 2013. Si se excluye el dividendo extraordinario de Endesa, el aumento es del 26%, aunque sigue siendo un récord histórico.

Los pronósticos

Las cifras del pasado año confirman los pronósticos de los analistas. Las encuestas adelantaron la tendencia que se ha dejado notar: las empresas han acumulado reservas de tesorería muy importantes y las grandes multinacionales, sobre todo las de EE UU, que han estado ganando más con sus ventas en el extranjero, han encabezado la tendencia.

De América llegaron inversores que han ampliado lo que era una lista reducida de empresarios latinoamericanos que apostaban por España, con el multimillonario Carlos Slim, aliado de La Caixa y accionista principal de FCC, a la cabeza. El pasado año, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet (Banesco) reforzó posiciones en España con la compra de Novagalicia. Se sumó al grupo de inversores con posibles que han visto en un país castigado por la crisis un lugar lleno de oportunidades.

Junto a Escotet aparecieron otros dos inversores destacados: el colombiano Jaime Gilinsky (GNB Sudameris) y el mexicano David Martínez (Fintech, grupo Cablevisión) han invertido 425 millones para hacerse con el 10% de Banco Sabadell.

Endesa y FCC

Entre todas las operaciones registradas en el año, algunas complejas y largas (Deoleo, Codere, E.ON), destacan dos. Son las del grupo italiano Enel en Endesa y la que ha llevado al mexicano Slim a desplazar a Esther Koplowitz como accionista principal del grupo de infraestructuras y servicios FCC.

La entrada de Slim en FCC resume cómo ha afectado  a la gran empresa la mezcla de crisis, excesivo endeudamiento y gestión mejorable. En el caso de FCC, Slim ha conseguido más del 25% de las acciones del grupo tras llegar a un acuerdo con Koplowitz para invertir 650 millones que salvarán la delicada situación financiera de la empresaria (debe 1.100 millones a BBVA y Bankia) y permitirá a FCC ampliar capital.

Endesa también es un buen resumen sobre la situación del tejido empresarial tras las privatizaciones que impulsó el PP y la crisis que ha devastado muchas sociedades. En el caso de la eléctrica Endesa, el propietario de la compañía, el grupo italiano Enel, ha decidido vaciar la caja y asumir lo más interesante del negocio (los activos latinoamericanos de la elécrtrica) para abrir una nueva etapa.

Potencial de crecimiento

Enel, al fin, se ha quedado con la parte del negocio con más potencial de crecimiento de Endesa —América Latina, 16.240 MW, el 41% de la compañía—, ha ingresado el 92% de los dividendos repartidos (más de 14.000 millones) y deja a Endesa como un pequeño jugador limitado al mercado ibérico, con un corto potencial de negocio. Todo ante la pasividad del Gobierno, que no logró evitar la operación.

La crisis que ha golpeado a la economía en general y al tejido empresarial ha sido también el campoa abonado para la especulación más salvaje y la acción de los fondos de inversión. Desde 2009, los fondos especulativos internacionales han cerrado 116 operaciones de adquisición en España por importe de 24.317 millones de euros, según los datos de operaciones recabados por infoLibre con datos de la CNMV y publicados por la prensa nacional e internacional con operaciones cerradas (ver documento).

La multinacional Alcoa, dedicada a la producción de aluminio, amenaza con cerrar las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) si el Gobierno no facilita una rebaja de la factura eléctrica, que supone un 35% de sus costes. Alcoa ha iniciado expedientes para despedir a 1.000 trabajadores a partir del 1 de enero de 2015 después de que las dos plantas quedaran fuera de la denominada subasta de interrumpibilidad, que abarataba su factura energética y que se celebró el 24 de noviembre. La presión sobre el Ministerio de Industria ha tenido un primer éxito: el ministro José Manuel Soria ha anunciado que se celebrará otra subasta. Está en juego el reparto de 200 millones más.

La presión de las industras con consumo intensivo de electricidad para lograr descuentos en la factura no es nueva. En 2012, en plenas elecciones autonómicas gallegas, Alcoa –con la mediación del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo– logró que el Gobierno elevara de 550 millones a 750 los pagos por interrumpibilidad para la propia Alcoa (la antigua Inespal privatizada), para Asturiana de Zinc y para ArcelorMittal. Sobre aquella presión y el papel de Feijóo una portavoz de Alcoa se limitó a señalar que la compañía "habla con las instituciones de los lugares en los que trabaja".

Precios favorables

La historia se repite. En 2008 desapareció la tarifa eléctrica industrial (G4), con precios de favor para las grandes multinacionales y muy mal mirada por Bruselas. Entonces se renegociaron los pagos por interrumpibilidad. Con esos pagos, a cambio del compromiso de desenchufar la instalación en caso necesario –algo que no ha sucedido en la península desde 2009–, grandes consumidores como Alcoa, Acerlor Mittal, Ercros, o Cemex pagan menos en la factura.

"No se trata de ayudas", sostiene Alcoa. "Tampoco es una subvención. Las empresas cobran [interrumpibilidad] por producir durante la noche, consumir en horas valle y asegurar el funcionamiento de la red en caso necesario", puntualizan fuentes de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica (Aege).

El debate sobre el término por el que cobran las empresas tiene sentido. Bruselas no admite ayudas y, por ello, las empresas, como la propia Alcoa, prefieren hablar de "compensación" para trabajar "en las mismas condiciones que en otros países europeos".

Un asunto caro

Terminología al margen, el asunto no es barato. El apoyo a la producción ha costado a todos los consumidores –vía peajes de la factura eléctrica– 3.000 millones de euros desde 20083.000 millones de euros desde 2008. Ha sido el particular Plan Pive de las multinacionales. Más caro si cabe porque los sucesivos planes de ayuda a la venta de automóviles "sólo" han costado 3.600 millones en 20 años.

El problema con Alcoa ha saltado con los cambios introducidos por Soria y el secretario de Estado Alberto Nadal en el mecanismo para repartir las ayudas. Con un sistema eléctrico en apuros, obligado a cuadrar ingresos y gastos (el déficit de tarifa tiene que ser cero este año), Industria ideó un sistema de subasta a la baja, similar a la que se celebra en las lonjas de pescado, para remunerar la disposición a desenchufar bloques de la red planta por planta. 

A la subasta acudieron industrias que en otras ocasiones no se habían presentado (alimentarias por ejemplo) y que son menos sensibles al precio de la energía. La operación se cerró con un éxito desde el punto de vista del ahorro y con un fracaso desde el punto de vista de la "paz industrial".

Subasta ciega

Donde Industria preveía gastar un máximo de 550 millones, se iban a gastar en torno a 350. Con subastas ciegas e individualizadas por instalción –no por empresas– se quedaron fuera muchas plantas. Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), la encargada de organizar la subasta, asistieron 139 pujadores y obtuvieron precio 113. 

Varias plantas de Alcoa se quedaron fuera. En el caso de Avilés, explica la compañía, eso supone que apartir del 1 de enero el coste de producir una tonelada de aluminio pasará de 1.750 euros a 2.270 euros, un 30% más. "Es algo inasumible", aseguran los portavoces de la multinacional.

La amenaza de Alcoa de cerrar plantas ha encendido todas las alarmas. El PSOE, partido de Gobierno en Asturias, ha solicitado la comparecencia de Soria en el Congreso. La diputada Mariví Monteseirín destaca la gravedad que tendría el cierre de la planta de Avilés en una comarca golpeada por la crisis industrial, "que ha perdido ya 13.000 empleos director en la siderurgia". "El Gobierno", sostiene Monteseirín, "en lugar de arreglar la situación, la ha emperorado con las subastas".

"La subasta competitiva y la entrada de nuevos ofertantes" asegura el expresidente asturiano y actual senador Vicente Álvarez Areces "ha dejado en mala situación a Alcoa. Para Asturias es una cuestión vital y el Gobierno puede arreglarlo con la segunda subasta".

Es la misma opinión que sostiene el exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra. En su opinión, la interrumpibilidad "es un servicio que tiene precio y está admitido por la Unión Europea, aunque lo que es un disparate es el sistema de subasta elegido para determinar ese precio".Alcoa, en Arabia Saudí

Con la espada de Damocles sobre un tercio de las plantas de Alcoa en España, la multinacional niega que exista relación entre el anuncio de despidos y los planes que desarrolla la compañía en otros lugares del mundo.

Alcoa ha empezado a producir en Arabia Saudí. La compañía llegó al país al final de 2009 y formó una empresa conjunta con la Compañía Minera de Arabia Saudita, Ma'aden. El proyecto, destaca la propia multinacional, "aprovecha la eficiencia de la integración de la mina, refinería, fundición y de laminación, y de los costos de energía bajos".

Es justo lo que Alcoa dice que no encuentra en España y lo que explica, según su portavoz, que "la producción de aluminio en Europa se haya reducido y se esté importando la mitad del aluminio que se precisa". El traslado de la producción es algo más que una hipótesis, según temen en el Principado de Asturias.

Rebaja a la industria vasca

La idea de favorecer la actividad industrial está también tras la decisión de congelar los peajes –la parte del recibo que cubre los costes regulados– a partir del 1 de enero. La congelación, según Europa Press, se acompaña de una categoría nueva de peaje para altas tensiones especialmente habituales en la industria vasca, que disfrutará de una rebaja del 15% en el término de potencia y del 12% en el término de energía.

En un último gesto de prestidigitación contable, los 550 millones destinados a la interrumpibilidad que abarata la factura de la gran industria cambiará de ubicación. Pasará de figurar en la parte de los peajes –la parte regulada que tantos quebraderos da al Gobierno– a figurar en el apartado de energía. Y ya se sabe que el precio de la energía lo determina... el mercado.