"Quienes conocemos a Tomás, sabíamos que iba a llegar hasta el final. Pensar lo contrario es no conocerle". 

En efecto, Tomás Gómez llegó hasta el final. Pasmó ayer miércoles a sus compañeros del PSOE anunciando ante los medios que se marchaba del Senado. Que dejaba su escaño "por coherencia" y porque no podía apoyar una lista de vocales al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contuviese el nombre de Gerardo Martínez Tristán, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenó que todos los recursos contra la privatización sanitaria recayesen en él, casado con una consejera manchega del PP y al que recusó el Partido Socialista de Madrid. Pero su gesto desató un enorme malestar entre diputados y senadores, en la dirección federal o en territorios tan vitales como Andalucía, quienes le acusaban de haberse "pasado de frenada", de "egoísmo" y de haber actuado "en caliente", sin pensar en "el colectivo". Y reavivó, por descontado, las hostilidades entre Ferraz y el PSM, entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, si es que alguna vez desaparecieron.

"Estamos en guerra total, porque quieren matar a Tomás", dictaminaba un cargo regional muy próximo al ya exsenador. En la coctelera confluyen, aparte de este nuevo enfrentamiento, las tensiones constantes por las primarias abiertas (y su fecha), la rivalidad en la Conferencia Política, las próximas candidaturas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid... y también la raíz de todo, las elecciones internas de 2010, en las que Rubalcaba respaldó a la entonces ministra Trinidad Jiménez frente a Gómez. La rebeldía del líder de los socialistas madrileños no es, en absoluto, nueva, pero ahora el desencuentro, la pugna entre Ferraz y Callao, la sede regional, alcanza un nuevo estadio. 

Gómez no quiso vestir así su dimisión. La describió como un acto de "rebeldía contra el PP", no contra su partido, como una prueba de "coherencia", porque cualquier otra lectura sería "absolutamente equivocada". "Quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo". Oyéndole y con las lágrimas en los ojos estaban los otros dos senadores del PSM, Maru Menéndez, su secretaria de Organización, y Enrique Cascallana. Ellos sí votaron el pacto. 

"Este gesto noble le convierte en un mártir"

El líder del PSM, antes de comparecer ante los medios, había reunido al núcleo duro de su dirección para trasladarle su decisión, y de ella recibió su respaldo. Ayer miércoles, pese a las críticas que llegaron de Ferraz, de parlamentarios y de las federaciones, sus compañeros madrileños le arroparon "sin fisuras" e intentaron circunscribir su dimisión, en primer término, a un movimiento más al frente "contra la privatización de la sanidad, y no tanto contra el federal". "No podemos ceder en esto, en nuestra lucha contra el desmantelamiento de la sanidad pública, porque afecta a nuestros principios. Está en juego nuestra credibilidad en Madrid. Si no llegamos a hacer esto, el PP nos hubiera dado de hostias", opinaba un alto cargo madrileño. Otro añadía en el mismo sentido: "La federación está hiperunida en torno a Tomás, más que nunca. Este gesto noble le convierte en un mártir. Sale reforzado de todo esto porque se ha visto que ha cumplido su palabra y demuestra que será un magnífico presidente de Madrid. Hemos recibido un bombardeo de llamadas de apoyo". "Coherencia" y "dignidad" eran los comodines que más circulaban. En Twitter, sus acólitos promocionaron la etiqueta #DignidadTomás. 

Fuentes cercanas a Gómez explicaron que el pacto sobre la renovación del CGPJ, cerrado el lunes, colocaba al líder del PSM en una "situación imposible", porque tenía que elegir entre "dos lealtades". O mantener su "compromiso con los ciudadanos" y la marea blanca, "sin arriar la bandera de la defensa de la sanidad pública, un eje absoluto de su política para ganar Madrid al PP", o mantener el compromiso con su partido. "Pero él no es un diputado más que pueda romper la disciplina de voto, es secretario general. Así que tenía que elegir la otra alternativa, marcharse. Ese acuerdo, que comprendía la presencia de Martínez Tristán, desacreditaba a todo el PSM", analizaban estas fuentes. Para los socialistas madrileños era "moralmente insoportable" dar cobertura a un juez como Martínez Tristán, porque es el magistrado que, a su juicio, juega en campo contrario, a favor de la externalización promovida por el Gobierno de Ignacio González. "Y Alfredo, como diputado por Madrid, ha votado a favor de este personaje", afeaban. "Si él vota esto, ¿con qué cara va luego a la marea blanca?", aducía un parlamentario.

Callao, por tanto, entiende que la primera coordenada del conflicto reside en la batalla por la sanidad pública, que considera que ha logrado capitalizar y que es la llave maestra de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, las primeras en las que el control del PP sobre la Comunidad y el Ayuntamiento se deshilacha. Pero admiten que la pelea interna con Rubalcaba es otra derivada inevitable, aunque no buscada. "Es Ferraz la que la lanza la guerra contra Tomás al aceptar a este personaje", sostenían en el círculo de Gómez. Otro dirigente recordaba que los "tres últimos años", desde las primarias que ganó a Trinidad Jiménez, la cúpula federal ha hecho al PSM "la vida muy difícil". 

Ferraz: "Él solo se metió en su laberinto"

Ferraz, a su vez, dice que no quiere guerra. "¿Guerra total? ¿Para qué y por qué? A lo mejor Tomás la busca, pero nosotros para nada. Hemos hecho un acuerdo para renovar un órgano constitucional, por responsabilidad. La disyuntiva era tener vocales progresistas en el Consejo o no tener ninguno", indicaba molesta una persona de la máxima confianza de Rubalcaba, quien recordaba que Alberto Ruiz-Gallardón cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder renovar, sólo con sus votos, los 10 vocales que corresponde elegir al Senado. Ley recurrida por el PSOE. "Así que buscamos el acuerdo con casi todos, y dijimos que no habría vetos", que ningún partido tacharía las propuestas de los otros partidos. "A nosotros claro que no nos gusta Martínez Tristán, pero suponemos que al PP tampoco le gusta Álvaro Cuesta, que fue diputado nuestro, como también habríamos preferido que IU postulase a un fiscal y no a una secretaria judicial, pero esas eran las reglas", resaltaba esta fuente. 

La dirección federal no se esperaba el golpe en la mesa de Gómez. No se vio venir la jugada. El lunes, Rubalcaba recibió la carta que mandó el líder del PSM, en la que le acusaba de suscribir un pacto "intolerable" y en la que le advertía de que, si Martínez Tristán tenía que ser respaldado por el Senado, él dimitiría. El martes, sin embargo, el cisma parecía disolverse: Gómez se dio por enterado de que el juez iba a ser votado por el Congreso y parecía indicar que ahí se quedaba el conflicto. Ayer miércoles, la sorpresa, que Rubalcaba conoció no por Gómez, sino por Iglesias. "Él solo se metió en su laberinto. Lo que le pasó es que le pillaron con el carrito del helado. Recibió muchas críticas por el movimiento y vio que no tenía salida. Se pasó de frenada", criticaron desde el entorno más estrecho del secretario general, que no podía ocultar su indignación y cabreo. Se negaron, eso sí, a calificar la actitud de Gómez como "deslealtad", palabra que sin embargo sí salía de boca de otros parlamentarios.

"Lo que queremos es defender el buen nombre de diputados y senadores que defienden tanto como él la sanidad pública –remachó la dirección federal–. No aceptamos que se arrogue esa bandera, bajo ningún concepto. Y nos han pedido que salgamos a defenderles. No toleramos que quiera darnos lecciones de principios, que intente dejarnos en evidencia. ¿Es que Maru o Enrique son menos coherentes que él?". Tanto los portavoces de Congreso y Senado, Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias, como la secretaria federal de Política Social, Trinidad Jiménez, salieron en tromba para subrayar que en la lucha contra la privatización sanitaria están embarcados "todos" los socialistas pero que esta "nada tiene que ver" con la renovación del CGPJ. Es más, Ferraz cree que el hecho de que el PP haya promovido a Martínez Tristán "apuntala" la recusación del PSM contra él, porque se evidencia qué partido le respalda. 

El círculo de Rubalcaba maneja otra explicación al desafío del líder madrileño: "Él necesita confrontar con Ferraz, si no no sale en los titulares. Y ahora tenía que sacar la cabeza tras su ridículo en la Conferencia Política". El cuartel general del PSOE entiende que Gómez fracasó en el cónclave de principios de noviembre, cuando intentó promover, con otros barones críticos, un motín para que allí se alumbrase la fecha de las primarias. Rebelión desactivada decisivamente por Susana Díaz. En aquella cumbre también llegó hasta el final con su órdago: forzó una votación para que la designación del candidato presidencial se adelantase a febrero de 2014, y la perdió clamorosamente. 

Tras el órdago, difícil dar marcha atrás

"Esto en mis tiempos no se hacía. No había tanto yoísmoyoísmo", lamentaba un veterano alto cargo del partido enfrentado con Rubalcaba pero integrado en su dirección, visiblemente malhumorado por el nuevo incendio. En pasillos, abundaban las duras críticas a Gómez por eso, por su "egoísmo", por haberse dejado llevar por su estrategia "personal" y por explotar sus cuitas con Rubalcaba, sin pensar en el daño al partido. "Un error", repetían sin pestañear muchos dirigentes consultados. La reflexión compartida era que el pecado original se hallaba en la carta que remitió el lunes, porque una vez lanzado el órdago, "no hay forma de envainársela, ni de dar marcha atrás". Los menos elogiaban su "valentía", caso de la expresidenta del PSM Delia Blanco o el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza.

Desde Andalucía, fuentes cercanas a la poderosísima presidenta de la Junta y secretaria general observaron con cierta preocupación lo sucedido, porque el afloramiento de las tensiones "no vienen bien" tras el buen cierre de la Conferencia y del congreso regional extraordinario. Mostraron su "respeto" a la decisión personal de Gómez, dijeron "entenderla" incluso, pero le reprocharon su pulso, su dimisión. "Está claro que Tomás es un tío muy firme en sus posiciones, pero a veces esa firmeza le juega malas pasadas. Debe mirar más al conjunto del partido y no tomar decisiones en caliente. Su respuesta tenía que haber sido más pausada, no así, con estridencias y alharacas. Hay decisiones colectivas de los órganos de dirección. Pensar en guerra total con Ferraz es un error. El partido no está para esto y la sociedad no está para aguantar peleítas internas". Los socialistas andaluces reivindicaron la apuesta de Díaz por la "unidad", porque la división "resta, también a Tomás". 

Si Gómez obró por "coherencia", ¿por qué no arrastró en su decisión a la diputada Delia Blanco, o a los senadores Maru Menéndez y Enrique Cascallana, que sí votaron a favor del pacto? ¿No habría sido más congruente? El propio barón madrileño explicó que su dimisión era "simbólica", como referente del partido. "Él es el secretario general. Ni Delia, ni Maru ni Enrique lo son. Ellos han acatado el pacto. Pura y dura disciplina de partido. En la actitud de Tomás estamos representados todos. Conque tome él la decisión es suficiente", justificaba un responsable de su ejecutiva. En el Senado, los ya excompañeros de grupo de Gómez arguyeron que si hubiera arrastrado a esos tres parlamentarios, la brecha con Ferraz sí habría sido mayor e ineludible. 

Empatía de García-Page

En un clima general de reproche al líder del PSM, descolló la postura más comprensiva de Emiliano García-Page, senador y secretario general de Castilla-La Mancha. Ambos presionaron en la Conferencia Política y ambos están abiertamente enfrentados a Ferraz. Ante los medios, García-Page dijo comprender que, con su dimisión, Gómez tenía "las manos libres" para seguir dando la batalla contra la privatización sanitaria. Fuentes de su entorno ampliaron esta posición: "No hay que verlo tanto en clave orgánica. Él no tenía otra salida porque es un tema clave para el PSM. Y probablemente Ferraz no podía hacer otra cosa que pactar el CGPJ. El conflicto no se podía gestionar de otra forma". 

La grieta de PSOE y PSM está indudablemente abierta. La división, por esta y otras refriegas aún dará más tumbos. Sobre todo, por la sucesión de Rubalcaba y por la batalla que ya se atisba: la confección de las candidaturas en la Comunidad y el Ayuntamiento, donde se da como más que probable que los críticos presenten aspirantes alternativos a Gómez y su señalado en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona. Ferraz dice que Gómez está cada vez más solo, pero la feligresía madrileña del barón rebelde lo niega. "No, no estamos solos. Todo lo contrario –manifestaba rotundo un dirigente–. Nosotros estamos tranquilos. Sólo defendemos a los ciudadanos". 

Órdago consumado. Tomás Gómez, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, llevó a término su amenaza a Alfredo Pérez Rubalcaba y dimitió. Presentó su renuncia como senador en la mañana de este miércoles, de forma "simbólica", por "coherencia" y por "principios", y porque prefiere estar "del lado de la gente", con la marea blanca y contra la privatización de la sanidad pública que votar a un juez, Gerardo Martínez Tristán, que él mismo ha recusado. 

Ni Ferraz esperaba que se atreviera a dar este paso. El lunes, Gómez, el barón que más se ha enfrentado a la cara con Rubalcaba, le remitió una carta, justo después de saber que Martínez Tristán entraba en la lista de los jueces del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada por PSOE y PP. Y ya entonces le advirtió de que si su nombre pasaba por el Senado, donde él tiene su escaño, renunciaría de forma inmediata. Pero ese magistrado figuraba en la lista de diez vocales que tenía que refrendar el Congreso. Y así ocurrió ayer. Martínez Tristán es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y, como informó infoLibre, ordenó que todos los recursos contra la privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad recayesen en él. El PSM lo recusó además por estar casado con una consejera del Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal, Marta García de la Calzada. Ahora mismo, todos los recursos están paralizados a la espera de que se resuelva precisamente esa impugnación. 

Gómez comunicó esta mañana a la Comisión Permanente del PSM su decisión –donde recibió pleno apoyo–, y después al portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Marcelino Iglesias. Pero no se lo trasladó a la dirección federal, que no tuvo más noticia de él que la carta del lunes, aunque Rubalcaba sí fue prevenido por Iglesias. Tras dejar su acta, Gómez compareció ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara alta para leer su despedida, y en todo momento reivindicó que actuaba movido por "coherencia", fiel a sus "principios". Recordó que el PSM, bajo su mando, sólo había recusado, en toda su historia, a uno de entre cinco mil jueces, a Martínez Tristán, por considerar que no reunía la "neutralidad exigible", porque respondía a los "intereses del PP", porque era un "juez clave" para hacer posible la privatización sanitaria en Madrid. Así que su entrada en el CGPJ es un "evidente pago" del PP "por sus intentos de dar luz verde al desmantelamiento de sistema sanitario público". Entrar en el CGPJ no le aparta forzosamente del TSJM, porque la nueva Ley del Poder Judicial, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, prescribe que sólo seis de los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva. 

"La incoherencia tiene un precio más alto aún"

Pero si Gómez condicionó su salida a que Martínez Tristán no pasara por el Senado, ¿por qué dimite? "Podría escudarme en el tenor de mis palabras, podría cobijarme y conservar el acta de senador, pero el sentido de mis palabras era mucho más amplio que la literalidad de las mismas. Votar a la mitad de la lista, en la que no está Martínez Tristán, es contribuir a que salga la totalidad de la lista en la que sí está el juez dispuesto a facilitar la privatización". 

"Durante muchos meses, hemos estado en las mareas blancas, de la mano de los profesionales de la sanidad, de los pacientes y de los ciudadanos. Yo quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. Me sentí muy orgulloso el día que fui elegido senador en esta Cámara, porque es un orgullo poder defender los ideales que tiene uno en el ámbito parlamentario. Lo voy a seguir haciendo, como lo he hecho hasta ahora, en la Cámara en la que fui elegido por el voto directo de los ciudadanos, en la Asamblea de Madrid. Desde allí seguiré luchando con todas mis fuerzas y con todo mi trabajo para garantizar la sanidad de los madrileños, y lo haré con más fuerza si cabe, con la fuerza que da la coherencia. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo".

Con sus palabras, Gómez parecía dejar en evidencia al PSOE, que sí ha votado a favor de Martínez Tristán. La dirección federal ha defendido en estos días que este juez no le "gusta", pero que no podía hacer otra cosa que apoyarlo, porque todos los partidos prometieron no poner "vetos" al contrario, en aras de facilitar la renovación del CGPJ y no caer en el bloqueo de la institución. 

Menéndez y Cascallana siguen y votan

El líder del PSM, no obstante, evitó lanzar críticas directas a Ferraz y Rubalcaba y revistió su decisión de un gesto de "coherencia" personal, y como jefe del partido en Madrid. Y para lanzar un mensaje "a los madrileños", para decirles que el PSM defenderá "hasta las últimas consecuencias" la sanidad pública, un objetivo que está "por encima de todo" y que se extenderá cuando llegue al Gobierno regional, momento en el que revertirá las privatizaciones. "Es un acto de rebeldía contra el PP, de rechazo contra la privatización de la sanidad pública. Otra lectura sería absolutamente equivocada y alejada de la realidad".

Gómez es el único que deja su escaño (y su sustituto aún no se ha decidido). No abandonarán la Cámara alta Maru Menéndez, secretaria de Organización del PSM –y senadora por designación de la Asamblea de Madrid, como lo era hasta hoy su jefe– y Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón. Ambos, que siguieron la comparecencia emocionados, acudieron de hecho a la votación de los 10 vocales que le correspondía nombrar al Senado. Así que renuncia a su acta de forma "simbólica", por ser el líder del PSM, porque quiere ser "presidente de la Comunidad" y porque ha encabezado "todas las movilizaciones" y la recusación de Martínez Tristán. 

Ferraz confirmó que no habían recibido llamada alguna de Gómez. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, sí volvió a recordarle, como hizo ayer, que la defensa de la sanidad pública "no tiene nada que ver" con la renovación del CGPJ y que en esa protesta contra la privatización sanitaria están "todos" los socialistas. "El PSOE defiende la sanidad pública, todo el PSOE, en el Congreso, todos los senadores socialistas, todos los diputados en las asambleas autonómicas y también lo hacen de forma muy clara los Gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE. La defendemos y combatimos de forma clara las políticas que quieren acabar con la sanidad pública", remachó, informa Europa Press.

Page: tendrá las "manos libres" para seguir en la batalla de Madrid

El número dos en el Congreso, Eduardo Madina, defendió que no había "alternativa" a pactar el Consejo y subrayó que el acuerdo alcanzado es "bueno", aunque no sea "perfecto".  En la misma línea se pronunció Iglesias, quien reiteró que el compromiso de la negociación era no imponer vetos. "Es una decisión que él toma para ser coherente con su posición. La respetamos profundamente, es una decisión que le honra, pero la defensa de la sanidad pública es un compromiso del conjunto de los socialistas", rubricó. 

Habitualmente más cerca de las tesis de Gómez, Emiliano García-Page, senador y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, interpretó que su decisión permitirá al jefe del PSM "seguir manteniendo una tensión en Madrid en la batalla por que no se privatice la sanidad pública". Page añadió que no cree que Gómez haya pensado en contradecir a Ferraz. Precisó que "en términos técnicos y jurídicos", Martínez Tristán puede formar parte del CGPJ porque "no tiene relación" con su función jurisdiccional. "Hablamos de dos planos muy distintos, difíciles de explicar a la opinión pública", concedió. "Entiendo que él quiera estar con las manos libres para explicárselo mejor a los ciudadanos de Madrid", concluyó.

Completada la designación de los 20 vocales

Con semejante tormenta, el voto de los 10 vocales hoy en el Senado casi era lo menos importante. Fueron elegidos sin sobresaltos los seis jueces de carrera y los cuatro juristas. De entre los primeros, Wenceslao Francisco Olea Godoy, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo; Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –estos tres elegidos por el PP–; Roser Bach, magistrada de la Audiencia de Barcelona; Victoria Cinto, magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa y exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Patxi López, y María del Mar Cabrejas, titular del juzgado 55 de Instrucción de Madrid (las tres por el PSOE). Del cupo de juristas, fueron designados el catedrático Vicente Guilarte y la secretaria judicial María Ángeles Carmona (PP), la abogada Pilar Sepúlveda (PSOE) y la hasta ahora diputada de CiU Mercè Pigem. 

Todos recabaron 235 votos, a excepción de Grande-Marlaska, que logró 230. En la votación se registraron además cinco blancos y ningún nulo. Así se culmina la renovación de los 20 vocales del CGPJ. Sólo resta que prometan o juren su cargo ante el rey. El hombre que previsiblemente ocupará la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo es el del magistrado del TS Carlos Lesmes, ex alto cargo de Justicia en los tiempos de José María Aznar. Formalmente lo elegirán los integrantes del Consejo, pero su nombre es inducido por el partido del Gobierno. 

La polémica no ha hecho perder apoyos a Francisco Gerardo Martínez Tristán. El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que pretende decidir sobre todos los recursos presentados contra la privatización de la sanidad madrileña y que ha sido recusado por los socialistas madrileños, fue este martes el juez de carrera más votado por los diputados del Congreso para integrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Acumuló exactamente 303 votos. 

El pleno de la Cámara baja tenía que elegir a diez de los 20 vocales del Poder Judicial (los otros diez los designará mañana miércoles el Senado). De esos diez, seis procedían del turno de jueces y magistrados. Y de estos, Martínez Tristán, promovido por el PP, quedó en cabeza. 302 votos recibieron Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia y Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde 2004, los dos aupados por los conservadores. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, vocal en el CGPJ de 1996 a 2001 y nominado por el PP, logró 301 apoyos. Los dos candidatos jueces designados por los socialistas obtuvieron menos votos: 300 Rafael Mozo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y 298 Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar del Supremo y esposa del anterior fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido. Como UPyD, Foro Asturias, Izquierda Plural y Compromís-Equo se habían desmarcado del acuero, se registraron 15 blancos y siete nulos, de un total de 327 votos emitidos. 

Los otros cuatro nombrados se adscriben al cupo de juristas de reconocido prestigio, y estos sí que fueron acordados no sólo por PP y PSOE –como ocurrió con los jueces–, sino por ellos dos más Izquierda Plural, CiU y PNV. De entre ellos, ganó el abogado Enrique Lucas, auspiciado por el PNV, con 312 votos. Le siguieron, con 311 respaldos, la abogada del Estado Nuria Díaz (nombrada por el PP) y la secretaria judicial Concepción Sáez, postulada por IU. El último, Álvaro Cuesta, exdiputado por Asturias del PSOE. El escrutinio de esta segunda urna arrojó un resultado de 325 votos emitidos, sólo cinco blancos y ocho nulos. La razón es que IU sí votó a los integrantes de esta papeleta, cosa que no hizo con la de los magistrados, porque ese pacto fue cocinado sólo por los dos grandes partidos. 

La controversia sobre Martínez Tristán se había recrudecido en las últimas horas. Tomás Gómez, líder del PSM, remitió ayer lunes una carta a Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochándole que hubiera aceptado en la lista a este juez, recusado por el partido por estar casado con una consejera manchega del Gobierno de Marta García de la Calzada. Gómez incluso amagó con renunciar a su escaño en el Senado si Martínez Tristán era refrendado por la Cámara alta, cosa que no ha ocurrido. 

"Han mandado a prisión a Montesquieu"

El debate previo, breve, circuló por los derroteros esperables. En el bando opositor al acuerdo, UPyD y Foro Asturias, que anunciaron su voto en blanco. Rosa Díez, portavoz de la única formación nacional que no ha participado en las negociaciones ni ha firmado ninguna pata del acuerdo –ni los vocales del turno judicial ni el cupo de juristas–, advirtió de que con la votación se perpetraba "un atraco a la democracia y un asalto a la Constitución". Mostrando un gráfico publicado en prensa con la ficha de cada uno de los 20 miembros del nuevo CGPJ (nombre y partido que lo promueve), Díez subrayó que todos ellos, como en una "cuadra", tienen "espónsor", y "si a uno le esponsoriza Nike, no corre con la camiseta de Adidas, porque sabe quién le paga la carrera". O sea, que los vocales se deben a quien les ha propuesto. "Un escándalo, una inmoralidad, y así es imposible que en este país acabemos con la corrupción". La portavoz del partido magenta confirmó su intención de recurrir la designación con un recurso ante el Tribunal Constitucional y de pedir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para acabar con la politización de la Justicia, un sistema "perverso" que no quiso, a su juicio, el constituyente.

También Foro Asturias rechazó el "reparto" de vocales porque supone "un gran antentado al entramado propio de la separación de poderes". El diputado Enrique Álvarez Sostres afeó al PP que haya aparcado su promesa electoral de que los miembros del CGPJ fuesen designados por los propios jueces y magistrados. "Han mandado a prisión a Montesquieu", acusó.

Defensa del consenso alcanzado

Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE, defendió que su partido había cumplido con la "obligación constitucional" de renovar el Consejo, algo que "no ha sido siempre así", cuando el PP bloqueaba las instituciones. El diputado socialista pidió además "respeto" a los vocales, porque han sido elegidos no por 5.000 jueces, sino por los representantes de la soberanía popular, un sistema en el que siempre ha creído el PSOE, dijo. "Esto es un órgano político, no jurisdiccional", advirtió. José Miguel Castillo, su homólogo del PP, también reivindicó la limpieza del proceso y reprobó a UPyD por sus descalificaciones, que sólo pretenden una visión "distorsionada" sobre la independencia de la CGPJ. Castillo subrayó que en la candidatura acordada por PP, PSOE, IU, CiU y PNV están presentes el "prestigio", la "excelencia" y la "pluralidad", por lo que sus integrantes podrán cumplir con "solvencia" su tarea. 

En una tierra mixta se situó el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, que explicó que su grupo sí apoya la candidatura de cuatro juristas de reconocido prestigio –y ahí logró una plaza, la de la secretaria judicial Concepción Sáez–, pero prefería votar en blanco a los seis jueces pactados entre PSOE y PP. "No puede haber convidados de piedra", se quejó. 

La secuencia arrancó ayer lunes. Gómez fue informado de que uno de los 12 jueces que se incorporarán al nuevo CGPJ –los otros ocho proceden del cupo de juristas de reconocido prestigio– era Martínez Tristán, el magistrado que se arrogó la potestad de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que él preside, decidiese sobre todos los recursos en contra de la privatización de la sanidad madrileña. Este juez fue recusado por el PSM también por ser el marido de una consejera del Gobierno manchego, que encabeza María Dolores de Cospedal. Gómez escribió una carta automáticamente a Alfredo Pérez Rubalcaba, donde calificó de intolerable el acuerdo alcanzado por PSOE y PP sobre la renación del CGPJ, ya que resultaba incomprensible para los socialistas madrileños y para los profesionales sanitarios respaldar a Martínez Tristán. El líder del PSM le advertía de que si la lista que incluye a este juez llegara al Senado para su votación, él, para no romper la disciplina de partido y ser "coherente" con sus principios, renunciaría a su escaño de forma inmediata.

Soraya Rodríguez, la portavoz socialista en el Congreso, insistió hoy martes en rueda de prensa en que al partido no le "gusta" que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se convierta en nuevo vocal del CGPJ, pero recordó cuál había sido el procedimiento de partida y los objetivos marcados: cumplir con la "obligación" de renovar el Poder Judicial y no bloquear la institución e "incorporar al mayor número de grupos" al acuerdo, para lo cual se estableció el principio de que ninguna fuerza utilizara el derecho de veto. Martínez Tristán fue "propuesto por el PP" y "los responsables de las propuestas son quienes las hacen", y el PSOE sólo se hace "responsable" de las suyas, argumentó. 

"En nada afecta" a la recusación

La portavoz incidió en que la elección de Martínez Tristán "en nada afecta" con el proceso "ilegal" de privatización sanitaria Madrid y con la recusación, que el PSOE apoya –"igual que estamos juntos en todas las actuaciones que está llevando a cabo el PSM en defensa de la sanidad pública"–, y sigue "viva" por su vinculación con la consejera manchega Marta García de la Calzada. "La propuesta realizada para este órgano por el PP apuntaría y apuntalaría esta recusación en marcha". 

En consecuencia, el PSOE votará no a favor de un juez, precisó, sino "a favor de un acuerdo, firmado por distintos grupos parlamentarios". "La responsabilidad política también se tiene cuando estás en la oposición. Cuando estás en el otro lado debes actuar de forma diferente", explicó Rodríguez. 

Rodríguez dijo no esperar "ninguna indisciplina de voto". Los números, desde luego, juegan a favor de Rubalcaba. De los 10 diputados socialistas electos por Madrid, sólo una, Delia Blanco, es cercana a Gómez. Los otros nueve –Elena Valenciano, Antonio Hernando, Valeriano Gómez, José Enrique Serrano, Rafael Simancas, Ángeles Álvarez, Diego López Garrido, Pedro Sánchez y el propio Rubalcaba– son fieles a la dirección federal. Blanco fue preguntada por su intención de voto por este diario, pero no quiso hacer declaraciones. 

¿Y en el Senado? El PSM dispone de tres escaños, uno electo, Enrique Cascallana, y dos designados por la Asamblea regional, Maru Menéndez y Tomás Gómez. ¿Dejará su acta ahora el líder del PSM y sus compañeros? "El compromiso que adquirió Tomás fue personal, y así lo explicaba en su carta, de modo que no involucra a otros parlamentarios. En cualquier caso, la lista va por el Congreso, no por el Senado, y él explicaba qué haría si pasaba por la Cámara alta", alegaron desde el entorno de Gómez. Es decir, que se apoyará la lista de 10 vocales que se vote mañana en el Senado (seis jueces y cuatro juristas). 

PSM: la información "oficial" llegó después

Desde el PSM indicaron que supieron "oficialmente" que Martínez Tristán figuraba en el cupo a cargo del Congreso después de que Gómez remitiera la carta a Rubalcaba, "entre la noche del martes y esta mañana". Sin embargo, el Grupo Socialista en la Cámara facilitó los nombres y la Cámara que los iba a elegir formalmente en un mail enviado a los medios sobre las ocho de la tarde. Más aún, Gómez fue preguntado por los periodistas sobre unas declaraciones del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que afirmó que el líder del PSM ya sabía que no tendría que votar a Martínez Tristán antes de amenazar con dejar su acta. "El consejero de Presidencia miente", aseguró tajante. Gómez, de caminio, criticó el acuerdo PP-PSOE sobre la renovación del Consejo: "Esas formas de hacer política son formas del pasado, el futuro para este país tiene que ser diferente", sostuvo, informa Europa Press. Lo mismo que anoche en la Ser.

Fuentes socialistas relataron que fue Soraya Rodríguez quien telefoneó ayer, "sobre las dos de la tarde", a la número dos del PSM, Maru Menéndez, para informarle del acuerdo, "y ya entonces se le dijo qué jueces entraban y qué Cámara sería la encargada de votarlos". La distribución de qué jueces tocaban al Congreso y cuáles al Senado fue "meramente técnica", y "no tuvo que ver la presión de Gómez". "No se habría podido cambiar, de hecho". "Tuvieron la información antes de que se hiciese pública... Pero claro, las bravuconadas a veces se descubren", reprobaron. El Grupo Socialista siempre ha repetido que la negociación ha sido "dura" pero que la alternativa era cerrarse en banda y vetar, en cuyo caso, el PP, gracias al cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial promovido por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón (y recurrida por el PSOE), podría designar por la vía rápida, sin consenso, a los 10 vocales que corresponden al Senado, pues allí disponen de la mayoría necesaria de tres quintos. 

La votación en el Congreso será hacia las ocho de la tarde. La Mesa llamará a los 350 diputados y estos depositarán sus dos papeletas –la del turno judicial, con los seis nombres, y la del turno de juristas, con los otros cuatro– en dos urnas. No se podrá saber quién vota qué. Los parlamentarios pueden escribir en la primera cuartilla cualquiera de los 54 aspirantes designados por los jueces. Pero, dado el acuerdo de PSOE y PP, sólo saldrán elegidos los 10 conocidos. Del cupo de jueces y magistrados de carrera, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán (propuestos por el PP), Clara Martínez y Rafael Mozo (promovidos por el PSOE). Del turno de juristas, Nuria Díaz (PP), Álvaro Cuesta (PSOE), Concepción Sáez (Izquierda Plural) y Enrique Lucas (PNV). 

IU no fue consultada "en ningún momento" sobre los jueces

Mañana, en el Senado, se votará a los diez restantes vocales. Jueces y magistrados son Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Fernando Grande-Marlaska –designados por el PP–, Roser Bach, Victoria Cinto y María del Mar Cabrejas (por el PSOE). Y juristas, Vicente Guilarte y María Ángeles Carmona (PP), Pilar Sepúlveda (PSOE) y Mercè Pigem (CiU). 

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se desmarcará de hecho de la votación de los jueces acordados por PSOE y PP. Como explicó José Luis Centella, portavoz parlamentario del grupo, en rueda de prensa, no respaldarán a ninguno de los 12 magistrados apalabrados por los dos grandes partidos porque no están de acuerdo con ese reparto de poder en el que no han participado. IU-ICV-CHA apoyará sólo a los candidatos que se ajusten a su perfil de entre los 54 aspirantes avalados por los jueces. Izquierda Plural sí votará a los ocho juristas elegidos para el CGPJ, pues en ese diálogo sí intervino, aunque a última hora. Centella volvió a condenar los métodos "bipartidistas" utilizados por PSOE y PP y remarcó que su grupo no ha sido consultado "en ningún momento" sobre los nombres del turno judicial. 

Otro incendio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, entre Ferraz y el Partido Socialista de Madrid (PSM). Esta vez no por una cuestión interna, no por las primarias, sino por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O, más en concreto, por la aceptación, por parte del PSOE, de uno de los vocales propuestos por el PP, el juez Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decidió que todos los recursos contra la privatización sanitaria en Madrid pasasen por sus manos. Martínez Tristán, casado con una consejera de María Dolores de Cospedal, está recusado por el PSM. Gómez, en cuanto vio que el juez entraba en la lista, escribió a Rubalcaba para manifestarle su oposición y amenazarle con dejar su escaño de senador. 

El propio líder explicó este lunes por la noche en la Ser que cuando se enteró de que el juez figuraba en la lista de vocales al CGPJ del turno judicial y redactó la carta, aún no sabía sería refrendado por el Congreso o por el Senado. Pero quería dejar claro su rechazo a Martínez Tristán. Gómez afirma en la misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, que el respaldo de los socialistas a una tabla en la que se incluya a este magistrado es incomprensible tanto para los socialistas madrileños como para los profesionales de la sanidad que han venido luchando en los últimos meses en contra de la privatización de seis hospitales públicos, y le recuerda que el partido ha recurrido la decisión de la Comunidad de Madrid en varias instancias judiciales y ante el Tribunal Constitucional. 

El escrito señala que al PSM le parece "intolerable" apoyar esa lista, porque Martínez Tristán es el que, según entiende el partido, es partidario de privatizar los hospitales, ya que ordenó que todos los recursos recayesen en una instancia controlada por él. Intolerable respaldo, argumenta Gómez, a cambio de tener un sillón en el CGPJ. El jefe de los socialistas madrileños subraya su firme oposición a la decisión del PSOE y anuncia que si ese juez es votado en el Senado, él, para no romper la disciplina de voto y ser "coherente" con sus valores y principios, presentará de manera inmediata su renuncia como senador. Por último, Gómez le pide a Rubalcaba que reconsidere el pacto, que aún se está a tiempo de rectificar y demostrar que el PSOE defiende la sanidad pública por encima de intereses partidistas. Le recuerda, además, que la Conferencia Política de hace dos semanas acordó que los socialistas estuvieran junto a las mareas ciudadanas, y el camino cerrado este lunes no es estar con ellas. 

En la Ser, Gómez insistió en su "absoluto desacuerdo" con la decisión de Rubalcaba, porque Martínez Tristán está en las "antípodas" del partido por dos razones, porque está "al servicio del PP" y por favorecer la externalización de hospitales. "Si no nos vale para estar en el juzgado", alegó, no vale para que se siente en el órgano de gobierno de los jueces. La indignación era palpable en el PSM. "Es una falta de respeto a la marea blanca, que se ha manifestado con treinta grados y a menos tres. Hecemos lo que piensa la gente de la calle", se quejaban en el entorno del líder de los socialistas madrileños. 

"Habrían rechazado a Álvaro Cuesta o Mercè Pigem"

En las conversaciones que Gómez mantuvo con la cúpula del Grupo Socialista y, según Ferraz, con el propio Rubalcaba, la dirección le explicó que todos los partidos que han suscrito el pacto –PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU y PNV– se conjuraron para no imponer vetos a los candidatos de los demás. Es decir, que ni los conservadores rechazarían un nombre de los socialistas ni estos uno del PP. "Claro que no nos gusta este juez, pero si entramos en la dinámica de vetos, entonces ellos nos habrían dicho que no a Álvaro Cuesta, que no es que sea cercano al PSOE, es que es militante y ha sido diputado nuestro, o habrían dicho que no a Mercè Pigem, que es parlamentaria de CiU", relataron fuentes oficiales. 

El martes pasado, in extremis, se cerró el pacto a cinco bandas sobre la renovación del Poder Judicial. Entonces se oficializaron los ocho nombres de juristas de reconocido prestigio que tenían que pasar el examen de la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado. El resto de la lista, los 12 vocales escogidos entre jueces y magistrados, se conoció este lunes después de que las dos grandes fuerzas lacraran su pacto. Así, el PP se reserva la mayoría absoluta del órgano de gobierno, con 10 miembros, más el presidente, que se designará posteriormente (aunque el más que seguro aspirante es Carlos Lesmes). El PSOE se queda con siete sillones, e IU, CiU y PNV, con uno más cada una. El pleno del Congreso respaldará a diez vocales este martes, y el Senado hará lo propio con los otros diez el miércoles. Martínez Tristán está en el primer paquete, en el cupo de la Cámara baja, tal y como indicó en una nota de prensa el Grupo Socialista sobre las ocho de la tarde. 

"Hay que pensar en otras formas de hacer política"

Dado que el juez del TSJM no será votado en la Cámara alta, ¿qué hará? Gómez no respondió. "Yo cuando mandé la carta, no sabía si se iba a votar en el Congreso, en el Senado o en qué ámbito. La información que teníamos era la que el Grupo Parlamentario nacional nos había remitido al PSM. Era una posibilidad que hubiese que votarlo en el Senado, por lo cual yo hubiese abandonado mi escaño. No sé si finalmente se votará en el Congreso o en el Senado", respondió en Hora 25, en la Ser, ya de noche, rubricando que antes están sus "principios" que su acta. El líder del PSM criticó asimismo el procedimiento, el reparto de la tarta judicial por cuotas entre partidos. "A lo mejor hay que pensar en distintas formas de hacer política", en un "nuevo tiempo en la democracia". "Luego nos sorprendemos cuando los ciudadanos creen que todos somos iguales o que piden más democracia y otro tipo de democracia". 

Rubalcaba había defendido por la tarde, en un almuerzo en el Club Siglo XXI, su oposición "útil" y "sensata", y contrastó la actitud del PP, que "bloqueaba las instituciones" cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, con la que ahora tiene el PSOE, que ha firmado el pacto del CGPJ en tiempo récord, en apenas dos meses desde que venció el mandato de cinco años del CGPJ saliente. 

Fuentes del equipo de Rubalcaba se mostraron convencidas de que Gómez iba de "farol" y que al final no dejará su escaño. "No va a dimitir. Buscará una excusa", aseguraba un alto cargo de Ferraz. 

La decisión del juez Gerardo Martínez Tristán de encomendar al pleno de la Sala de lo Contencioso, presidido por él mismo, resolver todos los recursos que sobre forma y fondo de la privatización sanitaria lleguen al Tribunal Superior de Madrid (TSJM) lleva fecha del 11 de octubre. Casado con Marta García de la Calzada, hoy consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal y hasta 2009 alto cargo de la Comunidad de Madrid, el magistrado justifica el paso dado alegando que dos secciones distintas de lo contencioso han dictado resoluciones “que resultan o puedan resultar contradictorias”. Evitar contradicciones en un litigio de importancia máxima es, por tanto, el objetivo declarado de su orden. Pero, en realidad, tales contradicciones no han existido hasta la fecha.

Para reforzar la idea de que se están produciendo resoluciones dispares y contradictorias, Tristán cita dos autos: el de la Sección Tercera de lo Contencioso que el 11 de septiembre estimó el recurso de la asociación de médicos AFEM y dejó en suspenso el proceso de privatización, y el de la Sección Octava de la misma sala que el pasado día 9 de este mes rechazó el recurso de CCOO, también planteado en favor de la suspensión del proceso de privatización.

En apariencia, AFEM y CCOO pedían lo mismo y por idénticas razones. Pero la simple lectura de los autos que resuelven sobre sendos recursos constata que no es así. CCOO recurrió al tribunal porque el Gobierno de Madrid se negó a suspender el proceso privatizador tras el requerimiento del sindicato. AFEM, en cambio, acudió a los tribunales sin cuestionar el derecho del Ejecutivo a privatizar la gestión de seis hospitales más. Lo que discute la asociación de facultativos es el pliego de condiciones, es decir, las reglas de juego que rigieron la adjudicación de esos seis hospitales. Ese pliego introducía derechos distintos para el personal fijo y el interino. Y cinco días antes de expirar el plazo de ofertas se modificó para reducir drásticamente la fianza económica que debían depositar las empresas aspirantes.

Pera y manzana

En otras palabras: el mismo Tribunal Superior de Madrid puede rechazar el argumento de CCOO, según el cual el Gobierno de Ignacio González carece de “potestades legítimamente atribuidas” para llevar a cabo la privatización, y aceptar los razonamientos de AFEM sobre cómo las reglas del juego establecidas para esa privatización deben ser anuladas y rehechas. Por acudir a una paráfrasis popularizada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ambos recursos son frutas. Pero uno es una pera y el otro, una manzana. Imposible, por tanto, conjugarlos a efectos de equivalencia o contradicciones.

Entre los dos autos esgrimidos por el juez hay una segunda falsa contradicción: la Sección Tercera considera que la asociación AFEM está legitimada para recurrir las decisiones del Gobierno de Madrid y la Sección Octava entiende que CCOO carece de esa legitimación. Pero el juez obvia un tercer auto, también de la Sección Tercera, que ya había rechazado en julio la intervención del PSM (el PSOE madrileño) en el proceso judicial. Y lo hizo con los mismos fundamentos básicos esgrimidos luego por la Octava para expulsar a CCOO del proceso.

AFEM fue aceptada bajo el argumento de que sus miembros son empleados de la sanidad pública a los que la privatización afecta de manera directa y concreta. El PSM y CCOO fueron expulsados bajo la controvertida premisa de que la privatización o su anulación no acarreará a ninguna de esas dos organizaciones beneficio o perjuicio directo.

Los socialistas o los afiliados a CCOO pueden quejarse en público o ante los tribunales –el PSM ya lo ha hecho– por la rigidez del criterio aplicado para discernir quién tiene o no tiene interés legítimo en una causa. Pero, en cualquier caso, tanto la Sección Tercera como la Octava siguieron la misma línea sin atisbo de contradicción.