La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este martes, limitará el ejercicio de la acción popular, pero no impedirá a las personas o asociaciones que la ejerzan participar en la investigación de los delitos penales que, en caso de que el texto sea aprobado en el Parlamento, pasará a los fiscales. El Ejecutivo ha descartado finalmente la posición que mantuvo el PSOE en una proposición de ley registrada en el Congreso para la reformar parcialmente la ley procesal vigente en la que, además de impedir a determinados colectivos ejercer esa acusación y limitarla a un catálogo concreto de delitos, impedía a quien recurriera a esa figura participar en la investigación de los delitos.

El objetivo del PSOE era evitar acusaciones populares profesionales, como Manos Limpias y otros colectivos cuya única finalidad al personarse en los casos más mediáticos es tener acceso a la documentación del juzgado o tribunal correspondiente para utilizarla políticamente filtrándola a medios afines. Finalmente, ese veto a pedir diligencias y tener acceso a las actuaciones durante la instrucción se ha descartado, pero se mantienen el resto de limitaciones que contenían versiones anteriores del anteproyecto. Tanto del PSOE como del PP.

Entre los colectivos excluidos se encuentran los jueces y fiscales, los partidos políticos y sindicatos y los organismos constitucionales e instituciones públicas de cualquier nivel, que tendrán que acudir a Fiscalía para denunciar hechos que consideren delictivos. La acción popular también se limita a determinadas infracciones penales, entre ellos los de corrupción, pero también los delitos contra el mercado y los consumidores, el de genocidio o los de terrorismo.

En cualquier caso, cualquier persona o colectivo que pretenda ejercer la acusación popular en el proceso, tendrá que demostrar un vínculo legítimo con el interés público que se trate de proteger en el caso concreto, así como su relevancia y suficiencia. El juez de garantías, a instancias del fiscal instructor, podrá excluir a la acusación popular si se producen hechos o circunstancias que demuestren que ese vínculo no existe.

La proposición de ley del PSOE, que, a diferencia del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteaba una reforma parcial de la ley vigente y no una ley alternativa como la aprobada hoy, fue muy criticada tanto desde la oposición como desde las asociaciones judiciales, también la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la apodó "ley Begoña" y aseguró que buscaba la impunidad de la esposa del presidente del Gobierno y de su hermano, ambos encausados por juzgados de Madrid y Badajoz, respectivamente. Investigaciones abiertas con denuncias presentadas por Manos Limpias con un puñado de recortes de periódicos, algunos con noticias falsas. Los objetivos de esa reforma parcial eran, según Feijóo "cercenar a los medios de comunicación y blindar a la familia del presidente". El líder de la oposición exigió su retirada antes de abrirse a colaborar en otros proyectos del Gobierno.

Pero más allá de la acción popular, la nueva ley aprobada este martes por el Gobierno supone una revolución del proceso penal intentada previamente por otros gabinetes tanto del PSOE como del PP. Ministros de Justicia como Francisco Caamaño (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP), Rafael Catalá (PP) o Juan Carlos Campo (PSOE), elaboraron textos similares con un objetivo compartido: el de entregar la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal para que los jueces solo intervinieran en diligencias como registros, intervenciones telefónicas o cualquier otra que suponga una invasión de derechos fundamentales del investigado. También en la prisión provisional y el resto de medidas cautelares.

Con el texto enviado hoy al Congreso, será el fiscal el que dirija la investigación de las infracciones penales y tenga a su cargo a la policía judicial. Solo algunas de sus resoluciones –llamadas decretos– podrán ser recurridas ante el juez de garantías. Contra los autos de este último se podrá presentar recurso de reforma que resolverá una sección del mismo tribunal de instancia al que pertenezca el autor de de la resolución. Concluida la instrucción, otro juez decidirá, durante la fase intermedia del procedimiento –después de la investigación pero antes de que se inicie o no el juicio– si los indicios recabados durante la investigación son suficientes para seguir con el proceso o lo que procede es el archivo.

El sistema evita los múltiples recursos de apelación contra las decisiones del instructor –con la legislación todavía vigente un juez– que eternizan las causas actualmente a la espera de multitud resoluciones que deben resolver las audiencias provinciales. Con la nueva norma el órgano que resuelva los recursos de apelación pasará a ser la sala de apelación que se creará en cada uno de los tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico y su intervención es mucho más limitada para garantizar la agilidad del proceso.

La concejal de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant y el exdiputado del partido en el Parlament Antonio Baños han recogido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la sanción de 2.500 euros impuesta a cada uno por el Tribunal Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio por el proceso soberanista el pasado 27 de febrero.

En declaraciones a los medios tras recoger la notificación del Supremo, a las puertas del Palau de Justícia en Barcelona, Reguant ha expresado que tienen cinco días para recurrir la multa, que todavía no es firme, y que estudiarán si lo hacen, pero ha afirmado: "Nos ratificamos en la decisión tomada de no contestar a un partido de extrema derecha". "Llevaremos hasta las últimas consecuencias esta objeción de conciencia y este compromiso ético", ha expresado Reguant, que ha insistido en que se ratifican en su actuación y que la defenderán hasta las últimas consecuencias, en sus palabras.

Ha criticado que el Supremo haya normalizado a Vox al aceptarla como acusación popular en el juicio por el 1-O, lo que para ella "ha hecho que el Tribunal Supremo todavía vire más hacia la extrema derecha, si es posible". Ha insistido en que no responderán a las preguntas de "un partido machista, fascista y xenófobo" y que se negarán todas las veces que sea necesario porque creen que la ética y el compromiso antifascista debe estar por encima de lo que diga un tribunal, ha argumentado.

El letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC les había citado a las 10 horas para notificarles el acuerdo de 28 de febrero del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, en la que se les requiere el pago de la sanción gobernativa, según el TSJC.

El acuerdo es en base al artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que prevé que cuando un testigo se niega a prestar declaración en un juicio al que ha sido citado se le imponga una multa de entre 200 y 5.000 euros y que, en caso de persistir en su conducta, se le abra un procedimiento penal por obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad. Según informó el Supremo el día de los hechos, el 27 de febrero, en caso de que los dos testigos insistan en no querer declarar se deducirá testimonio de su comportamiento por un delito de desobediencia grave, lo que consiste en remitir a un juzgado ordinario de Madrid las actas de la sesión y será este juez el que decida si abre una investigación.

El PP y Ciudadanos llevan año y medio bloqueando en el Congreso de los Diputados el cambio normativo que permitiría investigar más exhaustivamente los casos complejos de corrupción. La formación presidida por Pablo Casado y el partido dirigido por Albert Rivera han impedido desde mayo de 2017 que continúe en la Cámara Baja la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos que busca derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), acabando así con los plazos máximos de instrucción de las causas penales que quedaron fijados tras la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del resto del arco parlamentario, permanece atascada en la Comisión de Justicia como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de enmiendas aprobadas por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. En total, se han producido 53 prórrogas para una proposición compuesta por un solo artículo.

En junio de 2015, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el entonces Ejecutivo conservador con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y el PNV y el rechazo del resto de grupos. Entre sus novedades, la nueva norma fijó unos plazos máximos de instrucción de causas penales para obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo “razonable”, en palabras del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el artículo 324 de la Lecrim estableció que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses.

La reforma de la Lecrim fue duramente criticada por la oposición, que advirtió que la imposición de límites temporales favorecería “la impunidad” en el caso de los delitos más complejos, como los de corrupción. También cargaron contra el artículo 324 casi todas las asociaciones de jueces y fiscales. “Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma”, aseveraron en un comunicado conjunto, firmado por Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.

Año y medio bloqueando la eliminación de plazos

Las reclamaciones de jueces y fiscales, que situaron la eliminación de estos plazos como una de sus principales reivindicaciones en la huelga celebrada hace cinco meses, llegaron en abril de 2017 al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. El grupo confederal registró una proposición de ley con un artículo único: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. “La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad”, recoge la iniciativa parlamentaria en su exposición de motivos, en la que se asevera que “acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos”. “Ello tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada”, completaba.

Un mes después, el Pleno de la Cámara Baja aprobó con 204 votos a favor, 132 votos en contra –del Grupo Parlamentario Popular– y 2 abstenciones del Grupo Mixto la toma en consideración de la proposición. Durante el debate, el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, que fue el encargado de presentar la iniciativa, calificó la reforma del Gobierno Rajoy como Ley Berlusconi: “Berlusconi planteó en su día en el Parlamento italiano una modificación muy similar, (…) en un ambiente similar al que se encontraba nuestro país en el momento de la aprobación, (…) un ambiente trufado de corrupción”. “Le aseguro que la instauración de los plazos en la instrucción penal era algo necesario. Como ustedes mismos advierten en su texto, el objetivo era loable y la puesta en marcha también lo ha sido con cientos de miles de procedimientos revisados y puestos al día”, respondió a Mayoral el diputado del PP Carlos Rojas.

Con el visto bueno del Pleno, la proposición de ley de Unidos Podemos fue remitida a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y se abrió el plazo de enmiendas, procedimiento previo al debate y votación definitiva en el hemiciclo. Y, en ese órgano, se ha quedado atascado el asunto. La Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, ha ido ampliando semana a semana la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan cambios en el texto original. En total, se han producido 53 prórrogas. La última, el pasado martes. Esta situación de bloqueo ha irritado a la Unión Progresista de Fiscales. “Apelamos a la responsabilidad en aras a disponer de una legislación que permita y no impida a jueces y fiscales perseguir los delitos, con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los delincuentes”, han apuntado este miércoles a través de un comunicado.

Esta fórmula está resultando tremendamente eficaz a PP y Ciudadanos a la hora de paralizar en la Cámara Baja la tramitación de todas aquellas iniciativas legislativas que con sus 169 escaños no pueden frenar en el hemiciclo. Hasta el pasado 30 de octubre, ambas formaciones mantenían atascadas por esta vía más de cuarenta iniciativas diferentes. Ante esta situación, el PSOE ha llevado al Congreso una proposición de Ley para reformar el reglamento de la Cámara y poner fin al “bloqueo” por ampliación “abusiva” de los plazos de enmienda. Así, la iniciativa socialista, que ya ha sido tomada en consideración, propone que sólo las dos primeras prórrogas puedan ser acordadas por la Mesa a petición de un único grupo parlamentario. El resto, deberán ser solicitadas, al menos, por dos grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

“Son doce palabras, no el Código Penal”

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, pide acabar de una vez por todas con el “tapón parlamentario” provocado por PP y Ciudadanos. “Son doce palabras, no es el Código Penal, no son seiscientos artículos”, afirma el portavoz de la UPF, que critica la incoherencia de ambas formaciones respecto a “lo que dicen y luego hacen”: “En la reunión que varias asociaciones de jueces y fiscales mantuvimos con Pablo Casado el pasado mes de septiembre, [el líder del PP] aseguró que estaba a favor de la derogación del artículo 324. Un día después, se acordó una nueva ampliación del plazo de enmiendas”. Lo mismo sucede con Ciudadanos, que este martes, mientras respaldaba una proposición no de ley del PSOE reafirmando la necesidad de tumbar los plazos máximos de instrucción, volvía a facilitar una nueva prórroga de enmiendas. “Por detrás, hacen todo lo contrario a lo que dicen”, reitera.

Fernández pide al Gobierno de Pedro Sánchez que, ante una “situación que es urgente”, facilite la derogación a través de un decreto ley. “Hay una mayoría suficiente en el Congreso para su convalidación”, apunta el portavoz de la UPF, que insiste en que el artículo 324 de la Lecrim causa “muchos problemas” a los fiscales. “Es una norma que le da al fiscal el control sobre unas causas que no tiene. Sin medios, y con unos plazos de instrucción limitados, los asuntos complejos de corrupción, que necesitan una tramitación pausada, pueden terminar impunes y archivándose. (…) No es lo mismo investigar un asunto simple que una macrocausa con muchos investigados. Se necesita tiempo. Hay dictámenes periciales, hay actuaciones, hay escuchas telefónicas… Hay casos complejos en los que no va a dar tiempo”, sentencia Fernández.

El Gobierno va a proceder a revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con el objetivo de reformarla y actualizarla desde una perspectiva de género. Para ello, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha puesto en marcha un Consejo Asesor –del que será presidenta– integrado por mujeres "de enorme prestigio" en el campo de la magistratura y de los estudios de género; además, el secretario de Estado de Justicia –Manuel Jesús Dolz– actuará en calidad de vicepresidente.

Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Celaá ha destacado que el Ejecutivo va a proceder a revisar la ley "habida cuenta de todos los problemas que enfrenta la lucha contra la violencia de género".

De esta forma, los vocales del consejo asesor serán la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Ana María Ferrer García; la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente; la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, María Isabel González Cano; la abogada del Colegio de Abogados de Baleares María Durán i Febrer; y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, Juan Luis Gómez Colomer.

Desde el Ministerio destacan que los miembros del órgano "no percibirán ninguna retribución, salvo el pago de los gastos de desplazamiento y hospedaje a los que residan fuera de Madrid". "El funcionamiento del consejo será atendido con los medios existentes en el Ministerio de Justicia, por lo que no supondrá incremento alguno del gasto público", apuntan desde el departamento que dirige Delgado.

El consejo podrá, igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a "las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal".

Al margen de la Comisión General de Codificación

En este consejo asesor, según ha incidido la portavoz del Gobierno, se va a proceder a trabajar "para proceder a la actualización de la ley".

Hace dos meses y medio, la ministra de Justicia encargó a la Comisión General de Codificación –el órgano al que el Gobierno encomendó la tarea de revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la sentencia de La ManadaLa Manada– también el estudio de una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.

La Sección Penal de la Comisión General de Codificación recibió el pasado 28 de abril el encargo de examinar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para, en su caso, proponer la reforma del Código Penal.

El Tribunal Constitucional amparó a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él para su detención y, por tanto, le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial, según informó Europa Press.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en este sentido después de que la se reformase la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 e incorporase las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional estimó el recurso de W.S., al que se le asignó un letrado de oficio, al considerar que ese derecho constitucional no fue respetado porque se omitieron datos que relacionaban al sospechoso con la comisión de un delito y que podían haber sido de utilidad para su abogado con el objetivo de "cuestionar fundadamente" su arresto.

La sentencia de la que fue ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido relata que los hechos se produjeron en Madrid, la madrugada del 15 de mayo de 2016, cuando W.S. fue detenido, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que hubo varios heridos.

Tras su detención, el recurrente fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.

Examen de los elementos que justifican la detención

El abogado que le fue asignado solicitó poder examinar los "elementos que justifican la legalidad" de la detención después de que la Policía le negara el atestado. El Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento para acceder a esta información.

Pero según afirma la demanda, no fue informado de que varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta; y que los detenidos huyeron del lugar cuando llegaron los agentes; uno de ellos tiró al suelo un machete de grandes dimensiones.

La resolución del Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 17.3 de la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a "ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención".

Además, tras la reforma de la LeCrim, se reconoce que también se debe de dar a conocer a los arrestados el "procedimiento" que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho "de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención".

En este sentido, la sentencia subraya que esto no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado; sino que "únicamente cobra sentido" y se reconoce el conocimiento de aquéllas actuaciones policiales que sean "esenciales para impugnar la legalidad de la detención". La resolución explica que el informe policial puede recoger información sobre terceras personas no detenidas o sobre líneas de investigación cuyo conocimiento por uno de los posibles implicados pondría en peligro la operación policial.

Pos escrito, de forma inmediata y comprensible

Por otro lado, de la LeCrim se entiende que los agentes son responsables de informar al detenido por escrito "de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad".

Añade el Tribunal Constitucional que, si el detenido lo solicita, también deben proporcionarle el acceso a los documentos o elementos de las actuaciones "en los que se apoye materialmente" su detención.

Por todo ello, el tribunal de garantías acuerda declarar la nulidad del auto del Juzgado de guardia que denegó el inicio del procedimiento de habeas corpus y aclara en su sentencia que el recurso de amparo se estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron comunicados ni al detenido ni a su abogado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que es necesario replantear el actual sistema procesal con el fin de "superar los modelos agotados y ajustarlos al siglo XXI" con un plan de acción integral estructural del modelo, según explicó durante su intervención en la jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido en Valencia, informa Europa Press.

En concreto, el ministro centra las reformas en la apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un mayor esfuerzo presupuestario, una distribución organizativa adecuada, un cambio cultural y una mejora de la eficiencia de los tiempos apostando por la transformación digital.

De este modo, cree conveniente que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemple la dirección de la investigación por parte del propio Ministerio Fiscal a la vez que se garantice la tutela de los derechos fundamentales por un juez.

Asimismo, concretó que estos cambios "acabarían con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de la Justicia" y, añadió, que "se debe dejar atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio".

En cuanto a la dotación de recursos, Catalá indicó que el presupuesto que el Ministerio de Justicia destina para la creación de plazas de magistrados y la estabilidad laboral de sus trabajadores, se verá incrementado en un 7,7% en 2017, alcanzando los 1.700 millones de euros, con el fin de reforzar las plantillas.

También ve importante la distribución adecuada de las cargas de trabajo, de manera que se compense tanto las sobrecargas como la infrautilización de recursos.

Finalmente, hizo referencia a la necesidad de un cambio cultural, apostando por nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, así como a la necesidad de completar la transformación tecnológica para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio.

Como ya anunciaban muchos juristas, si no se dota de medios a los jueces es imposible que ante la complejidad de los casos de corrupción, pergeñados por expertos en la cuestión, cuya instrucción requiere de peritajes, informes de expertos, entrega por parte de la administración de la información solicitada, comisiones rogatorias a otros países, seguimiento del dinero por el laberinto de cuentas y sociedades interpuestas, identificación de testaferros y así hasta el infinito, si no se agiliza la investigación con dotación de medios materiales y humanos, decía, es imposible establecer la duración de una instrucción, por lo que tal medida sólo parece perseguir que los casos investigados queden impunes.

Al promulgar la medida de esta defensa del ciudadano contra la implacable e inmisericorde acción de la justicia con los “investigados”, se pretendía hacer creer al votante que se trataba de una acción encuadrable en los “derechos humanos”, en la protección del individuo frente a la máquina de la burocracia, aséptica e inmisericorde. Lo hacían por romanticismo. Por compasión.

Uno se pregunta: ¿Esta medida específica a quién ampara?¿Quién se encuentra implicado en casos complejos donde a la justicia no le es posible llegar porque el diseño del entramado para delinquir se adentra en cloacas que se pierden en el más allá?

Como suele hacer este aparato siempre bien engrasado, antes de aprobar tan repugnante medida distribuyó la consigna entre sus portavoces, y así lo manifiestan al unísono y de forma reiterada cada vez que tienen ocasión, de que las investigaciones en marcha no debían dilatarse en el tiempo porque generaban una situación de injusticia que perjudicaba al “investigado” en su día a día, minando su salud psíquica y su derecho al honor.

Sorprende esta insistencia en la necesidad moral de abreviar los procesos porque es precisamente el Gobierno, en sus diferentes formas, el que se niega a colaborar con los jueces en las distintas causas abiertas que le afectan y de alguna de ellas, como en el caso Gürtel, su partido, el Partido Popular, ha tenido que ser expulsado como acusación popular por los innumerables intentos de sabotear la instrucción, mientras su líder, el presidente del Gobierno, pide levantando el dedo índice de su mano derecha que se deje actuar a la justicia, cuando con la izquierda enviaba el célebre mensaje: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo que podemos? ¿En un caso que está en manos de la justicia? ¿No habíamos quedado en que había que dejar actuar a los jueces?. Este “hacemos lo que podemos” tal vez tenga que ver con las numerosas visitas que el ex diputado del PP Trías Sagnier hizo al juez Pedreira cuando investigaba el caso Gürtel, según él mismo cuenta, y que culminaron con un mensaje que el propio juez, siempre siguiendo la versión del diputado del PP, envió al actual presidente del Gobierno: “Dile por favor, si puedes, a Mariano Rajoy que me deje en paz, que quiero llevar esta instrucción tranquilo”. “Hacemos lo que podemos”. ¿Es o no es impresentable el tema?

Además, al utilizar el plural “hacemos”, el mensaje pierde el sentido que el propio presidente quería darle y deja de ser una comunicación de un amigo a otro deseándole suerte para convertirse en el recado que le envía el representante de un colectivo o, si se prefiere, de un grupo organizado, lo que coloquialmente se denomina “banda”.

No se colabora con la justicia rompiendo discos duros. No se colabora con la justicia oponiéndose a entregar la documentación requerida. No se colabora con la justicia destruyendo documentos. No se colabora con la justicia negándose a enviar los peritos que se solicitan a diferentes ministerios, o enviando técnicos que están contaminados con la causa. No se colabora con la justicia negándose a enviar refuerzos a los juzgados cuando la complejidad del caso lo requiere. No se colabora con la justicia cuando un abogado del Estado se pone de parte de la defensa del presunto corrupto en contra de los intereses de la Administración. No se colabora con la justicia cuando el fiscal recibe órdenes del superior jerárquico para retirar la acusación en contra de su criterio. No se colabora con la justicia emitiendo informes desde la Administración que resultan insultantes, como el del caso Nóos, en el que desde el ministerio de Montoro se describía a la infanta Cristina como una ciudadana ejemplar respecto a sus obligaciones con Hacienda. ¿Podrían hacer pública su especial forma de tributar, junto con el programa padre, para que todos los ciudadanos lo hagan de la misma manera? No se colabora con la justicia cuando el portavoz de justicia del partido del Gobierno (Federico Trillo) llama prevaricador al juez instructor (Baltasar Garzón) de un caso que le compete. No se colabora con la justicia cuando esos investigados que han tenido responsabilidades públicas, al llegar la ansiada vista en la que van a demostrar su inocencia, se niegan a responder a las preguntas de la acusación. No se colabora con la justicia cuando se promete luchar contra la corrupción y al mismo tiempo se paga la defensa del presunto corrupto. No se colabora con la justicia cuando se afirma que los corruptos son casos aislados y luego se prepara una defensa única como si de una organización mafiosa se tratara. No se colabora con la justicia cuando se convoca una rueda de prensa con la presencia de la plana mayor de un partido, que hoy nos gobierna gracias al voto de los españoles y la abstención del principal partido de la oposición, afirmando que existe una trama corrupta en el seno de la judicatura para perjudicar al PP, llevada a cabo por la policía nacional, la policía judicial, la Guardia Civil y demás agentes del Estado que participaron en la investigación de la mayor trama de corrupción que han conocido los españoles. No se colabora con la justicia cuando se blinda con aforamientos a personas que están siendo investigadas. No se colabora con la justicia cuando se bloquea la renovación de las instituciones judiciales desde el poder político por intereses ajenos a los de la propia justicia. No se colabora con la justicia cuando se pone al frente del Tribunal Constitucional a un militante del partido del Gobierno. No se colabora con la justicia cuando para la renovación de los órganos de control de la judicatura se imponen magistrados afines ideológicamente frente a cualquier otra consideración o mérito. No se colabora con la justicia cuando se consienten las presiones a jueces que tienen que abandonar sus investigaciones sin recibir amparo del Consejo General del Poder Judicial (en el caso Fabra nueve jueces abandonaron su investigación y pidieron el traslado). No se colabora con la justicia cuando desde la Audiencia de Castellón se presiona al juez de Nules para que cierre una investigación por cohecho, según denuncia el propio juez. No se colabora con la justicia cuando se sanciona o acosa a los funcionarios que denuncian casos de corrupción. No se colabora con la justicia cuando se sanciona a los policías que han tomado parte en las investigaciones de casos de corrupción. Ninguno de los policías que han tenido que ver con investigaciones de casos de corrupción relacionados con el Partido Popular sigue en su puesto.

El Gobierno no colabora con la justicia, sólo se preocupa de ponerla a su servicio a través de nombramientos de magistrados ultraconservadores en los puestos de control, así como al frente de las salas donde van a ser juzgados sus compañeros, que a día de hoy se cuentan por centenares. Sólo en los 31 principales casos de corrupción que afectan al PP hay imputados nada más y nada menos que 831 miembros del partido que nos gobierna.

Es de suponer que estos “investigados”, al enterarse del archivo de la causa en la que estaba implicado el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por haberse agotado el tiempo de seis meses en el que la instrucción debería quedar resuelta, estarán maldiciendo su suerte por no poder acceder a esta medida chollo que les liberaría de tener que dar explicaciones a todos los españoles enfrentándose a la justicia. Con este precedente, no sería de extrañar que empecemos a escuchar detonaciones pirotécnicas por toda la geografía española de cargos políticos que al ver que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal empieza a dar sus frutos, se sientan liberados de esa pesada carga que supone estar sometidos al imperio de ley y se dediquen a tirar cohetes encendiéndolos con la brasa del puro.

Aquí lo único que no es presunto es la pasta que desaparece para volver a aparecer en lugares insólitos, como el altillo del armario de los suegros. Lo único que no es presunto ni lo será es la devolución de dinero sustraído, eso podemos darlo por hecho, no podemos confundir a los “presuntos inocentes” con “presuntos gilipollas”. Puede parecer que ambos términos son sinónimos, pero no, para nada.

Esta reforma de la ley de enjuiciamiento puede convertirse, como se sospechaba, en una ley de amnistía para muchos de los “presuntos”. Las dotaciones que se prometieron para conseguir que esta reforma no mute en una ley de punto final, ni están ni se las espera.

Da la impresión de que esta cruzada que el Gobierno ha comenzado contra la corrupción, más que causar un efecto disuasorio, va a causar un “efecto llamada”. Robar desde las instituciones sale gratis. Los corruptos de todo el mundo pueden ver en esta original y simpática idea un espejo en el que mirarse. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Basta con acotar el periodo de instrucción para que el caso quede si resolver.

A lo mejor sí que se le había ocurrido antes a algún chorizo de guante blanco, pero no había tenido la jeta de proponerlo y, menos aún, de aprobarlo. “Spain is diferent”, y ya se sabe: A grandes males, grandes remedios.

Debe de ser el síndrome de Estocolmo: Les votan para que les sigan robando.

Lo malo son los daños colaterales, también nos roban a los que nos indignamos con estos Soprano de la política.

Y los jueces que callan... ¿por qué callan?

El magistrado de La Seu d'Urgell (Lleida) que investiga el caso de Nadia Nerea, la niña con tricotiodistrofia cuyos progenitores están siendo investigados por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico, recordó a las partes involucradas en el caso que no se pueden difundir imágenes ni información relativa a la identidad de la víctima, por su derecho a la intimidad.

Lo dijo a petición del Ministerio Fiscal, que pidió advertir a la defensa y a los funcionarios que intervengan en la investigación de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impone el deber de secreto en relación a la víctima.

En un auto realizado el jueves, alerta de las consecuencias por incumplimiento de los artículos 301 y 301 bis de dicha ley a las personas "que puedan facilitar la identificación de forma directa o indirecta de la víctima".

La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez, ha explicado que las normas que dificultan el ejercicio de la libertad de expresión son la Ley de Seguridad Ciudadana, la doble reforma del Código Penal, el llamado pacto antiyihadista y la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente, ha declarado que estos textos sirven para "perseguir el activismo a través de Internet".

"Se hace una persecución a personas que hacen comentarios, aunque sean de mal gusto, a través de las redes sociales, una persecución que, además, es por la vía penal, mientras en otros países existe y está tipificado este control pero siempre por la vía civil", ha apuntado.

Independencia para RTVE y protección de confidentes

El documento registrado en la Cámara Alta por PDLI también exige el "retorno a la independencia de RTVE" derogando, a su juicio, por el real decreto ley que permite nombrar miembros del Consejo de Administración con mayoría simple; la protección de los confidentes y denunciantes, una cuestión que para Pérez es "fundamental en la lucha contra la corrupción"; modificar el sistema de reparto de los contratos publicitarios de la Administración, para evitar la competencia desleal entre medios; o promover la protección al periodista.

La presidenta de la plataforma ha explicado a los medios que las propuestas van dirigidas a todos los partidos presentes en el Congreso. Espera que la nueva situación de la Cámara permita unir fuerzas "frente al PP" y lograr las modificaciones que piden. En este sentido, ha señalado que se han intentado poner en contacto con el Gobierno para hacerle llegar las peticiones y nunca han recibido respuesta.

Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales-, restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas, que concluye esta noche. Afirmaron que no se les informó de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios. Por su parte, Catalá afirmó esta mañana que se finalizó la revisión de la totalidad de las causas, un total de 302.132, a pesar de que el pasado 1 de junio faltaba el 4% de la totalidad de procesamientos, unos 12.000 en total. 

Desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías señaló a Europa Press que si hace una semana le hubieran dicho que se cumpliría el plazo de revisión -fundamental para establecer si un juez dispone de 6 o 18 meses para instruir un procedimiento-, hubiera desconfiado, si bien la cuestión cambió cuando desde la Fiscalía General se dio una instrucción el miércoles pasado para realizar esta labor en bloque, "de manera rápida, no precisa y con menor detalle".

"El problema de la ley es que fue un parche, cuando lo que se tenía que haber hecho es dar la instrucción a los fiscales, porque quien no controla el proceso no debería controlar los plazos", señaló Frías.

La asociación mantiene la cautela respecto a los datos ofrecidos por el Ministro porque los vencimientos se siguen produciendo, ya que otras causas deberán ser clasificadas antes de mañana día 7, del 8 o del 9 de junio y lo que hay que mejorar son los instrumentos digitales con los que se cuenta para realizar esta labor.

También se mostró muy crítico el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, que critica que para llegar a tiempo al plazo se haya optado por pedir que todas las causas que quedaban pendientes hace una semana se clasifiquen como complejas.

"Pero revisar una causa es más que eso, significa 'precalificarla' y pedir unas diligencias de las que pueden derivar otras diligencias", advirtió Viada, que auguró que la puesta en marcha de esta reforma producirá que se archiven muchos procedimientos en los próximos meses. "En dos años esto habrá servido para agilizar la justicia de manera inapropiada, porque esta manera de hacer las cosas no es científica", lamentó.

Opinión de los jueces

Los jueces también desconocen, a nivel asociativo, los datos ofrecidos por Catalá en rueda de prensa, y tampoco tienen constancia formal de que se hayan cumplido estrictamente los trabajos.

"Tampoco tenemos motivo para poner en duda una afirmación tan drástica del Ministro, pero para comprobar a qué se refiere tendrá que verificarlo la Fiscalía General del Estado" apuntó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez.

Para la asociación mayoritaria de jueces el problema de la lentitud de la justicia "no se soluciona imponiendo por ley una limitación del tiempo de instrucción", según dijo Rodríguez a Europa Press.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) Ignacio González Vega también hizo una valoración negativa de lo ocurrido, pues los fiscales "se han visto obligados a realizar formularios uniformes solicitando la complejidad", lo que significa que "todo cambia para que todo siga igual", ya que las causas siguen existiendo y deben seguir instruyéndose.

El ministro lamenta "críticas injustas"

El ministro lamentó que las críticas contra la reforma realizada desde algunos ámbitos no hayan tenido en cuenta que el PSOE hizo un proyecto muy similar con plazos para instruir y que de él no se han dicho cosas como las proferidas contra este proyecto, en el sentido de que iba a propiciar el archivo de causas contra la corrupción.

Catalá recordó que la reforma está dirigida a avanzar en una justicia más rápida y y que por ello se suprimieron las faltas -que pasaron al ámbito administrativo- y los atestados sin autor conocido no se remiten a los juzgados.

Además, el ministro reconoció que la actuación de los fiscales no se ha limitado a una mera clasificación de las causas entre complejas y no complejas, sino que se ha aprovechado para poner al día los procedimientos, pedir nuevas diligencias o archivos, etcétera, por lo que la experiencia ha sido muy positiva.

Cientos de miles de causas penales corren peligro de quedar impunes. Ese es el grito de denuncia que han alzado los jueces y fiscales al acercarse el 6 de junio, la fecha en la que vence el plazo para que el Ministerio Público revise medio millón de causas en periodo de instrucción. La culpable es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el pasado diciembre y que puso en funcionamiento una política de plazos para llevar a cabo las instrucciones que ahora amenaza con dejar multitud de casos sin poder ser juzgados o sin tiempo suficiente para encontrar pruebas de la comisión de los delitos.

La nueva Lecrim entró en vigor el pasado diciembre con polémica. Varios fueron los aspectos controvertidos de la norma –el cambio del término "imputado" por "investigado", por ejemplo, fue uno de los más señeros–, si bien el elemento que más unanimidad generó en su rechazo fue el artículo 324, que establecía la necesidad de instruir los casos en un máximo de seis meses. Según este artículo, si el caso investigado reviste especial complejidad, el fiscal puede solicitar la ampliación de este período hasta los 18 meses.

El problema que denuncian los fiscales es que es tal la acumulación de casos que deben revisar antes de que termine este primer plazo de seis meses –hablan de hasta medio millón– que resulta imposible poder atenderlos todos y decidir si es posible instruirlos en ese tiempo o es necesario pedir la prórroga. Hasta el Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, hizo público este miércoles un comunicado aprobado por unanimidad –incluso la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, votó a favor– en el que alertaba de que resulta "difícil o imposible" examinar todos los casos a tiempo.

Así las cosas, el próximo 6 de junio pueden producirse "dos situaciones" en cientos de miles de casos que siguen su curso por la jurisdicción penal, según explica Joaquim Bosch, portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia. En algunos casos que los fiscales no habrán tenido tiempo de revisar, explica Bosch, "el juez se verá obligado a archivar" a causa de la ausencia de elementos probatorios contra los acusados, mientras que en otros "se podrá ir a juicio, pero sin las pruebas suficientes, lo que en muchos casos va a generar impunidad".

Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se muestra de acuerdo con él. "Hay cientos de miles de causas por revisar, el fiscal tiene que pedir todas las diligencias que necesite en esos seis meses, y si no te ha dado tiempo a revisarlas en ese tiempo, o vas a juicio sin tener suficientes pruebas, o directamente se tiene que archivar la causa", denuncia Viada, que denuncia que para haber alcanzado el objetivo se hubiera necesitado el apoyo de 300 fiscales extra y el Ministerio de Justicia tan sólo puso 80 de refuerzo.

Los principales afectados, los casos no mediáticos

Será complicado que este tipo de situaciones afecten a casos mediáticamente relevantes, como Gürtel o Púnica, explican los expertos, que señalan que es prácticamente inimaginable que los fiscales no pidan declarar estos procesos de especial complejidad para ampliar su plazo de estudio hasta los 18 meses. Los procesos más amenazados son los que no generan eco en los medios –lesiones, robos...–, explica Bosch, que pone como ejemplo una pelea entre vecinos. "Primero se tiene que citar a las partes, pero si no se ponen de acuerdo y aparece un testigo determinante después de los seis meses de instrucción, no se podrá incluir en el proceso", se queja el juez, que señala igualmente que "una pericial caligráfica" puede tardar hasta un año y una prueba de ADN, incluso dos.

"Los casos más graves, como los de asesinato o violación, normalmente entrarían en el supuesto en el que se podría ampliar el periodo de instrucción hasta los 18 meses", señala igualmente Bosch. El peligro radica en la posibilidad de que los fiscales no hayan tenido tiempo de entrar a analizar estos procesos, si bien Viada afirma que "los casos en los que hay presos y, en general, las causas que están vivas en mitad de una investigación" suelen estar en la cabeza de los fiscales, por lo que no es probable que estos se descuiden. 

La solución a este entuerto parece complicada, según explican tanto Viada como Bosch. El portavoz de la APIF señala que como no hay Gobierno y las Cortes se encuentran disueltas, "nadie puede tomar una decisión para arreglar el problema" derogando el artículo que regula los plazos de instrucción o modificándolo. En el futuro, señala igualmente Viada, un nuevo Ejecutivo podría modificar la norma en este sentido con efecto retroactivo, si bien el fiscal explica que las defensas de los acusados que se hayan beneficiado del archivo de su casusa por el problema de los plazos podrían recurrir la reapertura.

El Tribunal de Cuentas difundió un comunicado este sábado para aclarar que su función de enjuiciamiento de las responsabilidades contables no implica "en ningún caso" responsabilidad penal ni produce efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable, informó Europa Press.

"El enjuiciamiento contable se dirige a exigir las responsabilidades contables en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de fondos o caudales públicos", indicó en un comunicado el Tribunal de Cuentas.

Según explicó la institución, en ningún caso enjuicia posibles responsabilidades penales y las resoluciones jurisdiccionales que se dictan no producen efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable.

El órgano fiscalizador emitió esta explicación tras la sentencia dictada el viernes por el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre el procedimiento abierto en relación con la gestión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La sentencia determinó que el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, deberán hacer frente al pago de los 393.000 euros en los que el órgano fiscalizador cifró el quebranto económico causado por ambos dirigentes a las arcas públicas al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

"La función de enjuiciamiento contable, que ejerce en exclusiva el Tribunal de Cuentas en todo el territorio nacional, tiene una naturaleza auténticamente jurisdiccional, no administrativa", señaló el Tribunal.

El órgano recordó que las sentencias que resuelven los procedimientos jurisdiccionales en primera instancia pueden ser recurridas ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, cuyas sentencias también son susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo.

Por último, defendió su "plena independencia" e indicó que los miembros del Tribunal de Cuentas de los Departamentos de la Sección de Enjuiciamiento, al igual que el resto de consejeros, son elegidos por el Congreso y el Senado y "gozan de la misma independencia e inamovilidad y estás sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces".

España baja una posición en la edición 2016 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y pasa a ocupar el puesto 34. Se encuentra por detrás de países como Andorra, Ghana, Namibia o el vecino Portugal, y por encima de grandes potencias europeas como Francia o Reino Unido, cuya “ferocidad” a la hora de afrontar la lucha antiterrorista les ha hecho perder varios puestos, según la organización.

Tres son los motivos, en forma de cambio legislativo, que aduce RSF para explicar el puesto 34 de España: la aprobación de la Ley MordazaLey Mordaza, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sepultó la justicia universal.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza por las limitaciones que ejerce con respecto al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, establece en su artículo 36 que “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes” se considera una infracción grave, castigada con multas de 601 a 30.000 euros.

En la práctica, aduce la ONG, los periodistas se autocensuran a la hora de cubrir manifestaciones con presencia de la policía o pueden ser multados por hacer su trabajo. Es lo que pasó, por ejemplo, con el periodista de la revista vasca Argia Axier López, que fue multado con 601 euros por subir a su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial y cuyo caso fue condenado enérgicamente por RSF.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Congreso en junio de 2015, intenta acabar con las “penas de telediario” obligando a proteger la intimidad de los detenidos en el momento del arresto y en los traslados posteriores. “Es muy sospechoso que el Gobierno haya decidido introducir esta enmienda a última hora, cuando los casos de corrupción afectan tan directamente a muchos miembros de su partido”, aseguró por entonces la presidenta de RSF, Malén Aznárez. Y, por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial redujo la capacidad de los tribunales españoles para actuar fuera de su territorio, por lo que los periodistas quedan “en situación de vulnerabilidad” a la hora de cubrir conflictos o cualquier tipo de suceso informativo en países extranjeros, a juicio de la organización.

Habida cuenta del año movido para el ejercicio de la profesión periodística, la propia organización se sorprende del descenso leve de la posición de España en el ranking. Lo explican por la caída brusca de países vecinos, en especial de Reino Unido (baja cuatro posiciones) y de Francia (baja cinco). La nota de prensa de RSF lo argumenta con contundencia: “La ferocidad de la lucha antiterrorista golpea directamente al corazón de la libertad”.

África, por encima de América Latina

La lista, una referencia en todo el mundo, vuelve a premiar a Finlandia, que encabeza la primera posición desde 2010, seguida de Países Bajos y Noruega. En los “puestos de descenso” vuelve a figurar el denominado “trío infernal”, compuesto por Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. Algunos países han registrado una subida o un descenso brusco, como Ucrania, que escala 22 puestos gracias a la relativa calma en su conflicto, o Polonia, que cae 29 posiciones debido al férreo control de los medios por parte de un Gobierno ultraconservador. Otra sorpresa es relativa a los índices regionales. África, con excepción del norte, pasa por delante de América con respecto a la libertad de prensa. “América Latina se encuentra sumergida en una creciente violencia contra los periodistas”, apunta la ONG.

“Lamentablemente, es un hecho notorio que numerosos dirigentes en el mundo han desarrollado una especie de paranoia frente al ejercicio legítimo del periodismo”, señaló Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Aseguró que hay un “clima general de miedo y tensión” que acarrea “un miedo al debate y al pluralismo, un bloqueo de los medios de comunicación por parte de gobiernos (…) autoritarios y liberticidas, así como una influencia creciente de los intereses particulares en la información”.

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa se publica desde 2002 y se elabora mediante dos vías: un cuestionario traducido a veinte lenguas y enviado a expertos en todo el mundo, y un análisis cuantitativo de las agresiones contra periodistas en el período estudiado.

Huelga no es delito.

Parece mentira que una afirmación tan obvia, tan indiscutible para cualquier ciudadano de un país democrático, sea el lema que nos convoca aquí, esta tarde del 19 de enero de 2016. Parece mentira, y sin embargo, no es extraño, porque las cosas no pasan por casualidad.

En la última década del siglo XX empezaron a contarnos que la Historia se había acabado, que izquierda y derecha eran palabras huecas, conceptos anacrónicos de un mundo caduco que no significaban nada en la nueva era de la globalización. Esa tesis arraigó tan profundamente que algunos líderes emergentes de hoy mismo la siguen repitiendo en la menor ocasión.

El siglo XXI estrenó una brutal campaña de descrédito del movimiento sindical, al que se pretendió identificar con los fósiles de las eras pretéritas, un vetusto residuo del siglo XX que no tiene sentido en la nueva sociedad del emprendimiento y el autoempleo, del trabajo escaso y las soluciones imaginativas. Mientras tanto, la publicidad empezó a animarnos a ser creativos, personales, originales, únicos. A convencernos de que somos libres. Libres para escoger el color de la carcasa de nuestro móvil entre tres mil quinientos tonos diferentes, libres para comprarnos un coche que aparca solo, libres para hacernos nuestro propio pastel, en nuestra propia taza, en nuestro propio microondas, en lugar de hacer un gran bizcocho para colocarlo en el centro de la mesa, como antes. Así han conseguido que nada esté tan pasado de moda como parecerse a los demás, reconocerse en ellos, vincularse a los otros. Ningún verbo es hoy menos glamuroso que compartir, nada nos resulta tan odioso como ponernos un uniforme. Pero en el reino de las apariencias, nada es en realidad como parece.

Hace muchos siglos, en las postrimerías del Imperio Romano, mientras los bárbaros se amontonaban en el Este para presionar simultáneamente en todas las fronteras como si fueran refugiados de ahora mismo, los privilegiados de entonces pensaban en las musarañas y se enredaban en complejísimas cuestiones teóricas que no resolvían ningún problema, como si fueran eurodiputados de ahora mismo. Un buen día, un senador tuvo una idea. ¿Por qué no uniformamos a los esclavos?, propuso. Así, en cualquier altercado podríamos distinguirlos de los hombres libres, no tendríamos que confirmar su condición y todo sería más fácil. ¡Ah!, pues sí, exclamaron varios de sus compañeros, ¡qué buena idea!, hasta que tomó la palabra un senador que pensaba más y mejor que ellos. Pero, ¿estáis locos?, les preguntó. Si uniformamos a los esclavos, van a saber cuántos son, y cuando descubran que son muchos más que nosotros, estaremos perdidos.

Los esclavos descubrieron cuántos eran aunque el Senado no les obligara a vestir un uniforme. La conciencia de su número, de su fuerza, fue el primer paso del camino hacia su emancipación. Hace mucho menos tiempo, ese gran uniforme colectivo que aún llamamos conciencia de clase, transformó las sociedades de todo el mundo. El movimiento sindical fue la herramienta más poderosa de ese proceso. Las huelgas más pequeñas, más remotas, más insignificantes empezaron a desarrollar consecuencias arrolladoras en fábricas cuyos obreros ni siquiera sabían cómo se pronunciaba el nombre de las ciudades donde se habían producido. Y los poderosos del mundo volvieron a estar perdidos.

Ahora, quienes estamos perdidos somos nosotros. El presunto fin de la Historia y el descrédito del movimiento sindical trajeron consigo la absoluta desorientación de la izquierda, que en algunos países se ha diluido, en otros se ha suicidado, y en casi todos ha sido incapaz de comprender los profundos cambios de la realidad que nos ha tocado vivir. La consecuencia de todo esto ha sido la destrucción total y sistemática de las trincheras donde nuestros antepasados podían parapetarse para resistir. Una vez culminada, allanado el terreno como si le hubieran pasado un bulldozer por encima, nos declararon la guerra y no encontramos la manera de organizarnos para resistir.

Porque lo que llamamos crisis ha sido una guerra, y la hemos perdido. Una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias, cuyo botín han sido los derechos y las libertades que nos han arrebatado medidas como la Reforma Laboral o la Ley Mordaza. Una guerra que ha empobrecido a la inmensa mayoría de los españoles para que un dos, un tres por ciento de la población, los que ya tenían más que todos nosotros juntos, se hayan vuelto más ricos todavía. Una guerra en la que nuestros gobernantes se han aliado con el enemigo en contra de los intereses de sus propios ciudadanos, traicionando vilmente su compromiso con el pueblo al que deberían haber defendido. En el siglo XIX habrían cometido un delito de lesa traición. Ahora sacan pecho y hablan de responsabilidad, de sentido del estado.

Por eso estamos hoy aquí

. Por eso, aunque parezca mentira, nos hemos reunido esta tarde para gritar que hacer huelga no es delito, que no puede serlo, que nunca lo será. Parece mentira, pero hace falta gritarlo, rebelarse contra la injusticia, contra la barbarie que se pasea entre nosotros disfrazada con la toga y la peluca de las personas de orden. Porque casos como el de los compañeros de la fábrica de Airbus en Getafe, para quienes la Fiscalía se atreve a pedir ocho años y tres meses por haber formado parte de un piquete en la huelga general de septiembre de 2010, son más que un disparate, más que un exceso, más que una arbitrariedad. La criminalización del derecho de huelga es un atentado contra nuestra civilización, una agresión a la libertad presente y futura de cualquier trabajador, un túnel tenebroso que pretende devolvernos a la oscuridad sin forma en la que los esclavos no llevaban uniforme.

Las leyes injustas no son legítimas. El nuevo Código Penal español es una ley injusta y es preciso denunciarlo, combatirlo, oponerse a sus efectos. Un trabajador que defiende sus derechos no puede ser considerado un delincuente, sino un ciudadano consciente, incluso ejemplar para todos los demás.

Por eso, queremos empezar este acto con dos protagonistas directos de la acción sindical, dos sindicalistas que viven cada día el conflicto social y la defensa de los intereses de los trabajadores, algunas veces en la mesa de negociación, otras en la acción reivindicativa y la movilización. Los medios de comunicación, fascinados por los peinados de los diputados, no suelen prestar mucha atención a su trabajo. Quizás por eso, un fiscal ha querido atribuirles un indeseado protagonismo, criminalizando su tarea y exigiendo para ellos elevadas penas de cárcel por ejercer un derecho constitucional.

_________________________________

Como broche final del acto, Almudena Grandes añadió lo siguiente: 

Al tomar la palabra sobre este escenario, he empezado diciendo que huelga no es delito. Quiero repetirlo ahora, cuando este acto llega a su fin. Pero pese a la aplastante verdad que encierra, estas palabras no pueden limitarse a jugar el papel de una simple consigna. Ojalá sean capaces de desencadenar un nuevo principio.

Os animo a no cejar, a no abandonar, a no ceder al desánimo cuando parece que cualquier esfuerzo es estéril, porque está condenado a estrellarse contra una ley injusta.

Nosotros somos más, y somos muchos. No lo olvidéis, porque la Historia no ha terminado. No terminará mientras nosotros sigamos gritando no con todas nuestras fuerzas.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor este lunes, dos meses después de su publicación en el BOE. La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la "pena de telediario" o el cambio del término "imputado" por el de "investigado".

Estas son las 10 novedades principales que aporta:

1. Límites para la instrucción judicial. Prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La ampliación del plazo puede ser solicitada por el fiscal y, en casos excepcionales, por otras partes personadas, pero no por el juez de instrucción.

2. Adiós "imputado", hola "investigado" y "encausado". Ordena eliminar el uso del término "imputado" que se cambia por el de "investigado" en una primera fase de la instrucción y "encausado" cuando existan indicios suficientes de presunta comisión de delito.

3. Intenta evitar la "pena de telediario". Introduce un nuevo artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales" y evitar lo que se ha dado en llamar "pena de Telediario". Incluyó cambios en la redacción de la disposición para garantizar el derecho a la información y aclarar que no prohíbe, en ningún caso, la grabación y difusión de imágenes de los detenidos.

4. Las macrocausas se trocean. La reforma quiere acabar con las macrocausas con decenas de imputados. Para evitarlas incorpora un sistema –"la regla de conexidad"– que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción.

5. Escuchas e intervención de emails y Whatsapp: La ley regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre se debe contar con autorización judicial.

6. Freno a la incomunicación de detenidos. El juez que la ordene tendrá que justificarla en un auto y los detenidos serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico. No se podrá aplicar a menores de 16 años.

7. Policía encubierto en la web. Regula la figura del agente encubierto en internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.

8. Atestados sin autor conocido: Los atestados policiales sin autor conocido no provocarán la apertura de diligencias judiciales.

9. Decomiso. El denominado decomiso autónomo permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

10. Segunda instancia penal. La nueva Lecrim crea una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y dota a la Audiencia Nacional de una Sala de Apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor este lunes, dos meses después de su publicación en el BOE, tal como informa Europa Press. La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'.

Estas son las 10 novedades principales que aporta:

1. Límites para la instrucción judicial. Prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La ampliación del plazo puede solicitada por el fiscal y, en casos excepcionales, por otras partes personadas, pero no por el juez de instrucción.

2. Adiós imputado, hola investigado y encausado. Ordena eliminar el uso del término 'imputado' que se cambia por el de 'investigado' en una primera fase de la instrucción y 'encausado' cuando existan indicios suficientes de presunta comisión de delito.

3. Intenta evitar la 'pena de telediario'. Introduce un nuevo artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales" y evitar lo que se ha dado en llamar 'pena de Telediario'. Incluyó cambios en la redacción de la disposición para garantizar el derecho a la información y aclarar que no prohíbe, en ningún caso, la grabación y difusión de imágenes de los detenidos.

4. Las macrocausas se trocean. La reforma quiere acabar con las macrocausas con decenas de imputados. Para evitarlas incorpora un sistema –"la regla de conexidad"– que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción.

5. Escuchas e intervención de emails y Whatsapp. La ley regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre se debe contar con autorización judicial.

6. Freno a la incomunicación de detenidos. El juez que la ordene tendrá que justificarla en un auto y los detenidos serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico. No se podrá aplicar a menores de 16 años.

7. Policía encubierto web. Regula la figura del agente encubierto en internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.

8. Atestados sin autor conocido. Los atestados policiales sin autor conocido no provocarán la apertura de diligencias judiciales.

9. Decomiso. El denominado decomiso autónomo permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

10. Segunda instancia penal. La nueva Lecrim crea una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y dota a la Audiencia Nacional de una Sala de Apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.

"No hemos adoptado ninguna medida restrictiva de la libertad de expresión". Con esta frase de Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, empieza el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) su informe sobre la libertad de prensa en España. La declaración sirve para introducir aquellas medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy que el IPI considera perjudiciales para el ejercicio de este derecho.

La organización, integrada por profesionales de los medios de comunicación de 120 países, visitó España el pasado junio y centró su atención en cuatro cuestiones fundamentales: la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal y la situación de RTVE. A modo de conclusión, el IPI destaca que "muchos de los problemas diagnosticados por actores nacionales e internacionales no son sistémicos, sino que son el resultado directo de las decisiones tomadas por el Gobierno español actual".

"Sorprende escuchar a los funcionarios españoles del Gobierno negar categóricamente la existencia de problemas con la libertad de expresión. En esto, el Partido Popular está claramente aislado", subraya el informe. El instituto se pregunta si el Gobierno no ha "tenido completamente en cuenta las consecuencias de sus políticas" o "son reacciones a tipos de expresión y cobertura de noticias" que no le gustan.

'Ley mordaza': efecto disuasorio para los medios

El IPI ha recopilado las críticas recibidas por la Ley de Seguridad Ciudadana, desde la Asociación de la Prensa de Madrid ("con la entrada en vigor de la ley mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre"), hasta la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU por el "efecto disuasorio" de esta norma.

Pese a los cambios introducidos por el Gobierno antes de aprobarla (reducción de algunas multas y no castigar la ofensa o el insulto a España), el instituto recuerda que para Reporteros Sin Fronteras la versión posterior "conservaba, según los más críticos, la voluntad censora del primer texto". Y es que, entre otras cosas, sigue considerándose infracción muy grave (de 601 a 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales que puedan poner en riesgo el éxito de una operación.

"El IPI considera que las provisiones vagas y desproporcionadas" de la ley mordaza "pueden tener un efecto disuasorio en los medios de comunicación y pueden afectar al derecho a la información sobre temas de interés público". Es por ello que aplauden el compromiso de varios partidos de tumbar esta ley si gobiernan, y les pide que no esperen a que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional "puesto que puede tardar años".

Además, asegura esta organización que mostró "su preocupación" por la ley mordaza ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pero que "no se comprometió a tomar ninguna acción y, de hecho, rechazó claramente las insinuaciones de la delegación de que la libertad de expresión y de la prensa estaban bajo amenaza en su país".

El pacto antiyihadista

Junto a otras asociaciones, el IPI cree que esta reforma del Código Penal, impulsada por PP y PSOE durante la fiebre producida por Estado Islámico, "puede frenar el trabajo" tanto de periodistas como de académicos que acceden a páginas web de contenido terrorista, algo que sanciona esta ley si es reiterado.

Critican también que "en la esfera de lo que ahora pasa a considerarse terrorismo" pueden incluirse las filtraciones de documentos que han generado investigaciones periodísticas como el caso Snowden, la lista Falciani o los correos de Blesa. No obstante, PP y PSOE negaron ante los delegados del IPI que esta reforma suponga una amenaza para la libertad de expresión. De hecho, el portavoz de Justicia de los conservadores en el Congreso matizó que "no basta con visitar la web, a no ser que haya prueba de la intención [de cometer un acto terrorista], no se emprenderán acciones legales".

Pero desde el IPI creen que "se debe tener en mente el posible efecto negativo" si el desarrollo de la ley es vago "y admite la posibilidad de diferentes interpretaciones".

'Pena de telediario'

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía entre sus objetivos acabar con la llamada pena de telediario para "asegurar" el derecho al honor, la intimidad e imagen de quienes son detenidos por la policía. Sin embargo, las críticas llegadas desde las principales asociaciones de periodistas y editores, que la calificaron de un "ataque" que incluso podría ser inconstitucional, hicieron retroceder al ministro Rafael Catalá.

Finalmente, la norma constata la necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos del detenido "con respeto al derecho fundamental a la libertad de información". En sus sentencias, el Tribunal Constitucional venía expresando que "en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".

RTVE parece haber perdido la confianza de los ciudadanos

El IPI considera que la televisión pública "no tiene" la confianza de los ciudadanos y va más allá: "Incluso si la afiliación política de Sánchez Domínguez [presidente de la cadena] no tuviera impacto en la cobertura informativa de RTVE, nadie se lo creería: la idea de que la programación está manipulada ideológicamente está demasiado asentada". Sentencian los observadores del instituto que "las políticas del actual Gobierno solo han servido" para reafirmar esta idea.

Además, como ya expresó en julio, ve "intencionalidad política" en el cambio legislativo promovido por Rajoy para elegir sin consenso al presidente de la radio y la televisión públicas.

Regulación independiente de los medios

Durante su visita a España, el IPI constató la necesidad de crear un organismo independiente y específico que regule el sector audiovisual. En su informe, sugiere que la Ley General de Comunicación Audiovisual que aprobó el PSOE en 2010 aportaba una solución a este problema gracias a la creación del CEMA, el Consejo Estatal de Medio Audiovisuales, cuyos miembros iban a ser nombrados por el Congreso en mayoría de 3/5. Pero no fue posible.

En 2013, el Gobierno de Rajoy lo sustituyó por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, integrada por un consejo que elige directamente el Gobierno. "Es significativo que, mientras que el CEMA iba a poder conceder licencias, la CNMC, no. Dada la manifiesta falta de independencia de la CNMC, se podría ver como algo positivo que el Ministerio de Industria las conceda directamente", apuntan desde el IPI.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, ha traído desde su planteamiento toda una oleada de polémica por parte de periodistas, asociaciones de jueces y organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Este jueves se sumaron a las críticas la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, mediante un comunicado conjunto.

Denuncian que la nueva reforma introduce para la finalización de la instrucción unos plazos de entre seis y dieciocho meses, "según se trate de un asunto sencillo o complejo, y que la nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción".

Aseguran que "establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal puede resultar absurdo", dado que es el propio juez el encargado de controlar la realización efectiva en función de los plazos marcados por sus propias diligencias procesales, "como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación".

Las seis asociaciones de jueces y fiscales critican que esto sitúa a los miembros del Ministerio Fiscal y a los jueces de instrucción "en una irresoluble tesitura" puesto que "resulta imposible el cumplimiento del mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad".

Lamentan asimismo la "falta de coherencia de la reforma" y que su entrada en vigor esté prevista para el 5 de diciembre, fecha en la que se aplicará a todos los procedimientos vigentes, por lo que "habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España".

"Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados", concluye el comunicado, seguido de la petición por parte de las organizaciones de la suspensión de la reforma "hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma".

Más de 850 fiscales de los 2.500 de toda España habían firmado la mañana del miércoles una carta dirigida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al Consejo Fiscal en la que les transmiten su "profunda inquietud" por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé el cierre de las investigaciones judiciales en seis meses, dejando un plazo máximo y excepcional de 36 meses para las causas más complejas, como por ejemplo los casos Gürtel y Bárcenas.

En concreto, el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Partido Popular en solitario, especifica que los procesos penales podrán alargarse un máximo de seis meses. Estas causas solo podrán ser prorrogables, a instancias del fiscal, por el mismo periodo de tiempo. Y en el caso de que la causa sea compleja, los plazos serán de 18 y 36 meses.

La norma, que entrará en vigor el 5 de diciembre, impedirá a los fiscales reclamar más pruebas pasados los plazos tasados: "No se va a poder cumplir", explica Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que destaca que la gente que está "en las trincheras, no la jerarquía de la Fiscalía, no va a poder reclamar a los jueces la causa y estudiársela. Por eso muchas causas llegarán a juicio cortas de prueba o no llegarán. Es una ley absurda y nosotros solo pedimos más tiempo para prepararnos".

Carta a Catalá

infoLibre ha tenido acceso a la carta que van a dirigir los fiscales al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cuenta con el apoyo de las tres principales asociaciones de fiscales: Asociación de Fiscales, Asociación Progresista de Fiscales, y Asociación Independiente de Fiscales.

En la misma, los firmantes aseguran que la reforma procesal "tendrá inevitablemente efectos indeseados en la Administración de Justicia". El documento considera de imposible cumplimiento "con los medios personales y los recursos materiales con que contamos en la actualidad", completa Viada, que mantiene que la ley, desde un punto de vista técnico, no está muy bien hecha, "ya que tiene lagunas groseras".

Un millón de causas

La nueva ley prevé la revisión de cerca de un millón de causas, que tendrán que llevar a cabo los fiscales, que temen que esta celeridad pueda crear "espacios de impunidad que favorezcan a los corruptos", según aseguró a este diario el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que sostiene que la aplicación de la ley es "inviable" pues obliga a los fiscales a revisar la mayor parte de las 970.000 causas judiciales que permanecen vivas.

Pero además de considerar la aplicación de la reforma de la ley "inviable" y "que favorece a los corruptos", García pone como el ejemplo del caso del asesinato de la joven madrileña Eva Blanco, cuyo presunto autor fue arrestado en Francia 18 años después de haberse cometido el crimen: "Si el caso no hubiera sido revisado, o simplemente no hay evidencias, el procedimiento estaría cerrado, por lo que las pruebas de ADN conseguidas por la Policía no servirían para nada. Con esta decisión del Gobierno del PP se corre el peligro de que muchos delitos queden impunes", completa el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García.

Precisamente, Álvaro García destaca que en la norma hay cuestiones que no están claras, como por ejemplo los plazos: "En el caso Gürtel las partes han presentado cerca de un centenar de recursos, algo que no interrumpe el plazo de los seis meses, pero sin embargo estos recursos sí paralizan el trabajo del Juzgado".

Los sumarios, en los juzgados

En similares términos se expresa el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, que considera de "imposible cumplimiento" la nueva norma, ya que los fiscales carecen de las herramientas informáticas necesarias: "El principal problema es que las causas judiciales se encuentran en papel en los juzgados y si no las mandan, los fiscales no nos enteramos de su existencia. Van a darse muchas sorpresas y el plus de esfuerzo que se nos pide es que nos enteremos de las cosas que tienen los jueces. No me pueden pedir que controle al vecino", resalta contrariado Frías.

Al cierre de esta información, las asociaciones de jueces negociaban la noche de este miércoles su adhesión a la rebelión de los fiscales. Los jueces y magistrados coinciden con los fiscales en que los plazos de seis meses, sin aportar nuevos medios materiales o humanos a los juzgados, promoverán la impunidad de los corruptos, según confirmó a infoLibre el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.

Representantes de editores y periodistas firmaron este martes un documento conjunto en el que exigen la retirada de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impedirá tomar imágenes de personas que han sido detenidas. Consideran que pone en peligro el derecho constitucional a la información.

Se trata del artículo 520.1 introducido durante el trámite en el Congreso y cuyo análisis está ahora en manos del Senado, que dice, sobre los detenidos, que "se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse (la detención) así como en los traslados ulteriores".

Para los firmantes, entre los que se incluyen las principales organizaciones sindicales así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE) y los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco, los grupos parlamentarios deben tener en cuenta la "previsible inconstitucionalidad" de este precepto.

En concreto, denunciaron que "se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos" y recuerdan que el Constitucional "viene argumentando en sus sentencias que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".

Además, consideraron que "inquieta" que este artículo "conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española, así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes".

En este sentido, dijeron que el párrafo "produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial", al igual que ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana, recordaron, que no precisa "algunos aspectos, considerados faltas graves" como el uso de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad.

"Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales", explica el texto, que incide en que la legislación española ya dispone de mecanismos para sancionar las vulneraciones de derechos.

Por todo ello, piden a los grupos del Senado que eliminen esta reforma para evitar que los ciudadanos acaben recibiendo "una información sesgada e incompleta".