Los pellets, pequeñas bolas de plástico, siguen apareciendo en las playas de Galicia cuando están a punto de cumplirse dos años desde el vertido del buque 'Toconao', que perdió su carga en diciembre de 2023 en aguas portuguesas.

Un paseo por la playa de Ber, en Pontedeume (A Coruña), permite ver que los pellets siguen llegando a las costas gallegas, como los recogidos por un vecino de la localidad este martes, un hecho que evidencia la dificultad de eliminar completamente la huella del vertido y su dispersión a través de las corrientes marinas.

El segundo aniversario del accidente del buque 'Toconao', que perdió 26,3 toneladas de estas pequeñas bolitas de plástico, coincide con la aprobación definitiva en el Parlamento Europeo de un reglamento diseñado para prevenir este tipo de contaminación.

Fue en diciembre de 2023 cuando el 'Toconao', de bandera liberiana, perdió seis contenedores al norte de Portugal, lo que provocó la llegada masiva de estos gránulos al litoral gallego a principios de 2024 y reveló un problema ambiental de gran magnitud.

La crisis ambiental gallega impulsó y fortaleció la nueva normativa europea, aprobada este mes de octubre, que busca obligar a las empresas a implementar planes de gestión de riesgos y reforzar los embalajes en el transporte marítimo para evitar futuros desastres.

De este modo, la persistencia de los microplásticos en las playas no solo recuerda el suceso del 'Toconao', sino que también justifica la urgencia de la respuesta legislativa europea ante los riesgos que el transporte de estas mercancías representa para el ecosistema marino.

Cuando el buque perdió su carga, investigadores alertaron del problema de ingerir pellets al consumir peces que previamente los han comido porque puede ser perjudicial que entren en la cadena trófica, a pesar de que el material de estas bolitas no es tóxico.

Cuando Alfonso Rueda, el sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, decidió hacer caso a quienes le aconsejaban adelantar las elecciones autonómicas gallegas, hacía ocho días que los pellets habían sido vistos, por primera vez, en los arenales de Galicia. Su Gobierno ya sabía entonces lo que estaba pasando, porque, más allá de la llegada visible de los microplásticos, notificada en varias ocasiones al servicio de emergencias, el día anterior la Delegación del Gobierno se había puesto en contacto con ellos para advertirles de que el origen del problema podía ser un contenedor con 26 toneladas de minúsculas bolitas destinadas a fabricar productos plásticos que un carguero había perdido el 8 de diciembre frente a la localidad portuguesa de Viana do Castelo, prácticamente en el límite de la frontera con España. Pero no le dio importancia. Ni medioambiental ni política.

Rueda, trabajando en perfecta coordinación con Feijóo y su equipo más cercano de colaboradores de la calle Génova, decidió anticipar las elecciones para intentar que la controversia en torno a la amnistía, que polariza la política española desde hace meses, compensase el escaso tirón de su candidatura.

Todo iba bien. El primer vídeo de campaña —Rueda a los mandos de un autobús— fue todo un éxito de público y crítica, y las primeras encuestas confirmaron poco después la ventaja del PP, en una posición inmejorable para repetir mayoría absoluta. Todo un reto, sobre todo porque esta vez en el cartel no está Feijóo, protagonista de las últimas tres victorias, aunque su presencia en Galicia será constante de aquí al día de la votación, el próximo 18 de febrero.

La llegada de los plásticos, sin embargo, ha cambiado la conversación. En vez de tener en el centro del debate el supuesto trato de privilegio otorgado a Cataluña y a los dirigentes independentistas, una estrategia de éxito para aparecer ante la opinión pública como los únicos defensores de los intereses de Galicia, Rueda se ha tenido que enfrentar a una crisis medioambiental para la que no estaba preparado. Y en la que ha repetido el manual de errores de Manuel Fraga durante la catástrofe del Prestige: primero negar el problema y después minimizarlo, para acabar cambiando de criterio sobre la marcha y terminar culpando a otros del problema y de su propia incapacidad para afrontarlo.

El ensayista y analista político Antón Baamonde cree que la situación “cambia porque pone al PP a la defensiva y distorsiona su campaña. Y, al mismo tiempo, anima al votante de izquierda y confirma que Rueda es gris e incompetente”. Pero que “de ahí se derive un cambio político, es otra cosa”.

En su opinión, la gran diferencia de esta campaña en comparación con otras anteriores es que “el PSOE parece estar implicado, que va a competir de verdad, porque es una especie de segunda vuelta del 23J”.

La mala gestión del problema interfiere en el enfoque que estaba dando a la campaña el Partido Popular, ratifica el escritor y ensayista Manuel Martínez Barreiro. “Sobre todo porque quita el foco” a otros temas que serían utilizados electoralmente. No solo la amnistía, también “las dificultades del gobierno de coalición”. “Esto hace que haya un foco político con un primer plano más doméstico y gallego y que, por tanto, no les favorece”.

A eso se aferran los estados mayores del BNG y del PSdeG-PSOE, convencidos de que su única posibilidad de impedir una mayoría absoluta del PP pasa por la movilización de los suyos. Y los promotores de la candidatura de Sumar. En elecciones generales o municipales, la mayoría de los votantes eligen papeletas de la izquierda pero, cuando llegan las autonómicas, muchos de ellos prefieren quedarse en casa. Los dos partidos ven en la inacción de la Xunta y la incapacidad aparente con la que Rueda está afrontando el problema —un día lo minimiza y al día siguiente, para señalar al Gobierno central, sostiene que es de enorme gravedad— una oportunidad de convencer a esa parte de los electores de que el próximo 18 de febrero vayan a las urnas.

Es justo lo que el PP quería evitar. Porque su mayoría absoluta depende, en gran parte, de ese comportamiento dual de los votantes gallegos, que solo se rompió en 2005, precisamente después de que otro gobierno conservador, entonces presidido por Manuel Fraga pero ya con Feijóo en el Gobierno, fuese incapaz de enfrentar la llegada de chapapote a las costas gallegas.

De ahí el nerviosismo palpable en las filas conservadoras. En el PP siguen confiando en la victoria, pero son conscientes de lo que Barreiro llama “la memoria histórica“ del Prestige y las consecuencias que tuvo para ellos. Los errores que están cometiendo, sostiene este analista, “se parecen bastante: esquivar responsabilidades, culpar a otros, actuar tarde, no ser especialmente operativos…“ “Hay una memoria ciudadana referenciada al Prestige, que se activa“. Porque “están volviendo a ofrecer ante una parte de la opinión pública errores muy similares a los que cometieron” con aquella catástrofe, hace ahora 21 años.

Barreiro apunta un tercer motivo de preocupación para el PP: las causas ecologistas son un factor de movilización, especialmente de la población más joven. Y eso tiene consecuencias en términos de redes sociales y puede acabar activando “un segmento (del electorado) que, políticamente, tiene cierta tendencia abstencionista”. Un grupo de edad que suele adoptar “una posición más crítica” y al que lo que está pasando les “puede llevar a las urnas”, así como también a los que tienen “dudas de qué hacer”. La causa ecologista, recuerda, es sobre todo de ámbito urbano. Y en las ciudades los electores tradicionalmente optan por posiciones “progresistas” o “nacionalistas”.

Los microplásticos están teniendo otro efecto que, al menos de momento, desnuda al PP gallego: se han convertido en un asunto de interés en toda España, con ecos que llegan desde otros países de Europa. Y eso dificulta el tradicional control que la Xunta ejerce sobre los medios de comunicación —los públicos y la mayoría de los privados—. Estar “en la agenda del Estado“ hace que los medios “de ámbito estatal estén más presentes“ y eso “visibiliza más las costuras de la posición política del PP”, desde la “falta de iniciativa“ a la estrategia de “jugar a contra” e intentar culpabilizar al Gobierno de España.

Baamonde también cree que el eco fuera de Galicia del problema de los microplásticos limita el efecto burbuja del ecosistema informativo de la comunidad gallega. “El bypass de los medios extragallegos es súper importante porque crea competencia y moviliza al electorado de izquierda que no vota en las autonómicas”, un grupo que los socialistas cifran en unas 80.000 personas.

“Lo que presumiblemente iba a ser una campaña plana, relativamente tranquila, muy cortocircuitada por, digamos, un periodo político no lectivo, creo que se activa”. Porque, “si hay un tema donde se retrata lo que hizo el PP en el pasado”, es este. Y eso deteriora la imagen de Rueda. “Si la oposición lo hace razonablemente bien, la imagen de Galicia como isla de estabilidad se convierte, en realidad, en la imagen de una isla de inactividad, una isla de inmovilismo. Y esto, si son un poco listos, PSOE y BNG pueden aprovecharlo”.

No obstante, advierte Baamonde llamando a la prudencia, aunque una derrota del PP “no es imposible, es muy difícil. Es como una jugada de billar. Y que se presente Podemos no ayuda. Si Sumar no suma, si no saca diputados por A Coruña y Pontevedra y se pierden esos votos, es complicado” que el PP pierda la mayoría absoluta.

Luís Álvarez Pousa, profesor y director de la revista Tempos Novos, es algo más escéptico. Buen conocedor del control que la Xunta ejerce sobre la información que se publica y se difunde en Galicia, Pousa cree que la repercusión electoral de los microplásticos “va a depender de cómo evolucione en los próximos días la llegada de los pellets a las playas. Y de que, en ese caso, se incremente el número de voluntarios y el eco que pueda acabar teniendo en ese contexto la manifestación que se está organizando” de la mano de pescadores y organizaciones de defensa de la naturaleza para el domingo 21 de enero.

“Otra cosa distinta”, concede, en línea con los demás analistas consultados por infoLIbre, “es lo que puede traer todo esto en lo referido al enfoque que el PP le va a dar a la campaña, porque lo del antisanchismo descarriló y no van a tener más remedio que aterrizar en la temática gallega”.

Hay un último elemento que es “emocional”, en opinión de Barreiro. La campaña ha empezado con el PP en mayoría absoluta, pero en tendencia a la baja. “Hay un factor de desgaste que lo que hace es extender la idea de que hay partido”. Pensar que “la cosa está más abierta, puede tener efectos. Basta que la gente crea que algo puede tener efectos para que los tenga”. Baamonde piensa lo mismo: “Si hay la sensación de que no está decidido, hay esperanza”.

De momento, la guerra política abierta en torno a los pellets no baja de intensidad. Este viernes, los medios aéreos y marítimos del Gobierno de España que diariamente buscan en el agua no hallaron señales del vertido.

Hasta la mañana del viernes, el operativo desplegado por la Xunta había retirado el equivalente a 70,7 sacos de las playas, así como 1.197 kilos de plásticos de otra índole. En el contenedor que cayó al mar viajaban más de mil sacos, con un total de 26 toneladas de microplásticos.

La vicepresidenta de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, detrás de la cual ha comenzado a parapetarse Rueda para evitar el desgaste que está provocando esta situación, compareció este viernes en la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia para acusar al Gobierno de España del problema por no avisar, según ella, a tiempo de ponerle remedio. Y pasando por alto que su Gobierno no hizo nada durante semanas.

El Ministerio de Transportes, cuyos medios aéreos y marítimos trabajan a diario desde el 13 de diciembre para intentar localizar bolsas de microplásticos o pellets a la deriva, a pesar de lo cual la Xunta les acusa de no hacer ese trabajo de vigilancia, recordó este viernes que la Xunta también dispone de medios aéreos y marítimos y se preguntó si los está utilizando. Se trata, en concreto, de dos helicópteros con base en Vigo y Celeiro (Lugo) y de una flota de cinco barcos y 19 embarcaciones.

La venta de pescado gallego se mantiene con normalidad una semana después de que estallase la noticia sobre el vertido de pellets en la prensa nacional. La Xunta, la administración que tiene la competencia sobre la supervisión de la calidad del producto, no ha detectado todavía plásticos en los análisis rutinarios de las lonjas, pero tampoco ha activado ningún procedimiento especial para estudiar si los peces o crustáceos están ingiriendo bolas de plástico en las zonas afectadas. Igualmente, no hay constancia de que otro organismo gallego o nacional esté ahora analizando las entrañas de estos animales en busca de pellets.

Según explican desde la Xunta, el control que realizan en este momento sobre el pescado que llega a las lonjas es el estudio "de oficio" que se lleva a cabo en las lonjas de forma rutinaria por los técnicos de Intecmar, quienes analizan parámetros como el mercurio, el cadmio y ahora la presencia de plásticos. "Esta vigilancia se ha visto reforzada ante la actual situación, con controles específicos para determinar la no existencia de este residuo sin que, hasta la fecha, se detectase ningún caso", apuntan desde la Consellería do Mar a infoLibre. Las lonjas también realizan sus propios análisis en laboratorios privados, que tampoco han encontrado pellets por el momento.

Este filtro es por ahora el único estudio que se hace al pescado gallego que se comercializa en España y se exporta al extranjero. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Consumo, tiene las competencias últimas sobre el control de la calidad del pescado, pero sus portavoces afirman que "no se ha establecido ningún protocolo específico de actuación en este caso", ya que antes tendrían que haber recibido una alerta alimentaria por parte del Gobierno gallego.

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca remiten la misma información. No elaborarán ningún estudio de campo, salvo que la Xunta o el sector pesquero den la voz de alarma, puesto que el control del producto es de competencia autonómica. El ministro Luis Planas ya adelantó este martes que el pescado y el marisco gallegos no son un peligro para la salud.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica se encarga de calibrar el impacto en el medioambiente del vertido, pero no de controlar el tráfico de alimentos. Según afirman, están pendientes de realizar un estudio sobre la composición de los pellets para determinar si los aditivos que acompañan al polímero, que es inerte, son tóxicos para los peces y humanos. Mientras que el Instituto Español de Oceanografía, que depende del Ministerio de Ciencia, tiene previsto iniciar la próxima semana pescas selectivas para estudiar el impacto de los pellets en los peces.

El vertido de unas 26 toneladas de plástico frente a la costa de Portugal ha puesto en alerta a los pescadores gallegos en los últimos días, ya que el sector aporta casi 45.000 empleos a la región. La patronal pesquera Cepesca lanzó un comunicado este jueves llamando a la calma a los consumidores, puesto que si los pellets "fueran ingeridos accidentalmente por los peces, estarían presentes en el estómago e intestinos, no consumidos por el ser humano". Aunque ese argumento no sirve para el marisco, como el buey de mar, del que se come todo.

Javier Garat, secretario general de Cepesca, explica a infoLibre que están "muy sorprendidos por la dimensión que algunos quieren dar al problema", ya que el vertido es muy pequeño comparado con los 1,7 millones de toneladas de plástico que caen cada año en los océanos. "Sin duda es un problema, pero se ha unido a las elecciones gallegas y se ha convertido en una batalla política", critica. "No quiero quitar peso a la situación, pero no es una catástrofe ambiental, es una anécdota", añade.

Sobre la inquietud del sector, Garat responde que lo que más les afecta es el "barullo político y mediático y el miedo que pueda meter a los consumidores", más que el propio riesgo de contaminación, que es nulo según su opinión. Aun así, todavía no tiene constancia de una caída de las ventas de pescado y marisco gallegos.

Los oceanógrafos y ecologistas llevan días advirtiendo que es posible que los peces ingieran estos pellets, ya que los confunden con huevos de otros animales. Por ejemplo, algunos peces pelágicos dejan huevos que flotan en el agua, con un aspecto parecido a estas bolitas blanquecinas. Más allá de que acaben o no en las lonjas, los pellets pueden provocar la muerte de peces porque se atascan en su sistema digestivo o porque dan una falsa sensación de saciedad al animal. El problema de la toxicidad es más complejo, ya que hay evidencias de que algunos aditivos del plástico pueden acabar en el hígado de los peces, pero no está claro que puedan provoquen la muerte del animal.

Raúl García, portavoz del programa marino de la organización WWF, critica que en una situación tan delicada la Xunta debería proporcionar mucha más información si pretende demostrar que los pellets son inocuos, tanto para tranquilizar a la población como para proteger la venta de pescado. "El mayor peligro que hay ahora para la desconfianza de los consumidores es la falta de transparencia de la Xunta", opina.

"Si presumimos de tener el mejor marisco y pescado del mundo, no se pueden tolerar declaraciones que hemos oído estos días", añade, en referencia a las palabras del consejero Do Mar, Alfonso Villares, quien dijo esta semana que los pellets "son productos que entran por donde entran y salen por donde salen".

La consejera de Medioambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, actualizó este viernes la información sobre el vertido, y afirmó que ya se han recogido de las playas gallegas 1.197 kilos de plásticos en 70 sacos de 25 kilos cada uno, de los que el 90% eran pellets. La recogida proviene del dispositivo iniciado esta semana en el que participan 300 personas que han batido 55 playas.

La crisis de los microplásticos no amaina en Galicia. Ni en las playas, a las que siguen llegando los pellets, ni en la política, donde la controversia aumenta de intensidad. 

El Partido Popular, en un intento de proteger la figura de su candidato a la Presidencia, Alfonso Rueda, impidió este jueves que fuese citado a dar explicaciones en la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia —la Cámara está disuelta por la convocatoria electoral del 18 de febrero—. 

El sucesor de Alberto Núñez Feijóo no tendrá que aclarar la errática gestión que la Xunta ha hecho del problema medioambiental provocado por el carguero Toconao el pasado 8 de diciembre, cuando vertió 26 toneladas de diminutas bolitas de plásticos a 70 kilómetros de la localidad portuguesa de Viana do Castelo, muy cerca del límite fronterizo con Galicia.

Aunque Rueda es quien preside el operativo y quien en última instancia toma las decisiones —incluida la de pedir ayuda aérea y marítima 24 horas después de decir que no la necesitaba o que se trataba de una responsabilidad de los municipios—, en su lugar hablará este viernes la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La sesión fue fijada después de un tenso debate en el que el BNG, que lidera la oposición, intentó sin éxito que quien rindiera cuentas fuese el propio Rueda. La munición de unos y de otros fueron las fechas en las que se tuvo constancia del problema y la supuesta utilización de esta crisis como argumento electoral. El PP no dudó en acusar a los nacionalistas de estar dañando a los sectores turístico y pesquero al hablar de la gravedad de un problema que la Xunta solo niega cuando se trata de limpiar las playas, pero que subraya cuando trata de culpar al Gobierno de España.

Un buen ejemplo de la falta de diligencia de la Xunta para enfrentar este problema lo protagonizó este jueves el presidente Rueda al reconocer que un mes después del vertido su gobierno todavía no había aprobado un protocolo para la recogida de los microplásticos en las playas, pese a la demanda de los ayuntamientos.

Eso significa que hasta ahora la Xunta careció de un sistema coherente para, entre otras cosas, canalizar y distribuir en las playas afectadas a todos los voluntarios que se han presentado para estas labores. 

Según la información de la Xunta, este jueves había constancia de pellets en 37 municipios, lo que ha obligado a incrementar, a partir del fin de semana, de 200 a 300 los efectivos movilizados para las tareas de limpieza.

El grueso de los arenales afectados se concentra de momento en la provincia de A Coruña, según datos del Gobierno gallego. Están ubicados en los municipios de Oleiros (playa de Canide y de Bastiagueiro), Sada (playa de Cirro), Ferrol (Doniños), Muxía (Nemiña), Carnota (San Pedro), Ribeira (playa das Furnas, Vilar y Ladeira), Carballo (Razo), Camariñas (playa do Trece), Valdoviño (Pantín), Miño (playa Grande), Porto do Son (Area Longa y Sieiras), Cariño (playa da Concha), A Coruña (As Lapas), Arteixo (Barrañán), A Laracha (Caión), Muros (San Francisco), Laxe (Traba), Dumbría (Ézaro), Outes (Broña), Porto do Son (Areas y Longas) y Malpica (Langosteira).

En la provincia de Pontevedra, hay tareas de limpieza en Bueu (playa de Tulla), O Grove (A Lanzada, Carreiro y Barcela), Nigrán (Madorra), A Illa de Arousa (Aguiunchu), Cangas (Nerga), A Guarda (Area Grande), Vigo (Samil) y Sanxenxo (Silgar, Canelas y Montalvo). En Lugo solo ha habido actuaciones en arenales de Barreiros (Remior) y Xove (Esteiro).

De momento, la Xunta sigue despreciando la ayuda terrestre que le ha ofrecido el Gobierno central. La misma que opera con normalidad desde hace dos días en el Principado de Asturias. E insiste en que Transición Ecológica y Transportes busquen en el mar las bolsas de pellets que, especulan sin ningún dato que apoye esa teoría, se dirigen a las costas gallegas.

El Gobierno de España, por su parte, renovó su compromiso de ayuda, pidió a la Xunta que concrete “cuánto, cuándo y dónde” la necesita y recordó que está utilizando medios aéreos y marítimos para “buscar activamente” señales del vertido en el mar desde que el 20 de diciembre tuvo constancia del vertido.

La Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar “continúan buscando activamente restos de pellets o sacos de estos” en el mar, “priorizando, tal y como recomienda la Organización Marítima Internacional (OMI), los medios aéreos y recurriendo también a medios marítimos y a vigilancia satelital”.

“En el momento en que cualquier medio marítimo, aéreo o satelital detecte una contaminación en el mar, el Gobierno actuará inmediatamente, aún dentro de las limitaciones técnicas que tiene la actuación en el mar, de acuerdo con las recomendaciones y guías internacionales que regulan la actuación en estos casos, para lo que la Xunta cuenta con los medios de Salvamento solicitados y que se encuentren disponibles en ese momento”, argumentan.

Para que no haya dudas, a la vista de la insistencia de la Xunta, el Gobierno “informará diariamente de cada uno de los vuelos o inspecciones aéreas, marítimas y satelitales” que lleve a cabo Sasemar, “tan pronto tenga el resultado de dichas inspecciones”.

Entretanto, Transición Ecológica ha trasladado a la Xunta que está en disposición de activar “con un preaviso de 12 horas” un “retén inicial de efectivos” para apoyo por tierra, adscritos al Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar. En caso de que fuera necesario movilizar más efectivos, “esto podría atenderse con personal de fuera de Galicia, por lo que convendría saberlo con un preaviso de 48 horas”, advierte.

No obstante, el Gobierno gallego sigue despreciando estos medios. “Ahora no están llegando pellets como para tener que pedir ayuda adicional. Veremos cómo evoluciona, por lo que si fuera necesario, en doce horas podría desplegarse personal adicional”, justificó Rueda.

El presidente de la Xunta sigue exigiendo a Transición Ecológica y a Transportes que un “robot submarino” inspeccione el contenedor que transportaba los microplásticos y que supuestamente se hundió en el Atlántico. Y lo hace a pesar de reconocer que su Gobierno no tiene constancia de que alguien sepa dónde está.

La petición de ayuda tenía trampa. La Xunta, en vez de solicitar al Gobierno de España auxilio de medios humanos y materiales para recoger en el litoral los microplásticos vertidos por el carguero Toconao, que es lo que le había ofrecido el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que quiere es que se utilicen medios aéreos y marítimos para tratar de localizar en el agua las bolsas que contienen los pellets que aún puedan estar flotando a la deriva.

La búsqueda de contaminación en el mar es una competencia exclusiva del Gobierno de España, que en el caso de este vertido ha venido realizando desde que el día 13 aparecieron los primeros microplásticos con salidas diarias de los medios aéreos y marítimos de Salvamento Marítimo. Pero sin éxito: “No se detecta nada en el mar y ningún barco de la flota pesquera gallega reporta información al respecto”, según la Delegación del Gobierno.

La práctica imposibilidad de localizar las bolsas en el agua —ninguna embarcación, pública o privada, las ha avistado desde que tuvo lugar el vertido—, ya fue reconocida por la Organización Marítima Internacional en un informe de febrero de 2013 sobre este tipo de sustancias e incluso por la Xunta, que en una carta que está remitiendo a los municipios afectados advierte de que “no resulta posible la retirada de este residuo en el mar, ya que no se encuentra en la superficie, por lo que estas labores deben ser acometidas una vez que alcanzan la costa”.

A pesar de ello, y en vez de pedir ayuda para retirar los microplásticos que ya han alcanzado la costa, la Xunta solo pide medios marítimos, aéreos y submarinos, la mayoría de los cuales Salvamento Marítimo ya está utilizando desde hace semanas. “Lo que queremos que se nos facilite”, explicó el responsable de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto, tras la activación del nivel 2 del plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia, es la intervención de cuatro buques de Salvamento Marítimo, así como otros siete barcos de intervención rápida de la clase Salvamar.

Galicia reclama también que se movilice el avión CN 235-300 Rosalía de Castro, especializado en la detección de vertidos, y dos helicópteros Helimer de Salvamento Marítimo, así como el desplazamiento de robots submarinos hasta el lugar en el que se hundieron los contenedores, a la altura de Viana do Castelo (Portugal).

El Gobierno ya tiene preparados los medios para intervenir en la limpieza del vertido en las costas gallegas cuando sean requeridos, pero la Xunta no tiene intención de solicitarlos. Entretanto, el dispositivo del Gobierno de España ya está trabajando con total normalidad en la limpieza de las playas del Principado de Asturias, a petición del Gobierno de esta comunidad.

Al mismo tiempo que desprecia la ayuda en tierra del Ministerio de Transición Ecológica, la Xunta sigue insistiendo en su estrategia de minimizar las consecuencias del vertido. Si el lunes fue la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la que dijo que hay peces que “pueden ingerirlo y otros no”, este miércoles fue el turno del conselleiro do Mar. Alfonso Villares llegó al extremo de decir que si alguien ingiere “accidentalmente” algún plástico no pasa nada porque “entran por donde entran y salen por donde salen”.

La realidad es muy distinta. La contaminación a causa del vertido de pellets va a ser tanto física como química y puede resultar muy dañina para la fauna oceánica, según varios expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reunidos para analizar los acontecimientos.

En ausencia de medios por parte de la Xunta, los ayuntamientos tratan de resolver el problema por sus propios medios. El de Muros (A Coruña) ha cerrado con la aseguradora de la empresa armadora y con las entidades de voluntariado un plan de limpieza que comenzó a operar en las playas este miércoles. “Está todo organizado y hoy mismo (por ayer) a las 15.00 horas comenzaron los trabajos de limpieza en la playa Area Maior”, explicó al diario La Opinión de A Coruña la alcaldesa de la localidad, María Lago.

La compañía de seguros de Maersk, naviera del carguero con bandera de Liberia, se ha encargado de elegir a una empresa de limpieza que, a su vez, ha contratado a 18 trabajadores locales para efectuar los trabajos con la ayuda de los voluntarios.

Entretanto, el malestar en la sociedad gallega sigue creciendo y ya adopta la forma de convocatorias de protesta. Los primeros en movilizarse han sido los trabajadores de la televisión y la radio pública de Galicia, que han decidido protestar este jueves a las diez de la mañana a las puertas de la sede central de la CRTVG y de todos sus centros y delegaciones territoriales. El objetivo es denunciar la manipulación que, a su juicio, está ejerciendo la dirección del ente en las informaciones sobre el vertido de microplásticos.

Al mismo tiempo, las plataformas de defensa de las rías (PDRA y Plademar Muros-Noia), agrupaciones de marisqueo, cofradías, ecologistas y grupos de voluntarios reclamaron coordinación a la Xunta y el Gobierno central y anunciaron la convocatoria de una manifestación el domingo al mediodía en Santiago.

“Frente a la situación creada por la llegada masiva de materiales plásticos a las costas gallegas y ante los potenciales riesgos para la salud, el medio ambiente, los colectivos firmantes queremos denunciar la tardanza y la dejadez de las administraciones en hacer frente a esta amenaza”, explicaron en un comunicado tras haber comparecido ante los medios de comunicación este miércoles en Carril (Pontevedra).

“Nuevamente, como ya había acontecido en la catástrofe del Prestige, tuvieron que ser los colectivos ciudadanos y las personas voluntarias las que, en ausencia de las instituciones”, salieran a las “playas a luchar contra esta marea plástica”.

La polémica sobre lo ocurrido ya ha alcanzado a Europa. El pleno del Parlamento Europeo debatirá el jueves de la próxima semana sobre el vertido a petición del grupo de Los Verdes en la Eurocámara. “Gracias a nuestra iniciativa, el pleno del Parlamento Europeo debatirá la catástrofe ecológica (del vertido de pellets de plástico) y su impacto en la polución marina y en los hábitats costeros. La UE debe intervenir para prevenir estos desastres”, publicó el grupo de Los Verdes en redes sociales.

Y la vía judicial avanza. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) acordó incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La titular de este juzgado recibió las actuaciones tras la denuncia interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia, que se ha acumulado a la que también presentó Podemos.

La jueza ha pedido a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao” desde la que supuestamente cayeron al mar los contenedores con las 26 toneladas de microplásticos. También ha pedido que se averigüen “las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los 'pellets' vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.

Mezclados con los microplásticos vertidos por el mercante Toconao, en la línea de costa de la playa de O Vilar, un extenso arenal de más de un kilómetro de extensión dentro de los límites del parque natural de Corrubedo (A Coruña), se acumula un volumen aún mayor de plásticos de todo tipo, desde botellas hasta palitos de caramelos. Pero los operarios desplazados al lugar por la Xunta no los recogen. “Sólo tenemos instrucciones para retirar los pellets”, contestan cuando se les pregunta por el motivo de ese comportamiento. El resto de los plásticos queda allí, expuesto a los elementos y a la fuerza de las olas.

El trabajo de esta cuadrilla de cuatro operarios, equipados con chalecos amarillos con el logotipo de la Xunta y resignados a llevar a cabo una labor cosmética incompatible con la recogida del vertido en un área tan extensa, es paradigmático de lo que ha estado sucediendo en las playas de la treintena larga de municipios en los que el Gobierno gallego reconoce afectación por microplásticos.

La recogida, cuando se lleva a cabo correctamente, es claramente extensiva en mano de obra. Y, según las organizaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza que llevan semanas trabajando sobre el terreno, exige meticulosidad para barrer la playa y separar las bolitas de plástico haciéndolas flotar en capazos y cubos para poder extraerlas sin afectar al ecosistema del arenal.

La Xunta, sin embargo, apenas ha desplazado a unos 200 operarios a las playas de la treintena larga de ayuntamientos en las que el vertido ya se ha hecho visible, según sus propios datos. Aproximadamente media docena por municipio, muchos de los cuales cuentan con varios arenales, algunos de ellos muy extensos. Algunos de estos operarios trabajan equipados con aspiradoras para la recogida. Otros hacen uso de pequeños rastrillos y palas. Mientras, una cifra indeterminada de voluntarios, organizados de forma autogestionada, trabaja en los arenales, aunque su número ha descendido desde el fin de semana.

Empujado por el creciente malestar de una población que no acaba de ver un verdadero despliegue de medios para atajar el problema, por la inquietud creciente del sector pesquero, que no sabe cómo afectarán los microplásticos a su medio de vida, y por la presión de los municipios afectados, el Gobierno de España y la oposición parlamentaria, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el sucesor de Alberto Núñez Feijóo, dio este martes marcha atrás.

El Ejecutivo gallego, que hace apenas 24 horas decía que la afectación era “testimonial” y no necesitaba ayuda, ha terminado por elevar el nivel de riesgo previsto en el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia y posibilitar así la llegada de la ayuda que hace varios días le brindó el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. La misma medida que había aprobado horas antes el Principado de Asturias, a cuyas costas también están llegando microplásticos procedentes del contenedor hundido. Y a la que sumó después Cantabria, cuyas costas están expuestas al mismo problema.

La Xunta no ha explicado el motivo de este cambio de postura, más allá de asegurar que se basa en informes de MeteoGalicia sobre las corrientes marinas. 

Eso sí: Rueda ha precisado que sólo quiere ayuda del Gobierno de España para localizar en el mar las bolsas cargadas de microplásticos que todavía puedan flotar a la deriva desde que el barco perdió su carga el pasado 8 de diciembre a la altura de la localidad portuguesa de Viana dos Castelo, muy cerca de la frontera española. No para ayudar a la Xunta a recoger el vertido en las playas, que es lo que le ofrece el Ejecutivo.

“Hay sacos que no llegaron y el momento de recogerlos es ahora que están en el mar y las corrientes de estos días lo van a hacer todo más fácil”, argumentó tras visitar la playa de Espiñeirido, en Porto do Son (A Coruña).

Sin embargo, a la espera de recibir la petición concreta de la Xunta, lo que el Gobierno de España ofrece son medios para trabajar en la limpieza de las playas, no para tratar de localizar bolsas en el mar. Al menos eso es lo que anunció el martes por la tarde la vicepresidenta Ribera. “Los equipos están pendientes de entrar en contacto”, explicó, para evaluar “cómo se articula esta colaboración sobre el territorio”.

La Delegación del Gobierno en Galicia ya había señalado el lunes que la búsqueda en el mar no está dando frutos. Desde que se tuvo constancia del vertido, el 20 de diciembre, asegura este organismo, se han llevado a cabo salidas diarias por aire y por mar de medios dependientes de Salvamento Marítimo en busca de bolsas sin detectar nada. Tampoco la flota pesquera comunicó ningún avistamiento.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abundó después en las intención de la Xunta de limitar la colaboración del Gobierno de España a la búsqueda en el mar. “Todo lo que llegue en sacos es mucho más controlable que las miles de partículas que puedan esparcirse por las playas”, razonó.

La Xunta calcula que hasta ahora solo han recogido un 10% de los 1.000 sacos que llevaba el contenedor. Pero aun así aseguró que el dispositivo que tiene habilitado la Xunta en tierra es “suficiente”. A partir de ahora, anunció, la recogida no se centrará solo en la limpieza del vertido, sino que va a incluir “todo tipo de plásticos”. “De un problema tenemos que hacer una virtud”, se jactó la conselleira.

El cambio de posición de Rueda estuvo precedido por la constatación de que la Xunta minimizó el problema durante semanas. Supo del vertido el 13 de diciembre y fue avisado de su origen el 20, a pesar de lo cual no activó el plan de contingencias hasta el 5 de enero, casi un mes después de que el carguero perdiese el contenedor con más de 26 toneladas de microplásticos en su interior. Su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, lo reconoció en una entrevista en Onda Cero, y lo constató una carta enviada por la Xunta a los ayuntamientos antes de Navidad.

La credibilidad de la Xunta se ha visto además comprometida después de que el Gobierno gallego afirmase la inocuidad de los microplásticos basándose en un análisis encargado por la Consellería de Medio Ambiente. Al día siguiente, sin embargo, se supo que el dictamen no se basaba en el examen del vertido, sino en una ficha técnica sobre su supuesta composición.

Investigadores de la Universidad de A Coruña (UDC) consultados por la agencia Efe han alertado del problema de ingerir este material al consumir peces que los hayan comido. El director del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA), Jaime Rodríguez, advierte de que los microplásticos suponen “un grave problema” y “no por su toxicidad, sino porque se acumulan”.

Tampoco la versión del Gobierno de España permanece indemne. Europa Press difundió un informe de las autoridades portuguesas emitido el 8 de diciembre en el que trasladaba a España que el buque Toconao había perdido seis contenedores frente a sus costas. Una comunicación que, de ser cierta, pondría en entredicho la versión del Ejecutivo español, según el cual no supo del origen del vertido hasta el día 20.

El vertido se ha convertido ya en un tema central de la precampaña electoral en Galicia, que el 18 de febrero renueva su Parlamento. En el PP cunde la preocupación porque este asunto acabe movilizando a una izquierda en cuyo desinterés por los comicios confiaban para que Rueda pudiese renovar la mayoría absoluta que Feijóo consiguió mantener durante los últimos 14 años.

Las visitas de los candidatos a las playas se suceden y el fuego cruzado de acusaciones, también. La Xunta acusa al Gobierno de haber ocultado información sobre el vertido, a pesar de que este afirma que les comunicó lo ocurrido en cuanto tuvo constancia. La vicepresidenta Teresa Ribera no ha dudado en interpretar la reacción de Rueda, primero en contra de recibir ayuda y después a favor, como fruto del contexto electoral.

“El lunes (Rueda) dijo que era desleal ofrecer ayuda” a la Xunta, y eso “tiene que ver más con el compromiso electoral que con otra cosa”, señaló este martes. Galicia “es una comunidad autónoma en la que la memoria reciente de contaminación marina es dura y complicada, la sensación de abandono de la población local todavía pervive y la sensibilidad es alta”, advirtió. “Los ciudadanos lo que quieren es reacción inmediata y de colaboración entre las administraciones para restaurar la normalidad”, añadió.

La asociación Ecologistas en Acción presentó este martes una demanda penal en el Juzgado de Noia (A Coruña) contra la empresa armadora propietaria del buque, así como contra su capitán. En la demanda solicitan una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación que prevén sea “larga y costosa”. La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales de Galicia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmontó este martes la coartada con la que su sucesor en la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, intentó justificar la tardanza de su gobierno a la hora de activar el plan de contingencias por contaminación marina. 

Lo hizo en una entrevista en Onda Cero en las que confirmó la versión de la Delegación del Gobierno: la Xunta sabía de la llegada de los microplásticos a las playas desde el 13 de diciembre, cuando fue alertada a través de una llamada a su servicio de emergencias 112. “Sabemos por una persona que llamó al 112, una persona, que está empezando a haber alguna bola de microplástico en los entornos de las playas”, reconoció.

Es a partir de ese momento que, según Feijóo, “automáticamente la Xunta de Galicia despliega toda su capacidad”, aunque en realidad no lo hizo hasta el 5 de enero.

Rueda, en cambio, explicó la situación este lunes diciendo en un desayuno en Madrid que “la primera comunicación oficial” que tuvieron por parte del Gobierno de lo que estaba pasando se produjo “el 3 de enero”, razón por la cual su Gobierno no activó hasta el 5 de enero la fase de emergencia mínima del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia. Casi un mes después de que los microplásticos iniciasen su viaje hacia las costas gallegas y tres semanas después de que las primeras bolitas fuesen avistadas en las playas y comunicadas a su servicio de emergencias. No dijo nada sonre cuándo supo su Gobierno que enfrentaba un vertido de microplásticos.

Fuentes del PP precisan que Rueda se refirió al 3 de enero como la fecha en que recibió una comunicación oficial del Gobierno de España y no como el día en el que la Xunta se enteró del vertido. Pero el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aseguró el lunes que la Xunta no actuó hasta que el Gobierno de España le comunicó “oficialmente” el vertido. “El Gobierno gallego está actuando desde el momento en que el Gobierno central comunicó oficialmente de la presencia de estos materiales en el litoral fruto de la pérdida de parte de su carga por parte de un buque mercante en aguas portuguesas”, reza una comunicación oficial de la Xunta, lo que según Villares no ocurrió hasta enero. 

A pesar de ello, Feijóo defiende que desde esa llamada al 112, que se produjo el 13 de diciembre, la Xunta ha desplegado operarios para limpiar las playas, a pesar de que “es competencia de los ayuntamientos” y está “organizando” a los voluntarios que quieran ayudar, aunque estos sostienen que se están autogestionando.

El líder del PP calificó de “tóxica” la actuación del Gobierno de España, que el día 7 ofreció a la Xunta toda la ayuda disponible para hacer frente al vertido, a pesar de lo cual el Gobierno gallego declinó aceptar la propuesta.

Lo que es “tóxico”, dijo, no son los microplásticos, sino “la utilización política que se está haciendo de un vertido en las costas portuguesas que el mar ha traído a las costas gallegas y de momento a las costas asturianas. Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece este vertido, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero”.

En realidad, el Gobierno facilitó información sobre el vertido a la Xunta a partir del 20 de diciembre, cuando tuvo constancia de que el origen podía ser un contenedor perdido por el carguero Toconao. 

Cuando los pescadores gallegos recogían chapapote con sus manos, sin medios de ninguna clase, ante la inacción de los gobiernos de Manuel Fraga y de José María Aznar, en diciembre de 2002, Alfonso Rueda era un simple director general de Administración Local de la Xunta. Entonces no tuvo responsabilidad directa en la cadena de errores y mala gestión que transformó un accidente marítimo en una catástrofe medioambiental sin precedentes, provocando una marea negra que se extendió desde Portugal hasta Francia.

El PP ganó las siguientes elecciones gallegas, celebradas dos años y medio después, en 2005. Pero la herida abierta en la sociedad gallega fue lo suficientemente profunda como para desmotivar a una parte de los votantes conservadores y movilizar como nunca antes a los electores de izquierdas, lo que a la postre puso fin a 16 años de gobiernos de Manuel Fraga y abrió la puerta a un gobierno compartido por socialistas y nacionalistas.

El azar ha querido que ahora, a poco más de un mes de unas elecciones gallegas —están convocadas para el 18 de febrero— un carguero haya vertido algo más de 26 toneladas de microplásticos al mar, a la altura de la localidad portuguesa de Viana do Castelo, muy cerca de la frontera con Galicia. Son pequeñas bolitas blancas de tres milímetros de grosor que se utilizan como materia prima para fabricar productos plásticos y que hace semanas empezaron a aparecer en las playas sin que la Xunta se diese por aludida. Ahora que el vertido se extiende por gran parte de la costa gallega y avanza por el Cantábrico, impulsado por las corrientes, el Gobierno de Rueda se esfuerza en restarle importancia.

Es exactamente lo mismo que sucedió cuando el Prestige vomitó 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas y la Xunta —entonces con la inestimable colaboración de un gobierno central también en manos del PP— trataba de negar la evidencia. Hasta que el fuel llegó a las rías. Y fue imposible seguir ocultándolo.

El cronograma de lo ocurrido, según la versión detallada ofrecida por la Delegación del Gobierno en Galicia, no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de la Xunta. El Gobierno de Rueda fue informado de la llegada masiva de microplásticos el 13 de diciembre a través de una llamada al servicio de emergencias 112 de la Xunta y que a su vez se pone en contacto con Salvamento Marítimo, a su vez dependiente del Gobierno de España. Una semana después, el 20 de diciembre, este organismo comunica al ejecutivo gallego sus sospechas de que un carguero, de nombre Toconeo, puede ser el origen del vertido.

Ese mismo día, la naviera del barco confirma que el día 8 el barco había perdido, entre otros contenedores, uno cargado con sacos llenos de microplásticos. Los mismos que, para entonces, ya estaban apareciendo en diferentes playas y puntos de costa gallega.

Al día siguiente, 21 de diciembre, el Gobierno español comunica la situación a los ayuntamientos afectados y les traslada toda la información disponible, incluida la disposición del armador del barco a asumir el coste de las tareas de limpieza. Cinco días después, el 26, la Delegación del Gobierno constata la llegada de microplásticos a más playas, entre ellas las del parque natural de Corrubedo (A Coruña) e informa a sus responsables, que dependen de la Xunta.

No es hasta el día siguiente, 27 de diciembre, 19 días después del vertido y dos semanas después del primer aviso, que la Xunta decide pedir información a Protección Civil. Y demora hasta el 5 de enero la activación de la fase de emergencia mínima del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia. Casi un mes después de que los microplásticos iniciasen su viaje hacia las costas gallegas. Ese mismo día, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, conversa con el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para compartir información y coordinar actuaciones.

Para entonces ya había constancia de la llegada de más microplásticos. El 3 de enero en el Ayuntamiento de Muros; el 6 y 7 de enero aparecen más al norte hasta A Coruña y Oleiros, y más al sur hasta la ría de Vigo.

El domingo 7 de enero, la vicepresidenta Teresa Ribera llama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecerle la ayuda del Gobierno de España en el objetivo de controlar el vertido y sacar todo el microplástico que se pueda de las playas y las rocas del litoral gallego, algo para lo que es imprescindible que la Xunta eleve la emergencia del Plan de Contingencias de la fase 1 a la 2.

Al día siguiente —este lunes—, sin embargo, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, declara que el vertido que afecta a más de una treintena de playas y a un número no determinado de acantilados es “testimonial” y que las muestras recogidas “no son tóxicas”, por lo que no es necesario, aseguró, elevar el nivel de emergencia imprescindible para contar con la ayuda de los medios del Gobierno de España. “No tenemos por qué incrementarlo, porque los técnicos y científicos no lo ven necesario”, declaró. La recogida, dice, debe hacerse de forma “controlada, consensuada, organizada y con sentidiño”. Y anuncia que la coordinación de “voluntarios” la llevarán a cabo los ayuntamientos.

¿Afectarán los microplásticos a la fauna? Se trata de un producto que “flota” y hay peces que “pueden ingerirlo y otros no". “La cantidad es muy poca", señaló Vázquez, despreciando el volumen de lo que está llegando a las costas. En realidad, el vertido fue de 26,25 toneladas de microplásticos, un material que, según expertos en medio ambiente, puede acabar siendo ingerido por y afectar gravemente a peces y aves marinas, entre otros animales.

El esfuerzo de la Xunta en restar importancia a la situación contrasta con la preocupación de los municipios afectados, de las organizaciones ecologistas y de las cofradías de pescadores.

El presidente de la Federación de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía (Pontevedra), el socialista Alberto Varela, reclama medios para luchar contra el vertido. “La Xunta ha vuelto a abandonar a los municipios en una catástrofe medioambiental diciéndonos en una carta que la limpieza de las playas es competencia municipal y lavándose las manos en una situación que no sabemos qué repercusión puede tener en el medio, en los recursos marinos de los que tanta gente vive y en el mismo Parque Nacional das Illas Atlánticas, el único que existe en Galicia”, denunció.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE), también exige a la Xunta que aporte los medios “precisos para la recogida de este material, que su ayuntamiento ya ha detectado en las playas de Orzán, As Lapas, Bens y O Portiño. “La Xunta no puede ponerse de perfil en un asunto de ámbito autonómico que es de su competencia. A día de hoy no recibimos ni una llamada ni un ofrecimiento de información o de medios para hacerle frente a este problema”, se quejó.

Las organizaciones ecologistas discrepan de la decisión de la Xunta de no elevar el nivel de riesgo y reclamar ayuda al Gobierno central. “Son la Xunta, el Estado y, en última instancia, los municipios los encargados de disponer los medios precisos para hacer frente a esta emergencia ambiental”, sostiene la asociación Adega.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, aseguró que los microplásticos permanecerán “meses o años pululando” y echó en falta la utilización de barreras de hidrocarburos para evitar su llegada a tierra. “Va a ser muy difícil erradicar los pellets porque tenemos una costa muy agreste, con muchas entradas, y con el tamaño que tienen estas bolas va a haberlas por todos lados durante mucho tiempo”, lamentó.

La Xunta acusa al Gobierno central de ser el responsable de la inacción, porque, dice, es quien debería haber activado “el protocolo para frenar la contaminación marítima”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez replica que sus competencias se limitan al mar, donde no es posible detectar ni recoger los microplásticos vertidos, que cuando llegan a la costa se convierten en responsabilidad de la Xunta.

Las versiones de la Delegación del Gobierno de España y de la Xunta no coinciden. Los primeros sostienen que la Xunta sabía lo que pasaba desde el 13 de diciembre y que recibió nueva información el 20 y el 26 de diciembre. Pero Alfonso Rueda, al que el estallido de esta crisis pilló en Madrid, en plena precampaña electoral, dice otra cosa. “La primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero“, aseguró antes de subrayar que el Gobierno central no les ha facilitado ninguna información sobre el vertido.

La memoria del Prestige, la catástrofe ocurrida hace 21 años, sigue muy presente en la sociedad gallega y, por extensión, en sus políticos. Especialmente ahora, en plena precampaña electoral. Así que el debate sobre la gestión de la Xunta inmediatamente se ha contaminado de ese recuerdo.

El propio Rueda lo sacó a colación en un coloquio en Madrid. “La oposición está descaradamente en campaña”, reprochó, pero “la gente al final tampoco es tonta”. PSOE, BNG y Sumar, acusó, están intentando usar el vertido para “intentar sacar rédito político” comparándolo “con situaciones que no tienen nada que ver. Estamos viendo auténticos disparates de comparaciones”, se quejó.

Sin mencionarlo, el presidente de la Xunta hacía referencia así al Prestige, cuya gestión criticó él mismo hace un año, en el 20º aniversario de la catástrofe: “Se cometieron errores” en la gestión por parte de la Xunta, encabezada entonces por el líder del PP Manuel Fraga. “De lo que se hiciera mal en aquella época aprendimos todos”, manifestó Rueda entonces.

Algunos de aquellos errores se estudian desde hace una década en las facultades de Comunicación como un ejemplo de manual de mala gestión de crisis. Errores que convirtieron un accidente marítimo en una catástrofe medioambiental. Entre ellos destacan la decisión de alejar el barco de la costa exponiéndolo a condiciones marítimas más adversas, lo que eventualmente llevó a que se partiera en dos y se hundiera, liberando aún más petróleo en el mar.

Las autoridades no estaban suficientemente preparadas para un desastre de esta magnitud. La respuesta inicial fue lenta y careció de los recursos y la coordinación necesarios para mitigar el impacto del derrame. Inicialmente, se subestimó tanto la gravedad del daño al Prestige como la cantidad de petróleo que podría derramarse. Esto llevó a una respuesta inicial insuficiente.

Hubo además una falta absoluta de transparencia y comunicación efectiva con el público y los medios de comunicación, sometidos a un apagón informativo por parte de la Xunta. Se registraron fallos en la coordinación entre las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales. Y las operaciones de limpieza y contención se vieron obstaculizadas por la falta de equipamiento adecuado. Esto retrasó la limpieza y aumentó el impacto ambiental.

La oposición no ha dudado en reconocer algunos de esos errores en la actuación de la Xunta de estos días, en particular la inacción durante semanas o la decisión de quitar importancia al problema. La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia por esta formación, Ana Pontón, recriminó al PP y a Rueda que “en lugar de ofrecer soluciones, esté repitiendo la marea de mentiras, manipulación e incompetencia” que ya utilizó su partido en la catástrofe del Prestige. El candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, advirtió a su vez que “no va a permitir que tire de manual del Prestige para “mentir” sobre “la marea” de microplásticos que “invade ya” el litoral.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció a su vez que su formación estudia denunciar a la Xunta por "inacción" tras el vertido. Y su candidata Marta Lois, pidió la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por la gestión del problema El PP, denunció, repite "errores de falta de coordinación y de dar cuentas" ante un vertido del que "está por ver" el alcance.

El PP, a su vez, ha salido en tromba a defender a Rueda y a responsabilizar al Gobierno central. Para empezar, ha pedido que den explicaciones en el Congreso hasta tres ministros (la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente).

La controversia política en torno a este asunto coincide además con la publicación de las primeras encuestas sobre las elecciones gallegas, que señalan la existencia gen estos momentos de un clima favorable para que el PP repita mayoría absoluta. Las cifras, no obstante, son lo suficientemente ajustadas (se habla de una proporción abultada de indecisos) como para mantener viva la esperanza de la izquierda de un vuelvo en la comunidad natal de Alberto Núñez Feijóo.

La llegada de millones de pequeñas bolas de plástico a la costa gallega ha levantado las alarmas de vecinos, pescadores y ambientalistas de la región, 21 años después de la catástrofe del Prestige. El vertido ocurrió a comienzos de diciembre en el norte de Portugal, pero en los últimos días han inundado la costa gallega e incluso se han avistado ya en Asturias.

Según los expertos, son muy dañinos para los peces si se ingieren en grandes cantidades, y algunos de ellos incluso tienen aditivos tóxicos para los animales. También afectan a las plantas y en último término a los humanos. Por ahora se desconoce cuáles serán las consecuencias de estos pellets en Galicia, ya que la Xunta está todavía estudiando su composición, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos. Esta mañana, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que, según ese informe, las bolitas "no son tóxicas ni peligrosas" puesto que están compuestas de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres. Aunque no ha dado más detales.

Son microplásticos de menos de 5 milímetros de diámetro que se reducen a este tamaño para su transporte por el mundo. Están formados por un polímero al que se le añaden otros productos químicos, y son estos los que realmente preocupan a los expertos por su impacto en el organismo.

Los pellets acaban a diario en la naturaleza porque se vierten accidentalmente en su transporte o en las plantas plásticas, donde se procesan para fabricar otros plásticos más complejos. En 2019 se perdieron en la Unión Europea el equivalente a 2.100 camiones de pellet.

Los animales confunden los pellets con alimentos y es habitual encontrarlos en el estómago de los peces. Cuando se ingieren tienen dos consecuencias. La primera es que dan la sensación de saciedad y el animal termina muriendo de inanición si los ingiere en grandes cantidades. La segunda, "el verdadero daño", según los expertos, lo producen los aditivos que acompañan al polímero.

Estos aditivos son químicos que se añaden para dar más resistencia, elasticidad o color al plástico y hay más de 10.000 tipos, según Ethel Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental. Se desconoce cómo impacta cada uno de ellos en el organismo, pero sí se sabe que muchos son tóxicos, como los benzotriazoles, que se usan como filtros solares para evitar que se degrade el pellet. Cuando este plástico se digiere en el estómago del pez, se liberan estos aditivos y acaban en los tejidos de los animales, y posteriormente en los humanos. Aunque el pellet sea la versión virgen del plástico, tiene aditivos incorporados que dependen de cada fabricante.

Ethel Eljarrat también afirma que los pellets, al flotar en el agua, atraen a su vez a cuerpos que ya estaban en el mar y “actúan como esponjas para otros contaminantes hidrofóbicos” que se ven atraídos por masas más grandes, que también son ingeridos por los peces.

Otra consecuencia se da cuando estos plásticos se apilan en el fondo marino o en las playas, porque hacen de barrera entre los animales y el entorno, y se ven obligados a emigrar porque no pueden esconderse ni alimentarse. Si se depositan sobre praderas de algas, terminan abrasando el fondo marino. 

Por ahora se conocen pocos detalles del vertido. Se sabe que el vertido se produjo el 8 de diciembre frente a la costa de Viana do Castelo (Portugal) y que la semana pasada comenzaron a avistarse por millones a lo largo de Galicia, principalmente en la Ría de Muros y Noia, en A Coruña. El Gobierno afirma que en el barco se transportaban 1.000 sacos de estas bolitas, aunque se desconoce cuántas han caído al mar. Según la ONG Noia Limpa, hasta ahora se han encontrado 52 sacos de 25 kilos, donde se identifican los pellets como estabilizadores de luz UV. Sobre su impacto, la Xunta ha encargado un análisis de la composición de los plásticos que aún no se ha publicado, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos.

Anna Sánchez, Oceanógrafa de la Universidad de Barcelona y experta en microplásticos marinos, cree que el polímero vertido en Portugal se trataría de polietileno o polipropileno, ya que las bolitas de color blanco han alcanzado la costa y estos dos tipos de plásticos son menos densos que el agua. "Un pellet que flota afecta a aves marinas, a los peces pelágicos —los que viven en la columna de agua y eventualmente suben a la superficie— o a los animales que viven en la playa, no a una gamba que vive en el fondo", señala.

La empresa fabricante de los plásticos es la polaca Bedeko Europe, pero el cargamento era transportado por la naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo. 

En todo el mundo se han visto fotos de aves y animales marinos arrastrados por el petróleo hasta las playas. Hace un año, el 15 de enero de 2022, se derramaron 11.900 barriles de petróleo durante la descarga en la terminal portuaria de la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol. El petróleo derramado se expandió hasta 140 km al norte de la refinería, paralizando las actividades turísticas y la pesca artesanal.

Repsol, obligada a limpiar las playas contaminadas, anunció en abril que ya estaban descontaminadas. La autoridad ambiental peruana (OEFA) contradijo posteriormente esta información y en octubre ordenó a Repsol que presentara un plan de rehabilitación para 69 de las 71 zonas aún contaminadas, incluidas 48 playas, en un plazo de 12 meses. Según la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de Perú, una veintena de playas de baño siguen afectadas en pleno verano.

"Hay mucho petróleo oculto bajo la arena, bajo las rocas o sedimentado en el fondo del agua. Periódicamente, se ve que la playa está completamente limpia y, de repente, un flujo ascendente trae los contaminantes que están en el fondo. Y claro, luego verás a la gente de Repsol venir a limpiarlo", dice Gustavo Vega, director de la ONG Conciencia Marina.

Pocos días antes de Navidad, las huellas del vertido de petróleo aún son claramente visibles a lo largo de una playa rodeada de acantilados en el Serpentín de Pasamayo, en el distrito de Aucallama. Los pescadores rascan las rocas frente a nosotros con una herramienta, desprendiendo gruesas capas de crudo negro y marrón. Aunque sigue siendo impensable para ellos pescar en la zona, les preocupa que haya disminuido la presencia de especies marinas.  

“Es una zona de pintadillas (nombre local de un gran pez del Pacífico Sur, ndt) y hemos dejado de verlas, y tampoco los caracolas de mar", dice Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Aucallama. “Lo que queremos es que el mar se rehabilite adecuadamente.”

Repsol considera que algunas zonas de Pasamayo son "inaccesibles" y demasiado peligrosas para limpiarlas con el equipo necesario. El director de comunicación, Luis Vásquez, dijo a RPP Noticias que la empresa ha adoptado el método de esperar a que las olas rompientes desprendan el petróleo pegado a las rocas. "Estamos vigilando frente a la costa del mar, preparados para recuperar" el crudo, dijo.

La marea negra ha hecho perder los ingresos de miles de pescadores, propietarios de restaurantes y otros trabajadores. El Estado peruano creó un padrón único en marzo de 2022, y Repsol se ha comprometido a indemnizar finalmente a cerca de 10.300 personas registradas en él.

Muchas de ellas han recibido anticipos de 3.000 soles (733 euros) sobre la indemnización final, que Repsol reparte aproximadamente cada 45 días, según los beneficiarios.

Los pescadores de Pasamayo dicen, sin embargo, que solían ganar más de 5.000 soles (1.222 euros) al mes. Muchos dicen que han tenido que endeudarse. Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla, dice que ha tenido que posponer la entrada de su hijo en la universidad. "Tengo 57 años. ¿Quién me va a contratar a mi edad?". "Esto es una crisis medioambiental que se está convirtiendo en una crisis social. Hay material escolar que no se ha podido comprar, problemas de salud que no se han podido tratar", sostiene Gustavo Vega.

Conciencia Marina realizó entrevistas a pescadores de las comarcas afectadas en el marco de un estudio sobre el impacto de la crisis en su salud mental. Una de las conclusiones es que también viven en una gran incertidumbre, mientras el Estado no presenta un plan claro para la rehabilitación del mar. "No pueden hacer planes de futuro, lo que les genera ansiedad, estrés y depresión", añade Gustavo Vega.

Según un documento publicado en abril por la Defensoría del Pueblo peruana, se han visto afectadas por la crisis al menos 15.000 personas, de las cuales 5.000 no han sido incluidas en el padrón único, que sólo contabiliza 10.300. Pero la cifra podría ser mucho mayor, según la Asociación de Víctimas de Repsol, que representa a más de 10.000 personas que no han recibido indemnizaciones sólo en el distrito de Ventanilla.

En un encuentro con el coordinador de la asociación, César Viera, el 20 de diciembre en su restaurante, prácticamente vacío, dijo que el establecimiento suele estar lleno de clientes en esta época del año, cuando la playa está abierta. Sin embargo, la situación sería peor para otros amigos, a los que "la desesperación ha llevado incluso a la delincuencia", afirma.

El año pasado tampoco fue fácil para Carlos de la Cruz, pescador de 55 años, que solía ganar hasta 150 o 200 soles (de 35 a 50 euros) diarios. Desde la marea negra, se dedica a vender "dulces o cualquier cosita", ganando apenas 20 o 25 soles al día (de 5 a 6 euros). "Eso sólo alcanza para comida.” 

Gerardo Widauski, abogado de la Asociación de Víctimas de Repsol, lamenta que las personas más vulnerables, por ejemplo "las que venden helados, las que recogen cosas para reciclar en las playas", sean invisibles para el Estado peruano. Dice que muchas personas no han sido incluidas en el padrón único porque trabajaban en negro –como el 77% de la población peruana, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) del año 2021–.

La asociación reclama 500.000 soles (122.000 euros) por persona a Repsol y a la aseguradora Mapfre. "Por un lado está la empresa multinacional. Los otros, los que luchan, son los más pobres. Es David contra Goliat", afirma Gerardo Widauski.

Los beneficiarios de los anticipos de Repsol también deben negociar acuerdos definitivos con la empresa, que asegura haber llegado a este tipo de acuerdos con más de 6.000 afectados.

"¿Por qué hablar de indemnización si, en primer lugar, no hay todavía una estimación de daños? Lo que necesitamos saber, en primer lugar, es durante cuántos años se verá afectado [el mar]", dice Luis, que, como todos los pescadores con los que se reunió en Pasamayo, se niega a firmar el acuerdo.

Algunos de ellos y el abogado Mario Carranza, que representa a cuatro asociaciones del distrito de Chancay, dicen que la empresa se ha demorado en pagar los anticipos. Incluso amenazó con suspender los pagos cuando se levantó la declaración de emergencia medioambiental en octubre, lo que perciben como un intento de presionarlos para que firmen los acuerdos definitivos. Repsol no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.

Según Mario Carranza, la empresa no ha entregado copias de los contratos definitivos a los firmantes. Como muestra la foto de un contrato final, facilitada por una cofradía de pescadores, Repsol no reconoce ninguna responsabilidad en el suceso. El abogado lamenta que en una cláusula, entre otras, la empresa "pidiera a los afectados que renunciaran a sus reclamaciones, para que después fuera la única que pudiera dirigir reclamaciones a los posibles responsables".

"Pedimos a la empresa que pusiera sobre la mesa los términos del acuerdo, que nos enviara el borrador del convenio, pero la empresa se negó. Lo hacen todo de manera informal, a su conveniencia", añadió el abogado.

En junio de 2022, una comisión parlamentaria acusó a Repsol de ser la "principal responsable" de la marea negra, acusándoles de negligencia y falta de mantenimiento de las instalaciones. También se culpa a la empresa de no haber reaccionado con eficacia y rapidez para intentar contener el vertido de petróleo. Repsol rechazó esas acusaciones.

La comisión refutó la afirmación de Repsol de que el vertido de petróleo se debió a un oleaje anormal provocado por la erupción volcánica de las islas Tonga.

Por su parte, la comisión acusó a las instituciones peruanas de "incapacidad total para responder a la emergencia de la fuga de petróleo". El 11 de enero, la comisión pidió 30 días más para reanudar y concluir su investigación sobre los responsables de la catástrofe.

Repsol se enfrenta actualmente a seis multas de varios millones de dólares en siete procedimientos administrativos sancionadores.

Repsol, por su parte, había presentado una reclamación de indemnización a la empresa italiana Fratelli d'Amico Armatori, propietaria del buque que descargaba su petróleo en el momento del accidente.

Para planificar el final de la crisis, los pescadores quieren saber ahora cuánto tiempo perturbará el petróleo su entorno. Pero hacen falta más estudios y resultados concretos, según afirma el biólogo marino Yuri Hooker Mantilla. Las zonas marinas afectadas forman parte del ecosistema de la corriente de Humboldt, una intensa corriente sur-norte que tiene la ventaja de facilitar una rápida limpieza de la zona. "En el caso de otros grandes vertidos, hemos observado una vuelta a la estabilidad casi normal al cabo de 10 años. Aquí, las condiciones del océano son favorables para que esto ocurra más rápidamente", espera Hooker.

El biólogo también cree que es crucial realizar más estudios antes de reanudar las actividades pesqueras, sobre todo para medir con precisión si los peces e invertebrados contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, un contaminante presente en el petróleo que puede ser cancerígeno.

Expertos de la Organización Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) presentaron el 23 de diciembre los resultados de los análisis efectuados en tres especies marinas. Explicaron que no habían encontrado trazas peligrosas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero que aún debían realizarse estudios con otras especies y contaminantes. Varias de las partes consultadas esperan también con impaciencia la publicación de un informe del Instituto Marino Peruano. El Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que a finales de enero también estará terminado un estudio sobre el estado de las playas afectadas.

Para Gustavo Vega, un año después de la catástrofe, el Estado sigue tardando en obtener resultados concretos y debe ser más eficaz en sus acciones. A ello no ayuda la actual crisis política: "No hay continuidad en el discurso, ni en el apoyo que deberían recibir los pescadores", afirma Gustavo Vega.

Repsol, por su parte, reiteró a finales de diciembre que un estudio realizado en octubre y noviembre por Environmental Resources Management confirmaba que "el mar está libre de hidrocarburos, y que las playas son accesibles sin riesgo para la salud y el medio ambiente".

El martes 17 de enero de 2023 se hizo una aclaración sobre el número de playas contaminadas (48, de las cuales unas veinte son para bañarse).

Traducción de Miguel López

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se han reunido este miércoles para trabajar conjuntamente en la recuperación del Mar Menor. Una reunión en la que el gobierno regional, según ha podido saber Europa Press, ha agradecido al Ejecutivo central está predisposición a colaborar, pero ha advertido que no renuncia a exigir compromisos concretos, según informa Europa Press. En la rueda de prensa posterior al encuentro, ambos han expresado su voluntad de trabajar de forma conjunta porque, aunque con "visiones diferentes" en cuanto al orden de prioridades, comparten un mismo objetivo, que es recuperar y proteger el Mar Menor.

Ribera ha apostado este miércoles por "centrarse en donde están esas cargas que el ecosistema no puede absorber" y ha rechazado el Plan de Vertido 0, porque "tal fue concebido no es una respuesta adecuada al sistema" En este sentido, propone un cinturón verde en el entorno del conjunto del Mar Menor; un programa, ha explicado, "de filtros verdes en esa franja de 1.500 metros para poder desarrollar un espacio que haga de filtro verde que acelere ese proceso de recuperación de carga contaminante que pueda quedar". Tendrán que ensayar distintas cosas. Sugiere, en este punto, la posibilidad de que "debamos intervenir con propuestas de compra de fincas", de manera que haya un programa para ello.

De ahí la importancia de "trabajar sobre el freno total al origen del problema, cuanto antes mejor, con un programa de restauración del ecosistema y seguimiento del IEO y de los científicos, que permita de manera constante tener los datos para evaluar el estado del ecosistema".

Ribera, en su visita a la rambla del Albujón, ha comprobado que más que eso "parece un río, por la cantidad de agua que lleva", de manera que todas las actuaciones que haya que acometer pasan por "respetar lo que nos dice la ciencia y seguir las recomendaciones de los científicos respecto al modo de dar espacio y tiempo para que el ecosistema se recupere con la ayuda de las políticas que frenen esa carga en origen porque ya llevamos mucho retraso".

También ha insistido en la necesidad de que se respete la ley, porque, critica, "no es posible que por miedo a la aplicación de la ley se dé cobertura a unos pocos ilegales que ensucian la paz, la tranquilidad, la posibilidad de vivir de su agricultura o su sector turístico; cumplimiento de las normas, no cabe disimular". Y, como ultima premisa, el "respeto social a la participación social". De hecho, ha anunciado que mantendrá reuniones periódicas en ese sentido y la próxima semana tiene previsto mantener un encuentro con regantes y agricultores.

Ribera ha aplaudido la medida anunciada este miércoles por el Ejecutivo murciano, que aunque lleva "algo más de un año de retraso, se adoptan normas limitando el uso de fertilizantes nitrogenados y ampliando el espacio hasta 1.500 metros con respecto a la ribera del Mar Menor para poder controlar lo que llega y darle un respiro a este ecosistema". "Es un movimiento interesante, así como que haya anunciado su decisión de acortar plazos en esa última fase en procedimientos sancionadores que lleva demasiado tiempo pendiente de resolución, con más de 400 expedientes sancionadores, de los que 200 están en sede judicial y más de 200 también pendientes de resolución", ha dicho.

Murcia agradece la predisposición de Ribera a trabajar conjuntamente

Por su parte, López Miras ha instado a la ministra a actuar sobre el acuífero, donde reposan 300.000 toneladas de nitratos. "Es muy importante actuar para rebajar el nivel freático y evitar que los nitratos lleguen al Mar Menor", ha dicho. El jefe del Ejecutivo murciano ha expresado su compromiso para requerir la restitución de todos los regadíos ilegales instalados en el entorno del Mar Menor. Al hilo, ha aclarado que ya se ha ordenado la restitución todas las hectáreas detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Del mismo modo, ha reclamado la puesta en marcha del Plan Vertido Cero, especialmente de los puntos 5,6 y 9, así como establecer una solución a los lodos y fangos que acumula el mar y la recuperación del calado de la gola de Marchamalo, una actuación que se acometería de forma "puntual" y para lo que la Comunidad ya ha remitido el preceptivo informe a Costas.

Tras señalar que los gobiernos regional y central tienen "visiones diferentes y prioridades distintas, pero un objetivo común", el jefe del Ejecutivo murciano ha instado a Ribera a que estudie la posibilidad de clausurar "de forma inmediata" las bocas de riego que proporcionan agua a los cultivos ilegales de la zona.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que espera que antes de un año se haya podido alcanzar el acuerdo "amistoso" que la "anterior administración socialista" empezó a negociar con Boliden, la empresa sueca responsable del desastre provocado en la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla) hace 23 años, a instancias del juzgado, para el pago de la limpieza de los vertidos, si bien ha advertido de que "el Estado considera que no tiene que llegar" a dicho acuerdo "puesto que ha habido sentencia". Informa Europa Press.

En estos términos se ha pronunciado el presidente andaluz, a preguntas de los periodistas en una visita a Atarfe (Granada), después de que, este lunes, el diario El País haya informado de que la Junta negocia desde hace cinco años para que la compañía pague la limpieza del entorno de Doñana afectado por el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos.

"La propia administración de justicia emplaza a las partes" para un acuerdo "amistoso" y las negociaciones están "intentando alcanzar ese objetivo", ha detallado Moreno, quien ha reconocido un "problema encima de la mesa" en referencia a la postura del Gobierno central, pese a lo que se trabaja en una solución satisfactoria para todas las partes con el fin "fundamental de recuperar toda la zona degradada".

No hay "fecha límite", pero "lo más sensato sería que fuera lo antes posible", ha finalizado el presidente de la Junta, quien espera que en "menos de un año" pueda haber acuerdo pues "no podemos estar permanentemente negociando".

Según la información adelantada por El País, las negociaciones se iniciaron el 21 de julio de 2016 entre el Gobierno andaluz y Boliden para que la empresa devolviera a la Junta los 89 millones que le costó la limpieza del vertido, sin que haya habido resultados hasta el momento.

Ribera respeta la negociación y dice que "el Estado no renunciará a nada"Ribera respeta la negociación 

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado el "respeto" del Gobierno sobre las negociaciones que pueda llevar a cabo la Junta de Andalucía con la empresa minera Boliden. "Boliden pueda hablar con la Junta de Andalucía de lo que le parezca en cuanto a la recuperación de costes" de la Administración andaluza, ha dicho Ribera a preguntas de los periodistas, tras mantener una reunión en el Ayuntamiento de Sevilla con el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, para abordar proyectos para el desarrollo urbano sostenible y la lucha contra el cambio climático en Sevilla en la capital andaluza.

En este sentido, ha insistido en que es "muy importante identificar lo que han dicho los tribunales y tener claras cuáles son las responsabilidades de esta empresa". "Los tribunales tienen reconocido una deuda en contra de Boliden, que ha de resarcir por los gastos incurridos por las Administraciones en la limpieza y restauración de la zona", afirma.

Ribera señala que "es posible que la empresa tenga la intención de diluir la responsabilidad repartiendo aquello que ya tiene considerado como algo que ha de aportar en lo que debe a las dos Administraciones" y ha hecho referencia a las negociaciones que la Junta de Andalucía llevaría desde hace cinco años con Boliden para conseguir el abono de las cantidades adeudadas, tal como ha avanzado El País.

En este marco, Ribera ha subrayado que accidentes como el ocurrido en Aznalcóllar ponen de manifiesto que "más vale invertir en prevención que no tener que sufragar los gastos de restauración, que son enormemente perversos desde el punto de vista económico pero también ambiental y socialmente".

El Gobierno de Japón ha anunciado que ha tomado la decisión de liberar el agua radioactiva tratada de la dañada planta nuclear de Fukushima al mar, tras haber determinado que no supone problemas de seguridad para los seres humanos o el medio ambiente y entre las críticas internacionales que ya han llegado ante la decisión, según informa Europa Press.

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, se ha reunido este martes con miembros de su gabinete, para formalizar esta decisión, que llega una década después del terremoto y el tsunami de 2011 que provocó el peor desastre nuclear de Japón, con tres de los seis reactores de Fukushima afectados.

"La eliminación del agua tratada es un tema inevitable en el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi", ha explicado Suga en la reunión, donde ha detallado que el plan se implementará "al tiempo que se garantiza que los estándares de seguridad sean aprobados por un amplio margen y se tomen medidas firmes para evitar la daño", recoge Kyodo.

Se pone así fin al debate que ha durado más de siete años sobre qué hacer con este agua almacenada, que se prevé que llene los tanques de almacenamiento de la instalación nuclear a mediados del año 2022. En septiembre, el agua almacenada ascendía a 1,23 millones de toneladas y llenaba 1.044 tanques.

El proceso comenzará dentro de dos años y podría durar décadas, según las previsiones de las autoridades. Un subcomité del Ministerio de Economía, Comercio e Industria concluyó en febrero de 2020 que liberar el agua en el mar y evaporarla eran opciones viables, aunque la primera era técnicamente más factible, una medida respaldada por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Los pescadores y residentes locales ya se han opuesto a esta solución debido a los temores de que los consumidores eviten el marisco de la zona, mientras que organizaciones de la sociedad civil han mostrado preocupación por el impacto ambientalimpacto ambiental que podría tener este vertido.

El rechazo de Corea del Sur

Corea del Sur es uno de los países que, actualmente, prohíbe las importaciones de mariscos y otros productos agrícolas de la zona por las filtraciones que se produjeron tras el desastre de 2011, restricciones a las importaciones que podrían aumentar tras esta decisión.

En Corea del Sur ya se ha expresado su rechazo a la decisión tomada por Tokyo, y se han organizado protestas en las calles de Seúl para manifestarse, informa Yonhap. El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano también ha expresado que la decisión "puede tener un impacto directo e indirecto en la seguridad de nuestro pueblo y del medio ambiente circundante".

También Estados Unidos se ha referido a la decisión, señalando que el Gobierno japonés "en esa situación única y desafiante" ha sido "transparente en su decisión y parece haber adoptado un enfoque de acuerdo con las normas de seguridad nuclear aceptadas a nivel mundial".

Adif ha abierto una investigación para aclarar la caída de dos vagones del tren de mercancías descarrilado el pasado 28 de julio en Carballeda de Valdeorras (Ourense) al río Sil.

Después de que trascendiese unas imágenes en las que se puede ver como uno de los vagones cae al río desde la zona en la que había descarrilado el convoy y otro que queda suspendido, fuentes de Adif consultadas por Europa Press han informado de que el ente público ha abierto una investigación para conocer los detalles de este suceso.

De este modo, estas fuentes han señalado que Adif analizará todas las actuaciones efectuadas en relación a estos hechos y "depurará, en su caso, responsabilidades". Además, han indicado que se trabaja en la retirada de los dos vagones de la zona y en la restauración del entorno "a la mayor brevedad".

En concreto, el tren que circulaba por la línea Monforte-Ponferrada sufrió un descarrilamiento en la tarde de el pasado 28 de julio a su paso por Carballeda de Valdeorras. Aunque no se produjeron daños personales, el siniestro obligó a cortar la vía al quedar los vagones volcados en la zona.

Criticas del BNG 

Precisamente, después de que trascendiera la caída de los vagones al río, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso a través de la que pide la retirada inmediata de estos para proceder a "reparar el daño ambiental causado". Además, pide que se le comuniquen los hechos a la Fiscalía.

El parlamentario nacionalista ha demandado al Gobierno investigar los motivos que llevaron a Adif "a tomar la decisión de tirar los vagones descarrilados al río en lugar de retirarlos de forma adecuada y reparar los daños causados en el entorno, tal y como estipula la normativa".

"No se puede tolerar que una empresa pública sea la primera en incumplir la normativa sobre la gestión de residuos y reparación de los daños causados al entorno", ha señalado el diputado.

Además, ha considerado "inconcebible" que Adif-Renfe tomase la decisión "consciente" de tirar al río, "ya bastante contaminado", los vagones" en lugar de "hacer lo necesario para retirarlos tal y como correspondería". "Adif debe dar ejemplo y el Gobierno español responsabilizarse de que la gestión pública sea adecuada a la legislación ambiental", ha indicado.

Los nacionalistas, asimismo, consideran que es necesario que se le comunique a la Fiscalía para que investigue esta conducta que podría ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente y se depuren responsabilidades. "Este incidente no puede quedar impune", señala.

El PSdeG exige la retirada inmediata

En otro comunicado remitido a los medios, el PSdeG ha exigido a Adif que retire de forma inmediata el vagón caído al río y proceda a la restitución de los daños medioambientales causados.

Además, ha reclamado que se evalúe la situación de los otros vagones que permanecen al lado de la vía del tren y que se retiren "tomando todas las medidas de seguridad ambiental necesarias".

"Es incompresible", han señalado los socialistas gallegos, que critican que la recuperación de los vagones no se lleve a cabo siguiendo procedimientos que no impliquen daños para el medio y para la seguridad ferroviaria.

"Ahora lo prioritario es llevar a cabo la recuperación del vagón caído al río Sil, restaurar los daños provocados en las aguas y en el ecosistema y retirar cuanto antes el resto del vagones que se entran junto a la vía", ha indicado.

Además, en otro comunicado, Galicia en Común ha informado de que se ha puesto en contacto con ADIF y con el Ministerio de Transportes para pedirles explicaciones en relación a los vagones volcados al río y ha asegurado que se mantendrán "vigilantes" para que la empresa pública cumpla los "compromisos adquiridos", que pasan por investigar lo ocurrido.

"Quien contamina, paga"

Por otra parte, en un comunicado remitido a los medios, la entidad ecologista Amigos da Terra ha requerido a la Confederación Hidrográfica y a la Consellería de Medio Ambiente que aplique a la empresa responsable del vertido el principio de "quien contamina, paga" que, según indica, se regula en la Ley de responsabilidad medioambiental.

Para la entidad, los daños causados al río "no pueden quedar impunes" y las administraciones tienen que adoptar las medidas preventivas apropiadas, recogidas en la Ley de Aguas y en la Ley de responsabilidad ambiental y cuya sanción, según indican, podría acarrear multas de hasta dos millones de euros.

El comité investigador de la colisión, el pasado mes de enero, colisión entre el petrolero iraní Sanchi y un carguero chino, fue incapaz de alcanzar un consenso sobre los motivos del choque que originó uno de los peores desastres petroleros de la historia, informa Europa Press.

El Sanchi, registrado en Panamá y a cargo del mayor operador de transporte de petróleo de Irán, la National Iranian Tanker Company (NITC), colisionó con el Crystal, registrado en Hong Kong, cerca de la costa de China, cerca de Shanghái y la desembocadura del delta del río Yangtze el 6 de enero.

El petrolero se hundió el 14 de enero después de arder durante varios días. Se da por seguro que toda la tripulación, 30 iraníes y dos bangladesíes, murió.

Mientras los representantes de China y Hong Kong "creen que ambos barcos fueron los culpables", según explicó el representante iraní, Nader Pasandeh, "Irán, Panamá y Bangladesh creen que el Crystal realizó un viraje a la derecha que causó el desastre", según declaraciones a la televisión nacional iraní IRIB.

El Sanchi llevaba el equivalente a casi 1 millón de barriles de crudo ultraligero, más su propio combustible, a Corea del Sur. Según la Federación Internacional de Contaminación de Propietarios de Petroleros, la colisión provocó el peor vertido registrado por un barco petrolero en 35 años.

Pasandeh no ha dado más detalles ni sobre los próximos pasos a seguir ni especuló sobre nuevas investigaciones.

La Administración Estatal Oceánica de China (SOA, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo el hundimiento total del petrolero Sanchi una semana después de que colisionara contra un carguero en el mar de la China oriental, en un siniestro donde perecieron 32 miembros de la tripulación del petrolero y provocado un vertido de alcance todavía indeterminado, informa Europa Press.

El Sanchi se hundió definitivamente en torno a las 09.00 de la mañana –hora peninsular española– tras una nueva explosión en su casco, de por sí semihundido en aguas pertenecientes a la zona económica gestionada por Japón, donde acabó arrastrado por las corrientes.

La SOA confirmó igualmente que una "gran mancha" de aceite provocada por el impacto continúa ardiendo en la superficie, y que comenzaron las tareas de evaluación del alcance del vertido de acuerdo con la nota recogida por la agencia oficial de noticias china Xinhua.

En el momento de la colisión, el Sachin transportaba 136.000 toneladas de crudo de baja densidad, el equivalente a un millón de barriles, procedente de Irán.

El Ministerio de Transportes chino ha confirmado un vertido de alcance todavía por determinar en el siniestro del petrolero SanchiSanchi, que transportaba hasta 136.000 toneladas de crudo –un millón de barriles, aproximadamente– en el momento de chocar contra un carguero chino en el mar de la China Oriental, informa Europa Press.

El petrolero, registrado en Panamá, transportaba crudo iraní cuando colisionó con el barco CF Crystal a unas 160 millas náuticas de la costa de Shangái, según ha confirmado el Ministerio de Transporte.

"El Sanchi está flotando en llamas. Hay una mancha de aceite y estamos acelerando los esfuerzos de rescate", según el comunicado oficial del Ministerio. Al menos 32 tripulantes del petrolero están desaparecidos.

Las autoridades chinas han enviado varios buques de rescate, incluidas embarcaciones de bomberos que están ya intentando sofocar las llamas pese a las malas condiciones meteorológicas. La Agencia de Policía Marina de Corea del Sur también ha enviado una embarcación policial y un avión para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

"Hay un enorme perímetro de llamas alrededor de la embarcación debido al derrame y las labores de búsqueda y rescate se están llevando a cabo con dificultad", ha apuntado el responsable de la Organización Marítima y de Puertos de Irán, Mohammad Rastad, en declaraciones a la televisión iraní. "Desafortunadamente, hasta este momento no hay noticias de la tripulación", ha añadido.

El Sanchi fue construido en 2008 y está gestionado por la National Iraninan Tanker Co. (NITC). Tenía prevista su llegada a Daesan (Corea del Sur) este mismo domingo, procedente de la isla iraní de Kharg.

El otro barco siniestrado, el Crystal, transportaba 64.000 toneladas de grano de Estados Unidos a la provincia china de Cantón y sus 21 tripulantes han sido rescatados.

La agencia de noticias oficial iraní, IRNA, ha informado citando al portavoz del Ministerio del Petróleo iraní, Kasra Nuri, de que el petrolero tenía bandera panameña, aunque era propiedad de la Empresa Nacional Iraní de Petroleros y había sido alquilado por una empresa surcoreana, Hanwha Total Petrochemical.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Hasán Ghashghavi ha informado de que la Embajada iraní en Pekín está en contacto con las autoridades chinas para informarse sobre los 30 iraníes desaparecidos. "La colisión ha ocurrido a 160 millas náuticas al este de Shangái, así que estamos también en contacto con nuestro cónsul general en Shangái para tener información sobre los detalles más insignificantes del incidente", ha apuntado Ghashghavi en declaraciones publicadas por la agencia de noticias iraní Mehr.

"Según lo que sabemos hasta ahora, el petrolero llevaba petróleo y derivados" hacia Corea del Sur, ha añadido, al tiempo que ha confirmado 30 iraníes y dos bangladeshíes entre los tripulantes.

La formación ecologista Equo ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, el pasado 20 de junio, según apunta, se registró en el exterior de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, explica en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta.

"Al parecer este incidente no ha sido notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", ha denunciado el diputado de Unidos Podemos. Por ello, en esta iniciativa preguntan al Ejecutivo si tienen intención de investigar este suceso para verificar lo ocurrido.

Garoña, a la espera de reabrir

A su juicio, este incidente "debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo". Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Este documento ha generado las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión Nuclenor no ha realizado aún.

El pesquero ruso, de nombre Oleg Naydenov, se hundió a las 22.45 horas de este martes a unas 15 millas (24 kilómetros) al sur de Punta Maspalomas (Gran Canaria) y a una profundidad de 2.400 metros, según informó Salvamento Marítimo.

Depués de que se incendiase el pasado sábado mientras estaba atracado en el puerto de La Luz y Las Palmas, el barco fue remolcado durante la noche del domingo a una "zona de seguridad" situada entre Fuerteventura y Gran Canaria. Según informó la prensa local, las autoridades temían que el buque virase debido a la gran cantidad de agua utilizada para apagar las llamas. 

A las 07.30 horas de este miércoles, Salvamento Marítimo movilizó el avión Sasemar 305 y otros medios, como el buque Miguel de para verificar si hay vertidos en el agua y actuar si fuera necesario. Asimismo, el buque de lucha contra la contaminación 'Miguel de Cervantes' está activado.

Biscarrués (Huesca) dejó de beber agua del río el 26 de septiembre. No fue el único municipio. El día 20 de ese mes, el Gobierno de Aragón lo prohibió en Santa Eulalia y Ardisa. Después vendrían Piedratajada, Marracos y Villanueva de Gállego. Un mes después ya se puede consumir en todos los pueblos, pero los habitantes de Biscarrués no quieren. “No nos fiamos, yo creo que nunca más”, dice el alcalde José Torralba. Su río, el Gállego, baja contaminado.

La alarma saltó cuando se detectaron en el río niveles de contaminación por lindano superiores a 0,1 microgramos por litro de agua. Efe, que cita fuentes del Ejecutivo aragonés, informó que en Biscarrués se registraron 0,65 microgramos por litro. Salvo Villanueva de Gállego (con algo menos de 5.000 habitantes), ninguno de las otras localidades supera las 200 personas. “Con las noticias de los pueblos vecinos había una cierta preocupación”, recuerda por teléfono el alcalde de Biscarrués, quien pidió explicaciones a Salud Pública de Aragón. “Ellos dieron parte al 112, que lo comunicó a Protección Civil y que distribuyó unos depósitos de 1.000 litros de agua por cada pueblo.”

El origen del problema está en Sabiñánigo, al norte. Por allí pasa el Gállego, afluente del Ebro. Y es en este pueblo del Pirineo oscense donde la empresa Inquinosa producía el pesticida lindano, ahora prohibido en la Unión Europea. La fábrica operó desde 1975 hasta su cierre definitivo en 1994. Inquinosa cerró, pero su legado permanece. Según un estudio de 2013, la producción de la fábrica ha generado aproximadamente 160.000 toneladas de residuos tóxicos. La mayor parte se trasladó a los vertederos de Sardás y Bailín, que suponen hoy “la mayor amenaza para el medio ambiente”, considera el informe, y que lo describe como una de las áreas con restos de lindano más grandes de Europa.

Es en Bailín donde se centra la atención ahora. El traslado de residuos tóxicos de un vaso –así se llama al espacio abierto en el suelo donde se depositan los restos– a otro nuevo entre mayo y septiembre de este año podría ser la causa de las filtraciones al Gállego. “Mala práctica, mal diseño y mala proyección”. Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción, resume los presuntos fallos desde una loma frente al vertedero. Critica deficiencias técnicas como la escasa capacidad de la depuradora o la falta de medidas de seguridad durante la operación.

Polanco relata con detalle una cadena de errores. El emplazamiento nunca fue el adecuado dada la formación geológica predominante. El nuevo vaso se deterioró antes de comenzar a rellenarlo este verano. Todo ello, explica, habría permitido que los residuos tóxicos de la zona se desbordasen e infiltrasen en el río, que circula perpendicular al barranco del vertedero.

El Gobierno aragonés del PP admite que a raíz de la obra de traslado al nuevo vertedero de Bailín se han podido producir corrientes subterráneas de agua contaminada, aunque señala que ha ocurrido “como consecuencia de la obra”, y no “porque la obra se haya ejecutado mal”. Según fuentes del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, “no se ha producido ninguna negligencia”, aunque admiten que la obra conllevaba “ciertos riesgos”. Sin embargo, apuntan que era necesario llevarla a cabo. “Los riesgos de no hacerse eran mayores de lo que ha ocurrido. Es una pequeñísima parte de lo que podría haber ocurrido de dejarse como estaba”, puntualizan.

Bailín no es el único foco. Sardas, el primer vertedero del pueblo, y la planta abandonada de Inquinosa también preocupan; ambos junto al río. Sin olvidar toda otra serie de “puntos negros” donde se sospecha que la empresa vertía los desperdicios de manera clandestina. Sin control. Un agujero, un volcado y tierra encima.

“El lindano se obtiene clorando benceno en presencia de luz solar”, explica por teléfono José Antonio Cuchí, doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Cuenta que el lindano fue prohibido porque se demostró que era cancerígeno y que la cuenca del Gállego se enfrenta a un problema crónico: “Lindano siempre ha habido, en concentraciones que están cerquita o por debajo del máximo, pero ahora se ha sumado una punta. Es decir, hay una intoxicación aguda sobre una situación que viene de 1975”. El experto explica que el lindano tiene “un gran impacto” en la fauna acuática y pide que se hagan análisis en la agricultura y ganadería de la zona como medida “preventiva”. “Tendremos probablemente más de un siglo de presencia de lindano en el río”, asegura.

Apenas quince metros separan la verja exterior de la antigua Inquinosa de la ribera del embalse de Sabiñánigo. Junto a la entrada, un aviso: 'Instalaciones potencialmente contaminadas'. No hay puerta. La robaron, como la mayoría del metal. No los residuos tóxicos, que siguen apilados sin control alguno en las distintas naves. A medida que uno se adentra, el olor, ese “huele a Inquinosa” que dicen en el pueblo, crece más y más.

Un grupo de técnicos del Gobierno de Aragón visitó las instalaciones en 2011 para comenzar a medir la contaminación del suelo. Entraron más veces y limpiaron parte del material. Enfundados en monos de protección, lo encapsularon y lo transportaron fuera de España para su destrucción. Hoy todavía se acumulan bidones de lindano en un sitio y otro. También recipientes con “Benceno” rotulado en la superficie y documentación, desde órdenes de trabajo hasta advertencias de seguridad.

“De aquí salieron corriendo para que no los encontrase la Justicia”, desliza Polanco. No lo ha hecho. El Juzgado de Primera Instancia de Huesca condenó a la empresa y su propietario en 2003 por daños al medio ambiente. La Audiencia Provincial lo confirmó y el Supremo lo ratificó en 2009. En aquel momento se le exigía una indemnización de 6,4 millones de euros. Nunca ha pagado. Ahora, tras una demanda de ejecución de sentencia y según recoge Efe, el Gobierno de Aragón le reclama 20 millones de euros.

Los años de Inquinosa

Inquinosa llega a Sabiñánigo en 1975. En él, encuentra unas condiciones favorables para su actividad: un entorno industrial adecuado y la facilidad para obtener cloro, uno de los componentes junto al benceno para producir el lindano, que le suministraba Energía e Industrias Aragonesas, también radicada en la localidad oscense.

A mitad de los años ochenta comenzaron las protestas en el pueblo por la contaminación que provocaba. El proceso de fabricación del lindano genera un 15% de producto útil y un 85% de residuos tóxicos. “Fue un momento muy delicado”, explica Jesús Lasierra, alcalde socialista de Sabiñánigo. “Había bastante tensión y enfrentamientos entre aquellos que defendían las normas de medioambiente y salud y los que defendían los puestos de trabajo –hasta ochenta– y que no pasaba nada”. Polanco recuerda esas luchas. Para él, desde un principio, todas las administraciones han intentado tapar el asunto y cuenta cómo los camiones operaban sin ningún tipo de seguridad, sin cubrir la carga y diseminando vertidos a su paso.

El olor a lindano, que muchos recuerdan en Sabiñánigo, ha vuelto a ser un tema de conversación este verano. Dos jóvenes camino de la estación de tren aseguran que sí olía y que llamaba la atención de la gente de fuera. En un parque contiguo, un señor opina que no era para tanto, que la prensa “es muy canalla”; mientras que un camarero declara que sí olía, especialmente los días que soplaba “bochorno”. “Aquí en Sabiñanigo todos sabemos cómo es ese olor. El día 21 de junio, cuando se celebró la Quebrantahuesos (una popular carrera ciclista), llegó un olor importante y supe que era lindano”, relata el primer edil sabiñanense.

“Estamos hablando de un nuevo capítulo de un proceso que dura cuarenta años. Cuarenta años en los que nadie se ha sentado a resolver un problema gravísimo, un problema que tiene una solución complicada, pero que hay que acometer y solucionar”, expone Joaquín Palacín, diputado regional y portavoz de Medio Ambiente de Chunta Aragonesista. La solución pasa, según diversas fuentes, por un proceso de descontaminación integral tanto de Sabiñánigo como del río. “Desde el Gobierno aragonés insisten en que es un problema medioambiental. Nosotros creemos que es una catástrofe medioambiental y yo lo defino como el 'Prestige' aragonés.” Y añade: “Pero es un problema de salud también. ¿Por qué no pueden beber? Desde el momento en que no beben, es un problema de salud después”.

“Tenemos una bomba encima de nuestras cabezas en uno de los principales ríos de Aragón, eso es evidente”, dice Miguel Aso, diputado oscense de Izquierda Unida en las Cortes aragonesas. Opina que en la gestión de la crisis “la descoordinación ha sido mayúscula” y apunta con el dedo al Gobierno aragonés y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.“Lo que ha pasado ahora ha sido de una falta de transparencia, falta de coordinación de administraciones y de a ver quién se salva la cara”.

Por el momento, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció el pasado 14 de octubre el lanzamiento de un Plan Integral para el saneamiento del Gállego. Desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente aragonés aseguran que no sólo contemplará actuaciones a corto plazo, sino también trabajos de limpieza del río y abastecimientos para los pueblos. Se desconoce la dotación económica que lo acompañará. “La habrá. De momento no la sabemos, pero una vez que se definan las actuaciones, se estipulará el presupuesto”, aseguran.

De vuelta en Sabiñánigo, preocupa también la imagen. “Los primeros perjudicados somos los del pueblo”, dice un comerciante que pide anonimato. Entiende que hay que descontaminar el lindano, pero teme que el caso pueda estigmatizar al pueblo como “una zona apestada”. “La gente va a poner un punto rojo en Sabiñánigo”, opina preocupado.

Aguas abajo, Biscarrués y el resto del pueblos afectados recelan de que este sea un episodio que no pueda repetirse en el futuro. “Algo como esto se puede dar en otro momento, dada la situación de Sabiñánigo y el descontrol que hay”, explica el alcalde de Biscarrués. En los últimos días, las noticias de lindano se han multiplicado.

En el embalse de La Sotonera y en el ibón de Sabocos (ambos en Huesca) también se han hallado restos de lindano, mientras que una plataforma ha presentado una denuncia ante el Parlamento Europeo por posible contaminación del embalse de Oiola, en el País Vasco. A pesar de los múltiples parches que se intentan poner, parece que el problema con el lindano no acaba por ahora.