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Las lagunas de la nueva transparencia real: en qué fondos invierte Felipe VI, cuál es el patrimonio de la reina o qué impuestos pagan

El rey Felipe VI y la reina Letizia llegan a la entrega del Premio Cervantes.

El rey Felipe VI ha revelado por primera vez a cuánto asciende su patrimonio: 2,57 millones de euros. Y lo ha hecho porque lo ha considerado “conveniente y oportuno”, no porque haya ley alguna que le obligue. Según ha declarado la Casa del Rey en el comunicado que anunciaba la iniciativa, se trata de una “decisión personal” en aras de la “ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad”, que son los principios en que se basa la “modernización de la Corona” en que está embarcado.

Aunque no lo mencione, la publicación del patrimonio del monarca se produce después de que la Fiscalía haya archivado la investigación sobre la fortuna de su padre y la víspera de que el Consejo de Ministros haya aprobado un decreto destinado a “reforzar la transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad” de la Casa del Rey. A partir de ahora, el Tribunal de Cuentas auditará las cuentas de la institución y serán públicas todas sus contrataciones. Además, la web de la Casa del Rey deberá publicar su presupuesto, los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones de sus trabajadores, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.

Felipe VI, pues, ha hecho un ejercicio de transparencia que se limita, en realidad, a cuatro cifras. Ha percibido retribuciones por importe de 4,27 millones de euros durante los últimos 25 años. Sus sueldos desde 1998, primero como príncipe de Asturias y desde 2014 como rey. Y, de su patrimonio, 2,26 millones corresponden, por un lado, a depósitos en cuenta corriente o de ahorro y a valores en fondos de inversión, y por otro, 305.450 euros es el valor en que han sido tasados los objetos de arte, antigüedades y joyas “de carácter personal” que posee.

“Es un paso, pero insuficiente”, resume Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). A Cruzado no le sorprende la capacidad de ahorro de Felipe VI, que ha convertido en patrimonio más de la mitad de las retribuciones que ha cobrado en los últimos años. De hecho, tiene casi todos sus gastos cubiertos y carece de propiedades inmuebles, tanto en España como en el extranjero, según ha aclarado después la Casa del Rey. Sólo hace frente a gastos personales, como los 76.000 euros que cuesta el bachillerato internacional de la princesa Leonor en el UWC Atlantic College de Gales.

Cruzado sí cree que debería hacerse público igualmente el patrimonio de la reina Letizia y del resto de la familia real, al igual que el del rey emérito. “Tienen su asignación, que sale de los Presupuestos del Estado todos los años”, explica, “por tanto, debería saberse cuáles son sus fortunas”. Fuentes de la Casa del Rey, por el contrario, indican a infoLibre que el patrimonio de la reina no se desvelará porque Letizia “no tiene responsabilidad”. Sólo se le aplicaría ese criterio en el caso hipotético de que tuviera que ser reina regente, por ejemplo.

El sueldo anual del rey asciende a 258.927 euros, mientras que el de la reina es de 142.402 euros. La reina Sofía cobra 116.525 euros. Esas retribuciones han recibido una subida del 2%, como el resto de los salarios públicos.

Ni qué fondos ni qué impuestos

Tampoco se ha publicado en qué fondos ha invertido el dinero de su asignación pública Felipe VI, una información que Carlos Cruzado también considera que debería publicarse “completamente detallada”. La Casa del Rey, en cambio, rechaza esa posibilidad. “Tampoco vamos a decir qué marca de vino bebe el rey”, replican. Ni es una información, añaden, que revelen los altos cargos de la Administración o los diputados del Congreso. Es al nivel de transparencia que se les exige a unos y otros al que pretende situarse también el rey, según destacan: “Cumplimos el 100% de la Ley de Transparencia, y eso es por encima del nivel de otras instituciones”. Los altos cargos de la Casa del Rey ya publican sus declaraciones de bienes, aunque esa ley no les obliga. La norma, igualmente, excluía al monarca en su ámbito de aplicación.

En efecto, el real decreto de 2018 que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración establece que éstos deben presentar una copia de su declaración tributaria en el plazo de tres meses tras su toma de posesión y su cese. También deben comunicar qué acciones poseen, sus bienes inmuebles y depósitos bancarios, así como las participaciones en el capital social de instituciones de inversión colectivas negociadas –fondos de inversión– y seguros de vida. Pero sólo las cifras, no tienen por qué incluir en qué entidades han invertido el dinero. Pese a que ésa es una información fundamental para detectar conflictos de intereses.

Las fuentes de la Casa del Rey precisan que se trata de fondos gestionados por las propias entidades financieras, “bajo control externo”. Además, aclaran que ningún alto cargo de la Administración, ni los ministros ni el presidente del Gobierno, deben hacer público en qué bancos tienen sus cuentas. E igual ocurre con los diputados y senadores.

Llama también la atención que el rey no tenga ni planes de pensiones ni seguros. O al menos no los ha desvelado. Lo que sí se compromete a hacer la Casa Real, apuntan sus fuentes a infoLibre, es a actualizar el patrimonio de Felipe VI según vaya cambiando cada año.

Tampoco se ha revelado cuántos impuestos paga Felipe VI. Los 4,27 millones recibidos como ingresos de las arcas del Estado son brutos. Cada año, explica el comunicado real, el rey hace su declaración del IRPF y de Patrimonio, que le ayuda a elaborar la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria. Las declaraciones tributarias de todos los ciudadanos están protegidas por la máxima confidencialidad. Ningún alto cargo las hace públicas. “Aunque no la presentara o cometiera alguna irregularidad, daría igual, porque en esa materia, mientras esté en el cargo, es inviolable”, recuerda el presidente de Gestha.

De EEUU a Suecia

Los presidentes de Estados Unidos llevan publicando sus declaraciones fiscales desde los años 70 no porque les obligue la ley, sino porque se ha convertido en una práctica esperada por los votantes. De los 34 candidatos a la presidencia y vicepresidencia anteriores a Donald Trump, sólo siete se negaron a hacer públicos sus impuestos. Incluso Richard Nixon desveló su declaración. Donald Trump aún pelea por mantenerla en secreto.  

En realidad, la Casa del Rey no se diferencia en mucho del resto de las monarquías europeas en lo que a transparencia financiera se refiere. Ni la británica, ni la belga ni la holandesa ni la sueca hacen públicos los patrimonios de sus respectivos monarcas. La diferencia con Isabel II, sin embargo, es que la reina posee un enorme catálogo de inmuebles, tierras y empresas, reunidos en The Crown Estate y gestionados por el Estado. Suman activos valorados en 14.100 millones de libras —16.678 millones de euros— y, según su página web, en los últimos 10 años han rentado unos beneficios de 3.000 millones de libras. En 2021, las ganancias se elevaron a 269,3 millones de libras. Por ejemplo, Regent Street, una de las principales calles comerciales de Londres, pertenece a la reina. Pero también castillos y casas de campo, tierras agrícolas y bosques, parques, centros comerciales. Y suya es más de la mitad de la costa del Reino Unido, lo que le permite explotar parques eólicos, por ejemplo.

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Eso sí, la reina no puede vender esas propiedades ni los ingresos que proporcionan le pertenecen. No están incluidas en The Crown Estate, sin embargo, los palacios de Buckingham o el castillo de Windsor, que administra la propia Casa Real, como tampoco Balmoral o Sandringham, que sí son propiedad privada de Isabel II y parte de su herencia.

Para sufragar los costes del personal de la plantilla que atiende a la reina y los gastos de funcionamiento de la Casa Real —recepciones oficiales, fiestas—, así como el mantenimiento de los palacios reales en Inglaterra y el coste de sus viajes oficiales, Isabel II percibe el Sovereign Grant, que desde 2018 equivale al 25% de los beneficios anuales de The Crown Estate. Por ejemplo, para el ejercicio 2021-2022, la asignación fue de 86,3 millones de libras, 102,04 millones de euros, según la información que el propio Gobierno británico publica en su página web.

El patrimonio de la familia real sueca tampoco es público. Sin embargo, asegura un portavoz de la Casa Real a infoLibre, “a través de otras informaciones públicas es posible tener una buena idea de la composición del patrimonio” de Carlos Gustavo y su familia, aunque no precisa cuáles. Según indica, el rey y el resto de los miembros de la familia real pagan “impuestos sobre su patrimonio de acuerdo con las normas fiscales normales que se aplican a todos los ciudadanos de Suecia”. Pero la sovereign grant pagada por el Gobierno sueco a la Casa Real para financiar sus gastos “no se considera un ingreso” y, por tanto, no paga impuestos.

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