El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este miércoles en la comisión de las Corts en la que se investiga la adjudicación de plazas de accesibilidad que haya pedido dinero a ninguna empresa: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho falta, ni para Rus ni para el PP".

Así se ha pronunciado durante una comparecencia en la que los distintos grupos le han recordado el contenido de algunas de las conversaciones que aparecen en el caso Taula, con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, como protagonista. Al respecto, ha lamentado que se haga caso a "un señor prófugo" que se entregó porque se le acabó el dinero. "Si se creen eso, yo no me lo creo, y además mirándome a los ojos, si algún día me mira, si me mira, quiero que me lo diga a la cara".

"Esto es un falacia, es una mentira, pero soy fuerte, aún no me ha cogido un infarto y aguantaremos hasta lo que tengamos que aguantar", ha remarcado Rus, que ha puesto de relieve que él mismo denunció al autodenominado 'yonki del dinero' en enero de 2015.

Tras la comparecencia, ha precisado ante los medios que la primera denuncia que se hizo en el juzgado era por un descuadre de 40.000 euros en caja. "Y fui yo, el diputado responsable, el consejero delegado, el que hizo la denuncia, se mandó carta a la Fiscalía para que en todo momento pudiera entrar en Diputación y viera lo que hiciera falta y ni me han contestado", ha dicho.

Durante su intervención en las Corts ha explicado, acompañado por su abogado, que no respondería a cuestiones que están sub iudice por respeto a la justicia, pero ha aseverado que una vez hable en sede judicial no tiene "ningún problema" en decir "lo mismo o más".

No obstante, sí ha querido invitar a la reflexión sobre la credibilidad que se da a las palabras de Benavent, "un señor que se dice yonki del dinero, que viene aquí y dice que los grupos son unos corruptos y resulta que es un señor que cuando sabe que lo investigan se va fuera y luego le hacemos caso".

"Nunca he tenido miedo a nada ni nadie"

Rus ha asegurado que ha acudido a las Corts "con mucho gusto" pero no sabe a qué, y ante las preguntas de los periodistas ha indicado que "en el PP de la provincia de Valencia, no sé lo otro, no me consta, nunca se ha cobrado ninguna comisión, y si alguien en nombre del partido la ha cobrado se la ha echado al bolsillo":

"Lo digo y lo mantengo, firmamos una póliza presidente, secretario general y gerente, cuando hacía falta dinero y luego se pagaba. Si alguien ha dicho que era para el partido se lo ha quedado él", ha agregado. Sobre las conversaciones en las que se escucha contar dinero, ha dicho que "hablaba el otro, el yonki del dinero" y ha apuntado que ya contestará "cuando tenga que contestar".

Sobre si tiene miedo a entrar en prisión, ha indicado: "Nunca he tenido miedo a nada ni a nadie, pero por prescripción facultativa de mis abogados no hablo y mira que me cuesta":

La de Fitur es ese tipo de sentencias donde pasado y futuro se entretejen. El pasado porque sus 558 páginas suponen un castigo ejemplar a los gobiernos del expresident Francisco Camps, entre 2003 y 2011. Y un futuro de cinco piezas más de la rama valenciana de la Gürtel por juzgarse en la Audiencia Nacional por hechos y mecánicas muy similares. Todo un tiempo político detenido entre las manillas del Hublot de 2.400€ que los cabecillas de la trama regalaron a Milagrosa Martínez por abrirles despachos y expedientes de la consejería de Turismo. Según el fallo emitido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la firma Orange Market, filial aborigen de la trama, fue contratada fraudulentamente para organizar el stand valenciano en diversas ferias de Turismo, sobre todo la de Fitur, entre 2005 y 2009. Un beneficio de 5 millones para la red corrupta.

Facturas falsas y por trabajos no realizados, duplicidad de gastos, troceo de licitaciones para evitar su control e hiper valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Este es el sólido y oscuro andamiaje en que se sustentó la administración valenciana bajo un Partido Popular liderado por Francisco Camps, quien llegó al poder tutelado por Eduardo Zaplana y a quien le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos y muy dóciles a la que penetró con suma facilidad un adulador profesional como Álvaro Pérez, el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo.

Buena prueba de esta permeabilidad son las numerosas adjudicaciones supuestamente irregulares a Orange Market entre 2004 y 2008, que se investigan en la pieza 5, con 27 procesados, entre ellos los exconsejeros de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, y la de Bienestar Social, Alicia de Miguel. Y las piezas 1 y 2 se refieren a la presunta financiación irregular y delito electoral cometido por el PP en los comicios de 2007 y 2008. Nueve empresarios, que ya han reconocido los hechos, recibían adjudicaciones públicas millonarias que retornaban en parte a través de pagos por servicios no realizados a Orange Market, empresa que organizó las campañas del PP, que también habría abonado a la trama 2 millones en B. Esta causa suma 27 imputados, entre ellos el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa.

Por su parte, la pieza 6 aborda los delitos de Orange Market contra la Hacienda Pública. Y la 4 trata la adjudicación a la red corrupta, por parte de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de la sonorización de la visita del papa en julio de 2006 por 7,4 millones, de los cuales, según la investigación, al menos tres acabaron en los bolsillos de la Gürtel. Entre los principales procesados están el exdirector general de RTVV, Pedro García, y Juan Cotino, exvicepresidente del Consell y de Les Corts. La Fiscalía pide 40 años y 10 de cárcel respectivamente.

El presidente en un bólido

¿Y Camps? El expresident que controlaba su partido al milímetro ha conseguido sortear los escollos de la Gürtel pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado Caso de los Trajes. Una causa menor que el entonces presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, desgajó del bloque Gürtel. Una operación con aroma de favor a su “más que amigo”, tal y como lo definió el propio Camps. Finalmente, en enero de 2012, un jurado popular declaró no culpable a ex jefe del Consell y a Ricardo Costa por los mismos hechos, recibir prendas de ropa de la trama con arreglo a su cargo público, por los que Víctor Campos y Rafael Betoret, habían firmado meses antes su culpabilidad, pagado la multa y devuelto las prendas de ropa. Betoret es el mismo que este viernes fue condenado a seis años de prisión por la sentencia de Fitur.

Pero la Gürtel solo es una parte del organismo en descomposición y el escurridizo Camps no ha podido sortear la corrupción a 300 kilómetros por hora de los bólidos de la Fórmula 1. Se trata del caso ValmorValmor, empresa organizadora del gran premio en Valencia y cuya deuda de 45 millones fue asumida de forma supuestamente irregular por la Generalitat Valenciana. Camps sigue cobrando cerca de 50.000€ al año como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, gracias a los privilegios que establece el estatuto de los expresidentes.

Una corrupción de amplio espectro que no ha dejado cajón por abrir ni mano por meter. El converso del zaplanismo al campismo, Serafín Castellano, está imputado por el llamado cártel del fuego, al que benefició con 277 millones en la licitación de la lucha área contra incendios cuando era consejero de Gobernación. O José Luis Olivas, expresidente de Bancaja e investigado por la quiebra del Banco de Valencia, la ampliación de capital del Valencia CF y delito fiscal. Y recientemente condenado a un año y medio de prisión junto a Vicente Cotino, hermano de Juan y uno de los empresarios arrepentidos de la Gürtel, por falsedad documental.

Y cómo no, Rafael Blasco, el consejero plenipotenciario de la era Camps y condenado a ocho años de prisión como cabecilla de una trama que desvió a pisos y garajes 1,6 millones de proyectos de cooperación a Nicaragua. Un fraude cuyo grueso aún está por juzgar, ya que entre 2009 y 2011 también se defraudaron 3,2 millones destinados al Tercer Mundo. Pero hay más. Blasco está investigado por sus contratos durante la etapa en Sanidad, 2006 y 2007. Y junto a él su sobrino Sergio Blasco, quien derivó 24,9 millones a empresas privadas y aparentemente de forma poco lícita. Una familia aficionada al dinero público y a los juzgados. La esposa de Blasco es Consuelo Císcar, imputada por irregularidades en adquisición de obra y contratación de publicaciones durante su etapa como directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Transversalidad y periferia

Y otro gran amante de los bólidos es Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y, según la Guardia Civil, el principal cabecilla de la operación Taula, que estalló el 26 de enero de 2016 y supuso la detención de 24 políticos y empresarios, entre ellos Rus, quien pasó dos noches en el calabozo. Se investiga una red de cobro de comisiones con epicentro en la empresa pública Imelsa, ya desparecida, y con ramificaciones en Ciegsa, la firma pública de la construcción de escuelas y barracones en la época del PP y, sobre todo, el Ayuntamiento de Valencia, con serias sospechas de blanqueo de capitales y financiación irregular durante las campañas de 2011 y 2015.

Un mancha sobre los 24 años de gobierno del PP en la capital a la que se unen los 24 millones en el saqueo de Emarsa y la depuradora de Pinedo y los 3,5 millones que arañó Iñaqui Urdangarín Iñaqui Urdangarína través del Instituto Nóos y por el que está procesado el exvicelalde Alfonso Grau, también imputado en Taula y en el amaño de contratos a favor de la empresa de transporte Transvía a cambio de regalos suntuarios, entre ellos relojes de alta gama.

Una corrupción transversal, periférica, endémica. Los juzgados también investigan un fraude en la gestión del Palau de les Arts, con cinco imputados, entre ellos la exintendente Helga Schmidt. O los 1.300 millones de agujero en la gestión de RTVV. O la operación Flotador, por la que está imputado Alfredo Castelló, exalcalde de Sagunt y hombre fuerte del PP en el actual grupo parlamentario. Y también, vicio o inercia, el nombre de Valencia y el Partido Popular aparecen unido en ramificaciones de causas transfronterizas como la Púnica o Acuamed.

Y Alicante y Castellón. El decano de los políticos del PP entre rejas fue Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, quien cometió falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de la basura. Un asunto nada secundario en el sur, ya que de la gestión de los deshechos urbanos en Orihuela fermentó el caso Brugal, que cuenta con una ramificación de 20 piezas y con dos exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, procesados junto al todopoderoso empresario Enrique Ortiz, otro de los nueve empresarios confesos de financiar al PP en la trama Gürtel. Y al norte, en Castellón, Carlos Fabra salió de prisión en tercer grado tras defraudar cerca de 700.000€ a Hacienda entre 1999 y 2003 y tras no haber declarado 3,3 millones. Pero hace unos días volvió a pisar un juzgado como imputado por un presunto delito de soborno en un patrocinio relacionado con la empresa Aerocas, que construyó y gestiono durante años el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Toda una época y un territorio atascado en un Hubolt de consejera condenada a nueve años de cárcel. Un mínimo detalle suntuario en la arqueología aún por venir de la gran civilización de la gloria y el delito.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de instruir el caso Imelsa, investiga en una pieza separada, la C, al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, por una operación mercantil para blanquear dinero obtenido de comisiones ilegales a través de sus empresas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En esta pieza, que permanecía secreta hasta ayer junto a la principal del caso, también está investigado un empresario, Jaime Cabot, por un delito de blanqueo de capitales.

Según Europa Press, el juez investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM −sociedad familiar de Rus−, la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

En este asunto, el instructor estima que podría haber una operación “simulada” con la adquisición por parte de Geneva −por 1.800.000 euros− de un total de 50 participaciones que Arteinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros.

Según recoge el auto, “existen indicios racionales” de que la primera operación, la constitución de Arteinvest −carente a lo largo del tiempo de toda actividad− para adquirir las acciones de FDM, “también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo de dinero que el grupo investigador relaciona como presuntamente procedente de la actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño del cargo de Rus como alcalde de Xàtiva”.

La pieza C se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa. En ella están investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.

Europa Press informa de que en el caso Imelsa hay más de cien investigados −personas físicas y jurídicas− por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación −a través de la empresa Imelsa−, Ayuntamiento −a través de la Concejalía de Cultura− y Generalitat −a través de la empresa Ciegsa−.

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal y cinco piezas separadas.

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus negó tajantemente que cobrara algún tipo de comisión ilegal o que existiera una caja B caja B en el Partido Popular. Fue un paso más y cargó contra Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, empresa pública de la corporación provincial, sobre quien dijo que era el responsable de la contratación en la entidad.

Rus compareció este viernes en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia para declarar como investigado en una de las piezas del caso Imelsa, la relativa a los zombies –personas contratadas que cobraban y no iban a trabajar y otro personal que se benefició de finiquitos desorbitados–.

Alfonso Rus llegó a los juzgados, acompañado de uno de sus letrados, sobre las 10.45 horas, donde le esperaban decenas de periodistas que le preguntaron por las presuntas comisiones y contrataciones irregulares en Imelsa. Pese a que insistió en que atendería a los medios a su salida del juzgado, sí quiso contestar a una pregunta, la relativa a comisiones. E ironizó con que se las repartían "en el coche y en el avión".

Estuvo declarando durante poco más de diez minutos puesto que tan solo quiso responder a las preguntas de sus letrados. Su intervención se basó en negar cualquier tipo de responsabilidad en relación con la contratación en Imelsa y ha descargado la culpa sobre Benavent.

En concreto, ante el juez, señaló que "jamás" ordenó que se contratara a nadie en Imelsa y "menos" a personas que cobrasen sin ir a trabajar. "No lo habría permitido ni consentido", aseveró. También dijo que del tema de la contratación se ocupaba Benavent y recordó que lleva trabajando "toda" su vida y que llegaba a la Diputación a las 7 y se iba a las 22 horas, informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Sobre Benavent, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que si Imelsa hubiera sido una empresa de su propiedad, "la hubiera liquidado": "El es el que contrataba y el que tiene que decir qué amigos y conocidos entraron" a trabajar en la entidad. "Y luego lo tendrá que demostrar", aseveró.

"Yo ni contrataba, ni despedía ni hacía seguimiento de los trabajadores. Yo no entraba en eso", insistió. Preguntado por el pago de la nómina a un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol del que fue presidente, señaló que "sería porque trabajaría, ¿no?".

Comisiones y 'caja B'

Por otro lado, y pese a que la investigación se instruye en una pieza separada del caso Imelsa, Rus se refirió en declaraciones a los periodistas al presunto pago de comisiones ilegales y a la existencia de una caja B en el PP.

Preguntado por estos temas, señaló que él desconoce la existencia de ninguna caja B: "Totalmente niego la caja B", puntualizó. Y sobre el reparto de comisiones que le achaca Benavent, indicó que éste "es un hombre que cuando supo que iban a por él, se fugó, estuvo fuera tres o cuatro meses, y cuando se le terminó el dinero, se vino; pactó no sé con quién y a partir de ahí ha venido con la coleta, el pendiente, dijo que era yonki...", con lo que cuestionó su credibilidad.

En concreto, sobre el reparto de comisiones ha indicado: "Yo nunca en la vida he tocado ni una. Eso era él –en referencia a Benavent–. Lo ha dicho él que las cobraba". Así, volvió a negar que contara billetes de comisiones en un coche con Benavent: "Ya dije en su momento que no era yo. No sé quién era. No era mi voz", en relación con unas grabaciones que le señalan.

"Yo –añadió– he estado dos noches en un calabozo y él –Benavent– que dijo que había robado, no ha estado ni un día. Entonces a partir de ahí...". Preguntado por si piensa denunciar al exgerente de Imelsa, aseveró que "ya llegará".

Tras defender su inocencia, interpelado entonces por qué se encontraba investigado en esta causa, ha respondido: "Yo que sé. Me llaman porque han hecho caso a una persona, a Benavent, y tienen que averiguar si lo que dice es verdad". Interpelado por si considera que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería estar imputada en este procedimiento, dijo: "Rita será Rita. Yo voy a lo mío, que ya tengo bastante".

Con todo, Rus aseguró que explicará "todo" cuando se abra el secreto de sumario de la pieza principal, pero insistió en su inocencia mientras un grupo de personas le tachaban de "corrupto, chorizo y ladrón" a su salida del juzgado.

Previamente a Rus estaba citado en el juzgado su exjefe de gabinete Emilio Llopis, quien se acogió a su derecho a no declarar. Para la próxima semana está previsto que arranquen las declaraciones de otra pieza del caso Imelsa, la del contrato del call center, y el viernes comparecerá de nuevo en el juzgado por este motivo Rus.

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ironizó a su llegada a los juzgados, donde está citado este viernes a declarar por el caso Imelsa, con que se repartían comisiones ilegales "en el coche y en el avión".

Rus llegó sobre las 10.45 horas a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde debe declarar en el Juzgado de Instrucción número 18 por la pieza del caso Imelsa conocida como de los zombies, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores en la empresa pública.

Alfonso Rus, que iba acompañado de su letrado, afirmó ante decenas de medios de comunicación a los medios que le esperaban que haría declaraciones tras concluir su interrogatorio en el juzgado.

Sin embargo, sí quiso responder a una pregunta que se le ha efectuado relativa al reparto de comisiones ilegales. Al respecto, interpelado por si es cierto, tal y como aseguró este jueves el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que se repartían comisiones en la Diputación, ironizó: "En el coche y en el avión".

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha sido recibido a su llegada a un acto en Alfafar (Valencia) tanto por ciudadanos que le han dado ánimos al grito de "presidente", como por detractores, que le han llamado "ladrón" y "corrupto".

Rajoy ha mantenido este miércoles en la Casa de la Cultura de Alfafar una reunión con representantes de la educación concertada, pertenecientes a la Mesa por la Educación en Libertad. También tiene previsto dar un paseo por las calles comerciales de la localidad.

A su llegada al encuentro, los ciudadanos que aguardaban al líder del PP han mostrado opiniones diversas. Así, mientras un grupo le ha recibido con gritos de "presidente, presidente", otros le han reprochado los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana con expresiones como "ladrón, corrupto y chorizo".

Además, un pequeño grupo de personas ha simulado contar en voz alta y en valenciano billetes en referencia a la grabación incluida en el caso Imelsa en la que presuntamente el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus contaba dinero procedente de 'mordidas', al tiempo que han lanzado sobres al aire.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha denunciado después los "ataques" que se están produciendo a la educación concertada en algunas autonomías y ha advertido a los socialistas de que "pactar" con radicales "solo sirve para acabar devorado por ellos".

Así se ha pronunciado Mariano Rajoy tras reunirse en Alfafar con representantes de la educación concertada de la Comunidad Valenciana, pertenecientes a la Mesa por la Educación en Libertad. Previamente, Rajoy ha visitado la empresa Air Nostrum en Quart de Poblet, actos en los que ha estado acompañado por la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el PP está a favor de la "calidad" de la educación, "lo que significa estar a favor de la educación pública y concertada". "No es bueno esa escuela única de la que se habla", ha manifestado, para añadir que la escuela tiene que ser "plural", como "plural y distinta es la sociedad española".

Rajoy ha defendido la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y ha recordado que la libertad educativa está recogida en el artículo 27 de la Constitución. "Pero es que además es algo consustancial al ser humano", ha proclamado, tras asegurar que "no hay nadie que pueda pasar por encima de los padres para imponer el modelo educativo".

En su intervención, Rajoy ha señalado además que el objetivo de crear más empleo está unido a la educación y la formación, ya que hay nuevos puestos de trabajo que se crearán en el futuro que pueden estar ligados a la revolución tecnológica y digital. Por eso, ha asegurado que hay que dedicar el mayor apoyo presupuestario posible a la educación.

A renglón seguido, ha situado como objetivos "capitales" de los próximos años mejorar la formación del profesorado, sobre todo en la materia digital, y apostar por los idiomas y la formación profesional. Además, ha hecho hincapié en que la formación profesional dual se generalice como ya ocurre en países como Alemania o Austria.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau afirmó este jueves que "nunca jamás" blanqueó dinero, al mismo tiempo que señaló que si se demuestra que hubo alguna irregularidad el Ayuntamiento de Valencia y el grupo municipal, la exalcaldesa de la ciudad y actual senadora del PP, Rita Barberá, debía conocerla.

"Si se pidió una cuota extraordinaria para ayudar a los gastos de campaña, qué cosa más natural que el que encabeza la lista sea el primero en ponerla", dijo Grau, preguntado acerca de la presunta financiación irregular de la campaña del PP de Valencia para las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo.

Actualmente se está investigando judicialmente si el PP valenciano ofreció a varios exconcejales populares entregar dinero al partido que, presuntamente, se les devolvería con posterioridad.

"Me cuesta mucho trabajo creer que no se pueda conocer una cuestión de esta entidad si es que eso sucedió", manifestó, preguntado sobre si Barberá estaba al corriente de estas actividades que, en teoría, se llevaron a cabo en el marco de la campaña electoral.

Eso sí, Grau dijo desconocer quien les hizo este ofrecimiento alegando que antes de que se iniciará esta campaña electoral, en marzo de 2015 –tras ser procesado por el caso Nóos–, abandonó el grupo municipal y dimitió de su cargo: "Lo que ha podido suceder luego lo ignoro completamente", enfatizó.

De aportaciones al blanque, "un abismo"

En cualquier caso, ve "normal" que algunos compañeros del partido aporten dinero ya que, según ha defendido, esto no constituye ningún delito: "Yo no aporté nunca pero si otros lo hicieron voluntariamente pues me parece muy bien", recalcó, incidiendo en que "de eso al blanqueo va un abismo" y destacando que en campañas anteriores no se pidió dinero "a nadie".

Aunque el exvicealcalde valenciano ve "increíble" que haya podido realizarse cualquier financiación irregular del PP de Valencia, instó a que si se detecta algo "se aclare" y, a raíz de eso, "que cada cual cargue con su cruz" y se asuman responsabilidades. Además, Grau manifestó que si en algún momento él cometió alguna actividad irregular, fue sin "conciencia".

En este sentido, aseguró que se siente "perplejo" y que no entiende "que haya podido suceder una cosa así" al mismo tiempo que ha dicho estar "dolido" porque no ha sentido "el apoyo y el calor" de sus compañeros de partido desde que a él le imputaron en el caso Nóos.

Arantxa Martí es "íntegra"

Por otro lado, preguntado sobre las declaraciones de la exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia Arantxa Martí, quién dijo que se negó a dar 1.000 euros porque "era blanqueo claramente y un tema turbio", Grau insistió en que ella es una persona "íntegra, honorable y cabal".

Martí, declaró como testigo en el marco de la operación Taula, aseguró que decidió no hacer esta donación con la que, presuntamente, el partido financiaba la campaña electoral.

La exasesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Arantxa Martí aseguró este martes que se negó a donar 1.000 euros al partido como le pidieron porque "era blanqueo claramente y un tema turbio" con el que decidió no colaborar.

Así lo manifestó este martes a los medios a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix, donde declaró como testigo en el marco de la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Martí, que fue asesora del exvicealcalde Alfonso Grau, explicó que ha llegado como testigo y se va con la misma condición ya que se negó a participar en las presuntas donaciones que concejales y asesores hacían para la financiación del PP. Así, comentó que no participó porque no le "gustó el tema" debido a que "era blanqueo claramente y les daban instrucciones para ello".

Preguntada por si no siguió trabajando con los populares por temor a represalias, respondió que "no esperaba seguir en cualquier caso, pero era un tema turbio" y no quiso "colaborar". "Era un tema de no participar en el delito, hice lo que me dictó la conciencia", manifestó.

Hasta estas depedencias se acercaron también para prestar declaración el exedil de Educación Emilio del Toro, quien aseguró que esta operación le pilló fuera de Valencia, dijo desconocer el motivo por el que está citado como investigado –antigua figura de imputado– y ha evitado decir si le habían pedido los 1.000 euros.

"Esto afecta a gente que no tiene nada que ver"

Asimismo, por el cuartel también pasaron arquitectos citados para declarar por la construcción de campos de fútbol de césped artificial, que está bajo investigación. Uno de ellos atendió a los medios para asegurar que solo se dedicaban a decir "si el control de calidad del botecito de la pelota era el adecuado o no" y ha justificó que por su parte no había "ningún interés" en este caso.

Estos técnicos, que dirigieron las obras de los campos de fútbol de Chella y Navarrés, desconocen si las constructoras tenían intereses en estos proyectos pero ellos niegan que cobraran "mordidas" y lamentan que "esto afecta a gente que no tiene nada que ver", según la declaración del que ha hablado a los medios.

Si existe un color más negro que el negro es con el que se pinta la pasada semana del Partido Popular valenciano. El martes una macro redada anticorrupción dejó 33 registros simultáneos, 24 detenidos y fianzas por responsabilidad civil entre 15.000 euros y dos millones. Un ciclón de 9 juzgados de instrucción al unísono que llevó al calabozo durante 60 horas a la cúpula de la Diputación de Valencia, con su expresidente Alfonso Rus a la cabeza, y destacados miembros del PP local de Rita Barberá y el Consell que dirigió Francisco Camps. Un lienzo de financiación irregular del partido y blanqueo de capitales como lúgubre paisaje de fondo. Un circuito de tuberías a modo de vasos comunicantes en un PP que gobernó sin fisuras ni finuras los años fértiles del asfalto y hormigón.

Las evidencias más sólidas llegaban el jueves con el desfile por los cuarteles de la Guardia Civil de 50 cargos del PP en el Ayuntamiento entre concejales, exconcejales y asesores. Todos imputados (ahora investigados), sospechosos de haber ingresado 1.000 euros cada uno como donación a las cuentas del partido durante la última campaña de las locales. Un dinero que, al poco, habrían recuperado con dos billetes de 500 euros en mano. “Una organización criminal”, según las primeros escritos judiciales, que se volatilizó la tarde del jueves cuando desde Génova disolvieron la agrupación local y anunciaron una Gestora que se creará a lo largo de esta semana.

Son los primeros y contundentes pasos judiciales de una causa bautizada como Taula (mesa en valenciano) y bajo secreto de sumario. El grueso de las instituciones valencianas en la época del PP estarían implicadas en el objetivo común de adjudicar contratos de obra a cambio de comisiones entre el 3 y el 10%. Una parte habría ido a las cuentas del partido y otra a los intermediarios. Los siguientes perfiles recogen, por ahora, los principales protagonistas.

Rosa Pérez Garijo. La diputada d'Esquerra Unida que destapó la trama

Cuando Rosa Pérez Garijo llegó a la diputación en 2011 comenzó a revisar expedientes. Todos ellos, según reconoció a InfoLibre, tenían un denominador común: “No había uno solo que no contara con alguna irregularidad”. Eso se traducía en sobrecostes, modificaciones fuera de la ley, falta de cobro de sanciones (“32 millones en siete años”) e incluso adjudicaciones sin contrato. Un reguero de opacidades que se remonta a 2003 y que la oposición no quiso fiscalizar. “Había técnicos que me decían que acudieron con pruebas y documentos a la oposición y estos no movieron un dedo”, denuncia Pérez Garijo sin dar nombres de personas ni siglas. “A la Diputación, me decían, se viene a sacar dinero para tus ayuntamientos y no a meterse en líos”, denuncia la diputada.

Pero ella se dedicó a atizar la madeja, que resultó ser un avispero. Y se quedó sola en mitad de los plenos broncos en los que Rus llegó a amenazar con echarla “de una patada”. También recibió insultos y gritos en los pasillos y hasta un intento de registro a su despacho. Paralelamente iba recabando información de llamadas, algunas anónimas, y filtraciones. Hasta que en mayo recibió 10 horas de grabaciones: “La pieza que daba coherencia al puzle”. Aunque las conversaciones eran de 2005 y 2006, un año antes de la llegada de Alfonso Rus a la Diputación, se constataba la preparación del salto a la corporación provincial “porque estaba fuera del foco, lejos de las cámaras, un terreno donde era fácil hacer sin ser visto”. Y en aquellas grabaciones también quedaban patentes las mordidas de partidas del Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá.

Pérez Garijo denunció los hechos el 31 de julio de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción. Y la investigación siguió su curso hasta que el caso estalló en marzo de 2015 y se llevó por delante a Alfonso Rus, suspendido de militancia. Diez meses después, las diligencias, tras el palazo de la semana pasada, siguen excavando un pozo turbio hacia las entrañas del PP que parece no tener fin.

Marcos Benavent. El “yonqui del dinero” que superó el síndrome de abstinencia

Vive retirado en el secano cerca de Xàtiva y se dedica a la agricultura ecológica y la meditación. No quiere saber nada de un caso en el que ha sido mecha, cerilla y elevada porción de dinamita. En 1995 fue concejal de Juventud en la Xàtiva de Alfonso Rus, quien lo ascendió a Fiestas. De allí saltó a la consejería de Cultura y a la Fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, uno de los detenidos, entonces marido de María José Alcón, la también arrestada exconcejal del Ayuntamiento de Valencia. Pero Benavent regresó en 2007 al círculo cercano de Rus, quien le nombró gerente de Imelsa (la empresa pública mejor dotada de la Diputación) y recadero de confianza, según la investigación, para el pago y cobro de comisiones. Todo a través de dos empresas pantallas sin plantilla: Berceo Mantenimientos y Spartaki Sinergies, que facturaban a terceros por trabajos no realizados.

Benavent, “un verso suelto dentro del PP”, según Pérez Garijo, vivía como un “yonqui del dinero”, tal y como el mismo reconoció, y con el susto en los huesos. Por eso grababa todos sus encuentros con un dispositivo incrustado en su reloj e instaló inhibidores de frecuencia en su despacho. Medidas insuficientes para evitar que su exsuegro, Mariano López (detenido y con una fianza de 500.000 euros), histórico jefe de la patronal de Xàtiva, le robara parte de ese material y, supuestamente, lo hiciera llegar a Pérez Garijo. Una forma de extorsión después que Benavent se divorciara de su hija y, sobre todo, bloqueara desde Imelsa los 35.000 euros mensuales que López percibía como gestor del jugosísimo call center tributario de la Diputación.

En diciembre de 2014, Benavent desapareció con al menos dos discos duros de Imelsa. Se sabe que estuvo en Ecuador, Japón y Holanda y que regresó tras el estallido del caso para colaborar con la justicia. “Va a salir mierda a punta pala”, anunció a las puertas de los juzgados el pasado 26 de mayo, convertido en una especie de yogui hipster de barbas blancas, ropas anchas y aparatosa gestualidad budista.

Alfonso Rus. El contador de billetes de 1.000 euros

Aquella grabación contando dinero, hasta “dos millones de pelas”, fue su epitafio. Salió a la luz pública en vísperas de las elecciones autonómicas y dejó al PP amputado en su credibilidad. Hasta entonces Rus jugaba a disputarle el control del Partido a Alberto Fabra. La lucha por el carisma la tenía ganada. Y contaba con el apoyo de Rita Barberá y con la simpatía de Mariano Rajoy. Para Rus, la Diputación, única institución solvente en tiempos de crisis, era su mejor cartel. Tras ella había dinero contante y sonante para adjudicar a afines y inyectar vida al partido. De ahí su buena consideración interna.

Rus fue el último en abandonar los calabozos la semana pasada. El fiscal solicitó su ingreso en prisión, pero el juez no percibió ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Finalmente se le impuso una fianza de dos millones por responsabilidad civil. Un millón más que a Emili Llopis, su jefe de gabinete, y Juan José Medina, exvicepresidente encargado de Cooperación, que en lenguaje del PP valenciano se refería a la transfusión de dinero a los ayuntamientos. Y es ahí donde está el alma del supuesto desfalco. Desde la diputación se presupuestaban partidas multimillonarias para implantar césped artificial o bombillas leds (bajo consumo). Unas operaciones que no se licitaban (por lo que no existía publicidad ni libre concurrencia), sino que se imponían a los consistorios a través de una central de compras donde operaban empresarios concretos. En 2008 se adjudicaron 32 millones para el césped a Hermanos Doménech y Benigrass, sin recorrido en el sector y en manos de Vicente Cuquerella, dueño del 37,2% del edificio donde está la sede del PP valenciano. Y en 2012, por el asunto de las leds, fueron 38 millones a Inelcom, de Vicente Quilis, íntimo de Rus.

La investigación judicial llevada a cabo por la Fiscalía y agentes de la UCO de la Guardia Civil creen que buen parte de las mordidas salía de contrataciones de este tipo.

David Serra. La conexión con el Consell de Camps

Fue uno de los secundarios con más poder en la época del PP de Francisco Camps. Diputado autonómico desde 1999, Serra dimitió en septiembre de 2014 tras ser procesado en la ramas de la Gürtel que investigan la presunta financiación ilegal del PP valenciano también asociada a un supuesto caso de delito electoral. Se le le investiga fundamentalmente por su etapa como secretario autonómico de Deportes cuando, en el marco del Open de Tenis de 2007, y según el juez, troceó contratos para evitar el concurso público y asignarlos a dedo a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta. Durante la operación Taula, Serra fue arrestado y salió en libertad con cargos y con una fianza de 15.000 euros.

En el ámbito del Consell también destaca otro arrestado con pedigrí, Máximo Caturla, uno de los vicepresidente de Rus en la Diputación y gerente de Ciegsa, la empresa dependiente de la consejería de Cultura y dedicada a la construcción de escuelas. Caturla fue su gerente entre 2004 y 2006 y dejó una huella de 91 millones en sobrecostes, a los que habría que sumar 909 hasta llegar a la profundidad completa del agujero que midió hace unos días la última auditoría de la Intervención General. El magistrado de Instrucción 18, al frente de la diligencias por la Operación Taula, dejó a Caturla en libertad con cargos y con una fianza de 2 millones.

María José Alcón y Mari Carmen García Fuster. El camino recto hacia Rita Barberá

María José Alcón, exconcejal de Cutlura en el Ayuntamiento de Valencia aparece en las grabaciones de la trama, fue una de las arrestadas la semana pasada y quedó en libertad con cargos tras 150.000 euros de fianza. En las conversaciones se le escucha negociar con Benavent presuntas comisiones de hasta 9.000 euros en adjudicaciones a obras por valor de 1,5 millones. Según la investigación, las mordidas más voraces se efectuaron en obras de referencia para la ciudad como la rehabilitación de las Torres de Quart, la peatonalización del puente de los Serranos o la edificación del centro cultural La Rambleta. Y también se habría aplicado la mandíbula en eventos como la Mostra de Valencia de 2005 y 2006, en la que uno de los contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcadesa.

De hecho, Barberá, no tuvo más remedio que prescindir de Alcón como asesora en abril de 2015, tras la publicación de estas conversaciones comprometedoras en las que, además, se hablaba de “La Jefa”, apelativo con el que, teóricamente, se referían a la propia Barberá. De hecho, el grupo municipal era territorio abonado para los motes. “La Lavadora” es como se conoce a Mari Carmen García Fuster, secretaria de Barberá desde 1991 y dueña de las cuentas del partido hasta su detención el pasado martes. Un hilo contable que acabó por dejar al desnudo la totalidad del grupo y con 50 imputados señalando a una posible 51: Rita Barberá, aforada como senadora territorial hasta el momento.

“Entre que soy bajito y no me das voz, no me ven” decías en una de tus famosas performances ante un público entregado. Niego la mayor acerca de la estatura menor. ¡No eres consciente de lo mucho que has crecido como personaje principal en esta serie valenciana a la que estamos perdidamente enganchados! Enganchados, concretamente, por esa parte dolorosa del dinero público.

Fue al escuchar el documento amoroso recuperado por Maldita Hemeroteca, aquel mitin de 2007 en el que Rajoy te gritaba: “Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero”, que empecé a tararear inconscientemente a Nino Bravo, uno de mis grandes ídolos desde la niñez. ♪“Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin, te querré” ♪, cantaba Nino enamorado, sin incorporar un solo “coño” a su letra, eran tiempos más recatados y las pasiones no admitían exabruptos.

Como PAS –persona altamente sensible– que soy, me puse nostálgica perdida y del “te quiero” pasé a repasar mentalmente todo el repertorio de preciosas canciones que nos dejó Nino a lo largo de su carrera tristemente breve. Y, tan fascinada estoy por tu personalidad y tu impagable historia, tan entregada me hallo, Alfonso, cual Reina del Sur al Chapo, que todo lo que Bravo cantaba me recordaba a ti.

Y si te oía decir: “Me considero inocente totalmente”, como si siempre hubieras estado al servicio de los valencianos, queriéndolos desinteresadamente y dándolo todo por ellos, resonaba en mi cabeza la letra de “te acuerdas María, que yo te quería...” pero me frenaba en seco al llegar a la estrofa en la que Nino entonaba: ♪ “Por los pastizales robaba tus besos”♪, pensando en lo maravilloso que habría sido que, lo presuntamente robado, fuera un puñado de besos y no unos pastizales de millones de euros por la vía rápida de la prevaricación, la malversación, el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo.

Luego leía en El Mundo que la Guardia Civil busca en Brasil y Panamá dinero desviado y proveniente de presuntas comisiones ilegales y mi cerebro volvía a arrancarse inconscientemente a tararear a Nino:

♪“Todo un inmenso jardín eso es América” ♪. Y te imaginaba, Alfonso, entusiasmado, contando billetes que volaban hacia el paraíso: ♪“Cuando Dios hizo el edén, pensó en América”♪.

Después, repasando tus afirmaciones de otro tiempo:“ Los comunistas que me han denunciado saltarán por los aires” irritado y sabedor de que estabas en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, con esa idea de que nadie debería a atreverse a moverte del sillón de varias plazas que ocupabas desde hace tantos años, recordé la letra de Esa será mi casa y a Nino cantando seguro y convencido:  

♪ “Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella”♪

Días después, salieron a la luz las oscuras grabaciones de tu ex mano derecha Marcos Benavent, “el yonqui del dinero” que dejó de vivir en la inconsciencia, asegura, para introducirse en la vía mística a través del yoga, el tantra y la agricultura ecológica, en un inmenso alarde de flexibilidad.

Benavent pasó de yonqui a yogui en cero coma, y de tocar las arcas públicas a cantar ante el juez. Entonces recordé aquel otro éxito de Nino cual premonición musical del futuro Marcos:

♪“Tu cambiarás, cuando sepas distinguir el bien y el mal”♪ y suspiré conmovida.

Veremos hasta donde alcanza la investigación que, de momento, ha provocado la disolución del PP de Valencia para ponerlo en manos de una gestora. Y confiaremos en que el tiempo responda a algunas preguntas, por ejemplo estas dos:

1.- ¿Hasta qué punto Rita Barberá estaba a por uvas de lo que se cocía en la paella de su propia cocina?

Este desconocimiento sería una señal inequívoca de carencia de esa supuesta virtud típicamente femenina que es la intuición. Quizás Rita sea como la Noelia de Nino: ♪ “una chica que es igual pero distinta a las demás”... ♪

2.- Y como aseguras que todo esto es un montaje... ¿Aclararás, con el mismo lenguaje de prensa del corazón, si fue un posado o un robado?

Seguiremos de cerca el desarrollo de este triste musical levantino. Si Nino representaba el talento y el poderío de la voz mediterránea, orgullo valenciano para sus paisanos, la banda desafinada de personajes que durante años habéis jugueteado, presuntamente, con la traca de la corrupción sin miedo alguno a que pudiera estallaros en las manos, sois la cara B de una tierra maravillosa a vuestro pesar.

Hastiados de tanto mangoneo, solo nos queda desear que la Justicia camine ♪ “sin cesar, detrás de la verdad” ♪ y que ningún culpable pueda entonar ♪ “Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar” ♪.

Eso sí será como para celebrarlo, aunque sea sin champán y mujeres.

NOTA DE LA AUTORA: Recomiendo la lectura del artículo con los éxitos mencionados de Nino Bravo de fondo, por ponerle algo de arte a una historia tan chusca pero, sobre todo, porque escuchar al gran Nino siempre es un gustazo.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá subrayó este viernes que durante sus 24 años al frente del Ayuntamiento "no se ha amañado ningún contrato" que ella sepa, ni tampoco hubo "ninguna mordida para financiar ilegalmente nada" y aseguró que está dispuesta a colaborar con la Justicia.

"Después de 24 años de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia no se ha amañado ningún contrato, lo digo y lo repito, que yo sepa no se ha amañado ningún contrato ni ha habido ninguna mordida ni ninguna desviación para financiar ilegalmente nada", dijo en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press.

Barberá recalcó que ella está dispuesta a colaborar con la Justicia y a respetar las resoluciones judiciales, pero se declaró "tremendamente asombrada y sorprendida" por lo que esta leyendo, porque parece que el secreto de sumario no se aplica y por la "avalancha de acusaciones" que parecen haberla "condenado mediáticamente".

Además, afirmó que está asistiendo a la operación Taula, en la que fueron detenidos varios excargos del PP y excolaboradores suyos, "con mucho dolor por el sufrimiento que está produciendo" y que hasta ahora ha querido "mantener un discreto silencio".

En ese sentido, se mostró sorprendida porque se haya mezclado el Ayuntamiento de Valencia con el caso Imelsa –por el que ya se investigaba al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus–.

La ex alcaldesa popular quiso destacar destacar que en el Ayuntamiento los contratos los adjudica la mesa de contratación, formada por altos funcionarios cuya "honorabilidad y profesionalidad" hay que respetar, y que, por decisión del equipo de Gobierno, tenía un carácter "fundamentalmente técnico".

"Le aseguro a usted que la alcaldesa no ha adjudicado un contrato a dedo en su vida, que no ha habido ninguna mordida ni ningún amaño en el Ayuntamiento de Valencia", insistió. Tampoco se "inflaban" los contratos para repartirse el sobrante, aseguró.

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acordó la libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; y el exvicepresidente de la Diputación y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y recogió Europa Press.

El juez decretó medidas cautelares para los cuatro, que tendrán la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Además, fijó fianzas de 2 millones para Alfonso Rus, que se acogió a su derecho a no declarar, y para Máximo Caturla. En el caso de Llopis y Medina, la cifra es de un millón de euros para cada uno. El alto tribunal valenciano recuerda que estas cantidades son para garantizar la responsabilidad civil en caso de una eventual condena.

Se trata de cuatro de los pesos pesados de las 24 personas que fueron detenidas el pasado martes en la denominada operación Taula –hay además otros cinco investigados–, que se centra en una presunta trama de corrupción en torno al PP valenciano y a la empresa pública Imelsa.

Tras comparecer ante el juez, los 24 detenidos en la operación Taula mantienen la condición de investigados –nueva denominación de los imputados– por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico influencias. En el caso de 22 de ellos, se han acogido a su derecho a no declarar.

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano, y también al blanqueo de capitales, según ha podido saber Europa Press.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos –hay 24– están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas señalaron que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

Rita Barberà

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado popular Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advirtieron.

El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se pronunció ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcó que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.

La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas –ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat–que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado caso Imelsa.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Ámbito mayor

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública –entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales–.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a los siete detenidos en el marco de la operación Taula que este miércoles han prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ha recogido Europa Press.

El juez ha impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados. Es el caso del ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos; y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.

En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.

Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y dos arquitectos.

El juez mantiene para todos ellos la condición de investigados –nueva denominación para los imputados– para todos ellos por en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Este martes, el juez ya dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros a la exconcejal Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y le impuso el embargo de sus bienes como medida cautelar.

Otros seis arrestados, a disposición judicial

Tras un receso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha comenzado a tomar declaración a otros seis arrestados en la causa. Se trata de seis empresarios, uno de ellos, de Castellón.

En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

La operación se saldó con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que hay otros 5 investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

El Juzgado de Instrucción 18 continuará con las declaraciones este jueves, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.

En total, se han practicado 33 registros en las tres provincias de la Comunidad, tanto en domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), como la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) o la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es muy poco dado a las entrevistas. Pero este miércoles, 24 horas después de que la investigación de la Operación Taula en la Comunidad Valenciana volviese a golpear con fuerza a su partido, accedió a conversar durante una hora en El programa de Ana Rosa (Telecinco). Aunque negó que este escándalo que hasta la fecha se ha saldado con una treintena de detenciones, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, entre otras, vaya a afectar a las negociaciones de cara a la investidura, su presencia en el plató apuntaba justamente a lo contrario. 

Rajoy admitió una vez más que la corrupción ha hecho mucho daño al PPla corrupción ha hecho mucho daño al PP. Subrayó que su partido ha actuado con contundencia, que ha tomado medidas y que ha dejado trabajar a los jueces. Para los conservadores, la mayor prueba de la no injerencia del Gobierno es que precisamente salte este escándalo cuando se está negociando la investidura del futuro presidente.

El presidente fue preguntado por algo que preocupa, y mucho, en el PP: la posible imputación de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y ahora senadora, y el diputado Gerardo Camps. "Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", dijo, si bien recordó que cualquier persona acusada será apartada del partido. En este sentido, subrayó que Rus ya fue apartado de hace meses.

Rajoy dijo desconocer las novedades judiciales del caso Rato. Y, sobre el que afecta al borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, sólo pareció tener claro que la tesorera del PP, Carmen Navarro, tiene que ir a declarar en calidad de investigada, antes imputada.

Y es que, sobre el hecho de que el PP esté investigado en esta causa, antes imputado, dijo tras algunos rodeos que no había visto el auto y que, por ello, no podía asegurar si en realidad es así.

Ofertas para comunidades y ayuntamientos

En lo que tiene que ver con los pactos de cara a la formación de Gobierno, siguió dejando la pelota en manos de Pedro Sánchez. De él depende, dijo, que haya un Ejecutivo estable, con PP y Ciudadanos, o inestable, con Podemos y los nacionalistas.

Rajoy desveló que tras la primera reunión que mantuvo con Sánchez para buscar acuerdos lo ha intentado una vez más y el socialista se negó.

Por primera vez en un mes, el presidente hizo una oferta concreta. Si el PSOE le apoya, él está dispuesto a que el PP facilite la gobernabilidad en las comunidades y ayuntamientos. Es decir, a auxiliar al PSOE en aquellas instituciones en las podrían verse afectadas sus relaciones con Podemos.

Como ya viene haciendo en las últimas semanas, dejó claro que el candidato del PP sigue siendo él. Y que si hay nuevas elecciones, también quiere serlo.

"Buenos días, alcen las manos del ordenador y levántese lentamente". Así irrumpió este martes, a las 10.00 horas, la Guardia Civil en el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Fue uno de los 33 registros simultáneos que se realizaron en el marco de la Operación Taula (nombre que proviene de la Taula de Canvi, la mesa de divisas del siglo XV en la Corona de Aragón) que culminó, según fuentes judiciales, con 24 detenidos (hay 29 imputados), 252 cuentas corrientes bloqueadas y el embargo de 150 vehículos de alta gama.

El principal arrestado fue Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) con el Partido Popular. Además de su domicilio, se registraron las oficinas del Olímpic de Xàtiva, club de fútbol del que ha sido máximo dirigente en dos ocasiones, y el almacén de telas de la firma de ropa Steffano Russini, que dirige junto a su esposa. Rus está en el centro de una supuesta trama de cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales entre 2004 y 2009 con la Diputación de Valencia como telón de fondo. La conversación difundida en mayo de 2015 por la Cadena SER en la que se le escuchaba contar billetes, "dos millones de pelas", provocó un terremoto político que dio al traste con su carrera. En aquella grabación también se oye la voz de Marcos Benavent, hombre clave en la investigación.

Benavent fue mano derecha de Rus y concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Xàtiva. Tras un breve amago de retirada de la política, regresó en 2007 como gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), empresa pública de la Diputación con un presupuesto anual de 25 millones y dedicada, en buena parte, a la organización de brigadas rurales. Ese mismo año, según la investigación, Benavent habría creado, sin plantilla, Berceo Mantenimiento y Spartaki Sinergies, empresas pantalla que facturaron por trabajos no realizados a siete adjudicatarias de la corporación provincial. El dinero obtenido acabaría repartido entre los integrantes de la trama de comisiones.

Un USB de 10 horas

El origen de la operación está en el USB con 10 horas de material sensible que el 31 de julio de 2014 entregó a la Fiscalía la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En aquel tiempo Marcos Benavent vivía obsesionado con su seguridad, lo grababa todo y se sentía perseguido y amenazado. Sus cambios de humor y carácter hacían recelar a sus superiores. Una alarma que se consumó a finales de diciembre de 2014. En plenas fiestas navideñas, Benavent accedió a su despacho en Imelsa, se apropió de un ordenador portátil y un par de discos duros y se esfumó sin dejar huella.

Tras unos meses en paradero desconocido, reapareció el pasado junio para declarar ante el juez. A la salida de los tribunales admitió haber sido "un yonqui del dinero" y se mostró dispuesto a colaborar y "sacar mierda a punta pala". Desde entonces, sus más de 30 horas de confesiones ante la Guardia Civil y la aportación íntegra del material informático ha permitido al juzgado de instrucción número 18 ampliar el horizonte de la investigación más allá de la denuncia inicial de Pérez Garijo.

Aunque la causa sigue bajo secreto de sumario, los distintos movimientos procesales de meses anteriores y los arrestos de este martes arrojan luz sobre la geografía corrupta del PP valenciano. De hecho, esta operación actúa como pieza central del gran puzle que deja entrever el paisaje general. Dos de los detenidos son los vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y Máximo Caturla. Este último también fue gerente de Ciegsa, la empresa pública dedicada a la construcción de colegios y desde donde se cavó un agujero de 1.000 millones según la auditoría de la Intervención General hecha pública la semana pasada por el Consell. También ha sido puesto a disposición judicial David Serra, un viejo conocido de los pasillos del TSJ valenciano por su procesamiento en la causa de la Gürtel sobre los presuntos delitos electorales y fiscales del PP valenciano.

De la suma de vasos comunicantes existen grabaciones referidas a Rafael Blasco, en prisión tras el saqueo de los fondos de cooperación. Y una de las firmas investigadas es T-Systems, que recibió 2,3 millones de Imelsa por servicios informáticos. Carlos Pujadas, socio de esta empresa está relacionado, tal y como revela el diario Levante-EMV, con Augusto César Tauroni, también en la cárcel y mano derecha de Rafael Blasco en el esquilmado de fondos solidarios. Y Tauroni, hombre hecho pirueta, compró en B tres avionetas a Avialsa, empresa contratada por Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, a cambio de jugosas mordidas, según la investigación judicial.

Redondeles, cabriolas, saltos mortales entre las instituciones valencianas en tiempos del Partido Popular a los que cabe añadir los 32 millones que, de forma no del todo clara, Rus pagó por implantar césped artificial en polideportivos a Hermanos Doménech y Benigras, firma sin experiencia en el sector y propiedad de Vicente Cuquerella, quien acumula el 37,2% del número 102 de la calle Quart, sede del PP valenciano. O los 38 millones a Inelcol, empresa de Vicente Quilis, íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por LED, de bajo consumo. Y, finalmente, los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que se pagó por el techado de la plaza de toros de Xàtiva.

“La Jefa” y “La Lavadora”

Pero donde los nudos gordianos se aprietan con mayor tirantez es entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a "La Jefa", que es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del consistorio. Algo que trascendió durante la campaña electoral de mayo de 2015 y que acabó por salpicar, hasta convertirla en manchurrón andante, a su principal asesora: María José Alcón (detenida este martes), quien había sido concejal de Cultura, esposa de Vicente Burgos (de la fundación Jaume II el Just y también arrestado) y casada en segundas nupcias con Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

Según la investigación, Alcón habría cobrado comisiones relacionadas con la Mostra de Valencia entre 2005 y 2006, en la que uno de sus contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil. Todo por intermediación de Benavent. También se apunta a presuntas mordidas en la rehabilitación de las históricas Torres de Quart, la peatonalización del puente de Serranos y la edificación del centro cultural la Rambleta.

Los registros de este martes en los despachos del PP en el Ayuntamiento acabaron con cuatro concejales confinados en un estancia, con la prohibición de comunicarse con el exterior y con la detención de la asesora María José Pi y de la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García Fuster, persona de extrema confianza de Rita Barberá y conocida dentro del Partido Popular con el apodo de "La Lavadora". Además resultaron imputados Alfonso Novo, presidente y portavoz del PP de Valencia, y Luis Salom, asesor a cargo de la redes sociales de la agrupación local. Ambos están citados a declarar este miércoles en los juzgados. Por su parte, Eva Ortiz, secretaria general del PP valenciano, explicó en rueda de prensa que los detenidos han sido suspendidos de militancia y que Rita Barberá "estaba muy tranquila en su casa".

Ni el PP ni el Gobierno pueden disimular su preocupación. No habían pasado este martes ni tres horas desde que se conoció que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otros excargos del Partido Popular y de la administración regional habían sido detenidos cuando el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores emitía un escueto comunicado para anunciar medidas disciplinarias. Desde ese momento, "las personas detenidas en el curso de la operación policial" dejaban de ser afiliados. Se les suspendía de militancia. Y, además de recordar que Alfonso Rus ya no tenía relación con la formación desde mayo de 2015, el PP declaraba su rechazo a "cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga" y prometía adoptar "las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley".

Los escándalos de corrupción, que llevan sobresaltando al PP desde que en febrero de 2009 estallaba el caso Gürtel, vuelven a poner al partido en el punto de mira en un momento extremadamente delicado, cuando a Mariano Rajoy no le salen las cuentas para la investidura. 

El panorama para la formación que ostenta el Gobierno en funciones es cada vez menos abarcable porque esta semana es el caso que afecta a Rus, que fue uno de los máximos exponentes de los conservadores en la Comunidad Valenciana, pero la pasada se reabría el caso de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas con la imputación de la tesorera, Carmen Navarro, y del propio PP, siendo la primera vez que se imputa a un partido en la historia de la democracia. 

Paralelamente, estallaba el caso Aquamed, que se llevaba por delante, entre otros, al número tres de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el hasta entonces subsecretario de Presidencia, Federico Ramos. 

Y todo ello sin pasar por alto el caso del cobro de presuntas comisiones que en plena campaña electoral afectó al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. Un goteo de escándalos en el que sectores del PP llegan a ver una "mano negra", alguien interesado en que las investigaciones se agilicen para perjudicar a Rajoy en un momento tan delicado.

"Imposible" que no afecte a los pactos

Pese a que en público los dirigentes del PP y los miembros del Gobierno en funciones se conjuraron este martes para señalar que este nuevo escándalo no afecta "en absoluto" a las negociaciones de cara a buscar pactos de Gobierno, en privado todo cambia.

Las fuentes consultadas por infoLibre admiten que, "evidentemente, no ayuda". "No es sólo la reacción, que está siendo contundente por parte de la dirección nacional, el mensaje que cala es que el partido más votado, el que aspira a gobernar, sigue salpicado por la corrupción. Es imposible que no afecte", valora un dirigente regional.

La misma fuente considera que "el golpe" de este martes, en alusión a la investigación que afecta a Rus y a otros cargos y excargos de la formación, es "brutal". "Es como el comienzo. No sabemos cómo va a avanzar ni qué lejos va a llegar", sostiene "cruzando los dedos" para que no afecte a diputados o senadores.

"Nos obliga a cambiar el pie"

"Es otra legislatura, el contador tiene que estar a cero y, aunque es innegable que hemos tomado medidas, esto nos obliga a cambiar el pie", añade un diputado conservador elegido el pasado 20-D.

Cuando esta fuente habla de que este escándalo les obliga a "cambiar el pie" se refiere a que se ven obligados a tener que responder sobre estos escándalos cuando los argumentarios del partido de esta semana estaban enfocados a presionar al socialista Pedro Sánchez y al PSOE con el fin de que volviesen a considerar la opción de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Y cuando el presidente del Gobierno en funciones se había acercado a Albert Rivera para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que, de paso, trasladase más presión todavía al jefe de los socialistas. 

La dirección nacional del PP considera que el pasado viernes, tras la rueda de prensa de Pablo Iglesias (Podemos), Ciudadanos se acabó de convencer de que era "imposible" permitir cualquier acuerdo entre el PSOE y Podemos. De ahí que el lunes Rajoy y Rivera mantuvieran una breve conversación telefónica para sentar las bases de cara a una negociación posterior a la segunda ronda de contactos del rey con los representantes de los diferentes partidos. Ahora, las detenciones en Valencia complican el escenario porque ponen al partido de Albert Rivera en una situación casi imposible. ¿Cómo explicar que apoyan al PP o que se abstienen para facilitarles las cosas? "No lo tenemos fácil, la verdad", responde uno de los dirigentes conservadores consultados.

Aire para el PSOE

Pero además estos escándalos y lo que darán de sí en los próximos días –la tesorera del PP declarará el próximo día 4–, también dan algo de tregua a los socialistas. Y les ponen en bandeja todo un arsenal de argumentos para justificar por qué no son partidarios de un Gobierno del PP.

Para empezar, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, sostuvo que la corrupción "gangrena" al PP y que ahora se entiende por qué Rajoy está "tan solo" para tratar de ser investido.

A su juicio, estos escándalos van a ser "una prevención en todos los partidos que hablen con el PP en las próximas semanas" en búsqueda de acuerdos. "Y no me extraña que así sea, que todos tengan esa prevención, porque esto parece que es un suma y sigue", subrayó. 

Por su parte, Sánchez, desde su cuenta de Twitter señaló que "el suma y sigue de la corrupción del PP exige, a quienes creemos firmemente en la regeneración democrática, enviarles a la oposición". 

En este contexto, hay en las filas conservadoras quien empieza a ver como opción con posibilidades un Gobierno de los socialistas con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP. Porque unas nuevas elecciones con el desarrollo judicial de todos los escándalos que han surgido en los últimos días tendrían un resultado impredecible. "¿Quién nos dice a nosotros que no íbamos a salir peor parados?", se pregunta un parlamentario autonómico. 

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, acordó este martes la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial desarrollada en Valencia y que figuran como afiliados de la formación. Así reza en un comunicado difundido por el partido presidido por Mariano Rajoy. Pese a que este escándalo llega justo en el momento en el que los partidos negocian para formar Gobierno, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, consideró en rueda de prensa que no tiene por qué afectar.

"Mi partido está reaccionando con contundencia y se van a tomar medidas", señaló.

Preguntado sobre si el Grupo Parlamentario reclamará el acta al exconsejero y actual diputado Gerardo Camps –su nombre ha aparecido en la operación–, Hernando dijo desconocer todos los detalles del caso. "Me dicen que el señor Camps no está en ese asunto y esto es lo que yo sé hasta el momento", subrayó.

Rus, ya fuera del PP

En esta operación de la Guardia Civil fue detenido el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia. Alfonso Rus está entre las 24 personas que se prevía fueran detenidas en el marco de esta la macrooperación desarrollada en la Comunidad Valenciana.

A este respecto, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP subraya que Alfonso Rus fue suspendido de militancia en mayo de 2015. En el comunicado, el Comité Nacional de Derechos y Garantías recuerda que existe la presunción de inocencia, pero –a pesar de ello y teniendo en cuenta los hechos ocurridos– se procede a la suspensión de militancia conforme a los estatutos.

"El Partido Popular rechaza cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y adoptará las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley", señala el partido presidido por Mariano Rajoy.