La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes.

No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. 

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy, durante una reyerta que se produjo el 30 de noviembre de 2014 entre hinchas del Riazor Blues y el Frente Atlético, según informa Europa Press.

Así consta en un auto en el que los magistrados revocan el archivo decretado en mayo de 2022 por la jueza de instrucción, ordenan practicar diligencias para seguir investigando e instan al Juzgado a que posibilite un informe propuesto por la acusación que ejerce en la causa LaLiga.

La Sala cree que "hay evidentes indicios delictivos para reputar autores a los investigados identificados" por las acusaciones que representan a la Fiscalía de Madrid, LaLiga y otras partes personadas en el procedimiento.

La jueza archivó la causa en mayo de 2022 ante la ausencia de autor conocido al no dar credibilidad al relato de un testigo protegido que identificó ante la Policía al autor material al considerar que incurría en numerosas contradicciones sobre lo sucedido en los aledaños del entonces estadio Vicente Calderón.

La acusación particular y La Liga de Fútbol Profesional recurrieron esta decisión. En concreto, LaLiga cargó contra la jueza, a la que acusaba de cometer "errores de bulto" e incurrir en "razonamientos simplistas o inocentes".

En diciembre de 2022, concluyó el juicio por la reyerta que derivó en la muerte de 'Jimmy'. El Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid condenó a multas de entre 300 y 1.350 euros a 75 acusados de participar en la multitudinaria pelea que enfrentó a hinchas del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid. 

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, sobre el cual han recaído las tres denuncias interpuestas contra la Liga de Fútbol Profesional, su presidente, Javier Tebas, y el Club de Fútbol Fuenlabrada por viajar a la ciudad herculina con casos de coronavirus entre su plantilla investiga si hubo delito de lesiones o "contra los derechos de los trabajadores", según informa Europa Press.  El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la magistrada ya ha iniciado diligencias previas por si los hechos relatados en las denuncias pudiesen ser constitutivos de "uno o varios delitos de lesiones o incluso contra los derechos de los trabajadores".

No obstante, por el momento entiende la magistrada titular del órgano que no existen indicios de la comisión de un delito contra la salud pública ni de desobediencia con encaje en el Código Penal.

La jueza ha acordado solicitar a la Policía Judicial la elaboración de un informe sobre las circunstancias que siguieron a la detección de un positivo por covid-19 en la plantilla del Fuenlabrada desde la perspectiva de los protocolos existentes.

En este estudio se debe detallar también datos sobre las condiciones en que se produjo el traslado a A Coruña, precisión del número de positivos e indicios sobre la forma de contagio.

Hasta el momento en total se han presentado tres denuncias contra la Liga de Fútbol Profesional, su presidente, Javier Tebas, y contra el CF Fuenlabrada. En una de ellas consta un solo denunciante, otra agrupa a tres y la última a cinco particulares.

Otras acciones

El viaje del Fuenlabrada a la ciudad herculina para jugar un partido de fútbol con el Dépor, que acabó por suspenderse, también originó que el Ayuntamiento de A Coruña solicitase a la Fiscalía que investigue los hechos relacionados por si fuesen constitutivos de delito.

En su escrito, el consistorio pidió que se expliquen cuestiones como "por qué no se informa a las autoridades sanitarias" de los positivos en la plantilla y "por qué se viaja" hasta A Coruña cuando ya se conocía que alguno de los jugadores estaba afectado.

Precisamente, la Fiscalía Provincial de A Coruña confirmó el pasado viernes que abrió diligencias de investigación penal para esclarecer si lo sucedido en el caso del brote de coronavirus detectado en la expedición del Fuenlabrada tiene "alcance penal".

Tras la decisión del Ayuntamiento de A Coruña de llevar el caso a Fiscalía, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó abierta también la posibilidad de acudir a la justicia si el expediente informativo en curso del Gobierno gallego detecta que se produjo algún tipo de negligencia.

Precisamente, este jueves Feijóo confirmó que el Gobierno autonómico abre un proceso sancionador contra el Fuenlabrada CF y LaLiga por "incumplimiento grave" del protocolo sanitario tras viajar el equipo a la ciudad de A Coruña para disputar el último encuentro de la temporada.

Por su parte, el Deportivo no ha descartado ir por la vía penal. "La previsión del club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña, momento procesal en el cual el Real Club Deportivo y otros grupos de interés como la Federación de Peñas podrán personarse y defender sus intereses, así como solicitar medidas cautelares", afirmó el equipo en un comunicado difundido a principios de esta semana.

Casos positivos

Según las pruebas practicadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), los integrantes de la expedición del Club de Fútbol Fuenlabrada desplazada a A Coruña infectados por coronavirus fueron un total de 18, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado el viernes de la semana pasada y recibió este martes el alta.

En cualquier caso, a los 18 positivos ratificados por las autoridades sanitarias gallegas hay que añadir los cuatro miembros de la plantilla que ya no pudieron viajar a la ciudad herculina. En total, el propio club llegó a situar en 26 los positivos por coronavirus entre sus jugadores y cuerpo técnico.

33 ya abandonan el confinamiento

Este viernes se conoció que los resultados obtenidos en las últimas pruebas realizadas por el laboratorio de microbiología del Área Sanitaria de A Coruña permiten dar el alta epidemiológica a 33 de los 46 miembros de la expedición del Club de Fútbol Fuenlabrada que permanecían confinados en un hotel de la ciudad herculina.

De esta forma, al recibir el alta epidemiológica y cumplir el protocolo sanitario, estos 33 miembros de la plantilla del Fuenlabrada ya han podido abandonar el hotel NH Finisterre de A Coruña, mientras que a los 13 restantes se les seguirán realizando controles.

Estos controles consisten en un seguimiento telefónico y en función de la información recabada sobre la evolución del paciente, se toma la decisión de si se le repiten las pruebas por parte del laboratorio de microbiología, según explicaron a Europa Press fuentes sanitarias.

Las fuentes consultadas señalan que no existe ningún cálculo sobre cuántos días más tendrán que estar confinados los 13 miembros del Fuenlabrada que aún no han recibido el alta epidemiológica.

En el marco del 'caso Oikos' sobre el amaño de partidos de fútbol el magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, ha dictado prisión provisional para el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y el exjugador de varios equipos de Primera División Carlos Aranda, eludible con el pago de una fianza establecida en 100.000 euros cada uno de ellos, tal y como solicitaba el fiscal.

Ambos jugadores, que se han negado a declarar, están siendo investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa, y les impone la obligación de comunicar cualquier posible cambio de domicilio.

Ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, han prestado declaración otros cuatro detenidos.

En este sentido, el juez ha dictado libertad provisional con fianza de 50.000 euros tanto para el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, como para el exjugador del Real Valladolid, Borja Fernández. Asimismo, ha dictado libertad provisional con fianza de 75.000 euros para el jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López, y libertad con medidas cautelares para el jefe de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo.

A lo largo de la tarde de este jueves prestarán también declaración ante el juez el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo y el exjugador de varios equipos de Primera División, Carlos Aranda, como ya lo han hecho el jugador del Deportivo de La Coruña, Íñigo López, y el jefe de los servicios médicos de la Sociedad Deportiva de Huesca, Juan Carlos Galindo, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca.

Tanto Agustín Lasaosa como Borja Fernández están siendo investigados judicialmente como posibles autores de un delito de corrupción en el deporte y como presuntos cooperadores necesarios en un delito de estafa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota de prensa. Tanto Lasaosa como Fernández fueron detenidos este martes en el marco de la 'Operación Oikos', desarrollada por la Policía Nacional, y este jueves han declarado ante el juez que instruye las diligencias abiertas por la comisión de varios delitos relacionados con el amaño de partidos de fútbol.

Lasaosa y Fernández disponen ahora de un plazo de diez días para abonar la fianza de 50.000 euros impuesta por el juez para cada uno de ellos. Además, tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional, retirada de los pasaportes y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Esta mañana también ha prestado declaración ante el juez otro de los detenidos en la 'Operación Oikos', el jefe de los servicios médicos de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Carlos Galindo, a quien se le considera posible autor de un delito de corrupción en el deporte. Para él, el juez ha dictado libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, han apuntado desde el TSJA.

Libertad con cautelares para el excapitán del Valladolid Borja Fernández

El excapitán del Real Valladolid Borja Fernández ha quedado en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca en relación a una organización de amaños deportivos en el fútbol profesional. Borja Fernández, detenido en el marco de la 'Operación Oikos', tendrá que presentarse en el Juzgado cada quince días, según ha explicado a la prensa su abogado, Joan Castelón, que se ha mostrado convencido de que la acusación de blanqueo de capitales y estafa "no va a salir nunca".

El abogado del futbolista, que se retiró tras el último partido entre Valladolid y Valencia, uno de los encuentros bajo sospecha, ha valorado que las medidas son las del resto de detenidos, subrayando que esto es así "hasta que no está determinado qué participación hay".

El jugador Íñigo López, en libertad bajo fianza de 75.000 euros

El magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, ha dictado libertad provisional con fianza de 75.000 euros para el jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López. El abogado del futbolista, Juan Pablo Lerena, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el jugador tiene 15 días para depositar la fianza y ha señalado que los delitos por los que se le investigan son los de corrupción entre particulares en su modalidad de competiciones deportivas, predeterminación del resultado de partidos de fútbol y cooperación necesaria en un posible delito de estafa por las apuestas.

Lerena ha hecho un llamamiento a la presunción de inocencia tras el "revuelo" organizado, así como a "la mesura, prudencia y paciencia". También ha apuntado que cuando sepa qué han declarado otros investigados y pueda leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas, podrá decirle a su cliente que declare voluntariamente y exponga "lo que haya que explicar". Ha apuntado que el juzgado y la Fiscalía han estado investigando seis meses cada uno y ha apelado a "esperar a ver lo que hay" para poder dar explicaciones ya que hasta ahora "hay datos" que él no tiene. "No me ponen en igualdad de posición", ha subrayado.

El letrado ha recordado que se mantiene el secreto de sumario y su cliente ha estado detenido desde las 8.30 horas de este martes. "Desde entonces ha estado encerrado y ha sido trasladado por toda España", ha añadido, recordando que ha declarado a las 15.00 horas de este jueves en Huesca. "Tampoco creo que sea muy esperable" que declare sobre la 'Operación Oikos' "sobre hechos muy concretos sin saber lo que hay en el juzgado", ha comentado.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha confirmado el archivo del caso en el que investigaba la muerte del hincha del Deportivo de la Coruña Francisco Javier Romero, alias Jimmy, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Así consta en un auto en el que se desestima el recurso presentado en reforma por la familia del fallecido contra el auto que dictó el juez el pasado diciembre en el que acordaba archivar la pieza relativa a un delito de homicidio tras dos años de pesquisas. Informa Europa Press.

El archivo se produjo al no hallarse al autor material o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014. El día de la muerte, el 30 de noviembre de 2014, ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña se enfrentaron en una reyerta pactada en las proximidades del río Manzanares y en las inmediaciones del estado Vicente Calderón.

Según las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, siete ultras arrojaron al hincha del Depor al río. La autopsia confirmó que la víctima presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico y varias lesiones.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de archivar la causa que investigaba el homicidio del hincha del Deportivo de la Coruña, Francisco Romero Taboada, conocido como Jimmy y contra su postura de no tomar declaración a un testigo protegido que considera "fundamental" para el caso.

El Ministerio Fiscal presentará sendos recursos de reforma y de apelación sobre el sobreseimiento de la causa del homicidio del hincha de los Riazor Blues tras ser arrojado al río Manzanares en una pelea multitudinaria entre aficionados y por las lesiones causadas al aficionado del mismo equipo Santiago Abada.

Además, el otro recurso de la Fiscalía se centra contra la negativa del titular del juzgado a tomar declaración en calidad de investigado a un testigo protegido, pues considera que la práctica de dicha diligencia puede resultar "fundamental" y "absolutamente necesaria" para la causa.

Por ello, impugna la decisión del juez de no tomar declaración al testigo protegido basándose en que ya existía una copia de la declaración que prestó en comisaría, en la Fiscalía de Menores y en el acto de juicio.

No obstante, la Fiscalía subraya que la valoración que se hizo de dicho testimonio por parte del tribunal que le juzgó fue de "falta de credibilidad" porque su testimonio "no estaba suficientemente corroborado por otros datos o elementos objetivos".

La Fiscalía sostiene que esta diligencia ya fue "indebidamente" denegada en esta causa por el juez y reitera su petición de que se le tome declaración en calidad de investigado no sólo porque su testimonio sea "fundamental" sino, como deja constancia el propio titular del juzgado número 20 de Madrid, porque "no hay otros testigos presenciales directos de los hechos, puesto que la mayoría de los investigados en la pieza que tiene por objeto la riña tumultuaria se acogieron a su derecho a no declarar".

Ello hace que hasta la fecha el testigo protegido sea el único que ha identificado a los autores de la muerte de Romero Taboada y de las lesiones a Abada.

También rechaza la Fiscalía los argumentos expuestos por el juez para negar cualquier valor a la identificación de los presuntos autores de los hechos practicada por los miembros de la Brigada Provincial de Información dada la mala calidad de las imágenes del vídeo y su baja resolución.

Por el contrario, el Ministerio Público entiende que para acreditar la identidad de las personas que intervinieron en los hechos investigados el juez no ha de basarse sólo en las imágenes del vídeo sino también "en la previa experiencia" de los miembros de la brigada, quienes cuando prestaron declaración explicaron "debidamente" cómo llegaron a la identificación "a partir del análisis completo de las imágenes y de su previo saber y conocimiento de los grupos ultras que enfrentaron el día de los hechos y de sus miembros".

El juzgado decidió archivar el caso en el que investigaba la muerte del hincha del Deportivo de la Coruña tras dos años de pesquisas y al no hallarse al autor material o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014. Por otro lado, los familiares del fallecido avanzaron que iban a recurrir el archivo provisional.

Un testigo protegido señaló a los presuntos autores del asesinato del ultra de los Riazor Blues Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, en los enfrentamientos entre aficionados radicales del Atlético de Madrid y el Deportivo de finales de noviembre de 2014 en los aledaños del Vicente Calderó.

Según informó la Cadena Ser y recogió Europa Press, el menor, que pidió protección para no sufrir represalias, confesó el pasado mes de julio que fue testigo directo del ataque al ultra del Deportivo Jimmy, que falleció como consecuencia de las secuelas que le produjeron los golpes y el lanzamiento de su cuerpo al río Manzanares.

Los ultras del Frente Atlético agredieron a dos aficionados del Deportivo y arrojaron sus cuerpos al Manzanares, entre ellos el del fallecido, según su versión de los hechos. El testigo protegido señala a seis personas, una de ellas menor de edad, con nombre, apellidos y apodo después de presenciar la escena del asesinato a escasos "cuatro metros".

En la declaración que ya está en el juzgado número 20 de Plaza de Castilla, el testigo dijo que cuatro ultras del Frente agredieron a un miembro de los Riazor Blues "más corpulento" y le arrojaron al río y después golpearon a Jimmy con una barra de hierro y que cuando cayó al suelo siguió siendo agredido con barras y patadas antes de ser arrojado al Manzanares.

El pasado 21 de mayo el titular del juzgado de instrucción nº 20 de Madrid dejó en libertad con cargos por riña tumultuaria a los cuatro imputados que permanecían en prisión preventiva, acusados del asesinato de Jimmy, porque se desprendían "dudas más que razonables sobre su participación directa en los hechos".

La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad a los dos ultras del Frente Atlético que eran menores de edad durante la reyerta que acabó con la vida del hincha del Deportivo de La Coruña. Ambos habían sido detenidos este miércoles en la tercera fase de la operación Neptuno.

Así, la Fiscalía no ha impuesto medidas cautelares privativas de libertad a los detenidos por la muerte del hincha al no encontrar pruebas de su participación en el homicidio.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de noviembre del año pasado en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, durante una reyerta entre hinchas del Deportivo de La Coruña y del Frente Atlético, en la que murió el radical del equipo gallego Javier Romero Taboada, alias Jimmy, de 43 años.

Las fuentes consultadas han precisado que estos dos nuevos arrestados a los que se les acusa de un presunto delito de homicidio eran menores en el momento de los hechos aunque actualmente uno de ellos ya ha cumplido los 18 años.

Los dos nuevos ultras del Frente Atlético detenidos en la tercera fase de la operación Neptuno,acusados de haber participado de manera directa en el asesinato de Jimmy, el hincha del Deportivo de La Coruña, eran menores de edad en el momento en el que se produjo la reyerta en las inmediaciones del Vicente Calderón. Según informaron fuentes de la investigación a Europa Press, uno de ellos ya ha cumplido los 18 años.

Aunque estos dos ultras ya habían sido detenidos en fases anteriores de la investigación, solo estaban acusados de haber participado en riña tumultuaria, por lo que habían quedado en libertad. De este modo, la Policía cree que fueron al menos seis y no cuatro los que acabaron con la vida de Jimmy. Los primeros cuatro arrestados por un presunto delito de asesinato fueron desimputados y puestos en libertaddesimputados y puestos en libertad por el juez que investiga los hechos en contra del criterio de la Policía. Consideró el juez que, por la mala calidad de las grabaciones en vídeo, no podía confirmarse que la persona a la que estos individuos tiraron al río fue Jimmy.

Veteranos del Frente Atlético

Los 18 arrestados son personas vinculadas al Frente Atlético, y además de los dos nuevos acusados por homicidio, el resto (entre los que se encuentra otro menor de edad) están todos acusados por riña tumultuaria. Entre ellos se encuentran algunos miembros veteranos del grupo fundado en 1982.

Una quincena de estos arrestos se ha producido en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, dos en Toledo y otro en Valencia. Este último está vinculado al Frente Atlético Sección Levante (FASL), una de las más activas del grupo y a la que también pertenecía uno de los primeros arrestados como autor material del asesinato de Jimmy. Se esperan más detenciones y la Policía baraja la posibilidad de llevar a cabo una cuarta fase de la operación en próximas fechas.

Un centenar de detenidos

La investigación se había apoyado inicialmente en el análisis de los vídeos que se pudieron recabar del día de los hechos (cámaras de seguridad o grabaciones con teléfonos móviles) y la ropa que llevaban los implicados en la pelea producida horas antes del partido en Madrid entre el Atlético y el Deportivo. En la reyerta participaron decenas de integrantes de los dos grupos ultras.

El trabajo de la Policía encajó un duro revés cuando el 21 de mayo el juez que investiga el caso decidió dejar en libertad a los cuatro únicos acusados por el asesinato del ultra gallego tras retirarles la imputación por homicidio y manteniendo tan sólo la de participación en riña tumultuaria por la que ya han sido arrestadas un centenar de personas de ambos grupos radicales.

De este modo, Ismael López (taxista de 33 años), Sergio Santiago Martínez (21 años), Francisco Javier Jiménez Linares (27 años) y José Luis Zarzoso (36 años) recuperaban la libertad tras varios meses en prisión preventiva. Todos ellos fueron arrestados en diciembre, los tres primeros en la Comunidad de Madrid y el cuarto en Valencia.

El juez justificaba en su decisión de excarcelarles en un auto en el que explicaba que había tomado declaración a dos testigos "de cuyo testimonio se desprenden dudas más que razonables" sobre la participación de los detenidos "en los hechos que causaron el fallecimiento de Jimmy".

Esos dos testigos fueron un taxista y un agente de movilidad que se encontraban en el lugar de los hechos en el momento de la pelea y que afirmaron que la persona a la que se ve que los arrestados arrojaron al río, y cuya caída se aprecia en los videos, luego pudo salir del agua por su propio pie. Es decir, no pudo ser Jimmy.

La versión de la Policía es que fueron dos personas las que fueron arrojadas por el mismo grupo agresor en un lapso de tiempo de 43 segundos de diferencia, una de ellas la que pudo salir por su propio pie y otra Jimmy. Los responsables de Información de la Policía afirman no tener dudas de que tanto los primeros cuatro detenidos como los dos nuevos arrestados fueron los autores materiales del asesinato.

Estos investigadores admiten la mala calidad de las imágenes de video que obran en su poder y descartan que esa vía de investigación pueda aportar más resultados. Por ello en los últimos meses han intensificado otros recursos que de momento les han permitido identificar otros dos implicados en la pelea que acabó con la vida de Jimmy y no descartan nuevos arrestos.

El magistrado del Juzgado número 20 de Madrid ha dejado en libertad a los cuatro acusados de la muerte de Francisco Javier Romero, alias 'Jimmy', el ultra del Deportivo de la Coruña que fue asesinado por ultras del Frente Atlético en la reyerta del 30 de noviembre en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido esta tarde un comunicado en el que confirma "la inmediata puesta en libertad de los cuatro imputados que permanecían en prisión preventiva". Explica que este jueves ha tomado declaración a dos testigos "de cuyo testimonio se desprenden dudas más que razonables" sobre la participación de los detenidos "en los hechos que causaron el fallecimiento de 'Jimmy'".

Añade el comunicado que "sobre estos cuatro detenidos se mantiene, no obstante, la imputación de participación en riña tumultuaria" y que "la investigación continúa".

Estaban detenidos por ser los presuntos autores materiales de la muerte del ultra coruñés del grupo Riazor Blues, y se enfrentaban a los delitos de homicidio y participación en riña tumultuaria por su intervención en la pelea que acabó con 'Jimmy' en Madrid Río. Todos fueron detenidos en la denominada operación Neptuno, que llegó a contar con más de 80 detenidos.

La Policía arrestó a estas cuatro personas a raíz del estudio de las imágenes de la pelea. Les identificaron a partir de las prendas que llevaban, principalmente. En esas imágenes se ve como caen al río al menos dos personas, por lo que la defensa de los acusados ha argumentado hoy ante el juez que no se puede demostrar que sea 'Jimmy' la persona que presuntamente arrojaron al agua sus clientes. Ha alegado que podría tratarse de otra persona y ha argumentado además la escasa nitidez de las imágenes, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Según estas fuentes, estos argumentos han hecho que el juez considere que no existe la certeza necesaria para mantener en prisión por un presunto delito de homicidio a los arrestados. Por su parte, fuentes policiales han confirmado a Europa Press que se ratifican en sus conclusiones y en su investigación policial y que no dudan de que los cuatro detenidos son los verdaderos autores de la muerte del ultra deportivista.

Entre los detenidos, había un taxista de Parla, un joven de Alcobendas, otro vecino de Parla y el cuarto, un ciudadano valenciano perteneciente al Frente Atlético Sección Levante (FASL).

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Coruña a 13 miembros de los Riazor Blues, en el marco de la segunda fase de la denominada Operación Neptuno, han informado fuentes policiales.

Todas las detenciones han sido en Coruña y a todos ellos se les acusa de haber participado en la pelea la pelea del pasado 30 de noviembre contra el Frente Atlético.

Entre los 36 detenidos en el marco de la operación Neptuno desplegada por la Policía Nacional contra los participantes en la reyerta ultra que acabó con la muerte de un radical del Deportivo de La Coruña se encuentran una mujer, tres menores de edad, un guardia civil y un militar, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que la mujer ha sido detenida por participar en la pelea junto al resto de miembros del Frente Atlético contra los radicales del Deportivo, Riazor Blues. Por ello, será acusada, como la mayoría de los arrestados, de un delito de riña tumultuaria.

Entre los delitos por los que se acusa a los detenidos también se incluye el de tenencia ilícita de armas o incluso homicidio. En concreto, son dos los arrestados a los que se les acusa de ser autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy'. Uno de ellos, según informaron ayer fuentes de la investigación, es un taxista de Parla casado y padre de familia.

Por su parte, según han confirmado este miércoles fuentes policiales, entre los detenidos también hay un miembro del Instituto Armado destinado en el puesto de Rivas Vaciamadrid. Otras fuentes han precisado que se trata de un hombre de algo más de 30 años y que también habría participado en la reyerta.

Otras fuentes consultadas han indicado que de los 36 arrestados este martes, en torno a una decena cuentan con antecedentes por delitos similares.

La Policía ha detenido este martes a dos personas a las que señala como los autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy', acusados por un presunto delito de homicidio en la reyerta entre 'ultras' del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña que se produjo el 30 de noviembre en los aledaños del Vicente Calderón.

Uno de los dos acusados por este asesinato es un taxista de Parla con varios hijos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. 

La Policía ha detenido a otras 34 personas en el marco de la denominadaOperación Neptunodesplegada contra las personas acusadas de participar en la reyerta. A la mayoría se les acusa también de tenencia ilícita de armas y participación en riña tumultuaria.

Fuentes policiales confirman que esta es la última cifra de arrestados en la operación, que continúa abierta. La pelea mortal tuvo lugar a las 9 de la mañana en la zona de Madrid Río, tres horas antes del partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña.

'Jimmy' murió a consecuencia de la paliza que le propinaron varios miembros del Frente Atlético, que además le lanzaron al Río Manzanares de donde tuvo que ser rescatado antes de ser trasladado al hospital con graves lesiones en el bazo.

En Madrid y otras provincias

La mayoría de los arrestos se han producido en Madrid, pero también ha habido arrestos en Ávila, Cuenca –concretamente en el municipio de Huete– y en Talavera de la Reina (Toledo). Además se están practicando varios registros relacionados con la investigación.

Ya el mismo día de la reyerta fueron detenidas 21 personas, 16 de los Riazor Blues, cuatro del Frente Atlético y una persona con antecedentes de relación con los Bukaneros del Rayo Vallecano y Alkor Hoolligans. Todos ellos quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez.

Los nuevos detenidos este martes han sido arrestados ya después de la investigación abierta por la Policía Nacional para esclarecer la muerte de Francisco Javier Romero Taboada.

El nombre de la operación, Neptuno, hace referencia a la fuente de la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid, lugar en el que la afición del Atlético de Madrid celebra habitualmente sus triunfos deportivos.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha culpado este martes al Deportivo de la Coruña de haber trasladado información "imprecisa" a la Policía sobre el desplazamiento de los ultras gallegos a Madrid por lo que las fuerzas de seguridad no pudieron conocer las intenciones de los radicales que, según ha insistido, concertaron previamente la pelea con los ultras del Atlético de Madrid. En consecuencia, el 'número dos' de Interior ha anunciado el cese de los coordinadores de Seguridad de ambos equipos.

Martínez ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar cuenta junto al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, de lo sucedido el pasado 30 de noviembre en los aledaños del estadio Vicente Calderón, que se saldaron con la muerte del ultra de Riazor Blues, Francisco Javier Romero, 'Jimmy'.

Martínez ha leído íntegramente el correo electrónico remitido el jueves 27 de noviembre por el coordinador de Seguridad del conjunto gallego en el que éste indicaba que "habiendo hablado con el jefe de seguridad del Deportivo parecer ser que viajarán unos 50 integrantes de Riazor Blues, no podemos asegurar la compañía que los lleva... lo normal es que se desplacen la misma mañana del domingo".

Cronología de los hechos

Según ha añadido, al día siguiente se informó por vía telefónica que los Riazor Blues habían conseguido 10 entradas y se informaba que "era posible" que se juntasen con los ultras del Rayo Vallecano, los Bukaneros, con los que les une la ideología de extrema izquierda.

El secretario de Estado se ha basado en la "imprecisión" de esta información y en la ausencia de antecedentes violentos entre ambos grupos para argumentar que el partido no fuese considerado del alto riesgo, una figura que se aplica sólo en un 2 por ciento de los 3.000 partidos de fútbol y baloncesto que se celebran a lo largo de un año. Ha destacado además que en la temporada 2012/2013 se desplazaron entre 30 y 50 miembros de Riazor Blues a Madrid y tampoco se decretó el alto riesgo y no hubo incidentes.

La última información se recibió el sábado, un día antes del partido, cuando la Brigada Provincial de Información de Madrid informó de que el Frente Atlético había quedado para desayunar en un bar. "La información de los clubes es imprescindible para que las fuerzas de Seguridad puedan hacer su trabajo con rigor", ha argumentado el secretario de Estado.

110 entradas 

En consecuencia ha zanjado que "el Deportivo no transmitió la información detallada y concreta sobre el desplazamiento de los Riazor Blues" y ha anunciado la apertura de una investigación sobre el procedimiento a través del cual se facilitaron entradas a los ultras.

"Sí se puede afirmar que 110 entradas en dos paquetes de 50 y 60 fueron entregadas a los Riazor Blues por parte de la Federación de Peñas del club sin comunicar a la Policía. Lógicamente, no conocer estas informaciones impidió valorar adecuadamente el riesgo. Sin entradas, los hinchas no se habrían desplazado", ha reiterado.

En relación a si la reyerta fue concertada previamente o no, Martínez ha afirmado que "si la pelea fue cuatro horas antes es porque los dos grupos querían pelearse". Al terminar, ha insistido en que se trató de "hechos lamentables", aunque "puntuales, pero "originados por dos grupos radicales que de manera voluntaria y consciente acordaron los acontecimientos".

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este miércoles que la Policía no tiene ningún documento oficial que constate que tenía conocimiento de la quedada de ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña el pasado domingo junto al estadio Vicente Calderón pero ha añadido que, ante la existencia de informaciones contradictorias, ha ordenado una investigación.

Sin embargo, la Delegación de Galicia afirmó este lunes que sí pasó información a la Comisión Nacional de Violencia, que fue la que determinó el nivel de riesgo del partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo, según informó la Cadena Ser. En una breve declaración tras reunirse con el presidente de la Xunta, el delegado del Gobierno Santiago Villanueva, ante la pregunta sobre si fallaron las medidas de prevención, repitió hasta en dos ocasiones que desde Galicia se pasó la información pertinente, pero no detalla qué tipo de información, escudándose en que es un asunto de carácter confidencial, 

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también insistió este martes en que la Policía no tenía constancia del desplazamiento de los hinchas del Riazor Blues a la capital el pasado domingo y que, si lo hubieran sabido, se habría puesto un dispositivo policial como en otros partidos calificados de alto riesgo.

Es por eso que Fernández Díaz ha anunciado medidas para erradicar conductas violentas vinculadas al fútbol como creación de "listas negras" de violentos a los que no se permita entrar a los estadios, que algunas personas no puedan ocupar determinados lugares en las gradas y que peñas con actitud violenta no puedan estar en esas zonas, y no se les distribuyan entradas. Así lo ha avanzado en una entrevista en Telecinco en la que ha señalado que los secretarios de Estado de Seguridad comparecerán conjuntamente en el Congreso de los Diputados el próximo martes, si así lo acuerdan sus respectivas comisiones, para precisar estas medidas y dar información sobre qué sucedió el domingo y qué falló.

"La Jefatura de Madrid y la Dirección General de Policía me dicen que no hay ningún informe oficial donde se acredite eso ni ninguna conclusión de un informe oficial, pero han salido esas informaciones y yo he ordenado que se investigue", ha dicho.

En todo caso, ha subrayado que la responsabilidad de la pelea del domingo, donde murió un ultra del Dépor, "es de los violentos", y también que "los clubes no han sido todo lo contundentes que tenían que haber sido" con ellos. Fernández Díaz también es partidario de otras medidas como que haya más rotación entre los policías que ejercen de coordinadores de seguridad en los equipos de fútbol.

En libertad con cargos los 21 hinchas detenidos 

Los 21 ultras detenidos en la reyerta del pasado domingo en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón quedaron este martes en libertad con cargos tras declarar ante la juez de Instrucción número 34 de Madrid, María del Coro Martínez, según informaron fuentes jurídicas.

Durante las comparecencias, la representante del Ministerio Fiscal ha solicitado prisión sin fianza para dos de los detenidos del Frente Atlético y para siete de los ultras de Riazor Blues. También ha solicitado que se les prohibiera acercarse a menos de dos kilómetros del estadio Vicente Calderón.

Pese a estas peticiones, la magistrada ha acordado dejar a todos en libertad bajo la acusación de riña tumultuaria y con la obligación de comparecer dos días al mes, sin aceptar la petición fiscal de prohibirles acercarse al Calderón.

El abogado de los hinchas del Deportivo, Erlanzt Ibarrondo, señaló este martes al concluir las comparecencias que todos sus clientes han declarado ante la jueza y han negado que hubiera una quedada previa, manifestando que fueron agredidos por los ultras del Frente Atlético en las inmediaciones del estadio.

Además, el letrado señaló que sus patrocinados no fueron detenidos in situ, sino en el hospital, donde estuvo ingresada la víctima mortal, y en el autobús que les iba a trasladar a A Coruña. También explicó que muchos de ellos presentan lesiones. Uno de ellos, por ejemplo, recibió tres puñaladas, otro fue tirado al río y otro sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Secreto del sumario

Las actuaciones están declaradas secretas. La juez María del Coro Martínez tendrá que inhibirse ahora a favor del Juzgado Número 20, que es el encargado de instruir las diligencias. Los detenidos llegaron a las dependencias judiciales al mediodía trasladados por cuatro furgones de la Policía. Hasta las 18.00 horas, no comenzaron los interrogatorios judiciales, que se han producido en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla.

Los interrogatorios de los detenidos, de los que ocho cuentan con antecedentes, se han producido después de que hayan sido puestos a disposición judicial tras prestar declaración en la comisaría de Moratalaz. Tras las comparecencias, la magistrada pasará las diligencias al Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, cuyo titular estaba de guardia el pasado domingo y fue el que procedió al levantamiento del cadáver.

Con las manifestaciones judiciales, el juez intentará determinar quién o quiénes fueron los supuestos autores de la muerte del hincha gallegohincha gallego Francisco Romero, de 43 años. Jimmy, como se le conocía, murió de un fuerte golpe en la cabeza.

Seis de los detenidos ya contaban con antecedentes por lesiones, robos con violencia, daños, robos con fuerza, desórdenes públicos y amenazas. También se identificó a 90 personas.

El Atlético de Madrid ha expulsado al grupo ultra Frente Atlético del estadio Vicente Calderón después de los incidentes este domingo en Madrid Río entre hinchas de los Riazor Blues –el grupo extremista del Deportivo de La Coruña– y del propio Frente, que se saldaron con 21 detenidos y la muerte del aficionado del Deportivo Francisco José Romero Taboada 'Jimmy'. "Una cosa es expulsar y otra muy diferente es disolver. Hace unos días me preguntaban si vamos a disolver la peña. No soy quien para ello, lo que vamos a hacer es expulsar a la peña de los eventos en el Vicente Calderón", anunció el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, en declaraciones al programa Los Manolos de Cuatro. Gil Marín dijo que esta decisión se ha adoptado este martes por la mañana por el gabinete de crisis que se creó a raíz de los incidentes del pasado domingo. "A los que no entienden que los valores del deporte van asociados a la convivencia y a venir con la familia, les digo que sobráis, que no tenéis que venir aquí nunca", indicó.

En un comunicado oficial, el Atlético recordó que tras los "gravísimos hechos" que tuvieron lugar en Madrid Río en las horas previas al Atlético de Madrid-Deportivo el pasado domingo, el club colchonero creó inmediatamente una comisión específica para analizar todo lo sucedido y adoptar las medidas oportunas. "Dicha comisión ha trabajado intensamente las últimas 48 horas en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y diversos organismos con el fin de poder recibir toda la información sobre los hechos acontecidos y poder tomar decisiones coherentes con la realidad de los hechos", señala en la nota.

El Atlético ha recibido este martes del coordinador de Seguridad de la Policía Nacional el acta oficial del partido, en la que se describen los hechos acontecidos así como los nombres de las personas que fueron identificadas y/o detenidas por la Policía por haber participado de manera directa o indirecta en la pelea multitudinaria. Entre los identificados, se encuentran 15 personas que "dicen ser" seguidores del Atlético de Madrid, de los cuales 7 eran socios abonados del club, 1 era socio no abonado y 7 no son socios.

"Todos los socios han sido expulsados de forma inmediata, causando baja permanente como socios y sin posibilidad de volver a serlo en el futuro, mientras que los que no son socios no podrán darse nunca de alta como tales", comunicó. No obstante, subrayó que las autoridades mantienen abierta la investigación y, si en las próximas horas, se identifica a más socios del conjunto rojiblanco "se procederá con la misma rotundidad".

Probada por la Policía y reflejada en el Acta la pertenencia al Frente Atlético de las personas identificadas que actuaron en los incidentes de una manera organizada y planificada, el club ha tomado la decisión de dar de baja como peña oficial al Frente Atlético, con efecto desde el día de hoy, y en consecuencia cesar cualquier relación con dicho grupo", anunció.

Asimismo, el Atlético afirmó que pondrá todos los medios a su alcance para impedir la exhibición en el interior del Vicente Calderón de pancartas u otros elementos distintivos de dicho grupo ultra. "La disolución en términos legales del Frente Atlético como asociación privada o entidad con personalidad jurídica propia no es competencia del club y, por tanto, no puede ser ejecutada por el club sino que serán las autoridades competentes las que deberán valorar y/o ejecutar dicha disolución", aclaró.

Igualmente, adelantó que perseguirá a cualquier otro "colectivo, peña o grupúsculo" que pudiera surgir en el futuro bajo cualquier otro nombre que no condene radicalmente la violencia o que utilice el nombre del Atlético de Madrid o sus instalaciones "para defender ideas políticas, racistas o xenófobas".

Colaboración para identificar a los violentos Asimismo, solicitó el apoyo de los organismos deportivos, de las instituciones públicas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los medios de comunicación y de todos sus aficionados para poder identificar "a todas aquellas personas cuyo comportamiento atente contra la esencia del deporte y los valores inherentes a él, con el fin de proceder a su inmediata expulsión del fútbol".

Por otra parte, el Atlético informó también a sus socios abonados de la Grada Joven del Fondo Sur, "y que son la inmensa mayoría que asisten cada partido al estadio de buena fe, con ilusión y con la única finalidad de animar al Atleti", que podrán seguir ocupando su localidad con total normalidad durante esta temporada 2014-15. Para ello, tan sólo tendrán que presentar su DNI y su carné de abonado en los tornos de acceso al estadio.

Al término de este curso y antes del comienzo de la siguiente, hará público cuál será la política en relación a la grada joven o grada de animación para que en el Calderón "haya un espacio adecuado para todos aquellos atléticos que quieren disfrutar de los partidos animando en todo momento a su equipo y respetando los valores del deporte". Por último, hace un llamamiento a sus miles de socios, peñistas y simpatizantes de todo el mundo para que, ahora más que nunca, "permanezcan unidos y animen al equipo" en casa y otros estadios "con la alegría, ilusión e intensidad tan característica de la afición atlética, pero con el máximo respeto hacia el equipo rival y sus aficionados".

"Desde el Atlético de Madrid confiamos en que estos tristes acontecimientos no vuelvan a repetirse y se abra una nueva etapa de concordia y respeto entre todas las aficiones del mundo del fútbol", concluye la nota. Esta decisión se la comunicará este gabinete de crisis al presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, y al resto de miembros de la Junta Directiva esta tarde en la reunión que se celebrará a partir de las 17:00 horas.

Cierre provisional de la grada de los Riazor Blues

Por su parte, el Deportivo de La Coruña cerrará de forma "provisional" y "simbólica" la grada de maratón inferior, en la que sitúan los Riazor Blues, este miércoles y el sábado, coincidiendo con el partido de la Copa del Rey contra el Málaga y el sábado, contra este mismo equipo, en la Liga. Así lo ha informado el presidente del club, Tino Fernández, tras una reunión del consejo de administración, y durante la lectura de un comunicado. A su término, no se ha permitido realizar preguntas.

Sobre la muerte del miembro de Riazor Blues Francisco Javier Romero, las únicas palabras han sido para mostrar el "apoyo" a la familia y para pedir "el mayor respeto" a la privacidad de ésta en estos momentos, ya que el cadáver del hincha llegará esta tarde a un tanatorio de la ciudad. El miércoles será el entierro en el cementerio de Feáns. Al inicio del comunicado, Tino Fernández ha apelado a la "prudencia que requiere el momento", aunque ha avanzado que, una vez analizada la información disponible de la investigación abierta, adoptarán "una serie de medidas que pongan de manifiesto el posicionamiento frontal del club contra la violencia en el fútbol y encabezar un movimiento a favor de un fútbol 100% libre de violencia verbal y física".

"Somos conscientes de que esta medida afecta a un gran número de seguidores que no tienen que ver en absoluto con esta lacra del fútbol", ha señalado el presidente del club gallego que, por ello, ha pedido "comprensión". Además, ha explicado que en las próximas horas comunicarán "la reubicación de todos los afectados dentro del estadio". A esta medida, se unirá otra, prevista para el próximo sábado, con el objetivo de que Riazor se convierta "en una manifestación multitudinaria de coruñeses, deportivistas y todos los verdaderos amantes del deporte", ha dicho al instar a la ciudadanía a que acuda al estadio.

Tras recalcar que no quieren que el fútbol "se vea emborronado por la acción de unos pocos a los que pretendemos alejar de Riazor y del fútbol", ha pedido a los ciudadanos que muestran su repulsa a la violencia adquiriendo entradas por el precio simbólico de un euro. "Para llenar el estadio y demostrar a todo el mundo cual es el verdadero talante de esta afición única", ha dicho. Además, ha manifestado que será "un gesto para solicitar respeto para la magnífica afición del Deportivo", ha añadido.

Por otra parte, ha pedido al "mundo del fútbol" que sigan el "camino" que el Deportivo quiere "iniciar". "Y que esto no sea una acción aislada y fruto de lo sucedido este fin de semana –ha dicho sobre la muerte del hincha del Dépor– sino el inicio de un movimiento que cambie para siempre el fútbol español, animando a que cada uno asuma un papel activo en su ámbito de actuación". También ha exigido a las autoridades "que no descansen hasta detener a los responsables del asesinato del domingo en Madrid, para que este crimen no quede impune".

Por otra parte, ha dicho que "desde el primer momento", antes de que se disputase el encuentro del domingo, el Deportivo, representado por el consejero Martín Pita, "estuvo al lado de las víctimas, preocupándose por todo lo sucedido y poniéndose a su disposición para lo que pudiesen necesitar." Ya en el hospital, ha indicado que el Deportivo se puso también a disposición de la Policía "para colaborar en todo lo posible y para conocer todos los detalles de los sucesos". "Por eso, en cuanto detectamos movimientos sobre la presencia de miembros de Riazor Blues en Madrid, nos pusimos en contacto con el coordinador de seguridad de la Policía en A Coruña, a mediados de la semana pasada", ha matizado.

No obstante, la pasividad de los directivos de ambos clubes no han gustado a los tuiteros:

La mayoría de tuiteros ha denunciado sin ambages estos comportamientos salvajes de unos pocos, con resultados dramáticos:

Otros han pedido explicaciones ante lo sucedido:

¿Dónde está la Policía cuando se la necesita?, se preguntaban algunos.

La reflexión tuitera:

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, insistió este lunes en que la policía no disponía de ninguna información que permitiese predecir la pelea que se produjo el domingo entre ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña, y admitió que "habrá que determinar por qué no se pudo detectar que esto podía ocurrir".

Además, aseguró que ha pedido "informes por escrito" para saber con exactitud "qué falló, qué medidas pueden tomarse" para evitar sucesos similares en el futuro, según dijo en declaraciones a la Cadena Ser.

Cifuentes recalcó que si la Comisión Nacional Antiviolencia hubiese decretado el partido como de alto riesgo habría habido "muchísima más policía nacional" y se habrían controlado los autobuses de radicales que vinieron desde fuera de Madrid, pero al ser declarado de bajo riesgo no se hizo.

No obstante, explicó que la Comisión Antioviolencia hace su valoración a partir de informaciones de los clubes y de la propia Policía, de manera que si habló de riesgo bajo es porque ni unos ni otros previeron los altercados. En la policía, insistió, "no se conocía que esto se fuera a producir, si se hubiera conocido se habría puesto el dispositivo policial".

Además, precisó que durante el domingo habló varias veces con el delegado del Gobierno en Galicia, y que no le consta que allí la Policía tuviese información de que se iba a desplazar ningún autobús con ultras del Deportivo. "La Policía no estaba alertada ni de que venían esos autobuses ni de que hubiera una quedada con ultras de otros equipos", insitió.

Por otro lado, explicó que según la información que ha solicitado a la Policía Nacional, la Sala del 091 tuvo conocimiento de la pelea a las 8.50 horas y los agentes tardaron 10 minutos en llegar al lugar, pero se encontró con el problema de que la pelea no transcurrió "en un punto fijo" sino que se desplazó por los aledaños del Madrid Río y el estadio Vicente Calderón.

Además, dijo no tener información sobre si hubo un policía local que vio a Francisco Javier Romero, hincha del Deportivo que finalmente falleció, en el río Manzanares, pero no actuó a la espera de refuerzos. "Me cuesta creer que un policía pueda presenciar esos altercados sin intervenir", dijo, aunque puntualizó que al hombre lo rescataron del agua los bomberos, que son quienes están cualificados para ello.

El aficionado fue ingresado en parada cardiaca y con hipotermia después de ser rescatado del río Manzanares por la Unidad de Buceo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Una vez extraído del agua, efectivos del Samur-Protección Civil comprobaron que el varón presentaba un traumatismo craneoencefálico, hipotermia, y estaba en parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos realizándole maniobras de reanimación le sacaron de la parada y trasladaron en estado crítico al Hospital Clínico, donde falleció horas después.

Con este último caso, ya son once las personas fallecidas en España, desde la década de 1980, por la dura violencia que impera en las gradas del deporte rey. 

A continuación se recopilan esta trágica estadística (también puede consultarse en el mapa que precede a estas líneas):

Fuente: Efedata