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Las dos formaciones llevan año y medio ampliando los plazos de enmienda de una proposición de ley de Unidos Podemos que busca derogar el tiempo máximo de instrucción en las causas penales.
El Constitucional amparó a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él.
Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado, el efecto de aniquilación que la legislación del Partido Popular provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción.
El próximo 6 de junio acaba el plazo de instrucción de multitud de causas penales y fiscales y jueces avisan que la falta de tiempo podría llevar al archivo de muchas de ellas.
"El enjuiciamiento contable se dirige a exigir las responsabilidades contables en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de fondos o caudales públicos", indica.
Texto íntegro de la intervención de la escritora Almudena Grandes, conductora del acto en solidaridad con Los ocho de Airbus celebrado este martes en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid.
La nueva norma elimina el término imputado, regula las intervenciones judiciales de SMS y Whatsapp y regula la figura del agente encubierto en Internet.
La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'.
El futuro Código Penal, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana son las normas en las que el Gobierno apoyará su estrategia antiterrorista.
Fernández Díaz recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez.
Rights International Spain (RIS) y la Coordinadora contra la Tortura denuncian la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antre la ONU y el Consejo de Europa.
El ministro de Justicia insiste en que la regulación sobrelas escuchas sin autorización judicial reúne "todas las garantías de constitucionalidad y protección de derechos".
Los sindicatos de la Policía y las asociaciones de jueces y fiscales rechazan que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas a las fuerzas de seguridad en casos de especial gravedad sin la autorización de un juez, tal y como pretende el Gobierno.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confía en que el asunto no genere mucha polémica y asegura que se trata de una medida "tan singular" que no puede pensarse que España pueda convertirse en "un Estado policial".
El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta al ministro del ramo y al secretario de Estado de Seguridad a interceptar las comunicaciones de un sospechoso de haber cometido un delito que pueda "ser considerado de especial gravedad".
Se simplifica la tramitación procesal para evitar la concatenación de piezas en los macroprocesos y se acota a un plazo de 18 meses las causas complejas.