El papa no abrirá una investigación canónica contra el cardenal Marc Ouellet, actual prefecto de la Congregación para los Obispos, que fue acusado de haber tocado inapropiadamente a una mujer entre 2008 y 2010 mientras era arzobispo de Quebec, según informa Europa Press. Según las explicaciones de la la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el papa ha considerado que "no hay elementos suficientes" para investigar al purpurado. "El papa Francisco declara que no hay elementos suficientes para abrir una investigación canónica por agresión sexual del cardenal Ouellet", ha señalado en un comunicado el director de la Sala de Prensa vaticana, Matteo Bruni.

Bruni ha explicado que son las conclusiones a las que ha llegado el pontífice con base a "la investigación preliminar encomendada por el papa" elaborada por el sacerdote Jacques Servais, un teólogo encargado de investigar el asunto, que ha estimado a su vez que "no hay elementos para iniciar un juicio contra el cardenal Ouellet por agresión sexual".

El director de la oficina de prensa del Vaticano ha citado a Servais y también ha señalado que la mujer denunciante no hizo ninguna "acusación que proporcionara material para tal investigación", "ni en su informe escrito y enviado al Santo Padre, ni en el testimonio vía Zoom" recogido por este sacerdote "en presencia de un miembro del comité diocesano".

Según los documentos de la acción judicial admitida por el Tribunal Superior de Quebec en mayo pasado, Ouellet fue denunciado de agresión sexual en una demanda colectiva hecha pública el pasado martes en Canadá y que involucra a más de 80 miembros de la diócesis de Quebec.

El cardenal canadiense ha sido acusado por una mujer identificada como "F." en los documentos judiciales presentados el martes de haber protagonizado varios tocamientos no deseados, incluyendo el deslizamiento de su mano por su espalda y el toque de sus nalgas en un evento de 2010 en la ciudad de Quebec.

La denuncia contra Ouellet es una de las dos querellas colectivas presentadas por el bufete de abogados Arsenault Dufresne Wee Avocats, con sede en Montreal. Las dos acciones legales colectivas han sido autorizadas recientemente por un juez de Quebec y el bufete de abogados tiene 90 días para presentar los documentos introductorios que detallan los presuntos delitos.

Uno de los abogados consideró en una entrevista que es "inevitable" que las acciones colectivas que su bufete presentó lleven a más personas a presentar una denuncia contra la Iglesia en las próximas semanas.

En la primera demanda, en la que se nombra a Ouellet, 101 personas han acusado a unos 88 sacerdotes o personal diocesano de agresión sexual. La archidiócesis de Quebec dijo en un comunicado el martes que estaba al tanto de las acusaciones, pero declinó hacer comentarios.

Seguramente debe de haber motivaciones de fondo bastante fuertes. Motivaciones bastante fuertes hasta convertirlas en numantinas: una interna y la otra externa. Internamente, en primer lugar, teniendo en cuenta que la economía catalana representa el 20% del PIB español, en caso de que se  independizara Cataluña (el principal motor de la economía hispánica) la media española de renta per cápita y de financiación no se podría cubrir. Muchas comunidades autónomas no podrían cubrir su presupuesto. Y externamente, en segundo lugar, la deuda española del 100% de su PIB no podría pagarse, con lo cual los bancos europeos acreedores se verían en problemas, y es por lo que sus representantes políticos (Merkel, May, Macron…, de derechas) no están por la labor de cambiar el statu quo de España con veleidades independentistas.

Dos casos recientes, Escocia y Canadá, interfieren en el asunto. Los dos han podido celebrar referéndums de autodeterminación. Cataluña, no. Se nos dice que Escocia representa un caso especial porque sería cuestión de devolución de soberanía nacional (había sido reino independiente anteriormente). Pero Quebec nunca había sido antes una comunidad o Estado independiente de Canadá y ha celebrado dos referéndums de autodeterminación. Aquí entra la doctrina internacional, aceptada por la Unión Europea, que proclama que toda colectividad que “tenga un territorio, una población estable, un gobierno funcional, constituya una entidad definida y pueda mantener relaciones con otros Estados, merece o puede ser un Estado”. Y la jurisprudencia internacional, instituida precisamente por este caso del Quebec (Tribunal Supremo del Canadá), nos emplaza a ciudadanos e instituciones a “un deber recíproco de todos los participantes a emprender negociaciones para tratar cualquier iniciativa legítima de cambio del orden constitucional” [...] y “se conferirá en el territorio en cuestión una legitimidad democrática para la iniciativa de secesión, que todos los otros participantes en la Unión tendrán que respetar”.

Es así como el Tribunal Constitucional español se adhería, en 2014, a estos planteamientos cuando nos decía: “En el marco de la Constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España [...]”. Esta conclusión es del mismo tenor que la que formuló el Tribunal Supremo del Canadá en el pronunciamiento de 20 de agosto de 1998, en la que se rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una de sus provincias, tanto a su Constitución como a los postulados del Derecho internacional.

Por lo tanto, siguiendo los razonamientos completos del mismo tribunal canadiense invocado por el Tribunal Constitucional español, se infiere que: “Se conferirá en el territorio en cuestión (el demandante) una legitimidad democrática para la iniciativa de secesión, que todos los otros participantes en la Unión tendrán que respetar”.

Y aquí es donde radica el fundamento de toda democracia: “El Estado de derecho descansa sobre dos principios, es decir, el principio democrático y el principio de legalidad. Ni la voluntad popular puede expresarse al margen de la ley, ni la ley puede enervar la expresión de dicha voluntad hasta obturarla. De lo que se desprende que la democracia es el resultado de la aplicación simultánea de ambos principios debidamente conjugados”.

Y ahora preguntamos nosotros, ¿la Generalitat convoca referéndum (principio democrático) porque los constitucionalistas (principio legalista) niegan el derecho a decidir a una sociedad. ¿Quién tiene razón?

Hay una colisión de los dos derechos. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Hay que decir que, en el orden temporal, quien primero niega un derecho son los legalistas, y en segundo lugar los del derecho democrático hacen servir el suyo. ¿Dónde está la solución? La secuencia lógica sería: admitir el principio democrático, cambiar la ley, convocar referéndum legal. Guste o no, seamos más o menos firmes y convencidos de nuestros ideales, los caminos de la justicia democrática son, o habrían de ser, sagrados.

No estamos diciendo que esta es la única vía a contemplar, sino que esta existe, igual como otras equivalentes o alternativas, siempre, claro está, dentro de la vía política, lejos del «mando y ordeno», lejos de la consideración de «tema intocable», porque corresponde a los humanos, a los ciudadanos, resolver "políticamente" todo tema político. ______________

Jesús Moncho es socio de infoLibre

Cataluña. Otra vez. El conflicto catalán volvió ese miércoles a condicionar el debate político en el Congreso de los Diputados y se coló en medio del debate sobre las recientes reuniones del Consejo Europeo y en torno a la controvertida venta de armas a la dictadura saudí.

En medio de un rifirrafe con la derecha, empeñada en tratar a Sánchez como un presidente “partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España” y un “rehén” obligado a negociar “el pacto de la cárcel” para sacar adelante los Presupuestos y mantenerse en el poder, el presidente del Gobierno tuvo oportunidad de plantear los términos en los que cree que se puede producir una solución para el conflicto catalán.

Fue en su segundo turno. “Lo importante”, señaló en respuesta a una intervención del portavoz de Esquerra, Joan Tardà, “es que ustedes abran un proceso de diálogo con la parte no nacionalista de Cataluña”. Porque “cuando abran ese proceso de diálogo y encontremos entre todos un acuerdo que represente al 70, al 80% de la sociedad catalana, yo estoy seguro de que podremos dar curso y solución también aquí en el Congreso de los Diputados”.

Una mayoría de esa naturaleza obligaría, de acuerdo con la fragmentada composición actual del Parlament, a un acuerdo que incluyese, como mínimo, a Ciudadanos, Junts per Catalunya y Esquerra (entre los tres suman 102 escaños de un total de 135), así como al PSC o a Catalunya en Comú-Podem.

En este sentido, Sánchez consideró un avance que el conseller Ernest Maragall, también de Esquerra, en una entrevista emitida recientemente por la BBC, haya reconocido “que mientras el independentismo en Cataluña no tuviera el 50% de apoyos” es “muy difícil defender un referéndum en Cataluña”. “Algo vamos avanzando, porque evidentemente ya están reconociendo que no tienen una mayoría social en Cataluña como para imponer a la otra parte ese referéndum de autodeterminación”.

Ese diálogo entre las fuerzas políticas catalanas al que se refirió Sánchez lo lleva reclamando el presidente desde que recibió en la Moncloa al jefe del Govern, Quim Torra, sin ningún éxito. Hasta ahora. Precisamente este miércoles el president, y a instancias de una propuesta del PSC ratificada por el Parlament el pasado mes de julio, ha convocado por primera vez a todos los líderes políticos catalanes para iniciar una mesa de diálogo que aborde los retos de futuro de Cataluña.

Sería el 16 de noviembre, con la intención de “abrir un diálogo serio, honesto y profundo sobre lo que el país necesita”, declaró Torra en el Parlament. Un dialogo en el que el president insistirá, según sus propias palabras, en que será difícil hallar una salida política a la situación de Cataluña si no se cumplen dos premisas: la libertad de los presos soberanistas y el ejercicio del derecho de autodeterminación.

El ejemplo de Quebec

También en el Congreso y en respuesta a una referencia de Tardà a Canadá y su estrategia para resolver “democráticamente el conflicto de Quebec”, el presidente Sánchez precisó que el ejemplo canadiense le sirve no como vía a seguir sino para señalar que, “con independencia de cuál sea el camino que emprendió en su momento Canadá o el camino que podamos emprender aquí para resolver la cuestión catalana, la lección que tenemos que sacar es que si creemos en la política encontraremos una solución política”.

Claro que “si uno mira cuál es el acuerdo que se logró en Quebec, difícilmente algunos de los líderes independentistas estarían dispuestos a trasladarlo aquí a España”, precisó Sánchez.

Tardà recogió el guante, al menos parcialmente. “Señor Sánchez: si le parece correcta la vía canadiense, propóngala. El conflicto es entre demócratas y se resuelve con más democracia”. Y aunque, admitió, “no se puede construir la independencia obviando al 50% que no es independentista, de igual manera no se puede construir una España federal sin tener en cuenta a los independentistas”.

Por eso, concluyó el portavoz de Esquerra, los independentistas creen que “el referéndum será inevitable”. Aunque sea para decidir si Cataluña debe tener más autonomía o ser independiente. “Pero no puede haber solución sin integrar a la inmensa mayoría”.

“Vamos a enarbolar la bandera del dialogo, siempre”, defendió Tardà. “Y por eso le decimos que tenemos todo el interés. Pero para que quede claro: no nos sentaremos en ninguna mesa de los Presupuestos, no hace falta que nos llamen si no hacen lo que les hemos reclamado públicamente (que la Fiscalía retire la acusación de rebelión que pesa sobre los acusados del procés). No vamos a intercambiar partidas presupuestarias por derechos” ni “presupuestos por dignidad”.

El Periódico de Catalunya adelantó este miércoles que el Supremo dictará el auto de apertura de juicio oral esta misma semana, lo que de confirmarse significa que la Fiscalía tendrá entre cinco y diez días para presentar su acusación y mantener o no la imputación de un delito de rebelión, el más grave de los que afectan a los independentistas procesados.

Y en esa línea, el portavoz de Esquerra acusó a Sánchez de ir “por una pendiente muy peligrosa” al pretender que el Tribunal Constitucional impida al Parlament de Cataluña opinar lo que quiera, incluso que la actuación de Felipe de Borbón en relación con Cataluña durante el procés fue reprobable. “El Parlament de Cataluña hará lo que le dé la gana”, proclamó. “Y si quiere reprobar al rey le reprueba, sólo faltaría”.

En su réplica, el presidente justificó el recurso al Constitucional asegurando que el Parlament “sobrepasó el ámbito de sus competencias” al “cuestionar la forma del Estado español”, algo que es competencia del Congreso.

Quebec (Canadá), Escocia (Reino Unido) y Cataluña son territorios geográficamente alejados entre sí, pero con algo en común: el anhelo independentista de una parte de su población. Tanto el Estado federal canadiense como la nación británica son desde hace años una referencia para el independentismo catalán, que los pone como ejemplo de territorios que pudieron votar en un referéndum su eventual secesión –que en ninguno de los dos casos terminó produciéndose–. Y no son los únicos territorios que han valorado esta opción: pese a que nunca ha puesto en marcha el proceso, Irlanda del Norte tiene derecho desde 1998 a organizar una consulta para separarse de Reino Unido y unirse a Irlanda.

A diferencia de lo que ocurre con el 1-O, estas consultas –o la posibilidad de hacerlas, en el caso norirlandés– se pactaron con el Estado, y en las leyes que las ampararon quedaban claros asuntos como la forma de redactar la pregunta, los ciudadanos con derecho a voto o el modo de proceder tras una victoria del sí a la independencia. Este diario ha analizado los aspectos clave de cada una de esas normas, que reglamentan una posibilidad, la de la independencia de una parte del territorio, que el Gobierno español rechaza reconocer y a la que las instituciones catalanas han otorgado una base legal –la Ley de Referéndum– que ha generado multitud de protestas por cómo fue aprobada en el Parlament.

  ¿Cómo se da soporte legal a la consulta?

Esa es precisamente la primera diferencia entre las normas que regulan la autodeterminación en Reino Unido, Quebec e Irlanda del Norte y la catalana: mientras las tres primeras han sido consensuadas entre las autoridades del territorio que aspira a la secesión y las del Estado del que forma parte –que reconoce el derecho a la autodeterminación de una de sus partes–, en Cataluña el Govern y su mayoría en el Parlament han aprobado la ley con la oposición frontal del Gobierno central.

En Canadá, la ley que ofrece la posibilidad de separarse a sus territorios es la Ley de Claridad, aprobada en 2000, tras el segundo referéndum de independencia que se celebró en Quebec en 1995 –el primero había tenido lugar en 1980–, en el que la opción de permanecer en Canadá venció con el 50,58% de los votos. La norma es producto de una cuestión planteada por el Gobierno de Canadá a su Tribunal Supremo a raíz de la pregunta que se hizo en el segundo referéndum, una cuestión muy farragosa que provocó que la corte dejara claras tres cosas: que no existía el derecho de secesión unilateral, que el Gobierno quebequés tenía todo el derecho a preguntar a su población por la independencia y que esta pregunta debía de ser clara y concreta para que sirviera para negociar una separación.

Por su parte, el referéndum que tuvo lugar en Escocia en 2014 tenía como base legal un acuerdo firmado en octubre de 2012 entre los Gobiernos británico y escocés en el que, además, se reconocía al Parlamento Escocés la competencia para aprobar la legislación que posibilitara la consulta. En este acuerdo quedaba claro que ambos Ejecutivos se comprometían a que el referéndum ofreciese "una prueba justa y una expresión decisiva del punto de vista del pueblo de Escocia y un resultado que todo el mundo" respetaría, y establecía las líneas generales en cuanto a cuestiones como la pregunta o el censo electoral.

El documento que ofrece soporte legal a una eventual consulta para la reunificación irlandesa son los Acuerdos de Viernes Santo, firmados en 1998 y con los que se puso punto y final a largas décadas de conflicto armado en Irlanda del Norte. En ese documento se reconoce "la legitimidad de cualquier elección que libremente tome una mayoría del pueblo de Irlanda del Norte con respecto a su estatus, ya sea que prefiera seguir apoyando la unión con Gran Bretaña o una Irlanda unida y soberana", y se establece que es "obligación" de los parlamentos irlandés y británico "introducir legislación" para hacer efectiva una eventual decisión de independencia del Úlster.

  ¿Cómo se convoca un referéndum?

Las legislaciones escocesa, norirlandesa y canadiense explicitan el modo de proceder para convocar la consulta de autodeterminación. En el caso escocés, el acuerdo entre Gobiernos establecía que quedaba en manos del Parlamento Escocés "legislar para un referéndum que tenga lugar en algún momento antes del fin de 2014", y se señalaba que la fecha concreta de la votación sería decidida por la cámara escocesa e incluida en la ley que la regulase.

La Ley de Claridad canadiense también plantea el procedimiento concreto, aunque el primer paso no es acordar la posibilidad de que se celebre un referéndum –esta competencia pertenece directamente a los estados federados–, sino certificar que la pregunta sobre la autodeterminación está suficientemente clara. En su primer artículo, la norma explica que "en un plazo de treinta días después de que el Gobierno de una provincia presente en su asamblea legislativa o haga pública de cualquier otra forma la pregunta que tiene intención de presentar a los votantes en un referéndum de secesión, la Cámara de los Comunes deberá considerarla y decidir por escrito si está clara". Y si entiende que no es así, el referéndum puede seguir adelante, pero el Estado no negociará una eventual independencia incluso ganando el sí.

En los Acuerdos de Viernes Santo, por su parte, se establece que la responsabilidad de convocar un referéndum para decidir la eventual unión del Úlster a la República de Irlanda recae sobre el secretario de Estado para Irlanda del Norte, el ministro del Gobierno encargado de gestionar ese territorio. Quien ocupe ese cargo, señala el documento, convocará un referéndum "si en algún momento le parece probable que una mayoría de los votantes expresen el deseo de que Irlanda del Norte debería dejar de ser parte del Reino Unido y formar parte de una Irlanda unificada". Aunque eso sí: la norma establece que entre consulta y consulta deben pasar como mínimo siete años.

  ¿Cómo se decide la pregunta?

En el caso escocés, el acuerdo con el Gobierno británico establecía que la pregunta sería decidida por el propio Parlamento escocés. Y, en la ley que desarrolló la consulta que tuvo lugar en 2014, esa es la primera cuestión de detalle que se aborda, ya que en el artículo 2 se establece que la pregunta sería "¿debería Escocia ser un país independiente?". Todo lo contrario ocurre en los Acuerdos de Viernes Santo, que pese a reconocer la opción de que pueda organizarse un referéndum de separación del Reino Unido, no establecen detalles sobre cuál debería ser la pregunta.

Pero precisamente la redacción de la pregunta en una consulta es la clave de la Ley de Claridad canadiense, que de hecho tiene ese nombre porque establece la necesidad de que un referéndum de autodeterminación se celebre con una cuestión que deje claro lo que se está decidiendo. La redacción es, inicialmente, responsabilidad del estado federado que se quiera independizar –fundamentalmente, Quebec–, pero la Cámara de los Comunes canadiense considerará que el referéndum no le obliga a abrir negociaciones para la independencia si la pregunta "se limita a pedir un mandato para negociar sin solicitar una expresión directa [...] de si la provincia debería dejar de ser parte de Canadá". Tampoco la cámara baja canadiense se sentiría concernida, señala la ley, si la pregunta "contempla otras posibilidades además de la secesión, tales como acuerdos económicos o políticos con Canadá".

  ¿Hace falta un porcentaje mínimo de participación? ¿Y de síes?

Ni el acuerdo que alcanzaron Escocia y Reino Unido para organizar el referéndum de 2014 ni la ley emanada del Parlamento Escocés para su celebración establecían un porcentaje mínimo de participación para considerar el referéndum vinculante, y tampoco pedían una mayoría reforzada de síes para dar por buena una eventual independencia: con el 50,1% de los votos, se hubiera dado por válida la independencia. Y tampoco lo hacían los Acuerdos de Viernes Santo en el caso norirlandés, que es el que menos detalles deja solventados.

Por el contrario, la legislación canadiense sí se pronuncia al respecto, aunque es ambigua y no establece una barrera clara de participación ni de votos favorables. La Ley de Claridad explica que, si el gobierno de un Estado federado pide iniciar negociaciones para la secesión tras vencer esta opción en un referéndum, la Cámara de los Comunes estará obligada a examinar esta solicitud, salvo en el caso de que previamente hubiera determinado que la pregunta de la consulta no era suficientemente clara.

En su examen, la cámara baja canadiense tendrá que pronunciarse sobre si, a su juicio, en ese referéndum se ha expresado una "determinación clara del deseo de una clara mayoría de la población de esa provincia de que la provincia deje de ser parte de Canadá". Y, para ello, son tres los criterios que el parlamento valoraría: "la amplitud de la mayoría de votos válidos emitidos a favor de la opción secesionista", "el porcentaje de votantes que participan en el referéndum" y "cualquier otro asunto o circunstancia que se considere relevante". Es decir: la participación y la mayoría son asuntos clave para determinar la legitimidad de la petición de independencia, pero la barrera a partir de la cuál un referéndum se consideraría legitimado la decidiría la Cámara de los Comunes.

  ¿Quién vota?

Con respecto al censo, hay coincidencia entre las tres legislaciones: se considera que el derecho de autodeterminación pertenece a los ciudadanos del territorio en cuestión, y por eso son ellos los que se pronuncian sobre la independencia del mismo. El caso canadiense es el más claro al respecto, porque la Ley de Claridad da por hecho que la potestad de consultar a los ciudadanos pertenece al Estado federado y no al Gobierno central, aunque es éste quien debe dar su conformidad a la pregunta para que el referéndum tenga validez.

El acuerdo suscrito entre los gobiernos británico y escocés para la celebración de la consulta de 2014 también dejaba claro que los escoceses eran los que debían votar. "Ambos gobiernos están de acuerdo en que todos aquellos llamados a votar en las elecciones locales y parlamentarias escocesas deberían poder votar en el referéndum", señalaba el pacto, mientras que la ley que lo desarrolló establecía que la edad mínima para ejercer el derecho al sufragio eran los 16 años. En el Reino Unido, habitualmente el mínimo son los 18 años.

Y los Acuerdos de Viernes Santo también son claros y reconocen "sólo para el pueblo de la isla de Irlanda, por acuerdo de las dos partes y sin impedimento externo, el ejercicio de su derecho a la autodeterminación". Este derecho, apunta el acuerdo, debe ejercerse "sobre la base del consentimiento, libre y expresamente dado, del norte y del sur" para confluir en "una Irlanda unida, si así lo desean", y "aceptando que este derecho debe ser alcanzado y ejercido con arreglo al acuerdo y con el consentimiento de la mayoría del pueblo de Irlanda del Norte".

  Y si gana la opción independentista, ¿qué ocurre?

En lo que pasa el día después de la victoria del sí en un referéndum de independencia no hay tanto acuerdo entre las tres legislaciones. El entonces Ministro Principal de Escocia, Alex Salmond, declaró públicamente meses antes del referéndum de 2014 que Escocia necesitaría "entre 15 y 18 meses para constituirse como nación" si vencía el sí a la independencia, un tiempo que se emplearía en poner "en pie la legislación para la transferencia de poderes desde Westminister a Holyrood", la sede del Parlamento Escocés. Pero la norma sobre el referéndum no ofrece detalles sobre cómo hubieran debido desarrollarse estas negociaciones.

Por su parte, la única previsión incluida en los Acuerdos de Viernes Santo con respecto a lo que debe de ocurrir si se aprueba la unificación irlandesa en referéndum es muy escueta: "si, en el futuro, la gente de la isla de Irlanda ejerce su derecho a la autodeterminación [...] para alcanzar una Irlanda unida, será una obligación vinculante para ambos Gobiernos [el británico y el irlandés] introducir y apoyar en sus respectivos parlamentos la legislación necesaria para dar cumplimiento a este deseo".

Mucho menos definitivo sería un sí en un eventual referéndum de independencia en Quebec. Y es que, además del examen de la participación y las mayorías necesarias para considerarlo legítimo, la Ley de Claridad canadiense sólo establece que se abrirán negociaciones tras la victoria de la opción independentista, pero deja todas las opciones abiertas. "El Gobierno de Canadá no comenzará a negociar sobre las condiciones en las que una provincia podría dejar de ser parte de Canadá a menos que la Cámara de los Comunes determine", en base a su análisis, "que ha habido una clara expresión del deseo de una clara mayoría de la población de esa provincia" de querer separarse, señala la norma.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín PallínTribunal Supremo trabajará con otros expertos en una propuesta de referéndum pactado para Cataluña, que se base en el caso de Quebec y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al que pertenece España, "y que podría también echar una mano".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martín Pallín ha considerado que es posible elaborar una propuesta de referéndum pactado para Cataluña, pero "otra cosa es que los políticos estén dispuestos a debatir sobre éste o sobre otro que se presente".

"No pretendemos tener la exclusiva de que sea la solución definitiva, pero hay que trabajar sobre algo semejante o parecido a lo que nos viene dado por países tan consolidados y con tanta tradición democrática como Canadá, por ejemplo", ha apuntado.

Además, ha señalado que, en primer lugar, "el referéndum no es ilegal, sino que está suspendidoestá suspendido, y el Tribunal Constitucional no ha dicho todavía si es constitucional o no". "Por tanto, el referéndum, de momento, parece, por la suspensión, que es inconstitucional. El referéndum sería ilegal si fuese contrario al Código Penal", ha añadido.

El magistrado emérito del TS ha indicado que "la posibilidad de un referéndum legal puede buscarse a través de dos fórmulas, de una interpretación amplia de la Ley de Referéndum y de las facultades del Gobierno, con un compromiso en el que entrasen cuatro, cinco o seis condiciones, entre las cuales, está el reconocimiento de Cataluña como nación, el tema como la lengua, que yo creo que ya está consolidado, temas económicos, y algún otro tema que también estaba sobre la mesa" en el caso de Quebec.

"Que se lleva adelante, bien. Si no, seguiremos con el problema catalán enquistado", ha explicado. No obstante, ha apuntado que ahora, con el tema de Cataluña, se han producido "una serie de agravios y confrontaciones, que, de momento, va a ser muy difícil soldar".

Martín Pallín ha señalado que el grupo de expertos que quiere impulsar esta propuesta de referéndum esperará a ver lo que pasa el 1 de octubre para trabajar en ella. "No es momento de ponerse trabajar apresuradamente y lo haremos con tiempo", ha añadido.

Declaración de independencia

Martín Pallín ha dicho que, si hay una declaración de independencia, puede ser simplemente una declaración política sin efecto alguno" si no se cambia "el estatus actual". "Si al minuto o a los dos minutos se empiezan a usurpar atribuciones propias del Gobierno central y a funcionar como un Gobierno absolutamente descentralizado o desconectado, como es la expresión que emplean, ahí sí entramos en conflictos con la legalidad", ha destacado.

También considera "insólito" que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, "sea ahora el delegado jefe del orden público de Cataluña, que corresponde a los políticos". "Si el Gobierno quiere ser coherente y no cargarse a la Fiscalía, debe nombrar un delegado del Gobierno, un general de la Guardia Civil o un cargo de interior que tiene que ser el jefe de orden público", ha apuntado, para precisar que el ministerio público "está simplemente para recoger hechos, analizarlos y ver si son o no constitutivos de delito".

No hubo un proceso constituyente al uso, no hubo ruptura sino reforma, se saltó de la legalidad franquista a la democrática, se aprobó por las Cortes franquistas una ley puente, la Ley de Reforma Política, que prediseñó nuestro sistema político. Las oligarquías franquistas lo dejaron sino bien atado medio atado, y por esa razón, la Constitución española del 78 acoge algunos contenidos centrales que no aceptaron discusión.

La Transición española estuvo llena de claroscuros, de luces y de sombras. Esto no es tan excepcional. Lo que sí es llamativo es que esas sombras hayan perdurado hasta nuestros días. Podía haber sido de otra manera. Las constituciones son normas vivas, dinámicas y la mayoría de ellas nacen en momentos convulsos, en coyunturas que a la vez que permiten reflejar avances, dejan huellas extrañas en los textos, rastros que una vez que llega la normalidad constitucional se acaban corrigiendo.

En España no ha sido así, había empeño en seguir manteniendo el orden constitucional tal cual. No ha existido una revisión crítica. Esta postura y cerrazón, fundamentalemente del PP pero también del PSOE, no ha permitido que nuestro sistema político progrese y se adapte a las nuevas realidades.

Como prueba un botón. Desde hace tiempo, era algo sabido que nuestro sistema de las autonomías ya no era válido, no respondía a las necesidades de una España plurinacional. Pero ninguno de los partidos gobernantes ha tenido la suficiente altura de miras para afrontar con honestidad la cuestión nacional.

El Gobierno no ha aportado ni una solución, en todo caso malas ideas como recurrir el Estatut catalan ante el TC o disparates como la reforma de la LOTC. Y de aquellos barros estos lodos, ¡ahora mirad donde estamos!

Cataluña se encuentra ante una escalada de despropósitos de unos y de otros, de los inmovilistas y de los independentistas, que tiene poco visos de resolverse de manera razonable. Permitidme un par de apuntes a tener en cuenta, si se quiere avanzar hacia una solución real a la cuestión nacional.

Uno, las crisis de carácter político, como la que afecta a Cataluña, no se resuelven con medidas coercitivas o represivas, con limitaciones de derechos, estas respuestas fortalecen el desapego de la ciudadanía por sus gobernantes, ahondan en el frentismo y, lo que es más importante, dañan la democracia.

Dos, el Gobierno debiera saber que la adhesión de la ciudadanía a su Constitución no se puede exigir, imponer, no es una ley cualquiera, es la norma que establece el pacto social, un pacto de convivencia, pacto que los ciudadanos y ciudadanas deben sentir y asumir como propio; cuando esto empieza a no ser así sólo cabe adaptar la Constitución a las nuevas exigencias y necesidades o la Constitución acabará perdiendo su principal función, ordenar la vida social y política del país y será letra muerta.

En el caso catalán, nos encontramos, sin duda, ante una crisis democrática muy seria, que está afectando a los consensos básicos que articulan la relación de Cataluña con el Estado e incluso a los que articulan la convivencia de los catalanes entre sí. Pero la cosa no queda ahí: el choque de trenes corre el riesgo de degenerar incluso en una involución democrática de consecuencias imprevisibles, porque nunca faltan quienes pescan en río revuelto y, poco a poco, vemos cómo va avanzando un discurso que legitima la necesidad de abordar el conflicto recurriendo a la restricción de libertades y derechos fundamentales.

Día a día, va calando el relato que promueven algunos medios cercanos al Gobierno y que alienta la persecución fiscal y judicial no sólo de quienes apoyan con sus actos la consulta convocada para el 1 de octubre, sino incluso de quienes son acusados de “apología de la ilegalidad”. ¿Qué demonios es hacer apología de la ilegalidad? Si ya la apología del terrorismo constituye un tipo penal que plantea sus dificultades, qué decir de este discurso, que trata de neutralizar la defensa de cualquier opinión que no coincida con la regulación constitucional o legal del momento.

¿Qué podemos hacer? Desde luego, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos reaccionar inmediatamente, antes de que no haya marcha atrás. ¿Y qué salida podemos proponer? No está el horno para más ocurrencias e improvisaciones. La única salida razonable consiste en transitar el camino abierto para encarar estas cuestiones en los países democráticos avanzados. En el derecho constitucional y en el derecho internacional hay un antes y un después en la resolución de este tipo de problemas, que lo marca el Tribunal Supremo canadiense en el caso de Quebec y que tuvo su continuación en Escocia. La alta corte establece nítidamente que en un Estado democrático plurinacional, no existe un supuesto derecho a la secesión unilateral, pero sí existe la obligación del Estado de habilitar procedimientos dentro de la ley para que allá donde exista una voluntad independentista amplia, esta no se vea abocada a la ilegalidad y pueda expresarse en un proceso con todas las garantías, no sólo para la mayoría, sino también para las minorías, para toda la ciudadanía.

Es el momento de decir basta ya a tanta irresponsabilidad. Nosotros no vamos a sostener ni alimentar, de ninguna de las formas, el enfrentamiento entre un Gobierno que pretende que sean los jueces, los fiscales y la policía quienes apaguen el fuego generado por su incapacidad para proponer soluciones y otro Gobierno que adopta de forma unilateral una hoja de ruta carente de garantías y consensos, en una carrera hacia ninguna parte. Ni vamos a echar leña al fuego ni nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a exigir una salida legal y consensuada y vamos a exigir la única salida viable para resolver la situación catalana desde planteamientos radicalmente democráticos y respetuosos con el derecho a decidir de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Vamos a movilizar a la ciudadanía y a sus representantes para exigir la apertura de un proceso constituyente que, en primer lugar, consiga introducir en nuestro ordenamiento los criterios establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá.

Que nadie se engañe: la solución no es menos democracia. La solución es más y mejor democracia. _________

*Pilar Garrido es profesora de Derecho Constitucional y senadora de Unidos Podemos.

El bando constitucionalista se aferra a una Carta Magna elevada a verdad revelada y, por lo tanto, inmutable. Todo aquel que lo ponga en duda es un separatista, un rompe-España y un populista. Frente a una huida hacia delante, doble freno de mano. Se dispara contra Podemos e IU y (algo menos) contra Ada Colau y los comunes. Alguien se ha dado cuenta en La Moncloa de que la alcaldesa de Barcelona representa la única baza para romper los frentes estáticos.

Colau y Podemos defienden un referéndum pactado, como el escocés. Si hubiera unas nuevas elecciones anticipadas en Cataluña, los comunes son la baza que puede impedir una reedición de la actual mayoría absoluta. También lo es el PSC que maneja la idea de dos referendos, uno en toda España para votar unos hipotéticos cambios constitucionales y en el caso de que salga no en Cataluña, otro específico en ese territorio pero sin ahondar todavía en muchos detalles.

No habrá una independencia automática de Cataluña el día 2, aunque se declare. Carecen del apoyo internacional necesario para defender la legitimidad de la medida. No hay ninguna potencia detrás más allá de Julian Assange (que juega en el equipo de Vladimir Putin). Puede haber lío, desobediencia, ocupación de calles y edificios. O nada. Es una partida larga. Este el es marco de juego y los antecedentes.

Comisión de Venecia

Se trata de un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en Derecho Constitucional. Se le considera el oráculo en procesos de secesión desde que el 2006 publicó su Código de buenas prácticas sobre referendos. El que pretende celebrar la Generalitat no cumple con sus recomendaciones, más allá de las interpretaciones que se quieran hacer sobre el punto siete.

Si el referendo no lo permiten las leyes del país y no hay un acuerdo entre el Gobierno central y la entidad que pretende separarse, la consulta es ilegal. Y ese será el criterio que seguirán la inmensa mayoría de los países en el momento de decidir si reconocen o no la declaración unilateral de independencia. Después están las condiciones de la consulta. La del día 1 no cumple ninguna.

Québec

La región francófona de Canadá celebró dos referendos de independencia, uno en 1980 y otro en 1995. En ambos ganaron los partidarios de la permanencia. En 1980 los independentistas lograron el 40,5%. Perdieron por 700.000 votos. En el segundo, su derrota fue muy estrecha, solo por 50.000.

La diferencia entre ambas consultas fue la movilización del voto joven. Aunque los centennials (los menores de 18 años) no parecen hoy tan interesados, sus prioridades son otras, la posibilidad de un tercer referéndum no ha desaparecido.

Lo más interesante del caso canadiense es que su Tribunal Supremo determinó en 1998 que si una parte del país desea separarse debería convocarse un referéndum pactado con el Gobierno central y ser autorizado por el Parlamento federal. El Constitucional español no ha cerrado la vía a este tipo de solución.

Escocia

El Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum que se celebró el 18 de septiembre de 2014. La pregunta era: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Bastaba la mayoría simple, la mitad más uno. Los escoceses no residentes en Escocia no tenían derecho a voto. Las reglas estaban claras, hubo campaña por ambos bandos. Ganó el no a la independencia: 55,3% frente a 44,7.no La participación fue del 84,6%.

La opción de un segundo referéndum está sobre la mesa con la excusa del Brexit: si el Reino Unido se va de la UE, Escocia querría votar si desea salirse también o quedarse en la UE. El 62% de los escoceses votó contra el Brexit.

Londres ha anunciado que rechaza un nuevo referéndum. La situación provocaría un choque constitucional. La UE ha adelantado que no aceptaría el plan escocés: salirse del Reino Unido para seguir en la UE. Saldría también y una vez resuelto su vínculo con Londres podría ponerse a la cola de nuevas admisiones.

Kosovo

Es un caso especial: la última pieza del desmembramiento de la antigua Yugoslavia. La Corte Internacional de Justicia estableció en una sentencia aprobada por 14-4 que la independencia kosovar no violaba la legislación internacional, ya que la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU había suspendido la soberanía serbia sobre el territorio debido a las graves violaciones de derechos humanos. Kosovo pasó a estar bajo administración internacional. La independencia se produjo desde esta segunda autoridad, no desde Serbia.

Tras el asesinato del primer ministro reformista serbio Zoran Djindjic, en 2003, poco antes de la invasión de Irak, el país regresó a manos nacionalistas. La Serbia de Slobodan Milosevic lanzó una guerra contra la mayoría albanokosovar de Kosovo en 1998 con el fin de expulsarla. Las violaciones de los derechos humanos fueron constantes. La comunidad internacional no supo cómo resolver este asunto durante cerca de 10 años. Pedir a Kosovo que regresara a Serbia era como pedir a una mujer que volviera a la casa de su maltratador por el bien de los  vecinos del edificio. Kosovo se independizó el 17 de febrero de 2008. Hoy es un Estado fallido.

Montenegro

La penúltima pieza en caer del mapa yugoslavo. No fue necesaria una guerra porque hubo un acuerdo. La UE, y en concreto Javier Solana, pilotaron el referéndum de 2004. Las condiciones eran: una participación mínima del 50% (llegó casi al 90%) y una victoria del sí por el 55%, es decir con una mayoría reforzada. Ganó el sí con casi el 56% frente al 44% que prefería mantener la unión con Serbia.

Checos y eslovacos

Después de la Revolución de terciopelo, checos y eslovacos, una unión impuesta tras la caída del imperio austrohúngaro, optaron por separarse. Fue un divorcio amistoso. Otros prefieren decir, que Praga se quitó de en medio a su hermanastro pobre para seguir en solitario. ¿Hay algún paralelismo que pueda servir a Cataluña? Este enlace explora la respuesta.

Los bálticos

Lograron sus independencias sin acuerdos y sin guerra. Antes se tuvo que hundir el imperio soviético. Contaron con el apoyo de Occidente. La URSS se anexionó Lituania, Estonia y Letonia en junio de 1940 alejándolas de la tradición europea a la que habían pertenecido. Putin no las da por perdidas. Está en juego una importante salida al mar.

Los países cambian, nacen y mueren los imperios. El problema es cuándo debemos parar el mapa.

La Policía de la provincia de Quebec ha elevado este lunes a seis los muertos en el tiroteo registrado a última hora del domingo en una mezquita de la capital provincial, Quebec.

La Policía ha agregado que un total de ocho personas han resultado heridas, confirmando el arresto de dos personas y resaltando que considera lo sucedido como "un acto terrorista", según las informaciones recogidas por la cadena de televisión local CBC y Europa Press.

Poco antes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tildó de "atentado terrorista dirigido contra los musulmanes" el tiroteo en la mezquita. 

En su comunicado, Trudeau indicó que "mientras las autoridades investigan y se confirman los detalles, es descorazonador ver esta violencia sin sentido". "Esta noche los canadienses lloran la muerte de los asesinados en un ataque cobarde en una mezquita de Quebec. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha dicho a través de la red social Twitter.

"La diversidad es nuestra fortaleza, y la tolerancia religiosa es un valor que nosotros, como canadienses, valoramos profundamente", agregó.

Así, manifestó que "los canadienses musulmanes son una parte importante de la fábrica nacional, y estos actos sin sentido no tienen lugar en nuestras comunidades, ciudades y país".

"Las autoridades canadienses protegerán los derechos de todos los canadienses, y harán todos los esfuerzos necesarios para capturar a los responsables de este acto y de todos los actos de intolerancia", remachó.

En un segundo mensaje, Trudeau ha afirmado que ha hablado con el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, y que ha ofrecido "toda la asistencia necesaria".

Minutos antes, Couillard habló también de "acto terrorista" tras el tiroteo.

"Después de este acto terrorista, he pedido a la Asamblea Nacional de Qubec que nuestra bandera ondee a media asta", indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, junto al hashtag #tousunis (Todos unidos). Couillard ha asegurado a través de su cuenta en la red social Twitter que "el gobierno se ha movilizado para garantizar la seguridad de la población de Quebec".

"Quebec rechaza de forma categórica esta violencia bárbara. Toda nuestra solidaridad con las personas cercanas a las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

"Unámonos contra la violencia. Solidaridad con los quebequeses de confesión musulmana", ha manifestado Couillard en un tercer mensaje a través de esta red social.

Hollande condena "firmemente" el atentado

En un comunicado, el presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que el objetivo de los terroristas era atacar "el espíritu de paz y apertura de los quebequeses" y ha condenado "firmemente" el atentado perpetrado este domingo.

"Francia está al lado de las víctimas y sus familias. El presidente de la República expresa un mensaje de simpatía, afecto y solidaridad con el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau", ha remachado.

La Policía de Quebec ha asegurado que la situación está "bajo control" tras el tiroteo, recalcando que "el lugar ha sido asegurado y los ocupantes han sido evacuados".

La Policía también ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la mezquita y centro cultural islámico, ubicada en el barrio de Sainte-Foy. En el interior de la mezquita se encontraban decenas de personas en el momento del tiroteo.

68 diputados. La mayoría absoluta del Parlament. Esa será, para Artur Mas, la barrera que fijará la victoria del independentismo en las elecciones catalanas del 27-S. O sea, la mitad más uno de los 135 miembros de la Cámara, sin importar que no alcance el 50% de los votos. 

En las últimas semanas, el umbral necesario para comenzar el camino hacia la secesión de Cataluña había quedado en el aire. En el acuerdo firmado por CDC, ERC y las entidades soberanistas [aquí en PDF], agrupados en la candidatura unitaria Junts pel Sí, liderada por el exeurodiputado de ICV Raül Romeva, se hablaba de que si "una mayoría de diputados a favor de la independencia" resultaba escogida el 27-S, entonces arrancaría el proceso. Pero este martes, el president, horas después de la firma solemne del decreto de disolución del Parlament y de convocatoria de elecciones [el texto en el BOE aquí en PDF], precisó el terreno de juego. Subrayó que en el recuento "plebiscitario" de los comicios, se tendrá en cuenta la mayoría obtenida en escaños y no en votos, al no ser un referéndum "en condiciones normales". 

En la Cámara emergida de las elecciones de 2012, las fuerzas soberanistas sumaron 74 diputados: 50 de CiU, 21 de ERC y 3 de la CUP. Ahora concurren juntas CDC –divorciada ya de Unió– y los republicanos, con Romeva como cabeza de lista y Artur Mas y Oriol Junqueras en los puestos 4 y 5 de la candidatura de Junts pel Sí. La CUP acude en solitario con el periodista Antonio Baños de número uno. 

Mas defendió durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat que si la consulta por la independencia se hubiera podido celebrar el año pasado "en condiciones normales, es decir, acordadas con el Gobierno, es evidente que el resultado sería contar con votos". Pero como el instrumento que se usa ahora son unas elecciones, estas se computan "por diputados", así que "el 51%" de estos, "68 diputados" es la cifra mínima a partir de la cual se podrá hablar de triunfo del soberanismo. El president calificó de "poco inconsistente o incoherente" frenar la secesión porque lo pide un 49%. No obstante, reconoció, "cuanto más porcentaje, más legitimidad y más fuerza, mejor", ya que él mismo reclama "amplias mayorías" para sacar adelante el proceso. 

La CUP difiere

El criterio de Mas es el mismo que el de Junqueras: para avanzar hacia la escisión hace falta la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas. Sin embargo, el diputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez consideró este martes "imparable, impecable" y con "legitimidad absoluta" la independencia de Cataluña si la candidatura de Junts pel Sí y la de Baños superan el 55% de los votos, aunque fijó en el 50,01% el mínimo necesario. 

La Ley Electoral de 1985 –la norma estatal, puesto que Cataluña no dispone de una regulación propia– y el sistema D'Hondt por el que se adjudican los escaños hacen posibles las mayorías absolutas en el Parlament sin tener más del 50% de las papeletas. Y se produce porque resultan beneficiadas en diputados las provincias menos pobladas. Barcelona reparte 85 asientos, por los 17 de Girona, los 15 de Lleida y los 18 de Tarragona. La historia corrobora esta afirmación. Jordi Pujol logró tres mayorías absolutas y en ninguna alcanzó el 50%. En 1984, CiU conquistó el 46,80% de los sufragios, y se llevó 72 escaños. En 1988, su 45,72% se tradujo en 69 actas. Y en 1992 se hizo con el 46,19% de las papeletas y 70 miembros de la Cámara.

En 1999, los socialistas ganaron a los convergentes en votos (1.183.299 frente a 1.178.420), pero se quedaron 4 escaños por debajo (56-52). Y en 2012, CiU, ERC y CUP acapararon el 47,89% de los votos y 74 actas entre las tres formaciones. En 2015, habría que tener en cuenta la posible pérdida de apoyos en el flanco soberanista por la fractura con Unió, que hace bandera por el derecho a decidir, no por la secesión, y se presenta por separado, con el exconseller Ramon Espadaler como candidato. También defiende la consulta, por la banda izquierda, Catalunya Sí que es Pot (Podemos, ICV-EUiA y Equo). El constitucionalismo se halla disgregado entre PSC, Ciudadanos y PP, aunque comparten su rechazo al carácter plebiscitario a estas elecciones. 

Pero, ¿qué mayoría se considera necesaria para proclamar la independencia en otros países? Podemos echar mano de cuatro ejemplos recientes: Escocia, Montenegro, Quebec e Irlanda del Norte. Cuatro casos distintos que pueden ayudar a poner la barrera. 

01. ESCOCIA

Es el espejo en el que se miraba Cataluña. Un referéndum pactado entre Londres y Edimburgo, con una pregunta clara –"¿Debería ser Escocia un país independiente?"– y un resultado vinculante para las partes. Ganó el no por un 55,3% de los votos (el sí se quedó en el 44,7%). La participación escaló hasta el 84,6%. Emitieron su voto 1,6 millones de electores, de los dos llamados a las urnas [todos los resultados, aquí en PDF]. 

Entre las condiciones acordadas por el Gobierno británico y el escocés, se estipuló que no importaría la participación. No se impuso ningún umbral. La independencia sería efectiva si más de la mitad de los votantes apostaba por el sísí [puedes consultar los aspectos técnicos del plebiscito en un documento en PDF aquí, en inglés]. 

Y, tras la victoria del no, ¿cuándo habrá un nuevo referéndum? El pacto entre los dos Ejecutivos no contemplaba ninguna otra fecha en el futuro. No obstante, el Gobierno nacionalista de Escocia, dirigido entonces por Alex Salmond, aseguraba que una consulta secesionista es una oportunidad que se presenta con cada generación. De ahí que desplegase una intensa campaña por el sí, consciente de que una victoria del unionismo enterraría durante años las ambiciones independentistas. 

02. MONTENEGRO

Hay que echar la vista atrás hasta finales de 2005. Los principales partidos gobernantes y de la oposición del pequeño enclave de Montenegro, bajo el impulso del presidente, Filip Vujanovic, aceptaron negociar el tránsito hacia la independencia de Serbia bajo la mediación de la Unión Europea. Y esta impuso las condiciones en febrero de 2006. Planteó una fórmula para que el referéndum secesionista se celebrara en la república de una forma justa, transparente y legítima: que el sí a la independencia lograra más del 55% de los votos emitidos y que la participación en las urnas superase la mitad del censo electoralsí . El 2 de marzo el Parlamento montenegrino dio el visto bueno a las cláusulas de la UE y fijó la fecha del plebiscito: 21 de mayo de ese mismo año, 2006. 

Montenegro superó ambos los dos listones fijados por la UE. De los 484.718 electores, acudieron a votar 419.236. El 86,49%. Una participación amplísima. La segunda condición se cumplió, aunque de forma más justa: apostaron por el sí 230.711, el 55,50% [puedes consultar los resultados aquí en PDF, según un informe de la OSCE en inglés]. Por el mantenimiento de los lazos con Serbia, 184.950 ciudadanos, el 44,50%. La pregunta, sencilla: "¿Desea que la República de Montenegro sea un Estado independiente con plena legitimidad conforme al Derecho Internacional?". El 3 de junio, el Parlamento proclamó oficialmente la secesión de Montenegro y, el 28 del mismo mes, se convirtió en el Estado miembro número 192º de la ONU. 

¿Y Kosovo? El caso no es semejante. No hubo referéndum de por medio. El 17 de febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo, que entonces era una provincia autónoma serbia de mayoría albanesa, proclamó unilateralmente su independencia. Fue respaldada por los 109 diputados presentes en la Cámara. El primer ministro, Hashim Thaçi, un exlíder guerrillero, cumplió el sueño de los cerca de dos millones de albanokosovares. La declaración fue apoyada por la mayoría de los países de la UE y EEUU, pero no por Rusia, China o España. Tampoco está entre los países miembros de la ONU, como Montenegro o el último en sumarse a la lista, Sudán del Sur. 

Esta vía, la de la proclamación unilateral, es a la que están dispuestos a llegar los independentistas en Cataluña. Lo quiera el Estado o no, según figura en el acuerdo de Junts pel Sí. Sin embargo, el Gobierno central podría activar distintas vías para frenar la secesión. Incluso poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, que posibilita la suspensión de la autonomía. 

03. QUEBEC

La provincia francófona de Quebec ya ha vivido dos intentonas fallidas para independizarse de Canadá. En 1980 y en 1995. Y, desde entonces, no lo ha vuelto a intentar. 

En el primer referéndum, convocado por el líder histórico del nacionalismo quebequés, René Lévesque, para el del 20 de mayo de 1980, la victoria del no a la secesión fue nítida. 2.187.991 papeletas válidas con el no, el 59,56%no . La participación fue altísima, del 85,61% [los resultados oficiales, aquí].

En la consulta del 30 de octubre 1995, promovida por el entonces primer ministro, Jacques Parizeau, también del Partido Quebequés (PQ), la ventaja de los federalistas fue mucho más estrecha. 2.362.648 noes (el 50,58%) y 2.308.360 síes (49,42%). Sólo 54.228 votos decidieron la permanencia de Quebec en Canadá. La movilización fue más elevada aún que la registrada 15 años antes, del 93,52%. 

Pero el problema de aquella consulta, para los separatistas, no sólo fue el resultado tan apretado, sino la pregunta. Muy enrevesada: "¿Acepta que Quebec deba ser soberano tras hacer una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política, en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?". Tras la derrota, el PQ se comprometió a celebrar un nuevo referendo independentista tan pronto como se dieran las "condiciones ganadoras", ante la previsión de que una tercera bofetada hundiera para siempre la ambición secesionista. 

El obstáculo de la Ley de la Claridad

Las condiciones no se dieron en los años en los que el PQ se mantuvo en el poder, hasta 2003. Le relevó el Partido Liberal de Quebec (PLQ), federalista. Luego retornó al Gobierno, en 2012, y lo volvió a ceder a favor del PLQ 19 meses más tarde, en 2014. Los separatistas han llegado a defender una vía rápida de acceso a la independencia de la provincia: el ex primer ministro Parizeau apuntó que sería suficiente una victoria del PQ para proclamar la soberanía, sin necesidad de un referéndum. Era necesario, señalaba, abandonar la estrategia del "paso a paso" de Lévesque, para adoptar una nueva táctica: acudir a los comicios provinciales con un claro programa independentista, de forma que su triunfo, aunque sin alcanzar el 50% de los votos, tendría la misma fuerza que un plebiscito. Pero el PQ se estrelló en sus últimas elecciones. 

Pero la diferencia respecto a 1995 no es sólo que los nacionalistas no están en el poder. Es también la Ley de la Claridad que el Parlamento de Ottawa aprobó en 2000 [aquí la norma, en francés], texto motivado por el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá. La ley establece que la Cámara federal debatirá, 30 días antes del referéndum, si la pregunta que el Gobierno de Quebec formula a sus ciudadanos establece con nitidez que el objetivo del plebiscito es la secesión. La norma otorga también al Parlamento nacional la facultad de decidir si los votos obtenidos por los independentistas (en caso de que ganen) son suficientes para indicar que la mayoría de la población de la provincia se quiere segregar. O sea, que la mayoría simple no basta. El texto, sin embargo, no fija cuál es esa mayoría "suficiente" que se requiere para considerar válido el referéndum. Sí que tendrá en cuenta, entre otros factores, la participación y el volumen de síes a la independencia. 

04. IRLANDA DEL NORTE

En 1998 se firmó el histórico Acuerdo de Viernes Santo (Good Friday Agreement o Belfast Agreement). Histórico porque supuso abrir el camino de la paz y la resolución del conflicto en Irlanda del Norte, y que rubricaron todos los partidos del territorio –excepto el Democrático Unionista (DUP) del reverendo Ian Paisley–. 

El acuerdo [aquí en PDF] reconocía el derecho a la autodeterminación (o derecho a decidir) de los norirlandeses. Asumía a la vez tanto que una parte "sustancial" de la población del Ulster, y la mayoría de los habitantes de la isla de Irlanda, quería ver una Irlanda unida, como que el deseo de la "mayoría" de los norirlandeses era seguir dentro del Reino Unido. 

El texto señala que el ministro británico para Irlanda del Norte es el que puede convocar un referéndum "si en un momento determinado considera él probable que una mayoría de los votantes pudiera expresar su deseo de que Irlanda del Norte deje de ser parte del Reino Unido para formar parte de una Irlanda unida". El Acuerdo de Viernes Santo permite que se repitan periódicamente este tipo de consultas. Con una condición: que no se celebre una antes de que hayan pasado siete años desde la anterior. La separación de Londres se produciría si así lo quisiera "una mayoría" de los electores. Sin más precisiones. 

La trayectoria del Ulster desde el Acuerdo de Viernes Santo ha contado con numerosos sobresaltos. El principal, la suspensión de la autonomía durante cinco años. Los nacionalistas han pedido la celebración de un referéndum por la unificación de Irlanda. Pero, de momento, ese plebiscito no ha llegado. 

Pues bien, esta improbable papeleta de “ninguna de las anteriores” ganó con un 50,5 por ciento de los votos frente a la anexión (46,6 por ciento). La oposición había hecho campaña contra la consulta (una discutible maniobra anexionista) y había exigido la introducción de esa quinta opción como protesta frente a los partidarios de la anexión plena a Estados Unidos. Los ciudadanos no fueron engañados. Y es que a veces la respuesta está en la pregunta y a veces no. Como dice El Roto en una genial viñeta, la autoridad clama: "¡Tendréis el derecho a decidir! A decidir, ¿el qué?”, pregunta un ciudadano. “¡Lo que os digamos!”, le espeta el político.

Ninguna pregunta es del todo neutral. Y definir la pregunta implica determinar “el qué” del ciudadano de El Roto. Las Directrices de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa establecen en su punto 3(c) que la pregunta en un referéndum “tiene que ser clara; no debe de llevar a confusión; no debe sugerir una respuesta; los electores deben estar informados sobre los efectos del referéndum; los votantes deben ser capaces de responder a las preguntas mediante 'sí', 'no' o un voto en blanco”. Las directrices también obligan a la administración a ser neutral durante la campaña y no apoyar ninguna opción en concreto.

En este sentido, la pregunta formulada en el “proceso participativo” (presentado sistemáticamente como un referéndum en foros internacionales) del 9 de Noviembre deja mucho que desear. En primer lugar, falta una opción que obviamente cuenta con significante apoyo entre los habitantes de Cataluña: mayor autonomía fiscal. En segundo lugar, la opción supuestamente federal no está claramente definida (la palabra “federal” no es mencionada). En tercer lugar, sólo ha existido una campaña, la impecablemente diseñada campaña del Sí/Sí con su fenomenal apelación al sentimiento nacional, al futuro, a lo constructivo (“vota para cambiarlo todo y entre todos construir un nuevo país”). Finalmente, el “no” es de por sí inmovilista, poco atractivo, oscuro. Desgraciadamente, la papeleta no contiene la opción boruca de “ninguna de las anteriores”.

Hablando de oscuridad, la campaña del Sí/Sí toca la fibra sensible más poderosa del nacionalismo: los muertos. Lluis Companys e incluso un dudoso patriota catalán como el salvajemente ajusticiado Salvador Puig Antich aparecen en la campaña del “voto per tú”. Y es que el nacionalismo tiene mucho que ver con la muerte. Como describe Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, la noción del soldado desconocido, de los “muertos por la patria” es lo que acerca el nacionalismo a la simbología religiosa: a lo trascendente. “La importancia cultural de estos monumentos”, escribe Anderson, “resulta todavía más clara si uno intenta imaginarse la tumba del marxista desconocido, o el cenotafio de los liberales caídos. ¿Hay algo más absurdo? Esto es así porque ni el marxismo ni el liberalismo tienen nada que ver con la muerte y la inmortalidad”.

Volviendo al tema del eufemístico “derecho a decidir”, la pregunta catalana y la campaña que la acompaña dice más bien poco sobre un aspecto importante a tener en cuenta: las dudosas consecuencias internacionales del Sí/Sí. La independencia no es efectiva si no hay un reconocimiento internacional, y en el plano internacional, claramente, no existe un derecho unilateral a la secesión (esta es, de hecho, la interpretación actual del artículo primero común a los pactos internacionales de Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos y sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Bien es cierto, en este sentido, que el Tribunal Internacional de Justicia determinó en su opinión de 2010 sobre Kosovo que no existe una prohibición internacional sobre las declaraciones de independencia. Eso no quiere decir, sin embargo, que el efecto jurídico de tales declaraciones sea la independencia. Varias comunidades indígenas Miskito de la Costa Atlántica de Nicaragua declararon la independencia de estas regiones autónomas en 2009, sin embargo de momento cuentan con una o ninguna embajadas reconocidas.

Tatarstán también declaró su independencia en 1990. Esta ex-república soviética organizó en 1992 un referéndum de independencia que fue anulado por el Tribunal Constitucional de Rusia, pero la sentencia no fue ejecutada en la práctica. De este modo, Tatarstán se considera a sí misma como una república independiente, mientras que para Rusia está sujeta a su soberanía como una unidad constituyente más. Las relaciones entre los dos son complejas: el órdago independentista sirvió a Tatarstán para mejorar su posición frente a Moscú. El resultado son estructuras institucionales (e imaginaciones) paralelas y un curioso olvido del principio de no-contradicción. Algo también presente en estos momentos en el norte de Kosovo, poblado por Serbios. ¿Será algo parecido el futuro de Cataluña?

En este contexto, la sentencia de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Québec sobre el referéndum de independencia niega un derecho a la secesión unilateral (afirmando a la vez el deber de Canadá de negociar con la provincia sin resultados preconcebidos, una cuestión de legitimidad democrática). Afirma también el posible ejercicio legítimo de la autodeterminación externa en casos de descolonización, como remedio ante la opresión de un pueblo bajo ocupación militar o cuando un grupo es excluido de la participación política. Ninguno de estos escenarios es aplicable a Cataluña, que cuenta con un nivel de autonomía realmente envidiable a nivel internacional –incluso tras la polémica decisión del Tribunal Constitucional de 2010–.

La autodeterminación externa está por tanto –fuera del contexto ya lejano de la descolonización– reservada a la soberanía ejercida por (todos) los habitantes de un estado. El derecho interno a la autodeterminación, por otro lado, es junto al derecho a la participación política un principio democrático participativo que puede expresarse a través del desarrollo de regímenes autonómicos o federales. Así, Cataluña, a través de sus competencias autonómicas, comparte una porción de la soberanía de España. Esta dimensión interna es una salida razonable a lo que Marc Weller llama la "trampa de la autodeterminación": una interpretación rígida del concepto que promueve el conflicto.

Recuerdo bien la fría noche del 16 de febrero de 2008, cuando los kosovares celebraban la muy bien merecida llegada de la independencia como quien espera la llegada de los Reyes Magos. Seis años después, Kosovo sigue esperando a Godot (léase Europa) sumido en la corrupción, el subdesarrollo y la división inter-étnica. A pesar del apoyo de Estados Unidos, poco más de la mitad de los estados de la ONU lo reconocen como tal. Kosovo se merece algo mejor.

En suma, los precedentes internacionales vaticinan un día después a las aventuras unilaterales secesionistas más complejo de lo que la ultra-optimista campaña del Sí/Sí presenta. El “derecho a decidir” necesita ser definido en términos justos y realistas. Al mismo tiempo, el Gobierno de Rajoy tiene que hacer sus deberes y desempeñar con madurez una responsabilidad nacional e internacional tan importante o más que el “derecho a decidir”: el descuidado y poco nombrado “deber de negociar”.

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Chema Arraiza es especialista en minorías y derechos humanos, trabajó durante ocho años como asesor de la OSCE en Kosovo y del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales.