En los últimos cuatro meses, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado medio centenar de reclamaciones de ciudadanos a los que el Ejecutivo denegó información sobre cuestiones relacionadas con el covid-19.
La regulación de los grupos de presión es una asignatura pendiente en el Congreso y en el Senado. Mientras se regula, los parlamentarios deberán informar de "las reuniones mantenidas con los representantes del cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".
El departamento de Salvador Illa ha respondido con una breve notificación que señala que no puede facilitar estos datos porque afecta a derechos de terceros
Jose Luis Rodríguez Álvarez ocupa ahora el puesto de presidente del Consejo que llevaba tres años vacante.
Se trata, según el auto, de "información pública a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos en los términos previstos en la Ley de Transparencia".
www.infolibre.es ISSN 2445-1592