Los primeros meses de 2021 están siendo cada día más generosos en el anuncio de despidos colectivos. Como se temía, según iba alargándose la pandemia, los ERTE del confinamiento están dando paso a los ERE de una desescalada lenta y titubeante. Además, los protagonistas son grandes compañías con abultadas plantillas que van a destruir cientos o miles de puestos de trabajo. H&M negocia el despido de 1.100 empleados y el cierre de 30 tiendas, la cadena hotelera NH ya ha despedido a 187, el Hotel Palace de Madrid quiere deshacerse de 152 –el 43% de su plantilla–, las perfumerías Douglas ya han echado a 492 trabajadores y cierra 82 tiendas, El Corte Inglés tiene previsto recortar 3.500 empleos, la aerolínea Norwegian ha anunciado 1.190 despidos –el 85% del personal–. Nombres destacados de la hostelería y el comercio, los sectores más castigados por la pandemia. Pero no sólo: el grupo industrial vasco Tubacex ya ha prescindido de 128 empleados y la multinacional Ford se ha deshecho de 630 de los suyos.

Todas estas empresas se acogieron el año pasado a la protección pública que conceden los ERTE. Si tienen su justificación en los perjuicios ocasionados por la pandemia, las compañías disfrutan de cuantiosas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores perciben la prestación por desempleo en lugar de su salario si tienen el contrato suspendido o recortan su sueldo en la misma proporción en que se les reduce la jornada. Es decir, suponen un poderoso ahorro en costes de personal para las empresas mientras dura la inactividad forzada. A cambio de esa generosa ayuda, las sucesivas prórrogas negociadas por el Gobierno con patronales y sindicatos incluyen un compromiso de mantenimiento del empleo: las empresas deberán pagar las cuotas ahorradas si despiden a trabajadores antes de que transcurran seis meses desde que reanudan la actividad.

Ese requisito ha sido materia de enconada discusión cada vez que los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han sentado para negociar la continuidad de los ERTE. La CEOE quiere eliminar esa prohibición de despedir o al menos restringirla. Pero hasta el momento no lo ha conseguido. Tanto los sindicatos como el Gobierno se oponen tajantemente. “Nadie duda ni por un segundo que el apoyo público para financiar los ERTE no puede servir para procesos de despidos más adelante”, zanjó en su día la ministra de Economía, Nadia Calviño. “No tendría sentido”, detalló también la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se pueda despedir después de haber utilizado 14.000 millones de euros para mantener 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores en el momento más grave de la crisis económica”.

Por el contrario, las patronales advierten de que muchas empresas están abocadas al cierre si tienen que mantener las plantillas en un regreso a la actividad mucho más lento de lo esperado. Quieren limitar el pago de cuotas a los trabajadores que sean despedidos, en lugar de tener que ingresar las de toda la plantilla, o restringirlo a los empleados de un centro de trabajo en lugar de a los de toda la empresa. La próxima prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre empezó a negociarse el pasado día 6.

El caso es que no existe un “procedimiento reglado” para “devolver” las exenciones de cuotas, según indican los despachos de abogados consultados que, no obstante, aseguran que “la Administración es consciente de ello y está intentando solucionarlo”. Algunas empresas lo intentaron para poder despedir antes de los seis meses en que se lo impide la cláusula de salvaguarda del empleo incluida en la normativa de los ERTE, según ha podido saber infoLibre, pero se les respondió que no podían. “El reintegro no está contemplado expresamente en los sucesivos reales decretos leyes [que han prorrogado los ERTE]”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En el supuesto de incumplimiento del compromiso de empleo, la Inspección de Trabajo emite un acta de liquidación donde se determina la cantidad que la empresa debe ingresar. “No se puede pedir a la Tesorería de la Seguridad Social la devolución”, señalan.

“En septiembre ya lo avisaron”

En cualquier caso, la mayor parte de las empresas antes citadas no van a tener que devolver los beneficios obtenidos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Los disfrutaron durante los primeros meses de confinamiento, pero dejaron de acogerse a las exoneraciones permitidas en septiembre del año pasado, según ha recopilado este periódico preguntando a los respectivos comités de empresa. Y lo hicieron con la vista puesta en ejecutar despedidos seis meses después. Así se lo reconoció expresamente la vasca Tubacex a los representantes sindicales, revela el presidente del comité, Eduardo Ibernia, de ELA-STV: “En septiembre ya lo avisaron: iban a pagar las cuotas porque estaban pensando en despedir”. La empresa pasó por tres ERTE sucesivos durante la pandemia, el último de los cuales afecta aún al 80% de la plantilla. En 2019 las cuentas fueron positivas, pero en 2020 se tiñeron de rojo por culpa del coronavirus. En la memoria del ERE, apunta Ibernia, se planifica un futuro ahorro de costes mediante la subcontratación.

A su juicio, la pandemia ha sido la “excusa perfecta” para deshacerse de 128 trabajadores, de los que 34 se han ido de forma voluntaria con 33 días por año trabajado de indemnización y 94 han sido despidos forzosos con sólo 24 días. De forma que el comité ha impugnado el ERE en los tribunales acusando a la empresa de ejecutar medidas estructurales para solucionar un problema coyuntural, el covid-19. Al tiempo, las factorías de Tubacex se encuentran paralizadas desde hace 91 días, resultado de la huelga indefinida que mantienen sus trabajadores –en ERTE hasta el 10 de septiembre– en protesta por los despidos. La empresa dice que por el cierre ha perdido más de 16 millones de euros.

La cadena textil H&M, los hoteles NH o las perfumerías Douglas también prefirieron empezar a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social desde el 30 de septiembre pasado. Así que no tendrán nada que devolver pese a haber presentado ERE en abril, febrero y enero, respectivamente. H&M, además, no ha sufrido pérdidas en 2020, pese al desplome del consumo, asegura Manuel Sánchez Montero, responsable de Políticas Sindicales de la Federación de Servicios de CCOO. H&M ha presentado un ERE por causas organizativas y de producción, no por causas económicas. Planea cerrar 30 tiendas, pese a que un tercio de ellas no pierden dinero; su problema, explica Sánchez Montero, es que los alquileres de los locales son muy altos. La cadena sueca quiere, además, rebajar las horas de contrato de quienes mantengan sus empleos, lo que se traducirá en recortes de un 40% sobre salarios que no superan los 1.200 euros al mes. “Despedir después de haberse ahorrado el 70% de los costes salariales gracias al dinero público debería tener un coste económico, social y reputacional”, sentencia el responsable de CCOO. De momento, a H&M le va a costar cuatro horas de paros este viernes y dos días de huelga la semana próxima.

“En NH el ERE fue preparado a conciencia desde septiembre”, asegura también  Manuel Sánchez, “de hecho, fue de las primeras cosas que nos dijeron cuando nos sentamos a negociar los despidos: que no se habían acogido a las exoneraciones del ERTE”. A diferencia de H&M, la cadena hotelera propiedad del grupo tailandés Minor terminó con pérdidas en 2020 y en el primer trimestre de 2021 ha duplicado los números rojos de hace un año, alcanzando los 121,4 millones de euros. La plantilla que trabaja en los hoteles continúa con los contratos suspendidos a la espera de que vuelvan los turistas, mientras que los empleados de los servicios centrales, que también estuvieron en ERTE, pero por causas objetivas y, por tanto, no tienen derecho a exoneraciones de cuotas, han sido ahora el objeto de los despidos: 187. La situación es similar en el Hotel Palace, epítome del lujo en Madrid y en manos del fondo de inversión Archer, que mantiene a sus 346 empleados en ERTE mientras pretende despedir a 152 de ellos, el 43%, sustituirlos por trabajadores subcontratados –“más baratos”, dice Manuel Sánchez– y rebajar los salarios al resto. CCOO ha convocado cuatro días de huelga en el hotel los días 15, 16, 20 y 21 de este mes.

Un ahorro de 10,5 millones de  euros en cuotas

Golpeada de lleno por el coronavirus también ha sido la aerolínea Norwegian. Con toda la plantilla en ERTE desde marzo de 2020, el sindicato USO ha hecho un cálculo del dinero que se ha ahorrado la compañía noruega en 14 meses; casi 30,5 millones de euros, de los que 10,5 corresponden a las cotizaciones que han dejado de pagar a la Seguridad Social sólo por el personal de vuelo, unos 1.300 pilotos y tripulantes. El resto corresponde a las prestaciones por desempleo de los trabajadores.

El pasado día 3 Norwegian anunció un ERE para 1.191 personas, nada menos que el 85% de la plantilla. Sólo quedarán unos 215 trabajadores, entre tripulantes de cabina y pilotos, que seguirán en ERTE y verán recortadas sus horas de trabajo, y sus sueldos. A pesar de que no registra pérdidas –de hecho, justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no económicas–, la filial española, Norwegian Air Resources Spain, se encuentra en preconcurso de acreedores, una situación que le permite no tener que devolver los beneficios obtenidos en sus pagos a la Seguridad Social.

En todo caso, los despidos en la aerolínea pueden terminar dependiendo de lo que dictamine la Audiencia Nacional, que el 8 de junio verá el juicio por la demanda que USO ha interpuesto por cesión ilegal de trabajadores. El sindicato mantiene que los españoles son trabajadores de la matriz noruega y no de la filial española, una sociedad constituida con el capital mínimo legal, 3.000 euros, y cuyos únicos acreedores son sus trabajadores, explica Ernesto Iglesias, delegado de USO en la empresa. La misma estructura mantiene Norwegian en otros países como Francia, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido. Y en todos ellos el comportamiento de la compañía noruega ha sido idéntico. “Les han cortado el contrato de provisión, que es como lo llaman ellos, y los trabajadores de esas filiales se han visto en la calle mientras la matriz dice que no tiene ninguna responsabilidad con ellos”, critica Iglesias. De hecho, los españoles han pedido que se les recoloque en el extranjero y la empresa se ha negado.

Ikea aún no ha devuelto el dinero

La sueca Ikea pasó igualmente por el ERTE durante los meses del confinamiento total. El 90% de la plantilla tuvo el contrato suspendido y la empresa se benefició de las exenciones de cuotas a la Seguridad Social. Gradualmente fue sacando a sus trabajadores del esquema público de protección y tiene previsto abrir este mismo año dos nuevas tiendas en Madrid, en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz. “Con la reapertura de las tiendas en la desescalada, las ventas se dispararon, también las del canal online”, apunta Ricardo Navarro Gil, secretario de la sección sindical de CCOO en Ikea.

Así que Tolga Oncu, director de Operaciones Minoristas de Ingka Group, el holding propietario de la mayor parte de las tiendas de Ikea, anunció en una entrevista concedida a Financial Times en junio del año pasado que la compañía sueca iba a devolver el dinero público recibido en nueve de los países donde se asienta. Según explicó, Ikea ya había abierto un “diálogo” con las autoridades de Bélgica, Croacia, Chequia, Irlanda, Portugal, Rumanía, Serbia, España y Estados Unidos para reembolsar las ayudas obtenidas gracias a los ERTE y otros mecanismos similares en esos países. “Ahora que sabemos más de lo que sabíamos en febrero y marzo, lo correcto es volver atrás para decir: ‘Hey, chicos, muchas gracias, nos ayudasteis durante este periodo difícil y ahora podemos encargarnos de devolverlo [el dinero] o invertirlo más adelante”, prometió.

Navarro Gil cuenta que ha preguntado dos veces en las reuniones formales que mantiene con la empresa si en España se han pagado las cuotas exoneradas, pero su respuesta ha sido “ambigua”. “Sólo dicen que están ‘a disposición del Gobierno’ para lo que haga falta”, lamenta, sin precisar nada más. infoLibre también ha preguntado a Ikea, que se ha limitado a responder que no hay ninguna “novedad” a este respecto en España. “Seguimos comprometidos a destinar recursos a la sociedad y a poner en marcha planes que contribuyan a la mejora social y económica, especialmente en colectivos y familias vulnerables, tras los fuertes efectos que está dejando la pandemia”, indica la empresa sueca, “seguimos explorando la mejor vía para responder a las necesidades de la sociedad española y contribuir a la recuperación económica del país”. El ministerio de Seguridad Social, por su parte, dice que no puede dar información sobre empresas concretas.

El Corte Inglés es otro de los grandes del comercio que ha pasado del ERTE al ERE nada más comenzar el año, tras renunciar a los beneficios ofrecidos en las cotizaciones sociales. “Hace uno o dos años nos habían presentado ya informes que revelaban duplicidades, plazas amortizables y exceso de personal en servicios centrales”, indican fuentes sindicales, por lo que no les cabe duda de que los despidos ya estaban “previstos”.

Tras suspender contratos al 29% de su plantilla, 25.900 trabajadores, desde la irrupción del virus hasta hace un mes, El Corte Inglés puso en marcha el 26 de febrero un ERE que debe terminar con un recorte de 3.500 empleos a final de año. Ya se han apuntado 4.200 voluntarios, detallan las mismas fuentes, a los que la empresa aceptará o rechazará antes del 23 de este mes. Se irán con una indemnización de 33 días más una prima de salida. En 2020, la compañía que preside Marta Álvarez terminó en números rojos, pese a que hasta agosto informó de unos beneficios brutos de 811 millones de euros.

Cuatro ERE en cuatro años

También era un ERE anunciado el que presentó en enero la cadena de perfumerías Douglas, que lleva un cuatrienio sufriendo uno por año, destaca Mario Useros, delegado de CCOO en la compañía. Así que, como las otras empresas citadas, Douglas volvió a pagar en septiembre de 2020 las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores en ERTE. “Pertenecemos a una multinacional alemana, estas decisiones son muy medidas”, sostiene Useros para descartar cualquier posibilidad de improvisación en la medida. Ahora ha despedido a 492 personas y cerrado 82 tiendas. Recibirán indemnizaciones de 31 días por año trabajado por un máximo de 20 meses. “Eso nos ha costado dos días de huelga”, añade el delegado de CCOO.

Useros culpa a la mala gestión de los equipos directivos que se han sucedido en los últimos cuatro años de los decepcionantes números de Douglas, una empresa “sobredimensionada” tras la adquisición de otras dos cadenas, Juteco y Bodybell, y endeudada con sus propios accionistas. La pandemia, dice, les ha servido para justificar los despidos.

Eurest, la firma de restauración que sirvió las comidas en el hospital de campaña de Ifema durante la pandemia, es otra de las empresas que dejó de beneficiarse de las exoneraciones de cuotas en septiembre el año pasado, según explica Omar Fernández, responsable de Hostelería y Turismo de UGT. En enero puso en marcha un despido colectivo que en principio estaba destinado para 832 trabajadores y ha terminado por afectar a 430. Eurest tiene pérdidas, pero Omar Fernández opone que los análisis del sindicato sobre las cuentas de la empresa concluyen que posee “capacidad para mantenerse”. El sindicato, de hecho, ha impugnado el ERE en la Audiencia Nacional, repitiendo el argumento de otras demandas sindicales: la caída de negocio provocada por el coronavirus es coyuntural, puede solucionarse, por tanto, con una medida también coyuntural, prorrogando el ERTE, y no debe afrontarse con una estructural, los despidos.

El negro futuro de Ford

El futuro de Ford, en cambio, se antoja más sombrío. Al menos desde la perspectiva de Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en el País Valenciano. “Tiene muy mala pinta”, resume. La factoría de Almussafes lleva sufriendo ERTE sucesivos casi tres años, mucho antes de que apareciera el covid-19. Los últimos, además, han sido por causas objetivas, por lo que la multinacional no tiene derecho a beneficiarse de la exención de cuotas a la Seguridad Social. Y ya negocia otro hasta julio por los problemas de suministro de semiconductores en todas las factorías de la multinacional. El ERE que se cerró el pasado 26 de abril se ha llevado por delante 630 puestos de trabajo; eso sí, con indemnizaciones de las de antes, 45 y 33 días por año trabajado. En mayo de 2020 ya hubo otro ERE con 350 despidos. Es decir, un recorte de 980 trabajadores en un año para una plantilla de 7.400 personas.

A Galarza, más que las exoneraciones de cuotas le duelen los 125 millones de euros que la Generalitat Valenciana le ha concedido a Ford como ayudas públicas en los últimos cinco años. Y que, según teme, no van a impedir el lento declive de la factoría. El plan para Europa de la compañía estadounidense no parece halagüeño para Almussafes. “El vehículo eléctrico se lo adjudican a Turquía por sus bajos costes, en Polonia empiezan a fabricar baterías y a Valencia nos dejan con los motores que antes manufacturaban en Alemania, donde han cerrado, y que son motores muy potentes y fuera del mercado”, describe el dirigente de CCOO. “Nos hemos convertido en un depósito de cadáveres”, protesta.

Los datos del hundimiento ya no causan sorpresa, pero siguen suscitando impresión. El bofetón a un sector turístico acostumbrado al récord sigue deparando ahora hitos negativos uno detrás de otro. Hace ocho meses, la hipótesis de los números de hoy hubiera sonado a ciencia ficción en el país de los 83 millones de visitantes. La pandemia lo explica. Y a su vez abre la puerta a un agente que ya está dentro pero ahora lo tiene todo a favor para ensanchar su espacio: los fondos de inversión, los especuladores. Ya ocurrió con el derrumbe del ladrillo tras la anterior crisis.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron en septiembre un 78,4% respecto al mismo mes de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes. Se encadenan siete meses consecutivos de caídas estrepitosas. ¿Quién aguanta? Muchos no. El número de establecimientos abiertos disminuye respecto a agosto, pasando de 13.008 a 12.202. Han cerrado más de 800 en un mes. La cifra global representa una caída superior al 26% desde septiembre de 2019, cuando había 16.541 (4.339 más que ahora). Algo más de 313.000 trabajadores del sector turístico siguen en un ERTE, según datos del Ministerio Industria, Comercio y Turismo, de los cuales 116.710 empleados son de servicios de alojamiento.

“La situación, tenemos que ser realistas, es de demanda inexistente casi en todos los segmentos, salvo en naturaleza”, señala Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que no pone paños calientes y reitera la necesidad de ayuda pública: alargamiento de los ERTE, carencias hipotecarias... La Cehat también ha pedido acceso prioritario a los fondos europeos Next Generation. Marichal insiste en la necesidad de corredores turísticos. En su discurso, prácticamente da por descontado un pésimo 2020. Pero ya proyecta preocupaciones hacia el futuro, dado que las medidas ante la creciente segunda ola son cada vez más duras. Lo venidero casi parece peor que lo ya ocurrido.

Y hay una espada de Damocles pendiendo sobre el sector. Marichal fue de los primeros en lanzar una voz de alarma que han replicado numerosos hoteleros, en tono más alto o más baja. “Ya cometimos el error en la anterior crisis de regalar a precio de risa la gran mayoría de los activos inmobiliarios del país a los fondos buitre. En aquel momento se decidió ayudar a la banca, que a su vez colabora estrechamente con estos fondos. Esos fondos aún permanecen en empresas mixtas, revendiéndonos a precio de mercado la parte que compraron en aquel entonces a precio de ganga. Veo ahora que se va a cometer el mismo error. Si no se toman medidas pronto este país dejará otra parte importantísima de su economía en manos de esos fondos. Sí, así de claro”. Y añadía: “Perderemos la titularidad de gran parte de la mejor industria que tiene este país, que en su mayoría está en manos de familias españolas: el turismo. Seamos valientes, seamos hábiles, seamos sensatos y no dejemos a los buitres el esfuerzo de tantos años”.

Ahora, a preguntas de infoLibre, Marichal reflexiona: la clave está en que, si se negocia con fondos de inversión, sea “con carácter amistoso, no aprovechando situaciones derivadas de esta desgraciada enfermedad”. “Eso sería lo peor. Después de la última crisis del ladrillo, el grueso de las inversiones en nuestro país quedó en manos de estos fondos llamados buitre”, señala. Marichal no da nombres. Sí señala que son fondos “extranjeros y nacionales” que quieren “incrementar su portfolio”.

Fondos en movimiento

La inversión hotelera en España alcanzó los 2.518 millones de euros en 2019 (considerando hoteles en funcionamiento, inmuebles para reconversión en hotel y suelo para uso hotelero), según el Informe de Inversión Hotelera presentado en febrero por Colliers International. En 2019 cambiaron de manos en España 99 hoteles y 16.314 habitaciones frente a los 273 hoteles y 36.189 habitaciones del 2018, cuando la OPA de Blackstone sobre Hispania supuso el 40% del total inversión hotelera. En cuanto al origen y perfil del capital invertido, en 2019 cambió la tendencia. Los inversores nacionales se hicieron con el protagonismo, acumulando casi el 60% de la inversión registrada. En el plano nacional destacaron socimis como Atom y Millenium. A nivel internacional sobresalieron inversores de carácter institucional como Henderson Park o Partners Group y cadenas hoteleras como Leonardo o The Student Hotel. Según Hosteltur, el ranking de fondos de inversión y socimis con más habitaciones de hotel en España estaba en 2019 liderado con Blackstone (18.000), seguido de Atom, Portobello, Covivio, CBRE, Corum y Elalia. Junto a ellos, en el sector están las grandes cadenas hoteleras como Meliá, NH, Barceló, Riu e Iberostars, entre otros.

Los archipiélagos balear y canario fueron en 2019 los dos destinos que más inversión recibieron, con 389 y 380 millones de euros, respectivamente. Poco antes de la pandemia, en febrero, Blackstone preparaba 2.000 millones de euros para invertir en hoteles en el sur de Europa, como publicó Cinco Días. ¿Persiste el interés inversor en los hoteles, pese a la situación crítica y la incertidumbre? Es difícil saber en qué medida, pero persiste. Aunque nadie lo reconoce oficialmente entre los compradores, porque no es buena idea enseñar muchas cartas. Servimedia desveló en agosto que cuatro fondos preparan 2.000 millones de euros en inversiones en propiedad hotelera. Son Azora, Millenium Hotels, RHL Properties y Grupo Platinum Estates. No hay constancia de grandes operaciones cerradas a estas alturas. Demasiada volatilidad. Pero capacidades hay. Porque uno de los rasgos de los fondos es, precisamente, que tienen capital para comprar con el mercado derrumbado y aguantar hasta que vuelva a subir. Pueden resistir.

Los propios hoteleros hablan de ese interés. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ha señalado que los fondos están llegando al calor de la situación. Se ha mostrado prudente: "Vamos a ver cómo compran, limpian. Estos fondos buscan la rentabilidad y veremos a ver qué pasa". Más claro ha hablado el Gremi d'Hotels de Barcelona. Su presidente, Jordi Mestre, ha indicado que los fondos han salido de compras. En su caso, el presidente de Selenta Group afirma recibir "una o dos ofertas" de fondos cada semana desde que empezó la pandemia y ha alertado de que la irrupción de estos agentes hará retroceder a las empresas familiares. En Sevilla la patronal también ha confirmado movimientos.

Monlex, un despacho radicado en Baleares, ha llegado a difundir, a través de Hosteltur, un portal orientado a profesionales y propietarios el sector turístico, ideas para “no malvender hoteles a los fondos en un otoño difícil”. "Diría que los fondos tienen la escopeta cargada y van a empezar a disparar a partir de otoño o el invierno que viene", señalaba el socio del gabinete José Antonio Fernández de Alarcón, que sugería herramientas financieras para salvar la crisis sin vender.

Javier Gil, investigador sobre vivienda y fondos de inversión, señala sobre el papel de los fondos en el sector hotelero. “Ya venían haciéndolo, ya estaban ahí. Blackstone ha invertido masivamente en España y en Grecia. Actúan cuando la situación es peor, porque tienen liquidez y pueden aguantar”, señala. A su juicio, se da una situación “óptima” para su actividad. “Muchos hoteleros presentan dos alternativas. Una, que es la que más se está oyendo, es reclamar un rescate a fondo perdido. La otra opción es negociar sin liquidez, en una posición muy desfavorable”, señala. Gil observa una escenario de especulación de libro.

Derrumbe de reservas

Lo innegable son los pésimos datos y aún las peores perspectivas. No sólo afloran en la encuesta del INE. Este periódico solicitó al comparador Rastreator datos de reserva entre abril y septiembre y su comparación con 2019. Las reservas en hoteles han caído una media de 80% durante este periodo en comparación con el mismo de 2019. Ciudades como Madrid o Barcelona, que en 2019 se encontraban entre las que tenían mayor número de reservas, han sufrido caídas de en torno al 85%.

“Lo que estamos observando a raíz de la covid-19 y a consecuencia de los últimos acontecimientos es que la gente ya no programa sus viajes con tanto margen, sino que esperan hasta el último momento para coger un hotel, alquilar un coche e incluso en un mismo día, hacen la reserva y se marchan... Hay un turismo de mayor proximidad y la parte positiva es que te permite hacerlo con una menor planificación. Debido a la incertidumbre que hay en estos momentos y los futuros confinamientos es una tendencia que muy probablemente se alargue en el tiempo hasta que se pueda volver a viajar con total normalidad”, explica Daniel Mata, responsable del área de viajes de Rastreator.

La regulación del empleo de viviendas como alojamientos destinados al uso turístico –una actividad muy cuestionada por el sector hotelero y por los vecinos de las zonas más afectadas por este fenómeno– corre el riesgo de acabar topándose con los tribunales.

Así ocurrió en Madrid, que a instancias de la Justicia tuvo que revisar el año pasado la legislación que prohibía alquilar inmuebles por un período inferior a cinco días; y, más recientemente, en Canarias, donde los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anularon en una sentencia fechada el pasado 21 abril las restricciones más relevantes que el Gobierno de esa comunidad había impuesto al alquiler de pisos para turistas.

El Ejecutivo canario pretendía impedir que esas viviendas se establecieran en zonas donde se ubican los hoteles y los tradicionales apartamentos turísticos, prohibir el alquiler de habitaciones de forma separada, o exigir para poder ofrecer un alojamiento de este tipo de una declaración responsable supeditada a la inscripción en un registro. Pues bien, todos estos artículos han quedado anulados por el TSJC, que han estimado que infringen la libertad de empresa y lesionan la competencia. 

Los magistrados, de hecho, acusan al Gobierno canario de "tratar de favorecer" la oferta de productos turísticos tradicionales "vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios" y señalan que "la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, lo que lesiona la libre competencia”.

En el caso de la Comunidad Madrid los jueces estimaron que la disposición que impedía que las viviendas de uso turístico pudieran contratarse por un periodo inferior a cinco días restringía la competencia y no estaba justificada "ni en la protección al usuario turístico ni en el combate a la opacidad fiscal". El Ejecutivo regional (PP) trabaja actualmente en una modificación de la normativa que regula las viviendas turísticas de la que no han trascendido detalles. 

Las asociaciones del sector habían criticado que la prohibición a estancias mínimas de cinco días suponía vetar entre el 80% y el 90% de su negocio, dado que la reserva media en la región es de 3,2 días. Desde Fevitur reconocieron ayer que la sentencia “supone un gran avance, dado que la limitación de los cinco días buscaba proteger al lobby hotelero”. Afirman además que su aplicación ha afectado a la explotación de empresas y particulares.

Recursos de la CNMC

Las resoluciones de los jueces madrileños y canarios fueron consecuencia, entre otros, de recursos presentados por la Abogacía del Estado en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que viene reclamando a las diferentes administraciones una legislación más flexible para no perjudicar la libre competencia. A estos recursos también se sumaron asociaciones de defensa de este sector como la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). 

Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur, celebra que ya haya dos fallos a favor de los intereses de su sector. A su juicio, la sentencia en Canarias pone de manifiesto que la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico "facilita la libre competencia en la prestación de servicios". "Además, las empresas que desarrollamos esta actividad somos actores fundamentales en el ecosistema de los alojamientos turísticos, de gran importancia para el crecimiento económico en nuestro país", señala.

En el otro lado, la asociación de empresas turísticas Exceltur reclama en el informe Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados [consultar, aquí] que estos inmuebles cuenten con seguros de responsabilidad civil, requisitos de habitabilidad mínimos, hojas de reclamaciones y que se ofrezcan contratos y facturas al cliente. Los hoteleros sostienen que el usuario también se ve perjudicado, ya que estas viviendas no cuentan con las exigencias de seguridad y limpieza de sus establecimientos. 

No obstante, estas sentencias pueden no ser las últimas. Esta misma semana las autoridades del regulador amenazaron a la Xunta de Galicia con llevarla a los tribunales si no cambia su decreto sobre alojamientos por temporadas pues, a su juicio, impide "precios competitivos" e impone limitaciones y requisitos excesivos a las empresas y particulares que promueven esta actividad.

En un requerimiento previo a la vía judicial, la CNMC insta al Gobierno del conservador a eliminar cuestiones como la prohibición del alquiler por habitaciones o la posibilidad de permitir a los ayuntamientos que limiten el número de viviendas turísticas en determinadas zonas o edificios. Además, según confirman a infoLibre fuentes del regulador, los funcionarios de la CNMC están preparando nuevos requerimientos sobre otras normativas que se han aprobado recientemente. 

En el ojo del huracán está ahora mismo el decreto con el que el Gobierno de Baleares (PSOE-Més) quiere poner coto a las viviendas turísticas no regladas. Esta norma incluye propuestas ya vetadas por los jueces en Canarias y cuestionadas por la CNMC en Galicia como que los ayuntamientos tengan capacidad para prohibir este tipo de alquileres en determinadas zonas. También otras como que sea considerado alquiler turístico aquel inferior a un mes de duración, que no se puedan comercializar con esos fines viviendas de menos de cinco años de antigüedad y que las comunidades de vecinos puedan impedir los pisos turísticos si así se acuerda en una reunión de la junta. 

¿Intercambio entre iguales? 

Más allá de las cuestiones relacionadas con la competencia o los derechos de los consumidores existe el debate sobre hasta qué punto las empresas que promueven el empleo de viviendas como alojamientos destinados al uso turístico fomentan un intercambio entre iguales lejos de los tradicionales hábitos de consumo. No es lo mismo alquilar una habitación de forma temporal a turistas a través de plataformas como Airbnb que utilizar esa misma plataforma como medio para arrendar de forma sistemática a turistas una vivienda. 

Una de las claves es hasta dónde llega el ánimo de lucro en medio de un terreno abonado por la incipiente legislación y el vacío fiscal. Y hasta qué punto estas plataformas compiten o no de forma desleal con el negocio tradicional. En este punto es relevante si se cobra o no por el servicio y cuánto se cobra. Por ejemplo, AirBnB, la plataforma de alquiler de casas entre particulares que trae de cabeza al sector de la hostelería, cobra a los anfitriones una comisión del 3% por cada reserva completada y a los huéspedes de hasta el 12%. El debate está sobre la mesa y hay posiciones encontradas.

De la renqueante economía española tiran dos locomotoras: las exportaciones y el turismo, según repite el Gobierno cuando habla de recuperación y salida de la crisis. La patronal hotelera Exceltur prevé que este ejercicio el sector crezca un 2%, después de un comienzo de año en el que el PIB turístico ha aumentado un 4,2% respecto a un primer trimestre de 2013 tachado de “terrible” por las propias empresas. “2014 será un muy buen año turístico”, aventura el secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), Emilio Gallego.

Cuestión distinta es que esa mejoría se traslade inmediatamente al empleo. A las puertas de la temporada alta y con la “mejor Semana Santa de la crisis” como preludio, en el sector turístico –paradigma del trabajo estacional– “llueve sobre mojado”, en palabras de Gonzalo Fuentes, secretario general de la Federación de Comercio y Hostelería de CCOO en Andalucía. “Han aumentado un 10% las estancias de los turistas en los hoteles, pero el empleo en el sector sólo ha crecido un 2% de media”, explica. El responsable de Comercio, Hostelería y Turismo de UGT en Baleares, Antonio Copete, niega tajante que la recuperación turística de 2013 haya siquiera rozado al empleo. De hecho, el que se ha creado, coinciden ambos, es cada vez más eventual, más precario y más fraudulento, en un sector ya de por sí abonado a la temporalidad y proclive al trabajo en negro.

Por el contrario, Emilio Gallego calcula que 2013 terminó para la hostelería con 20.000 empleos netos más, fruto de la recuperación experimentada desde finales del pasado verano. Este año, asegura, se alcanzarán puntas en julio y agosto que superarán con mucho “los 40.000 puestos de trabajo de un año malo”, aunque tampoco llegarán a los 100.000 de uno muy bueno.

Detrás de ese impulso empuja la demanda extranjera, que va viento en popa favorecida por la huida de turistas europeos de otras zonas conflictivas como Egipto, Turquía o Túnez, analiza Exceltur en su informe trimestral sobre perspectivas del sector. Mientras, la demanda nacional se anima de forma “muy lenta” y “muy tímida, aunque firme, sin altibajos”, precisa Emilio Gallego. Si a ambos factores se le suma la tranquilidad de saber que el turismo va a seguir disfrutando de un tipo reducido de IVAun tipo reducido de IVA, el responsable de la Federación Española de Hostelería cree que se están sentando “las bases de un crecimiento sano y duradero”. “Empieza a haber aperturas e inauguraciones de nuevos negocios, se ven reformas y traspasos, el clima ha cambiado”, destaca.

Más tiempo parcial, fijos discontinuos que no despegan

Los sindicatos no son tan entusiastas. Gonzalo Fuentes augura que éste será un año récord gracias a los “turistas prestados” por Egipto y Turquía, así como al repunte de los clientes nacionales, pero denuncia que en lugar de crearse empleo lo que está aumentando es la carga de trabajo de las plantillas, la economía sumergida y la precariedad. Ni sano ni duradero. El crecimiento, contradice, es “desdibujado” y “empañado”: los contratos a tiempo parcial se han triplicado gracias a los cambios impuestos por la reforma laboral, hasta alcanzar al 35% de los trabajadores del sector en Andalucía. “Jornadas de dos horas al día, de tres días a la semana… son los minijobs españoles”, describe el responsable de CCOO. A cambio, el empleo estable de ocho horas desaparece. Si se trabajan, la mitad se cobra en negro, o no se cobra, resalta. Un modelo que viene de lejos y que Emilio Gallego califica de “lacra”. “Estamos luchando contra el trabajo no declarado”, alega, aunque a continuación aclara que se trata de una ilegalidad de la que “se aprovechan los dos lados, el empresario y el trabajador”.

Enfrente, además, se encuentra una Inspección de Trabajo que carece de armas para luchar contra el fraude, se queja el dirigente de la UGT balear. También, interviene el responsable CCOO, unas instituciones sin “voluntad” para “meter mano” al problema en una comunidad autónoma como la andaluza con un escandaloso 36,3% de paro, según los últimos datos de Eurostat.

La patronal hostelera, por su parte, invita a huir de lo que su secretario general llama “estereotipos”. “Un trabajo de 450 euros por cuatro horas con alta en la Seguridad Social no es empleo de mala calidad”, asegura Emilio Gallego. Sobre todo si el trabajador no tiene experiencia ni formación, añade.

Tanto los sindicatos como la patronal defienden el contrato fijo discontinuo como la solución estable pero flexible que necesita el sector. Emilio Gallego cree que es “perfecto”: “Da seguridad al trabajador y al empresario, que de esa forma no debe diseñar plantillas nuevas cada año, además de proporcionar al trabajador formación y prestaciones durante los periodos de inactividad”.

Sin embargo Antonio Copete denuncia que la suma de fijos y fijos discontinuos no supera en Baleares el 60% de las plantillas, pese a que el convenio colectivo del sector fija que el umbral debe alcanzar el 75% para las empresas de más de 25 trabajadores. Gonzalo Fuentes opina que los empresarios prefieren acudir a los “extras” para atender aumentos puntuales de clientes: trabajadores a los que pagan, por ejemplo, 40 euros y no dan de alta en la Seguridad Social. O a los que hacen contratos cada vez más breves, de dos o tres meses de duración, dice Antonio Copete. Para el responsable andaluz de CCOO, la “visión cortoplacista” de los empresarios está detrás de estos comportamientos, que terminan deteriorando la calidad del servicio. A más temporalidad, menos formación para el trabajador, también peor atención al cliente y menos posibilidades de fidelizarlo. “El único objetivo”, resume, “es abaratar los costes salariales”.

Camareras de piso subcontratadas a mitad de precio

Aumentar la cuenta de resultados es también, según el sindicalista balear, el motivo por el que las empresas hoteleras se están apuntando cada vez más a la externalización de servicios que hasta ahora formaban parte de su negocio básico. Empezaron las cadenas pequeñas, relata Antonio Copete, pero ya las han copiado otras más grandes. NH Hoteles subcontrató el año pasado a buena parte de las camareras de piso a las que había despedido antes en un ERE de los dos que ejecutó. Camareras de piso, cocineros, conserjes, gobernantas… ya no pertenecen a las plantillas de los hoteles donde trabajan. Son aportados por empresas de recursos humanos y outsourcingoutsourcing. Cobran hasta un 40% menos porque no les ampara el convenio de hostelería, sino el de esas empresas ajenas al sector, con condiciones muy inferiores.

Antes eran las ETT las que proporcionaban estos trabajadores. Pero dejaron de ser atractivas para los hoteles desde el momento en que éstas tuvieron que pagar a los empleados el salario del convenio sectorial. “Así que ahora son empresas nuevas, de puesta a disposición de trabajadores, las que suministran las camareras de piso, por ejemplo”, explica Antonio Copete. UGT y CCOO denunciaron a una de ellas, Constant, en la Audiencia Nacional, que declaró nulo su convenio el pasado mes de febrero. Estas empresas, continúa Copete, sólo tienen en plantilla a una treintena de empleados, administrativos y personal de dirección, pero firman un convenio propio que incluye más de 200 categorías profesionales de toda índole, las de los 8.000 o 10.000 trabajadores que pueden llegar a proporcionar a sus clientes. Si el sueldo de una camarera de piso por convenio debe ser de 1.500 euros brutos al mes, las subcontratadas por estas empresas no superan los 800 euros, calcula el sindicalista. Además, los hoteles “pagan por habitación hecha” a estas firmas, con lo cual “fuerzan los ritmos de trabajo y perjudican la calidad del servicio”.

50.000 parados en temporada alta

El resultado es que “la relación calidad/precio está empeorando”, critica precisamente Gonzalo Fuentes, “porque España ya no es tan barata”. El portavoz de la patronal lo desmiente. “El español es un modelo turístico de éxito, por su cercanía a los grandes mercados emisores, por su clima, su paisaje, su cultura y su estilo de vida”, subraya. A lo que habría que sumar una “amplia planta hotelera y unos precios razonables”. “Tenemos una oferta con personalidad y marca suficiente”, concluye Emilio Gallego, quien rechaza también que España viva ahora de los “turistas prestados” por países conflictivos.

Gonzalo Fuentes concede que el modelo español es ahora más diverso que hace unos años, aunque el “sol y playa” siga constituyendo el grueso de la oferta. Eso sí, también lo ve lejos del turismo “sostenible y de calidad” que debería ser el objetivo. Además con empleo estable y formación. “Con clientes y trabajadores satisfechos”, remata.

Sobre todo en un país donde el 12% de la mano de obra trabaja en este sector, el triple de la media europea. Además, por cada 100 empleos directos, el turismo crea otros 140 indirectos, destaca el responsable de CCOO. En zonas como Baleares, el 40% de la población vive del turista, asegura Antonio Copete. “Un auténtico monocultivo”, apunta Gonzalo Fuentes. Y allí el boom no ha impactado aún en el empleo. “Que en Baleares el pasado mes de agosto hubiera 50.000 personas en el paro”, denuncia el dirigente de UGT, “es todo un síntoma”.

NH Hoteles ha repartido 2,5 millones de euros entre sus consejeros, así como retribuciones variables en acciones por importe de 209.401 euros entre 30 directivos, correspondientes a 2013, el mismo ejercicio en que ejecutó dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por los que terminó despidiendo a 483 trabajadores.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cadena hotelera ha distribuido 2,5 millones de euros entre sus 14 consejeros, de los cuales cuatro disfrutan de contratos blindados. Además, ha repartido en concepto de retribución variable un total de 42.735 acciones entre cinco miembros de la alta dirección (12.240 títulos) y otros 25 empleados cuyo cargo no precisa (30.495 títulos). El precio de adjudicación de cada una de las acciones es de 4,90 euros, por lo que el monto total del bonus alcanza los 209.401 euros. El máximo individual que podrá percibir cada directivo es de 12.000 euros.

NH todavía no ha remitido a la CNMV el informe anual sobre remuneraciones de sus consejeros correspondiente a 2013, por lo que no se sabe cuál ha sido la retribución del presidente de la cadena, Rodrigo Echenique, quien también es consejero del Santander –donde cobra 493.000 euros al año y una aportación a su plan de pensiones de 15.574 euros más– y del grupo Vocento – 72.000 euros–. Pero sí es pública la indemnización que cobró su antecesor en el cargo, Mariano Pérez Claver: 1,12 millones tras sólo 21 meses en el cargo.

Este reparto se lleva a cabo pese a que las cuentas de 2013 arrojan unas pérdidas de 39,8 millones de euros. En todo caso, la cifra es un 86,4% inferior a la del año anterior. Según explica la empresa la CNMV, aunque la ocupación creció un 3,4% el año pasado, sus ingresos por la actividad hotelera se redujeron un 1,7%, hasta los 1.266 millones de euros.

Como consecuencia de los dos ERE que ejecutó, NH Hoteles redujo los gastos de personal un 1,5%. El primero lo presentó la cadena en abril y supuso el despido de 377 empleados, con unas indemnizaciones de 30 días por año trabajado y un tope de 18 mensualidades. La mayor parte de los trabajadores afectados fueron del departamento de pisos: camareras y limpiadoras. De hecho, el 85% de los despedidos han sido mujeres. El departamento desapareció como tal, y el trabajo fue subcontratado con una empresa externa, en la que se ofreció la recolocación de los despedidos. A cambio de cinco días menos de indemnización.

Precarización “lamentable”, pero legal

Así que los sindicatos impugnaron el ERE ante la Audiencia Nacional. La sentencia dio la razón a NH Hoteles tras considerar la subcontratación del servicio de pisos una “fórmula de supervivencia ante unas pérdidas crecientes y niveles de endeudamiento altísimos”, y no una medida que obedeciera “a la pura conveniencia y estrategia empresarial” para aumentar beneficios.

Curiosamente, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional reconocía que subcontratar a las camareras y limpiadoras despedidas, además de reducir costes, implicaba la “precarización” de sus condiciones laborales, una circunstancia que no dudaba en tachar de “absolutamente lamentable”. Según el tribunal, los trabajadores no tienen “derecho a la contratación directa”.

El segundo ERE lo presentó la cadena hotelera en noviembre y afectó al área de administración en Madrid y Barcelona. Finalmente fueron despedidos 106 trabajadores. Como ocurrió en el primer despido colectivo, en el segundo se ofreció también la recolocación, aunque sólo a 19 empleados, en Accenture, con una rebaja de cinco días en la indemnización.

Una de los argumentos sindicales contra el ERE fue la entrada en el capital de la cadena hotelera del grupo chino HNA, que adquirió al dueño de Inditex, Amancio Ortega, un paquete de 12,5 millones de acciones, el 4% del capital de NH. Esto es 234 millones de euros. El plan estratégico a cinco años que el consejo de administración de la cadena aprobó en septiembre incluye un plan de inversiones “estratégicas” superior a los 200 millones de euros.