"Estoy muy satisfecho, no solo por la renuncia a la demanda que me interpuso [Ernesto Sáenz] de Bururaga, sino porque lleva implícita que todo lo que declare sobre las cantidades pagadas por Telemadrid a particulares o productoras eran absolutamente veraces", dice a infoLibre Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid. Lo asegura inmediatamente después de la vista previa judicial en la que los representantes legales del conocido periodista han expresado que “… procede a renunciar a la acción interpuesta contra el señor Lombardo, al objeto de restituir su honorabilidad y dignidad, así como a constatar el rigor de las declaraciones del demandado ante la Asamblea de Madrid en las que se le cita explícitamente”.

Los hechos proceden de las informaciones que Lombardo aportó el pasado 16 de febrero ante la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid, donde afirmó que Buruaga había recibido al menos 950.000 euros de la televisión pública regional por trabajos realizados para ella. Posteriormente, Ernesto Sáenz de Buruaga interpuso una demanda en la que reclamaba una compensación de 100.000 euros y la rectificación en todos los medios de comunicación en los que se habían publicado la noticia de la comparecencia del presidente del comité de empresa de Telemadrid. Se basaba en supuestas informaciones aparecidas en los medios y no en lo declarado por Luis Lombardo en su comparecencia, recogido textualmente en el Diario de Sesiones.

Como informó infoLibre, en esa comparecencia se denunció lo que, a juicio del representante de los trabajadores, era el despilfarro y la mala gestión de los recursos públicos de Radio Televisión Madrid por políticos y directivos que dilapidaron el dinero público y además lo utilizaron como falsa excusa con la que justificar el despido de 861 trabajadores.

A esta vista previa, tras la que se convocaría juicio oral, los abogados de Lombardo tenían previsto solicitar documentación acreditativa de las cantidades pagadas a Sáenz de Buruaga, tanto a la propia Telemadrid, como a la productora implicada, y al propio periodista. No obstante, la representación legal de Buruaga afirmó la víspera su disposición a renunciar a la demanda, concretada en la jornada de este miércoles, por lo que no ha habido lugar a la presentación de ninguno de estos documentos.

La satisfacción del presidente del comité de empresa se ha hecho extensiva al conjunto de la representación legal de los trabajadores, ya que la información objeto de la demanda fue elaborada de manera conjunta. En un comunicado hecho público esta representación afirma que "ante quienes se empeñan en criminalizar la lucha sindical de todos los trabajadores, esta noticia no hace más que reconocer y poner de manifiesto el rigor de nuestro trabajo y la lucha de todos los compañeros en defensa de la radio y la televisión públicas".

El pasado miércoles salieron a subasta las instalaciones de la 7 TV, la televisión autonómica murciana. Los locales, situados en el municipio de Molina de Segura, pertenecen a una sociedad en liquidación, Tecnoproducciones Multimedia, cuyos bienes pone a la venta al mejor postor el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. En esas instalaciones vive de alquiler y realiza sus programas desde abril de 2015 la 7 TV, que gestiona la productora audiovisual Secuoya Secuoyaa través de su filial Central Broadcasting Media (CBM). Sólo pujó uno de los acreedores, Banco Santander, pero por la mitad del precio fijado por el juez, que era de 600.000 euros. Así que la oferta fue rechazada y los locales siguen a la venta. La murciana es la única televisión autonómica cuya gestión ha sido privatizada íntegramente. Y sus adjudicaciones han estado siempre rodeadas de polémica.

En esta última están batallando en los tribunales algunas de las principales productoras audiovisuales del país: un bocado de 10 millones de euros anuales para un contrato de tres años prorrogable por otros tres; 60 millones en total. Mediapro, la empresa de Jaume Roures; Tres60, propiedad del fondo HIG, y la murciana GTM, anterior adjudicataria de la televisión murciana, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Acusan al Gobierno autonómico de favoritismo hacia Secuoya.

Además, un abogado local, Diego de Ramón, tiene previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Finalmente, el consejo de administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia ha debatido ya dos denuncias sobre los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Secuoya, y las ha remitido a la Asamblea regional para su debate.

El Gobierno murciano sacó a concurso la televisión autonómica en marzo de 2014 y recibió las ofertas en abril, pero la mesa de contratación no abrió los sobres con las ofertas hasta el 1 de agosto y no adjudicó el contrato hasta febrero de 2015. Tardó casi un año en completar el procedimiento, pese a que los pliegos estipulaban que las nuevas emisiones debían comenzar el 1 de mayo de 2014, apenas una semana después de terminar el plazo para concursar.

Las productoras alegan en sus recursos que la mesa de contratación la presidió el actual vicesecretario de Organización del PP murciano, Fernando López Miras. Y que uno de sus vocales y dos de sus técnicos trabajan para el ente público, por lo que no eran “imparciales” y sus valoraciones resultaron “arbitrarias”. Además, ponen el acento en la situación irregular de las instalaciones alquiladas por Secuoya. Los recursos judiciales repiten los argumentos que las productoras ya esgrimieron contra la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contracturales, que depende del Ministerio de Hacienda. Y que desestimó sus demandas.

Una de las denunciantes, GTM, no ha dudado en asegurar públicamente que la productora “ocupa” los locales desde los que transmite. Haberlos alquilado a Secuoya le costó el puesto el pasado mes de noviembre al primer administrador concursal de Tecnoproducciones, que autorizó el contrato de arrendimiento sin el permiso del juez del concurso. Fuentes de GTM explican que el titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil ha instado a Secuoya a abandonar las instalaciones por carecer de título válido para ocuparlas.

El pasado miércoles, en cualquier caso, la productora estaba invitada a la subasta y pudo pujar por los locales. No lo hizo. “Seguiremos con nuestro contrato de alquiler”, han asegurado a infoLibre fuentes de Secuoya. También niegan cualquier tipo de irregularidad en sus emisiones. “Cumplimos escrupulosamente las condiciones del pliego del contrato”, zanjan. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Mediapro como con Tres60, pero no ha conseguido una respuesta a sus preguntas.

Noticias repetidas, programa canadiense de humor

Tampoco el Gobierno murciano se queja del desempeño de Secuoya en la 7 TV, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Las productoras que han recurrido la concesión alegan que la oferta de la adjudicataria era la que menos horas de servicio pública proponía. Las denuncias presentadas en las consejerías de Economía y Cultura por la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) advierten, además, de que entre abril y septiembre del pasado año, Secuoya ha emitido 857 horas, 27 minutos y 44 segundos de servicio público menos de las comprometidas en el contrato. De ellas, casi el 90% corresponden a programas informativos. Debería emitir 73,5 horas de producción de servicio público a la semana.

También aseguran que los informativos repiten noticias –hasta cuatro veces en un mismo programa– o alargan entrevistas hasta los 20 minutos para prolongar la duración de estos telediarios. Los informativos de medianoche y de primera hora de la mañana se graban el día anterior, para ahorrarse los pluses de nocturnidad que deberían pagarse a los trabajadores si se hicieran en directo. Los informes explican que las horas de redifusión –programas cuya emisión se repite– alcanzan el 40%: “Una media de 11 horas diarias de redifusión”.

La 7 TV, añaden, tampoco emite el número de las retransmisiones deportivas y acontecimientos socio-culturales a que le obliga el contrato de adjudicación. Pero sí programa en horario de servicio público emisiones que no lo son. Por ejemplo, un programa canadiense de humor llamado ACHO y La 7 Motor, que los informes describen como de “publicidad de la industria automovilística”.

De 13TV a Sáenz de Buruaga

Fuentes del consejo de administración del ente comparten las denuncias sobre el incumplimiento de la programación de servicio público y la repetición de noticias en los informativos. Añaden las de “sectarismo” a favor del PP y del Gobierno regional. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, y desde entonces está pendiente el nombramiento del director general del ente público televisivo.

El responsable de la 7 TV es Alejandro Samanes, anterior responsable de 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y su director de informativos es Antonio Peñarrubia, hasta su nombramiento en Murcia asesor del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. De 2011 a 2014 fue consejero de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Comunicación de José María Aznar.

Aunque tampoco su antecesora en la concesión y ahora denunciante, GTM, está exenta de vínculos con el PP, el partido que gobierna Murcia desde 1995. Detrás de la productora figuran algunas de las principales empresas de la región, desde Embutidos El Pozo hasta la constructora Terrapilar o Golosinas Vidal. Se hizo con la televisión murciana en 2006: un sustancioso contrato de siete años a cambio de 36 millones de euros anuales. Entonces figuraba como asesor de GTM Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de RTVE con José María Aznar. También figuran entre sus accionistas el grupo Intereconomía.

En la concesión a Secuoya también se mezclan las convulsiones políticas. La salida de Ramón Valcárcel de la presidencia de la región, su sustitución por Alberto Garre y la dimisión del consejero que firmó el contrato con Secuoya, Juan Carlos Ruiz, imputado por el caso Púnica. Fuentes consultadas por este periódico mencionan igualmente la intervención a favor de Secuoya de Vicente Martínez-Pujalte, que fue comisionado de Asuntos Económicos para la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados hasta que Garre, con quien estaba enfrentado, suprimió ese puesto en marzo de 2015, apenas un mes después de que fuera adjudicada a Secuoya la televisión autonómica. La concesión a la productora, aseguran, se decidió en Madrid.

Los problemas de GTM

En 2007 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia llamó a declarar como testigo a Sáenz de Buruaga, tras haber abierto diligencias por un posible delito de prevaricación en el concurso público que adjudicó a GMT la televisión autonómica. La investigación no prosperó. Pero la crisis y los recortes de gasto público fueron reduciendo los importes que el Gobierno murciano le pagaba cada año: 30 millones de euros en 2011, 15 millones para 2012. Ese año se rescindió de forma anticipada el contrato con GTM, que aún cuenta con unas enormes instalaciones –9.000 metros cuadrados de platós– y entonces poseía una plantilla de 264 trabajadores.

Tras cambiar el modelo de gestión, el Ejecutivo murciano licitó la televisión por sólo 12 millones de euros, la tercera parte de lo que le costaba en los tiempos de euforia económica. Secuoya se la quedó con una quita del 10%: 10 millones. Si antes se acusaba a GTM de hacer una televisión demasiado cara, ahora el problema es que Secuoya no alcanza a cumplir las obligaciones del contrato con el presupuesto comprometido.

La batalla por la televisión murciana no es más que un episodio más de la guerra que libran las productoras audiovisuales por el sector de las cadenas autonómicas desde que cambió la ley audiovisual en 2012 y se permitió la privatización, total o parcial, de los entes públicos. Secuoya presta servicios en las televisiones canaria y balear, asturiana, manchega y aragonesa. También en TV-3, TVG y Canal Sur. Tres60 se ha hecho con contratos en la balear IB3, TV Canarias y Aragón TV. Pero los dos botines más deseados, Telemadrid y la valenciana Canal Nou, siguen aún a la espera.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado la denuncia que presentó UGT por la contratación con una productora privada en régimen de coproducción del programa Así de Claro, del periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, según ha informado la dirección de la propia RTVE. El organismo aduce que "aunque el espacio versa sobre noticias de interés público, el tratamiento difiere al que realiza un telediario. Y ello porque los temas tratados se abordan "desde una perspectiva diferente a una mera exposición de hechos".

Para la sección sindical en RTVE, la actuación del Consejo de Administración dando luz verde (tras un primer rechazo) a ese espacio suponía la vulneración de la Ley General Audiovisual, la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal y del Mandato Marco de RTVE porque todas estas normas "prohíben expresamente que se pueda externalizar la programación informativa". La dirección de RTVE se opuso a dichos argumentos al considerar que, por su formato, no entraba en la calificación de "Informativo", opción asumida ahora por el organismo regulador.

Tal y como infoLibre informó en su día, el espacio fue retirado de la programación por no alcanzar ni de lejos unos mínimos de audiencia previstos en el contrato y que obligaron a suprimir el programa, a pesar de que estaban previstos al menos nueve entregas además de las únicas cuatro que se emitieron por el primer canal de la televisión pública.

El programa Así de claro, presentado y dirigido por Ernesto Sáenz de Buruaga, fue un fracaso de audiencia. Ese es un dato objetivo. Pero su coste real para TVE sigue siendo una incógnita, que no despejó el presidente de RTVE en su comparecencia parlamentaria de este martes. Frases como "el coste final total se conocerá en su momento y será en estricto pago de lo que se deba pagar", o "en el contrato hay una cláusula de resolución que dice que, en caso de que la productora incurra en gastos por la interrupción del programa, TVE se podría hacer cargo, y se estudiará ese pago" es todo lo que obtuvieron los parlamentarios de la oposición que han preguntado reiteradamente a José Antonio Sánchez sobre el programa.

El primero en intervenir fue el senador de ICV Jordi Guillot, quien calificó ese espacio de "apuesta fallida de pésima calidad", para demandar respuestas sobre costes de cancelación. El presidente de la Corporación se limitó a leer los requisitos legales que establece la normativa para este tipo de programas externos, para afirmar que "de esa misma manera se había procedido con Así de claro".

Más adelante, la diputada socialista Silvia Oñate insistió al preguntar literalmente por el "coste que RTVE va a pagar por el programa", y pedirle "rigor y concreción". Sánchez especificó en su respuesta que el precio era de 68.999,88 euros y utilizó el coste por hora para concluir que había sido "un 81% más barato que la media de espacios que se emitían en prime time".

En la réplica, la diputada Oñate calificó la desaparición del programa como la "crónica de un fracaso anunciado". "Lo que ahora nos preocupa es que se traduzca en la crónica de un despilfarro. Por eso le preguntamos cuánto ha costado la preproducción ¿Va a tener que pagar TVE alguna cantidad por el resto de los diez programas no emitidos?". El presidente respondió que "se va a atener al contrato firmado con la productora, que es el contrato habitual con todas ellas. La clausula de resolución, en todos los casos, establece que, en el caso de que la productora hubiera incurrido en gastos debidamente acreditados por la interrupción del programa, TVE estudiaría la cuantía de dichos gastos... El coste final del programa se estudiará en su momento y será aquel en el que, en estricto derecho se deba pagar a la productora, y ningún otro".

Acusaciones por el "yo voto al PP"

En relación con este y otros espacios eliminados de la programación poco después de su estreno, como La alfombra mágica, Jugamos en casa, o Mira qué hago, el también diputado socialista José Manuel Gilera pidió a Sánchez que admitiera los fallos, y no se refugiara en espacios que provenían de etapas anteriores a su presidencia, a lo que el máximo responsable de la Corporación respondió que "la audiencia media actual, con un 10,1%, supera a la de la temporada anterior, y así espera que ocurra al terminar este año respecto a 2014".

Otro momento polémico de la sesión se produjo con la pregunta del portavoz del PSOE, Germán Rodríguez, acerca de que si la afirmación "yo voto al PP y seguiré votando al PP" que realizó en sede parlamentaria es compatible con la responsabilidad que tiene al frente de la Corporación RTVE. En su respuesta, Sánchez afirmó: "No proclamé nada, y es perfectamente compatible", a lo que el diputado opuso que "la independencia es un requisito básico para desempeñar ese cargo... Usted no puede venir aquí a decir que es más del PP que la gaviota y quedarse tan ancho, usted está al frente de RTVE por ser un hombre de partido, por estar al servicio del Gobierno y no de los ciudadanos. Con esa afirmación usted ha comprometido la independencia y credibilidad de RTVE".

En su réplica, el presidente se remontó a los casos de José María Calviño, Luis Solana o Pilar Miró, para afirmar que, al contrario de ellos, él no milita en ningún partido y concluyó con una apelación al artículo 20 de la Constitución que garantiza su libertad de expresión.

Ante las bajas cuotas de audiencia registradas –entre el 6,5% y el 5,1%– y las críticas de los telespectadores, el ente público ha dicho basta. Para José Luis Moreno se trata de un auténtico déjà vu; a él también le quitaron su noche de fiesta pública. 

Televisión Española canceló este martes el programa Así de claro, que presentaba Ernesto Sáenz de Buruaga. Lo hizo público con un escueto mensaje en Twitter de su cuenta oficial: "@tve.es ha decidido retirar el programa Así de claro al no alcanzar los objetivos esperados de audiencia". Un dato absolutamente cierto, dado que el espacio obtuvo un 6,5 de cuota de pantalla en su estreno, un 5,7 el día 1 de septiembre, y un 5,1 en el tercer y último programa emitido este pasado lunes. Muy lejos del diez por ciento fijado como media para las cuatro primeras emisiones. Este fracaso de audiencia ha arrastrado a la cadena a mínimos por debajo del ocho por ciento en el conjunto del día, que ha situado a TV1 como quinta opción nacional por detrás, no solo de Telecinco y Antena 3, sino incluso por debajo de laSexta y Cuatro.

Por encima de cifras de audiencia, el espacio ha sido duramente criticado, dentro y fuera de RTVE, tanto por la selección de invitados (mayoritariamente procedentes de medios cercanos al gobierno y al PP), como por las opiniones vertidas por el propio presentador. Medios especializados y redes sociales han abundado en opiniones negativas sobre un programa que suponía un coste de 67.000 euros semanales en pagos a la productora Pulso, vinculada al Grupo Secuoya, al margen de los medios técnicos de la propia TVE puestos a disposición del programa.

Precisamente el que fuera realizado por una productora externa es la razón aducida por UGT en la Corporación para denunciar el espacio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según este sindicato, "el programa es a todas luces ilegal, al atentar contra la Ley 17/2006 de 5 junio de la radio y la televisión de titularidad estatal en su artículo 7 apartado 5, que establece que 'la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco", así como contra el Mandato Marco, que en su artículo 35 apartado 1.a dice textualmente que "la programación informativa de la Corporación será de producción propia, debiendo actuar como productor y editor principal (...)'". Abunda en la misma línea el apartado 2.a del Mandato Marco, al establecer que la Corporación se fije como objetivo "el 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter institucional y contenidos de autopromoción". UGT aseguraba que "los trabajadores de la empresa estamos absolutamente en contra de estas actuaciones, y estamos denunciando el secuestro de su radio y televisión pública; no vamos a permitir que se salten las leyes adornando este programa como magazine y colocándolo en prime time, para desde una supuesta pluralidad en los contertulios intentar colar los mandatos de Génova y Moncloa, ni vamos a permanecer impasibles ante el descrédito y el hedor bajo el que quieren enterrar RTVE con “programas” como este".

Rechazo en el consejo de Informativos y en la oposición

Ya tras emitirse el primer programa, el Consejo de Informativos hacía público un comunicado en el que pedían la cancelación del programa por "convertirse en un mero instrumento de manipulación gubernamental". Al mismo tiempo, exigían "la dimisión o destitución de los directivos que han aprobado la contratación de este espacio a una productora privada saltándose la ley que estipula que los espacios informativos deben ser producidos, editados y realizados por la propia Corporación RTVE (artículo 7.5 de la Ley 17/2006, y artículos 35.1a y 35.2a del Mandato Marco). El primer programa emitido ayer se caracterizó por una falta de pluralidad e imparcialidad, que contraviene los principios del Estatuto de información y el Manual de estilo de RTVE. Por un lado, por la sesgada selección de tertulianos y por otro por las reiteradas intervenciones del director-conductor del programa, Ernesto Sáez de Buruaga expresando sus opiniones personales a lo largo del debate llegando al extremo de faltar al respeto a un espectador al calificar como ‘solemne bobada’ su opinión".

En similar sentido se expresaba la oposición política en la sesión de control de RTVE del Congreso, ante la que comparecía el presidente de RTVE, el día siguiente al estreno del espacio, tal y como relató infoLibre. Calificativos como "rancio, con tertulianos desfasados, y falto de rigor y pluralismo" fueron utilizados para describir lo emitido solo horas antes. En esa sesión, la socialista Silvia Oñate afirmó que "es un programa informativo, que debe ser de producción propia, por el que pagan de más por empeño e improvisación: 67.000 euros por un espacio que fracasa en audiencia con un 6,5, que quizás obligue a eliminarlo. Y la audiencia baja al mismo ritmo que la objetividad, la credibilidad y el rigor. Está hecho para apoyar electoralmente al PP, para manipular y saltarse el pluralismo".

Un programa polémico aún antes de nacer

Así de claro fue aceptado por el Consejo de Administración (con el voto en contra de lsos consejeros nombrados por PSOE e IU) en su reunión de abril, dos meses después de que no fuera aprobado, con el título de España opina, al manifestar tres consejeros a propuesta del Partido Popular dudas sobre la legalidad de que un espacio de carácter informativo contara con producción externa. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Corporación emitieron un informe en el que dictaminaban que "no tiene por qué calificarse como programa informativo en el sentido estricto”, y el propio presidente de RTVE dejaba entrever, en comparecencia parlamentaria, que el programa podía ser aprobado "al cumplir los requisitos legales".

Con la cancelación, después de emitir tan solo tres programas, cabe la posibilidad de que TVE deba indemnizar a la productora por el que estaba previsto emitir el próximo lunes, ya que según la información aportada, el compromiso era revisar la continuidad tras cuatro ediciones si no se alcanzaba el citado umbral del diez por ciento de cuota de pantalla. De hecho, la propia RTVE ha comunicado la suspensión aludiendo a "la baja audiencia".

Al conocerse la noticia a última hora de la tarde, aún no se produjeron reacciones corporativas ni políticas. No obstante , un cualificado miembro de la redacción exclamó, al enterarse por este periódico: "Me alegro". Para añadir: era un programa ilegal en su concepción, e impresentable en emisión, estaba en las antípodas de esa información plural e independiente del poder político que reclamamos para TVE".

UGT en RTVE denunció este lunes al programa Así de claro, que presenta Ernesto Sáenz de Buruaga, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y hará llegar el texto al Congreso de los Diputados para que "la Comisión de Control parlamentario de RTVE tome cartas en el asunto". Según este sindicato, "el programa es a todas luces ilegal, al atentar contra la Ley 17/2006 de 5 junio de la radio y la televisión de titularidad estatal en su artículo 7 apartado 5, que establece que "la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco".

También atenta como contra el mandato marco, que en su artículo 35 apartado 1. a dice textualmente que "la programación informativa de la Corporación será de producción propia, debiendo actuar como productor y editor principal [...]". Abunda en la misma línea el apartado 2. a del mandato marco, al establecer que la Corporación se fije como objetivo "el 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter institucional y contenidos de autopromoción".

UGT afirma en su escrito [consúltalo aquí en PDF] que está "estudiando la responsabilidad penal a título individual que pudiese tener cada uno de los miembros del Consejo de Administración de RTVE que votaron afirmativamente a la aprobación de este programa, dado que todos ellos tenían conocimiento de forma previa de que con ello se atentaba contra la legislación".

El "hedor" que desprende RTVE

Tras asegurar que los trabajadores de la empresa están "absolutamente en contra de estas actuaciones", y que denuncia "el secuestro de su radio y televisión pública", UGT dice que "no va a permitir que se salten las leyes adornando este programa como magacín y colocándolo en prime time, para desde una supuesta pluralidad en los contertulios intentar colar los mandatos de Génova y Moncloa, ni vamos a permanecer impasibles ante el descrédito y el hedor bajo el que quieren enterrar RTVE con programas como este". El escrito del sindicato termina afirmano que "los Servicios Informativos vienen demostrando que están preparados en muchos espacios de debate que abordan el análisis o la investigación, mejores y más objetivos que el de Buruaga, aunque siempre son relegados a horarios intempestivos".

Así de claro vuelve en la noche de este lunes a la programación, tras haber logrado interesar a tan solo el 6,5% de los espectadores en su estreno. Para hoy tiene previsto entrevistas con Cristina Cifuentes y Alfonso Guerra, y tratará asuntos como los posibles pactos en ayuntamientos y autonomías, o los desahucios de viviendas.