Por un puñado de votos. Así podría titularse el western electoral en la ciudad de València el próximo 28 de mayo. Un concejal arriba o abajo puede dar la victoria o el hundimiento a los bloques progresista y de derechas. Pero Sandra Gómez está convencida de que al final habrá un gobierno de izquierdas con ella como alcaldesa.

Gómez (València, 1985) cree que es el momento de que una mujer del PSOE coja las riendas del Ayuntamiento de la capital para dar empuje y aprovechar el momento que vive la urbe. En su cabeza tiene impulsar, por ejemplo, una ordenanza para abolir la prostitución y lograr un gran pacto de corresponsabilidad. Sabiendo que el gran reto de la siguiente legislatura será la vivienda, con un mercado que expulsa a los jóvenes y que ve los barrios como un mapa furibundo para subir los alquileres. Promete un parque de viviendas y poner coto a los especuladores. Es la hora, avisa también, de que la urbe se convierta en la gran capital del arco mediterráneo. 

¿Qué va a pasar el 28M?

Habrá un gobierno progresista liderado por el PSOE.

Las encuestas señalan casi un empate entre bloques, ¿serán decisivas estas semanas de campaña?

Hay un porcentaje de indecisos, además la mayoría es favorable para el PSOE. Va a ser muy importante la movilización. Pero todas nuestras encuestas nos vienen a decir que la única fuerza de la izquierda que sube y tiene una tendencia creciente es el PSOE. Somos la única garantía de que haya un gobierno progresista tanto en la ciudad como en la comunidad. 

Señala esa tendencia creciente para el PSPV, eso significaría que es decreciente para el alcalde, Joan Ribó. ¿Está quemado?

Es necesario un relevo. Quiero construir la València del futuro desde la València que hemos hecho en estos ocho años. Pero la ciudad necesita hoy por hoy un liderazgo que tenga las ganas de poner a València en el momento que vive y que dé certezas. Cuando la gente coja la papeleta del PSOE estará votando a Sandra Gómez para ser alcaldesa. Y en el otro lado de la izquierda no existe esa certeza, porque no son pocas las declaraciones que se han hecho que llevan a la incertidumbre de que Ribó no aguantaría como alcalde los cuatro años. Hace falta, además, un proyecto de mayorías donde cualquier persona se sienta cómoda porque no pertenecemos a ningún proyecto político sectario que divida ni confronte. 

València es la gran pieza que quieren los dos grandes partidos a nivel nacional esa noche. ¿Le lleva a tener más presión?

Es normal porque la Comunitat Valenciana es el modelo que quiere tumbar el PP porque no pueden argumentar contra él. Se ha demostrado que con más derechos y protección social se puede ser también un modelo económicamente más próspero. Hemos pasado de ser la capital de los grandes eventos donde anidaban los procesos de corrupción del PP y el desmantelamiento de los servicios públicos a ser hoy la ciudad y la comunidad con más capacidad de atracción de empresas que generan empleo. Nos está llevando a nuestro mejor momento económico. Somos un modelo que ha demostrado que, con seguridad jurídica y con estabilidad política y diálogo social, es más atractivo para las empresas que cualquier fórmula del PP. La Comunitat Valenciana es el modelo a derribar por el PP, por eso ha puesto su foco, porque estamos demostrando que se puede gobernar mejor. 

Madrid es el gran ejemplo de ciudad para el PP; ¿en qué se diferencia con València?

El otro día vino Ayuso y habló de que la Comunitat Valenciana tenía que volver a recuperar ese ‘eje de la prosperidad’ que representaba en su día junto a Madrid y Baleares. Tenemos que recordar quiénes eran los personajes que firmaron ese pacto: Paco Camps (actualmente acusado en numerosos casos de corrupción e inmerso en la pieza valenciana de Gürtel), Esperanza Aguirre (se han demostrado las vinculaciones de su Gobierno con casos de corrupción) y Jaume Matas (condenado en diferentes causas judiciales). El único verdadero eje que existía era la Gürtel. Se estableció una estructura que aprovechaba la influencia de poder en los ámbitos territoriales para luego financiar en el ámbito nacional del PP. Les tenemos que decir que eso es un pasado del que afortunadamente la Comunitat Valenciana ha pasado página y no queremos volver. Hoy estamos mejor que hace ocho años.

De ser una ciudad que lideraba las tasas de desempleo, ahora lideramos las tasas de generación de empleo. En marzo, el desempleo bajó un 0,72% en València, mientras que en Madrid subió un 0,65%. El que no es ejemplo de gestión económica es Almeida. Tenemos una deuda por habitante de 300 euros aproximadamente mientras que Madrid está casi en los 700. Hemos cerrado el presupuesto de 2022 con un superávit de 90 millones, mientras que Madrid ha tenido un déficit de 350 millones. Ni tienen un buen modelo económico para el sector privado ni una buena gestión de las deudas públicas. Y representan un modelo de desmantelamiento. Y propongo ser la capital del arco mediterráneo en atracción de empresas con impacto positivo y con base tecnológica.

¿Ganarle a Barcelona en ese sentido?

Sí, sí, totalmente. El Financial Times ha publicado un artículo que habla sobre el buen momento que vive València y que hay empuje. Cuando recordamos los artículos que se escribían durante los años del PP eran todo lo contrario, de que la comunidad y la ciudad, citando literalmente, se habían convertido en el paradigma de la corrupción y en una especie de orgía de despilfarro con mala gestión de las entidades financieras y de los caudales públicos. Ahí están las dos comunidades. Almeida ha hablado mal de nuestra ciudad, aplaudido por los candidatos. Nunca hablaré mal de otra ciudad, pero lo mejor que le puede pasar a Madrid es que haya una alcaldesa socialista, Reyes Maroto.

Almeida estuvo en las Fallas y prometió una mascletà en Madrid para celebrar una victoria de María José Catalá. ¿Es apropiación cultural?

Si fuera él, me preocuparía de ver si puede celebrar la suya.

¿Qué representa María José Catalá?

En primer lugar, el pasado de la corrupción del PP. Ella fue la portavoz de esos gobiernos de los que hablaba. Formaba parte de la estructura en la que anidó la corrupción. Tanto es así, que ella tiene en su equipo como asesores personas vinculadas a tramas de corrupción como la sobrina de Rita Barberá. Es el PP putrefacto del que tanto se ha escrito y hablado, de los dirigentes del PP que decían que les había tocado la lotería. En segundo lugar, ella fue Ayuso antes de que existiera Ayuso, en el sentido del desmantelamiento de los servicios públicos. Fue la consellera de Educación que degradó la educación pública. Quitó las becas de comedor y recomendaba a los padres llevarse un tupper al colegio. Y puso una cuota por utilizar el microondas. Eso es lo que representa. Puso las tasas universitarias más altas. Y fue la consellera de Empleo, es la candidata del paro, con las tasas más altas de la historia. Y en tercer lugar: es una derecha muy desacomplejada, muy cercana a Vox.

¿Ella gobernaría tranquilamente con Vox y le daría una Vicealcaldía?

Sin ningún tipo de duda. Pero como sabe que el modelo de Castilla y León no tiene muy buena prensa pues evita decirlo. En 2019 en las entrevistas presumía de que representaba una derecha más feroz que la de Vox. Se sentiría muy cómoda porque es su espacio político natural. Y fue la consellera que privatizó la VIU.

Ustedes están denunciando que se privatizó la universidad y se vendió….

A un grupo de comunicación por un precio muy por debajo del mercado, como se ha demostrado en informes. El anterior rector de la VIU tuvo que ir al notario para plasmar por escrito irregularidades con respecto al proceso de venta. Y ella actualmente es profesora allí. No ha dicho ni qué cobra ni en calidad de qué es.. 

Catalá defiende que huele “a cambio” València. ¿Lo siente así?

Sí, va a haber una alcaldesa socialista. Pero la realidad es que la gente recuerda muy bien lo que hizo en esta Comunidad. No han sido capaces de articular un modelo. Lo único que saben decir es que son unas elecciones como un plebiscito a Pedro Sánchez. Las encaran como unas nacionales y eso les penaliza en las urnas. Además, es una paracaidista, fue alcaldesa de otro municipio.

Les acusan de haber dejado de invertir 800 millones de euros en los barrios.

Esas son las típicas mentiras e intoxicaciones de la derecha. La realidad es que en lo que va de año hemos autorizado más de cien millones de euros en inversiones en barrios, diez veces más que los que ellos invirtieron en 2014. Y tenemos el presupuesto más alto en inversión pública de 300 millones, que esperamos poder ejecutar en su gran mayoría hasta diciembre de 2023.

También denuncia la oposición que ha enviado miles de cartas sobre obras en la ciudad con fines electoralistas.

Son intoxicaciones del PP. Cuando hacemos una obra, se informa del inicio de la misma y las calles que se van a ver afectadas. No tiene más importancia, se ha informado a los ciudadanos. Es una pataleta de los que no trabajan. Ellos sí han iniciado una campaña de intoxicación, han enviado misivas a toda la comunidad con información tóxica y falsa sobre el presidente de la Generalitat. Me gustaría saber cómo la han pagado, como no está firmada por ellos no irá en sus gastos de campaña. Hay una mala praxis, como nos tiene acostumbrados el PP, ligada a financiación ilegal.

Hay preocupación entre barones y candidatos de su partido sobre los partidos a su izquierda, También hay fragmentación en València. ¿Teme que eso lleve a perder la Alcaldía?

No, porque el PSOE es un partido lo suficientemente de mayorías para que cualquier persona se sienta cómoda. Aquí hay un valor seguro, esta es la casa de todas las personas que quieran estabilidad, seguridad y certezas con una mirada progresista. Podemos abarcar un ámbito muy amplio. Hay que explicar a todo el mundo que esta es una casa donde ningún voto se va a perder.

Joan Ribó estuvo en el acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata con Sumar a las generales. ¿Beneficia que el alcalde esté cerca de ella para movilizar a la izquierda o puede perjudicar al PSOE?

Me sorprendió que en plenas elecciones municipales y autonómicas Compromís, que dice ser de corte nacionalista, se vaya a hacer campaña a Madrid para unas generales. Tenemos aquí una responsabilidad muy importante: revalidar un Gobierno progresista. Nuestro foco tiene que estar en las elecciones municipales. No preocupa a la mayoría de valencianos en qué coalición van a ir Ribó, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en las nacionales. Estoy muy centrada en las locales y autonómicas Todo mi esfuerzo político está en mi ciudad.

Hay muchas Españas políticas, no lo que pasa en Madrid pasa en toda España. ¿El ruido nacional con la división de Díaz y Podemos o con la reforma de la le del 'sólo sí es sí' afectará en València?

Afecta mucho más que el candidato de Vox haya sido condenado por violencia de género. Y era un cargo designado por el PP. Eso es lo que representa actualmente la derecha. Si fuera un candidato en Madrid, ¿podría serlo? La presión de los medios le pondría muy difícil su camino. Es importante que se vea lo que representan los partidos nacionales en sus territorios. 

La Comunitat Valenciana ha estado inmersa en la guerra del agua. Al final se impuso el criterio de Teresa Ribera y de Emiliano García-Page, ¿puede influir también en la contienda?

Lo ha explicado bien el presidente de la Generalitat. Él es un buen ejemplo de que representa realmente, desde la lealtad, a su territorio. Ha tenido una posición firme y clara de defensa de los intereses valencianos. Es el candidato que tiene un proyecto territorial más claro y definido y con una voz totalmente valenciana. 

Feijóo está yendo mucho a València, ¿qué le parece cómo líder de la oposición? 

Como en el resto de España, en la Comunitat Valenciana el señor Feijóo ha demostrado los errores y las carencias de las que adolece. Está bastante incapacitado para ser, ni más ni menos, presidente del Gobierno. A nosotros nos llamó Costa Dorada. Es incapaz, en los discursos que he escuchado, de decir Comunitat Valenciana. Nos llama Comunidad de Valencia, eso no existe. No sabe ni cómo nos llamamos. En castellano es Comunidad Valenciana, es que no lo dice ni bien en castellano. Cuando ha venido, ha sido incapaz de presentar un modelo propio y definido de lo que representa el PP para la Comunidad. Va a los sitios con el que hay que echar a Sánchez, pero sin nada más detrás, es un partido a la contra. Bueno, a favor de los suyos. Hay una alianza de toda la derecha mediática, política y económica para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad y en València. Han puesto el foco para echarnos y para que gobiernen los suyos para ellos. Casi van con un dopaje mediático de ayudas y alianzas con poderes que no deberían interferir. Lo digo desde el respeto a los medios y al sector empresarial y privado.

Si el 17 de junio Sandra Gómez coge el bastón de mando, ¿qué aprobará en el primer Pleno?

Quiero ser una alcaldesa de mirada larga, no efectista o de titular de prensa. Quiero dar certezas, voy a ser alcaldesa de la ciudad. No me voy a ir a ningún sitio. Cualquier valenciano se va a sentir cómodo. Y con empuje y fuerza. Es verdad que hay una serie de cuestiones con nuestros socios de gobierno que sí quiero impulsar.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la ordenanza para abolir la prostitución. Tenemos clara nuestra postura abolicionista, pero no hemos conseguido un acuerdo con nuestros socios de gobierno porque son más partidarios de regular. En segundo lugar: un primer pacto local para la corresponsabilidad. Queremos que los cuidados sean públicos y no dependan del ámbito privado.

Habla del momento de la ciudad, del artículo en Financial Times. Pero esto tiene una ‘cara b’: la subida de los precios de la vivienda y el problema de los apartamentos turísticos. ¿Qué va a hacer? ¿Y le gustaría que se pusieran de acuerdo los socios de investidura para sacar en el Congreso la ley de vivienda?

Tengo muy claro que el principal reto que vamos a tener en la próxima legislatura es la vivienda. Hay un encarecimiento de la compraventa y del alquiler. Eso es muy peligroso porque hay una generación entera que no ha tenido la oportunidad de comprar y que no puede alquilar porque tiene que dedicar novecientos o mil euros al mes. No es sólo injusto, sino que no es favorecedor para los intereses de la ciudad si expulsamos a la generación más joven. Eso sería expulsar al futuro. Queremos en primer lugar que haya un parque público de vivienda, que se genere de forma ágil y rápida. Y la segunda pata es poner las cosas muy difíciles a quienes ven nuestra ciudad como el mapa para hacer negocios.

Durante estos años, València se está convirtiendo también en un referente para el colectivo LGTBi. ¿Están en peligro los derechos si gobiernan PP con Vox?

Sin duda, ya lo han dicho abiertamente. Como PSOE hemos conseguido traer la sede de los Gay Games, que fomentan la diversidad en el deporte, que es un ámbito muy complicado. Se celebran en 2026. La derecha lo ha dicho: si ellos gobierna, desistirán de la candidatura. Qué retroceso, una ciudad que renunciara internacionalmente a eso. ¡Qué imagen más nefasta!

Para ir a comer una paella: Casa Carmela.

Para ver un amanecer: la playa de las Arenas o la de la Malvarrosa.

Para perderse y que no te ve nadie: El Saler.

Para tener una cita: La Albufera.

Para ir a leer un libro: En el río Turia.

Para salir a correr: También el río Turia.

A falta de dos meses para que se celebren los comicios del 28M, derecha e izquierda se preparan para una cita electoral que consideran clave para ganar fuerza de cara a los próximos comicios generales. València, al igual que la Comunitat Valenciana, está marcada en rojo en esta lista. El actual alcalde, Joan Ribó, es uno de los principales referentes de Compromís y quiere reeditar un tercer mandato. Desde la coalición valencianista creen que Ribó tiene un "tirón electoral" que deben aprovechar.

Sin embargo, las encuestas dicen que la derecha tiene posibilidades reales de poner fin a ocho años de mandato de Compromís con el respaldo del PSOE valenciano por un estrecho margen. Aunque según algunos sondeos Ribó podría aumentar los votos que tuvo en 2019 y conservaría los 10 concejales que tiene en la actualidad, la clave pasaría por la disputa que mantendrían el PSPV y Vox por hacerse con un asiento en el consistorio que sería decisivo. La formación que sí que se volvería a quedar fuera según la mayoría de sondeos sería Podemos, que presenta a Pilar Lima como candidata.

Por su parte, los populares solo podrían gobernar con el permiso de la ultraderecha. La absorción de los votos de Ciudadanos otorga al PP una ocasión de derrotar a la izquierda que no se le presentaba desde 2015. Y para reforzar esa expectativa, los conservadores se abrirán más allá del partido, lo que parece apuntar a la incorporación a la lista de representantes de la formación naranja. 

Ribó quiere explotar la 'marca València' en esta campaña. Una ciudad reconocida internacionalmente en los últimos años como la mejor del mundo donde vivir. Por eso, el lema de su campaña es: "La mejor ciudad. El mejor alcalde". La coalición valencianista quiere diferenciarse, precisamente, de la imagen asociada al PP durante el mandato de Rita Barberá con fracasos como el de la Fórmula 1, cuyos estragos siguen formando parte del paisaje de la capital del Turia. Por ese motivo, el alcalde de València ha escogido "orgullo, honradez y valentía" como características "clave" de su forma de gobernar.

La movilidad es otro de los aspectos claves de su candidatura, ya que los menores de 30 años pueden disfrutar de ventajas como el transporte en bus gratuito. Durante la presentación de su candidatura, se pudo ver un cortometraje en el que el alcalde recorría la ciudad en bici hablando con unos y con otros, en las plazas, en los mercados, en los barrios, hasta entrar por la puerta del Ayuntamiento, como hizo en 2015, cuando ganó la alcaldía al P. “Jo dic sí, t’apuntes?”

Ribó también ha puesto en marcha la campaña “ViscAValència”, a través de la cual, tanto el como el resto de candidatos de Compromís visitan los barrios y atienden a los vecinos. Además, también ha intensificado su campaña en redes sociales con una cuenta de TikTok, la red social de moda entre el público más joven, en una estrategia de comunicación por acercar su perfil a los nuevos votantes.

Hacerse con la Alcaldía de la tercera capital española ya era una obsesión para Pablo Casado y sigue siéndolo para el equipo que dirige Alberto Núñez Feijóo, porque sus miembros están convencidos de que una victoria en esta ciudad les acercaría definitivamente a su objetivo de ganar las elecciones generales de diciembre.

Hay en ese análisis mucho de estadística — el peso demográfico de València y de la Comunitat es enorme— pero también de político. El PP busca reconciliarse con una capital que asocia a los años de gloria de la difunta Rita Barberá, alcaldesa durante 24 años (1991-2015). En su momento, llegó a obtener mayorías abrumadoras, pero desde entonces el PP se ha movido entre el 25,7% de 2015 y el 21,7% de 2019, sobre todo como consecuencia de la emergencia de Ciudadanos y de Vox.

La elegida para devolver la ciudad al PP es María José Catalá, abogada, diputada autonómica y actual portavoz municipal. Será el segundo intento de esta profesora de Ciencias Políticas en la Universidad CEU Cardenal Herrera y de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de Valencia que ya fue alcaldesa de Torrent y consejera de Educación en la Comunitat. Una mujer de 42 años que lleva casi la mitad de su vida en cargos públicos.

Si la izquierda pierde la mayoría absoluta en la corporación municipal, Catalá necesitará a Vox. Y aunque ella sigue el guión de Feijóo y dice que su proyecto pasa por gobernar en solitario, todo indica que, si necesita a los concejales de la extrema derecha, acabará dándoles entrada en el gobierno municipal.

Catalá, que ejerce además funciones de portavoz del PP en Las Cortes Valencianas y en calidad de tal se ha convertido en la punta de lanza del partido contra el president Ximo Puig, es para muchos la principal amenaza interna del candidato del candidato conservador a la Generalitat, Carlos Mazón. De cómo quede cada uno de ellos el 28M dependerá, en opinión de muchos dirigentes, el futuro liderazgo del PP en la Comunitat.

La ciudad de València es una de las grandes obsesiones municipales del PSOE. A pesar de que será una batalla muy reñida, hay muchas expectativas en Ferraz y en el PSPV sobre el papel que puede tener Sandra Gómez.

Para los socialistas, es uno de los valores emergentes del partido y se ha bregado durante estos años en la corporación municipal. Una política joven pero que ya atesora experiencia de gestión. Además, creen que su grado de conocimiento ha crecido mucho en los últimos años entre los ciudadanos y que gana mucho el tú a tú. Además, lleva por bandera la defensa de los barrios, combinándolo con un proyecto que mira mucho al extranjero y la imagen internacional de Valencia.

En el PSPV son conscientes de que la batalla será durísima —más que en la comunidad autónoma— y que es necesario que todas las izquierdas estén fuertes. En este sentido, Joan Ribó tiene el factor de tirón de la Alcaldía, pero fuentes del PSPV creen que es posible quedar por delante del partido valencianista. 

La importancia que tiene València para el PSOE a nivel nacional se demuestra en que la gran convención municipal de cara al 28M se celebrará en la ciudad, entre el 14 y el 16 de abril, buscando la foto de todos los candidatos en España. Pedro Sánchez se va a volcar en este sentido y viajará allí para hacer campaña.

¿Quién no recuerda cuando el alcalde de València, Joan Ribó, entraba en el Ayuntamiento en bicicleta? Era una imagen romanticosa, como de otro tiempo, evocadora. ¿Se lo ha pensado mejor? ¿Ahora va a pie?... ¡Vaya!, parece como si los tiempos se reinventaran, lo bueno siempre vuelve. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Venga, a peatonalizar calles y plazas. Pasear es salud, contamina menos, no produce ruidos..., ¿qué más queremos?

Ganaremos en salud. Aunque ya sabemos que "salud, dinero y amor", el pack entero al mismo tiempo, es difícil. Pero todo es empezar. Iniciamos con salud, marcamos camino y, tal vez, ya irán viniendo dinero y demás... Ribó es pragmático y sabe lo que se hace. Se ha propuesto peatonalizar media València: Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Reina, Plaza Pintor Segrelles, Plaza Patraix, San Agustín, Brujas, la Lonja, el Mercado, Giorgeta, Avenida del Puerto... Todos a pie. València, antigua ciudad de alpargatas, ahora de deportivas con logo. Ir al teatro a mostrarse y lucir es cosa ya del pasado, ahora toca pasearse por València, es cool, es sano. Es pertinente, tal como nos diría Joan Ribó.

Oiga, ¿y cómo iré a mi párquing privado o llevaré el equipo wifi y televisor gigante más el sofá que he comprado en Ikea?... Ribó se cura en salud, está casi todo previsto, miren, Art. 54.1 de las Ordenanzas: "Las personas residentes en la ciudad de València tienen el derecho de acceder con su automóvil privado hasta su plaza de garaje bien regulada. Y también el Ayuntamiento velará para que puedan acceder hasta las proximidades de su domicilio para carga o descarga de bienes y otros efectos, o para la recogida de personas con problemas de movilidad",

Pero siempre puede salir alguien diciendo que la libertad tiene un origen natural, por no decir divino, y su fundamento reside en la soberanía individual, por lo tanto, ni Ribó ni santa Rita me tienen que decir a mí cuántas copas de vino puedo tomar o si quiero ir en coche o a pie; ¡libertad!

De todos modos, recursos contra las concesiones de peatonalizaciones le han caído sin fin a Ribó, con la idea de paralizarlo todo. Es como si a Ribó le hubiera caído encima el mal de ojo, pero él, a pecho descubierto, ha acabado imponiéndose contra todo y contra todos, él, que había solventado el pago a proveedores, había terminado con el plan de ajuste, había reducido el endeudamiento del municipio y aumentado los servicios sociales; igual como el bravo arcángel San Miguel en el principio de los tiempos, contra todos los emboscados y amantes de las tinieblas, aunque fuera, es verdad, a espadazos. Ribó con palabras. Pero, como San Miguel, ¡ambos a pie!, a diferencia de otros, como San Jorge, siempre a caballo, el caballo que era el vehículo de aquellos tiempos. Ribó, como San Miguel, el transhumante, a pie. ¡Todos a pie!

Jesús Moncho es socio de infoLibre

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de València, Joan Ribó, han insistido por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su petición de cerrar definitivamente todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado, después de que retomaran su actividad el pasado 23 de septiembre.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Colau ha hecho pública la misiva, con fecha de este lunes, en la que los dos alcaldes aseguran que les preocupa la reapertura de los CIE durante la pandemia del covid-19.

"Nos parece como mínimo incompatible a nivel de salud, de dignidad y de respeto a los derechos humanos que mientras sigamos teniendo restricciones de movilidad y aforo en espacios al aire libre, se interne a personas que no han cometido ningún delito", han defendido.

Los alcaldes han resaltado que estos centros "no cuentan con la infraestructura suficiente como para afrontar la posibilidad de un solo contagio", y han apelado a la obligación de cualquier gobierno progresista de velar por los intereses de los colectivos más vulnerables.

"Reactivar la actividad en los CIE con el objetivo de retomar las políticas de retorno es incompatible con el contexto actual de cierre de fronteras, además de ser una política que ya se ha demostrado fallida para la regulación de flujos migratorios", han añadido.

En la carta, han lamentado que se sigan destinando "cientos de millones de dinero público" a estas políticas de migración, y han reiterado que el funcionamiento de los CIE contraviene directamente la Directiva europea de retorno y la Ley española de asilo.

Políticas de acogida 

Han afirmado que la situación actual requiere de políticas de acogida, solidarias y basada en la cohesión social, y han llamado a un acuerdo del gobierno de coalición de PSOE y Podemos para concretar la dotación del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Colau y Ribó han tendido la mano al Gobierno central para colaborar, y han hecho énfasis en la experiencia de Barcelona y Valencia como ciudades de acogida, con una políticas de atención independientes de la situación administrativa de las personas.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este sábado que ofrece la ciudad para acoger el barco de la ONG Proactiva Open Arms porque València es "una ciudad de acogida, abierta y con un deber ético y humano con las personas que arriesgan sus vidas huyendo del terror, la guerra o la miseria", informa Europa Press.

El barco de la ONG Proactiva Open Arms rescató este jueves a 55 personas que iban a bordo de una patera que se hundía en el Mediterráneo y busca un "puerto seguro" para su desembarco. Un día después, durante la madrugada de este viernes, rescató a 69 personas "con signos inequívocos de violencia" sufrida en Libia. Entre ellas, dos mujeres embarazadas que han sido evacuadas por la Guardia Costera italiana este sábado.

En este contexto, el alcalde de València ha anunciado que solicitará al Gobierno de España que abra el puerto de la ciudad a este barco con 124 migrantes a la deriva. La petición se formulará junto a la Generalitat Valenciana.

"Queremos continuar el camino que empezamos con el Aquarius", ha indicado Joan Ribó, antes de afirmar: "València y los valencianos queremos estar al lado de los valores de solidaridad, de bienestar y de libertad que Europa siempre ha representado".

El alcalde de València ha mostrado su "confianza de que el Gobierno no dudará en posicionarse en la misma línea" que el gobierno municipal y autonómico valencianos. "Las vidas de estas personas no pueden esperar más", ha zanjado.

Torra ofrece los puertos catalanes para acoger al Open Arms

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ofreció el pasado viernes los puertos catalanes a la ONG Proactiva Open Arms para acoger al barco que ha rescatado a 69 personas en Libia.

"Ante situaciones de bloqueo como la actual, los puertos de Cataluña siempre estarán a su disposición, @openarms_fund y @campsoscar. Este es un compromiso de la mayoría parlamentaria y un consenso social de la ciudadanía catalana", ha afirmado.

Fuentes de la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat han explicado que el conseller, Alfred Bosch, contactó con Open Arms ofreciéndoles la acogida en los puertos catalanes, siguiendo el proyecto Ports Segurs que el Govern ha impulsado para acoger a barcos de rescate en el Mediterráneo.

Los alcaldes de las localidades valencianas de Alzira, Diego Gómez, Villanueva de Castellón, Óscar Noguera, y Alfarb, Santi Cervera, han anunciado que se dan de baja como militantes de Compromís y serán a partir de ahora "simpatizantes", al tiempo que han criticado la "falta de democracia interna de la coalición". En una carta conjunta recogida por Europa Press de los tres primeros ediles, el concejal de Algemesí Pepe Hernandis y a la que también se adhiere Paco Sanz, de Compromís per l'Alcúdia, se informa de que varios cargos públicos de Compromís dejarán de pagar la cuota de militante para pasar a ser simpatizantes.

En cuanto a las razones, explican que han tomado esa decisión después de presentar una carta a la ejecutiva nacional manifestando su malestar por las últimas decisiones tomadas por Compromís "sin haber recibido ninguna respuesta". También explican que deciden dar este paso después de la dimisión de la ejecutiva de Gent de Compromís, órgano que no se ha reconocido nunca oficialmente por miembros de la marca Compromís, después de llevar muchos años silenciados y sin voz ni voto por la falta de democracia interna de la coalición, y después de llevar muchos años pagando la cuota como un militante pero sin tener nunca los derechos como un miembro de pleno derecho de cualquiera de los partidos que conforman un grupo cada vez menos armónico y mucho más distante".

También hacen referencia a las, a su juicio, "desafortunadas" declaraciones realizadas por el alcalde de València, Joan Ribó, "que sin ser militante de ningún partido ha tenido la gracia de colocar un miembro de Ayuntamiento en la Diputación, sin pasar por ningún proceso participativo". Cabe recordar que Ribó calificó de "totalmente exageradas las críticas" de Gent de Compromís a la coalición y señaló que las personas que forman parte de la formación sin pertenecer al Bloc, Iniciativa y Verds no pueden "tener los mismos derechos que los afiliados" a uno de estos tres partidos.

Los tres alcaldes esperan que con la acción anunciada se produzca "la reflexión de los compañeros de Compromís para que puedan reconducir la situación antes de que sea demasiado tarde".

La media hostia que tenían los enemigos progresistas y de izquierdas para José María Aznar se quedó en una monumental paliza en la propia cara del campeón mundial de los abdominales. Al día siguiente, y un día después del día siguiente, hablaron los bancos y la presidencia de los grandes empresarios y dejaron bien claro que en este país quienes de verdad ganan todas las elecciones son ellos. Ahí estaban esas voces diciendo a Pedro Sánchez y el PSOE con qué otros partidos tenían que formar gobierno y a qué otros partidos ni agua. Y al tercer día, como dicen que pasa en un famoso entierro bíblico, lo que resucitó fue una vez más el olvido de lo que tan pomposamente decíamos ayer.

Porque va y resulta que lo más importante de aquellas elecciones tan importantes eran las que se celebrarían el 26 de mayo, justo un mes después. Y parece que era verdad ese lío de tiempos mezclados en un rarísimo mejunje de alquimia abracadabra. Ya nadie se acuerda de que todavía no hay gobierno central, ni parece de interés común si finalmente Pedro Sánchez gobernará a solas, con la izquierda o con la compañía dictada sin tapujos por el Ibex 35. Eso ya no importa. Ahora estamos en el 26 de mayo, en ese domingo donde todo el país se miraba en el espejo de Madrid y lo que veía era un paisaje anegado por las lágrimas. “Me moriré en Madrid con aguacero…”, hubiera escrito César Vallejo si no se hubiera muerto en París el 15 de abril de 1938. La tormenta perfecta arreciaba en el Ayuntamiento y la Asamblea madrileños y oscurecía otras derrotas lo mismo de dolorosas en otros ámbitos, seguramente no tan mediáticos ni tan psicológicamente decisivos como el de la capital. Pero también oscurecía lo contrario: en algunos sitios, las políticas llamadas del cambio habían conseguido no solamente sobrevivir sino mejorar los resultados de hacía cuatro años.

En la Comunidad Valenciana, las elecciones autonómicas seguirán dando el gobierno a las fuerzas progresistas y de izquierdas. En la ciudad de València –con uno de esos ayuntamientos del cambio– tendremos lo mismo, aunque Unidas Podemos se haya quedado lamentablemente fuera del consistorio. Pero que Joan Ribó se vuelva a vestir de alcalde es una muestra de que la política, si no es valiente y llena de coherencia, no es política de verdad sino una impostura. En estos cuatro años la ciudad de València ha estado en el punto de mira de las derechas, y no sólo de las derechas valencianas. Era una de las aspiraciones irrenunciables para las diversas versiones –todas las mismas, en el fondo y en la forma– del caballo de Atila. Si repasamos lo que esos jinetes de mirada torva han venido diciendo del alcalde de Compromís no habría bastante con el más voluminoso tratado de la infamia. Como si Rita Barberá no hubiera sido, durante veinticuatro años, la versión más exacta de aquella feroz cabalgadura, las derechas cargaban cada día contra las políticas del ayuntamiento valenciano.

Y ahí han seguido hasta hoy mismo. Como si el PP de aquel ayuntamiento no estuviera todo él imputado por delitos de corrupción, ha sido el equipo de gobierno –formado por Compromís, PSPV y València en Comú– el que no ha parado de recibir en estos años las invectivas de PP y Ciudadanos. El catalanismo y los carriles bici han sido la punta de lanza para unas acusaciones que adquirían algunas veces los tintes teatrales de los mejores esperpentos de Valle Inclán. Y mientras las derechas gritaban con el apoyo –igual que en todas partes– de sus medios legionarios, Joan Ribó y su equipo iban haciendo ciudad. Sin arrugar el ánimo y, sobre todo, sin hincar la rodilla a las denuncias estrafalarias de PP y Ciudadanos, la izquierda municipal ha sabido encontrar la complicidad nada fácil –la coherencia y la política decente casi nunca lo son– de un vecindario que ha sentenciado con sus votos lo que el gobierno de la ciudad tendría que ser y no otra cosa diferente. Como siempre en estos avatares: los barrios ricos han votado a las derechas y todos los demás (absolutamente todos los demás) se han decidido por el progresismo y la izquierda. Los ricos son incorruptibles. Para que luego nos pasemos la vida hablando de transversalidades y otras palabras extrañas. Soy de los antiguos: si las clases sociales no existen, qué demonios existe para diferenciarnos los unos de los otros, para diferenciar la lucha por los derechos sociales y la lucha porque el dinero vaya siempre a parar a manos del dinero.

Yo vivo en Gestalgar, mi pequeño pueblo de las montañas, y no voto en la capital. Pero no la pierdo de vista. Para nada la pierdo de vista. Por eso digo que la ciudad de València ha cambiado. Al menos, en estos cuatro años, se ha visto un proyecto de ciudad, con todas las discusiones que se quiera, con todos los errores que se quiera, pero con eso que decía al principio de estas líneas: la coherencia de quienes la han gobernado a la hora de llevar a la práctica lo que era su proyecto programático. ¡Pobre Giuseppe Grezzi, que ha llenado su concejalía de movilidad de insultos y descalificaciones porque los carriles bici han ganado espacio a los autos! ¡Pobre Pere Fuset, que ha visto cómo los mandamases de las Fallas –activos votantes de las derechas– lo han convertido en un muñeco de esas Fallas, sin saber que esos muñecos –muchas veces– ennoblecen a sus originales! Sé que algunos de estos nombres a ustedes les suenan a chino. Pero son nombres que –como en muchas de sus ciudades, las de ustedes– forman parte de esa historia de la dignidad alejada de los focos centrales de los platós televisivos. Y como esos nombres, otros que han construido durante estos cuatro últimos años una ciudad para vivir y no sólo para engordar el álbum digital del turismo que la visita en número cada vez más considerable. Y tal vez, también, más preocupante.

Las ciudades son sitios que hay que conocer perdiéndonos por sus calles y sus plazas, por sus rincones más desconocidos. Lo decía Walter Benjamin cuando hablaba de los pasajes oscuros de París. No voy mucho a València, pero me gusta perderme por sus calles, por sus plazas, por sus rincones más desconocidos. Y aunque los artículos de opinión sean para hablar más de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta, quiero cerrar esta columna con el titular que la encabeza: la ciudad de València ha revalidado las políticas progresistas y de izquierdas, eso hoy tan de moda de los ayuntamientos del cambio. Y en eso ha tenido bastante que ver la cabezonería de un alcalde que no se arredró nunca –como su equipo de gobierno– a la hora de defender la razón por encima del griterío hooligan de las derechas, unas derechas eternamente insatisfechas cuando no son ellas las que gobiernan.

Y, por cierto: ¿se acuerdan ustedes del 28 de abril y de que no sabemos, todavía, si finalmente Pedro Sánchez gobernará a solas, con la izquierda o con la compañía dictada sin tapujos por el Ibex 35? Pues eso.

Las encuestas de intención de voto en las elecciones municipales —fiables o no—, y la convicción cada vez más generalizada de que la volatilidad de las preferencias de los electores está más viva que nunca, está sembrando el nerviosismo en los grupos políticos municipales de las ciudades más pobladas de España.

La atomización política ya se hizo patente en las elecciones de 2015: de los 16 municipios españoles con más de 250.000 habitantes sólo en uno de ellos un partido consiguió mayoría absoluta. Se trata de la localidad gallega de Vigo, donde el exministro socialista Abel Caballero se alzó con el 51,8% de los votos. En los quince restantes, en cambio, fueron necesarios pactos implítos o explícitospara decidir la Alcaldía y los acuerdos acabaron inclinando la balanza del lado de la izquierda.

Durante los últimos cuatro años las formaciones de izquierdas —con la participación de Podemos y de fuerzas locales, pero también en algunos casos con el soporte del PSOE— han controlado las Alcaldías de Madrid (Manuela Carmena, Ahora Madrid), Barcelona (Ada Colau, Barcelona en Comú), València (Joan Ribó, Compromís) y Zaragoza (Pedro Santisteve, Zaragoca en Común). De las seis localidades por encima del medio millón de habitantes, el PSOE sólo ha ocupado la Alcaldía de Sevilla (Juan Espadas) y el PP la de Málaga (Francisco de la Torre).

En el grupo de ciudades que va del medio millón al cuarto de millón de habitantes el partido de Pablo Casado sólo tiene dos Alcaldías más: la de Murcia (Juan Ballesta) y la de Alicante (Luis Barcala). La primera la conquistó con la abstención de Ciudadanos y la segunda de carambola —dos tránsfugas inclinaron la balanza— tras la dimisión del regidor socialista hace apenas un año. El PSOE suma en este grupo, además de la plaza singular de Vigo, los municipios de Las Palmas de Gran Canaria (Augusto Hidalgo), Córdoba (Isabel Ambrosio), Valladolid (Óscar Puente) y L’Hospitalet de Llobregat (Núria Marin).

El resto de municipios de esta categoría se los reparten el PNV (José María Aburto en Bilbao) y Foro (Carmen Moriyón en Gijón). El de Palma de Mallorca es un caso especial: el PSOE cedió en 2017 la Alcaldía a Més (Antoni Noguera) en cumplimiento del pacto que ambas fuerzas suscribieron al comienzo de la legislatura.

Esta hegemonía de la izquierda, que en 2015 combinó candidaturas socialistas, confluencias de Podemos y formaciones nacionalistas en los ayuntamientos en los que la derecha de PP y Ciudadanos no sumaba mayoría absoluta es la que ahora está en amenazada por la posibilidad de que la ultraderecha de Vox consolide el éxito que obtuvo en Andalucía el 2 de diciembre y consiga superar el 5% que la ley electoral exige para entrar en los ayuntamientos. Traspasar ese límite abre la puerta de las corporaciones locales con varios representantes en los plenos municipales más numerosos, alterando el juego de mayorías y minorías.

De las grandes ciudades Barcelona es, probablemente, la menos amenazada por el ascenso de la ultraderecha. Pero eso no significa que Colau pueda estar tranquila. Aunque hace cuatro años consiguió el bastón de mando con el apoyo de Esquerra, el PSC y un concejal de la CUP, durante este tiempo no ha sido capaz de tejer una alianza estable para gobernar e incluso llegó a romper la única que tenía con los socialistas catalanes después de que el PSOE decidiese apoyar la intervención de la autonomía catalana tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

En una corporación atomizada, Colau sólo tiene 11 de 41 escaños. El resto se los reparten seis grupos: la antigua Convergència (10), Cs (5), ERC (5), PSC (4), PP (3) y la CUP (3). Las últimas encuestas publicadas sobre lo que puede pasar en la capital catalana apuntan a una nueva victoria de la izquierda, pero esta vez encabezada por el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, con 10 u 11 ediles. Por detrás quedarían ls propia Colau (8-9), la plataforma de Valls (7), el PSC (6), el PDeCat (5) y la CUP (3-4) —el PP se quedaría por primera vez fuera del segundo ayuntamiento de España—. Con estos mimbres, Maragall tendría en su mano ensayar un gobierno de izquierdas apoyado en los comunes y, si evita dar protagonismo a la confrontación soberanista, en el PSC, rompiendo así los bloques entre independentistas y unionistas que han dominado la vida política catalana durante los últimos años.

La izquierda tiene también en riesgo, aparentemente, las Alcaldías de Madrid y València.

En la capital, Manuela Carmena, elegida en las filas de Ahora Madrid —una formación respaldada por Podemos—, ha gobernado durante toda la legislatura con el apoyo del PSOE.

Su elección fue posible porque la derecha, por la mínima, no alcanzó mayoría absoluta hace cuatro años y la suma de los 21 ediles del PP y los 7 de Cs no fue suficiente para retener el bastón de mando que hasta entonces manejaba Ana Botella.

¿Volverá a pasar lo mismo? Todo apunta a que, esta vez, la formación ultraderechista Vox conseguirá entrar en la corporación y, si lo logra, hay serias posibilidades de que el Ayuntamiento de Madrid se convierta en unos de los lugares en los que se repita la triple alianza de la derecha que esta semana consumó el asalto al Gobierno de la Junta de Andalucía.

El efecto de la ultraderecha

A cuatro meses de las elecciones es imposible saber si Carmena será capaz de arañar votos más allá del PSOE y siguen siendo una incógnita las posibilidades de los socialistas, que por no tener a estas alturas no cuentan ni siquiera con candidato. Del lado contrario, todo son especulaciones: en Ciudadanos están convencidos de que su candidata, Begoña Villacís, está en situación de poder batir al cabeza de lista del PP, José Luis Martínez Almeida, mucho menos conocido que ella. Y nadie sabe con seguridad a cuál de los dos partidos puede restar más votos el previsible ascenso de Vox, aunque si se repite el guión de Andalucía será el partido de Pablo Casado el que sufra más las consecuencias de la consolidación de la ultraderecha en el seno del espacio político que el PP monopolizaba hasta hace apenas tres años.

En València, el tercer municipio más poblado de España, las cosas tampoco están claras. El actual alcalde, Joan Ribó (Compromís), al igual que Carmena, como cabeza de cartel de la candidatura de izquierdas más votada, pudo capitalizar la ausencia de una mayoría absoluta de derechas (PP logró 10 ediles y Cs seis). Compromís (9), con el respaldo del PSOE (5) y Valencia en Comú (3), la marca valenciana de Podemos, se hizo con la Alcaldía y puso fin a 24 años de gobiernos locales sucesivos del PP.

De nuevo, más allá de cómo se comporte el reparto de fuerzas entre PP y Ciudadanos —todos las encuestas apuntan a un trasvase de votos a favor del partido de Albert Rivera—, la posible entrada de Vox en la corporación valenciana puede dar la vuelta a la tortilla y hacer posible también aquí la triple alianza del derechas que se acaba de hacer realidad en Andalucía.

En el Ayuntamiento de Zaragoza las perspectivas son aún más desalentadoras para el actual alcalde, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (ZEC), otra plataforma impulsada por Podemos. Hace cuatro años se alzó con el bastón de mando gracias al respaldo de ZEC (9 escaños) del PSOE (6) y de los dos ediles de Chunta Aragonesista (ChA), poniendo fin así a doce años de gobiernos locales socialistas. Los 14 escaños de la derecha (diez del PP y cuatro de Cs) nada pudieron hacer para evitarlo.

Ahora, las encuestas publicadas apuntan a que todo está en el aire. Si Vox consigue entrar en la corporación municipal casi con toda seguridad apuntalará la mayoría absoluta que ya acaricia la derecha gracias al ascenso de Ciudadanos y a la aparente fortaleza del PP. El PSOE cotiza al alza en la capital aragonesa —hay estudios de intención de voto que atribuyen a la candidatura encabezada por Pilar Alegría entre 9 y 10 ediles— pero el retroceso de ZEC—pasa de nueve a entre 5 y 6 concejales— y la posible desaparición de ChA alejan las posibilidades de repetir una mayoría de izquierdas.

Más estables se muestran en principio los escenarios políticos de Sevilla y Málaga, las otras dos ciudades españolas que superan el medio millón de habitantes.

En Sevilla todo apunta también a la entrada en el salón municipal de plenos de los ultraderechistas de Vox. Hace cuatro años el socialista Juan Espadas se hizo con la Alcaldía de la capital andaluza con los votos del PSOE (11), Participa Sevilla (3) e Izquierda Unida (2). PP y Cs, con doce y tres ediles respectivamente, nada pudieron hacer para evitarlo.

Espadas, sin embargo, tiene motivos para la esperanza, a la vista de las encuestas. La irrupción de Vox con tres ediles y el ascenso de Ciudadanos, que pasaría de tres a seis concejales, se producirían a costa del un PP que perdería la mitad de su representación pasando de doce a seis representantes municipales. Ese resultado permitiría al PSOE conservar la Alcaldía con con el apoyo de las fuerzas que hoy forman parte de Unidos Podemos —los socialistas conservarían entre nueve y diez ediles y sus socios de seis a cinco—.

En Málaga nada parece amenazar la Alcaldía de Francisco de la Torre, que con 76 años edad —19 en el puesto— se dispone a pelear por una nueva legislatura en el principal bastión municipal del PP.

Hace cuatro años, sin embargo, el PP (13 ediles) perdió la mayoría absoluta y se tuvo a que acostumbrar a negociar con Ciudadanos (3) para sacar adelante sus propuestas. Enfrente ha tenido al PSOE (9), la marca local de Podemos —Málaga Ahora (4)— e Izquierda Unida (2). Esa mayoría de derechas, de un escaño, no parece estar en peligro, según las encuestas, si bien está por ver cómo se verá afectada por la más que probable irrupción de Vox en el Ayuntamiento (en las autonómicas de diciembre superó en esta ciudad andaluza el 11% de los votos).

La Iglesia posee un inmueble. Lo alquila; es decir, no le da un uso religioso ni social, sino lucrativo. Y a pesar ello no paga el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos en España. El esquema se repite: en Almería, tal y como publicó infoLibre el pasado 13 de diciembre, y también en Lugo.

El Obispado de Lugo es propietario de un aparcamiento que arrienda a una empresa privada, lo que le permite darle actividad económica, ajena a los fines propios de la Iglesia, sin pagar el IBI. Tiene más de "200 plazas" y el precio es de 3 euros al día, según la información comercial que se ofrece en el número de teléfono del parking. El resto de aparcamientos de la ciudad sí paga IBI, asegura el Consistorio a través de un portavoz.

"El aparcamiento está arrendado a una empresa que lo explota desde el año 2014", responde la Diócesis a preguntas de este periódico. ¿Por cuánto lo arrienda? No hay respuesta. "No podemos facilitar datos que se refieren o implican a terceros", afirma la Diócesis de Lugo, la misma respuesta que en Almería, cuyo obispado posee dos parking arrendados por los que tampoco paga la contribución.

Aunque el Obispado sólo informa de que la explotación de la actual empresa arrendataria se produce desde 2014, lo cierto es que la Diócesis alquila el inmueble al menos desde 2008, según un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Lugo.

El debate sobre si la Iglesia debe pagar el IBI o no es antiguo. Los ayuntamientos en España dejan de ingresar cantidades millonarias cada año por la exención del IBI. Dicha exención se basa en una justificación: la Iglesia desarrolla una función social. Este especial estatus fiscal se ancla en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, de 1979, cuyo artículo 4 exime a la Iglesia del pago del IBI por templos y capillas "destinados al culto", residencias de obispos, oficinas parroquiales, seminarios "destinados a la formación del clero diocesano", universidades...

Ésa era la esencia del acuerdo: evitar el IBI a los inmuebles en los que la Iglesia desarrolla sus funciones propias. Dicho acuerdo se desarrolló después en 2002, con mayoría absoluta del PP, con la ley de mecenazgo, cuyo artículo 15 señala: "Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las haciendas locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades".

Aunque ha habido interpretaciones jurídicas contradictorias, los tribunales se están inclinando a interpretar que este artículo justifica una exención del IBI en caso de que el alquiler no implique el pago del impuesto de sociedades, como es en el caso de los aparcamientos de la Iglesia en Almería y Lugo, según sus respectivas diócesis. La asociación Europa Laica ve un "fraude" que la Iglesia se libre del IBI en sus negocios.

Informes a favor de la Iglesia

En el caso de Lugo, el Ayuntamiento, intentó cobrar el IBI por este aparcamiento, pero el Obispado presentó un recurso que fue aceptado, según un informe de diciembre de 2015 encargado por el Consistorio a su asesoría jurídica para delimitar la cuestión relativa al parking. Dicho informe, de carácter no vinculante, explicita que el aparcamiento se encuentra en la Avenida Alcalde Anxo López Pérez y que en 2008 se firmó contrato de alquiler del mismo con la sociedad Aparcadoiro do Seminario SL, que había sido constituida en 2006. La conclusión del informe jurídico es que el alquiler por parte de la Iglesia está exento de IBI. El Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa socialista Lara Méndez, resalta a través de un portavoz que hizo el intento de cobrar el IBI, pero que jurídicamente se comprobó que era inviable con el actual marco jurídico.

El Ayuntamiento de Almería, reiteradamente requerido por este periódico, rehúsa aclarar si tiene voluntad de intentar cobrar el IBI por los dos aparcamientos de la Iglesia, tal y como le reclaman el PSOE e IU. No obstante, hay un documento que acredita que la cuestión estuvo sobre la mesa no con el actual alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), sino con su antecesor, su compañero de partido Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Una resolución de diciembre de 2011 detalla que el Obispado presentó un recurso de reposición para justificar el impago del IBI, la cual fue aceptada por el Ayuntamiento.

El PSOE señala que dicha resolución asume como verdadero e incontrovertible el punto de vista legal de la Iglesia y reclama al Consistorio de Almería que encargue ahora un informe jurídico para delimitar con precisión la cuestión. El Ayuntamiento no aclara si lo hará. A juicio del grupo socialista, el artículo 7 de la ley de mecenazgo –que limita la exención del impuesto de sociedades a inmuebles para actividades como "protección de la infancia", "asistencia a la tercera edad", "asistencia a refugiados y asilado"– no cubre los arrendamientos.

"Revisión de todas las exenciones" en Granada

La exención del pago del IBI por parte de la Iglesia, incluso cuando se produce una actividad lucrativa en el inmueble, es un tema sujeto a controversia no sólo en Almería y Lugo. En Granada, la asociación Granada Laica y el partido Vamos Granada elaboraron, a partir de información con referencias catastrales remitida por el Ayuntamiento, un listado de 352 inmuebles que supuestamente son propiedad de la Iglesia y sus órdenes.

En dicha lista hay numerosos inmuebles en los que se desarrolla actividad económica ajena a los fines de la Iglesia que justifican su exención del IBI, según Granada Laica y Vamos Granada. La Diócesis de Granada, consultada por infoLibre acerca de varios de estos inmuebles donde supuestamente se desarrolla actividad económica, niega la titularidad "del Arzobispado" de uno de ellos y no responde sobre el resto.

La información de los 352 inmuebles supuestamente propiedad de la Iglesia y sus órdenes fue condensada en un documento por Granada Laica y Vamos Granada y entregada a Baldomero Oliver, delegado de Economía (PSOE), que se comprometió a que el Ayuntamiento realizaría las comprobaciones oportunas. El convencimiento previo de Oliver es que si en los bienes se realiza una actividad económica –no social ni pastoral, ni de residencia de religiosos, por ejemplo–, la Iglesia debe pagar el IBI.

Oliver afirma que el Ayuntamiento está revisando "todas las exenciones" concedidas durante los gobiernos locales del PP, en el poder hasta mayo de este año. "Cuando corresponda, se mantendrá el IBI. En caso contrario, se revisará. La exención debe estar condicionada a unos determinados fines. Ni los acuerdos con la Santa Sede ni la ley de haciendas locales prevén una exención total y absoluta sólo por ser confesión religiosa", afirma Oliver, que afirma que la decisión de qué bienes quedarán fuera y dentro de la exención la delimitarán "los técnicos".

El Obispado se muestra confiado en que la ley está de su parte. "No es competencia de un Ayuntamiento modificar una ley estatal. Las actividades económicas de cualquier entidad sin ánimo de lucro, incluida la Iglesia, están exentas en esas condiciones legales", señala la Diócesis de Granada.

"Competencia desleal" en Valencia

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromis), se pronuncia también contra este tipo de exenciones. Según datos del Ayuntamiento, en Valencia hay 438 bienes de la Iglesia exentos de IBI. El Consistorio asegura que entre ellos hay inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas sin relación con los fines propios de la Iglesia.

"No es comprensible que si cualquier vecino de la ciudad paga sus impuestos, haya quien no los pague con el beneplácito de una excepcionalidad normativa ad hoc", afirma el regidor en una nota remitida a infoLibre. Y añade: "No se puede entender, porque está fuera de toda lógica, el agravio comparativo de aquellas empresas que pagan sus tributos de IBI, respecto a otras que, por estar asentadas en inmuebles vinculados a la Iglesia, no tienen la obligación de pagarlo. Hablamos de una competencia desleal".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento precisa que, a juicio del Consistorio, no deben estar exentos del IBI inmuebles en los que se desarrollen actividades como "alquileres no sociales, parking o cualquier otro negocio" parking. "Las tasas e impuestos a los ciudadanos o a las empresas sirven para mejorar los servicios de los que todos los vecinos de una ciudad disfrutan; por lo tanto, todos deberíamos contribuir: también la Iglesia católica, a través del pago del IBI por sus inmuebles con negocios", apunta Ribó.

¿Cómo va a proceder el Ayuntamiento de Valencia? "Conseguir este objetivo pasa por dos estrategias", responde el portavoz oficial: una) pedir formalmente el pago del IBI a los inmuebles de uso lucrativo de la Iglesia, "articulando una propuesta común a través de la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]": dos) "exigir al Gobierno central que, en caso de no conseguir una modificación tributaria en dicho sentido, compense a los ayuntamientos por las exenciones del IBI de que goza la Iglesia, tal y como ocurre en la actualidad con las compensaciones por determinados colegios".

La FEMP, presidida por el socialista Abel Caballero, asegura que hasta el momento no ha tratado el asunto, y que ningún ayuntamiento lo ha planteado de manera formal.

Diócesis de Valencia: no "limitar el actual derecho"

La Diócesis de Valencia, que no responde a la cuestión sobre cuáles de sus inmuebles están exentos de IBI pese a desarrollarse en ellos actividad económica, remite una nota a este periódico en la que defiende su labor social más allá de "debates recurrentes" sobre las exenciones. "La crítica a la exención no debería dirigirse a determinados propiedades, excluirlas o no, cuando los fines de la iglesia son todos de carácter social", señala el Obispado. "La Diócesis de Valencia tiene locales cedidos para sus fines sociales destinados a acciones para los más vulnerables. Los alojamientos para los refugiados, e inmigrantes, pisos para la reinserción de presos, viviendas para mujeres que han ejercido la prostitución y que deben huir aún de quienes las quieren seguir explotando, viviendas para mujeres sin recursos con hijos, discapacitados mentales, viviendas para padres y madres sin recursos para que les puedan atender a sus hijos discapacitados cuando ellos ya no estén, locales de rehabilitación de drogodependientes, ancianos desamparados, comedores escolares y bancos de alimentos, roperos…", enumera.

"Por tanto", añade la Diócesis, "¿se puede cuestionar que la Iglesia Católica es de las instituciones más dedicada a quienes más lo necesitan?¿Existe una justa correspondencia cuando se busca limitar el actual derecho?". "La Iglesia dispone del mismo régimen fiscal que se aplica a otras instituciones no lucrativas, el mismo que tienen otras confesiones religiosas. Gracias a ello se puede llevar a cabo una extensa labor social en y por nuestra sociedad. Si algún prejuicio queda, lo mejor es que conozcan la labor de la iglesia", concluya la Diócesis, que sólo entra específicamente a la cuestión de sus bienes exentos pese a servir a actividades lucrativas para argumentar, según su interpretación, que la legislación avala su excepcionalidad.

La Conferencia Episcopal subraya que la exención del IBI de inmuebles en los que se desarrolla actividad económica "no es ningún privilegio de la Iglesia", ya que proviene de la ley de mecenazgo, que también afecta a fundaciones, partidos políticos y ONG. "Estos beneficios fiscales surgen de la labor que realizan estas instituciones en favor de la sociedad y que el Estado entiende que son un bien a proteger. La Iglesia no reclama ningún privilegio, simplemente quiere estar donde le corresponde según el orden constitucional y su papel en la sociedad. Sin privilegios pero sin discriminaciones", afirma a través de una respuesta por escrito. Sobre la oposición de ayuntamientos como el de Valencia a este tipo de exenciones, la Conferencia Episcopal señala: "La competencia para legislar sobre los tributos le corresponde al Estado y a no a los ayuntamientos, por muchas mociones que se quieran aprobar".

El alcalde Valencia, Joan Ribó, ha rechazado este martes la moción que ha presentado el grupo municipal popular en el consistorio para dejar sin efecto el acuerdo por el que se instaba a la exalcaldesa Rita Barberá a dejar su acta de senadora, según ha informado Europa Press.

Ribó considera que "una cosa es respetar a las personas que faltan y otra cosa es entrar en consideraciones políticas con las cuales no podemos estar de acuerdo".

Así lo ha indicado a los medios al ser preguntado por la petición del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia para que el pleno municipal deje sin efecto el acuerdo, aprobado en la sesión plenaria del mes de septiembre, por el que se instaba a Barberá a dejar su acta de senadora.

Concretamente, el acuerdo, que fue presentado por Compromís, PSPV y València en Comú, y que contó con la aprobación del tripartito y Ciudadanos, pretendía "salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos y las valencianas y devolver la normalidad democrática en nuestras instituciones".

Sin embargo, Ribó ha remarcado este martes que el equipo de Gobierno municipal no quiere cambiar "las líneas rojas", al tiempo que ha sostenido que no les puede pedir el PP una cosa que "ni el PP de la Comunitat hace". "No se van cambiar las líneas rojas", ha subrayado.

El Ayuntamiento de Valencia repartió 9,7 millones de euros en publicidad entre medios de comunicación desde 2011 hasta 2015, y lo hizo sin atender restricciones: excedió en 653.543 euros las cantidades inicialmente presupuestadas para este capítulo de gasto. Según el listado de facturación para “publicidad y propaganda” a la que infoLibre ha tenido acceso, Onda Cero fue la empresa más beneficiada por los contratos municipales, con un total de 650.622 euros. Le sigue el diario Las Provincias, del grupo Vocento, que ingresó 495.052 euros. A esa cantidad habría que añadir los 108.148 euros que se llevó Radiodifusión Torre SL, la empresa adjudicataria de una licencia de TDT local que Las Provincias ha alquilado a Canal 7 Televalencia, de forma que la cifra final alcanza los 603.200 euros. La Cope, la cadena de radio de la Conferencia Episcopal, contrató 425.149 euros con el Ayuntamiento que entonces dirigía Rita Barberá.

El diario Levante y su grupo, Prensa Ibérica, facturó 374.553 euros entre 2011 y 2015. Si se le suman los 168.620 euros que cobró Levante TV, el grupo presidido por Francisco Javier Moll ingresó un total de 543.178 euros en esos años.

La Razón se llevó 347.408 euros y el diario Abc, 277.320. En la Cadena Ser el consistorio valenciano insertó anuncios por importe de 259.050 euros desde 2011, mientras que El País sólo percibió 10.646 euros en publicidad municipal.

Claro que el ránking cambia ligeramente si se ordena por grupos de comunicación. Así, el mayor contratista publicitario de Rita Barberá resulta ser Vocento. Sumados los contratos de Las Provincias y Abc, el grupo presidido por Santiago Bergareche le facturó al Ayuntamiento de Valencia 880.520 euros en cinco años. En segundo lugar se sitúan los medios propiedad de los obispos españoles. A los contratos de la Cope hay que añadir los 301.570 euros ingresados por Televisión Popular del MediterráneoTelevisión Popular del Mediterráneo y los 137.611 de 13 TV. En total, la Iglesia católica se llevó en anuncios del Ayuntamiento valenciano 799.955 euros. Sin contar con otros 67.543 euros en publicidad que insertó la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales (Fundices), dependiente del Arzobispado de Valencia, en su semanario Paraula.

Prensa Ibérica es el tercer grupo más beneficiado –con 543.178 euros–, seguido a distancia por Prisa, con 284.216 euros. Unidad Editorial, que publica El Mundo, Expansión y Marca, percibió 130.635 euros en el periodo analizado.

La agencia pública Efe cobró 108.356 euros en esos años, mientras que la privada Europa Press firmó por 67.149 euros.

Moda, fallas, webs locales

Por debajo de los 100.000 euros facturaron multitud de medios locales. Publicaciones de Moda y Diseño, que edita las revistas Valencia City y Tendencias Fashion Magazine, ingresó 74.088 euros entre 2011 y 2015. Para el anuario de Actualidad Fallera el consistorio de Barberá reservó 32.035 euros y para Vivelasfallas.es, otros 48.801 euros. También un puñado de diarios digitales recibió publicidad municipal. Valencia News, 47.988 euros; El Periodic.com, 22.976; Superdeporte.es, 33.398; Hortanoticias, 31.795; Hello. La Guía de Valencia, 30.233; VLCNoticias, 29.807 euros, y Valencia Plaza, 20.968.

Menos que estos periódicos de internet facturaron los medios públicos autonómicos. Con la Ràdio Autonomía Valenciana el consistorio del PP sólo contrató 17.788 euros, y con la Radio Televisión Valenciana (RTVV), 14.071.

El grupo Intereconomía insertó publicidad el consistorio por importe de 27.140 euros en estos años, mientras que el gratuito 20minutos ingresó 25.124 euros y el digital eldiario.es apenas percibió 4.196 euros.

“Subvenciones encubiertas”

Del total de 9,7 millones gastados en publicidad entre 2011 y 2015 por el Ayuntamiento valenciano, el mayor dispendio corresponde a 2011, cuando desembolsó casi 2,6 millones de euros. El resto de los ejercicios la partida rondó siempre los 1,8 millones de euros, excepto en 2014, cuando se rebajó ligeramente: 1,68 millones de euros. En 2016, el capítulo de publicidad sí que ha sufrido un recorte considerable, al quedarse en 817.330 euros.

“Con el anterior gobierno la publicidad se contrataba de forma totalmente arbitraria, abusando del erario público para pagar anuncios institucionales sin control alguno y con criterios nada objetivos”, aseguran fuentes del consistorio, gobernado desde junio de 2015 por Joan Ribó, de Compromís. Ahora se eligen los medios “según criterios basados en la audiencia y el público objetivo al que se dirigen los mensajes”, añaden las fuentes, que no dudan en calificar de “subvenciones encubiertas” los contratos publicitarios firmados por Rita Barberá. “No hay campaña que no se haga ahora con un plan de medios, renovado trimestralmente de acuerdo con el EGM [Estudio General de Medios, que mide audiencias]”, destacan.

Así lo dio a conocer el grupo municipal de Compromís en un comunicado, tras haber recibido el alcalde y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, --que fue uno de los denunciantes del caso ante Fiscalía-- la notificación de que eleva a Fiscalía del Supremo las diligencias, dada la condición de aforada de la ex primera edil.

Ribó exigió en el comunicado al Partido Popular, a sus dirigentes y a la propia Rita Barberá "que salgan a dar la cara y a dar unas explicaciones creíbles por aquello hecho durante su desgobierno". "El PP continúa sin tomar ni una sola medida que aparte de sus siglas la corrupción y el símbolo del malgasto: Mariano Rajoy todavía no ha hecho los deberes ni ha cumplido con su palabra. Esto sólo demuestra la complicidad existente entre Rajoy y Barberá", manifestó.

Al respecto, Ribó declaró que prometieron cuando estaban en la oposición "perseguir a los responsables de la debacle económica y social de los valencianos". "Queremos que devuelvan hasta el último céntimo robado o derrochado. Y este es uno de esos casos", dijo.

Según añadió el portavoz de Compromís, "en los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba a gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fueran dinero suyo".

 El alcalde de Valencia, Joan Ribó, denunció –a través de un mensaje colgado en redes sociales– el ataque "violento, machista e incluso homófobo" que sufrieron diversas personas a raíz de la cabalgata de las Reinas Magas que celebró la semana pasada una sociedad cultural.

"Practican una hipocresía vergonzosa aquellos que se lamentan cuando hay un crimen machista y después ensucian las redes sociales con comentarios que atentan contra la dignidad de la mujeres", reprochó el primer edil, que defendió el respeto a las tradiciones pero también a la diversidad, ya que "no están reñidos".

En un escrito difundido en su muro de Facebook, Ribó explica: "Los días de fiesta ya han pasado y, precisamente, por respeto a los vecinos y vecinas de la ciudad que no se merecen polémicas estériles, no he querido responder la multitud de mentiras que han ido circulando, de la mano de algunos concejales de la oposición".

En este punto, ironiza al decir que "la gestión del Ayuntamiento debe de ser tremendamente óptima" cuando las críticas que hay que estar contestando tienen el nivel de 'Ribó prohíbe echar caramelos en la cabalgata de Reyes', una falsedad entre tantas".

"Usar las iluciones de los niños como arma partidista"

"La historia de las cabalgatas –prosigue– empezó antes de Navidad, cuando leíamos en la prensa la esperpéntica afirmación según la cual, desde el Ayuntamiento, pensábamos vetar en la Cabalgata de Reyes a San José, entre otras recreaciones bíblicas. Como habréis comprobado todos y todas los que pudierais asistir el día 5 a esa cabalgata, San José estaba, y la Virgen María, y el Jesuset, y la Anunciación, y Herodes... ¿Por qué algunos utilizan la mentira para atacar políticamente al alcalde? ¿Por qué usar las ilusiones de los niños y niñas como arma partidista?", se pregunta.

En la misma línea, afirma: "Otra mentira llegó el día que nos dijeron que habíamos eliminado el Belén. De nuevo, falso: de hecho, por primera vez, el Ayuntamiento tiene dos belenes, uno de ellos dentro de la Casa Consistorial. De esta manera, hemos situado el Belén de gran formato en la plaza de la Reina, a los pies de la Catedral, y dentro del Ayuntamiento hemos incorporado un Belén que recoge la tradición belenista valenciana. ¿O están mintiendo las miles de personas que han entrado a visitar este Belén al Ayuntamiento?".

Pero para el alcalde, "lo peor ha sido el ataque violento, machista, e, incluso, homófobo, que hemos sufrido varias personas a raíz de la cabalgata de las Magas de Enero, sobre todo las tres protagonistas. Se trata de una cabalgata que no ha organizado el Ayuntamiento, sino una entidad ciudadana –la Sociedad Coral El Micalet–. En este sentido, tal y como hice cuando recibí como alcalde a los grupos cristianos de Taizé, recibí también esta cabalgata, porque soy el alcalde de todos y todas, y cuando hay una convocatoria importante, también tengo que estar para todos y todas".

Como ya hicieran desde su equipo, el alcalde subraya que "los tiempos del sectarismo y la censura han pasado". "A los concejales de la oposición hay unos actos que los pueden gustar más, y otros que los pueden gustar menos, pero no porque no los guste una convocatoria determinada de la sociedad civil, este equipo de gobierno lo tiene que vetar".

Ribó avisa de que "ese autoritarismo, afortunadamente, no funciona con este equipo de gobierno" y acusa de practicar una "hipocresía vergonzosa a aquellos que se lamentan de boquilla cuando hay un crimen machista pero después ensucian las redes sociales con comentarios que atentan contra la dignidad de las mujeres, con palabras que pretenden ser hirientes, pero que nos reafirman en la necesidad de llevar a cabo políticas de igualdad desde las instituciones locales". "Justamente, los que hacen esto son los mismos a quienes no les gusta nada ver pasear por Valencia los valores de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad".

"¿Recordáis cuando se dijo que íbamos a quitar las cruces de los cementerios? Toda aquella persona que haya visitado un cementerio habrá comprobado que las cruces y los símbolos religiosos continúan donde estaban. Tenemos que respetar nuestras fiestas y tradiciones, y al mismo tiempo respetar la diversidad, porque una cosa no está reñida con la otra: es mi deber como gobernante hacerlo, y así continuaré haciéndolo, a pesar de que otros quieran entretenerse con la difamación, la mentira o la agresión verbal irresponsable. A esas personas solo les lanzo un mensaje: intentemos construir entre todos y todas, y tengamos la fiesta en paz".

Acerca de la polémica desatada por la cabalgata de las reinas también se pronunció en su blog Rosa Roig, la mujer que representaba el papel de Igualdad. "La consigna inicial 'son gordas', 'son ridículas', ha pasado por un 'son brujas', que esperemos que no acabe con un grito: 'quemadlas'. Pero se ha convertido en el clamor único, en el insulto: 'son putas' con el cual quieren inventar una nueva verdad, basada en un escarnio. Cansadas estamos de operaciones como esta, que ya le hemos visto practicar en más ocasiones a la derecha", asevera.

Ciudad Lineal, San Blas y Puente de Vallecas

son algunos de los ejemplos donde se ha decidido incorporar a mujeres como protagonistas de las cabalgatas. También en Montefrío, un municipio de Granada, fueron dos mujeres quienes estaban tras las barbas de los magos Melchor y Baltasar. En todos estos casos los personajes conservan su apariencia tradicional, de modo que cambia, únicamente, el género de quien está detrás.

Las críticas no han parado de llover los días previos a la celebración, principalmente desde los sectores sociales más tradicionales. El portavoz adjunto de los conservadores en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, aseguró que el Consistorio pretendía convertir la celebración “en un carnaval”. Esperanza Aguirre añadió su particular valoración. "Quienes quieren acabar con las tradiciones cristianas están haciendo todo tipo de cosas que a mí personalmente me molestan más cuando afectan a los niños", señaló la portavoz del PP, quien calificó además la idea como una "parida".

Por su parte, los distritos madrileños han defendido que la elección de mujeres para representar la figura de los Reyes Magos es una decisión tomada por los organizadores, que además en muchas ocasiones se ha adoptado a través de un sistema en el que se escogía por sorteo a quienes quisieran presentarse para el puesto. "En la comisión preparatoria de la cabalgata, varias mujeres manifestaron su interés en salir como rey, y es lo que van a hacer, vestirse de rey mago. Será una cabalgata como las de siempre, con tres reyes magos en sus carrozas", afirmó la edil de San Blas, Marta Gómez Lahoz. La alcaldesa, Manuela Carmena, también manifestó su apoyo y defendió que el disfraz "siempre tiene eso tan bello de intentar jugar" y es un juego "muy digno".

Nina Infante, vicepresidenta del Forum de Política Feminista en Castilla León, responde en declaraciones a infoLibre a los ataques que los últimos días han copado el espacio mediático. Lo entiende como “una seña de discriminación y ataque a la igualdad de las mujeres, al feminismo”, y añade que “siempre que se intenta desempeñar un trabajo en pro de la paridad hay una respuesta condenatoria”. A los detractores, continúa, “debería preocuparles mucho más los asesinatos de mujeres, y no esto, que al fin y al cabo es un gesto para visibilizar y crear referentes”.

Pero el mes de enero deja no sólo a mujeres encarnando el papel de Reyes Magos, sino que también ha traído consigo la emancipación de las barbas postizas, y la celebración de actividades de tipo cultural donde las mujeres se han convertido en reinas magas.

En diversos lugares de Castilla y León, como Valladolid o Salamanca, tres reinas magas han prestado sus voces como cuentacuentos para narrar a los niños Las aventuras de Mary Noel y las Reinas MagasLas aventuras de Mary Noel y las Reinas Magas, una historia de Rosa Benavente inspirada en la popular obra teatral que escribió Gloria Fuertes en 1978, Las tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara. 

Las cuentacuentos Mary Noel y las tres Reinas Magas.

Precisamente fue esta la historia que representaron durante el mes de diciembre tres actrices de la compañía teatral Expression,en ciudades como Santander o Madrid.

En Valencia, por su parte, el alcalde Joan Ribó recibió en el Ayuntamiento el pasado lunes una cabalgata en la que las magas Libertad, Igualdad y Fraternidad se convirtieron en el foco de todas las miradas y recorrieron las calles valencianas arropadas por los vecinos, en una recreación de la llamada Festa de la Infantesa –Fiesta de la Infancia–, celebrada en la Segunda República.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sostiene en conversación con infoLibre que, pese a que pueda parecer polémico, reivindicar la figura de las reinas magas es “una evolución”. Destaca que, tradicionalmente, se ha identificado a los reyes magos como “sabios de Oriente”, y denuncia que la sabiduría se haya vinculado a los hombres, “igual que la figura de Dios”. “Se trata de reivindicar el papel que siempre se nos ha negado, y que las mujeres podamos también ser magas”, relata Besteiro, “y no sólo brujas”. En este punto coincide con ella Pilar López, especialista en Género y Comunicación, quien señala que en inglés el término empleado es wise, es decir, sabio.

“Dado que hay tantas mujeres sabias, es muy conveniente que puedan estar representadas en las cabalgatas”, a lo que añade que “deberían ir vestidas de reinas, y que las niñas puedan tenerlas como modelo”.

Pilar López destaca además las mutaciones que han sufrido este tipo de relatos a lo largo de la Historia: “La dialéctica de la vida cambia, este tipo de montajes representan intereses simbólicos y es lógico que evolucionen”, especialmente, señala, cuando el siglo XX y el XXI, “ha sido la época en que las mujeres hemos empezado a intentar ser escuchadas”.

En cuanto a la confusión que, sostienen las voces críticas, puede generar en los niños –acostumbrados a una tradición aplastantemente masculina–, las expertas optan por hacer pedagogía. Besteiro defiende que “los niños no identifiquen únicamente con hombres a quienes transforman su realidad cotidiana en una noche mágica”, mientras que Nina Infante apunta a su experiencia junto a las cuentacuentos de Castilla y León: “Los niños y las niñas hablaban con ellas, estaban emocionados”, afirma, al tiempo que destaca la importancia de “dar visibilidad y entender otra forma de hacer las cosas”.

Pese al habitual argumento basado en el ataque hacia la tradición religiosa, incluso la Iglesia católica, el papa Francisco incluyó a una niña para representar a uno de los reyes magos durante la primera misa de este año en la Basílica de San Pedro.

Cabalgatas sin animales

Otra de las medidas que han adoptado algunos ayuntamientos es la de no incluir animales en las cabalgatas y festejos navideños. 

Ya en agosto Zaragoza había anunciado que vetaría su uso y ciudades como A Coruña, Valencia o Madrid han suprimido por completo la presencia de animales, con el fin de mejorar su bienestar e impedir su explotación en este tipo de eventos. En la capital madrileña, los camellos serán sustituidos por carros, y el tradicional desfile de las ocas de José Miguel Espinosa, Miguelín, que venían desde Palencia, no tuvo lugar este año.

El pastor José Miguel Espinosa y sus ocas amaestradas.

Fue una jornada para la reparación y la normalización política. Este viernes, 9 de Octubre, Valencia celebró su diada y conmemoró que, hace 777 años, el monarca Jaume I arrebató la ciudad a los musulmanes. Una fecha que el Partido Popular convirtió durante 20 años en agasajo de propios y rechazo de contrarios. En el Palau de la Generalitat se organizaron costosísimos ágapes y se condecoró con la máxima distinción del Consell a toreros como Vicente Barrera o Enrique Ponce y arquitectos como Santiago Calatrava, que en ese tiempo recibía sustanciosos contratos públicos a dedo y con sobrecostes de hasta el 300%, como en la Ciudad de les Artes y las Ciencias. También fueron lisonjeados empresarios afines como Juan Roig, presidente de Mercadona, y religiosos como el actual arzobispo, Antonio Cañizares. De hecho, el PP inoculó a la cita una fuerte dosis de confesionalidad y distinguió a todo tipo coros catedralicios, colegios de huérfanos, festividades pías y órdenes religiosas como las Terciarias Capuchinas.

En cambio, este viernes, el president Ximo Puig, presidió un acto de fuerte simbolismo por lo que supuso de desagravio contra el olvido. El primer gran reconocimiento se lo llevó la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio. Su presidenta, Beatriz Garrote, con los ojos arrasados tras 9 años de lágrimas, dedicó el galardón a los 43 muertos y 47 heridos que perdieron la vida aquella mañana de julio de 2006 a pocos metros de la estación de Jesús. “Su lucha se resume en una palabra: dignidad”, apuntó Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, quien valoró su negativa “a no resignarse al dolor del silencio añadido al dolor de la pérdida”. Por su parte Garrote solicitó que las víctimas “nunca más se vean enfrentada a las instituciones”. “Que este gesto esté lleno de contenido”, exigió en referencia a la comisión de investigación que se reabrirá a partir del 9 de noviembre.

El otro gran acto de expiación fue hacia el cantautor Raimon, quien también recibió la Alta Distinción de la Generalitat tras años de indiferencia, cuando no censura, por parte del Partido Popular. “No sé porqué se procuró que no tuviera una presencia normal aquí y viniera a cantar a la gente que quería escucharme”, lamentó durante una ceremonia sobria que cerró Ximo Puig con un alegato por la mejora de la financiación después que esta semana Les Corts aprobaran por unanimidad una propuesta de resolución para exigir al Gobierno central una reforma del sistema de reparto autonómico. “Tenemos un 88% de la renta per cápita respecto a la media estatal”, criticó Puig, quien insistió que a los valencianos “se les trata como si no fueran nadie o invisibles”. “El tiempo de las falsas ofrendas se ha acabado”, proclamó.

Insultos y comitivas

Al acto protocolario acudieron los expresidentes de la Generalitat Joan Lerma y Eduardo Zaplana. Este último fue durante años otro de los ausentes ilustres a causa de su guerra interna con Francisco Camps por el control interno de la formación. “El PP no está en su mejor momento electoral y desde hace tiempo el mapa político español se está moviendo”, reconoció Zaplana tras la ceremonia. Mientras, el grueso del Partido Popular, con la ex alcaldesa y ahora senadora Rita Barberá a la cabeza, se concentraba en la catedral de Valencia para seguir el Te Deum (acción de gracias) en homenaje a la Senyera, la bandera de la ciudad: cuatribarrada con franja azul coronada. La entrada del emblema al templo se incluyó en 1991 con la llegada de Barberá al consistorio. El nuevo alcalde, Joan Ribó, decidió suprimir este acto. “Hay que separar las cosas de la Iglesia de las cosas del Estado. Y el ayuntamiento es Estado”, explicó.

Y Ribó fue quien portó la bandera histórica, de 18 quilos y 3,3 metros de altura, por las calles del centro. Un itinerario de 40 minutos en los que recibió, por una parte, continuos insultos y gritos de “catalanista” y por otra aplausos. Una evidencia de una ruptura social que también es histórica. Cada 9 de Octubre, grupos ultras se manifiestan en la calle y la jornada suele acabar en escaramuzas a salivazos y golpes con palos de banderas. Esta cita estaba considerada de especial riesgo por ser la primera tras victoria de la izquierda en la pasadas municipales. De hecho en los últimos días se había redoblado la escolta de Ribó al detectarse en internet movimientos extremos organizándose para la diada y pintadas amenazantes en las calles.

“Es normal que haya opiniones enfrentadas”, apuntó Ribó tras concluir la marcha y, acto seguido, aseguró no sentirse identificado con el catalanismo. “No es bueno confundir dónde se nace con lo que se piensa”, explicó en referencia a los gritos de quienes le acusaron de haber nacido en Manresa (Barcelona), localidad desde donde llegó siendo muy joven. De hecho Ribó ha realizado toda su vida profesional y política en Valencia. Pese a los improperios, el alcalde se mostró satisfecho por un recorrido que, según las cifras oficiales, reunió 60.000 participantes y transcurrió sin altercados ni apenas identificaciones. Por la tarde, miles de manifestantes volvieron a recorrer el centro bajo el lema “Nueva financiación, nuevo país” y se escucharon gritos soberanistas y a favor de la reapertura de Radiotelevisión valenciana y del regreso de las emisiones de TV3, suprimidas por el Partido Popular en 2011.

La que obtiene la mejor puntuación es Ada Colau (Barcelona en Comú), con un 6,05; seguida de Carmena, con un 5,99; y Ribó, con un 5,06. Además, la alcaldesa de Madrid (Ahora Madrid) es la líder política mejor valorada por los ciudadanos de la capital, por delante de Antonio Miguel Carmona (4,91), Begoña Villacís (4,85) y Esperanza Aguirre (2,96).

Lo mismo ocurre en Barcelona, donde la puntuación más alta es para Colau y donde solo Alfred Bosch (ERC) se acerca a ella, con un 5,18. En los siguientes puestos se sitúan Xavier Trias (CiU), con un 4,88; María José Lecha (CUP), 4,50; Jaume Collboni (PSC), 4,31; Carina Mejías (Ciudadanos), 2,72; y Alberto Fernández (PP), 2,14.

La situación se repite también en Valencia, pero no en Zaragoza. El alcalde valenciano (Compromís) supera a Fernando Giner (C's), con un 3,65; Jordi Peris (Valencia en Comú), 3,57; Joan Calabuig (PSOE), 3,51; y Rita Barberá (PP), 2,87.

En cambio, en la capital aragonesa, Santisteve (Zaragoza en Común) no encabeza el ránking en la valoración de líderes, donde por delante de él se sitúan Carlos Pérez Anadón (PSOE), con un 4,54; Eloy Suárez Lamata (PP), 4,31; Juan Martín Expósito (CHA), 4,30; y Elena Martínez (C's), 4,05.

Casi todas las comunidades prefieren gobiernos de coalición

Según esta misma encuesta, un pacto entre el PSOE y Podemos es la opción preferida por los ciudadanos para la formación de los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana –en esta última sumando a Compromís–.

A los madrileños también les habría gustado más ese tipo de alianza que un Ejecutivo del PP en solitario o que una coalición PP-Ciudadanos, pese a que los resultados electorales impidieron esa opción.

A la pregunta de qué fórmula de gobierno preferían al no alcanzar ninguna fuerza política la mayoría absoluta, en Castilla-La Mancha el 38% de los encuestados contestaron que una coalición entre PSOE y Podemos, y esa misma alternativa es la favorita para el 29,5% de los entrevistados en Madrid.

De las trece regiones donde hubo elecciones en mayo –exceptuando Castilla y León, en cuyo estudio no se incluye esa pregunta–, solo en Asturias y Extremadura los encuestados apuestan por un partido gobernando en solitario, concretamente el PSOE, con un 22,6% de apoyo en Asturias y un 37,5% en Extremadura.

En cinco comunidades autónomas, los ciudadanos respondieron que lo que más les gustaría es un tripartito formado por PSOE, Podemos y otro partido. En la Comunidad Valenciana, con Compromís (opción elegida por el 21,3%); en Baleares, con MES (26,5%); y en Aragón, con el CHA (34,8%).

En Murcia y La Rioja, gobernadas por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos, que permitió la investidura de Pedro Antonio Sánchez y de José Ignacio Ceniceros, la primera opción para los encuestados es una alianza entre PSOE, Podemos y C's (un 27,7% y 28,3%, respectivamente).

En Cantabria, los ciudadanos parecen están conformes con el pacto de gobierno del PRC con el PSOE, ya que es la alternativa que obtiene el mayor porcentaje en el estudio del CIS, un 21,7%. Tampoco se diferencian mucho de la realidad las preferencias expresadas por los navarros, que eligen como primera opción un gobierno de coalición compuesto por Geroa Bai, Podemos y Bildu (en el acuerdo alcanzado en junio estaba también Izquierda-Ekkerra).

Por último, en Canarias no queda muy claro qué les habría gustado como gobierno, ya que el mayor porcentaje, el 28,2%, se concentra en la respuesta "otra alternativa", sin más detalle. Para el 17,3%, lo mejor es un gobierno de coalición de CC-PNC y PSOE –el pacto que sustenta actualmente al Ejecutivo canario–; para el 10,2%, un gobierno de CC-PNC en solitario; para el 10%, una alianza de CC-PNC y PP; y para el 4,8%, una coalición entre PSOE y PP.

La Policía Local de Valencia no prestará a partir de ahora sus servicios en los desahucios que se ejecuten en la ciudad, anunció este miércoles el alcalde, Joan Ribó (Compromís), medida que tiene el objetivol de hacer de Valencia "una ciudad libre de desahucios".

Ribó explicó que su ayuntamiento trabaja en estos momentos para evitar que el próximo lunes se ejecute el desahucio de una mujer de 70 años con una alta minusvalía y un hijo parado de larga duración.

El alcalde comunicó a la Delegación de Gobierno su decisión de que la Policía Local no actuará en los desahucios si bien admitió que la Policía Nacional tendría que acudir a apoyar la acción judicial.

Sobre el desalojo del lunes, el alcalde explicó que la mujer tiene una discapacidad del 72 %, un hijo parado y con problemas de salud, que cobra una pensión de poco más de 300 euros y que mantiene una deuda de 55.000 euros por adaptaciones en su vivienda con el banco Primus, que opera por internet y pertenece a un conglomerado del banco francés BCP.

El regidor envió una carta al banco argumentando que la deuda es "insignificante ante el daño causado".

Que alcaldes y concejales participen en procesiones, misas y actos religiosos en función de su cargo es una estampa aún habitual en España. Pero muchos de los nuevos equipos de gobierno locales, elegidos en las pasadas elecciones del 24 de mayo, pretenden que eso cambie y por ello los regidores de ciudades como Valencia, Oviedo, Barcelona o Zaragoza han puesto en marcha medidas que van desde la no asistencia a los ritos hasta su negativa a financiar o ceder espacios públicos para actividades privadas de la Iglesia.

Por contra, otros alcaldes tienen la intención de seguir manteniendo la tradición. Entre ellos se encuentra el regidor de Cádiz, José María González KichiKichi, que hace un par de semanas recibió la medalla de hermano de la Cofradía del Nazareno de la ciudad y argumentó que el santo "es uno de los grandes representantes de la cultura gaditana". En cualquier caso, los expertos consultados por infoLibre restan importancia a la influencia que puedan tener estos actos a nivel electoral, si bien señalan que el hecho de que se hayan comenzado a dar pasos en favor del laicismo puede provocar que otras administraciones imiten estas medidas. Por su parte, los activistas por la laicidad se felicitan por los avances, aunque aseguran que no hay que "bajar la guardia".

Quien dio el pistoletazo de salida fue el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Compostela Aberta), que antes de tomar posesión como regidor anunció que no participaría en la ofrenda al Apóstol Santiago en la catedral de la ciudad y, días después, señaló que tampoco tenía intención de acudir a la ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Señor Sacramentado, celebrada el 14 de julio y en la que sí estuvieron multitud de alcaldes de PP y PSOE. “Soy de los que pienso que no le corresponde a un alcalde pedirle al Apóstol que termine con el desempleo y la corrupción”, argumentó Noriega en un artículo publicado en Praza Pública.

Tampoco estuvo en este acto el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), que en su lugar participó en un homenaje a la matemática María Wonenburger, fallecida en 2014, que fue la primera española que logró una beca Fullbright –un prestigioso programa de intercambio– para doctorarse en EEUU. “Hoy el alcalde de A Coruña está donde tenía que estar, homenajeando a la ciencia, homenajeando al conocimiento, y homenajeando a una coruñesa”, sostuvo entonces Ferreiro.

Pero no sólo los acaldes de las mareas gallegas han sido protagonistas de este tipo de actuaciones. La regidora de Barcelona, Ada Colau, provocó la polémica el pasado 16 de julio cuando negó el permiso para que se celebrase una misa por los caídos del bando golpista en la Guerra Civil en el antiguo santuario en el castillo de Montjuïc, un edificio cuya propiedad es del Ayuntamiento. Días, más tarde, el 22 del mismo mes, Colau anunció que la tradicional misa de la Mercè no se incluiría dentro del programa oficial de los festejos populares del mismo nombre –los más grandes de Barcelona– para "adaptar la fiesta a lo que es el principio básico de la aconfesionalidad y laicidad de las instituciones".

El rito, obviamente, se celebrará como habitualmente, pero Colau anunció que ni ella ni niguno de sus concejales acudirán en representación del Ayuntamiento. Y la misma medida quiere impulsar el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), pero incluyendo todos los actos religiosos y a todos los ediles de la corporación, para lo cual el Gobierno municipal impulsará una reforma del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del consistorio. De esta forma, Santisteve pretende que la asistencia a festejos populares de miembros del Ayuntamiento en calidad de tal sea voluntaria, así como establecer que los concejales sólo puedan asistir a oficios religiosos a título individual.

No se financiarán misas y los funerales serán laicos

El nuevo Ejecutivo local de Oviedo –que integran PSOE, Somos Oviedo e IU–, por su parte, ha puesto en el punto de mira no tanto la presencia de concejales en actos religiosos, sino su financiación con fondos públicos. Y por ello la vicealcaldesa, Ana Taboada, anunció que el Ayuntamiento dejará de aportar dinero para ritos como la misa en recuerdo de Alfonso II, rey del antiguo Reino de Asturias. De la misma forma, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, dio orden a la Policía municipal y los bomberos para que no escolten las procesiones durante la Semana Santa.

Según informa el diario El Comercio, el consistorio ovetense sí se plantea seguir financiando actos culturales que se celebren en el interior de las iglesias o centros religiosos, para lo cual planea aprobar un plan que fije los criterios para distinguir unas actividades de otras. Y el Ayuntamiento de Valencia también establecerá una diferenciación similar: su alcalde, Joan Ribó (Compromís), señaló a finales de julio que el consistorio estará presente como institución en aquellas manifestaciones religiosas que entienda que tienen un valor cultural –aunque no las presidirá–, pero no incluirá actos litúrgicos en los actos que organice. De esta forma, la bandera valenciana no entrará a la catedral de la capital durante la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre.

Y si el Gobierno municipal de Valencia se ha manifestado con respecto a los actos festivos, el nuevo Ejecutivo de la Generalitat –que preside el socialista Ximo Puig con apoyo de Compromís– lo ha hecho en referencia a los funerales oficiales, que actualmente se celebran bajo el rito católico. La vicepresidenta autonómica y portavoz del Gobierno, Mónica Oltra, explicó a finales de julio que la Generalitat prepara un protocolo para respetar "libertad religiosa y de culto" en los sepelios que organice la comunidad, que no se adscribirán a ninguna confesión religiosa.

Europa Laica aprueba las medidas desde la cautela

Todas estas actuaciones son "muy positivas" para Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que no obstante pide no echar las campanas al vuelo porque, a su juicio, aún queda mucho por hacer para lograr la verdadera separación entre la Iglesia y el Estado en España. "Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad, porque son las instituciones que tienen la relación más directa con la ciudadanía y se pueden hacer más cosas" en este sentido, sostiene Delgado, que no obstante denuncia que el grueso de la relación entre los ámbitos religioso y político está fijada por el Concordato de 1979, que depende del Gobierno central.

"No es oro todo lo que reluce", señala sin embargo el activista, que denuncia que muchos de los nuevos Gobiernos locales y regionales siguen manteniendo la presencia de la Iglesia y sus símbolos en actos políticos y viceversa. "El nuevo Gobierno navarro, por ejemplo, ha jurado y prometido sus cargos delante del crucifijo, como siempre", denuncia Delgado en referencia al Ejecutivo encabezado por Uxue Barkos. Más reacio se muestra a criticar al alcalde de Cádiz, si bien desliza que "él verá lo que tiene que hacer para cumplir el mandato de quien le ha votado".

Los expertos consultados por infoLibre dudan de que las actuaciones llevadas a cabo por los Gobiernos municipales y autonómicos en pro de la laicidad vayan a tener un efecto importante en sus expectativas electorales. "Al final, lo que la gente quiere es tener su ciudad más limpia" y no le importan tanto las medidas de carácter más ideológico, resume Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid  (UC3M), que no obstante asegura que las iniciativas en pro de la laicidad atesoran un gran capital simbólico.

"Perdidas o ganancias mínimas"

"Estas medidas tienen dos motivaciones", señala Simón: "la convicción, y la realización de ajustes hasta que sepas cuánto margen de maniobra tienes en el Ayuntamiento". "Por una parte, los nuevos alcaldes creen que tienen que cambiarse estas tradiciones en los ayuntamientos porque pertenecen a unas élites más a la izquierda del PSOE, que las ha mantenido, y por otra parte es efecto de que los ayuntamientos aún tienen un margen de maniobra estrecho, porque no saben cuánto pueden cambiar las políticas publicas", explica el experto, que señala que hasta las elecciones generales este tipo de medidas tendrán mucho peso en los nuevos Gobiernos.

"Los debates simbólicos son los más baratos y los más fáciles, el problema es que caducan rápido", sostiene Simón, que asegura que estas medidas vienen bien a los nuevos Ejecutivos "para evidenciar que tienen vocación de cambio", pero son iniciativas que "se olvidan muy rápido". "El margen que tengan las candidaturas para cambiar las políticas públicas tendrá mucho más efecto en el voto", remacha el especialista. Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en opinión pública, está de acuerdo: "Los movimientos de voto que pueden provocar estas medidas son pérdidas o ganancias mínimas".

"Estos cambios sólo provocan pequeños flujos, porque los apoyan minorías muy activas, y los que están muy a la derecha lo viven como una afrenta a sus creencias, pero no te votaban igualmente", abunda Bouza. Esta falta de implicación de la mayoría de la ciudadanía con estas cuestiones también se nota en que no existe un clamor por cambios como los realizados por los nuevos alcaldes. "Dudo que haya una mayoría que lo apoye, porque la gente está acostumbrada" a que sus regidores participen en fiestas religiosas, opina el catedrático, que sin embargo contrapone que sí existe una reivindicación "activa" en la sociedad para limitar "la interferencia excesiva de la Iglesia en la escuela".

Tirar del PSOE hacia la izquierda

Este desinterés, no obstante, también es uno de los factores de que la gente "se esté adaptando" a los cambios sin que ocurra "nada extraordinario", según Bouza. Para Simón, por su parte, que se hayan comenzado a tomar medidas en pro de la laicidad en algunos ayuntamientos va a provocar un "efecto contagio". "Al final, va a haber cesiones a la izquierda del PSOE allí donde este gobierne" con apoyo de otras fuerzas, sostiene el politólogo, que explica que influirán en los posibles cambios "tanto el tamaño del municipio, como la idiosincrasia y el tamaño de la agrupación local del PSOE".

"En los pueblos de Andalucía, tomar esta decisión sería mucho más costosa que en el norte de España", ejemplifica Simón en este sentido. De cara a las generales, es otro cantar. "Se va a jugar a polarizar el voto, y este tipo de cuestiones pueden servir para movilizar a tu electorado", señala el experto, que no obstante alerta: las medidas con un marcado carácter ideológico "pueden convertirse en un bumerán, porque no está nada claro quién se vaya a beneficiar de esta movilización, si la derecha o la izquierda". La respuesta, el próximo diciembre.

Con 14 años menos, Rita Barberá es una alcaldesa sin canas, chaqueta oscura de rayas y blusa blanca. Una alcaldesa de indiscutible mayoría absoluta que fuma compulsivamente desde la presidencia del hemiciclo. Es el 25 de enero de 2001 y, entre cigarro y cigarro, escucha con calmoso desdén a los vecinos que se oponen a su proyecto urbanístico estrella: el derribo de 1.651 viviendas en el histórico barrio del Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Muchos de los afectados han pasado la noche a las puertas del Ayuntamiento golpeando sartenes y soplando silbatos. Josefa Nicolau interviene desde la tribuna: “Nuestras casas no las tiraron las bombas de la guerra, ustedes tampoco las tirarán”. Barberá retuerce la colilla en el cenicero y manda votar. “Por 20 votos a favor y 12 en contra se aprueba el dictamen”. Y desde los palcos, una decena de activistas de Salvem el Cabanyal, plataforma opuesta a los derribos, manchan sus caras con pintura roja y quedan en silencio, de pie y con los brazos en alto, hasta que son desalojados poco después.

Este jueves, a partir de las 10.00, se repetirá la escena, pero a la inversa. En el primer pleno de Joan Ribó, de Compromís, su primera gran decisión como alcalde está incluida en el puesto número 21 del orden del día: la derogación del Plan del Cabanyal. El reloj crujirá entonces hacia atrás en un ejercicio de vértigo hasta poner el cronómetro a cero. No estará Josefa Nicolau, que murió en 2010 en su casa de la calle de San Pedro, repleta de solares y viviendas tapiadas. Tampoco Rita Barberá, que tras perder la alcaldía el pasado 24 de mayo, renunció a su acta de concejal y puso pies en polvorosa en dirección al Senado.

Sí que acudirán algunos de los vecinos que aquel día se pintaron de rojo para simbolizar la herida que se abría para doler mucho durante demasiado tiempo. Por ejemplo, Maribel Domènech, actual portavoz de Salvem el Cabanyal, quien reconoce que por primera vez en lustros duerme a pierna suelta. “Antes me despertaba tres y cuatro veces por la tensión inconsciente de vivir permanentemente bajo amenaza”. Una amenaza de 17 años, ya que aquel 25 de enero se aprobó definitivamente el plan, pero desde 1997 la propuesta demoledora había pasado de los periódicos a las comisiones de urbanismo, y de ahí a los anteproyectos donde se decretaba suspensión de licencias como preludio a las excavadoras.

“Fue un época muy dura, muy bestia”, recuerda Ana Civera, presente en el histórico pleno y aporreada por la Policía el 8 de abril de 2010, fecha de los últimos derribos pese a estar en vigor una orden ministerial que los impedía al considerarlos un expolio del patrimonio español. “Fue una atrocidad y una barbarie de principio a fin”, rememora Adelina Serna, actual abogada de Salvem, para quien han sido “17 años de Edad Media en pleno siglo XXI”.

Una comparación que va más allá de la retórica, ya que Barberá ha llegado a comportarse como el caudillo de un ejército al asedio de una plaza apetecida. En el Cabanyal se han negado reformas, traspasos, cédulas de habitabilidad y la limpieza básica en la calles condenadas. Y se ha permitido la venta de droga e incentivado la conformación de bolsas de pobreza. El Ayuntamiento de Barberá compró 500 viviendas cuatro veces por debajo del precio de mercado, las destrozó por dentro para hacerlas inhabitables, las tapió, las abandonó. Marrón y ocre han sido los colores con los que se pintaban las propiedades municipales. Estética militar, zona de guerra. Una de las primeras medidas que han exigido los vecinos es la eliminación de los colores del estigma. El Ayuntamiento se ha comprometido a dejar los muros limpios para septiembre.

Compromiso millonario

No es el único compromiso. Joan Ribó ha expresado que la avenida de Blasco Ibáñez “acaba donde acaba”. Y ha destinado 10 millones del Plan Confianza (el que impulsó Francisco Camps para contrarrestar el Plan E de Zapatero), asignados a demoliciones y a regeneración de espacios urbanos. Otros 4,5 millones irán a parar a la red arterial de colectores y cerca de 6 más a pavimentación de calles. Además, se solicitará en octubre 120 millones a Europa para un programa de rehabilitación de espacios urbanos que se gestiona a través del Ministerio de Hacienda. Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente ya ha comprometido 234.000 euros hasta fin de año para refuerzos en la limpieza diaria.

Más difícil de delimitar y consensuar es el destino de las 500 viviendas de propiedad municipal. Desde la Concejalía de Urbanismo se ha anunciado una auditoría para analizar el estado de salud de las casas. Algunas de ellas están gravemente afectadas y otras están ocupadas por familias sin recursos. “Una de las líneas rojas de este Ayuntamiento es cero desalojos”, ha explicado reiteradamente Consol Castillo, concejala de Bienestar Social, de Compromís. Además, en el Cabanyal habita un centenar de familias gitanas rumanas que viven de la chatarra. Son materiales que guardan en las casas y que provocan protestas en una parte del vecindario. La Policía Local ya ha empezado a identificar y a clausurar algunos de estos almacenes.

La comunidad rumana, congregada a través del culto evangélico, lamenta que esta presión les deja sin recursos para alimentar a sus familias. Y aunque Policía y Servicios Sociales supuestamente trabajan codo con codo en una comisión de urgencia creada el 2 de julio pasado, la propia Castillo reconoce que los medios de Servicios Sociales hasta ahora “son ridículos” y Jordi Peris, segundo teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana (València en Comú), admite que el Consistorio carece de recursos “para que mediadores interculturales trabajen en el barrio”. Esta descompensación entre la sanción y la alternativa ha puesto en guardia a algunos colectivos del barrio como Millorem, asociación en su mayoría de población gitana. Su portavoz, Tomás Correas, demanda “empleo, educación y atención social a colectivos que han sido deliberadamente marginados para provocar una fractura en el barrio y a los que el nuevo Ayuntamiento no puede seguir dándoles la espalda”.

“No es una etapa fácil”, subraya Adelina Serna. “Todo es sencillo cuando el objetivo es común. Ahora hay muchos objetivos y no podemos fallar a ninguno”, opina sobre la puesta en hora del viejo reloj parado 17 años y los riesgos de que las manillas empiecen a girar a demasiada velocidad.