El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reconvenido al Ministerio de la Presidencia por no facilitar el informe en el que se basó la Oficina de Conflicto de Intereses para autorizar el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por parte del bufete de abogados Cuatrecasasbufete de abogados Cuatrecasas y le ha instado a remitírselo a la persona que se lo pidió haciendo uso del derecho reconocido en la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Según se relata en la resolución del CTBG, recogida por Europa Press, el pasado mes de marzo una persona solicitó al departamento que dirige Calvo una copia de los informes que, con fecha 7 y 8 de ese mes, realizaron la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad y la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del ministerio sobre la compatibilidad de que Sáenz de Santamaría iniciara una actividad privada en la citada empresa.

La ley establece un plazo de dos años de limitación para el ejercicio de actividades privadas tras el cese de los altos cargos, que no podrán incorporarse a entidades privadas que se hayan visto afectadas por decisiones en las que hayan participado. Su fichaje debe ser autorizado por la Oficina de Conflicto de Intereses.

El solicitante pidió los dos informes citados que sirvieron para dar la compatibilidad a Sáenz de Santamaría y todos los que se hubieran podido realizar en el ministerio sobre el mismo asunto, pero pasaron dos meses y no recibió respuesta. Por eso, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se encarga de velar por la buena aplicación de la citada norma.

El demandante de los informes presentó su reclamación el 24 de mayo, argumentando que no había ningún motivo para que se le denegara. Incidía, en concreto, en que carece de sentido que el Portal de Transparencia publique las autorizaciones de compatibilidad que realiza la Oficina de Conflicto de Intereses, pero no los informes en los que se basan y añadía que estos documentos sí han sido difundidos en otros casos por medios de comunicación.

En las alegaciones planteadas por el Ministerio de la Presidencia tras dar trámite el Consejo a la queja del solicitante, el departamento que dirige Calvo explicó que el 23 de mayo, justo un día antes de que se registrara la reclamación, la Secretaría General Técnica-Directora del Secretariado del Gobierno había acordado inadmitir la solicitud de información sobre los informes.

La denegación se fundamentaba en que se trataba de informes entre órganos administrativos recabados a instancias de la Oficina de Conflicto de Intereses y que encajaban, según Presidencia, en un artículo de la ley que permite inadmitir las solicitudes que se refieran a "información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

Un argumento que rebatió tanto el solicitante, tirando de argumentos del propio Consejo de Transparencia, como después este mismo organismo. Ambos coinciden en que no se puede considerar "información de apoyo" aquella que tenga "relevancia" en la tramitación de un expediente o en la conformación de la voluntad pública de un órgano y sea también relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación.

Esos informes, recalca el Consejo, "sirven para conformar la voluntad final" de la Oficina de Conflicto de Intereses que concede o no la compatibilidad en función de su contenido. "Así, debido a que dichos documentos forman parte del formación de voluntad del órgano decisorio, el conocimiento de su contenido es relevante en la media en que, en palabras de los tribunales de Justicia pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente aspectos relevantes que han de ser informados", señala el Consejo.

Por ello, el Consejo de Transparencia ordenó al Ministerio de la Presidencia que remitiera al reclamante los informes que le había solicitado y que enviara también una copia de esos documentos al propio Consejo.

Nueva irregularidad

Además, este organismo reconvino al Ministerio de Presidencia por haber cometido una "irregularidad" al tardar casi un mes en informar al reclamante de los informes de que su petición de información había sido inadmitida. Casualmente esa comunicación se produjo el 24 de mayo, justo un día después de que el solicitante, presentara su reclamación ante el Consejo por el silencio de Presidencia.

A esto se añade que el comienzo de la tramitación del expediente coincide con la resolución del mismo, lo que para el Consejo de Transparencia supone un hecho "claramente irregular en la medida en que no puede argumentarse que, en el mismo día en que se produce el comienzo de la tramitación de un expediente se produce la finalización del mismo mediante resolución expresa". De hecho, el propio Consejo recuerda que ya reconvino en otra ocasión al Ministerio de la Presidencia por una actuación similar.

La semana pasada se hizo público que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había alcanzado un acuerdo para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más importantes de España. Para acceder a su nuevo puesto, Santamaría tuvo que recibir el permiso de la Administración, que certificó que no existe conflicto de intereses por su pasado político. Pero el bufete al que accede la vicepresidenta es muy activo a la hora de litigar contra España: Cuatrecasas representa al menos a siete empresas que se encuentran pleiteando contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables del Gobierno en el que Santamaría era vicepresidenta.

Fue el pasado lunes cuando se anunció que Santamaría volvía al sector privado por la puerta grande. La exvicepresidenta, abogada del Estado de profesión, ha fichado por Cuatrecasas con rango de socia de la empresa y entrando en su consejo de administración, después de que la Oficina de Conflictos de Intereses diese luz verde al entender que, durante su etapa en el Gobierno, no había tomado ninguna decisión relacionada con la firma. Pero, aunque no dependerá directamente de ella, la nueva empresa de Santamaría sí que está pleiteando contra el Estado en casos muy relacionados con decisiones tomadas durante su mandato como vicepresidenta.

A día de hoy, España se enfrenta a 32 procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. En este tipo de tribunales, no compuestos por jueces sino por árbitros elegidos por las partes, las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado les compense si entienden que uno o varios cambios legislativos han perjudicado su inversión y les han hecho perder o, incluso, dejar de ganar dinero.

La mayor parte de los 32 procesos de arbitraje abiertos en el Ciadi contra España están impulsados por empresas que invirtieron en energías renovables antes del recorte que el Gobierno del PP llevó a cabo durante su última legislatura con mayoría absoluta. Y, de esa cifra, un total de siete compañías están representadas en sus reclamaciones por el bufete Cuatrecasas del que ahora Santamaría es socia y miembro de su consejo de administración.

infoLibre se puso en contacto con Cuatrecasas para conocer si, además de esos siete casos ante el Ciadi, el bufete también representa a empresas que pleitean contra España en otros tribunales de arbitraje similares como Uncitral –dependiente de la ONU– o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, además de para conocer más detalles sobre otros casos en los que esté litigando con el Estado. El bufete, no obstante, se limitó a señalar que la única información disponible es la que hace pública Ciadi.

NextEra reclama 291 millones representada por Cuatrecasas

En estos procesos, la compañía en cuestión demanda al Estado y, si los árbitros concluyen que lleva razón en sus reclamaciones, posteriormente se fija la cuantía de la indemnización, por lo que es imposible conocer con exactitud cuál es la cantidad reclamada a España. Pero a finales de 2017, la Abogacía del Estado –que es quien defiende a España en los procedimientos abiertos en el Ciadi– aseguraba que la cifra global de reclamaciones ascendía a más de 7.000 millones de euros, en torno a un 0,7% de todo el PIB español.

Y, por el momento, Cuatrecasas parece estar teniendo bastante éxito con sus demandas, para perjuicio del Estado. El pasado jueves, el Ciadi se pronunció a favor de la empresa estadounidense NextEra Energy casi cinco años después de que la compañía registrase su demanda ante la corte de arbitraje. Pese a que el siguiente paso en el procedimiento es cifrar la cuantía de la indemnización y España aún puede reclamar una rebaja, la propia NextEra sostuvo hace unos días que, a su juicio, España les debe aproximadamente 291 millones de euros "más intereses".

España, de hecho, ya ha tenido que enfrentarse al pago de varias indemnizaciones desde que comenzó la avalancha de reclamaciones, que se incrementó especialmente a partir de 2013. De momento, el Ciadi ha fallado ya a favor de tres demandantes: Masdar –representante del fondo soberano de Abu Dabi–, por una cifra de 64,5 millones de euros, Eiser Infraestructure, por otra de 128 millones, y Antin, por 112 millones. Además de a NextEra, el bufete que ha fichado a Santamaría representa a dos compañías japonesas (JGC Corporation e Itochu Corporation), una alemana (BayWa r.e.), otra británica (InfraRed) y una luxemburguesa (Renergy), además de a un holding suizo (Schwab Holding AG). Esos seis procedimientos impulsados en el Ciadi por Cuatrecasas aún no tienen veredicto, aunque algunos de ellos llevan años en marcha y ya han pasado por varias fases.

Dinero público gastado en abogados

Pero el dinero utilizado para satisfacer las indemnizaciones determinadas por el Ciadi no es el único que está teniendo que gastar el Estado a la hora de pleitear contra las empresas afectadas por el recorte a las renovables del Gobierno del PP. Tal y como reconoció el Ejecutivo liderado entonces por Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos, el Gobierno se vio obligado a crear "dentro de la Abogacía General del Estado un departamento especializado en la llevanza de procedimientos de arbitrajes de inversión". Y, pese a que es este órgano el encargado de representar a España en los procedimientos de arbitraje, España ha tenido que contratar en varias ocasiones bufetes de abogados privados para continuar pleiteando en tribunales ordinarios estadounidenses o suecos, donde la Abogacía del Estado no puede intervenir.

La oleada de demandas contra España en los tribunales de arbitraje comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Rajoy, que supuso la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables. En esa reforma, el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sólo el 0,23% de la población reclusa española son evasores fiscales. Apenas 150 personas cumplen en estos momentos condena en las cárceles del país por delitos contra la Hacienda Pública. Uno de los que ha evitado la prisión es Emilio Cuatrecasas, expresidente y aún socio de uno de los bufetes más prestigiosos de España, quien, pese a haber cometido ocho delitos fiscales, ha obtenido una rebaja sustancial de condena. Gracias a un acuerdo con la Fiscalía, una pena inicial que podría haber sumado los ocho años –un año de cárcel de sanción mínima por cada delito– se ha quedado en sólo dos. Y la ley únicamente ordena el ingreso en prisión para quienes reciban penas superiores a los dos años.

Para pactar con el fiscal esa reducción de la condena, Cuatrecasas ha tenido que ingresar 4,13 millones de euros en Hacienda, tres millones por la cantidad defraudada y 1,1 millones en intereses de demora. Lo hizo el pasado 24 de marzo. Ese pago le ha servido para que el fiscal le aplique una atenuante “muy cualificada” por “reparación del daño”. Además, tendrá que pagar una multa de 1,52 millones de euros, el 50% de la cantidad que defraudó. En total, la ley y los tribunales le han permitido evitar la cárcel a cambio de 5,65 millones de euros.

“Se trata de un tipo de acuerdo que beneficia a todos: a las arcas públicas, porque ingresa unas cantidades, y al fiscal porque evita litigios largos”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Por lo general, también interesa al defraudador, porque evita la exposición pública. No ha sido el caso de Emilio Cuatrecasas. Pero lo que lamenta Mollinedo es que, al eludir la cárcel, se pierda también el efecto ejemplarizante y disuasorio. Los técnicos de Hacienda no dejan de criticar que el mero hecho de pagar lo adeudado permita ocultar el nombre del defraudador, además de que, si el ingreso se hace en un plazo de dos meses desde que se comunica la apertura de la investigación, se aplica una rebaja en uno o dos grados de la pena.

Mejor la vía penal que la administrativa

Es más, la ironía reina en el reproche legal al fraude contra la Hacienda Pública. No hay apenas diferencia entre el castigo cuando se defrauda más de 120.000 euros en un mismo ejercicio –delito fiscal– y el que se recibe si se engaña al fisco por debajo de esa cifra –se considera una infracción administrativa–, recuerda José María Mollinedo. A veces, incluso, resulta más beneficioso para el defraudador terminar en la vía penal que sufrir un castigo administrativo. En el caso de Emilio Cuatrecasas y suponiendo que su infracción haya sido considerada grave, en lugar de muy grave, ha pagado un 19% menos que si hubiera sido castigado por la vía administrativa. 569.800 euros menos, según los cálculos de Gestha.

En las infracciones administravias, la ley tributaria también ofrece un descuento del 30% si el defraudador da su “conformidad” con la condena y otro del 25% si ingresa lo adeudado al fisco. La prioridad, siempre, es recaudar el dinero distraído a las arcas públicas.

De esa filosofía general se benefició también el futbolista del Barcelona FC Lionel Messi, quien abonó a Hacienda 53 millones de euros el año pasado más otros tres millones de multa por fraude durante tres años, de 2007 a 2009. También el propio club de fútbol, que llegó a pagar hasta 60 millones de euros en 2010. O la soprano Monserrat Caballé, quien aceptó el pasado diciembre una pena de seis meses de cárcel tras devolver 250.000 euros, la mitad de lo que había defraudado, y evitó el juicio.

Emilio Botín quedó igualmente eximido de responsabilidad penal tras ingresar en Hacienda un total de 200 millones de euros en 2010. En su caso, no hizo falta llegar al juez. La Agencia Tributaria invitó al banquero a regularizar su situacióninvitó y evitó así cualquier tipo de acción penal o administrativa.

Una operativa habitual de fraude 

La operativa que utilizó Emilio Cuatrecasas es una de las más habituales para eludir el pago de impuestos. Por eso, su vigilancia está incluida en los planes de control de la Agencia Tributaria. El abogado simuló una “sucesión de negocios” en una sociedad de su propiedad, Emesa SL, en la que incluyó “bienes de uso y disfrute exclusivamente personal y familiar”. Esos negocios simulados le servían para aparentar que los bienes –dos viviendas en Barcelona, dos casas en el Valle de Arán y en el Baix Emporda, una embarcación de recreo y varios vehículos– estaban vinculados a una actividad económica y, por tanto, podía deducir sus gastos.

Cuatrecasas y su familia figuraban como meros arrendatarios de esas viviendas, yate y vehículos. A la sociedad se imputaban igualmente los gastos por compra de muebles, electrodomésticos, decoración, y hasta los sueldos del personal de servicio y de la tripulación del barco. De esta manera Cuatrecasas defraudó un total de 827.600 euros en el IVA, 312.887 euros en el impuesto de sociedades, 775.492 euros en el IRPF y 1,1 millones en el impuesto sobre el patrimonio. Todo ello a lo largo de tres ejercicios: de 2006 a 2008.

Un bufete con código ético experto en práctica fiscal

El bufete Cuatrecasas, que Emilio presidió hasta julio de 2014, considera la condena un “asunto privado de un socio, relacionado con su patrimonio personal”. Preguntado por infoLibre, un portavoz se ha limitado a precisar que se trata de alguien “que ya no tiene ningún cargo de representación en la empresa”.

Cuatrecasas, con oficinas en 11 países, cuenta con 200 socios y en él trabajan 962 abogados. Su portavoz no ha querido comentar el perjuicio a la imagen y prestigio del bufete que puede suponer la condena a su expresidente. En marzo de 2008 Cuatrecasas anunció que se dotaba de un código ético y deontológico que sus trabajadores asumen “voluntariamente más allá de los límites que establecen las leyes o normas profesionales”. Según su página web, la “honestidad y la transparencia” constituyen uno de los pilares de esa norma interna.

El área fiscal es la segunda del despacho en facturación: de ella proceden el 32% de sus ingresos. “La práctica fiscal de Cuatrecasas está considerada como una de las más prestigiosas e importantes de la Península Ibérica”, destaca el bufete en su web. También presume de encontrarse en esta área “a la vanguardia del derecho fiscal en España y Portugal” y de que sus 300 abogados especializados “participan a menudo en la redacción de nuevas leyes en el ámbito fiscal”.

Precisamente este viernes el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley General Tributaria que permitirá a Hacienda publicar los nombres de los morosos y defraudadores por encima del millón de euros. Además, ahora se publicarán las sentencias condenatorias firmes de delitos fiscales. El objeto de darles publicidad no es otro, asegura el Gobierno, que “concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen y eviten el reproche social”.

El Banco de España también ha contratado al despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira para que le preste asesoramiento jurídico en el proceso de cambio en las reglas que marca el Banco Central Europeo (BCE) en materia de elaboración de billetes y monedas. La existencia de este encargo fue desvelada a este periódico por los sindicatos CCOO y UGT, que critican el hecho de que una firma privada acceda a manejar información tan sensible como es la relativa a la edición de papel moneda. Preguntado por infoLibre sobre los términos exactos del contrato, su justificación y cuantía, un portavoz del Banco de España señaló que desde el supervisor no se iba a hacer "ningún comentario" al respecto porque "en el supuesto de que ese contrato existiera estaría sujeto a confidencialidad". Asimismo, desde el departamento de Comunicación de Cuatrecasas aseguraron no estar autorizados a "trasladar ningún dato o confirmación" sobre contratos con sus clientes.

A este acuerdo se suma otro firmado entre el Banco de España y la consultora privada Accenture para el asesoramiento en la parte técnica del mismo proceso por el que el BCE obliga al supervisor español a hacer cambios en el procedimiento actual de edición de papel moneda, que ha estado en manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) desde 1940, y del que dio cuenta infoLibre este viernes. El supervisor tampoco desvela su cuantía y se limita a concretar que el objetivo del mismo es obtener información sobre cuál es la “viabilidad industrial” y cómo es “la organización del trabajo” en la FNMT, pues todo parece indicar que el Banco de España –para adaptarse a lo que pide el BCE– tendrá que crear una nueva planta de impresión a la que se trasladarán los recursos humanos y técnicos de la FNMT necesarios para su funcionamiento. 

El Banco de España se acoge a que no tiene obligación de dar publicidad en su web a los contratos que realiza en dos supuestos: en el caso de las adjudicaciones que se hacen bajo un procedimiento negociado y las que no alcanzan la cuantía mínima que establece la ley. Los sindicatos creen que, al menos en el caso de Accenture, el modelo utilizado fue el del procedimiento negociado sin publicidad. En cualquier caso, los representantes de CCOO y UGT en la FNMT estiman que el trabajo para el que el regulador ha contratado a Accenture y a Cuatrecasas es innecesario y que, en cualquier caso, se podría haber realizado con el personal especializado con el que cuenta el supervisor bancario. 

El diputado de ICV Joan Coscubiela, que se reunió con las organizaciones sindicales para abordar este asunto, considera "evidente" que el Banco de España cuenta con los elementos técnicos y de personal suficientes como para determinar en qué medida hace falta o no reformar la Fábrica de la Moneda y que por tanto podría haberse ahorrado la contratación de las dos compañías privadas. No obstante, Coscubiela considera que lo "más preocupante" de este hecho es la "falta de transparencia" de la que ha hecho gala un organismo como el Banco de España al no publicitar los términos exactos de sus acuerdos con Cuatrecasas y Accenture y la justificación de los mismos. "No tendría que hacer falta ni que se pidieran, este tipo de contratos debería estar colgados en la página web", lamenta el parlamentario, que ve en este hecho un ejemplo más de cómo "el Gobierno habla mucho de transparencia, pero ni la practica ni hace que se practique". 

Críticas sindicales 

"Es increíble que el Banco de España contrate a una empresa privada para que entre en la Fábrica de la Moneda, se haga acopio del know-how, de los procedimientos de trabajo y de la experiencia de una compañía con más de cien años de historia y que maneja información sensible", se queja, por su parte, Rafael Roldán, representante de UGT en la FNMT. Y asegura que la consultora lleva varios días entrevistándose con diferentes responsables de la FNMT, como el jefe de Seguridad, el de Recursos Humanos y responsables de control de producción de los documentos de valor.

También cuestiona Roldán la falta de transparencia que ha habido en torno a esta contratación. Y se pregunta si se está aportando "información sensible o confidencial que puede acabar por perjudicar a la FNMT desde un punto de vista industrial, comercial o financiero". Pepe Fernández, secretario de coordinación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, también cree que es "una barbaridad" que se hayan abierto a Accenture las puertas de Fábrica de la Moneda.