El 28 de diciembre de 2007, Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA), controlada por el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, pagó dos millones de euros  para hacerse con el 55% de una nueva empresa de moda que había sido constituida ese mismo día con 22.500 euros de capital, de los que solo 2.500 fueron desembolsados en metálico. Los dos socios fundadores de esa empresa, Cloth World Design SL, habían sido el diseñador Miguel Palacio, quien aportó como capital "artículos de iluminación" que valoró en 16.200 euros y otros enseres que tasó en 3.800, y un gestor de inversiones que abonó en metálico los 2.500 euros restantes. De los dos millones pagados por CRM tras la ampliación de capital lanzada por la sociedad el mismo día de su constitución, 1,97 lo fueron en concepto de prima de emisión. La prima es el sobreprecio que el nuevo accionista abona sobre el nominal de cada acción cuando la compañía posee un valor real superior.

En el momento de su constitución, Cloth World Design no era propietaria de ninguna de las marcas bautizadas con el nombre de Miguel Palacio, cuya producción le había situado ya a finales del pasado siglo en un destacado plano del diseño español. Según las cuentas de 2008, Cloth World Design SL adquirió en su primer año de vida y por 300.000 euros las dos marcas del modisto con mayor relevancia comercial. Pero esas dos marcas, de las que siempre había sido titular Miguel Palacio como persona física, y así lo acreditan los documentos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) recabados por este periódico, nunca pasaron a estar inscritas en favor de Cloth World Design SL. El porqué es un interrogante abierto.

CRM entregó de inmediato su 55% de Cloth World Design SL para la constitución de una segunda firma publicitada por el Gobierno de Esperanza Aguirre como la que había de convertirse en mascarón de proa de una especie de holding de la moda madrileña: AB Diseño y Moda 2008 SL. 

Pero tres años más tarde, Miguel Palacio se convirtió oficialmente en único propietario de Cloth World Design SL. No se sabe cuánto le costó ahora ese 55% por el que CRM había pagado dos millones en diciembre de 2007. Y ni siquiera si le compró las participaciones a AB Diseño y Moda 2008 SL o si, por el contrario, algún tercero hizo de puente previo. Ninguna de las sociedades involucradas en la operación despeja la incógnita en sus memorias anuales ni en su historial del Registro Mercantil y, por tanto, resulta imposible conocer la respuesta. Cloth World Design no volvió a presentar cuentas después de 2009.

Querella por malversación

Lo que sí se sabe, y así lo subraya la querella por malversación a gran escala presentada hace una semana por el sindicato CGT y el Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE), es que CRM nunca recuperó esos dos millones dado que perdió todo lo invertido en AB Diseño y Moda 2008 SL. Basándose en los datos de las sucesivas cuentas anuales de CRM SA, los autores de la querella calculan que, como mínimo, la sociedad pública de capital riesgo perdió en total en esa compañía 4,7 millones.

Y también está acreditado que seis meses después de que en marzo de 2011 Miguel Palacio inscribiera en el Registro Mercantil que Cloth World Design SL había devenido en unipersonal, es decir, exclusivamente suya, la empresa AB Diseño y Moda 2008 SL entró en concurso de acreedores. Nunca salió a flote.

Los querellantes sostienen que AB Diseño desempeñó un papel clave en la –presunta– malversación de más de 60 millones a través de las sociedades de capital riesgo controladas por el Ejecutivo madrileño. "Deducimos que la operativa consistía en que CRM e Inicap aportaban capital a AB Diseño y Moda 2008, SL y esta a su vez lo desplazaba a sociedades vinculadas (...), desde las que era distraído", dice la querella presentada ante la Audiencia Nacional. Inicap era el segundo fondo público madrileño de capital riesgo. Desde su arranque, en 2006, estuvo gestionado por una sociedad participada por Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y ahora condenado por las tarjetas black e investigado en los casos Púnica y Lezo.

Los portavoces de la Comunidad a los que infoLibre preguntó este jueves por Cloth World Design SL y AB Diseño y Moda 2008 SL dijeron carecer de información sobre todo lo relacionado con CRM SA, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación. Ningún dato poseen tampoco –dijeron– sobre el hecho de que Cloth World Design pagara 300.000 euros por unas marcas de las que jamás llegó a constar como titular.

CRM, recalcaron los mismos portavoces, nunca fue una empresa pública porque la Comunidad de Madrid solo ostentaba el 49% de las participaciones. Distintos informes de la Cámara de Cuentas subrayan en cambio que, al igual que ocurría con otras sociedades adscritas al sector público pese a que la Administración regional no era formalmente su accionista mayoritario, también debía seguirse ese criterio con CRM SA. "La misma situación –dice uno de esos informes, que puedes consultar pinchando aquí– se produce en la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A., en la que la participación de la Comunidad de Madrid sumada a la de IMADE [un potente organismo público ya extinguido y ahora investigado en la Operación Púnica] y a la de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid superan el 50% de su capital social".

Este periódico no ha logrado localizar a Miguel Palacio ni a ninguna de las dos personas –una hermana suya y la apoderada de otra compañía fundada por él mismo– que en un momento dado figuraron como cesionarias de las dos marcas formalmente adquiridas por Cloth World Design SL en 2008. Según una información publicada por el diario El Mundo en abril de este año, el modisto ha emprendido una nueva andadura como diseñador de zapatos.

El caso de Cloth World Design SL es muy similar al de la empresa Copyright Art Design SL, cuyas participaciones compró CRM al diseñador Javier Larrainzar el mismo día en que fue constituida. También aquí el precio ascendió a dos millones de euros.

La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA), controlada por el Ejecutivo autonómico, compró el 26 de diciembre de 2006 a Javier Larrainzar por dos millones de euros una sociedad limitada que el diseñador constituyó el mismo día solo horas antes. Larrainzar, entonces una figura señera en el mundo de la moda, había fundado la mercantil, Copyright Art Design SL, aportando como capital varias marcas inscritas a su nombre y que valoró en el importe no se sabe por qué procedimiento ni con qué criterio. 

En resumen, el diseñador no desembolsó ni un euro para crear Copyright Art Design SL. CRM SA, en cambio, le pagó en metálico las participaciones. Dedicada a la "adquisición y gestión de signos distintivos, logotipos y marcas de cualquier clase", la empresa no generó un solo empleo. Y entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, último año en que depositó cuentas en el Registro Mercantil, su facturación se limitó a 3.837 euros, los que anotó en las de 2008.

El 7 de noviembre de 2017, CRM SA, ahora en liquidación, acordó oficialmente disolver la compañía. La inscripción registral que informa de ese acuerdo pone cifras al fiasco: Copyright Art Design SL iniciaba ese día el camino de su extinción formal con 2.609.999 euros en pérdidas acumuladas.

infoLibre no ha logrado localizar al diseñador, que en 2013 anunció su retirada por los embates de la crisis y la apertura de un chiringuito en Marbella. No obstante, una web bautizada con su nombre vende a día de hoy a través de Internet prendas que supuestamente se corresponden con su marca. 

El extraño registro de la marca 2.601.399

Pero hay más: una de las marcas que el modisto había aportado como capital previa valoración en 115.000 euros sigue a día de hoy inscrita a su nombre. Y ello pese a que, en teoría y atendiendo a la escritura notarial, su propiedad había pasado el mismo 26 de diciembre de 2006 a manos de Copyright Art Design y, por tanto, su dueño oficial era desde aquel momento la sociedad pública de capital riesgo CRM SA.

Los datos anteriores constan en la querella que el miércoles presentaron ante la Audiencia Nacional el sindicato CGT y el Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE) por malversación a gran escala en las dos empresas de capital riesgo impulsadas por la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre: CRM SA e Inicap. Los autores de la querella sustentan cada una de sus afirmaciones en documentos mercantiles que han sido igualmente remitidos a la Audiencia Nacional. infoLibre verificó este viernes que, tal como sostienen CGT y la asociación Observatorio CODE, la marca  Javier Larrainzar inscrita con el número 2.601.399 y que se corresponde con la denominada clase 20 de Niza (muebles, espejos, marcos y ciertos artículos de madera, mimbre y otros materiales) continúa registrada a nombre del diseñador como se observa en la imagen de abajo.

Marca a nombre de Javier Larrainzar pese a que fue aportada a Copyright Art Design

Los estatutos de CRM SA le permitían no solo adquirir el porcentaje que quisiera de sociedades preexistentes sino constituir otras desde cero. De hecho, cinco días antes de desembolsar dos millones de euros por la recién creada Copyright Art Design SL, la sociedad madrileña de capital riesgo había fundado otra empresa con Javier Larrainzar como socio, Volupte SL. Para Volupte, el diseñador puso sobre la mesa 500.000 euros en efectivo y su know how –sus conocimientos, técnicas y experiencia– como aportación no dineraria valorada en 250.000 euros. Y CRM desembolsó otros 500.000 euros. 

Pero al adquirir Copyright Art Design SL una vez ya constituida, CRM SA hizo un auténtico trasvase de dinero efectivo a Javier Larrainzar desde las arcas de la empresa pública donde la Comunidad de Madrid (49%) era el accionista de control y cuya gestión estaba en manos de una filial de Caja Madrid, que ostentaba el 35% del capital. Los autores de la querella consideran que, en realidad, el Gobierno de Esperanza Aguirre se valió de esa operativa para conceder al diseñador una de las "ayudas económicas encubiertas" que denuncia el prolijo escrito remitido a la Audiencia Nacional.

Supuestamente, la compra de Copyright Art Design SL por parte CRM SA se inscribía en un ambicioso plan para crear una especie de holding madrileño de la moda. Los documentos que sustentan la querella de CGT y CODE no solo constatan el carácter ruinoso del proyecto. Destapan también datos desconocidos hasta la fecha, como que una de las firmas involucradas en el pretendido grupo empresarial de moda, Grupo Nupcial Novissima, se quedó con cinco millones de CRM porque –y así lo dice una sentencia fechada en 2012 y de la que infoLibre informó este viernes– la empresa de capital riesgo no adoptó las "precauciones" que habrían evitado la estafa.

CGT y CODE sostienen que el fiasco de CRM y el fondo Inicap, que entre 2006 y 2015 acumularon pérdidas superiores a 60 millones de euros, no obedece a una mera negliglencia. Los autores de la querella entienden que los hechos relatados dibujan una verdadera "trama criminal" dedicada a trasvasar fondos públicos de Madrid a determinados empresarios. 

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL, condenado por las tarjetas black e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 empresarios y antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid contra los que CGT y CODE dirigen la querella.

La querella del sindicato CGT y la asociación Observatorio CODE por malversación a gran escala en las empresas de capital riesgo CRM SA e Inicap desvela un dato inédito sobre cómo manejaron el dinero público ambas sociedades: la Audiencia de Madrid ya tumbó la denuncia penal con que CRM SA, controlada por el Ejecutivo regional y gestionada por una filial de la extinta Caja Madrid, pretendía recuperar lo invertido en Grupo Nupcial Novissima durante 2009.  El 11 de octubre de 2012, el tribunal rechazó el recurso con que CRM pretendía revocar el archivo de su querella por estafa contra el principal accionista de Novissima. Pero lo rechazó no porque negase la existencia del engaño invocado por la empresa pública sino porque esta no había adoptado las mínimas "precauciones" exigibles antes de inyectarle a la firma de moda nada menos que cinco millones de euros de mayoritario origen público. [pincha aquí para leer la sentencia en la versión que, sin datos personales, difunde el Poder Judicial en su web]

En 2008, CRM SA, siglas de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA, entró con tres millones en el accionariado de Novissima pese a que jamás había depositado siquiera cuentas en el Registro Mercantil; y esos tres millones se fueron ya aquel año por el desagüe. Al siguiente, justo el día de Nochebuena y la víspera, CRM le aportó a Novissima esos otros cinco millones a que se refiere el auto de la Audiencia madrileña. Lo hizo por tres vías: mediante dos ampliaciones de capital (3.452.064 euros en total), a través de otros dos préstamos (de 1.306.062 y de 114.250 euros) y con un aval por 177.557 que la propia sociedad de capital riesgo canceló al año siguiente.

CRM perdió todo lo invertido en Novissima. Es más: cuando Novissima fue declarada culpable del concurso de acreedores en que acabó entrando, la sociedad de capital riesgo tuvo que pagar otros 850.000 euros en concepto de finiquito. La fallida inversión en moda nupcial, una de las que la querella inscribe dentro de una trama textil donde involucra a creadores como Javier Larrainzar, Miguel Palacio y empresas como Artesanos Camiseros, costó a Madrid nueve millones de euros.

Solo cuando Novissima se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2010, los gestores de CRM se percataron de que el consejero delegado de Novissima, Moises Anselem, había vaciado de activos la sociedad antes de que CRM le transfiriera en diciembre de 2009 aquellos cinco millones. Anselem le había traspasado a su esposa las filiales de Novissima y las marcas de moda que explotaban para su negocio nupcial, entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, Elio Bernhayer, Javier Larrainzar, Devota & Lomba y Duyos. 

Este periódico no ha podido localizar a Anselem. Pero que su figura resultaba importante para la Administración madrileña del momento lo confirma un episodio datado el 25 de septiembre de 2009. Ese día, y así lo atestiguan las fotos de la Agencia Efe y una noticia de la revista empresaexterior.com, Esperanza Aguirre asistió en México DF a la inauguración de "la primera flagship store" –en español, la tienda principal– que abría Novissima en ese país.

Tres meses después, Anselem movía las fichas de sitio y ponía las filiales y las marcas a nombre de su mujer, que al igual que él aparece como querellada en la denuncia formulada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE).  CRM, sentenció luego la Audiencia de Madrid en un auto que no admitía apelación, "infringió su deber de autotutela, por lo que el perjuicio patrimonial sufrido no es imputable objetivamente a los querellados desde un punto de vista estrictamente penal".

"No adoptó las precauciones propias"

La resolución de la Audiencia considera "evidente" que la sociedad de capital riesgo "no adoptó las precauciones propias de una operación de estas características, mediante, por ejemplo, una auditoría secundaria a la que le presentó GNN [Grupo Nupcial Novissima] para autoprotegerse".

Los autores de la querella van más allá y no creen que lo sucedido con CRM SA y el fondo Inicap obedezca a una mera negligencia: había, sostienen en su escrito, una "asociación ilícita". O, como los portavoces de CGT y CODE tradujeron ayer en rueda de prensa, una "trama criminal" destinada a trasvasar fondos públicos de Madrid a determinados empresarios. Las ruinosas operaciones de las dos empresas de capital riesgo les acarrearon pérdidas superiores a 60 millones entre 2006 y 2015.  

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. 

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

En la querella destaca un nombre: el de Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, imputado en las operaciones Lezo y Púnica y gestor del fondo de capital riesgo Inicap, del que cobró al menos 600.000 euros. López Madrid es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que se dirige la querella.

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos. 

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público

El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.

Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.

La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.

Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.

La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir de 2006 en Airport Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de ellos abrió en 2009.

Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus padres y otros familiares. 

  Un beneficio que casi multiplicaba por tres lo invertido

A finales de 2015, y así lo reseñan sus propias cuentas anuales, Corpfin Capital SA, sociedad de capital riesgo, se desprendió del 3,78% que ostentaba en Ingesport. La venta le reportó un beneficio de 3,7 millones, y así se recoge en sus cuentas de 2016.  Su aportación al capital de Ingesport a lo largo de 11 ampliaciones realizadas entre el 13 de mayo de 2009 y el 27 de junio de 2013 había sumado 1,28 millones de euros, y así lo ha verificado este periódico analizando los documentos registrales adjuntados a la querella. Es decir, en seis años y medio y con una crisis económica sin precedentes por medio, Corpfin Capital SA multiplicó por casi 3,5 el importe de su inversión. Las memorias de Corpfin Capital SA no especifican quién compró ese 3,78% pero su web señala que fueron Torreal, de la familia Abelló, y Mutua Madrileña.

Las últimas cuentas presentadas por la sociedad explican que el 23 de diciembre de 2015 "formalizó un acuerdo de venta de acciones de Ingesport Health and Spa Consulting SL por el cual enajenaría el 3,78% del capital de esta sociedad, que constituye la totalidad de su participación en la misma" cuyo coste en libros, dice la memoria, se cifra en 1.383.860 euros. La ejecución de la venta, prosigue el informe, quedaba sujeta a determinadas condiciones suspensivas "referidas a la obtención de determinadas autorizaciones". Una vez levantadas esas condiciones suspensivas, el 22 de abril de 2016 se formalizó "el acuerdo de cierre de la operación".

"El precio de la venta establecido corresponde a un importe fijo de 5.156.302,57 euros neto de determinadas comisiones", añade el informe de Corpfin Capital SA. Como consecuencia de esa venta, "la sociedad ha otenido un beneficio de 3.772.442 euros". Ese beneficio se verá incrementado, agrega la memoria, con "un importe adicional bruto para la sociedad de 756.000 euros condicionado a la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos centros deportivos que la sociedad tiene en desarrollo, así como otro importe adicional bruto de 378.000 euros (...), condicionado a la obtención de determinados permisos públicos para la apertura de un nuevo centro deportivo".

En el listado de accionistas de Corpfin Capital SA el apellido más repetido es el de la familia que domina esa compañía y que figura como rostro visible de los fondos de inversión a los que da nombre. Ese apellido es el de la familia Oriol. Y una de las hijas de Felipe José Oriol y Díaz de Bustamante, presidente de Corpfin Capital SA, es Carolina Oriol Miranda. Está casada desde 2008 con el primogénito de Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid hasta septiembre de 2012. Carolina Oriol ostenta el rango de consejera de Inversiones Oranda SL –acrónimo de Oriol Miranda, los apellidos de sus padres–, que a su vez posee el mayor paquete accionarial (19,88%) de Corpfin Capital SA, según las cuentas de 2016, las últimas disponibles. El pasado 29 de octubre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Corpfin Capital SA. Este periódico remitió este martes a Corpfin varias preguntas relacionadas con la operación Ingesport. No ha habido respuesta.

La "alianza" entre Corpfin e Ingesport data de 2007, y así lo recalca la web del grupo que capitanean los Oriol, aunque el proceso de inversión no comenzó hasta dos años más tarde. Pero son las cuentas de Ingesport sobre 2008 las que, sin tapujos, revelan la existencia de un nexo directo entre la obtención de concesiones municipales y la entrada del holding financiero. Tras reconocer que Ingesport había cerrado el ejercicio en situación de "patrimonio neto negativo y, por otra parte, de fondo de maniobra negativo" o, lo que es lo mismo, en situación de disolución, la memoria añadía esto: que  había "conversaciones muy avanzadas" para la entrada de "un nuevo accionista" que aportaría "un total de hasta 30 millones". Esas aportaciones "estarían sujetas en una fase inicial a la obtención por parte de la sociedad de las autorizaciones necesarias para la participación de la misma en distintos proyectos, actualmente en negociación". En opinión de los administradores de Ingesport, "las autorizaciones comentadas serán obtenidas sin duda a lo largo del segundo trimestre del año 2009", con lo que "la entrada del nuevo accionista se produciría en un plazo inferior a cinco meses".

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ingesport indicó que la colaboración con Corpfin comenzó después de que "un conocido" de Gabriel Sáez, cabeza visible de Ingesport, "le presentara en 2007 a Patrick Gandarias, consejero delegado de Corpfin". Y las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior se referían a las necesarias para abrir un centro en Córdoba, "cuyo ayuntamiento estaba gobernado por IU". 

  El "vice" Ignacio gonzález y su profesor de pádel

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo.

Ese profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero de CRM en Ingesport, y así lo atestiguaban ya en aquel momento los documentos difundidos. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe un email a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez, administrador de Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones y asociado a los dueños de Thomas Wellness, le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: “Espero tener hoy una respuesta, [que] no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel [Córdoba] les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas”. Ángel Córdoba participaba en la gestión de CRM como, alto directivo de la extinta Caja Madrid, también accionista de CRM. Con un 49%, la Comunidad de Madrid era el accionista de control de CRM, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación, aunque en realidad todos los socios –también la patronal CEIM y la Cámara de Comercio– iban de la mano.

Este periódico preguntó al portavoz de Ingesport a qué se refería exactamente Carlos Martín en aquel correo electrónico donde hablaba del "vice" Ignacio González. "No tenemos nada que ver. Ese email está manipulado y sesgado", fue la respuesta.

El escrito cursado a la Audencia Nacional respalda con documentos mercantiles cada una de las afirmaciones sobre lo sucedido con Ingesport, que considera constitutivas de los delitos de malversación y asociación ilícita. En otras operaciones igualmente denunciadas, los querellantes aprecian también delitos de corrupción privada, delitos societarios y prevaricación. Por los hechos relativos a Ingesport y su constelación societaria, la querella se dirige contra 29 personas, bien por su participación en las transacciones de títulos o en las decisiones que llevaron a CRM a invertir en las empresas citadas. Ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González figuran entre los querellados. Felipe Oriol y su hija Carolina sí aparecen en la lista.

  Cuatro empresas afortunadas entre medio millón

Pero si en 2009 ya afloraron datos sobre el oscuro papel que los emails de su profesor de pádel atribuían a Ignacio González, lo que la querella revela ahora es que el presunto desvío de fondos públicos fue muy superior. Porque aunque CRM logró una plusvalía de 186.000 euros cuando en julio de 2010 vendió sus títulos de Ingesport a Corpfin Capital Fund III FCR, el conjunto de la operación había dejado un agujero de más de no menos de 2,5 millones en la empresa pública madrileña. Si ya resultaba sorprendente que una SL conectada con el profesor de pádel de Ignacio González fuese una de las 13 agraciadas en 2006 por las inversiones de CRM en una comunidad donde las empresas instaladas superaban ya entonces el medio millón, la querella de CGT y CODEconstata que fueron cuatro las mercantiles de ese círculo a las que la Comunidad de Madrid traspasó fondos a partir de ese año.

La versión de Ingesport, que niega todo vínculo societario con la empresa Thomas Wellness, la cuarta de la serie beneficiada por CRM, es esta: "La razón de la entrada de CRM en Ingesport es la compra de AEI (Airport Equipment Ibérica) . CRM decidió entrar en Ingesport por el plan de negocio de AEI (empresa que estaba en funcionamiento y en expansión) pero sobre todo por el plan de negocio de Ingesport. Ingesport estaba participada por NH hoteles en un 40%, con posibilidad de incrementar su participación hasta un 60 por ciento.  CRM compro acciones de Ingesport y con ese dinero en su totalidad se compró AEI".

Propiedad de Ingesport, en la que participaba CRM desde abril de 2006, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) recibió, según la querella, 2.657.809 euros de la sociedad pública de capital riesgo, cifra adicional a la los 1,6 millones que obtuvo Ingesport. Pero Ingesport sostiene por el contrario que Airport solo ingresó de CRM un millón. "Las cifras reales –respondieron a infoLibre los portavoces de la empresa a través de un email– son 2,6 millones en total, que corresponden a 1,6 millones a Ingesport y 1 en AEI, ya que la inversión se hizo en su mayor parte a través de Ingesport, más 0,3 millones a Larum [otra sociedad de Gabriel Sáez] como mayor inversión en AEI para cerrar esa compañía".

Las memorias anuales de CRM y Airport Equipment aportadas por los querellantes parecen indicar que el dinero transferido por la Comunidad de Madrid a las empresas de Sáez tanto a través de ampliaciones de capital como de préstamos y el perdido por la ejecución de dos avales fue el que dice la querella, pero este periódico no ha podido someter el asunto a la consideración de expertos ajenos a los autores de la querella y a Ingesport.

El objeto social de AEI era abrir un centro de belleza en Barajas. En 2008 ya contabilizó 408.000 euros en pérdidas, pese a lo cual incrementó su plantilla desde los 15 empleados que declaraba tener ese año hasta los 27 que anotó en la memoria de 2010. Ese ejercicio, Airport anotó pérdidas de casi 420.000 euros.  En julio de 2012, y después de que AENA ejecutara un aval de 274.000 euros en el que CRM constaba como avalista, la empresa se declaró en concurso voluntario. "CRM –resume la querella– no recuperó nada" de su inversión. Los querellantes sostienen que ese traspaso de fondos públicos a Airport Equipment Ibérica (AEI) fue una de las vías mediante las que "CRM cubrió los gastos de Ingesport".

Ingesport, por su parte, sostiene que AEI era "una magnífica compañía que se vio dañada por los cambios de flujos de pasajeros en la T2 a la T4" que efectuó AENA.

Y es un documento oficial, la memoria anual de Ingesport sobre 2008, la que de nuevo valida esa afirmación: el "esfuerzo de reestructuración" acometido por la empresa en 2007 es el que explica "la inversión realizada en AEI". La suma de lo que Ingesport pagó en total en 2006 por el 80% del accionariado –luego compró el 20% restante– y por unas obras pendientes es casi idéntica (1.248.405 euros) a la transfusión de fondos públicos que ese mismo año le había hecho CRM, 1.299.725 euros. Más tarde, llegarían nuevas remesas de la Comunidad de Madrid para AEI a través de otras ampliaciones de capital.

Finalmente, y según la querella, CRM vendió sus participaciones en AEI "por 0 euros a Larum, S. L" en junio de 2011. El escrito sustenta ese dato en las cuentas de CRM. En efecto, la memoria anual de la compañía no reseña ninguna entrada por esa transacción. "Larum SL –añade el texto– era una sociedad instrumental para las inversiones de Gabriel Sáez" que había recibido préstamos y avales de CRM. Le prestó 501.400 euros y le concedió un aval por otros 100.000. Según Ingesport, lo que ocurrió fue lo siguiente: "Larum compra las acciones de AEI asumiendo todas los costes y riesgos en condición de préstamo, de modo que si se consigue recuperar la compañía CRM recuperaría la inversión y si no Larum garantizaba este límite en los costes y responsabilidades de posible cierre de AEI , como así sucedió". Pero lo cierto es que CRM tampoco recuperó esa cuantía.

Pero tampoco el apoyo económico público al proyecto de Ingesport acabó ahí. CRM, explica la querella,  "también sufragó la maquinaria [de los gimnasios] a través de las inversiones en Thomas Wellness Group, SL (donde CRM sufrió pérdidas de CRM por valor de 1.000.000 de euros)". Constituida por tres hermanos, los Junquera Rodríguez, y dedicada al deporte y los tratamientos de belleza, Thomas Wellness Group SL arrancó sus operaciones el 26 de diciembre de 2006 con un capital de 289.801 participaciones equivalentes a otros tantos euros. El capital fue íntegramente suscrito como aportación no dineraria mediante la entrega de títulos que los tres propietarios tenían en otras cuatro sociedades. Dos de esas empresas habían sido creadas 26 días antes. Ingesport, a la que suministró máquinas de gimnasio y con la que efectuó operaciones mercantiles conjuntas, asegura que Thomas Wellness es una compañía por completo ajena.

Ese mismo 26 de diciembre de 2006, y aunque ya en el primer consejo de administración de Thomas Wellness aparecía el representante de CRM, la nueva empresa acordó una ampliación de capital por 173.880 euros de valor nominal, lo que garantizaba que los hermanos Junquera mantuvieran el control accionarial. Pero, cubierta al completo por CRM con dinero contante y sonante, la ampliación incluía una prima de 1.026.120 euros. En resumen, la empresa pública madrileña aportó todos los fondos líquidos de los que dispondría la sociedad pero sin que ello le asegurase ni quiera el dominio de Thomas Wellness Group SL. 

Thomas Wellness Group SL –precisa la querella– financió operaciones de Ingesport "por importe de 500.000 euros con un interés de 56.000 euros en 2008". En concreto, prosigue el texto, "la puesta en marcha de Ingesport Corporate Wellness, S.L., sociedad dedicada a la explotación del primer gimnasio Go fit, situado en la Ciudad Telefónica [de Madrid]". Además, "aportó la maquinaria necesaria para el comienzo de la explotación de los gimnasios por Ingesport Health and Spa Consulting, SL".  En abril de 2012, CRM vendió sus participaciones en Thomas Wellness Group. "La pérdida registrada por esta venta sumó 1.000.000 de euros", constata la querella.

Martin Shkreli, el controvertido consejero delegado de Turing Pharmaceuticals y uno de los empresarios más odiados en EEUU tras su decisión de subir un 5.455% el precio de un medicamento necesario para tratar la toxoplasmosis, ha sido detenido por agentes del FBI en relación con un caso de fraude.

Según la agencia Reuters, la detención del empresario de 32 años, hijo de inmigrantes albaneses y croatas, no está vinculada a esta controvertida decisión, sino al periodo en el que Shkreli gestionaba el hedge fund MSMB Capital Management y dirigía el laboratorio biofarmacéutico Retrophin.

Antes de Turing Pharmaceuticals, Shkreli había fundado en 2011 el laboratorio biotecnológico Retrophin, del que fue despedido en 2014 acusado de haber realizado numerosas transacciones financieras que perjudicaron la solvencia de la compañía.

Martin Shkreli se convirtió en uno de los personajes más controvertidos para la opinión pública estadounidense, llegando a ser señalado como "el hombre más odiado de América" por la cadena británica BBC, después de que su compañía farmacéutica decidiera elevar el precio del tratamiento contra la toxoplasmosis Daraprim, hasta los 750 dólares desde los 13,50 dólares, tras hacerse con los derechos sobre el medicamento.

Esta subida del 5.455% del precio de un tratamiento que puede resultar vital para niños y personas inmunodeprimidas granjeó al empresario críticas por parte de representantes de los más diversos ámbitos en EEUU, incluyendo políticos como Hillary Clinton, Bernie Sanders o Donald Trump.

La primera cadena de perfumerías de España, Bodybell, ha anunciado a sus 2.500 trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que empezará a negociar con el comité de empresa el próximo 13 de mayo. Bodybell pretende ejecutar despidos, modificar las condiciones laborales de la plantilla resultante y descolgarse, por tercer año consecutivo, del convenio colectivo. Las medidas afectarán a las cuatro sociedades que componen la empresa, incluidas Iberdroper –sus 330 tiendas– y Cadyssa –su mayorista–, según informan fuentes sindicales.

La medida supone el estreno del fondo de capital riesgo HIG como accionista mayoritario de la cadena. El estadounidense sucede a otro fondo, aunque español, N+1, que se hizo con la empresa en 2005 por 65 millones de euros. Bodybell ha pasado ya por tres operaciones de refinanciación de su deuda, de 150 millones de euros, que ha terminado en manos del fondo HIG. La crisis, con el consiguiente hundimiento del consumo, no fue el mejor aliado de la agresiva política de expansión que ha caracterizado a Bodybell durante la última década.

Con 38 años de historia a sus espaldas, la empresa familiar que nació como Eurodroguer y se rebautizó como Bodybell en 1995 llegó a facturar 328 millones de euros en 2009. De la mano de N+1 creció a base de comprar las tiendas de sus competidoras. Pagó 100 millones por los 86 locales de la madrileña Juteco en 2007 y en 2013, ya en plena crisis, adquirió las 44 establecimientos que la andorrana Gala Perfums tenía en España. También se hizo con locales de la cadena If –propiedad de Eroski– y la alemana Douglas, o de Green Perfumerías y Disperfum.

Pero si en 2007 Bodybell aún soñaba con salir a Bolsa y duplicar su valor, el recorte de los márgenes obligado por la competencia de las marcas blancas encogió sus cuentas durante la crisis hasta acumular pérdidas de un centenar de millones de euros en los últimos cuatro años. Ni la entrada de otro fondo español, Mercapital, en 2008, ni los intentos de refinanciación de su deuda con los bancos dieron los resultados esperados. Cuando se anuncia la recuperación del consumo, Bodybell tira la toalla y prepara el repliegue tras haber duplicado su cifra de tiendas desde 2008. Según publicó El Confidencial, los bancos acreedores han terminado vendiendo su deuda al fondo HIG, que ahora se convertirá en el primer accionista de la cadena de perfumerías. HIG es también el dueño de la cadena de panaderías Panaria y de la de cafeterías Café&Té, así como de la productora audiovisual Tres60.

Despidos y cierres en el sector de perfumerías

Al tiempo, los problemas económicos se han traducido para la plantilla en dos años de descuelgue de sus respectivos convenios sectoriales –el de comercio para los dependientes y el de mayoristas de productos químicos para el personal de almacén–, en una plantilla con un elevado porcentaje de contratos a tiempo parcial en las tiendas.

Bodybell comparte así el destino del resto de sus competidores. La cadena Marionnaud, propiedad del grupo hongkonés Hutchison Wampoa, cerró 70 tiendas –tenía 160 en España y Portugal– y despidió a 327 de sus 900 trabajadores en febrero de 2014. Ocho meses antes la alemana Douglas presentó un ERE para 99 de sus 500 empleados, además de cerrar nueve de sus 80 locales. Eroski echó el candado en 71 establecimientos de su cadena If el pasado año. Y la también alemana Schlecker vendió a los supermercados Dia en septiembre de 2012 sus 1.127 tiendas en España y 41 en Portugal por 70,5 millones de euros. Un año después las rebautizó como Clarel.

Fomentar la inversión de fondos de capital riesgo privados en las empresas a cambio de beneficios fiscales para así aumentar el número de compañías "de alta intensidad innovadora". Esta de una de las propuestas económicas que incluye el segundo documento de propuestas económicas que Ciudadanos presentó este martes en Madrid. La formación de Albert Rivera propone, de esta forma, equiparar los incentivos fiscales de estos fondos con los de las empresas con beneficios que se desgravan en el impuesto de sociedades. Y, además, apuesta por una práctica que podría denominarse casi de ingeniería financiera para favorecer a los inversores finales: que los créditos fiscales (el derecho a deducciones fiscales contra el pago de impuestos futuros) por I+D que las empresas no pueden utilizar por carecer de beneficios pasen a las bases tributarias de los inversores y, por tanto, se los puedan deducir en sus declaraciones de IRPF. 

Entre sus propuestas está también poner en marcha fondos similares al actual ICO aunque enfocados a capital inicial, la creación de una red de institutos tecnológicos que asesoren a empresas en temas de I+D –el partido cuantifica su coste en 1.000 millones de euros anuales–, desgravaciones de hasta 300 euros a las familias en su declaración de IRPF en concepto de servicios para dar incentivo a pedir facturas, poder compatibilizar el cobro parcial de la prestación por desempleo con un salario o primar la entrada de inmigrantes que vengan con un contrato de trabajo, tengan un alto nivel educativo o propongan un proyecto empresarial concreto. Pero, ¿de dónde sale el dinero? Ciudadanos fía la financiación de sus propuestas a cortar el grifo de la inversión en el AVE (cuantificada en 3.561 millones de euros para 2015) y al aumento de la recaudación conseguida aumentando el control fiscal. 

Una red de investigación 

Entre sus medidas estrella está la citada creación de una red de 30 institutos tecnológicos ligados a universidades donde se llevaría a cabo investigación aplicada y que estarían a disposición de las empresas para que –a través de contratos de investigación– les presten asesoramiento en cuestiones relacionadas con la I+D. De esta forma, según Ciudadanos, se acabaría con la escasa capacidad de desarrollo tecnológico de las empresas españolas al tiempo que se pondría fin a la limitada producción de investigación aplicada de la universidad y los centros de investigación existentes. Esta red, a juicio de Ciudadanos, costaría 1.000 millones de euros al año, que se financiarían en un 60% con fondos públicos, un 35% con fondos privados y un 5% con becas internacionales.

Jorge Galindo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra, donde trabaja principalmente en el ámbito de la economía política comparada, ve positiva esta propuesta aunque considera que es "cara" y por eso ve "cuestionable" que se pudiera llevar a cabo sólo con el ahorro obtenido acabando con la inversión en alta velocidad. "Estos centros no van a ser autosuficientes y España no tiene presupuestados 1.000 millones de euros en los próximos 50 años para invertir en el AVE. Es una propuesta que me parece bien pero creo que hay que ser más realistas en cómo se va a financiar", señala. 

En el mismo capítulo en el que se apuesta por favorecer el crecimiento del sector empresarial, Ciudadanos apuesta por acabar con las regulaciones laborales o fiscales que van aparejadas al tamaño de la empresa como, por ejemplo, la obligación de tener comité de empresa o de auditar cuentas que tienen aquellas compañías que cuentan con más de medio centenar de trabajadores. Y también por acabar con las excepciones medioambientales. Estas medidas irían aparejadas de otras como el establecimiento de incentivos fiscales a las fusiones y ampliaciones de capital de pymes y la creación de una agencia de apoyo a las pymes.

José Fernández-Albertos, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y experto en relaciones entre política y economía, dice estar muy de acuerdo con el análisis que hace Ciudadanos sobre la penalización que existe actualmente en España respecto a las empresas que crecen y a la excesiva consideración que se tiene con las pymes a pesar de los problemas que generan en términos de exportaciones, incorporación de tecnología, demanda de más y mejor capital humano o formación de trabajadores... Sin embargo considera que Ciudadanos no aborda a fondo la necesidad de reformar el régimen fiscal y de relaciones laborales por el que se rigen las empresas más pequeñas "porque esta concreción significaría que se acabaría con los beneficios de los que hoy gozan las pymes y eso no es electoralmente atractivo". 

Autónomos 

Para los autónomos, Ciudadanos propone que los que ganen menos del salario mínimo interprofesional mensual –648,60 euros– no tengan que pagar ninguna cuota para darse de alta a la Seguridad Social, sino que tendrán que abonar a Hacienda el 7,2% de las ganancias netas hasta el tope máximo del régimen común. Además, estos trabajadores por cuenta propia no tendrán que liquidar el IVA y declararán los ingresos en el IRPF sólo una vez al año. Para lo que ganen más del salario mínimo, el partido de Rivera apuesta por eliminar la cuota mínima para la Seguridad Social y establecer un porcentaje del que no especifica la cuantía y que aumentaría con la facturación hasta llegar al máximo del régimen general. 

Además, propone que las familias puedan desgravarse en su declaración de la renta hasta 300 euros al año por servicios, lo que, según la formación, les incentivaría a pedir las facturas. En cuestiones fiscales, aunque el partido cree que las funciones de inspección se deben reorientar hacia el fraude más cuantioso y menos hacia los pequeños contribuyentes, también apuesta por aumentar las multas por no emitir facturas.

"Atracción selectiva de talento"

Por otro lado, el partido de Rivera propone implantar un programa de inmigración por puntos a modo de "visados exprés" que "facilite y agilice" la llegada a España de personas "con contrato de trabajo, alto nivel educativo o proyecto empresarial concreto". Bajo el pretexto de "favorecer la importación de talento extranjero", el programa presentado señala que dado el "dado el déficit que existe de perfiles críticos que aúnen capacidad técnica con mentalidad emprendedora, la atracción selectiva de talento internacional puede resultar una palanca importante que impulsaría la calidad y cantidad de los proyectos innovadores que se lanzan y desarrollan en España".

Como ejemplo, apuntan a Silicon Valley –uno de los principales centros tecnológicos mundiales situado en California, Estados Unidos– donde, apuntan "su capacidad para atraer talento" ha hecho que el 60% de la población en esta zona no sea estadounidense y que buena parte de los fundadores de estas empresas sean inmigrantes. "España ofrece una serie de características enormemente atractivas para atraer a jóvenes emprendedores de todo el mundo", apunta el programa, que lamenta que "muy pocos emprendedores deciden venir" a España a "establecer sus negocios".

Con este programa de puntos para inmigrantes –que iría acompañado de un "paquete de recibimiento" con facilidades para la reagrupación familiar– Ciudadanos considera que se mejoraría su "adaptabilidad" y evitaría "los injustos sesgos existentes por razones de país de origen, pero también, en el largo plazo, a financiar nuestros servicios públicos y frenar el envejecimiento de la población".

Galindo cree que esta medida es positiva mientras no vaya acompañada de un cierre de fronteras para el resto de población inmigrante. "España no sólo necesita personas muy cualificadas sino que la inmigración en general es positiva por una cuestión demográfica. La evidencia muestra que la entrada de inmigrantes en un país suele ser buena para la economía y la creación de empresas, aunque tiene que hacerse manteniendo un Estado del bienestar fuerte", sentencia. 

España es el único país de la OCDE que ha roto su hucha de las pensiones en los últimos años. Este organismo internacional elabora cada año un informe sobre grandes fondos de pensiones y Fondos de Reserva de la Seguridad Social. Tras analizar 21 de estos fondos públicos pertenecientes a 16 países distintos, concluye que sus activos crecieron una media del 7,1% entre 2012 y 2013. Los que más aumentaron el volumen de sus reservas fueron Chile, con un 36,4% y Argentina, con el 34,6%. El de Nueva Zelanda creció un 20,2%. Y entre el 10% y el 20% medraron los de China, Japón, Canadá, Australia e India. Por el contrario, la hucha española perdió un 14,7% de sus fondos sólo en 2013hucha. Si se suman los fondos apartados por el Gobierno del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 2012 a 2014 la cifra asciende a 33.951 millones de euros. Así, a día de hoy, la hucha ha menguado casi un 38%hucha desde los 66.815 millones que llegó a acumular en 2011.

El Gobierno ha echado mano del Fondo de Reserva para pagar las extras de las pensiones en julio y diciembre. Es la misión para la que fue creada la hucha en 2000: cubrir posibles desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Las cifras récord de paro y la devaluación de los salarios de quienes trabajan han reducido las cotizaciones y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social, que deben hacer frente, sin embargo, a un número cada vez mayor de jubilaciones. Así, la ratio entre afiliados y pensionistas había descendido el pasado febrero hasta 2,25ratio, al nivel de diciembre de 1999. Hay que recordar que la Seguridad Social ha perdido tres millones de cotizantes desde 2008 por culpa de la crisis.

Pero España no ha sido el único países europeo tocado por la recesión económica y forzado a cambiar sus mecanismos de reserva financiera. La hucha de las pensiones de Portugal, con un volumen mucho menor de activos, 14.800 millones de euros, y una crisis aún peor que la española, los multiplicó un 6,9% en 2013. Aunque, al igual que España, tuvo que hacer algunas modificaciones en su cartera de inversiones: las aumentó en renta fija y las redujo en acciones y en valores inmobiliarios. Irlanda fue más expeditiva. Su fondo de reserva ha dejado de serlo y se dedica ahora a colocar los Fondos de Inversión Estratégica de Irlanda, lo que le asemeja a un fondo soberano, asegura el informe de la OCDE.

Sólo en deuda pública española

Es necesario aclarar que los fondos de estas huchas nunca están quietos, sino que se encuentran invertidos y generan rendimientos, 21.843 millones de euros en sus 15 años de existencia en el caso español. Esto es, su rentabilidad acumulada es del 5,06%.

Desde el año pasado, el 100% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social está invertido en deuda pública españolainvertido en deuda pública española. Pero hasta ese momento, también había servido para comprar bonos alemanes, holandeses y franceses. La ley permite invertir al Gobierno hasta el 55% en títulos públicos de esos países. Y en 2007 rozó ese porcentaje. Sin embargo, desde 2012 el Gobierno se ha ido desprendiendo de esos activos extranjeros y centrándose en exclusiva en bonos y letras españoles.

Fue uno de los cambios adoptados por el Gobierno en plena crisis de deuda, con la prima de riesgo batiendo récords. Otro consistió en eliminar el tope del 3% del gasto anual en pensiones que se le permitía sacar cada año de la hucha. En principio, la supresión caducaba en 2014; el año pasado se prorrogó hasta 2016. Para el ejercicio en curso, el Ejecutivo prevé retirar del Fondo de Reserva unos 8.500 millones de euros.

UGT alerta de que, a esta velocidad, la hucha de las pensiones se agotará en tres añoshucha. Por eso, reclama medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social –“acabar con el alto nivel del desempleo y la devaluación salarial”, así como suprimir las rebajas en las cotizaciones de los empresarios–, “frente a la comodidad del Gobierno de disponer de sus reservas hasta que se agoten”.

Con su modelo de inversión en deuda pública nacional, el Fondo de Reserva español se encuentra entre los fondos más conservadores de la OCDE. Por ello, también entre los que obtienen rendimientos más bajos. Se parece, por tanto, a los de Estados Unidos y Bélgica, por ejemplo, obligados por sus respectivas leyes a invertir únicamente en este tipo de títulos públicos nacionales.

Del conservador estadounidense a los innovadores suecos

El United States Social Security Trust Fund es el mayor fondo de reserva del mundo, con 2,6 billones de euros. También el más antiguo: fue creado en 1940. Su volumen equivale al 16,5% del PIB de EEUU. El español representa el 5,3% del PIB nacional. El portugués lo supera: el 7,1%. La media de los países analizados asciende hasta el 18,3%.

A la hucha estadounidense le siguen el fondo japonés, con 1,1 billones de euros, y el surcoreano, con 373,6 millones de euros, que resulta ser el de mayor peso de todos respecto de su PIB nacional, nada menos que un 32,4%. También tienen una considerable importancia en esos mismos términos los fondos de reserva suecos. Son cinco. Cada uno de los cuatro primeros –denominados AP1, AP2, AP3 y AP4– recibe un cuarto de las contribuciones al sistema de pensiones, y cada uno de ellos paga un cuarto de las prestaciones, El quinto –AP6– ni recibe cotizaciones ni paga prestaciones, se nutre únicamente de los rendimientos generados por los 1.100 millones de euros con que fue creado en 1996. Su misión es invertir en empresas no cotizadas a través de fondos de inversiones. En conjunto, los cinco fondos representan el 29% del PIB sueco.

También son de los que más arriesgan con sus inversiones. Tienen la mitad de sus activos colocados en acciones cotizadas. Y no les hacen ascos a los hedge funds –fondos de alto riesgo– o los valores inmobiliarios y las infraestructuras. Además, son de los escasos fondos que apuestan por bonos verdesverdes, como proyectos de potabilización y energía. Finalmente, han duplicado sus inversiones en deuda de países emergentes.

Tendencia a aumentar el riesgo y los rendimientos

Pese a que los fondos de reserva en la OCDE mantienen, por lo general, programas de inversión “conservadores”, poniendo el foco en “la estabilidad a largo plazo, la seguridad y la liquidez de sus activos”, la tendencia en los últimos años es reducir el porcentaje de deuda pública y renta fija y aumentar el de acciones y productos que el informe denomina “alternativos”: desde inversiones inmobiliarias hasta infraestructuras y capital riesgo. Es lo que están haciendo, además de Suecia, países como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, asegura la OCDE. Hay otros fondos, además, que compran fuera de sus respectivos territorios. Chile tiene toda su cartera invertida en el extranjero, incluidos mercados emergentes.

Así, multiplican los riesgos, pero también los rendimientos. En 2013, la rentabilidad media de los fondos de reserva analizados era del 10,1%, casi dos puntos más que el año anterior. Claro que la hucha de Nueva Zelanda ganó un 24,1% en términos reales. Argentina, un 20,6%. Los cuatro fondos suecos consiguieron rendimientos entre el 11% y el 16,2% en 2013. Sólo el Fondo de Reserva de Chile tuvo ese año rentabilidad negativa: un -2,8%.

Comercial del Ferrocarril SA (Comfersa), participada por Adif y Renfe, está incluida en la lista de empresas públicas que el Gobierno decidió suprimir en el plan de racionalización del sector estatal. Sus áreas de negocio, la gestión de los aparcamientos de las estaciones y de la publicidad ferroviaria. Así que en 2014 cedió la explotación de sus aparcamientos en 51 estaciones de ferrocarril, unas 22.000 plazas, a la empresa Saba. El contrato, con una duración de 10 años, suma un importe de 140 millones de euros. También ha adjudicado la gestión de las estaciones de cercanías de Madrid a Initial Services y de sus aparcamientos a Empark. El penúltimo movimiento en el mismo sentido lo dio el pasado 11 de febrero, cuando entregó la explotación publicitaria de las estaciones de Adif y de los trenes de Renfe a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por dos firmas: Telson e Impursa. Un contrato de 46,58 millones de euros para los próximos siete años, renovables por otros tres más.

El caso es que, según la carta que CCOO ha enviado al presidente de Comfersa, Antonio Aguilar Mediavilla, la UTE ha conseguido el contrato pese a que una de sus empresas, Impursa, no depositó en el Registro Mercantil sus cuentas de 2013 hasta el pasado mes de febrero, cuando el plazo de presentación de ofertas había concluido el 31 de octubre, tres meses antes. Adjuntar las cuentas de los dos últimos ejercicios depositadas en el Registro Mercantil es uno de los requisitos que exige a las empresas concursantes el pliego de condiciones de la licitación. Esos informes anuales sirven para acreditar la solvencia económica y financiera del licitante. Si no se presentan, como el resto de la documentación administrativa necesaria, el concursante debe ser excluido.

En este caso, sin embargo, no sólo la UTE Impursa/Telson continuó adelante sino que, además, ganó el concurso, pese a presentar la oferta económica más elevada de todas. También acudieron a la licitación Promedios (41,1 millones de euros), Exterion (30,2 millones), Clear Channel (26,8 millones) y Ferrovial Ginsa (17,19 millones).

Impursa, una empresa dedicada al mobiliario urbano, forma parte del Grupo Redext, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversión británico GMT Communications Partners. Telson es una filial de tres60 Grupo, que se creó en 2013 cuando otro fondo de capital riesgo, HIG Capital, compró las filiales de servicios audiovisuales de la productora Vértice 360. Lo presidió hasta marzo de 2014 el exministro de Industria del PP Josep Piqué. Desde entonces se encuentra al frente de tres60 Grupo la también ex ministra del Gobierno de José María Aznar Anna Birulés.

CCOO asegura en su carta al presidente de Comfersa que, cuando la mesa de contratación le dio a Impursa/Telso un plazo de cinco días para subsanar el error, ésta aportó un documento en el que es “imposible” saber qué acto se ha inscrito. “Las cuentas aportadas”, explica el sindicato, “no llevan acreditación ni certificación alguna del Registro Mercantil”. Es más, ese “acto” que inscribió en el Registro de Alicante resulta ser, según la referencia que adjuntó la empresa, no el depósito de cuentas, sino la reelección de KPMG como auditor, advierte la carta.

¿La mesa comprobó o no comprobó?

CCOO comprobó la documentación del concurso el pasado 26 de febrero, tras solicitar su consulta. Entonces preguntó al secretario de la mesa de contratación por la falta de depósito de las cuentas de 2013. Éste, continúa la carta, respondió “con vehemencia digna de mejor causa” que todo se había realizado “conforme a derecho” y que la mesa había comprobado el depósito de cuentas de Impursa en el Registro Mercantil.

CCOO lo pone en duda, puesto que la mesa exigió a la empresa que subsanara ese problema el 7 de noviembre y el plazo para hacerlo terminó cinco días después. La fecha en que figuran presentadas las cuentas, sin embargo, es febrero de 2015, según consta en el propio registro.

De ahí que el sindicato exija a Comfersa las verificaciones oportunas y, si procede, anule la adjudicación y el concurso: la mesa de contratación no hizo ninguna “comprobación dentro de los mínimos que parecen exigibles” y permitió a Impursa continuar en el procedimiento y alzarse con la adjudicación, pese a haber “conculcado los pliegos administrativos. Tampoco descarta CCOO acudir a los tribunales de justicia.

Deudas con la Seguridad Social y Hacienda

La falta de las cuentas sirve a CCOO también para poner en duda la solvencia económica y financiera de ambas empresas. De hecho, asegura que en 2012 Impursa perdió 2,7 millones de euros y tenía a su accionista único, Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior SL, en causa de disolución con unos fondos propios negativos de 2,4 millones de euros. Precisamente el auditor de Impursa incluyó varias salvedades en su informe por el riesgo de impago “máximo” del accionista único.

Telson, continúa CCOO, cerró 2013 con 2,9 millones de euros de pérdidas. En realidad, el sindicato dice que lleva en números rojos desde 2009 y que su patrimonio neto ha encogido desde entonces una tercera parte, por lo que se encuentra “muy cerca de causa de disolución” –cuando el valor del patrimonio neto es inferior al 50% del capital social–.

Además, la filial de tres60 Grupo ha tenido que solicitar aplazamientos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de un millón de euros en 2012 y de 744.000 euros en 2013, explica CCOO. En 2014 la Agencia Tributaria ha embargado de forma cautelar derechos de cobro y activos líquidos del socio único de tres60 con respecto a Telson, añade el sindicato. Los pliegos del concurso exigen a los licitantes que estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social.

En manos de los servicios jurídicos de Comfersa

Finalmente, otro dato hace sospechar a CCOO de la capacidad de esta empresa para cumplir el contrato con Comfersa. En febrero de 2014 Telson comenzó a ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus 240 trabajadores, que incluyó 10 despidos, una bajada de sueldos y una reducción de jornada equivalente a 35 días por año por asalariado. El pasado diciembre, además, despidió a tres de su máximos ejecutivos.

El contrato para hacerse con la publicidad de estaciones y trenes implica que el adjudicatario deberá subrogarse de los contratos de los empleados de Comfersa que hasta ahora trabajaban en el área de publicidad. Son apenas una quincena. Comfersa tenía cerca de 400 trabajadores que, tras la cesión de los aparcamientos, han quedado reducidos a poco más de 20.

“Los servicios jurídicos de la empresa están estudiando la reclamación de CCOO”, ha explicado por su parte la directora de Ventas de Comfersa, Teresa Escolano a infoLibre. Según dice, Impursa sí facilitó el certificado del depósito de cuentas en el Registro Mercantil antes del 31 de octubre. “A Comfersa”, añade, “no le consta que Impursa/Telson tenga problemas ni con Hacienda ni con la Seguridad”.