Mientras Bruselas se vanagloria de las hojas de ruta, fechas límite y documentos publicados con supuesta solemnidad, la realidad del mercado energético en Europa es muy diferente a la que nos pintan. Esto se parece más a una tragedia griega que a otra cosa: tratamos de huir del enemigo, pero lo necesitamos como agua de mayo. La narrativa europea es heroica, a la par que poco probable: Europa dejará de importar gas ruso para el 2027-2028. Pero basta con rascar un poco y profundizar en el asunto para darnos cuenta de que no es independencia lo que encontramos, sino una toxicidad imperante que nos va a traer, nuevamente, improvisación sobre la marcha y un preocupante estado de "no saber qué hacer".

El primer síntoma de toda esta mentira es la disparidad de fechas límite que se proponen. Los documentos publicados por la Comisión Europea indican un cierre total del grifo para inicios de 2027, con prohibiciones sobre nuevos contratos ya en este año 2026. No obstante, los políticos, bajo la presión internacional, indican que la fecha del embargo total se producirá en 2028. Esta discrepancia no es un detalle menor, sino una prueba clara de que no existe un plan real de escape como tal. Lo que realmente denota esto es una presión internacional asfixiante para que Europa deje de financiar al Kremlin vía compra de gas ruso. Sin ir más lejos, la Administración Trump con el secretario de Energía a la cabeza, ya está exigiendo un corte inmediato de los lazos europeos con Rusia en un plazo máximo de un año. Trump incluso amenaza con aranceles a terceros países para forzar esta asfixia, politizando el mercado hasta el extremo.

Pero lo más grave de todo esto es, una vez más, la hipocresía de la narrativa europea. Mientras nos echamos las manos a la cabeza diciendo que los gasoductos son "herramientas de guerra" de Putin, Europa sigue batiendo récords de importación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Rusia. De cara a la galería, la puerta principal está cerrada, pero la puerta entreabierta del patio trasero permite que siga entrando gas ruso en nuestras casas. No contentos con la desfachatez de nuestros políticos, también estamos asistiendo a un blanqueo energético de manual a través de Turquía. El crudo ruso llega a refinerías turcas, se procesa y entra en Europa etiquetado legalmente como combustible turco, sorteando las sanciones con una facilidad pasmosa.

Y como siempre, ¿quién es el damnificado en todo esto? Tú. Porque la alternativa al gas barato proveniente de Rusia no es otro que el GNL llegado de localizaciones mucho más lejanas, como puede ser el caso de Estados Unidos, Azerbaiyán o Qatar. La dependencia sigue estando ahí, pero ahora mucho más cara que antes. Mientras tanto, aunque los efectos financieros sobre las arcas públicas rusas son evidentes, a Rusia no parece importarle mucho (basta con ver que todavía están en guerra para darse cuenta de que mucho daño no le estamos infligiendo con este tipo de medidas). Rusia simplemente ha girado el cuello hacia el este, consolidando sus exportaciones y vendiendo a China e India la energía que nosotros rechazamos.

No es de extrañar que países como Hungría o Eslovaquia se nieguen a firmar este tipo de acuerdos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cortar el flujo del oleoducto Druzhba podría suponer la "muerte energética" para muchos países del este europeo. No es una cuestión política, ni siquiera ideológica. Es pura supervivencia. La "independencia energética" que nos venden no es más que un cambio de nombre, donde el precio a pagar es la falta de competitividad de nuestra industria y el aumento del coste para el consumidor. Si seguimos anteponiendo la foto política a la supervivencia energética, acabaremos siendo un continente museo: muy éticos, muy verdes, pero absolutamente arruinados.

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Antonio Jesús García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Son algunas de las áreas naturales protegidas más valiosas y frágiles del planeta. La Gran Barrera de Coral en Australia, con sus peces multicolores. La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala —la selva tropical más grande de América Central—, hogar de jaguares, monos y cocodrilos. O los pantanos del Bajo Ogooué en Gabón, refugio de especies en peligro de extinción como elefantes e hipopótamos.

Estos santuarios de la biodiversidad tienen una cosa en común: aunque deberían permanecer libres de toda actividad industrial, en ellos hay infraestructuras petroleras y gasísticas. En total, 7.000 zonas de este tipo enfrentan este problema, según revela la investigación Fueling Ecocide, realizada por 13 medios de comunicación internacionales y coordinada por el colectivo de periodistas Environmental Investigative Forum (EIF) y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Entre esos medios está infoLibre, que publica en exclusiva esta investigación en España.

En este proyecto de un año de duración, se han comparado 315.000 zonas incluidas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) con datos geoespaciales de 15.000 licencias de petróleo y gas en 120 países, facilitados estos últimos por el proveedor industrial Mapstand. La investigación revela el verdadero alcance de la amenaza que las empresas petroleras y gasísticas, incluidas grandes empresas europeas como Shell, ENI y TotalEnergies, suponen para la biodiversidad en todo el mundo.

Según el análisis, 3.164 permisos de producción y exploración de petróleo y gas invaden 7.021 áreas protegidas ubicadas en 99 países. Esto representa un total de 694.000 km² cedidos a las empresas petroleras, un área más grande que países enteros como España o Francia. En algunos casos, las superposiciones son parciales, pero la mitad de estas áreas protegidas están totalmente cubiertas por licencias de hidrocarburos.

Esta situación pone en peligro áreas cruciales para el futuro climático, como las selvas tropicales de Indonesia, el Amazonas o la cuenca del Congo o varias reservas de manglares repartidas por Tanzania, Guinea-Bissau o Malasia, así como áreas marinas clave, incluido el mar del Norte de Europa.

Aunque solo una pequeña parte de esos 690.000 km² que se solapan con áreas protegidas están realmente cubiertos por instalaciones de petróleo y gas sobre el terreno, todas estas licencias representan una amenaza real o potencial para la biodiversidad. Leave it in the Ground (LINGO), una ONG que ha publicado numerosos informes sobre el tema, pidió "la prohibición inmediata de la exploración y extracción de combustibles fósiles en áreas protegidas y conservadas a nivel mundial".

Las licencias de exploración cubren 387.000 km² de áreas protegidas, más que la superficie de Alemania. Estos permisos ya pueden incluir infraestructuras y pozos de exploración. En las áreas marinas protegidas se pueden utilizar tecnologías para cartografiar los yacimientos submarinos, lo que daña diversas formas de vida marina en el proceso.

Luego están los permisos cuyo estado no está disponible en los datos de Fueling Ecocide. Y, por último, las superposiciones de licencias de producción de petróleo y gas, las que crean el mayor riesgo, que siguen siendo de un tamaño considerable, cubriendo 74.000 km² de áreas protegidas, una superficie similar a la de Irlanda.

Por impresionantes que puedan parecer, estas cifras están subestimadas, ya que los datos de 16 países, entre ellos importantes productores de petróleo como Canadá, Irán y Venezuela, eran inconsistentes y no se han podido incluir en el análisis de la investigación.

Contaminación del aire, el suelo y el agua, deforestación, daños a especies en peligro de extinción: en muchos casos, la destrucción ya está en marcha, tal y como documentan las ONG y observan sobre el terreno los reporteros de Daraj e InfoCongo, medios parte del equipo de Fueling Ecocide.

En Túnez, el mar está contaminado por fugas de petróleo procedentes de plataformas marinas en la zona protegida de las islas Kerkennah, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención de Ramsar. También conocida como 'La Convención sobre los Humedales', la Convención de Ramsar fue adoptada en 1971 por casi el 90% de los Estados miembros de la ONU, y proporciona el marco para la conservación y el uso racional de estas zonas y sus recursos.

En la República del Congo, parte de la reserva de Tchimpounga, un santuario para los chimpancés centroafricanos, se está transformando en una zona industrial debido a una mina de potasa y un pozo de petróleo perforado por empresas chinas. "El equilibrio ecológico está amenazado: la fauna silvestre se está retirando a zonas menos protegidas, el suelo se está degradando y las vías fluviales corren el riesgo de contaminarse", afirma Placide Kaya, ingeniero forestal y activista medioambiental congoleño.

En Irak, cinco yacimientos petrolíferos propiedad de grandes empresas como TotalEnergies, ENI, BP y CNPC están contribuyendo a la desecación y contaminación de los humedales protegidos y antaño exuberantes del sur del país. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la fauna silvestre, así como para la población local, que ya no puede ganarse la vida con la pesca y la ganadería. Según Daraj, la situación ha empeorado desde la llegada en 2023 de la petrolera china Geo-Jade, cuyas operaciones están invadiendo los humedales de Hawizeh, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las zonas más afectadas son principalmente aquellas reconocidas internacionalmente como las más importantes para el planeta. El análisis de Fueling Ecocide muestra que dos tercios de la superficie global afectada se encuentra en áreas protegidas reconocidas internacionalmente: sitios de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), humedales Ramsar, tierras indígenas y áreas Natura 2000 de la Unión Europea. Son alrededor de 6.300 áreas protegidas. El resto solo gozan de protección a nivel nacional.

La UICN y la UNESCO recomiendan prohibir las actividades petroleras y gasísticas en sus áreas protegidas. La UICN ha aprobado una resolución en la que se compromete a no autorizar actividades relacionadas con los hidrocarburos en las áreas protegidas de su lista, pero se trata de un acuerdo no vinculante jurídicamente. Un informe de la UNESCO de julio de 2025 muestra que hay actividades extractivas en el 24% de los sitios que esta agencia de las Naciones Unidas ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

"Los sitios del Patrimonio Mundial cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan una quinta parte de la riqueza de especies del planeta", asegura un portavoz de la UNESCO a Fueling Ecocide. La producción de hidrocarburos en estas áreas podría provocar "daños ambientales irreversibles, socavar los medios de vida locales, erosionar las cualidades únicas que han valido a estos sitios el reconocimiento mundial [...] y poner en peligro los objetivos mundiales de biodiversidad", añade.

Los científicos advierten de que se está produciendo una "extinción masiva" de especies vivas. Y mientras los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuerza impulsora del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad también "exacerba los efectos del cambio climático", según el Consejo Científico de la COP15 sobre Biodiversidad.

De hecho, la extracción de petróleo en áreas protegidas contradice las ambiciones del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) adoptado en la COP15 por 196 países en 2022. El GBF estableció el objetivo de proteger el 30% de la superficie del mar y la tierra del planeta para 2030, en comparación con el 17,6% y el 8,4%, respectivamente, que se da en la actualidad.

"El tratado del Marco Mundial de la Diversidad Biológica es legislación internacional. El gran fallo de este tratado es que no existe ningún mecanismo para garantizar su cumplimiento, a diferencia del Acuerdo de París [el tratado internacional destinado a combatir la crisis climática], que puede incluir multas. Esto es un gran problema para los ecosistemas", explica Stephen Woodley, ecólogo y consultor de la UICN. "La aplicación del derecho internacional en materia de medio ambiente sigue siendo débil: la responsabilidad recae en los distintos Estados", añade Antonio Tricarico, de la ONG ReCommon.

En este contexto, las empresas de hidrocarburos pueden eludir fácilmente sus responsabilidades medioambientales. "El valor mismo de las empresas petroleras se basa en su capacidad para asegurar los activos de producción futuros. Esta lógica de crecimiento es intrínsecamente incompatible con la transición ecológica", afirma Tricarico.

La investigación muestra que 763 empresas petroleras operan al menos un permiso que se superpone con un área protegida. Si tenemos en cuenta únicamente las licencias para producción, cuatro de las 10 primeras que más superficie de áreas protegidas ocupan son europeas. La anglo-holandesa Shell ocupa el tercer lugar, principalmente debido a sus yacimientos marinos situados en áreas protegidas del Mar del Norte. Las otras tres son las francesas Perenco y TotalEnergies —quinta y séptima— y la italiana ENI —novena—.

Varias de esas empresas, entre ellas Perenco, Energy Development Oman y la empresa emiratí Adnoc, no aplican ninguna política de "prohibición". En sus informes anuales, Shell, TotalEnergies y ENI solo se comprometen a no operar en sitios de la UNESCO, por lo que se permiten perforar en todas las demás áreas protegidas.

Ni siquiera esta mínima promesa se cumple siempre. Shell opera activos que se solapan con dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Gran Barrera de Coral en Australia y el Mar de Wadden en los Países Bajos. La empresa se ha negado a hacer comentarios ante las preguntas de Fueling Ecocide.

TotalEnergies también tiene acciones en una planta de GNL en la Gran Barrera de Coral, mientras que ENI tiene una licencia de exploración ubicada dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO: el Área Marina Protegida de Marawah en los Emiratos Árabes Unidos, que cubre 4249 km². Este archipiélago de una docena de islas, rodeado de arrecifes de coral y salpicado de bosques de manglares, alberga la segunda colonia más grande del mundo de dugongos, un mamífero marino en peligro de extinción. La extracción comercial de gas aún no ha comenzado, pero la exploración de nuevos pozos ya está muy avanzada y ENI anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en 2022.

La empresa petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, cuarta en la clasificación, opera tres licencias de petróleo y gas en la misma zona. Una de ellas, Gasha, uno de los mayores proyectos de hidrocarburos del mundo, abarca una cuarta parte de la reserva de Marawah. Actualmente en construcción, este enorme proyecto incluye 11 islas artificiales, pozos, oleoductos y muelles de embarque. "Operamos bajo estrictos controles medioambientales y contamos con un historial probado de protección de la naturaleza y la biodiversidad", respondió Adnoc a esta investigación.

Ninguna de las empresas publica datos geográficos que permitan verificar sus actividades en áreas protegidas. Las grandes empresas que cotizan en bolsa, Shell, ENI y TotalEnergies, publican una lista de los solapamientos de sus licencias con estos lugares. Aun así, para el caso de estas tres grandes empresas, Fueling Ecocide ha descubierto casos de solapamientos no declarados. 

ENI, que solo informa de las licencias de explotación, enumera 32 solapamientos en su informe anual de 2024, mientras que nuestra investigación identificó 68 licencias de la empresa que se solapan con áreas protegidas. 

TotalEnergies informa de 12 proyectos que se solapan con áreas protegidas, lo que corresponde a 28 licencias según nuestros cálculos, mientras que nuestro análisis identificó 69 de esas licencias solapándose con áreas protegidas. 

La principal explicación de estas superposiciones que faltan es que las empresas no tienen en cuenta las licencias de exploración y solo informan de sus actividades situadas dentro de algunas áreas reconocidas internacionalmente, incluidas las categorías 1 a 4 de la UNESCO, Ramsar y la UICN, a pesar de que la UICN recomienda que no haya actividad industrial tampoco en las categorías 5 y 6, menos sensibles.

ENI respondió que parte de la diferencia se debe también a su metodología, que excluye las instalaciones de producción de hidrocarburos que no "se encuentran efectivamente dentro del área de intersección con un área protegida". Sin embargo, ENI reconoció implícitamente la ausencia de información detallada, señalando que "la norma ESRS E4 'Biodiversidad y ecosistemas' exige la comunicación de información a nivel agregado. Esto significa que los informes no requieren la descripción de cada activo o concesión individual".

Cuando se le preguntó sobre los solapamientos no comunicados, Shell volvió a negarse a hacer comentarios. TotalEnergies adoptó la misma metodología y respondió que nuestras cifras "no reflejan la realidad sobre el terreno", ya que corresponden a "las intersecciones teóricas de las licencias con las áreas protegidas, a pesar de que solo una pequeña parte de la superficie de estas licencias está cubierta por infraestructuras".

En Uganda, cerca de las orillas del lago Albert, TotalEnergies, su socio chino CNOOC y la compañía petrolera nacional de Uganda UNOC son propietarios de las licencias Tilenga y Kingfisher, un enorme proyecto petrolero asociado a un oleoducto de 1.443 kilómetros denominado EACOP. Las obras de construcción sobre el terreno están muy avanzadas y se prevé que la producción comience en 2026.

Tilenga, explotado por TotalEnergies, se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, un sitio excepcional de la UICN y Ramsar, que alberga más de 140 especies de mamíferos salvajes (antílopes, leones, elefantes, hipopótamos, jirafas, etc.), algunos de los cuales están en peligro de extinción. El proyecto es muy criticado por varias ONG ecologistas, que han demandado a TotalEnergies en Francia por supuestos daños ecológicos, algo que la empresa niega.

Según nuestros datos, las licencias de Tilenga cubren el 10% del Parque Nacional Murchison Falls, es decir, 373 km². TotalEnergies afirma que su infraestructura solo ocupa el 0,03% del área protegida, es decir, solo 1 km². El grupo afirma que tiene en cuenta "la huella física de las instalaciones y su área de influencia", pero se ha negado a explicarnos su metodología exacta.

El análisis de imágenes satelitales realizado para Fueling Ecocide por la ONG Earth Insight muestra que las cifras de TotalEnergies parecen corresponder solo a la superficie de las plataformas de perforación. Pero según Earth Insight, también se han construido 38 kilómetros de carreteras y 20 de infraestructuras de oleoductos dentro de Murchison Falls, dividiendo en dos la parte norte del parque nacional.

Una investigación de campo, publicada en septiembre de 2024 por las ONG Afiego y Friends of the Earth, concluye que el impacto negativo del proyecto sobre la fauna silvestre supera con creces el perímetro inmediato de las instalaciones de TotalEnergies. El informe indica que los elefantes, perturbados por las vibraciones y el ruido de las obras de construcción, están "destruyendo tierras de cultivo" y han matado a cinco personas entre junio de 2023 y abril de 2024. Por otra parte, la contaminación lumínica de la plataforma de perforación, visible hasta a 14 kilómetros de distancia, tiene, según se informa, efectos negativos sobre los depredadores nocturnos, como leopardos, leones y hienas. 

Preguntada por EIC, la ONG Lingo afirmó que las empresas petroleras solo tienen en cuenta la superficie de las infraestructuras en su metodología para "confundir y minimizar sus impactos negativos", ya que "parece que no están teniendo en cuenta la contaminación líquida, gaseosa y sólida que producen sus instalaciones y que llega a las zonas circundantes".

Lo mismo ocurre con las áreas marinas protegidas, donde los daños pueden extenderse mucho más allá de la pequeña superficie cubierta por las plataformas marinas. "Extraer petróleo y gas en estas áreas protegidas es una completa aberración", afirma Sara Labrousse, investigadora de ecología marina del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Tiene consecuencias muy perjudiciales, como los vertidos de petróleo, el ruido submarino y el tráfico marítimo, que perturban enormemente a las especies marinas".

Las empresas petroleras casi nunca dan detalles sobre el impacto de sus operaciones sobre el terreno. En sus informes anuales, Shell, ENI y TotalEnergies afirman que aplican planes de acción para la biodiversidad en las zonas protegidas, con el objetivo de "no perder nada" o incluso "ganar" en biodiversidad. Sin embargo, son ellas las que pagan a las consultoras que los redactan y estos documentos no se hacen públicos. En el caso de Tilenga, Mediapart reveló que TotalEnergies intervino para debilitar las medidas incluidas en el plan, que son insuficientes para proteger la biodiversidad.

En sus respuestas a las preguntas que EIC les ha hecho llegar, Perenco y ENI señalan que es legal operar en áreas protegidas de conformidad con la normativa nacional. Esto es cierto y plantea la cuestión de la responsabilidad de los Estados que concedieron estos permisos. "Se trata del fenómeno de los denominados 'parques de papel': áreas que están designadas sobre el papel, pero que carecen de una protección efectiva en la práctica", comenta Francesco Maletto, abogado especializado en áreas protegidas marinas de la ONG ClientEarth.

Teniendo en cuenta únicamente las licencias de producción, el país más afectado del mundo es el Reino Unido. Ha expedido 120 permisos que invaden 46 áreas protegidas, lo que supone una superposición de más de 13.500 km², debido principalmente a la explotación marítima en el mar del Norte, donde operan TotalEnergies, Shell y Perenco. La mayoría de los permisos del Reino Unido se superponen con las áreas protegidas por OSPAR, un régimen de protección que permite la explotación de petróleo y gas. 

Según las investigaciones realizadas en 2023 y 2024 por Unearthed y The Ferret, basadas en datos oficiales del Gobierno inglés, alrededor de 300 toneladas de petróleo de plataformas marinas se derramaron en áreas marinas protegidas británicas en la última década. A pesar de ello, el Gobierno del Reino Unido concedió 64 nuevas licencias en el Mar del Norte en octubre de 2023, 17 de las cuales se encontraban en áreas protegidas.

Si se tienen en cuenta todos los tipos de licencias —incluidas las de exploración— que se solapan con áreas protegidas a nivel internacional, los 10 países más afectados son, principalmente, del Sur Global, con la excepción de Rusia y Australia. Australia encabeza nuestra clasificación con unos solapamientos equivalentes a 115.400 km².

En Brasil, InfoAmazonia, medio parte de Fueling Ecocide, ha descubierto que el Gobierno ha concedido una licencia de exploración de gas que abarca el 75% del territorio indígena de Krenyê, en la sabana tropical biodiversa del estado de Maranhão, en la región administrativa de la Amazonia Legal. Según la información publicada por la empresa brasileña Eneva, se espera que las primeras perforaciones comiencen en 2026.

El permiso se expidió en 2017 a pesar de que el pueblo Krenyê había obtenido un acuerdo para la protección de estas tierras en 2016, tras años de lucha, según un documento que nos mostró su líder, el jefe Cu'tetet. La legislación brasileña prohíbe la extracción de combustibles fósiles en tierras indígenas y no se ha consultado al pueblo Krenyê sobre la concesión de la licencia.

Al ser contactada, Eneva afirma que respeta "los procedimientos legales establecidos por las autoridades competentes". La agencia nacional brasileña del petróleo nos informó de que la zona indígena no fue designada oficialmente como área protegida hasta enero de 2018, cuando ya se había concedido la concesión para la exploración de gas. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama), declaró a InfoAmazonia que la zona del bloque de gas que se solapa con el territorio indígena debe ser excluida.

Nuestra investigación también muestra que los países pobres, autocráticos y devastados por la guerra están dispuestos a ofrecer enormes territorios protegidos a las empresas petroleras. La República Centroafricana ocupa el sexto lugar en km² de superposiciones debido a dos permisos de exploración concedidos en 2013 por el antiguo dictador François Bozizé a PTIAL, una empresa petrolera controlada por Poly Technologies, una corporación armamentística propiedad del Gobierno chino. Según nuestros cálculos, estos permisos invaden 13.800 km² de siete áreas naturales protegidas de excepcional importancia ecológica, entre ellas el Parque Nacional de Bamingui Bangoran y el Parque Nacional de Manovo Gounda, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la guerra civil que siguió al derrocamiento del presidente Bozizé en 2013, PTIAL financió a grupos armados para continuar con sus operaciones, según un panel de la ONU. La licencia fue renovada en 2018 por el nuevo presidente, Faustin-Archange Touadéra, quien consolidó su poder con la ayuda del Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa a la que se ha definido como de ideología neonazi. Desde 2024, Poly Technologies, la empresa matriz de PTIAL, ha sido sancionada por Estados Unidos y luego por la Unión Europea por vender armas a Rusia tras la invasión de Ucrania.

No está claro si se han reanudado los trabajos preparatorios para la primera operación de perforación, que se detuvo en 2018 por "razones de seguridad". Poly Technologies y el Ministerio de Minas de la República Centroafricana no han respondieron a las solicitudes de comentarios de Fueling Ecocide.

La lista de ecosistemas amenazados sigue creciendo. En la República del Congo, séptimo país de nuestra clasificación, ya hay 20 permisos petroleros que invaden 13.600 km² de 13 áreas naturales protegidas internacionalmente. El autócrata Denis Sassou N'Guesso acaba de añadir uno nuevo: el permiso Niamba, concedido en abril de 2025 por decreto a la empresa china Oriental Energy en asociación con la Compañía Nacional de Petróleo del Congo (SNPC).

Las ONG congoleñas han condenado enérgicamente esta decisión, ya que la licencia invade una zona sensible del Parque Nacional Conkouati-Douli, un área con triple protección (UICN, UNESCO y Ramsar). Sus selvas tropicales albergan la mayor biodiversidad del país, incluyendo especies en peligro de extinción como monos, elefantes y tortugas marinas.

La producción de hidrocarburos en áreas protegidas es un problema político y económico global extremadamente delicado, ya que muchos de los puntos más ricos en biodiversidad del mundo se concentran de manera abrumadora en el Sur Global, en bosques tropicales, arrecifes de coral y sabanas, mientras que la expansión de la extracción de petróleo y gas está impulsada en gran medida por empresas con sede en el Norte Global y China.

Según el Global Oil and Gas Extraction Tracker, desde 2015, alrededor del 22% de los nuevos recursos de petróleo y gas se descubrieron en América Latina y el Caribe, casi el 26% en Asia y el 12% en África. El análisis de datos de InfoAmazonia muestra que la región amazónica alberga casi una quinta parte de las reservas mundiales identificadas entre 2022 y 2024, lo que establece una nueva frontera para la industria de los combustibles fósiles.

Esta asimetría geográfica plantea cuestiones apremiantes sobre la equidad y la responsabilidad, a la vez que el objetivo de proteger el 30% de los mares y tierras del mundo choca con la falta de aplicación de políticas y la insuficiencia de compromisos corporativos. Mientras tanto, la perforación continúa. Y la naturaleza y las especies en peligro de extinción están pagando el precio.

En el tercer año de su invasión a Ucrania, Rusia ha sido capaz de sortear las sanciones internacionales y concretamente las europeas contra su industria petrolífera y gasísta, un sector crucial para financiar su esfuerzo bélico. La capacidad del gobierno de Vladimir Putin para impulsar una flota en la sombra con centenares de petroleros, de diversificar sus clientes internacionales hacia jurisdicciones donde las sanciones no tienen vigencia o para conseguir que los combustibles y derivados refinados lleguen a la UE desde otros países es un éxito.

Las importaciones de combustibles fósiles rusos por parte de la Unión Europea superaron en 2024 la ayuda financiera enviada por parte de los 27 y Bruselas a Ucrania. A través de oleoductos llegaron al mercado comunitario importaciones por casi 4.900 millones, gracias a los gasoductos se distribuyeron otros 10.000 millones y el petróleo refinado que desembarcó por barco en los puertos del viejo continente alcanzó un valor de 5.100 millones.

La incapacidad de frenar este bombeo de millones de euros hacia la maquinaria de guerra de Moscú no es sólo europea, es mundial, pero "la UE pagó 21.900 millones de euros por hidrocarburos rusos en el tercer año de la invasión, apenas una reducción del 1% interanual", según un informe del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). En contraste, y sin contabilizar la ayuda militar, los 27 ofrecieron a Kiev casi 19.000 millones en asistencia financiera durante 2024.

Hungría, Francia y España son, por ese orden, los tres principales compradores de hidrocarburos rusos. Hungría engordó el año pasado en 4.100 millones de euros las arcas de Moscú, Francia ocupó la segunda posición con compras de gas y petróleo rusos por 3.500 millones de euros, mientras que España superó ligeramente a Italia en la tercera posición con importaciones ligeramente superiores a los 2.500 millones.

En sentido contrario, Alemania, antiguo gran consumidor del gas ruso para abastecer de energía barata su enorme sector industrial, ahora sólo gasta unos 100 millones de euros en ese hidrocarburo, cifra anecdótica, similar a la de Dinamarca, Suecia, Finlandia o Letonia. Es ahí, en ese norte y este europeo donde se ha producido el vuelco de las compras de hidrocarburos rusos. Sus antiguos grandes importadores hoy ya no queman ese combustible.

La industria rusa de los hidrocarburos tiene en la UE a un gran cliente para otro de sus importantes negocios: los combustibles y derivados refinados. Países Bajos, Francia, Rumanía, España e Italia forman el 'top five' de los compradores de estos productos. Es cierto que en el tercer año de la guerra les supera Australia a escala global, pero estos cinco adictos a los hidrocarburos rusos realizan importaciones que oscilan entre los 3.000 y los 1.000 millones de euros anuales.

El informe de CREA expone que sanciones más duras de la UE que atajasen las contramedidas aplicadas por Rusia para sortear las restricciones puestas en marcha podrían recortar los ingresos por hidrocarburos en un 20% anual, frenando parte de la financiación de la maquinaria bélica de Putin.

Las cifras de este centro de estudios son una bofetada de realidad sobre el efecto de las sanciones, la desidia de los sectores industriales nacionales al prescindir de los hidrocarburos rusos optando por otras fuentes energéticas o la negligencia de sus gobiernos al impulsar, o forzar, esta transición. Según el informe "Financiando la Guerra de Putin" elaborado por CREA, “pese a las sanciones, los ingresos de Rusia en el tercer año de la guerra han caído un mísero 8% comparados con el año previo a la invasión de Ucrania. Desde la invasión, Rusia ha ganado unos 847.000 millones de euros de las exportaciones globales de combustibles fósiles”.

En Bruselas ha habido intensos debates durante las Cumbres europeas, en las reuniones de los ministros de Energía o Economía y también entre los principales diplomáticos de los 27 sobre la flota en la sombra puesta en marcha por Moscú para sortear las sanciones. Rusia emplea unos 550 petroleros de falsa bandera gracias a los cuales transporta el 60% de sus exportaciones totales de crudo. Sólo así se explica que aunque las compras directas del oro negro de los Urales hayan caído un 70% respecto a 2022, los ingresos en este sector apenas sufran un pequeño mordisco de 2.600 millones.

Antiguos petroleros griegos, chipriotas, alemanes o belgas navegan hoy con banderas de la India, Vietnam, Hong Kong o las islas Seychelles, Marshall o Cook. “Las navieras occidentales han ganado un total de 6.300 millones de dólares vendiendo viejos tanqueros que han pasado a formar la llamada shadow fleet”, denunció en febrero una investigación de OCCRP, el consorcio internacional de lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Según esta investigación, “cerca de un 40% de esta flota en la sombra rusa, unos 230 barcos, fueron embarcaciones vendidas por la UE y los Estados Unidos”.

A finales de ese mes, la UE sancionó 73 nuevos barcos, y ya van un total de 150, acusados de “ser parte de la flota en la sombra o de contribuir a los ingresos energéticos de Rusia”. Fue el decimosexto paquete europeo de sanciones, centrado en atacar las medidas con las que Moscú sortea los castigos por invadir Ucrania. También se impusieron restricciones a 53 nuevas empresas que trabajan en esta estrategia, la prohibición de que petroleros rusos pudiesen almacenar temporalmente su mercancía en las zonas de libre comercio de los puertos de la UE además de aumentar los productos y el software vetados para su uso en proyectos de gas natural o crudo.

Los investigadores de CREA denuncian que seis grandes complejos refineros en la India y Turquía son los principales responsables de procesar ese oro negro, que luego navega en la sombra hacia Europa, el principal importador de sus combustibles y derivados refinados. Y eso que con motivo de esas nuevas sanciones, María Luís Alburquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, aseguraba que Rusia debía “seguir pagando un alto precio por sus acciones” y que era “esencial continuar forjando medidas efectivas para prevenir la evasión de Rusia y sus cómplices”.

En el tercer año de su invasión, Rusia consolida nuevos mercados para sus hidrocarburos. China es el gran comprador con 78.000 millones de euros y le siguen la India con casi 50.000 millones de euros y Turquía con otros 34.000 millones. Una tríada responsable de tres cuartes partes de los ingresos totales por hidrocarburos que recibió Moscú en 2024. Año a año, el peso de estos tres mercados como destino del crudo y el gas ruso se consolida, confirmando que Vladimir Putin cada vez necesita menos a la UE para financiar su maquinaria de guerra en Ucrania.

Y en este contexto un preocupante rumor empieza a sonar en Bruselas. Aparece en algunas conversaciones de grandes empresas, de diplomáticos y en círculos políticos de la capital comunitaria la idea de reparar y abrir cuando termine la guerra en Ucrania los gasoductos inutilizados por explosiones submarinas, esos Nordstream que circulan desde Rusia hacia Alemania. ¿Se atreverán algunos gobiernos europeos a traicionar así sus principios, como hicieron durante toda la pasada década después de que Rusia se anexionase ilegalmente Crimea?

El mundo mira al polvorín de Oriente Medio y la irrupción de Irán en el conflicto ha reavivado un temor latente: que el choque regional por la huida hacia delante de Netanyahu acabe afectando a la economía global. ¿Cuáles son los principales riesgos para España, si la escalada bélica va en aumento, o se prolonga en el tiempo?

Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, explica que “los dos grandes intereses económicos que tiene España en Oriente Medio son, por un lado, los países del Golfo y Arabia Saudí por una cuestión energética, por el petróleo y el gas; y por otro, Israel”, aunque este último “no es un socio muy preferente”. Pero, además, “si se colapsaran las vías de comunicación, por ejemplo, el impacto económico sería mayor, porque afectaría al comercio con otras regiones como China”, según él.

España importa la mayoría de sus combustibles fósiles, lo que la hace vulnerable a fluctuaciones en los precios del petróleo y del gas. En ese terreno, Gonzalo Escribano, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático de Economía en la UNED, cree que “los riesgos para España dependerán mucho de los escenarios que finalmente se den”. El más importante, a su juicio, es la subida del coste del petróleo, que “ya se está viendo”, pero apunta también a que “puede haber perturbaciones en los flujos” de mercancías. En ese sentido, señala que España y empresas como Inditex u otras del sector de la automoción “importan y exportan mucho a Asia” y “todo pasa por el Canal de Suez”, uno de los mayores ejes comerciales entre Europa y Asia. “Esto, que ya nos está afectando, podría hacerlo más si la situación se deteriora”, avisa.

En lo relativo al petróleo, Escribano considera que se pueden dar “tres escenarios, dependiendo de las represalias que adopte Israel con Irán”. El primero pasa por que se bombardean refinerías, lo que podría “desatar un desabastecimiento en el propio Irán, donde la población hace cola en las gasolineras estos días por lo que pueda pasar”, si bien, más allá de sus márgenes, no influiría “demasiado, en principio, en el precio del petróleo”, mantiene. “Aunque en el momento en el que caiga una bomba la prima de riesgo se elevaría sin que tocase un solo barril de petróleo de la exportación”, advierte. En resumen, en ese supuesto, “podría haber un alza de los precios, pero moderado y puntual”.

El experto baraja otra opción. En la actualidad se construye un tubo para llevar petróleo a una “terminal de exportación que está ubicada en el sureste de Irán y fuera del Golfo Pérsico”. El objetivo es “poder utilizarla, si se cierra el Estrecho de Ormuz”, la artería por la que transita el 30% del comercio mundial, situada entre Irán y Omán. Si la atacaran, “tampoco afectaría mucho al suministro global, porque no está operativa”.

“Lo que sí sería muy grave -avisa- es que los israelíes bombardeasen terminales de exportación, sobre todo la principal, la de la isla de Jark”. La superficie de ese enclave no llega a los 25 kilómetros cuadrados, pero es estratégico para la república islámica porque “casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán se realizan desde allí”. “Hablamos de casi dos millones de barriles diarios que, si se perdiesen, si que podría provocar un repunte de precios significativo”, explica Escribano. Y habría probablemente más consecuencias porque “un Irán sin nada que exportar intentaría bloquear el Estrecho de Ormuz y ahí se perderían unos 20 millones de barriles entre petróleo y derivados. Esto serían palabras mayores”, mantiene. En esa hipótesis, la peor a su entender, “el precio del petróleo se podría ir a los tres dígitos y España sufriría mucho”. ¿Los motivos? “Tenemos más transporte terrestre que otros países europeos, somos grandes importadores de crudo, tenemos compañías que dependen de esto y que exportan fuera… Eso sí podría ser una gran crisis del petróleo a nivel mundial que pondría en serias dificultades a España”, admite.

En esa posibilidad más extrema, habría que agregar otro problema: si se estrangula el Estrecho de Ormuz, “todo el gas natural licuado que viene sobre todo de Qatar, tampoco podría salir o tendría grave riesgo de ser atacado, como ocurre ahora mismo en el Mar Rojo”. Con todo, el catedrático ve elementos que le hacen confiar en que Irán “pueda tener una cierta moderación”. Los expone: “Primero porque saben que no pueden vencer a Israel en una guerra, segundo porque siguen siendo actores racionales y no quieren tirar por la borda una cierta mejoría económica y el aumento de exportaciones petroleras que han registrado en los últimos años, ya que les pondría al borde de ser expulsados por su propia población. Y tercero, porque hay otros actores como China, por ejemplo, que son los grandes compradores que han permitido ese cierto resurgir iraní, que intentarán mediar”. No obstante, “todo dependerá del nivel de represalias que adopte Israel”, incide, consciente de que “la situación es de máximo riesgo" y "puede haber un accidente, agentes que actúen por libre… Pueden pasar muchas cosas”, cierra.

De su lado, Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, ve “dos efectos económicos a considerar” más allá de que los precios del gas y del petróleo trepen. “Uno tiene que ver con el tránsito del abastecimiento”, dice, y no sólo del crudo, igualmente “de bienes y servicios”, puesto que “España es muy dependiente de la importación de determinados productos industriales de China”. Señala que “ese abastecimiento se hace en un 80% a través del mar y en este momento la ruta del Mar Rojo se ha complicado por los ataques de los hutíes”, una milicia fundamentalista aliada de Irán y en el punto de mira del Gobierno israelí, que ataca buques comerciales en el estrecho de Bab al Mandeb, puerta al Canal de Suez.

“Recurrir a la ruta larga a través de Cabo Verde y rodeando África, significa el encarecimiento de los fletes y demoras en los plazos de abastecimiento”, afirma el catedrático. Esto repercutirá “en general a toda la Unión Europea”, pero “a unos países más que a otros”. En concreto en España lo hará doblemente, al ser “destinataria de los productos que vienen de extremo oriente y zona de tránsito donde recalan buena parte de los flujos de mercancías que se realizaban por el Mediterráneo, con el puerto de Algeciras como referencia”.

A continuación, Calduch coloca el foco en el Estrecho de Gibraltar. “Si hay una escalada del conflicto importante, los norteamericanos desplegarán la flota del Mediterráneo y eso automáticamente incrementará la inseguridad del tráfico aéreo y marítimo de todo el Mediterráneo y, por tanto, los costes de seguros para los flujos de mercancías y de personas”. “Esto es otro efecto económico indirecto -agrega- que, si crece sobre todo el enfrentamiento militar con Irán y con Siria, nos afectaría”, concluye.

Otras fuentes del ámbito económico temen que la crisis en la región pueda “frenar la recuperación de una Europa en la que estados como Alemania y Francia no acaban de tirar”, lo que podría acabar influyendo en la economía española que “va mejor”. “Si la inflación vuelve a subir, los bancos centrales podrían virar de nuevo en sus políticas de bajadas de tipos”, con lo que “variables como el consumo de los hogares podrían sufrir”.

Por último, añaden que “la incertidumbre nunca es buena para la economía” y cuestiones como la inversión, “débil aún en España, pueden resentirse más y complicar el futuro”. Al margen de que no hay que descartar que la UE “sea vea obligada a acrecentar el gasto en defensa  y seguridad”, con lo que habrá “de detraer los recursos de otras áreas y se ralentice el crecimiento”. En cualquier caso, las fuentes sondeadas insisten en que “todavía es pronto para valorar el alcance económico de lo que está sucediendo en Oriente Medio”.

La Fiscalía de Alemania ha solicitado a Polonia la detención de una persona como sospechosa de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, un suceso del que siguen sin estar claras las circunstancias ni los autores casi dos años después, según informa Europa Press.

Una portavoz del Ministerio Público polaco ha confirmado la recepción de una orden de arresto europea remitida desde Alemania. Según una investigación publicada por la televisión pública alemana ARD y los periódicos Süddeutsche Zeitung y el periódico Die Zeit, se trata de un instructor de buceo ucraniano a quien los investigadores han seguido la pista hasta Polonia.

Los Nord Stream, claves para el suministro de gas ruso hacia Europa, fueron el objetivo de varias explosiones a finales de septiembre de 2022, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. El sabotaje, del que Moscú siempre se ha desligado, provocó varias explosiones.

Además del ucraniano que ahora busca detener Alemania, la investigación periodística cita como sospechosas a otras dos personas también de Ucrania. Las autoridades sospechan que pudieron ser los buzos que colocaron los artefactos explosivos en las tuberías.

Hasta ahora, las pesquisas se venían centrando en un velero donde se descubrieron restos de explosivos en julio de 2023 y que pudo ser utilizado para el transporte del material. A bordo viajaban supuestamente cinco hombres y una mujer, un grupo que habría alquilado el barco sirviéndose de una documentación falsa.

La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Escal UGS, la sociedad que desarrolló el proyecto Castor participada al 67% por ACS y al 33% por la canadiense Dundee Energy, obligándole a reintegrar al sistema gasístico 210 millones de euros, ha informado Europa Press.

Escal presentó el recurso a una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 2019, en la que se le exigía el reintegro de 195 millones de euros (sin intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del proyecto.

El supervisor solicitaba esa devolución después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo e inconstitucional en 2017 la compensación de 1.350 millones de euros a Escal aprobada por el Gobierno del PP en 2014 y recurrida por el Parlamento de Cataluña, la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del PSOE.

El Gobierno de entonces decidió cerrar el almacenamiento subterráneo de gas de Castor cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, varios movimientos sísmicos. La compensación aprobada se repercutiría en la tarifa de gas durante 30 años. Los 210 millones que tendrá que devolver corresponden a las liquidaciones definitivas de 2014, 2016 y 2017.

Entre los argumentos de Escal para presentar este recurso se encontraba un reproche de incompetencia de la CNMC para tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio.

Sin embargo, la sentencia no comparte ese criterio y califica al regulador de autoridad administrativa independiente, pues desarrolla las funciones que tiene atribuidas en el sector gasista con plena autonomía respecto del Gobierno y de la Administración General.

La sentencia también condena a Escal al pago de las costas procesales, si bien el resultado es susceptible de recurso de casación.

En su resolución de 2019, la CNMC también exigía a Banco Santander la devolución de otros 71,9 millones, a CaixaBank 48 millones, a Enagás 32,4 millones y a Bankia 21,1 millones de euros.

Los europeos seguiremos financiando este año la guerra de Rusia en Ucrania. A pesar de los 11 paquetes de sanciones aprobados hasta ahora y de que las compras de hidrocarburos rusos cayeron con fuerza desde el inicio de la guerra, un informe del think tank económico Bruegel de Bruselas estima en 30.000 millones de euros los pagos en los próximos 12 meses por carburantes rusos. Ese es el vaso medio vacío. Desde el vaso medio lleno se puede decir que la reducción en la compra de carburantes rusos ha sido sustancial al pasar de los casi 140.000 millones de euros de los últimos doce meses a esos 30.000 millones.

Desde el 24 de febrero del año pasado, día del inicio de la invasión rusa y durante los doce meses siguientes, los Estados miembro de la Unión Europea pagaron 83.000 millones de euros a Rusia en petróleo, 53.000 millones en gas natural y 3.000 millones en carbón. Los 83.000 millones en petróleo fueron 53.000 millones por petróleo crudo y 30.000 millones por productos refinados, principalmente diésel. De los 53.000 millones de gas natural, 41.000 millones fueron por el gas recibido por gasoductos y 12.000 millones por el que llegó en buques metaneros.

Esos ingresos sirven a Moscú para financiar la guerra, de ahí que las sanciones europeas hayan buscado siempre reducirlos en lo posible o directamente eliminarlos. La reducción con respecto a los últimos doce meses viene principalmente de las prohibiciones. El 22 de diciembre entró el veto a la compra de crudo transportado en petroleros y este pasado febrero a la de productos refinados del petróleo. La reducción no va a cero porque no hay sanciones al gas (aunque algunos gobiernos estén pidiendo por su cuenta a las empresas que no compren más gas ruso en metaneros). Otros, como Hungría o Austria, siguen recibiendo gas natural ruso por gasoductos.

Teniendo en cuenta el régimen actual de sanciones y prohibiciones, Bruegel hace una estimación de lo que los europeos pagaremos en los próximos 12 meses a Rusia por hidrocarburos. Y aun siendo menos que en los 12 meses anteriores será una considerable fuente de financiación. Los precios de los hidrocarburos cambian en los mercados mayoristas y las importaciones rusas pueden sustituirse por otros proveedores, por lo que el informe hace tres escenarios.

En el escenario “central” se pagarían 29.000 millones por carburantes cuando en los últimos 12 meses fueron 140.000 millones. Si 2020 vio caer esos pagos (porque Europa, pandemia mediante, consumió menos carburantes rusos y eran más baratos), en 2019 importó por valor de 112.000 millones y en 2021 por 123.000 millones.

El informe también busca dónde podría actuar la Unión Europea si quisiera recortar esa factura de casi 30.000 millones de euros en los próximos meses y así apretar económicamente un poco más a Rusia. Porque en un escenario en el que los precios en los mercados mayoristas volvieran a subir como el verano pasado, en lugar de 30.000 millones serían 68.000 millones de euros. Bruegel recuerda que esa cantidad es prácticamente el equivalente a toda la ayuda militar occidental entregada a Ucrania en 12 meses.

Si los 27 Estados miembro decidieran recortar esos pagos a Moscú tendrían que prohibir las importaciones de gas ruso por gasoductos (que van principalmente a Hungría y Austria) y evitar que las empresas europeas sigan comprando gas ruso en metaneros. El informe recuerda que las sanciones europeas al sector energético ruso “son incompletas”.

El Gobierno español pidió este mes de marzo a las empresas importadoras de gas natural que no importen gas ruso en metaneros para reducir esas transferencias. Al no haber sanciones a ese comercio, la decisión tendría que ser voluntaria.

Los 27 pretenden ir más allá. La semana pasada acordaron en Bruselas que podrán prohibir a empresas extranjeras (rusas y bielorrusas en este caso) reservar infraestructuras de transporte y almacenamiento de gas natural en territorio europeo. Eso rompería esa relación comercial.

Argelia recuperó en enero su posición como principal proveedor de gas natural a España con la venta de un total de 8.545 gigavatios hora (GWh), un volumen con el que desbancó a Estados Unidos (EEUU), que en los últimos meses se había afianzado como el principal suministrador de esta materia prima al país, según los datos del boletín estadístico de Enagás que recoge Europa Press.

Los 8.545 GWh de gas comprados a Argelia en enero de 2023 llegaron al país en su totalidad por gasoducto y suponen un 11,17% menos en comparación con los 9.620 GWh importados del país africano en el mismo mes del año anterior.

En tanto, EEUU se posicionó como el segundo principal origen del gas natural que llega a España, con un total de 7.102 GWh (-45,79% en términos interanuales), mientras que Nigeria fue el tercero con 6.932 GWh, unas cifras que suponen un aumento del 37% en comparación con enero de 2022.

Asimismo, Rusia se situó como el cuarto mayor proveedor de gas natural para España en el arranque del año con un total de 6.372 GWh, lo cual supone casi el triple (+192,56%) que los 2.178 GWh comprados al país que dirige Vladimir Putin en el primer mes de 2022.

En total, España importó 34.237 GWh de gas natural el pasado enero, es decir, un 8,17% menos que en el mismo mes de 2022, cuando se compraron en el exterior un total de 37.824 GWh.

Las compras de gas natural a Argelia supusieron el 25% del total, mientras que las realizadas a EE.UU. alcanzaron el 20,7%, a Nigeria el 20,2% y a Rusia el 18,6%, mientras que el peso relativo del resto de los orígenes se situó por debajo del 4%.

Por otro lado, la demanda nacional de gas natural en enero cayó un 29,3% en comparación con el mismo mes de 2022, hasta los 29.678 GWh.

Este descenso se registra después de que la demanda convencional cayera un 21,1% en términos interanuales en enero, hasta los 23.887 GWh, mientras que la destinada a la generación de electricidad se desplomó un 50,5%, hasta los 5.791 GWh.

En cuanto a la demanda del mercado internacional, aumentó por encima del 100% enero, hasta los 8.036 GWh, con las salidas por conexiones internacionales aumentando también más de un 100%, hasta los 4.132 GWh, y las cargas de buques elevándose también más de un 100%, hasta los 3.909 GWh.

De hecho, el primer mes de 2023 ha sido el enero en el que históricamente se ha exportado más gas natural a Francia (en comparación con otros meses de enero), al alcanzar los 1.791 GWh.

En tanto, el número de buques que han descargado en los puertos españoles en enero de 2023 se ha mantenido en 26, mientras que el volumen de gas natural licuado transportado ha descendido un 10,3% en términos interanuales, hasta los 23.305 GWh.

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, ha pedido una investigación internacional para esclarecer los hechos publicados por un periodista estadounidense que señalan que Washington habría colocado explosivos en los gasoductos Nord Stream, según ha informado Europa Press.

"Los hechos publicados deberían convertirse en la base de una investigación internacional, llevar a Biden y sus cómplices ante la Justicia, así como pagar indemnizaciones a los países afectados por el ataque terrorista", ha aseverado Volodin en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Según el presidente de la Cámara Baja rusa, buzos estadounidenses habrían colocado explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 "bajo el amparo de la OTAN y con el apoyo de Noruega". Esta estrategia —afirma Volodin— "recuerda" al Tercer Reich alemán.

Asimismo, ha comparado al presidente estadounidense, Joe Biden, con el expresidente Harry Truman: "Si Truman se convirtió en un criminal que usó armas atómicas contra civiles en Hiroshima y Nagasaki, entonces Biden se convirtió en un terrorista que ordenó la destrucción de la infraestructura energética de sus socios estratégicos".

Anteriormente, el periodista y ganador de un premio Pulitzer Seymour Hersh explicó en su página web que los responsables del supuesto sabotaje son buzos de la Marina estadounidense, que habrían colocado explosivos durante las maniobras 'Baltops 22' de la OTAN.

Según el periodista, el 26 de septiembre, un avión de la Marina noruega lanzó una boya hidroacústica que detonó los artefactos explosivos. Así, ha explicado que la decisión de hacerlos estallar se tomó nueve meses después de un "debate secreto" por parte de las agencias de seguridad nacional estadounidense.

La Casa Blanca ha desmentido este miércoles las acusaciones que señalan que Estados Unidos está detrás de las explosiones registradas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre de 2022, reiterando que "no estuvo involucrado en la explosión".

"Estados Unidos no estuvo involucrado en la explosión de Nord Stream", ha afirmado en un breve comunicado el portavoz del Pentágono Garron Garn al citado diario, reiterando la respuesta que el Departamento de Defensa hizo sobre la misma acusación en octubre.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2022 fueron 305 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un 5,7% más que en 2021, cuando fueron de 288,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, conforme el último informe 'Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España' del Observatorio Sostenibilidad, según informa Europa Press.

En el año 1990, las emisiones del año base eran de 290 millones de toneladas de CO2 equivalentes, mientras que las del año 2005 ascendieron a 442 millones de toneladas de CO2 equivalentes.

La crisis desatada por el coronavirus supuso la mayor disminución de las emisiones en 2020, lo mismo que sucedió con el PIB, el empleo o el aumento de la deuda pública, pero la vuelta a la normalidad han supuesto ya un "importante crecimiento", a pesar de la guerra en Ucrania y los altos precios del gas natural, el petróleo y la electricidad.

El estudio refleja que las emisiones sujetas al Comercio Europeo de Emisiones supusieron un 32% del total. Por su parte, los sectores difusos representaron un 67% de las emisiones totales, y la aviación un 0,7%, según los datos preliminares.

La disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica se quebró en 2022, con un aumento del 60%, aunque ya representa una fuente "marginal", a diferencia del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado, que creció un 61% en 2022, a pesar de los altos precios provocados por la invasión de Rusia a Ucrania.

Por su parte, la producción hidráulica disminuyó un 40% a causa de la sequía, la eólica creció un 1% y la fotovoltaica un 33%. La eólica evitó la emisión en 2022 de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente. Por gases, el informe señala que el CO2 representa un 80% aproximado, un 14% el amoniaco y 6% el N2O y el resto HFC, PFC o SF6.

El documento resalta que los aumentos de 2021 y 2022 ya observados "obligan a aumentar los esfuerzos de descarbonización de aquí a 2030 y permiten aumentar la ambición de los objetivos de reducción de la Ley de Cambio climático para conseguir una economía descarbonizada y más competitiva".

También apuesta por revisarse los procesos de decisión para "lograr una descarbonización estructural y no coyuntural, tanto en el sector eléctrico y del gas, (precios elevados, recuperación de centrales hidroeléctricas, reserva de energía, etc..) o en otros temas como por ejemplo el del transporte de mercancías por carretera y la implantación del coche eléctrico, para lograr esta descarbonización".

La energía fotovoltaica en tejados en pequeñas instalaciones, naves industriales, centros comerciales debe, según subraya el informe, de "ser potenciada y permitirse el balance neto para que la población se beneficie de esta tecnología y así evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio".

El documento también recomienda que las instalaciones fotovoltaicas sobre el territorio deben de realizarse sobre zonas mineras, vertederos, escombreras y utilizando otras zonas antropizadas como infraestructuras lineales, carreteras, autopistas o invernaderos ya consolidados, que "posibilitarían una implantación rápida y sin conflictos".

Una mayor penetración de fotovoltaica permitiría, según refleja el informe, "eliminar parte de la eólica con mayor impacto sobre la biodiversidad y mayor contestación social".

El estudio advierte de que "especialmente negativo fue no asignar nueva potencia de energía termosolar, que es gestionable, en la última subasta realizada por el Gobierno, por el límite del precio que impide una mínima rentabilidad a las empresas del sector".

"Parece que se prefiere pagar mucho más por el gas natural importado, que garantizar un precio a la termosolar que garantice amortizar el coste de su instalación y reducir el coste, como ocurrió con la eólica y la fotovoltaica", critica el informe.

Asimismo, ha llamado resaltado la "fuerte caída" de la cogeneración (-32%) y de la energía solar térmica, (-13%) que pesar de ser la "hermana pequeña" de la fotovoltaica también "debería aumentar de una forma importante para la descarbonización".

Finalmente, considera que "debe de aprovecharse la magnífica oportunidad de los fondos NextGeneration para finalmente descarbonizar la economía y permitir una recuperación verde baja en carbono".

Mientras la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir su consumo de gas en un 30% de aquí a 2030 para contener el calentamiento global, los países europeos planean duplicar su capacidad global de importación de gas fósil.

Según un informe publicado el viernes por la organización americana Global Energy Monitor, desde el inicio de la guerra en Ucrania se han anunciado veintiséis nuevos proyectos de terminales de importación de gas natural licuado (GNL) en Europa, con el fin de compensar el fin de las compras de gas ruso. 

El GNL es gas fósil que se ha enfriado a -160°C para que pueda pasar a estado líquido y ser transportado por barco. Este combustible fósil es extremadamente dañino para el clima. De hecho, licuar el gas requiere mucha energía, y la producción de GNL emite grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento 84 veces mayor que el CO2 en un periodo de veinte años.

Según un estudio de Carbone 4, la preparación del gas en GNL y luego el transporte y la regasificación del gas licuado "consumen casi el doble de energía y, por tanto, emiten más del doble que el transporte por gasoducto internacional".

El 18 de mayo, la Comisión Europea presentó un plan de emergencia para reducir rápidamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. La Comisión subrayó que "las necesidades de sustitución de la próxima década" no deben "conducir a un efecto de bloqueo en beneficio de los combustibles fósiles" ni obstaculizar "nuestras ambiciones climáticas".

Según Global Energy Monitor, los 26 nuevos proyectos de terminales de GNL proporcionarán a la UE una capacidad total de importación de 195.000 millones de metros cúbicos (mcm) de gas al año.

Antes del conflicto, las terminales existentes en la UE ya tenían una capacidad de importación de 164.000 mcm anuales. En 2021, la UE había importado 155.000 mcm de gas de Rusia y su consumo total de gas era de 412.000 mcm.

En la actualidad, ya se han puesto en servicio en Croacia, Grecia y Países Bajos terminales de GNL con nuevas capacidades de importación de un total de 9.100 mcm de gas al año.

En España y Finlandia se están construyendo infraestructuras con una capacidad total de 33.000 mcm de gas al año, que deberían estar operativas a finales de año o principios de 2023. Alemania tiene previsto por su parte construir al menos once terminales de GNL de aquí a 2026.

“La crisis energética nos obliga a ser audaces y aumentar la inversión en fuentes de energía no contaminantes en lugar de seguir invirtiendo en los combustibles fósiles que causaron la crisis", afirma el investigador británico Chris Rosslowe, del think tank independiente sobre energía Ember. “Elevar el objetivo de la UE en materia de energías renovables al 45% para 2030 reduciría a la mitad la dependencia de la UE de las importaciones de gas. También ahorraría 200.000 millones de euros en costes de gas, en lugar de comprometer a los europeos con una factura de infraestructuras de GNL sobredimensionadas durante años".

Global Energy Monitor señala que la mayoría de los contratos de importación de GNL firmados por los países europeos no empiezan hasta 2026 y durarán entre 15 y 20 años.

Francia tampoco es inmune a esta fiebre por los combustibles fósiles. Aunque Francia ya dispone de cuatro terminales capaces de recibir GNL, el proyecto de ley de "poder adquisitivo" de este verano prevé la instalación de una terminal flotante de GNL frente a Le Havre, que estará operativo a partir de 2023, tras ser repatriado de China por TotalEnergies. Esa infraestructura inyectará en la red francesa 5.000 mcm de gas al año, es decir, el 10% del consumo anual francés.

Estas nuevas instalaciones de GNL van en contra de las recomendaciones científicas y las de Naciones Unidas, que afirman que, para mantener el calentamiento global en +1,5°C, la producción de gas debe reducirse un 6% al año. Desde mayo de 2021, la Agencia Internacional de la Energía recomienda detener inmediatamente el desarrollo de nuevos proyectos de gas para contener el cambio climático. 

Traducción de Miguel López

Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) tienen sobre la mesa un nuevo tope a precio del gas propuesto por la presidencia checa del Consejo que establece el límite de activación en 220 euros, 55 euros por debajo del planteado por Bruselas, pero que sigue pareciendo demasiado elevado a países como España, según han señalado fuentes diplomáticas.

Así consta en el borrador al que ha tenido acceso Europa Press y que la presidencia de turno del Consejo ha presentado a las capitales para buscar un acuerdo este martes, si bien las fuentes consultadas advierten de que el documento se seguirá negociando en la tarde de este lunes, por lo que las cifras podrían variar cuando los ministros se vean en el consejo extraordinario.

Esta nueva revisión del documento mantiene las condiciones de activación del mecanismo de corrección del mercado propuesto por la Comisión, es decir, que responde a dos criterios complementarios que deben darse al mismo tiempo: un límite de precio por megavatio hora (MWh) y una diferencia de precio respecto al precio del gas natural licuado en el mercado internacional, a fin de no generar graves disrupciones.

De igual modo, se mantienen los precios de los productos del mercado de futuros holandés TTF como referencia para el límite máximo, ya que este es el que se utiliza como índice para el precio del gas en toda la UE, aunque se amplía a los derivados de uno y tres meses.

En concreto, los precios que propone la presidencia checa son un límite de 220 euros el megavatio hora (MWh) y una diferencia dinámica 35 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado en el mercado internacional, mientras que se reduce a la mitad el requisito de superar estos precios durante diez días seguidos que proponía la Comisión.

Ambos condicionantes suponen una rebaja a los iniciales de Bruselas, que situaba el máximo por megavatio hora en 275 euros y la diferencia con el mercado internacional en 58, pero se eleva la alternativa de 160 euros el megavatio hora (MWh) que apoyaban países como Italia, Grecia, Polonia o Bélgica.

La revisión que se discute este martes prevé que tras ser activado por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE (ACER), el mecanismo se aplique durante al menos 20 días -aunque también podrá ser suspendido por la Comisión- y se activará de forma automática cuando se superen al mismo tiempo los límites por megavatio hora y diferencia con el mercado internacional, lo que se denomina en el nuevo documento como un "evento de corrección del mercado".

En cualquier caso, el tope se desactivará automáticamente cuando el precio se mantenga por debajo de los 220 euros durante cinco días consecutivos y solo se aplicará a los mercados regulados, por lo que esta limitación no afectará a las transacciones extrabursátiles, como ya recogía la propuesta inicial de Bruselas.

Las autoridades de Suecia han anunciado este viernes que las investigaciones en torno a las fugas detectadas en septiembre en el Nord Stream han permitido hallar "trazas de explosivos", lo que confirma la tesis de que el gasoducto fue objeto de un "flagrante sabotaje", según informa Europa Press.

El fiscal sueco que investiga el incidente, Mats Ljungqvist, ha detallado en un comunicado publicado por su oficina que "los análisis realizados muestran trazas de explosivos en varios de los objetos no autóctonos hallados". "El trabajo de análisis avanzado continúa para poder alcanzar conclusiones más determinantes sobre el incidente", ha agregado.

"La cooperación con las autoridades de Suecia y otros países ha funcionado de forma excelente. De cara a los siguientes trabajos en el marco de la investigación preliminar y las colaboraciones en marcha es importante que podamos trabajar con paz y tranquilidad", ha subrayado Ljungqvist.

El Servicio de Seguridad de Suecia indicó el 6 de octubre que las investigaciones habían determinado que los daños fueron causados por "explosiones" y subrayó que esto "refuerza las sospechas sobre un grave sabotaje". Así, explicó que el objetivo es determinar si existen sospechas contra personas concretas para que sean procesadas e hizo hincapié en que lo sucedido "es muy grave".

La empresa operadora del Nord Stream, Nord Stream AG, indicó tras los sucesos del mes de septiembre que los daños sufridos por tres de los conductos "no tienen precedentes", tras una fuga de gas en uno de los tramos del Nord Stream 2 y una pérdida de presión en el Nord Stream 1.

Las autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia han excluido a Rusia de las investigaciones sobre lo ocurrido, lo que ha desembocado en una protesta formal de Moscú, que ha advertido que no reconocerá el resultado de ningún informe en el que no haya participado.

El Gobierno de Alemania ha decidido limitar los precios del gas introduciendo un tope que se aplicará desde marzo del próximo año, además de anunciar una ayuda de emergencia para asumir el coste de la factura del gas en diciembre de hogares y pequeñas empresas, según ha informado Europa Press.

"¡Llega la ayuda de emergencia! Los clientes de gas no tienen que hacer un pago anticipado en diciembre. El Gobierno federal corre con los costes de esto", ha anunciado la oficina del canciller, Olaf Scholz.

Esta ayuda de emergencia sirve como "puente financiero" para todos los clientes, para los que se implementará un freno de precios de gas y calefacción a partir de marzo de 2023, ha explicado el Ministerio de Economía y Acción Climática de Alemania.

La medida de emergencia, cuyo coste estimado ronda los 9.000 millones de euros, se financiará en el marco del "escudo" de 200.000 millones de euros en ayudas para combatir la inflación.

En concreto, los consumidores finales de gas natural no estarán obligados a realizar los pagos anticipados o fraccionados correspondientes a diciembre de 2022.

En el caso de la calefacción, debido a las diferentes estructuras contractuales, la desgravación de diciembre adoptará la forma de un pago a tanto alzado en función del importe del anticipo pagado en septiembre más un factor de ajuste.

El ministro alemán de Economía y Acción Climática, Robert Habeck, ha señalado que la invasión rusa de Ucrania ha agravado la tensa situación en los mercados energéticos, provocando subidas extremas de los precios para hogares y empresas. "Aunque los precios mayoristas hayan bajado recientemente, la evolución futura sigue siendo incierta. Los cosumidores y empresas están sufriendo por estos precios elevados y necesitan un alivio urgente", ha asegurado.

De este modo, ha defendido que la ayuda de emergencia aprobada por el Gobierno este miércoles representa un importante primer paso al que seguirán otros, incluyendo la introducción de frenos a los precios del gas y la electricidad.

En este sentido, el Gobierno germano plantea introducir en marzo de 2023, con efecto retroactivo sobre la factura de febrero, un freno del precio del gas para hogares y pymes que estará en vigor hasta el 30 de abril de 2024, por el que los clientes recibirán hasta el 80% de su consumo anual previsto, basado en el pronóstico a septiembre de 2022, a un coste de 12 céntimos por kilovatio hora. En el caso de los consumidores de calefacción, el precio máximo será de 9,5 céntimos.

Asimismo, desde enero de 2023, el precio de la electricidad para los hogares y las pequeñas y medianas empresas se limitará a 40 céntimos el kilovatio hora, con un coste total de unos 33.000 millones de euros.

El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha tachado de "descabellada" la "idea de que España se convierta en el hub de gas europeo" y ha rechazado el nuevo proyecto para establecer un gasoducto submarino entre Barcelona y Marsella, bautizado como BarMar.

Para López de Uralde, este objetivo "no es más que una marcha atrás en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero", ha afirmado durante el debate parlamentario del decreto ley que rebajar hasta el próximo año el IVA aplicado a la factura del gas.

"Proyectos como el MidCat, ahora transformado en BarMar, son un nuevo paso adelante en la dependencia del gas, y la construcción de un gasoducto que tardará diez años en construirse y medio siglo en rentabilizarse está muy lejos de la idea de transición energética que nosotros defendemos", ha dicho.

El coordinador de Alianza Verde, partido integrado en Unidas Podemos, ha defendido "planificar ahora una salida del gas" que sea "a más tardar en 2035" —fecha coincidente con el cierre de la última central nuclear—. "Es esencial y factible", ha asegurado.

Este nuevo gasoducto submarino previsto para conectar Francia y España vendría a sustituir al fallido proyecto transpirenaico MidCat, tras el acuerdo alcanzado en la última cumbre entre los jefes de Gobierno de España, Portugal y Francia.

Con el cese del suministro de gas ruso a través de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, todos en Alemania y en todo el mundo se ha dado cuenta: sin estas importaciones, el coste de la calefacción de las viviendas y el funcionamiento de las empresas es mucho mayor. Todos los hogares se preguntan: ¿cuánto vamos a gastar en la factura de la calefacción? Las empresas temen por su propia existencia.

Pero la cuestión, importante, de cómo Alemania ha llegado a depender tanto del gas ruso ha recibido menos atención. Una respuesta obvia es que, durante años, el gas ruso del gigante energético Gazprom parecía barato. Pero detrás de esto había redes de políticos, ejecutivos del sector energético y abogados que llevaron a Alemania por el peligroso camino de la dependencia.

Aunque algunos de estos elementos ya son conocidos, Correctiv presenta por primera vez un cuadro completo de este lobby ruso de Gazprom en Alemania.

Está claro que Rusia ha intentado utilizar los gasoductos para reforzar su influencia sobre Alemania. Para ello y durante muchos años, ha creado sistemáticamente organizaciones discretas que han apuntado a políticos alemanes -tanto del Partido Socialdemócrata (SPD), de centro-izquierda, como del bloque conservador CDU/CSU que formó el gobierno de coalición del país hasta 2021- para que apoyaran el aumento de los suministros de gas desde Rusia.

Estas maniobras han dado sus frutos. A principios de 2022, más de la mitad del gas de Alemania procedía de Rusia. Y había planes muy avanzados para aumentar aún más este porcentaje. Hay que destacar que la aprobación por parte de Alemania del gasoducto Nord Stream 2 en 2018 provocó un desencuentro entre Berlín y sus vecinos de Europa del Este, preocupados por el expansionismo ruso.

La investigación de Correctiv, realizada en colaboración con Policy Network Analytics (PNA), una iniciativa privada para la transparencia en la política, muestra por primera vez el alcance de la red de grupos de presión. No es sólo Gerhard Schröder, el ex canciller socialdemócrata, quien poco después de dejar su cargo en 2005 se convirtió en el más conocido cabildero de los intereses rusos en Alemania.

Aunque hay responsables conservadores también implicados, varios altos cargos del SPD se unieron a Schröder para servir a los intereses rusos en Alemania. Además de estos líderes socialdemócratas, nuestra investigación identificó dos regiones clave: el land (estado federado) costero de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que bordea el Mar Báltico, y el oriental de Sajonia, que formaban parte de la RDA controlada por los soviéticos. Los Länder (plural de land, ndt) desempeñan un papel importante en determinados ámbitos políticos y tanto Mecklemburgo-Pomerania Occidental como Sajonia eran estratégicos para Rusia como puntos de entrada para sus oleoductos.

En ambos Länder, los políticos de las estructuras de poder del SPD y de la CDU asistían solícitos a los actos organizados por asociaciones que parecían preocupadas principalmente por las buenas relaciones germano-rusas. Estos eventos incluían festivales de música patrocinados y conferencias . Pero el interés era sobre todo cooptar a los principales políticos y, en el caso de Mecklenburgo-Pomeramia, a su ministro presidente. El resultado es que Alemania se ha vuelto vulnerable al chantaje político y económico ruso.

Las asociaciones, foros y eventos pueden parecer inofensivos a primera vista, pero siguen un cierto patrón que siempre se remonta a los intereses de Gazprom o del propio Estado ruso. En Alemania, este cabildeo no es en sí mismo ilegal, pero a través de los constantes contactos y discusiones con los estrategas rusos, los líderes políticos del país han perdido de vista a los actores estatales en cuyas manos han puesto más de la mitad del suministro de gas de Alemania.

Entre los 75 miembros de la delegación rusa que viajó a Núremberg en abril de 2012 para la quinta Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz (DR-RK , conferencia germano-rusa sobre materias primas), destaca un ciudadano alemán afincado en Moscú.

Falk Tischendorf, que no ha respondido a nuestras preguntas, trabajaba en la oficina de Moscú del bufete de abogados Beiten Burkhardt (ahora es socio del bufete, que ha pasado a llamarse Advant Beiten). Este abogado alemán lleva asesorando a empresas internacionales que operan en Rusia desde principios de la década de 2000. Su nombre aparece siempre en la red de líderes políticos que participan en las conferencias, así como en la creación de diversas asociaciones relacionadas con Rusia.

En la conferencia de Núremberg de 2012, empresarios alemanes y rusos se reunieron con políticos para debatir la cooperación germano-rusa en el ámbito de los recursos naturales. Entre los ponentes se encontraban antiguos dirigentes de la CSU, como Klaus Töpfer y Edmund Stoiber, así como el futuro ministro presidente de Baviera, Markus Söder.

El presidente de una asociación con un nombre muy parecido, "Deutsch-Russische Rohstoff-Forum" (DR-RF, Foro Germano-Ruso de Materias Primas), escribió un discurso de bienvenida para la Conferencia DR-RK. En las redes del lobby del gas hay muchos nombres de asociaciones y eventos parecidos que pueden llegar a confundirse.

Sin duda, no es una coincidencia y la confusión es intencionada. Los distintos foros y asociaciones dicen estar llenos de gente comprometida. En realidad, los mismos interesados y los mismos políticos se reunían una y otra vez. Los discursos fueron intercambiables y el mensaje invariable: hay que reforzar la cooperación con Rusia en materia de recursos naturales.

El encargado de pronunciar el discurso de bienvenida en la conferencia de 2012 fue Bernd Kaltefleiter, ejecutivo de la empresa energética VNG (Verbundnetz Gas, red de gas), con sede en Leipzig. Kaltefleiter es también miembro de la junta directiva de una asociación cuyas conferencias han reunido con frecuencia a políticos y grupos de presión, anteriores y actuales.

La investigación muestra que VNG ha estado vinculada a varias organizaciones o eventos pro rusos en los últimos años. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, esta actividad ha cesado. La asociación afirma no recibir fondos de Rusia y que representa los intereses de la política energética alemana y europea.

Matthias Platzeck, ex ministro del SPD y presidente del land oriental de Brandeburgo, conocido desde hace tiempo por sus estrechos vínculos con Rusia, también participó en una fundación independiente en el marco de la VNG.

¿Qué es esta empresa cuyos dirigentes están involucrados en toda una serie de fundaciones, asociaciones y conferencias con nombres confusos que vinculan los intereses rusos y la política alemana?

El grupo VNG ha sido recientemente noticia en Alemania al solicitar miles de millones de euros en ayudas estatales -la cifra exacta no se conoce- en respuesta a las turbulencias de los mercados del gas.

VNG es uno de los mayores importadores de gas de Alemania y tiene vínculos con Rusia desde hace décadas. A principios de septiembre, VNG recurrió al gobierno federal porque ya no podía comprar gas a Rusia.

La crisis energética también ha golpeado duramente a otros importadores de gas. Pero VNG destaca por su elegida dependencia de Moscú. Desde los años 70, VNG compra gas a Rusia mediante contratos de suministro a largo plazo. Muchos municipios de Alemania del Este tienen acciones en la empresa, aunque el propietario mayoritario es la compañía eléctrica alemana EnBW.

El vínculo con Rusia es aún más evidente en el consejo de supervisión de VNG, del que Matthias Warnig fue miembro durante más de cinco años. Ex miembro del servicio secreto de la Stasi en la RDA y director general de Nord Stream 2, Matthias Warnig es un hombre de confianza de Vladimir Putin y de Gerhard Schröder. Ahora está en la lista de personalidades de las sanciones estadounidenses.

Con una facturación de casi diez mil millones de euros, el grupo de Leipzig estaba sólidamente vinculado al sector del gas ruso. Pero no sólo eso. VNG y Gazprom poseen conjuntamente la gran instalación de almacenamiento de gas de Peissen, en el land de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania. En 2019, VNG firmó nuevos contratos a largo plazo con Gazprom tras la expiración de los antiguos contratos de suministro de RDA. VNG tenía muchas razones para promover los intereses rusos en Alemania.

Y lo hizo con la ayuda de conferencias en las que también se reunían responsables políticos. VNG se defiende de la acusación de promover los intereses del gas ruso. Las conferencias tenían como objetivo el intercambio de conocimientos, según la empresa, y la formulación de posiciones alemanas y europeas en temas como los recursos naturales y el cambio climático, en consulta con representantes rusos.

Una de esas conferencias fue precisamente el Foro germano-ruso de materias primas, cofundado por el Grupo VNG. Ese evento de tres días se celebró cada año desde 2007 hasta la pandemia de Covid-19, en total 13 eventos. Todavía se pueden encontrar en Internet vídeos de los participantes en San Petersburgo y Düsseldorf debatiendo sobre la importancia de la cooperación ruso-alemana durante el día, y luego por la noche disfrutando de lujosos espectáculos en castillos o en hoteles de lujo en San Petersburgo.

Lo que llama la atención -y esto también se aplica a la red en su conjunto- es la abrumadora preponderancia de los hombres. En Düsseldorf en 2016, por ejemplo, hablaron más de 70 hombres, mientras no había presentes ni 10 mujeres.

El ex ministro federal de Economía, Sigmar Gabriel (SPD), y el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), eran también participantes habituales. El entonces ministro, Sigmar Gabriel, se pronunció en 2016 a favor de poner fin a las sanciones impuestas a Rusia después de que se anexionara Crimea en 2014. Aún en 2021, Michael Kretschmer hizo una aparición en el foro.

Kretschmer ha actuado en repetidas ocasiones como defensor de los intereses rusos, pronunciándose también contra las sanciones impuestas tras la anexión de Crimea y, más recientemente, pidiendo negociaciones de paz con Rusia. Pero dejó una pregunta sin responder. ¿Qué hace que el presidente de un land alemán se convierta en defensor de una autocracia? Una de las razones podría ser que cuando VNG y otras empresas sajonas con actividades en Rusia tenían buenos resultados, su land se beneficiaba.

Pero su partido también se benefició. VNG patrocinaba actos de la CDU con varios miles de euros al año. Los grupos del partido CDU se reunían a veces en los locales de la VNG para sus actos.

Pero la red de grupos de presión pro-rusos no se limitaba a los políticos y las empresas. También se ha hecho cargo de las llamadas organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las dudosas mesas redondas "Deutsch-Russischen Zukunftsforen" (DR-ZF, Foros del Futuro Germano-Rusos), que se celebran regularmente desde 2008 en el castillo de Wackerbarth, cerca de Dresde, fueron creados por la Fundación Konrad-Adenauer, afiliada a la CDU, y patrocinados por la VNG.

La red de grupos de presión pro rusos también se reunía allí con regularidad. Uno de los ponentes del evento de 2012, por ejemplo, fue el ejecutivo de la VNG Bernhard Kaltefleiter, presentado en el programa como director de comunicaciones corporativas de la VNG.

En su discurso, señaló que VNG había "contribuido a apoyar" la creación de un programa de máster en economía internacional de la energía y administración de empresas entre la Universidad de Leipzig y el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. El objetivo, explicó, era consolidar aún más el diálogo entre Rusia y Alemania, y "allanar el camino de la cooperación intelectual en el sector energético".

La Fundación Adenauer, que, según sus estatutos, persigue "objetivos directamente benéficos" sobre una base democristiana, ya había mantenido antes estrechos vínculos con representantes de Putin. En 2007, el partido de Putin fundó en Berlín la rama europea de un grupo de reflexión. Rápidamente organizó una conferencia en la que también intervinieron representantes de la Fundación Adenauer.

Hoy, Jochen Blind, portavoz de la Fundación Adenauer, explica que esta cooperación corresponde a un periodo "en el que las condiciones y el marco de las relaciones con Rusia eran diferentes". Pero los Foros del Futuro siguieron celebrándose hasta 2021, mucho después de la anexión de Crimea en 2014 y de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de ella. La fundación explica que ha querido "mantener el hilo de las conversaciones en las condiciones más difíciles y aclarar sus propias posiciones".

En la ciudad de Wismar (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), Falk Tischendorf fue uno de los veinte miembros fundadores del Ostinstitut e.V., creado en 2009. Otro fue el ex ministro de Economía del SPD, Wolfgang Clement. Uno de los objetivos de ese instituto, según sus estatutos, es buscar intercambios con los países vecinos de la región del Báltico sobre cuestiones jurídicas. En la lista de miembros fundadores, que desde entonces ha desaparecido del sitio web del instituto, figuraba también un alto representante de la embajada rusa en Berlín.

Rusia ha desempeñado un papel importante en el trabajo de fondo del instituto, que también afirma haber recibido sumas menores de Nord Stream 2: tres pagos de 5.000 euros. Pero el instituto afirma que tiene pocos vínculos con el sector extractivo y que ha ejecutado proyectos en otros países de la Europa del Este, entre ellos Ucrania. Seis profesores de la ciudad ucraniana de Jarkóv son actualmente becarios visitantes en Wismar.

En los años siguientes, Falk Tischendorf también trabajó en el land. En 2016, este abogado, que ya participaba activamente en la red VNG, fue nombrado representante de Rusia para el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

El Estado ruso nombró así a un grupo de presión alemán pro-ruso como emisario oficial. Se trata de la culminación de muchos años de esfuerzos de presión por parte de Rusia para asegurar sus intereses políticos en el Estado donde terminan sus gasoductos. Al igual que en Sajonia, ex políticos alemanes y una serie de asociaciones aparentemente inocuas participaron en esa tarea, pero formaron la columna vertebral de las redes de presión pro-rusas.

Siempre es el mismo patrón: el lobby del gas entra en la política alemana por la puerta de atrás, a través de asociaciones y foros. Al parecer, la empresa rusa Gazprom, controlada por el Estado, también está vinculada a la embajada rusa. Durante años, Gazprom sólo ha aparecido abiertamente en su papel de patrocinador del equipo de fútbol de la Bundesliga Schalke 04, con sede en Renania del Norte-Westfalia. Por lo demás, el lobby del gas ruso operaba apartado de la opinión pública.

Pongamos el ejemplo de una tarde de otoño de 2020 en la que se reunieron en una antigua central eléctrica de carbón dirigentes del SPD y representantes de la industria gasística rusa. En la central eléctrica de Peenemünde, en el extremo norte de la isla de Usedom, famosa por haber sido el lugar de producción de los cohetes V2 de la Alemania nazi, asistieron al festival de música de Usedom, uno de los mayores acontecimientos culturales de Mecklemburgo.

Entre los invitados se encontraban el ex canciller alemán Gerhard Schröder, la ministra presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental Manuela Schwesig y el ex espía de la Stasi Matthias Warnig, que en aquel momento dirigía el gasoducto Nord Stream.

Nord Stream participó como uno de los mayores patrocinadores de los conciertos de música clásica en la isla. Pero si se observan las redes que están detrás de estos acontecimientos, se puede obtener una imagen clara de la situación. Puede que Beethoven y Mozart sean lo que le interese al público en general, pero en el fondo está claro que todo gira en torno al gas.

En septiembre de 2022, hubo música clásica en esa isla del Mar Báltico. Pero debido a la guerra rusa en Ucrania, los principales donantes han estado ausentes. Sólo quedan ocho patrocinadores -todos ellos locales-, entre los que se encuentran restaurantes locales y una librería. Sin embargo, en el archivo de la web todavía es posible rastrear la importancia de los patrocinadores vinculados a Rusia, desde el gasoducto Nord Stream hasta la empresa local de electricidad Energie Vorpommern.

Según la cancillería del land, la reunión de 2020 en la que participó Schröder fue una "cena", no una reunión de trabajo, y añadió que Manuela Schwesig "no formaba parte de una red rusa en Mecklemburgo-Pomerania Occidental".

Sin embargo, en el pasado, Manuela Schwesig estaba encantada de reconocer sus buenas relaciones con Rusia. En 2018, en un acto organizado en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Berlín por el Foro Germano-Ruso, Heiko Maas, entonces ministro de Asuntos Exteriores (SPD), y Sergei Lavrov, su homólogo ruso, le entregaron un premio ante 900 invitados. Celebró la asociación regional entre Mecklemburgo-Pomerania Occidental y la llamada región (oblast) de Leningrado en torno a San Petersburgo.

El Foro Germano-Ruso era una de las muchas organizaciones vinculadas a Rusia. En su día, el viceministro de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Vasily Osmakov, describió al land como un "puesto de avanzadilla en Europa".

Hay muchas organizaciones rusas en el Estado con nombres que suenan parecido. Por ejemplo, el festival anual Russland-Tag (Día de Rusia) en Rostock también está patrocinado por las filiales de Gazprom.

Andrei Zverev, por entonces representante del Ministerio de Economía ruso en Berlín, explicaba en 2014 en una entrevista con el diario alemán Die Welt por qué su ministerio se implicaba con los Länder: los embargos a nivel federal eran malos para los negocios, pero las empresas podían confiar en la cooperación con los Länder, los estados federados.

La Verein Deutsch-Russische Partnerschaft (VDRP ,Asociación Germano-Rusa de Colaboración), cuyo presidente es Erwin Sellering, ex ministro presidente del SPD de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, era otro de los miembros del lobby. En varias ocasiones, un representante de la industria rusa del gas también formó parte del consejo de administración de la VDRP.

La sede de la VDRP se encuentra en la calle Lindenstrasse 1 de Schwerin, la capital del land. Aquí tenía sus oficinas la Stiftung Klima und Umweltschutz MV (Fundación para el Clima y la Protección del Medio Ambiente en Mecklemburgo-Pomerania Occidental) de la ministra presidenta Manuela Schwesig.

Esta fundación, financiada por Gazprom, debía iniciar proyectos medioambientales. En realidad, parece haber sido un mecanismo poco disimulado para eludir las sanciones americanas contra el gasoducto Nord Stream 2. Por ejemplo, operó los barcos que completaron las obras del gasoducto del Mar Báltico cuando otras empresas se retiraron del proyecto.

Estos compañeros del SPD y los enviados de Moscú representaban un pequeño círculo en Schwerin, que se reunía sin cesar y promovía, a menudo bajo la apariencia de eventos culturales y deportivos, megaproyectos de gas como el Nord Stream 2.

Sólo desde la invasión rusa de Ucrania, el gobierno del land ha intentado distanciarse de Rusia. La asociación germano-rusa no recibirá más fondos en el futuro: hasta la fecha ha recibido 250.000 euros. La fundación de Manuela Schwesig se disolverá una vez concluidas sus actividades económicas, según la cancillería estatal.

En la junta del Foro Germano-Ruso, que entregó a Manuela Schwesig su premio en 2018, también había un hombre de Hannover, la capital de la Baja Sajonia, llamado Heino Wiese. Conocido por pocas personas, es un importante protagonista de la red. Wiese es un dirigente del SPD, a muchas de cuyas figuras principales les resultaba muy difícil romper con Rusia, incluso después del 24 de febrero.

El defensor más destacado de la red de grupos de presión Rusia-SPD es sin duda Gerhard Schröder, canciller alemán de 1999 a 2005. Su amistad con Putin se hizo patente en la Navidad de 2001, durante un paseo en trineo tirado por caballos cerca de Moscú.

Ese encuentro fue seguido por la concesión del doctorado honoris causa de la Universidad de San Petersburgo, durante el cual Schröder describió a Putin como un "demócrata impecable". Más tarde, Schröder adoptó a dos niños de un orfanato de San Petersburgo y se convirtió en presidente del consejo de supervisión del operador del gasoducto Nord Stream. Incluso hoy, sigue siendo leal a Putin.

Pero los poderosos gigantes energéticos de Rusia tenían muchos otros partidarios en el SPD. Es conocido Sigmar Gabriel, que en 2015, como ministro de Economía alemán, fue en parte responsable de poner los almacenes de gas alemanes en manos rusas.

Tanto Gabriel como Schröder y Erwin Sellering, predecesor de Manuela Schwesig en la presidencia de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, cuestionaron posteriormente en público la acusación de que Putin era responsable del envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny en 2020. Gabriel se negó a responder a las preguntas de Correctiv sobre su labor de lobby, amenazando incluso con emprender "acciones legales".

Volvamos a Heino Wiese, que aplaudió a Manuela Schwesig en el Foro Germano-Ruso. Desde 1990, es director del distrito del SPD de Hannover y de la asociación estatal de Baja Sajonia. Este hombre del SPD estuvo estrechamente relacionado con Gerhard Schröder y, más tarde, con Sigmar Gabriel, del que fue director de campaña. Miembro del Bundestag (parlamento alemán) de 1998 a 2002, fundó la empresa de consultoría Wiese Consult en Berlín en 2006.

En 2016, Heino Wiese fue nombrado Cónsul Honorario de Rusia en Hannover, cambiando así de bando y pasando de la política estatal alemana a la rusa. Durante estos años, también ha sido generoso con su propio partido. Entre 2009 y 2017, el SPD de Hannover recibió casi 50.000 euros de Wiese y su asesoría, incluso siendo él cónsul honorario de Rusia.

Se dice que Wiese dijo en una ocasión del ministro de Economía, Sigmar Gabriel: "Me le trabajé sobre el tema de Rusia". Durante un corto periodo de tiempo, Gabriel tuvo acciones en una empresa de consultoría propiedad de Wiese, llamada VIB International Strategy Group.

Heino Wiese no ha querido responder a las preguntas de Correctiv.

Los tres hombres, Wiese, Gabriel y Schröder, han apoyado el gasoducto Nord Stream en sus apariciones públicas y han pedido repetidamente el fin de las sanciones bajo condiciones contra Rusia. Poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, Wiese anunció que había dimitido como cónsul honorario "con profunda tristeza". No obstante, añadió que seguirá trabajando en el Foro Germano-Ruso y en la Cámara Germano-Rusa de Comercio Exterior de Moscú para mejorar las relaciones entre Rusia y Alemania.

La "Hannover Connection", la alianza de figuras políticas y empresariales en torno a Gerhard Schröder, ha dado ciertamente sus frutos para Rusia. Gazprom pudo impulsar su segundo gasoducto Nord Stream, comprar instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania y conseguir que la dependencia alemana del gas ruso superara el 50%.

La red de presión también funcionó bien en los dos Länder del Este, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que son cruciales para la llegada del gas ruso a Alemania.

La influencia de la industria rusa del gas en Alemania es notable porque ha pasado por muchas estructuras camufladas en las que los políticos alemanes de la CDU y el SPD estaban encantados de participar. Los patrones son los mismos, ya sea la influencia en Sajonia por el suministro de gas o en Mecklemburgo-Pomerania Occidental por el gasoducto o una línea de comunicación directa con el gobierno federal alemán.

Las conexiones utilizadas por el sector gasístico ruso y sus socios comerciales son confusas. Por ello, hemos querido centrarnos en los canales más importantes. Para hacerse una idea de las redes de ramificación, a continuación se muestran otras conexiones. No todas son igual de importantes, hay diferencias entre los miembros del consejo de administración de las empresas de gas y los ponentes de un acto determinado, pero todos los mencionados se han dejado atraer.

Nuestra investigación sobre el lobby del gas ruso no ha terminado. Estamos ampliando constantemente nuestros hallazgos, no sólo para determinar quiénes están involucrados, sino también para mostrar las estructuras de estas redes de presión.

En casi ningún otro ámbito de la vida pública es tan evidente el efecto de la influencia extranjera en la política alemana. Y en ningún otro ámbito las consecuencias de esta influencia son tan graves y trascendentales como en el caso del gas ruso.

"Hoy comienza una nueva era para Bulgaria y el sureste de Europa. [...] Sinónimo de libertad, de emancipación del gas ruso, [este gasoducto] supone un cambio de situación para Bulgaria y la seguridad energética de Europa". Con estas palabras especialmente entusiastas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el 1 de octubre pasado desde Sofía la puesta en servicio de la interconexión de gas entre Grecia y Bulgaria desde Sofía.

Este tramo de 182 kilómetros permitirá a Bulgaria diversificar su suministro de gas, que hasta ahora dependía en un 77% del gas ruso. Especialmente desde que Gazprom "suspendió" sus entregas a finales de abril como reacción a la alineación "poco amistosa" del país sobre las sanciones occidentales.

Se trata de una ampliación del Gasoducto Transadriático (TAP), que desde finales de 2020 transporta gas azerí desde el mar Caspio hasta el sur de Italia a través de Turquía, Grecia y Albania. Iniciado en 2009, unos meses después de que Vladimir Putin cortara el suministro de gas a Ucrania en pleno invierno, lo que impactó y preocupó a gran parte de Europa, este proyecto de interconexión se había retrasado mucho hasta la invasión rusa de este invierno.

A decir verdad, todos los países de Europa del Este sueñan ahora con el gas azerí, y fueron numerosos los líderes que acudieron a la inauguración en Sofía. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, elogió a su homólogo caucásico, comparando a Ilham Aliyev con una "estrella del rock". En cuanto a Rumanía, Hungría y Eslovaquia, ya están pidiendo que la factura de la construcción de los futuros gasoductos se pague con fondos europeos.

Eso no debería ser ningún problema para la Comisión: el 18 de julio, Ursula von der Leyen realizó un viaje de alto nivel a Azerbaiyán para firmar un memorando de entendimiento que prevé la duplicación de los suministros de gas a la Unión Europea (UE) hasta 2027, con el fin de reducir la dependencia de los Estados miembros de Rusia. Pero, ¿quién se beneficia más de este acuerdo?

"El primer experto serio que aparezca te dirá que Azerbaiyán no tiene otro mercado posible que Europa para exportar su gas", afirma Pierre Terzian, que dirige la consultora Petrostrategies. El país tiene "una necesidad vital de vender su gas", prosigue, mientras sus reservas de petróleo se agotan y sus colosales inversiones en gas - "más de 40.000 millones de dólares"- aún no se han amortizado. "La UE ha decidido no consumir más gas a partir de 2050 para proteger el clima. Así que para Bakú, es ahora o nunca.”

Entre los inversores en los yacimientos marinos del Mar Caspio que van a abastecer a la UE está Lukoil, el otro gigante ruso de los hidrocarburos. A mediados de febrero, el grupo invirtió 1.500 millones de euros para adquirir una participación del 9,99% en el proyecto Shah Deniz 2 y así convertirse en el segundo mayor accionista, por detrás de la británica BP, en el yacimiento situado a 70 kilómetros de la costa de Bakú.

En otoño de 2021, Lukoil también había invertido en el proyecto de exploración SWAP, que finalmente fue abandonado el pasado mes de junio. Una elección "en consonancia con los intereses nacionales de Rusia y Azerbaiyán en cuanto a la evolución de la cooperación internacional en el ámbito energético", explicó entonces su director general, Vagit Alekperov.

Los azeríes ya se está frotando las manos. "El volumen global de entregas a Europa en 2022 ascenderá a 12.000 millones de metros cúbicos", es decir, un aumento del 30% respecto a 2021, anunció el ministro de Energía, Parviz Shahbazov, a principios de septiembre. Un mes después, el Presidente Ilham Aliyev añadió: "Azerbaiyán se ha convertido en un proveedor fiable de gas a Europa y pronto se convertirá incluso en proveedor de electricidad.”

Ilham Aliyev, en el poder desde 2003, sucedió a su padre, Heydar, ex oficial del KGB que dio un golpe de Estado diez años antes. Ahora es uno de los hombres más ricos de su país, con una fortuna estimada en 900 millones de euros. Los Panama Papers mostraron, por ejemplo, que él y su familia poseían importantes activos inmobiliarios en Europa y que sus hijos figuraban como accionistas en 44 sociedades de las Islas Vírgenes Británicas.

Los periodistas del OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) publicaron entonces una amplia investigación revelando que su régimen había gastado 2.500 millones de euros entre 2012 y 2014 para "comprar" apoyos entre las élites políticas de la UE. Fueron untados sectores del deporte, de los medios de comunicación y de la cultura.

Aunque Azerbaiyán ocupa el escaso puesto 128 (de 180 países) en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el régimen de Alíyev tiene poco de qué preocuparse: la prensa libre ya no existe y los escasos opositores están amordazados. "Ninguna televisión o radio independiente emite desde el país, y todos los periódicos impresos y críticos han sido cerrados", insiste Reporteros sin Fronteras, mientras el país ocupa el puesto 154 en su clasificación mundial de la libertad de prensa. 

En este contexto, se han alzado varias voces dentro de la UE para denunciar esta "diversificación" tan promocionada por Bruselas. "Aparte de que esta iniciativa continúa la frenética carrera de explotación de los recursos de nuestro planeta, este acto coloca a la Unión Europea en una situación de nueva dependencia de un Estado con aspiraciones belicosas", deploraban diputados franceses de todas los partidos en una tribuna publicada este verano.

A mediados de septiembre estallaron violentos enfrentamientos con Armenia en Nagorno-Karabaj, en los que murieron casi un centenar de personas. Tanto es así que se teme una nueva conflagración dos años después de la guerra de 44 días en la que Bakú recuperó cerca del 20% del territorio en disputa. Pero eso no impidió que el Presidente Ilham Aliyev acudiera a Sofía para asistir a la inauguración de la conexión entre Grecia y Bulgaria, todo sonriente con su imponente bigote.

La eurodiputada checa Markéta Gregorová declaró a Euractiv que ha "aumentado significativamente" la presencia de representantes azeríes en Estrasburgo y Bruselas desde la visita de verano de Ursula von der Leyen a Bakú.

Para esta eurodiputada del Partido Pirata checo, que pertenece al grupo de los Verdes, la UE debería aprender de su experiencia con Rusia y no aumentar su dependencia de otras dictaduras belicistas. Sobre todo porque el texto rubricado por la Presidenta de la Comisión, que prevé una cooperación a largo plazo, carece de mecanismos de control.

Esto sienta un "peligroso precedente", dice Markéta Gregorová. Corremos el riesgo de financiar la corrupción y las violaciones de derechos humanos del régimen autoritario azerí. Por no hablar de la posibilidad de que se cierre el grifo si los europeos critican demasiado a Bakú por lo de Nagorno-Karabaj.

Traducción de Miguel López

El centro y el este de Europa sufre desde hace meses la guerra del gas de Vladimir Putin. La voladura del Nordstream y la amenaza de Gazprom de cortar el flujo de gas por las tuberías de Ucrania contrastan con la llegada constante de esta materia prima a la región mediterránea a través de barcos. Y España es una de las grandes beneficiadas, hasta el punto de que en septiembre fue el séptimo mayor importador de gas ruso del mundo. 

"¿Cómo es posible? Pues porque somos unos de los pocos que podemos comprarlo y no podemos rechazarlo", argumenta Gonzalo Escribano, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. "A todos nos gustaría que los ingresos de Rusia se redujesen a cero, pero eso podría hundir la economía mundial". 

Escribano se refiere a que Europa se debate desde hace meses entre cortar de raíz con Rusia para debilitar a su ejército en Ucrania y la demoledora realidad de que el continente importaba hace un año el 40% de su gas desde este país. En este sentido, cuando la Comisión Europea fijó en julio el objetivo de llenar las reservas para el invierno, las compras de esta materia prima a Rusia se aceleraron para lograr esta meta, una paradoja que infló las arcas de Vladimir Putin. 

En esta encrucijada se encuentra ahora España, que ha aumentado un 22,5% sus importaciones de gas ruso entre enero y agosto frente al pasado año, según Enagás. Y a diferencia de muchos socios, goza de capacidad para continuar con estas compras para capear este invierno y los siguientes, porque la guerra energética del Kremlin todavía no ha alcanzado al mercado de gas natural licuado (GNL), el que llega al sur del continente a través de barcos metaneros. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que es cuestionable continuar las compras de materias primas a Rusia en vista de lo ocurrido en Ucrania, por eso la ministra Teresa Ribera pide desde hace meses "buscar cauces alternativos" a las firmas españolas. Pero al tratarse de "contratos entre empresas privadas", el Gobierno no puede interceder en ellas, según fuentes del ministerio. 

Mantener las compras de materias primas a un gobierno que ha cometido crímenes de guerra puede generar ampollas políticas, pero estratégicamente lleva a España a una nueva dimensión, según los analistas.  

"España será absolutamente crucial para ayudar a garantizar el suministro este invierno porque tiene la mayor capacidad de importación de gas licuado de Europa y puede utilizarse para ser reexportadas luego al resto de la Unión", aporta Gloystein Henning, director de Energía de Eurasia Group.  

No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto puede España confiar en que estos envíos no se cortarán en el futuro, como ya ha ocurrido con Polonia, Holanda o Dinamarca, entre otros. En este momento, casi el 12% de la demanda de gas se cubre con el que se importa de Rusia, por lo que un eventual cierre del grifo supondría un encarecimiento de la energía y una subida de la factura de la luz. 

Los expertos coinciden en que ese escenario es muy improbable debido a que el GNL está mucho menos ligado al Kremlin que el gas que llega por tubería. Mientras que los gasoductos que desembocan en Europa son propiedad de Gazprom (la gasista estatal rusa), la estación de GNL que abastece al Mediterráneo está controlada por Novatek, una empresa privada rusa que incluso tiene accionariado extranjero. 

"Las exportaciones rusas de GNL tienen un carácter más comercial porque no están bajo el monopolio de Gazprom, mientras que las exportaciones por gasoducto están totalmente politizadas en Rusia", explica Gloystein Henning.

Los barcos que llegan a España desde Rusia, como parte de un contrato firmado con Naturgy hace cuatro años con Novatek, parten de la planta regasificadora de Yamal, ubicada en el extremo norte de Rusia, en las aguas heladas del mar de Kara. En la instalación también tienen una participación minoritaria la francesa TotalEnergies (del 20%) y dos empresas chinas que poseen el 30%, aunque la compañía rusa tiene el control con un 50,1%. 

"La interrupción de la producción [de gas en Yamal] infligiría un daño económico a las empresas no estatales rusas y a las extranjeras, incluidas las entidades estatales chinas, un aliado clave de Rusia, por lo que vemos improbable un recorte deliberado", afirma Anna Galtsova, directora de Investigación Energética Europea en S&P Global. 

El poder de los magnates energéticos en Rusia es de sobra conocido en Occidente, por lo que tiene sentido que Putin quiera mantener estable el negocio de Novatek, uno de los gigantes del país. Los analistas también creen que al Kremlin le interesa mantener a flote a una fuente de ingresos estable como los impuestos que cobra a esta compañía, especialmente en un panorama de altos precios de las materias primas que genera beneficios récord. "Si Rusia corta sus exportaciones de GNL a Europa sin una explicación razonable, aunque sea política, arruinará su imagen ante otros socios potenciales en Asia", afirma Francesco Sassi, investigador del RIE, un centro de estudios ubicado en Bolonia.

Pese a la seguridad que transmiten los expertos, Gonzalo Escribano subraya que la Comisión Europea prepara un tope al precio del gas natural de origen ruso, una herramienta política que pondría un límite a lo que pagan los gobiernos de Europa por esta materia prima.  

El Gobierno de Pedro Sánchez ha apoyado la aprobación de esta medida, aunque no está claro cómo podría afectar al acuerdo de Naturgy, ya que Putin ha prometido un embargo de gas natural a los países que suscriban el tope. Dániel Stemler, reportero de Energy Intelligence afincado en Madrid, opina por el momento no tendría ningún efecto sobre el pacto de Naturgy porque por ahora el tope solo sería sobre el tráfico de oleoductos. El experto añade que España se encuentra "en una posición mucho más cómoda que el resto de Europa" este invierno, puesto que "sigue recibiendo gas por el gasoducto de Argelia a pesar de todos los problemas diplomáticos".

Los barcos que traen el GNL a España terminan su viaje principalmente en el puerto de Bilbao, donde el gas puede ser almacenado o reenviado a otros países a través de los dos gasoductos de los Pirineos o cargado de nuevo en barcos para transportarlo a otros puertos europeos. 

La responsabilidad de la conexión gasista entre España y Rusia, de la que ahora depende en buena parte Europa, recae sobre la energética Naturgy que firmó este acuerdo cuando todavía era Gas Natural Fenosa en 2018, en el que fue el primer acuerdo de envío de GNL entre los dos países. 

El contrato incluye el envío de 3.000 millones de metros cúbicos de gas al año hasta 2041, cerca del 9% que consume España cada año. Aunque también habría otras empresas encargadas del tráfico de gas licuado ruso a España, pero en cantidades reducidas y en contratos al contado, no a largo plazo. 

Desde Naturgy rechazan comentar sobre su negocio con Novatek, aunque fuentes del sector ven improbable un corte del suministro, incluso con la imposición de un tope al precio desde Bruselas. Según explican, Naturgy tiene un contrato blindado a muy largo plazo que si se rompe de manera unilateral podría llevar a un arbitraje internacional con los diferentes dueños de la terminal de Yamal.

Además, el acuerdo cuenta con una cláusula take or pay, donde el suministrador ruso se compromete a enviar los volúmenes acordados, y el comprador español a pagar incluso aunque rechace el producto. También se desconoce el precio al que Naturgy compra la materia prima a Novatek, por lo que podría ser incluso inferior a lo que acuerde Bruselas en su tope. 

El negocio de la energética española se ha mantenido hasta ahora fuera de las miradas de Europa porque la Comisión no ha bloqueado la compra de gas a Rusia, como sí ha hecho con el petróleo y el carbón. Pero la Unión Europea sí ha sancionado a Gennady Timchenko, el número dos de Novatek hasta que renunció a su puesto en marzo. 

También ha sufrido el escrutinio público el gigante Total por su participación en el negocio ruso, del que ha rechazado desprenderse pese a la presión social. Según una investigación de Le Monde, publicada en agosto, la multinacional francesa y su socia Novatek vendieron queroseno que fue empleado por la aviación rusa para bombardear el Teatro de Marupol el pasado marzo, un atentado donde murieron más de 600 personas y fue considerado un crimen de guerra por Amnistía Internacional. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo alemán, Olaf Scholz, han reclamado la construcción del gasoducto Midcat para que esté operativo en el año 2025. Además, han instado a todas las partes involucradas a negociar. De este modo han elevado la presión sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, principal detractor del proyecto, según informa Europa Press.

En el plan de acción conjunto que han firmado ambos países, señalan que la construcción de un gasoducto que cruce los Pirineos es de "crucial importancia" y mencionan el año 2025 como la fecha en la que debería estar en funcionamiento.

Así, señalan que este es el modo de lograr un "verdadero y robusto" mercado interno de la energía en la Unión Europea, acelerar la transición verde y reforzar la autonomía estratégica de la UE. "Las necesarias conversaciones deben incluir a todas las partes involucradas, además de la Comisión Europea", indica el texto.

En este sentido, añaden que seguirán presionando para aumentar la interconexión energética de la Península Ibérica con el resto de Europa para aumentar su contribución a la seguridad del suministro en toda la Unión Europea. En este punto mencionan que esta infraestructura es relevante para la interconexión eléctrica y especialmente para transportar hidrógeno verde.

Sánchez y Scholz han firmado este documento en la XXV cumbre hispano-alemana que se celebra este miércoles en La Coruña y que venía muy marcada por el tema energético y la posición común que ambos mantienen a favor del gasoducto Midcat.

La embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse, ha asegurado este martes que España abordará con Alemania crear un escudo antimisiles europeo en la reunión bilateral de mañana entre los mandatarios de ambos países en la cumbre hispano alemana que se celebra en A Coruña.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la embajadora ha confirmado que hay conversaciones "a nivel relativamente bajo" y que se discutirá en la cumbre entre los dos territorios. "Estamos sondeando", ha indicado la diplomática.

El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó el pasado mes de agosto en Praga por la creación de un sistema de defensa aérea conjunto a nivel europeo con el objetivo de ganar "en seguridad" en el continente invirtiendo "de forma significativa" en defensa en los próximos años tras la invasión de Rusia a Ucrania y que Alemania liderará la iniciativa.

"Es un asunto que puede estar mañana en la mesa", ha afirmado Gosse en la entrevista, que ha explicado que la idea del sistema antimisiles europeo fue lanzada por Suecia.

Sin embargo, fuentes de Moncloa han asegurado que España no ha recibido ninguna propuesta o comunicación al respecto.

Precisamente, mañana Sánchez y su homólogo alemán, Olaf Scholz, presiden la cumbre hispano alemana en A Coruña, que estará marcada por la crisis energética en el continente debido a la escasez de gas ruso. Ambos países llegan a este encuentro con una posición común a favor de la construcción del gasoducto Midcat, pero tienen diferencias respecto al tope del precio al gas, una medida que no termina de convencer a Alemania.