El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el archivo de las actuaciones contra un tuitero por un presunto delito de injurias a la Corona que se le imputaba. La Fiscalía ha dado carpetazo al asunto al entender que llamar "mafioso" o "putero" al Rey, como hizo el sujeto, no es injuriar al monarca, sino criticarle con libertad de expresión.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge el informe de la Fiscalía. Una reflexión que el magistrado hace suya y en la que concluye que no hay delito, a partir de la doctrina constitucional sobre la libertad de expresión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que amparó a dos condenados en España por quemar fotos del Rey.

"Siguiendo la reiterada doctrina tanto del TEDH como del Tribunal Constitucional, no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito", señala el fiscal, quien argumenta que atendiendo a la jurisprudencia, "no bastan para incardinar en el referido delito expresiones o discursos que exterioricen opiniones negativas sobre el Rey como Institución, adquiriendo así una connotación hostil".

Es más, el fiscal considera que "no existe ánimo de injuriar o de calumniar, sino de criticar" y, atendiendo a la doctrina sobre la libertad de expresión, "no está suficientemente acreditada la comisión del delito", ante lo que el juez archiva porque nadie interesa el procesamiento.

El caso, avanzado por la Cadena Ser, llegó al juez Ismael Moreno después de que el juzgado de Plaza Castilla que investigaba al hombre por comentarios presuntamente injuriosos contra diversas personas, partidos políticos e instituciones en Twitter y Facebook, se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.

No obstante, el instructor sólo se hizo cargo de la parte relativa al presunto delito de injurias a la Corona, ya que el afectado sigue pendiente de resolución en primera instancia sobre el resto de comentarios que hizo en sus redes sociales, tal y como han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

El auto de sobreseimiento de la causa, firmado el pasado mes de agosto, viene a apuntalar lo que parece un cambio de criterio desde que el Tribunal de Estrasburgo condenase a España en favor de los dos activistas que quemaron fotos del Rey, a quienes dio amparo por entender que estaban haciendo uso de su libertad de expresión.

El exdirectivo de Volkswagen Oliver Schmidt fue condenado este miércoles a siete años de cárcel y una multa de 400.000 dólares en Estados Unidos por el fraude de las emisiones o dieselgate, en el que su compañía fue protagonista. Es el segundo condenado en el país americano por este asunto, destapado por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés). Otros seis ejecutivos están procesados y se enfrentan a penas de prisión similares. En España, habida cuenta de un sistema judicial muy diferente y mucho más lento, el proceso se encuentra aún en fase de instrucción en los tribunales y dos circunstancias están ralentizándolo: la gran cantidad de afectados que han querido personarse como acusación particular y la dificultad de establecer causas, consecuencias y culpables en un tema tan técnico, que requiere peritaje.

En septiembre de 2015 se desveló el escándalo: el fabricante de automóviles alemán había instalado un software cuyo cometido era reducir las emisiones contaminantes de sus máquinas con motor diésel cuando se sometieran a pruebas de laboratorio. El programa permitía que, una vez estuvieran en carretera, las emisiones se multiplicaran por encima de los límites legales establecidos. En poco tiempo se dejó de hablar del escándalo Volkswagen para hablar de dieselgate, ya que la trampa de la empresa alemana dejó al descubierto un sistema absolutamente permisivo con los automóviles que usan gasóleo como combustible.

Hay varias vertientes de este caso. Una es la política y legislativa: la Unión Europea se encuentra en negociaciones tripartitas entre sus diferentes instituciones para modificar la directiva marco que regula la homologación de los vehículos en los países miembro. Y, además, presiona a España por no aplicar las multas que, a juicio de la Comisión Europea, puede y debe imponer el Estado miembro. La otra, la judicial, está en manos del juez Ismael Moreno, que dirige la instrucción en la Audiencia Nacional. La causa se abrió en 2015 y en 2016, el magistrado decidió imputar a Volkswagen AG, matriz germana del grupo automovilístico, una vez la filial española ya había sido declarada como investigada un año antes.

Aún no ha terminado la instrucción, y las partes personadas no se atreven a pronosticar una fecha. La primera piedra en el camino fue el alto número de organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y particulares que solicitaron personarse como acusación. En la actualidad, son más de un millar de perjudicados los que están presentes en la causa, informó El Confidencial, tanto representados por organizaciones como a título individual. Eso retrasó el trabajo del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que tuvo que dedicar tiempo y recursos a analizar las peticiones para investigar datos añadidos que aportaban los anunciantes y a discernir qué asociación se hacía con la dirección letrada, entre otros trámites burocráticos que han hecho avanzar la investigación a un ritmo lento.

La segunda piedra en el camino tiene que ver con la complejidad técnica del asunto. Para discernir si Volkswagen ha cometido una manipulación que ha perjudicado a los compradores de sus vehículos, se necesitan pruebas periciales, que se aportan a esta fase de instrucción. La última fue la del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Economía e Industria, que en su informe aportado a la causa certifica que, efectivamente, el fabricante alemán ideó un sistema para trucar los motores, con el consentimiento expreso de la matriz. Las últimas novedades pasan por las alegaciones a este informe, que ya ha realizado una de las asociaciones acusadoras, Facua. "Todo indica que la instrucción no va para corto, pero se están presentando cosas. La causa va lenta, pero está viva", y esa es una buena noticia, explica a infoLibre el portavoz de la organización, Rubén Sánchez.

La otra gran asociación de consumidores personada en la macrocausa es la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. El último movimiento por su parte ha sido exigir a Volkswagen que aclare las consecuencias que tuvo su primer movimiento para atajar la crisis: ofrecer a los compradores de alguno de los vehículos afectados la modificación del software trucado. Algunos consumidores, refleja la OCU, se quejan de que dicha modificación afecta a la potencia del vehículo, así como a ruidos extraños, rotura de flaps y un mayor consumo de combustible. flapsLa empresa alemana niega todas las acusaciones, asegurando que estas modificaciones han sido homologadas por los reguladores, pero el juez Moreno ha pedido al Ciemat que emita un informe sobre estas supuestas irregularidades. De confirmarse, la trampa para el comprador de un coche afectado por el escándalo sería doble: no solo habría comprado un automóvil más contaminante de lo que le habrían prometido, sino que una vez resuelta la incidencia, su automóvil consume más y tiene más potencia de lo firmado.

La instrucción va lenta, pero sigue su curso y los últimos movimientos indican que puede haber novedades acerca de lo que se le imputa al fabricante alemán. En la otra vía judicial abierta, la de los consumidores que denuncian a Volkswagen en tribunales civiles de ámbito local, la compañía está encontrando tanto sentencias en su contra, que le obligan a indemnizar a los clientes, como victorias.sentencias en su contra Las segundas están basadas en la jurisprudencia inaugurada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet (Valencia), que en noviembre de 2016 sentenció que la compradora no mostró interés alguno en la capacidad contaminante del vehículo que adquiría, por lo que no cabe compensación alguna.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reabrió, a instancias de la Fiscalía, la investigación sobre la desaparición en Francia del supuesto etarra José Miguel Etxeberria Álvarez, alias Naparra, respaldando así la petición de reapertura que presentaron los familiares del desaparecido. El magistrado libró Comisión Rogatoria al país vecino para que lleve a cabo la búsqueda de los restos.

Según Europa Press, el juez cita también a dos testigos para que el próximo 26 de octubre declaren sobre este asunto, uno de ellos el reputado forense Francisco Etxeberria, quien participó en la exhumación de los restos de Cervantes y en el análisis de los de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asesinados por los Gal.

El otro testigo citado por el juez es el periodista Iñaki Ezkarrin, quien facilitó a la familia información sobre el paradero del cuerpo que había obtenido de una tercera persona.

En la solicitud realizada a Francia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 pide a Francia que lleve a cabo la búsqueda de los restos en una zona de Las Landas indicada en un informe que elaboró el forense Etxeberria el pasado mes de agosto.

La familia, presente en la búsqueda

Añade el juez que, por su parte, no tiene inconveniente en que la parte querellante pueda estar presente en las labores de búsqueda. La solicitud de auxilio judicial será remitida directamente al Juzgado de Instrucción de Mont Marsan, adjuntándole copia del informe donde se detallan dos posibles alternativas al lugar del posible enterramiento.

El juez Moreno había dictado el sobreseimiento de este asunto en 2004 al no poder identificar a los autores del secuestro y asesinato de "Naparra", si bien las sospechas apuntaron entonces a un grupo de individuos liderado por los hermanos Perret. Su cuerpo ya había sido buscado por Francia sin resultado.

No obstante, hace dos semanas el hermano del desaparecido, Eneko Etxeberria, el abogado de la familia, Iñigo Iruin, y el médico forense Paco Etxeberria informaron en rueda de prensa de que unafuente "confidencial" relacionada con las operaciones de "terrorismo de Estado" o con quienes las ejecutaron les reveló que Naparra fue "asesinado" y enterrado en las inmediaciones de la localidad francesa de Mont de Marsan.

La información fue aportada al juzgado el pasado 29 de septiembre por la familia, que pidió la reaperturra del caso explicando que las informaciones fueron facilitadas Errazkin. El periodista, asu vez, las obtuvo a través de una fuente "confidencial, española y residente en Latinoamérica" que tuvo "relación con las operaciones de Estado o al menos con las personas que las ejecutaron".

En 1982 el juzgado de instrucción de la localidad francesa de Baiona ya había archivado diligencias, después de que la búsqueda del cuerpo de Etxeberria resultase "infructuosa", según señaló la Fiscalía en su escrito.

Para evitar que prescribiese, la familia ya presentó una querella, aunque finalmente la Sala de lo Penal archivó el caso en 2004, 24 años después de la desaparición de Naparra en Ciboure (Francia).

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó este viernes dirigir el procedimiento penal que abrió el pasado mes de octubre por la manipulación de determinados motores diesel de Volkswagen AG contra la propia firma en calidad de investigada, y le imputa una presunta participación en delitos de defraudación que causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente, informa Europa Press.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ya ha cursado la Comisión rogatoria a Alemania, teniendo en cuenta que es en ese país donde se ubica la empresa Volkswagen AG, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.

En su auto, el juez explica que la causa se inició tras la presentación de querellas por el sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros.

El trucaje se pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.

El fabricante, según explica en su resolución el juez Moreno, con el objetivo de fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.

Reconocimiento público de los hechos

Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados.

Además, establece que la empresa Volkswagen A.G. debe ostentar la condición de " investigado" "al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido".

La resolución se ha dictado en consonancia con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la declaración de investigada de la compañía como persona jurídica.

El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representantes de Volkswagen-Audi España que aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania. Se apoya tambien el fiscal en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de SEAT afectadas por estos hechos.

Según la Fiscalía, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque " existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta".

El juez Moreno se declaró competente para investigar este asunto el pasado 28 de octubre tras recibir las querellas contra el consorcio automovilístico Volkswagen y solicitó entonces recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información sobre los hechos investigados que existía hasta el momento.

Entre los documentos que pidió entonces el juez y han fundamentado su decisión de este viernes están también un dictamen de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), así como un informe de dictámenes periciales que se hayan efectuado y los recibidos del grupo Volkswagen y de las entidades involucradas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado competente para investigar las querellas interpuestas contra el Grupo Volkswagen por la presunta manipulación de determinados motores diésel de cuatro cilindros y ha imputado a la compañía como persona jurídica.

En un auto, el juez señala el día 10 de noviembre, a las 10.30 horas, para que Volkswagen se persone, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se imputa a una persona jurídica, que deberá designar un representante legal.

El magistrado acepta en su resolución las diligencias solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por cuanto son "pertinentes y necesarias" y se refieren a cuestiones de "absoluta trascendencia" para el esclarecimiento de los hechos.

Además, Ismael Moreno acepta la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores y otros y de la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras. Esta personación está condicionada al depósito antes de diez días de 5.000 euros por parte de cada asociación en concepto de fianza.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar para los próximos días 25 y 26 de mayo en calidad de imputados a dos ejecutivos intermedios del Banco Santander por la comercialización de las obligaciones convertibles en acciones que fueron emitidas en octubre de 2007 por un importe de 7.000 millones de euros y que causó una pérdida superior al 50% para los 129.000 inversores, informa Europa Press.

En un auto, conocido este martes, el magistrado llama a declarar el 25 de mayo a Juan de Dios Fontecha López y para el día siguiente a Gabriel Escalante Yangüela en su condición de responsables de la Unidad de Control-División de Medios y Costes y de Dirección del Área de Operaciones y Servicios del Banco Santander en 2007.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que estos interrogatorios solicitados por la Fiscalía son "pertinentes, útiles y trascendentes" tras la documentación remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según el diario El Mundo, Anticorrupción reclamó al juez que imputara por un posible delito de estafa a ambos ejecutivos por la emisión de estos bonos, llamados Valores Santander.

Titulares de las obligaciones convertibles solicitaron en marzo de 2012 la suspensión del acuerdo de la entidad que permitió modificar las condiciones de la emisión de los Valores Santander sin tener en cuenta su opinión ni del sindicato de obligacionistas, según informó Zunzunegui Abogados.

Estas obligaciones necesariamente convertibles en acciones del banco fueron emitidas en octubre de 2007 por valor de 7.000 millones, lo que equivalía al 5,5% del capital social de la entidad cántabra.

Y la CNMV justifica esta negativa aferrándose al artículo 90. 2 de la Ley del Mercado de Valores que especifica que en los casos civiles "la obligación de secreto se mantendrá en todo lo relativo a las exigencias prudenciales de una empresa de servicios de inversión".

Directora del Servicio Contencioso

En consecuencia, continúa el escrito del organismo regulador de los mercados bursátiles, "dado que la documentación incorporada al expediente administrativo sancionador solicitado pudiera afectar a las exigencias prudenciales de la entidad citada en su oficio, este organismo entiende que, de conformidad con el artículo transcrito, ha de mantener la obligación de secreto respecto de la solicitud realizada", finaliza el documento remitido al juez y firmado por la directora del Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador, Patricia Muñoz González-Úbeda.

En concreto, el juez había solicitado a la CNMV una copia del contenido íntegro de la resolución de 13 de junio de 2013 por la que se sancionaba al Banco de Santander con una multa de diez millones de euros por una infracción "grave" consistente en no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el periodo de suscripción de Valores Santander.

Copias de los expedientes

El juez también reclamaba una copia del contenido íntegro de la orden ministerial de 20 de julio de 2012 por la que la CNMV sancionaba con 6,9 millones de euros a la entidad de origen cántabro al considerar que cometió una infración "muy grave" por el incumplimiento de algunas de las obligaciones que regulan la relación entre el Banco de Santander y sus clientes respecto al mismo producto financiero. En ambos casos, el juez especificaba que se deberían omitir los datos de carácter personal.

En relación con este último caso, el de la sanción de 6,9 millones, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el fallo 17 de febrero tras declararse firme la sanción contra el banco en la vía administrativa. El Santander anunció su intención de recurrir esta multa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que es el órgano jurídico competente.

En la actualidad, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga una querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad presidida por Emilio Botín de haber comercializado en septiembre de 2007 de forma "fraudulenta" el producto financiero Valores Santander. En total 129.000 ahorradores invirtieron en dicho producto 7.000 millones de euros, atraídos por un gancho de una rentabilidad del 7,50%.

Obligaciones convertibles

La querella de la Audiencia Nacional especifica que el banco comercializó el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo cuando realmente se trataba de la adquisición de "obligaciones convertibles" que impedían al comprador "recuperar el capital invertido".

Asimismo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander (Cantabria) recibió una demanda colectiva encabezada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (Adicae) en la que los afectados denunciaban que Valores Santander era un producto "tóxico, de alto riesgo y alta competitividad". Y por eso solicitaban la devolución de las inversiones realizadas. La jueza no aceptó la investigación, asegurando que las demandas tenían que ser presentadas de forma individual.

Este es el motivo por el que Adicae ha presentado ya decenas de demandas en juzgados de toda España en las que de forma sistemática solicita a los jueces que soliciten a la CNMV de Elvira Rodríguez los dos expedientes de 10 y 6,9 millones de euros.

La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo lunes su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular.

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para Pagès Font y tres años para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.

El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados". En total, reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

La búsqueda de una cobertura formal

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

Los siguientes, CAM y Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los exdirectivos de otras dos de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.

El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.

En cuanto a Novacaixagalicia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a nueve agentes, siete de la Policía Nacional y dos de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), acusados de prestar favores a los miembros de la red china de blanqueo de capitales Emperador, presuntamente dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping.

En una providencia dictada este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que sustituye a Fernando Andreu en la investigación después de que éste se inhibiera por su amistad con un comisario investigado, acuerda la imputación por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

El magistrado, que accede de esta forma a la petición formulada por los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, cita a los imputados entre los próximos días 6 y 9 de mayo. Entre ellos se encuentra el comisario de Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, con el que el juez Andreu alegó mantener una amistad.

Los primeros en comparecer serán Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán y Roberto Ruiz Ortega, que declararán el día 6 de mayo. Al día siguiente lo harán el comisario Salamanca, Federico Sánchez Frutos y Ángel Luis Olmedo Ovejero. El 9 de mayo será el turno de Francisco García Frade, José Pablo Roldán Juez y Mario José Selas Martínez.

Moreno se hizo cargo de la instrucción después de que el pasado 2 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considerara "justificada" la abstención de Andreu, al reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y entender que su amistad con el comisario Salamanca "podría viciar la necesaria imparcialidad del juez instructor".

Andreu pidió su abstención después de recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se solicitaba la imputación de diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil. Sin embargo, la Fiscalía retiró la petición de imputación del agente del instituto armado al recibir dos informes de sus superiores, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Anticorrupción, que contó con el aval del Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para solicitar las nuevas imputaciones, según fuentes jurídicas, sostenía en un escrito que los agentes pudieron favorecer a algunos miembros de la organización de Gao Ping en distintos trámites.

Entre ellos se encontrarían la obtención del documento nacional de identidad, una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga) y la petición de permisos de inmigración. Al menos uno de los agentes supuestamente relacionados con la red trabajó la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

A Salamanca, además, se le relaciona con el presunto miembro de la red Y. W. L.,, con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a comero o ver partidos de fútbol o baloncesto. La Fiscalía también relaciona a otros policías para los que pide la imputación con la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang.

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidas un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

En junio de 2013 el magistrado imputó a otras 15 personas, entre ellas primas lejanas del rey Juan Carlos por haber blanqueado dinero presuntamente a través de la denominada rama hebrea de la red de Gao Ping, que dirigía, según los investigadores, la imputada Malka Mamman Levy

Los banqueros gallegos procesados por cobrar 28 millones en indemnizaciones de Novacaixagalicia, que ha necesitado 8.981 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra, defendieron la buena salud de las entidades financieras que dirigieron en su declaración como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, según se puede comprobar en los videos de las declaraciones a las que ha tenido acceso infoLibre en exclusiva.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el pasado 12 de febrero un auto en el que sitúa a un paso del banquillo a los principales exdirigentes de las cajas gallegas. El magistrado entiende que podrían haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa, por el cobro de 18,91 millones de euros en concepto de indemnizaciones tras abandonar su cargo. Por ello, Ismael Moreno ha pedido a la Fiscalía y a la acusación ejercida por la asociación de usuarios de banca Adicae que presenten su escrito de acusación. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.

Avalaron sus cuentas

Tanto el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso como el que fuera director general de Caixanova, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad, apoyaron en sus declaraciones como imputados la gestión realizada en Caixanova, pero también en Caixa Galicia, destacando que hasta que se produjo la integración, el 1 de diciembre de 2010, ambas entidades financieras tuvieron beneficios. Y para defender esta versión, recordaron que tanto el Banco de España como los auditores avalaron las cuentas en las que se reflejaba el superávit.

Pero los números positivos de las cuentas de las cajas gallegas desaparecieron de forma brusca tras la fusión. Un hecho que destaca durante sus interrogatorios la fiscal encargada del caso. Fernández Gayoso responde a la fiscal, que preguntó si en la cuenta de resultados había pérdidas o no: "Caixanova en 2010 gana 90 millones. Y el auditor y el Banco de España estaban de acuerdo", responde Gayoso, que atribuye el cambio de tendencia porque la caja fusionada tuvo que hacer un esfuerzo "muy importante de provisiones". "Dota 3.000 millones de euros de los cuales casi 2.000 son para fortalecer el crédito; 300 millones para los gastos de fusión; y otras dos cifras de 300 y 400; la primera para sanear inmovilizado y los otros para sanear la cartera de valores de renta variable. Se hace un esfuerzo para arrancar con una postura lo más sana posible", completa Gayoso.

Los venezolanos de Banesco

Los datos del Banco de España ponen de manifiesto un importante contraste. Pues la nueva entidad fruto de la fusión de las gallegas ha sido la tercera que más dinero público ha necesitado para sortear la bancarrota. En total ha recibido del Gobierno 8.981 millones. Recientemente ha sido vendida al grupo financiero venezolano Banesco por 1.003 millonesgrupo financiero venezolano Banesco.

La explicación de Gayoso no convence a la fiscal, que alude a un informe independiente que indica que la caja fusionada valía 147 millones negativos. "Ese dato es contradictorio con los tres que han dado los tres bancos de inversión que valoraron la caja, y actuando sobre los promedios salen 180 millones de capital que se aporta al banco. Que no tiene nada que ver con esos datos", contestó el excopresidente de la entidad financiera gallega.

Interrogatorio incisivo

La fiscal, que realizó un interrogatorio muy incisivo tal y como se puede ver en los videos que ilustran esta información, interpeló a Gayoso sobre si la entidad fusionada llegó a dar beneficios. "El saneamiento que hace la caja fusionada para tener el horizonte despejado es de 3.000 millones. Era necesario fortalecer a la nueva caja porque tenía muchos problemas", dijo Gayoso mientras la fiscal repite: "Porque la caja tenía muuuchos problemasmuuuchos".

Y el excopresidente continuó con su relato: "Cuando se traspasa la caja al banco nosotros nos encontramos con una problemática muy compleja. Lo que pasa es que el banco nace con un equipo gestor muy acreditado, empezando por el señor Castellanos y todos tenemos confianza de que el banco va a tener viabilidad y que Galicia va a tener una entidad financiera que financie proyectos viables de familias, de empresas y de organizaciones, y en eso estamos, y en eso se está trabajando".

En similares términos se expresó el ex director general de Novacaixagalicia José Luis Pego ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. “Entiendo que no necesitábamos dinero”, llegó a asegurar Pego tras la insistencia de la fiscal, que al oír la respuesta de Pego espetó: “¿Entonces los 1.162 millones que aporta el FROB para qué se utilizaron?". "Se utilizan porque hay un proceso de fusión para reestructurar el sistema financiero español…", responde Pego.

"Otras no han pedido apoyo al FROB"

"Eso ya lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, pero el hecho de que haya un proceso de fusión, entiendo yo, no significa que tenga que haber una necesidad de apoyo del exterior. Hay muchas entidades en este país que se han fusionado y no han pedido apoyo al FROB”, continuó la fiscal, que obtuvo una respuesta titubeante de Pego: “Pero en el caso de esta fusión se necesitaba. La fusión, no Caixanova”. "Pues entiendo que la situación no podía ser muy boyante. Porque apoyos financieros no se necesitaron en todos los casos", completa la representante del Ministerio Público.

La fiscal se interesa después por los motivos de la segunda ayuda del FROB. "¿Entiendo que la situación patrimonial se había agravado?". "No, la situación patrimonial no se había agravado. Se elevan los requerimientos de capital sin que la situación patrimonial se haya visto afectada", explica Pego.

Fiscal: "Pero yo veo que el BBVA no solicitó apoyo del FROB y que el Santander tampoco, de lo cual yo infiero que ustedes se encontraban en una situación muy grave y que las pérdidas eran muy importantes”.

Pego: "No, no había pérdidas".

Fiscal: "Y que la causa de la segunda petición del FROB era la angustiosa situación patrimonial. ¿Es correcto?

Pego: "No es exactamente así. La caja no ha dado pérdidas en ningún momento mientras yo soy director general. No las da Caixanova y tampoco Novacaixagalicia".

La fiscal orienta sus interrogatorios a la situación patrimonial de las cajas gallegas con la intención de determinar si las indemnizaciones de 28 millones de euros contradecían las leyes, que impedían los premios "a la mala gestión". Es por eso que la representante del Ministerio Público pregunta a Fernández Gayoso si Caixanova había suscrito otra póliza para cubrir otros directivos o los imputados eran las únicas personas beneficiadas: "A parte de esas tres se toma un acuerdo individual que me afecta a mí”, responde Gayoso, que continúa: “Es una póliza que iguala a un señor, que no tengo ese tipo de protección y se hace ese complemento. Yo no he capitalizado esa renta".

Fiscal: "¿Usted ya está jubilado?".

Gayoso: "Desde el año 2006".

Fiscal: "¿Ha cobrado los derechos que tiene reconocidos en el plan de pensiones?".

Gayoso: "No, he optado por un pago mensual. Una parte sale de la Seguridad Social y las otras de la póliza general del fondo de pensiones y del complemento de una póliza de la firma Caser, que garantiza la cifra a la que tengo derecho…".

Fiscal: "¿Cuál es su retribución?".

Gayoso: "Mi retribución neta como jubilado son 300.000 y algo mil euros al año".

Fiscal: "Ha salido perjudicado; comparado ha cobrado bastante menos. Perjudicado con respecto a lo que se han llevado Pego, Estrada y Gorriarán…".

Gayoso: "Yo llevo 64 años, y se cubren con aportaciones de 64 años. Venimos de un atrás y no hablamos de estos años de una época que la caja hacía estudios de mercado y mi estatus estaba en esa media".

José Luis Méndez

El que fuera director general de Caixa Galicia durante 29 años, José Luis Méndez, fue el banquero gallego que más dinero recibió tras su jubilación a los 65 años de la entidad financiera, con 16,5 millones de euros. Sin embargo no se encuentra entre las personas contra las que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido su investigación,

Durante el interrogatorio a Gayoso, la fiscal trató de conocer si los directivos imputados habían informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las indemnizaciones:

Fiscal. ¿Le mandan una copia de los contratos a la CNMV?

Gayoso: "No sé decirle".

Fiscal. "Pero tienen obligación legal, ¿no?".

Gayoso: "No sé. A lo mejor se mandaron, yo desconozco ese dato. Sí sé que se mandaron al Banco de España, que nunca se opuso ni dijo nada".

Fiscal. "Bueno, eso parece que no es como usted dice. Los servicios de inspección del Banco de España se reúnen con Pego. Y no acceden a su pretensión de permitir las indemnizaciones. El Banco de España no accedió, por lo que no estaba muy de acuerdo...".

Gayoso. "Yo creo que el Banco de España tenía toda la información y se establece una cifra global y se dice que se dote. El Banco de España estaba informado".

La fiscal vuelve a interesarse sobre las indemnizaciones, preguntando sobre si el resto de empleados puede prejubilarse con menos de 55 años como los altos directivos.

Fiscal: "¿Se pueden prejubilar aunque lo hagan mal?"

Gayoso: "Los altos directivos empiezan en la caja desde abajo del todo y van creciendo y llegan a los primeros puestos directivos. Son, entre comillas, los culpables del éxito de la caja. La caja se convierte en la líder financiera de Galicia. No se trata igual a la hora de establecer esas compensaciones a los altos directivos, . No tienen la misma responsabilidad que el resto de los empleados, pero esa posibilidad existe para otros directivos como demuestra el caso de que de 18 posibles en dos se practicó. Y el resto se entendió que no merecían ese premio".

Fiscal. "Ha dicho que los directivos poseen ventajas porque son los culpables del éxito. ¿Considera que las indemnizaciones de Pego, etc. corresponden al éxito obtenido en la gestión de la caja?".

Gayoso: "Sí. Sin duda ninguna, relación de causa efecto. Desde el comité de dirección… algunos han estado 25 años por lo tanto merecen ese tratamiento".

La fiscal interroga a José Luis Pego sobre su indemnización, asegurando que todo parece que tenía "barra libre en materia de prejubilación": "Con el 100% de su sueldo que ascendía a más de 600.000 euros. A mí esto me parece un blindaje o un paracaídas de oro. ¿A usted no?".

Pego: "Yo no soy abogado y hay informes de la auditoría externa y del Banco de España que dicen que no hay blindajes ni indemnizaciones", trata de zanjar el ex director general de Caixanova ante el juez Ismael Moreno, que ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la cúpula de Novacaixagalicia. (Con la excepción de José Luis Méndez, principal responsable de Caixa Galicia durante casi tres décadas).