Una vez detenida, el principal interrogante que deja el fracaso de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos en Madrid es saber cuánto costará al erario público revertir un proceso que, desde el inicio, contó con la posición en contra de profesionales, sindicatos, organizaciones sociales y partidos de la oposición.

En este punto, la cuestión principal es saber qué pasos darán a partir de ahora las empresas a las que el pasado verano la Consejería de Sanidad encomendó la labor de encargarse de gestionar la parte sanitaria de esos centros hospitalarios a cambio de una cantidad por paciente al año. Por el momento todas guardan silencio y se limitan a expresar su “respeto por la decisión judicial” y dicen estar a la espera "concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión". El Gobierno regional tampoco da explicación alguna sobre este asunto.

No obstante, para formalizar la adjudicación, las compañías tuvieron que depositar fianzas millonarias. Ribera Salud, que optaba a los hospitales de Vallecas y Arganda, aportó un depósito de 11,7 millones de euros; Sanitas, que pretendía quedarse con el de Coslada, entregó 4 millones, e HIMA San Pablo, que quería gestionar los de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez, 11,2 millones. Y eso que cuatro días antes de expirar el plazo de ofertas la Comunidad redujo casi a una décima parte la garantía que debían depositar las empresas aspirantes. De hecho, esta circunstancia ha sido clave en los recursos presentados por colectivos de profesionales y que propiciaron la paralización cautelar que forzó al Gobierno regional a dar marcha atrás.

Ni los pliegos del concurso ni las resoluciones de adjudicación contemplaban el supuesto de que fuera la Administración la que revertiera la privatización hospitalaria. Sin embargo, la Ley de Contratos Públicos sí establece este supuesto. El artículo 155.2 de esta norma señala que la renuncia a la celebración del contrato sólo podrá acordarse antes de la adjudicación. De hacerlo después –como este lunes hizo la Comunidad al dejar “sin efecto” las adjudicaciones– establece que “se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración". 

Sin embargo, el paso siguiente a la adjudicación, que es la formalización de los contratos, nunca se llegó a realizar. Los contratos no se firmaron a pesar de que debería haberse hecho en los 15 días siguientes a la formalización de las adjudicaciones. Y eso se produjo en dos tandas. Las de Sanitas y Ribera Salud tuvieron lugar el 12 de agosto de 2013 y la de HIMA San Pablo el 19 de ese mismo mes. El 4 de septiembre, cuando todo estaba listo para las firmas, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Madrid ordenó detener de forma cautelar el proceso. Días después, el 11 de septiembre, la Sección Tercera del TSJ de Madrid se pronunció en la misma dirección. Las firmas, por tanto, nunca llegaron a formalizarse.

Daños y perjuicios 

Según las fuentes jurídicas consultadas, este hecho no es óbice para que las empresas puedan reclamar. El artículo 156.4 de la Ley de Contratos Públicos señala que si las causas de la no formalización son imputables a la Administración, “se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar”. En este caso ha sido la Comunidad de Madrid la que ha decidido dejar “sin efecto” estas adjudicaciones ante el mantenimiento de la suspensión cautelar del proceso que dictó el TSJ de Madrid. Es decir, se trata de una decisión política, pues la Comunidad ha desistido de hacerla a pesar de que no hay una decisión judicial en firme y el único escollo hasta el momento es una medida cautelar de suspensión.

Ahora, estimar cuánto dinero pueden reclamar las adjudicatarias, es muy complicado. Las empresas sí podrían reclamar daños y perjuicios por los cinco meses que han tenido retenido el dinero que aportaron como garantía e incluso por el coste financiero que lleva aparejado la formalización de un aval. Además, señala José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor jurídico de Afem, podrían pedir algún tipo de compensación por los gastos en los que han incurrido en este tiempo. La empresa HIMA San Pablo, por ejemplo, contrató al despacho estadounidense Jones Day para que le asesorara en el proceso y Ribera Salud y Sanitas llegaron a abrir oficinas de asesoramiento en los hospitales adjudicados. Asimismo, las compañías podrían reclamar el lucro cesante, es decir, el beneficio que van a dejar de obtener al rescindir los contratos.

Por último, los daños reputacionales que a las compañías ha generado este proceso –el ex consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty admitió este lunes que había motivado "un alto grado de debate"– también podrían ser reclamados por las adjudicatarias, aunque su encaje jurídico es más complicado porque este tipo de daños "no son económicamente evaluables". 

Proceso de reclamación 

En el caso de que las empresas optaran por reclamar daños y perjuicios, la petición se haría a través de un procedimiento administrativo en el que de forma habitual, según las fuentes consultadas, se pueden fraguar acuerdos. Si hay discrepancias, las adjudicatarias podrían interponer un recurso contencioso- administrativo por entender que la Administración no les ofrece lo que les corresponde.

No obstante, las hipotéticas reparaciones –que irían con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid– serían sometidas a la inspección previa de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Además, con carácter posterior, las indemnizaciones tendrían que ser fiscalizadas por la Cámara de Cuentas regional. 

Una vez que la Comunidad de Madrid inició el procedimiento en 2013 para entregar la gestión de la asistencia especializada de seis hospitales públicos a manos privadas, el partido UPyD y la asociación de médicos AFEM presentaron, cada uno por su lado, una denuncia ante la CNMC porque entendían que se estaban vulnerando diversas normas sobre competencia, concretamente, entendían que había un posible acuerdo previo entre las empresas licitadoras (HIMA San Pablo, Sanitas y Ribera Salud) que, en último término fueron las adjudicatarias de esos contratos, y la propia Consejería de Sanidad madrileña.

Además, AFEM denunció dos posibles irregularidades mas, la primera, la aplicación que se venía haciendo de la denominada “facturación intercentros” o, lo que es lo mismo, las cantidades que hay que compensar entre la sanidad pública madrileña y los hospitales de gestión privada (Torrejón, Rey Juan Carlos de Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro) cuando los pacientes acuden a un hospital que no es el de su pertenencia territorial determinada por su domicilio. En segundo lugar, el concierto existente entre la Consejería de Sanidad y la Fundación Jiménez Díaz (gestionada por la muy conocida empresa de salud Capio Sanidad que ahora se denomina IDC Salud) para que esta última utilizase los centro de Quintana y Pontones sin abonar precio alguno por su utilización.

Con anterioridad, la CNMC se había ocupado de este procedimiento de privatización cuando publicó un documento denominado Aplicación de la Guía de Contratación y Competencia a los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública en España. En este informe, la Comisión ya apuntaba elementos de sospecha sobre la actuación de la Comunidad de Madrid y de las empresas licitadoras, para empezar, el número de empresas era escaso, exactamente, tres para gestionar seis hospitales. Con razón se decía que no era compatible esa situación con un procedimiento competitivo robusto. Pero la cosa no quedaba en ese punto sino que estas empresas no coincidieron, a la hora de hacer sus proposiciones, en los hospitales que querían gestionar y, en consecuencia, tan solo hubo una oferta por cada uno de los hospitales a privatizar.

Otro indicio sospechoso para la CNMC era que este procedimiento de contratación solo se había publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Llamaba la atención que no se hubiera enviado al Boletín Oficial del Estado o, incluso al de la Unión Europea, teniendo en cuenta que se trataba de unos contratos de importancia capital para los ciudadanos de Madrid y, concretamente, para la sanidad pública madrileña que, seguramente, sea la más relevante e influyente de todo el país. Por lo tanto, es llamativo que unos contratos que suponían varios miles de millones de euros al erario público tuvieran una difusión tan limitada cuando la lógica dice que sería mucho más beneficioso para el interés público que fueran bien conocidos en toda Europa y que muchas empresas tuvieran interés en participar en ese procedimiento. No debe olvidarse, en este punto, que la CNMC cuantifica en más de un 20% el ahorro del que se benefician las Administraciones Públicas, o sea, todos los ciudadanos, cuando los contratos cuentan con muchas empresas licitadoras.

Por el contrario, en este procedimiento las tres empresas ofertaron el máximo que podían, rebajando tan solo unos céntimos de euro, concretamente, HIMA San Pablo rebajó a la cantidad máxima que había establecido la Comunidad de Madrid 24 y 37 céntimos en sus dos lotes, Ribera Salud rebajó 4 y 1 céntimo en sus dos lotes y, finalmente, Sanitas rebajó 2 euros con 41 céntimos. Si tenemos en cuenta que las cantidades sobre las que rebajar las ofertas iban desde los 450 a los 550 euros, las rebajas son irrelevantes (del 0,002 al 0,5%). Como puede apreciarse, el ahorro para los madrileños distaba mucho de superar el 20% que habíamos visto.

La Comunidad de Madrid tan solo concedió el plazo de un mes para que las empresas presentaran sus ofertas. Como bien puede imaginarse, estudiar si la gestión de un hospital público puede ser rentable, con todo lo que ello conlleva, mas la preparación de la oferta y la presentación de la misma lleva mucho más tiempo. Esto hizo pensar a los denunciantes, y a muchos otros, que las tres empresas que se presentaron conocían con anterioridad el contenido de las condiciones de esos contratos porque la Comunidad debió de facilitárselo.

Finalmente, la Comunidad de Madrid modificó, tan solo cuatro días antes de que finalizara el plazo para presentar las ofertas, un elemento fundamental de las ofertas, la cuantía de las garantías que las empresas debían prestar, es decir, rebajó sustancialmente, el 90%, la cantidad de dinero que cada empresa debía asegurar para poder ejecutar el contrato. Si hablamos de miles de millones de euros, el coste de garantizar esas cantidades se redujo considerablemente, pero ya no había tiempo para que otras empresas se presentaran a este procedimiento.

Después de todas las posibles irregularidades estudiadas, la conclusión a la que llega la CNMC no puede ser más insatisfactoria. Entiende que había indicios más que suficientes para abrir el procedimiento sancionador contras la Comunidad de Madrid y las empresas licitadoras y, una vez abierto ese procedimiento, el Servicio de Defensa de la Competencia, que era el órgano instructor del mismo, debió ampliar las investigaciones para determinar si hubo pactos secretos entre las empresas y la Comunidad para que estos contratos tuvieran el resultado apetecido.

El Servicio de Defensa de la Competencia se limitó a preguntar a todas ellas si habían incurrido en alguna práctica anticompetitiva; la respuesta, claro está, fue la misma, por supuesto que no. Y es que los que incumplen la ley no suelen reconocerlo para que el peso de la misma caiga sobre ellos. Dicho Servicio debió hacer mucho más, incluso, sugiere la CNMC que debió registrar las sedes de todos los participantes para buscar las pruebas de la violación de las normas, pero nada de eso se hizo y la Comisión se limita a acordar que no procede abrir el procedimiento sancionador y que se archiven las actuaciones porque ya no hay indicios de la infracción de la ley. A buenas horas, mangas verdes…

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José Luis Muga Muñoz es profesor de Derecho Administrativo de la URJC y abogado del Estudio Jurídico Liria y AFEM

El coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez, ha vuelto a exigir este lunes al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se anulen las adjudicaciones otorgadas a la compañía puertorriqueña HIMA San Pablo, coincidiendo con la información publicada por infoLibre que apunta a que la empresa afrontó en 2011 una demanda por el impago de un crédito de 13 millones de euros, circunstancia que se suma a la investigación de la que está siendo objeto por parte de las autoridades de EEUU tras la no devolución de un crédito de 3,49 millones de euros a la entidad Eurobank, que quebró en 2010.

Sánchez, que ya pidió el pasado día 21 de agosto la "revocación" de los contratos adjudicados a HIMA San Pablo tras la revelación del primer impago, ha interpelado directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid en un comunicado y ha preguntado “qué más vamos a tener que conocer" de la compañía "para que se revoque su adjudicación”. En este sentido, el coordinador general se ha reafirmado en que “la salud de los madrileños y madrileñas ni se puede regir por criterios económicos, ni puede estar en manos de una empresa que no garantiza la prestación del servicio”.

Asímismo, el líder de IU-CM ha asegurado que "es incompatible privatización con mejora del sistema sanitario", y ha pronosticado que empeorarán "los indicadores de calidad de los centros sanitarios". En la misma línea se expresó hace dos semanas, cuando expresó su convencimiento de que el PP busca un sistema "dual", en el que se combinen "seguros para las personas con rentas altas" con un "sistema de Seguridad Social de baja calidad para la mayoría de los madrileños y madrileñas”. De esta forma, Sánchez ha aseverado que su partido tiene un "firme compromiso" de "revertir todas las privatizaciones efectuadas por el Partido Popular, y con especial prioridad, las privatizaciones sanitarias" si llega al Gobierno regional en las próximas elecciones.

El PSM también se manifestó en contra de las adjudicaciones

También el 21 de agosto, fecha de las primeras revelaciones sobre los impagos de HIMA San Pablo, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseveró que el grupo puertorriqueño "está plagado de irregularidades jurídicas" en España y Estados Unidos", y calificó de "muy oscuro" el proceso privatizador de la sanidad llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. Por su parte, José Manuel Freire, diputado y portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, expresó sus "sospechas" de que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba interesado en que HIMA consiguiera esta adjudicación". Por ello, Freire señaló que su grupo ha pedido al Ejecutivo regional una copia de la documentación referente al aval que ha presentado la empresa, ya que buscan conocer "qué banco ha avalado a HIMA para depositar esta garantía".

Los problemas financieros de HIMA San Pablo, que gestionará tres hospitales públicos en Madrid, no se ciñeron al impago de un crédito de 3,5 millones de euros al Eurobank, una de las tres entidades financieras de Puerto Rico que en 2010 acabaron en bancarrota. El grupo sanitario, entre cuyos accionistas figuró otro banco de la isla que también quebró —el Westernbank—, afrontó en 2011 una demanda por el impago de un crédito de 17,2 millones de dólares (13 millones de euros).

La demanda tiene su origen en el préstamo hipotecario que una empresa tejana, MMB Development Group Ltd., concedió a HIMA San Pablo en abril de 2008. Según el escrito que MMB depositó en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico el 20 de abril de 2011 y con el que daba por iniciado el pleito, HIMA San Pablo había incumplido las condiciones bajo las que tres años antes obtuvo 17,2 millones de dólares mediante un préstamo hipotecario respaldado por 28 inmuebles, todos ellos oficinas de la Torre Médica de Caguas, proyecto emblemático del holding sanitario que ahora desembarca en España.

Seis meses después de que la demanda llegase al tribunal, MMB Development puso fin al litigio tras comunicar al tribunal la firma de un acuerdo “confidencial” con HIMA San Pablo. Los términos del pacto permanecen en secreto: ni ha trascendido con qué cantidad y en qué plazos de comprometió HIMA a resarcir a su acreedor ni por qué MMB renunció a la vía judicial.

Como ocurre desde hace dos semanas, los portavoces de HIMA —la empresa tiene una sucursal en España con apoderados que residen en Madrid— tampoco ahora han accedido a hablar del asunto. Los abogados de MMB Development, tanto en Houston (Texas) como en San Juan (Puerto Rico) también han declinado explicar las características del acuerdo.

Los documentos que desgranan las condiciones del crédito señalan a qué interés se concedió (15% anual) y precisan que la devolución se produciría “a petición” de MMB Development en el momento que considerase oportuno.

Por qué HIMA San Pablo obtuvo esos 17,2 millones de dólares de MMB Development y no de un banco, que en esas fechas aplicaban tipos de interés muy inferiores constituye una incógnita más. Otro interrogante, que contribuye a desvelar la estrategia empresarial de HIMA San Pablo, radica en por qué para conseguir de MMB esos 17,2 millones rehipotecó 28 inmuebles sobre los que ya pesaba una hipoteca previa firmada en 2005 con el Westernbank, y así consta en los documentos del pleito.

Otro litigio relacionado con este episodio ofrece pistas sobre su génesis. MMB Development ya había demandado en 2009 al Westernbank para reclamarle el pago de 10 millones de dólares.

La historia, con visos de ser el verdadero germen de la demanda por la que HIMA San Pablo topó en abril de 2011 con una reclamación judicial multimillonaria, se remonta a 2005. Ese año, MMB Development se alió con una filial de HIMA para construir un edificio de oficinas médicas en Caguas (Puerto Rico), epicentro del holding sanitario puertorriqueñoholding . La torre se levantaría junto al hospital que da nombre a la filial de HIMA que firmó el acuerdo de asociación con MMB Development: CMT, siglas de Centro Médico del Turabo.

En noviembre de 2006, MMB decidió desligarse del negocio y pactó con otra filial del grupo sanitario, HIMA San Pablo Properties Inc., venderle su participación en la sociedad que las dos empresas habían constituido el año anterior. El acuerdo estipulaba que HIMA pagaría a MMB Development 10,6 millones de dólares más intereses.

Y es aquí donde entró en juego el Westernbank, que terminó demandado en un pleito cuyo resultado final no ha podido conocer este diario. La clave de la iniciativa legal de MMB Development contra el Westernbank estriba en que el banco se había comprometido a abrir “una línea de crédito permanente” para los posibles compradores de oficinas médicas. Y esa línea de crédito resultaba esencial para que MMB cobrase.

La demanda relata cómo tanto HIMA San Pablo como Westernbank fueron dando largas durante 2007 a MMB Development. Enmarañada en una operación de la que quería salir a toda costa, la compañía tejana “no era consciente de que el Westernbank estaba sufriendo importantes problemas financieros y bajo investigación” de los organismos reguladores por su política de préstamos. En su escrito, MMB Development no hace ninguna mención al papel esencial de Westerbank en HIMA San Pablo, compañía en la que en 2007 controlaba, como mínimo, un 10% de las acciones.

El Westernbank, uno de los tres bancos de Puerto Rico que quebraron en 2010uno de los tres bancos de Puerto Rico que quebraron en 2010 y contra cuyos directivos han emprendido acciones las autoridades bancarias de EEUU, era en 2007 accionista del grupo HIMA San Pablo, que gestionará tres hospitales públicos de Madrid. De las tres entidades financieras puertorriqueñas que acabaron en bancarrota, esta es la segunda vinculada a HIMA.

Como publicó infoLibre la pasada semana, la primera fue Eurobank, a la que el holding sanitario provocó pérdidas de 4,69 millones de dólares (3,5 millones de euros) por un crédito impagado. Ayer, y como ocurre desde hace dos semanas, los responsables de la sucursal española de HIMA tampoco accedieron a responder, ni verbalmente ni por escrito, las preguntas de este diario.

La participación accionarial del Westernbank en Hima queda acreditada en un documento remitido por la empresa que preside Joaquín Rodríguez al organismo regulador de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente a la CNMV española. Fue presentado el 8 de enero de 2007. Este diario no ha localizado ningún papel oficial posterior que acredite hasta cuándo mantuvo el banco intereses en HIMA San pablo. 

El documento no detalla el porcentaje de títulos de HIMA controlado directa o indirectamente por el banco en enero de 2007. Pero, como mínimo, se cifraba en un 10%: las instrucciones de la SEC incorporadas al formulario detallan que solo los accionistas cuya participación iguale o supere ese umbral deben figurar en el apartado destinado a revelar la identidad de los “beneficiarios efectivos” de la compañía. Es decir, aquellos que, aun si no poseyeran los títulos y estos apareciesen a nombre de terceros, poseen los beneficios de la titularidad. Sólo hay tres nombres inscritos: los del presidente y el vicepresidente de HIMA San Pablo, Joaquín Rodríguez y Carlos M. Piñeiro, y el del banco Westernbank.

El formulario cumplimentado por HIMA San Pablo resultaba de entrega forzosa dado que notificaba a la SEC una venta de acciones por importe de nada menos que 65,5 millones de dólares. En el momento en que el documento llegó al organismo regulador, la venta de acciones -presumiblemente, una ampliación de capital- no se había producido aún. Este diario no ha podido verificar si la operación llegó a efectuarse. En 2012, el grupo reflejó en su informe anual activos por 110,182,494.00 dólares.

Tras el cierre del Westernbank, ordenado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC) de EEUU en abril de 2010, su cartera fue trasvasada al Banco Popular de Puerto Rico, una de las principales entidades financieras del Estado Libre Asociado. Portavoces oficiales del Banco Popular se limitaron a subrayar en declaraciones a este diario que la entidad, “sin ningún nexo” con su homónima española, “no posee” al día de hoy ninguna participación en HIMA.

A la pregunta de si HIMA devolvió el crédito que el Westernbank le concedió a mediados de la pasada década y que la prensa puertorriqueña cifra en 380 millones de dólares, los portavoces de Banco Popular de Puerto Rico invocaron el deber de confidencialidad para no responder. Solo aportaron un dato: el banco se desprendió de la mayor parte de la herencia contaminada del Westernbank y se reservó una parte de la cartera. ¿Mantuvo en su poder los créditos cuya devolución se iba produciendo con normalidad? ¿Figura en ese paquete el préstamo a HIMA San Pablo? Tampoco aquí hubo respuesta. Desde luego, tanto si satisfizo sus obligaciones en tiempo y forma como si no, lo cierto es que la demanda planteada por el FDIC contra el Westernbank no menciona ningún crédito ligado a HIMA entre aquellos cuyo impago llevó al banco al precipicio.

HIMA San Pablo gestionará, si la Justicia no tumba el controvertido proceso de privatización, y durante los próximos diez años, los hospitales madrileños Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez). Se encargará por tanto de la atención sanitaria en hospitales de 524.445 madrileños. La adjudicación del contrato se produjo este lunes 19 de agosto después de que la Mesa de contratación de la Consejería de Sanidad diera el visto bueno tanto a la documentación como a la garantía de la fianza de 12,2 millones de euros presentadas por el grupo puertorriqueño.

De conformidad con la oferta presentada, la Comunidad de Madrid pagará a HIMA San Pablo en torno a 245 millones de euros cada año en concepto de prestación por la atención de los 524.445 madrileños que tienen adscrita su tarjeta sanitaria a los centros de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez. Es la cantidad que se deduce de la cápita –cantidad por paciente al año– que pagará la Comunidad a este grupo y que será de 448 euros por cada uno de los 296.393 pacientes que tiene asignados en el Infanta Sofía y 493 euros por cada uno de los 228.052 asignados en los centros Infanta Cristina y Tajo.

Hima San Pablo gestiona cuatro hospitales en la región norte y este de Puerto Rico y provee otros servicios como estacionamientos, farmacias, cafeterías o seguridad a otros centros sanitarios. En una entrevista concedida a la Cadena Ser el pasado junio, el presidente de la compañía, Joaquín Rodríguez, habló abiertamente del ánimo de lucro con el que la compañía abordaba este concurso. "Hemos visto una oportunidad de negocio para entrar en Europa, creo que podemos fomentar el turismo sanitario procedente de Marruecos", aseveró.

Unas 40 personas se han concentrado este lunes a las nueve de la mañana en el Hospital del Tajo de Aranjuez (Madrid) para protestar contra la concesión de la gestión del centro a la empresa puertorriqueña HIMA San Pablo –actualmente investigada por las autoridades de EEUU por impago de un crédito de 3,5 millones de euros–, coincidiendo con la reunión programada entre la gerencia del hospital y los representantes de la compañía.

Según fuentes de la asociación convocante, la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATUSALUD), la manifestación ha estado formada por profesionales y "fundamentalmente por usuarios". La plataforma, asimismo, asegura que, aunque en principio la reunión entre HIMA y los gestores del centro estaba prevista para las nueve, finalmente se ha producido a las siete de la mañana, por lo que no han podido hablar con los representantes de la empresa. Por ello, los convocantes han llevado su protesta ante las puertas de los despachos, sin ningún incidente.

Previamente, los manifestantes se habían concentrado a las puertas del hospital con camisetas y carteles donde se podían leer los lemas habituales de la marea blanca, como "la sanidad no se vende, se defiende", y también alusiones directas a la empresa adjudicataria: en una pancarta, por ejemplo, podía leerse "fuera HIMA San Pablo y su turismo sanitario", en referencia a las declaraciones que realizó el pasado junio en la Cadena SER el director ejecutivo de la compañía, Joaquín Rodríguez, quien afirmó que su objetivo era "hacer negocio" mediante el fomento del "turismo sanitario" procedente de "Marruecos y otras áreas de Europa".

De igual manera, los asistentes a la convocatoria han leído un manifiesto en el que han resaltado que quieren ser "pacientes, no clientes", y que no están "dispuestos a que se comercie y juegue con la vida de las personas". Este extremo, afirman, podría producirse ya que las "valoriaciones patológicas y tratamientos" se realizarán "con criterios económicos, como hacen las empresas existentes: Capio, HM San Chinarro, Sanitas, Ribera Salud y como lo harán desde HIMA San Pablo". "En los hospitales con este tipo de funcionamiento, la gente muere por la aplicación de los protocolos privados. [...] Existen sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que así lo manifiestan y demuestran", señalan.

"No me siento respaldada por la Administración. He estado en este centro desde que se inauguró y ahora siento que estoy en el aire". La autora de esta frase prefiere hablar de forma anónima. Es médica en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, uno de los seis hospitales cuya gestión acaba de privatizar la Comunidad de Madrid. Aunque ha trabajado en este centro desde su creación, hace cinco años, no tiene plaza fija. Es interina. Y por eso dice sentirse en el aire, pues las empresas que se han hecho con la gestión de estos centros, en su caso la puertorriqueña HIMA San Pablo, aseguran el mantenimiento de los empleados sanitarios con contratos temporales, pero no de sus condiciones laborales. Se da la coincidencia además de que la empresa que pasará ahora a gestionar su hospital, tal y como adelantó infoLibre, está siendo investigada por parte de las autoridades de EEUU tras la no devolución de un crédito a la entidad Eurobank, que quebró en 2010. 

Con experiencia previa en otro hospital 100% público en la Comunidad, esta profesional dice tener una sensación de "injusticia desde el punto de vista moral" porque nadie se ha acercado a hablar con los profesionales para explicarles qué cambios se producirán en la dinámica del hospital. Los trabajadores, muy beligerantes durante este proceso privatizador, el mayor realizado nunca en la sanidad española, llevan meses denunciando el "oscurantismo" con el que el Gobierno regional ha gestionado el proceso. "Que no me hayan informado de nada a mí, que sólo soy un anestesiólogo, lo puedo llegar a entender... pero es que me consta que a mis superiores tampoco", se queja Ángel Serrano, médico del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de Los Reyes. 

Una sensación similar dice experimentar Maite López, que lleva trabajando en el servicio de diálisis del hospital de Coslada –otro de los privatizados– desde su inauguración y a donde pidió un traslado desde un hospital tradicional, el de la Paz. Ahora se plantea volver a la pública. Ha sido una de las caras visibles de la marea blanca y, con ironía, dice creer que a sus nuevos "jefes" –la empresa Sanitas– no les hará mucha gracia verla por los pasillos del Hospital del Henares. "Tendré que marcharme", señala. 

Protesta de trabajadores de hospitales privatizados en Madrid. EFE

Estos traslados que López no duda en calificar de "forzosos" tanto de fijos como de interinos o eventuales conllevarán, a su juicio, una fractura en los equipos que acabará por perjudicar la calidad asistencial. Por ejemplo, cita al servicio de UCI de su hospital, que recientemente ha recibido el premio MIHealth Innovation Awards 2013 en la categoría de Organización por su proyecto de UCI sin paredes, un programa multidisciplinar que mejora la seguridad del paciente crítico en todo el ámbito hospitalario. "Ese equipo va a romperse porque algunos de sus profesionales van a pedir cambio de destino", lamenta. 

"No vamos en el mismo barco" 

Asimismo, López recuerda las dificultades que entrañó la puesta en marcha de estos centros de gestión mixta –la provisión de servicios no sanitarios ya estaba privatizada– porque, afirma, "es complicado sacar adelante un hospital cuando la gente no está en el mismo barco". A su juicio, esta relación entre gerencia y profesionales será todavía más complicada a partir de ahora, pues las adjudicatarias buscarán sacar rentabilidad al negocio y conseguir el mayor excedente posible de la cápita, es decir, la cantidad por paciente y año que paga la Administración a cada concesionaria. 

Otros profesionales sanitarios de los centros privatizados como Rosa Rodríguez también se plantean pedir un traslado. Enfermera con plaza fija en el Hospital del Tajo (Aranjuez), es tajante: "Nos quieren quitar del medio como sea". La palabra con la que define su sensación tras la adjudicación de la gestión del hospital público en el que trabaja a una empresa privada es también "incertidumbre". "Hay un rodaje de años que se va a perder, va a ser como empezar de cero", lamenta. El doctor Serrano, anestesiólogo del Infanta Sofía, tiene 15 años de experiencia en la sanidad madrileña. Y aunque trabaja en este centro desde su formación, consiguió plaza fija en el mismo sólo un mes antes de que la Comunidad anunciara su privatización. Ahora también contempla la posibilidad de marcharse. "El mayor agravio para el sistema es lo mal que se han hecho las cosas, quieren ponernos a competir y no se da cuenta de que el nuestro es un trabajo en equipo", sentencia. 

Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) y el Partido Socialista de Madrid (PSM) pidieron este miércoles, por boca de sus líderes, la "revocación" de la adjudicación de tres hospitales a la empresa puertorriqueña HIMA San Pablo, tras la información publicada por infoLibre en la que se detalla la investigación de la que está siendo objeto por parte de las autoridades de EEUU tras la no devolución de un crédito a la entidad Eurobank, que quebró en 2010.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseveró que el grupo puertorriqueño "está plagado de irregularidades jurídicas" en España y Estados Unidos". En este sentido, se preguntó si el Gobierno de la Comunidad "es serio y decente" pues, añadió, que todo el proceso privatizador ha sido "muy oscuro", informa Europa Press. "Lasquetty no se da cuenta de que está jugando con el dinero y la salud de los madrileños. Hay que frenar de manera inmediata el proceso de privatización", añadió. 

Por su parte, Eddy Sánchez, coordinador de IU-CM, calificó de "temeraria" la concesión de estos contratos a una empresa que está bajo investigación por recibir préstamos "sin apenas garantías". A este respecto, asimismo, afirmó que “la política sanitaria del Gobierno regional hace tiempo que no se rige por el interés general, sino por el interés de los grandes fondos de inversión multinacionales, bancos, grandes constructoras, las aseguradoras sanitarias, los laboratorios farmacéuticos y las multinacionales de la tecnología sanitaria, que pretenden mantener e incrementar los enormes beneficios obtenidos con fondos públicos en la última década”.

El coordinador de IU-CM expresó su convencimiento de que el PP busca un sistema "dual", en el que se combinen "seguros para las personas con rentas altas" con un "sistema de Seguridad Social de baja calidad para la mayoría de los madrileños y madrileñas”. Por su parte, José Manuel Freire, diputado y portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, expresó sus "sospechas" de que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba interesado en que HIMA consiguiera esta adjudicación". Por ello, Freire señaló que su grupo ha pedido al Ejecutivo regional una copia de la documentación referente al aval que ha presentado la empresa, ya que buscan conocer "qué banco ha avalado a HIMA para depositar esta garantía".

Situación "muy comprometida"

Las asociaciones de profesionales sanitarios, al igual que los sindicatos, también expresaron su malestar acerca de estas nuevas informaciones y coincidieron en su rechazo al proceso privatizador desde su inicio. De esta manera, el portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Julián Ezquerra, señaló que "lo más grave es que se entregue la gestión de tres hospitales a una empresa que no está afincada ni en España ni siquiera en la Unión Europea, y que tiene complicaciones muy variadas". En este sentido, recordó las declaraciones que realizó a la cadena SER en junio el director ejecutivo de la compañía, Joaquín Rodríguez, quien afirmó que su objetivo era "hacer negocio" mediante el fomento del "turismo sanitario" procedente de "Marruecos y otras áreas de Europa".

El portavoz de Sanidad de UGT de Madrid, Nacho Hernández, también hizo hincapié en el propósito de HIMA San Pablo de atraer turismo sanitario, y señaló que "la idea de esta empresa es hacer negocio con la sanidad". En el mismo sentido se pronunció Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que además comparó la concesión otorgada a esta compañía con la adjudicación de otros dos hospitales a la compañía Ribera Salud, vinculada a Bankia. Martín considera que la situación económica de estas dos empresas es "muy rara" y "muy comprometida", lo que puede abrir un "interrogante preocupante" en cuanto a la calidad de la atención recibida por los pacientes.

Críticas en las redes sociales 

La revelación de la investigación de la que está siendo objeto HIMA San Pablo también tuvo eco en las redes sociales. A esta información reaccionaron profesionales del sector sanitario, partidos políticos y organizaciones de trabajadores. 

Según el FDIC, el quebranto económico se produjo porque la entidad Eurobank, que finalmente fue a la bancarrota en abril de 2010, concedió en 2007 un crédito de cinco millones de dólares a Nova Infusion, subsidiaria de HIMA pese a la escasez de garantías ofrecidas y a que no se verificaron los datos económicos reales de la matriz del grupo. Según la demanda, "la última información sobre HIMA facilitada al banco era de 2005 y mostraba capacidad mínima para cubrir la deuda". Y un dato más: "En el momento del crédito, Nova tenía un descubierto en su cuenta de operaciones de más de 400.000 dólares". En los últimos días, infoLibre ha intentado reiteradamente y sin éxito contactar con los directivos de HIMA en Caguas, la ciudad puertorriqueña donde se localiza su cuartel general.

La demanda que arroja sombras sobre HIMA es una más de las que han surgido tras la quiebra en 2010 de Eurobank y otras dos entidades financieras del Estado Libre Asociado y llegó al tribunal puertorriqueño cuatro días antes de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicase en el boletín oficial la licitación para privatizar la gestión de otros seis hospitales. HIMA, cuya entrada en la escena madrileña fue una auténtica sorpresa, se alzó finalmente con la adjudicación de tres centros sanitarios. La decisión del Ejecutivo autonómico se hizo oficial el 19 de agosto, aunque ya la semana anterior el propio consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, había dado por hecho que tres centros –el Infanta Sofía y el Hospital del Tajo, que se otorgaron de forma conjunta, y el Infanta Sofía– serían para el grupo puertorriqueño. Al igual que ocurrió en los otros tres lotes, la puja de HIMA fue la única en los dos con los que se alzó sin atisbo de competencia.

Condiciones de la adjudicación

HIMA San Pablo gestionará, si la Justicia no lo impide y durante los próximos diez años, los citados centros hospitalarios. Se encargará por tanto de la atención sanitaria en hospitales de 524.445 madrileños. La adjudicación del contrato se produjo este lunes 19 de agosto después de que la Mesa de contratación de la Consejería de Sanidad diera el visto bueno tanto a la documentación como a la garantía de la fianza de 12,2 millones de euros presentadas por el grupo puertorriqueño. 

De conformidad con la oferta presentada, la Comunidad de Madrid pagará a HIMA San Pablo en torno a 245 millones de euros cada año en concepto de prestación por la atención de los 524.445 madrileños que tienen adscrita su tarjeta sanitaria a los centros de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez. Es la cantidad que se deduce de la cápita –cantidad por paciente al año– que pagará la Comunidad a este grupo y que será de 448 euros por cada uno de los 296.393 pacientes que tiene asignados en el Infanta Sofía y 493 euros por cada uno de los 228.052 asignados en los centros Infanta Cristina y Tajo. 

Esta empresa gestiona cuatro hospitales en la región norte y este de Puerto Rico y provee otros servicios como estacionamientos, farmacias, cafeterías o seguridad a otros centros sanitarios. En una entrevista concedida a la cadena Ser el pasado junio, el presidente de la compañía, Joaquín Rodríguez, habló abiertamente del ánimo de lucro con el que la compañía abordaba este concurso. "Hemos visto una oportunidad de negocio para entrar en Europa, creo que podemos fomentar el turismo sanitario procedente de Marruecos", aseveró.