Examen a la transparencia de las instituciones: gana el Tribunal de Cuentas y tirón de orejas para la Casa del Rey

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de publicar los informes de evaluación de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional en cumplimiento con su función, menos conocida, de evaluar cómo cumplen con las obligaciones de la Ley de Transparencia aquellas instituciones a las que afecta. El periodo estudiado se extiende entre enero de 2020 y febrero de 2021.

La misión más conocida del CTBG es la de resolver las reclamaciones que presentan los ciudadanos cuando las administraciones no les conceden aquella información que demandan.

Los informes conocidos este miércoles atañen a la casa real, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo y Consejo Económico y Social. Analizan la información disponible en sus respectivos portales de transparencia.

El suspenso se lo lleva el Consejo Económico y Social (CES), que en su índice de cumplimiento de la información obligatoria alcanza un 48,6%, frente al Tribunal de Cuentas, que obtiene el 87,4%. La del órgano fiscalizador es la nota más alta de todas. "El Índice de Cumplimiento de la información obligatoria por parte del TCU alcanza un 87,4%. La falta de publicación de algunas informaciones obligatorias y de referencias a la fecha en que se revisó o actualizó por última vez la información, son los principales factores que explican el nivel de cumplimiento alcanzado", puede leerse en el informe que justifica el casi sobresaliente del Tribunal de Cuentas.

Y ¿cómo se justifica el suspenso del CES? Según el CTBG, el principal factor que explica el nivel alcanzado es "la falta de publicación de informaciones obligatorias –sobre todo del bloque económico y presupuestario– y también la ausencia de referencias en el portal de transparencia a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada".

Completan la parte alta de la tabla en lo que mejores notas obtenidas el Senado (86,8%), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un 86,1%, el Tribunal Constitucional (85,2) y el Congreso (82). Ya por debajo del 80% en materia de cumplimiento nos encontramos con ls Casa del Rey (78,6%), el Defensor del Pueblo (77,2) y el Consejo de Estado (71,9) y la Fiscalía General del Estado (54,8).

Recomendaciones a la Casa del Rey

Si bien el CTBG "no puede menos que valorar positivamente el esfuerzo realizado por la casa real para hacer más transparente su gestión", hace una seria de recomendaciones a la institución. Una de ellas tiene que ver con la conveniencia de que se publicase "la información sobre las modificaciones y sobre los desistimientos y renuncias de los contratos adjudicados". renuncias de los contratos adjudicados

"Debería publicarse información sobre las autorizaciones para la compatibilidad con actividades públicas o privadas concedidas a los empleados públicos al servicio de la casa real. Debería publicarse información sobre las indemnizaciones percibidas por los máximos responsables de la estructura administrativa de la casa real con ocasión de su cese. Y la casa real podría valorar publicar la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada", puede leerse en el apartado destinado a la información presupuestaria y estadística.

En lo relacionado con la calidad de información ofrecida, el órgano que vigila la aplicación de la Ley de Transparencia considera que el portal de transparencia de la Casa del Rey debería incluir "una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información". Porque sólo "de esta manera sería posible para la ciudadanía saber si la información que está consultando está vigente".

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Dar más valor a la información generada

Con esta publicación, el CTBG pretende "dotar de mayor inmediatez a los resultados" de su actuación y "conferir más valor a la información generada, contribuyendo a hacer posible que la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los propios sujetos obligados, dispongan de los elementos necesarios para conocer y valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el funcionamiento efectivo del derecho de acceso a la información pública".