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Televisión pública

La preocupación por TVE traspasa fronteras

El presidente del Consejo de Administración y de la Corporación de RTVE, José Antonio Sánchez, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control parlamentario.

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) critica en su último informe el cambio legislativo que hizo en 2012 el Gobierno de Rajoy para elegir por mayoría simple al presidente de RTVE. "La intencionalidad política tras la modificación estaba clara", explica Stephen Whittle, miembro de esta organización y ex director de Política Editorial en la BBC.

Según Whittle, "Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, explicó que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era 'claramente en contra del Gobierno'". Para el IPI, el nuevo sistema de elección "sienta un precedente peligroso", entre otras cosas porque "los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública".

El IPI –que es desde 1950 una institución formada por periodistas, editores y ejecutivos de la comunicación de 120 países dedicados a la protección de la libertad de prensa–  ha recogido este y otros comentarios en un informe elaborado tras su visita a España el pasado diciembre para analizar cómo se ejerce aquí la libertad de información. Como conclusión de su experiencia, el IPI "remarca las preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad en RTVE ", que "crecen a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones".

El PSOE se compromete a recuperar la anterior ley

La delegación del IPI se reunió con la Comisión Mixta que supervisa a RTVE. "La derecha niega que haya un problema o que la libertad de expresión esté bajo amenaza; la izquierda ve los mismos hechos pero extrae la conclusión opuesta", sugiere el informe. En reuniones posteriores con los partidos, el PSOE se comprometió ante los miembros del IPI a recuperar la anterior ley que regulaba el nombramiento del presidente de RTVE, y aseguró también que "recomendaría los candidatos usando un sistema de convocatoria pública con un proceso de selección llevado a cabo por una comisión independiente antes de proponerlos al Congreso".

"Desde el PP no surgió ningún compromiso parecido", confiesa Stephen Whittle, aunque "estuvieron de acuerdo con que podría ser beneficioso un intercambio de visitas entre RTVE y la BBC en el periodo anterior a las elecciones y compartir experiencias en la cobertura de campañas muy reñidas".

El informe se refiere también a que el nuevo presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, "ha alardeado de su afiliación al PP". Y es más, le señala directamente como "supervisor" de un proceso "a través del cual conocidos simpatizantes del Gobierno han sido incoporados a la sala de prensa y en la elaboración de artículos clave". Precisamente por la deriva del enfoque informativo y los casos objetivos de manipulación, el IPI anima a que la radio y televisión públicas expliquen a los ciudadanos el porqué de sus decisiones editoriales: "Un canal público debe dar ejemplo sobre los asuntos de los que informa, cómo y por qué", subraya el informe.

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Echa en falta un organismo independiente de supervisión

La delegación del IPI se fue de España con la impresión de que es necesario crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para garantizar los derechos y obligaciones de las empresas de la comunicación. "Otros países europeos ven el valor de tener un organismo independiente (...) que puede trabajar con flexibilidad y rapidez; tener credibilidad y estabilidad ya que están aislados de las influencias políticas".

Además, añade el informe, "nos preocupó saber que se iba a conceder seis nuevas licencias de televisión digital en noviembre, justo un mes antes de las elecciones nacionales". Desde el IPI ven "inusual que eseas licencias sean concedidas directamente por el Gobierno en lugar de ser concedidas por un organismo regulador independiente" y advierten que "es incluso más preocupante que la concesión esté vinculada tan claramente al calendario electoral y que deje al Gobierno la posibilidad de premiar a los propietarios de los medios por su servicio político".

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