Ley Transparencia

Jose Luis Rodríguez Álvarez ocupa ahora el puesto de presidente del Consejo que llevaba tres años vacante.

Se trata, según el auto, de "información pública a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos en los términos previstos en la Ley de Transparencia".

Da la razón a la Fundación Ciudadana Civio, que había reclamado estos datos entre los años 2010 y 2018 a través del Portal de Transparencia.

En 16 ocasiones prefirió acudir a los tribunales antes que hacer públicos determinados datos. De momento, los tribunales fallaron en contra de RTVE en 9 casos y a su favor en 6. 

Si un parlamentario considera que puede incurrir en un conflicto de interés, debe ponerlo en conocimiento de la presidencia de la Cámara o de la Comisión correspondiente.

La XIII Legislatura estrena una serie de normas de obligado cumplimiento para los parlamentarios, sobre todo en materia de conflictos de intereses. Tiene similitudes con el código que afecta a los miembros de la Eurocámara, pero este último es más preciso al exigir más datos y mayor concreción de los mismos.

Ya han publicado los nombres de los asesores del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez y advierten: "si los distintos gobiernos no los publican, lo haremos nosotros".

El órgano que preside María José de la Fuente señala en su informe de fiscalización que el Consejo ha incumplido la ley de Función Pública.

La Oficina de Conflictos de Intereses sostiene que en seis años en el Gobierno, donde fue vicepresidenta y dirigió media docena de comisiones delegadas, Santamaría nunca adoptó una decisión que afectase al bufete Cuatrecasas.

En cuatro años de actividad, el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública ha atendido 3.812 reclamaciones.
 

La sentencia avala una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que fue recurrida por Hacienda.

Las limitaciones en el derecho de acceso, la ausencia de sanciones, las reticencias de la Administración a la hora de facilitar la información y la falta de medios para el Consejo de Transparencia son otras de las asignaturas pendientes.

La causa más esgrimida desde la Administración para no facilitar la información demandada por los ciudadanos es la de evitar un perjuicio a los intereses económicos y comerciales.

A diferencia de lo que ocurre en las declaraciones de bienes de los parlamentarios, no se aportan datos sobre las entidades con las que tienen deudas ni las empresas en las que tienen acciones. 

El TC señala que "la libertad de información constituye un derecho fundamental y una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, pero no es absoluto.

Desde el pasado febrero, Congreso y Senado tienen el encargo de trabajar en un código ético de los parlamentarios que mejore la rendición de cuentas, llegando a establecer un régimen de sanciones. Hasta la fecha, no hay avances.

Del total de 890 reclamaciones formuladas ante el Consejo de Transparencia en 2016, 320 fueron estimadas. Un año antes, la cifra fue de 96, lo que supone un incremento del 233%.

Desde la entrada en vigor de la ley de transparencia hace tres años se han denegado 209 demandas de información alegando, fundamentalmente, motivos "económicos y comerciales" y de "seguridad pública".