Un equipo de científicos de tres universidades andaluzas ha dado este martes la voz de alarma sobre la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces, en Sevilla, que llevarían al Guadalquivir al colapso por la acumulación de metales pesados. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su puesta en marcha y da por buenos los exámenes ambientales de las compañías, pero el grupo de expertos califica esa decisión de "inaudita" y avisa de que los vertidos de estas instalaciones pondrán en riesgo a los vecinos, al ecosistema, a la ganadería y a la pesca andaluza.

Para estos expertos, los exámenes ambientales aportados por las mineras (Resource Capital Funds y Grupo México) son "demasiado simplistas" y "no tienen una base científica y técnica" porque minimizan o ignoran los impactos que las nuevas minas tendrán sobre el Guadalquivir.

Este grupo de nueve investigadores, liderados por Jesús M. Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla, ha realizado sus propias estimaciones de vertidos y calcula que Aznalcóllar verterá en 17 años un máximo de 35 toneladas de aluminio, 27 de hierro y de manganeso, 5,6 de cobre, 2,7 de arsénico, 797 kg de plomo, 67 kg de cadmio y 24 kg de mercurio al estuario del río. Las Cruces, por su parte, volcará en el Guadalquivir 1,6 toneladas de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio.

La minería histórica en esa región ya ha contaminado la cuenca, asegura Castillo, pero si finalmente se ponen en marcha estas dos, se abriría la puerta al colapso del ecosistema, que afectaría además al Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. "El fondo del estuario del Guadalquivir ya está contaminado y hay un efecto ecotóxico ya demostrado. Si se abren las dos minas, el impacto actual se multiplicaría por diez, o más", advierte el investigador.

Aunque Aznalcóllar lleva sin funcionar desde 1998 –después de que colapsara y causara uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente–, y pese a que Las Cruces cesó la extracción de minerales en 2021, la región sigue sufriendo la contaminación de forma continua. Las Cruces lleva desde 2009 vertiendo aguas con metales pesados al Guadalquivir, mientras que las escombreras de la antigua Aznalcóllar se inundan cuando llueve y arrastran aguas ácidas con metales al río.

Las conclusiones de los investigadores han sido publicadas en una de las revistas científicas de Oxford Academic y en el artículo han participado nueve expertos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada de diferentes especialidades. Su principal crítica es que las declaraciones de impacto ambiental "no son científicas" porque asumen que los metales pesados llegarán al río, se disolverán y acabarán en el mar.

"No sabemos si es por ignorancia o por mala intención, pero entender así el comportamiento del estuario del Guadalquivir no tiene ni pies ni cabeza", opina Castillo. Explica que este río tiene muchísima turbidez y los metales se adhieren a la arcilla y a otras partículas, se depositan en el fondo y terminan contaminando el suelo, las plantas y los animales. "Es inaudito que no haya un técnico de la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta de Andalucía] que no sepa que los metales se unen a estas partículas, es difícil de creer".

Para frenar este daño, los nueve investigadores piden en el estudio una moratoria sobre la apertura de las dos minas hasta que se realicen los análisis necesarios. "Dada la ausencia de estudios de campo exhaustivos sobre las posibles consecuencias de los vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, sumada a la evidencia existente de contaminación por metales en su interior, y de acuerdo con el principio de precaución, recomendamos encarecidamente evitar cualquier vertido minero en el estuario del Guadalquivir", se lee en la publicación científica.

La mina de Aznalcóllar, de hecho, está todavía a tiempo de ser paralizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Según Jesús M. Castillo, la mina ya tiene toda la documentación para empezar a funcionar, pero depende de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, para vaciar las cortas de la antigua mina y para disponer de agua para su operación durante los próximos 17 años.

Ante la evidencia de que esos metales pesados también acaban en los peces que luego se pescan –y en las plantas que luego se come el ganado–, los autores piden incluso paralizar la venta de la liza ramada en ese estuario, un pescado muy común en la zona en el que se han encontrado altas concentraciones de cadmio, zinc y magnesio.

"La salud humana podría verse amenazada por el consumo de carne y mariscos contaminados. Se han registrado concentraciones relativamente altas de varios metales (cromo, magnesio, plomo y zinc) en el tejido muscular de la liza ramada en el estuario interior. Esta especie de pescado se consume comúnmente en la zona de estudio, y su consumo debe suspenderse hasta que se analice a fondo esta contaminación", se lee en la publicación.

Remedios Cabrera, una de las autoras del estudio y profesora de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, advirtió en el encuentro con la prensa este martes del riesgo de acabar con toda la pesca en la Bahía de Cádiz. "Todo lo que pasa aguas arriba del Guadalquivir afecta al estuario y afecta a la pesca. Los pescadores de Cádiz ya tienen bastantes restricciones como para que sufran otro castigo, necesitamos una moratoria sobre las dos minas", apuntó la experta. Añadió que esa crisis ecológica ha llegado ya, en realidad, hasta el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, puesto que esos contaminantes atraviesan la cuenca, llegan hasta el Atlántico y las corrientes los arrastran por toda la costa andaluza.

Los investigadores proponen también que la Junta de Andalucía constituya un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno regional sobre el problema de los metales pesados en el Guadalquivir. El estudio ha sido presentado este martes en Sevilla junto a los alcaldes de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y la concejala de Medio Ambiente de Sanlúcar de Barrameda. El de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. La organización de consumidores Facua también se prepara para poner una denuncia similar.

Investigadores de la Universidad de Sevilla advierten de que la futura mina de Aznalcóllar, que acaba de recibir todos los permisos para su reapertura, ya ha vertido metales pesados al río Guadiamar, cuyas aguas acaban en el Parque Nacional de Doñana. La noticia evidencia que Grupo México y Magtel, las nuevas compañías que explotarán las cortas —un tipo de explotación minera—, han incumplido su compromiso de impacto cero antes incluso de iniciar las obras para reabrir la instalación, como ya advertían los ecologistas y expertos ambientales.

Jesús M. Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, explica que las fuertes lluvias de marzo inundaron las históricas escombreras que rodean la mina original, y arrastraron aguas ácidas con un bajo pH y altos contenidos de metales al cauce del Guadiamar. "Esas aguas llevan muchísimo cobre, zinc, cadmio… que son muy tóxicos. Hemos avisado a la Confederación Hidrográfica y al Seprona, y nadie toma medidas. Y todo esto ocurre con los nuevos dueños", advierte el experto.

Castillo ha adelantado las conclusiones de su análisis a infoLibre, y la semana próxima publicará los resultados en un informe. El ecólogo subraya que este desastre ambiental evidencia que la reapertura de Aznalcóllar está en manos de empresas que no tienen intención de proteger el ecosistema porque esos residuos han alcanzado el corredor verde del Guadiamar, el parque Doñana y posiblemente el Bajo Guadalquivir, tres espacios de la Red Natura, uno de ellos Patrimonio Mundial de la Unesco. 

"La contaminación ha matado peces como la anguila europea, que está más protegida que el lince. Y aquí nadie hace nada. Se celebra la apertura de la mina y se le pone una alfombra roja", dice indignado Castillo.

El análisis ha coincidido con el permiso final de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina casi tres décadas después del accidente que precipitó su cierre, la mayor crisis ambiental de la historia de Andalucía. En abril de 1998 reventó la balsa minera de Aznalcóllar por una negligencia de sus dueños y se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados al Guadiamar. Este río es afluente del Guadalquivir y la principal aportación de agua a Doñana, aunque los lodos solo penetraron brevemente en el parque nacional.

Tras años de reparaciones y millones de euros —que se libró de pagar la entonces dueña de las dos cortas, Boliden— la Junta volvió a sacar a concurso la explotación de la mina en 2015 bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE) y el concurso lo ganó la española Magtel, una adjudicación que está precisamente estos días en la Audiencia de Sevilla por un posible delito de malversación, prevaricación y fraude. La empresa que ejecutará el proyecto será finalmente Minera Los Frailes, propiedad del controvertido Grupo México (97,3%) y de Magtel (2,7%).

Además de la dudosa adjudicación, expertos en medioambiente y organizaciones civiles llevan años tratando de frenar la reapertura de la mina por miedo a que se repita la tragedia. La empresa define el proyecto como "la máxima expresión de sostenibilidad", pero los críticos con el proyecto lo ponen en duda. Isidoro Albarreal, especialista en Minas de Ecologistas en Acción, afirma que Minera Los Frailes ya ha dejado claro que no va a velar por el entorno, pero es que la Junta de Andalucía tampoco lo hará. "La Administración no tiene capacidad para controlar las innumerables condiciones técnicas del proyecto, y todo lo que se incumpla se traducirá en daños para el medioambiente", resume.

Los dueños del proyecto empezarán en los próximos meses los trabajos previos a la explotación, y se espera que la extracción de cobre, zinc y plomo comience en 2028, a un ritmo de 2,7 millones de toneladas al año. La vida de la mina será, por ahora, de 17 años.

El proyecto incluye un vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de lodos, que en teoría deben pasar antes por una depuradora que está por construir. A esto hay que sumar otros 17,3 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que ahora almacena una de las dos cortas mineras que hay en la explotación. Allí se vertieron las aguas contaminadas rescatadas tras el accidente de 1998, y antes de poder excavar la mina —que esta vez será subterránea—, hay que vaciar el agujero.

La empresa no obtuvo permiso para verter estos residuos al Guadiamar, pero sí al Guadalquivir, de manera que se va a construir una tubería de 30 kilómetros para poder desaguar los residuos mineros. La teoría es que el Guadalquivir tiene más caudal y el impacto de los residuos metálicos se diluirá, pero los expertos alertan de que la hidrología es mucho más compleja.

Jesús M. Castillo, ecólogo, opina que la Junta se ha querido creer la "historia de ciencia ficción" que ha vendido la minera de que los metales serán arrastrados por el Guadalquivir hasta mar abierto. "Es cierto que la concentración de metales que verterán es baja, pero es la misma historia que ya hemos visto en la mina de Las Cruces (Sevilla). Los metales se pegan a las partículas en suspensión del agua, como la arcilla o la materia orgánica, y se acumulan en el fondo del estuario del Guadalquivir. Después se van liberando, pasan a la red trófica y generan graves problemas de toxicidad". 

Este investigador participó en un análisis publicado en marzo que detectó altas concentraciones de metales pesados en albures, concretamente de zinc, plomo, cromo, manganeso y selenio. El 31% de los peces superan incluso los límites legales de plomo. El origen de la contaminación es la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla, donde se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a convertirse en una mina subterránea de cobre, zinc, plata y plomo.

Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

El 12 de septiembre de 2016, un tribunal de Sevilla condenó a los tres principales directivos de la empresa minera Cobre Las Cruces a un año de cárcel y 293.000 euros de indemnización. Los tres se confesaron culpables de un delito contra el medio ambiente, al contaminar con arsénico un acuífero próximo a la mina de cobre, y otro delito de daños al dominio público, puesto que la compañía extrajo de manera ilegal mucha más agua de la que tenía autorizada. La confesión formó parte de un acuerdo de los tres directivos de la compañía con la Fiscalía, que pedía inicialmente más de cinco años de cárcel, pero al final aceptó reducir la condena a un año, en parte por lo mucho que se había alargado un procedimiento judicial iniciado en 2008.

En febrero de aquel mismo 2016, a pesar de que era público que estaba abierta una causa penal contra Cobre Las Cruces por delitos contra el medio ambiente, esta compañía actuó como coordinadora de un proyecto denominado Inmet, cuyo objetivo era “maximizar el rendimiento de la recuperación de metales y minimizar el consumo de energía y la huella medioambiental”. Inmet formaba parte del programa Horizon y estaba financiado por la Unión Europea con 7,8 millones de euros, de los que 2,73 se quedaron en la caja de Cobre Las Cruces. Esta empresa, que tiene la sede en España pero cuyo propietario es la sociedad canadiense First Quantum Minerals, ha sido elegida para participar en siete proyectos del programa Horizon relacionados con lo que se conoce como materias primas críticas, que son esenciales para la transición energética y la digitalización. En total, se embolsará 5,53 millones de dinero público, lo que convierte a Cobre Las Cruces en la segunda empresa de toda Europa que más fondos recibe en proyectos de Horizon relacionados con materias primas críticas.

A menos de 20 kilómetros de la mina de Cobre Las Cruces, también en la provincia de Sevilla, está la localidad de Aznalcóllar. Allí se produjo en 1998 una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en los últimos 50 años. La rotura de la balsa de la mina de pirita de Aznalcóllar causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. El río tóxico se quedó a las puertas de Doñana, el principal parque nacional de Europa. La dueña de la mina era la multinacional sueca Boliden, que abonó unos 40 millones en indemnizaciones, pero dejó otras facturas sin pagar. La filial española de Boliden se declaró insolvente y el Gobierno español no pudo cobrar los 43 millones que gastó en limpiar los lodos tóxicos. El intento de la Junta de Andalucía de cobrar a Boliden los 89 millones que costó la restauración de la zona también ha fracasado de momento, en este caso por una resolución judicial que exime a la compañía sueca del pago, aunque la sentencia aún no es firme.

Boliden no paga lo que debe por el desastre medioambiental que causó en España, pero cobra sin problema dinero de los contribuyentes europeos. La multinacional sueca ha participado en ocho proyectos del programa Horizon relacionados con materias primas críticas en los últimos diez años, por los que ha recibido 2,7 millones de la UE. Varios de ellos tienen entre sus objetivos “minimizar el impacto medioambiental de las operaciones mineras”.

Investigate Europe ha analizado todos los proyectos financiados por los programas Horizon 2020, iniciativa de la UE que contó con un presupuesto de 80.000 millones entre 2014 y 2020 para impulsar la investigación e innovación, y Horizon Europe, sucesor del anterior que prevé distribuir 95.500 millones entre 2021 y 2027. Entre los miles de proyectos impulsados por los dos programas Horizon –que goza de amplio prestigio entre los científicos del continente– hay 95 que están directamente relacionados con las materias primas críticas. Esos 95 proyectos recibieron en total 667 millones de euros de financiación de la UE y en ellos participaron 1.043 entidades, entre empresas, universidades y centros de investigación.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Esos ataques al medio ambiente por parte de empresas que reciben fondos de la UE no solo se han producido en suelo europeo. Boliden, la causante de la catástrofe de Aznalcóllar, aparece en un informe sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas europeas en terceros países, solicitado por el Parlamento Europeo. La multinacional sueca fue acusada de exportar residuos mineros a Chile, donde un subcontratista se deshizo de ellos sin tratarlos adecuadamente y perjudicando así a la salud de las comunidades locales. La francesa Eramet, que recibió 1,9 millones para cuatro proyectos Horizon, afronta denuncias por destruir los bosques y tierras de tribus locales de Indonesia afectados por la explotación de Weda Bay, la principal mina de níquel del mundo. Otra filial de Eramet, Société Le Nickel, está bajo la lupa por los presuntos daños medioambientales causados en Nueva Caledonia. La británica Anglo American, que recibió algo más de 200.000 euros de un proyecto Horizon, se enfrenta a demandas colectivas en los tribunales por el presunto envenenamiento masivo de niños con plomo en Zambia y acumula denuncias por contaminación en otros lugares como Brasil.

La lista sigue y sigue, con más de una decena de empresas mineras que cumplen esa doble condición de perceptoras de fondos de los programas Horizon relacionados con la transición verde y al mismo tiempo presuntas autoras de abusos medioambientales por todo el planeta.

Investigate Europe preguntó a la Comisión Europea si ser responsable de delitos medioambientales no es incompatible con la percepción de subvenciones. “La Comisión tiene muy en cuenta los factores medioambientales en los proyectos financiados por la UE”, aseguró una portavoz oficial, quien destacó que con el Pacto Verde Europeo se introdujo el principio de “no causar daños significativos”. Además, añadió que en Horizon Europe los participantes deben demostrar que sus proyectos respetan las prioridades climáticas y medioambientales fijadas por la UE. La portavoz evitó pronunciarse sobre el hecho de que esta financiación de empresas acusadas de daños medioambientales se ha producido con frecuencia, a pesar de que en sus preguntas los periodistas señalaron específicamente los casos de Cobre Las Cruces y Boliden.

El análisis sobre quién termina beneficiándose de los fondos Horizon guarda más sorpresas. La UE defiende la necesidad imperiosa de reducir su actual dependencia en materias primas críticas, que es especialmente significativa en el caso de China, pero también importante en el caso de Rusia. Como desveló Investigate Europe, ninguno de los 11 paquetes de sanciones a empresas y oligarcas rusos han afectado a las materias primas críticas, de forma que Europa le sigue comprando sin problemas níquel, cobre, vanadio o titanio.

Lo cierto es que dinero público de Horizon también ha terminado en manos chinas o rusas.

Soil Machine Dynamics Ltd. es una de las principales empresas de robótica submarina del mundo, que pertenece al grupo SMD (Specialist Machine Developments Ltd.), con sede en el Reino Unido. Soil Machine Dynamics recibió 3,53 millones del presupuesto de Horizon para el proyecto Vamos, cuyo objetivo era desarrollar una nueva técnica minera para extraer yacimientos minerales hasta ahora inalcanzables al encontrarse a una profundidad de más de 500 metros. El proyecto se inició el 1 de febrero de 2015 y, cinco días más tarde, el fondo de inversión Inflexion hizo público que había vendido SMD a la compañía Zhuzhou CSR Times Electric, cuyo accionista mayoritario es el Estado chino. Vamos se desarrolló hasta enero de 2019.

Aughinish Alumina es una empresa con sede en Irlanda que refina bauxita, roca de la que se extrae la alúmina utilizada para producir aluminio. La compañía irlandesa pertenece desde 2007 a Rusal, grupo ruso que es líder mundial de la industria del aluminio y uno de cuyos accionistas clave es Oleg Deripaska, que está incluido en la lista de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Aughinish Alumina también está incluida en otra lista, la de beneficiarios del programa Horizon. En concreto, recibió 563.500 euros por su participación en el proyecto RemovAL, que investigó cómo incrementar la utilización de los residuos industriales de bauxita.

Un accionista minoritario de Rusal es otro conocido oligarca ruso, Viktor Vekselberg, multimillonario que agrupa parte de sus inversiones en un holding llamado Renova. Hasta 2018, Renova tenía la mayoría absoluta del capital de la compañía sudafricana Transalloys, dedicada a la producción de ferrroaleciones de manganeso, aunque aquel año redujo su participación por debajo del 25%. La inmensa mayoría de las entidades que han recibido dinero público de Horizon son de la UE, pero también hay alguna de terceros países. Es precisamente el caso de Transalloys. Desde el 1 de enero de 2023 participa en el proyecto HalMan, que pretende desarrollar un proceso para extraer manganeso de forma más sostenible utilizando hidrógeno. La empresa sudafricana recibirá algo más de 73.000 euros del presupuesto de la UE. Los periodistas preguntaron a Transalloys y Renova cuál es la participación accionarial actual de la sociedad de Vekselberg, pero ambas se negaron a responder.

China, Rusia… y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero de los contribuyentes europeos también puede terminar en una sociedad con sede en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Desde allí opera Lancaster Exploration Limited, participante en el proyecto HiTech AlkCarb, cuyo objetivo era aportar a la industria europea de alta tecnología nuevos “modelos de exploración de las zonas alcalinas y carbonatitas”. Lancaster está especializada en la exploración de tierras raras en África y recibió más de 168.000 euros de la UE.

Los periodistas preguntaron a la Comisión Europea si operar desde paraísos fiscales no supone ningún obstáculo a la hora de recibir dinero público de la UE, citando el ejemplo de Lancaster Exploration Limited. “Como norma general, las personas jurídicas deben cumplir toda la legislación aplicable, incluida la fiscal”, respondió la portavoz de la Comisión, sin referirse al caso concreto planteado. Dicha portavoz recordó que “la autoridad otorgante de la subvención de la UE puede poner fin a la participación de un beneficiario” cuando incumple las obligaciones fiscales o de seguridad social o cuando “ha sido creado en una jurisdicción diferente con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro tipo en el país de origen".

El análisis del dinero destinado por la UE a investigación e innovación a través de los programas Horizon demuestra que la preocupación por las materias primas críticas no es algo nuevo, aunque es cierto que se ha intensificado durante los últimos años. Si nos fijamos en el año de inicio y el importe de los 95 proyectos subvencionados, vemos que 2021, 2022 y 2023 son los únicos en que se superan los 100 millones de euros en total. Pero 2015 también fue un año de gran actividad, con la puesta en marcha de 16 proyectos –el récord desde 2014 a falta de conocer los datos finales de 2023–, que recibieron más de 88 millones del presupuesto comunitario.

El único proyecto que arrancó en 2014 se titulaba Optimore y estaba coordinado por Josep Oliva, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. “El objetivo era desarrollar modelos matemáticos para optimizar procesos, desde la trituración hasta la separación, de tántalo y wolframio mediante inteligencia artificial”, explica Oliva en conversación con IE. El profesor destaca que “la participación de la industria en estos proyectos es clave. La UE no apoya proyectos de investigación que no estén apoyados por empresas, donde no se vaya a producir una transferencia de resultados”. En su caso, señala Oliva, las empresas mineras aportaron dos cuestiones: “Nosotros necesitábamos materias primas para trabajar. Y esto lo facilitaron las empresas. Trabajamos con minas de Austria, Reino Unido y España. Y luego es importante trabajar con las empresas para realizar la transferencia de resultados”.

De acuerdo con la clasificación de la propia UE sobre el tipo de entidad perceptora de fondos Horizon para proyectos de materias primas críticas, el 45% del dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro, el 28% a universidades o instituciones educativos y el 20% a centros de investigación.

En cuanto a la distribución por países de los proyectos financiados por Horizon, entidades con sede en Alemania, España, Finlandia y Francia son las que más dinero han recibido.

En el caso de España, hay 122 entidades diferentes que han participado en alguno de los 95 proyectos. Es el país que más tiene. Esas entidades recibieron en total 88,3 millones. Quince de ellas lograron más de dos millones. La lista la encabeza el centro vasco de investigación Tecnalia, con 7,3 millones, seguida de la minera Cobre Las Cruces, con 5,5 millones. Entre las empresas subvencionadas están dos del grupo Maxam, que tiene actividades mineras, pero sobre todo es conocida por ser fabricante de armas. Como desveló infoLibre, el Gobierno español autorizó en 2021 que pasase a estar controlada por accionistas ocultos en las Islas Caimán. Maxam se embolsó 1,8 millones procedentes de proyectos Horizon.

Casi el 90% de los fondos se queda en entidades registradas en los Estados miembros de la UE –incluido Reino Unido en el caso del dinero de Horizon 2020–, algo más del 7,5% lo perciben miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –Noruega es el quinto país que más dinero recibe–, mientras que el 2,5% restante se va a terceros Estados. En total, entidades de 57 países han contado con algún tipo de financiación del programa Horizon.

El lobby minero, aprovechando la preocupación de la UE por incrementar la autonomía europea en materias primas críticas, presiona para lograr que se incremente la financiación pública. Una premisa que ya han asumido las instituciones comunitarias en su propuesta de Reglamento de Materias Primas Críticas, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024. El objetivo de las patronales es que no solo se financie la investigación científica básica, como ocurre con el programa Horizon, sino también la exploración minera.

Lo cierto es que, más allá de Horizon, ya existe más dinero público para la minería, a través de los presupuestos estatales y regionales de los Estados miembro. El pasado 9 de agosto, por ejemplo, la Comisión Europea dio luz verde a una subvención de 26,7 millones concedida por España a la empresa Cobre Las Cruces para que modernice su refinería en el complejo minero de Sevilla. La Comisión cree que esa ayuda estatal contribuirá a los objetivos del Pacto Verde europeo. Y todo ello a pesar de que Cobre Las Cruces no siempre es ejemplo de prácticas “verdes”. Después de los hechos que llevaron a la condena de sus tres principales directivos por delito contra el medio ambiente, el Gobierno español ha sancionado en dos ocasiones a la compañía por quedarse agua ilegalmente en su explotación minera.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva diligencia, en la que fija para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, proceso en el cual pesa la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas.

En concreto, en esta diligencia emitida el pasado miércoles y recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia fija un cronograma para las sesiones del juicio, que comienza los días 3 y 4 de marzo de 2025 con las cuestiones previas, para concluir el 15 de julio de ese mismo año.

Después de que el pasado mes de octubre de 2021, la juez instructora Patricia Fernández Franco acordase la apertura de juicio oral contra las 16 personas procesadas en la causa, figurando entre los afectados por dicha medida los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

El 25 de abril de 1998, la presa minera de Aznalcóllar (Sevilla) reventó y provocó un vertido de entre 5 y 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que supuso uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. Más de 20 años después, el balance de la catástrofe, que muchos piensan que podría haberse evitado, es desigual: los trabajos de recuperación dieron resultados positivos, pero las responsabilidades penales y económicas siguen sin resolverse.

¿Qué pasó?

Todo comenzó con un fuerte ruido. Un muro de contención de una balsa de decantación de la presa, entonces propiedad de la empresa sueca Boliden, se rompió y se desató el desastre: se vertieron 5,5 millones de metros cúbico de lodos tóxicos y alrededor de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con cadmio, zinc, plomo y azufre, entre otros, que se desbordaron sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar. El río de barro recorrió 62 kilómetros, con una anchura media de unos 400 metros, y llegó hasta las puertas del parque nacional de Doñana. En total, se vieron afectadas cerca de 4.600 hectáreas.

El vertido fue, por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo y el mayor de Europa. Según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tuvo un impacto contaminante cien veces superior al del hundimiento del Prestige, el petrolero que en 2002 dejó 63.000 toneladas de fuel óleo en las costas gallegas.

Dos años antes del vertido, en 1996, el periodista de Canal Sur José María Montero hablaba con un antiguo técnico que, desde el anonimato, advertía de que la deficiente estructura de la presa podía reventar "cualquier día" y de los peligros que ello suponía para Doñana. Pero tanto la empresa como las autoridades competentes hicieron caso omiso.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Tras el estallido de la presa, la Junta de Andalucía —con Manuel Chaves a la cabeza—, el Gobierno —presidido por Aznar— y Boliden comenzaron una carrera contrarreloj llenando el Guadiamar de diques y represas para evitar que el lodo tóxico llegase a Doñana. Finalmente, la masa de barro se quedó a las puertas del parque natural.

Como ocurriría en 2002 con el Prestige, la respuesta ciudadana sí estuvo a la altura: una avalancha de voluntarios acudió a la región para colaborar en las tareas de limpieza y de rescate de especies en extinción. En los meses siguientes a la tragedia, se depuraron aguas, se descontaminó la tierra y se retiraron los lodos de toda la superficie afectada (más de 4.500 hectáreas).

Boliden sólo se hizo cargo de la limpieza de la zona más próxima a la balsa; el resto —cerca del 90% de la superficie afectada— recayó sobre el Gobierno y la Junta. Antes de que estas administraciones pudieran iniciar los trámites para que Boliden pagase los más de 133 millones que aún se le reclaman, la empresa sueca recurrió a una táctica frecuente en los desastres medioambientales: en 2001 clausuró la mina y cerró su filial en España. Su marcha, además de complicar la recuperación de los fondos públicos destinados a descontaminar la zona, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores.

El laberinto judicial derivado del desastre sigue activo: en 2014, la Junta de Andalucía convocó el concurso público para su reapertura. Lo ganó la compañía Magtel y Grupo México, pero las presuntas irregularidades en la concesión denunciadas por la empresa perdedora, Emerita Resources, activaron una investigación al año siguiente. Desde entonces, el caso se ha archivado y reabierto varias veces; la última reapertura, ordenada el pasado septiembre por la jueza Mercedes Alaya, tuvo como consecuencia la imputación y dimisión de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) —dependiente del Ministerio de Hacienda— y ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

¿Cómo se informó de ello?

Los periódicos de tirada nacional dieron la noticia un día después de lo sucedido. El 26 de abril de 1998, El País titulaba "Una ola de agua contaminada asedia Doñana". Con un periodismo ambiental aún en ciernes, el papel de Canal Sur en la cobertura del suceso fue clave: ningún medio reaccionó con tanta celeridad. José María Montero, el mismo periodista que en 1996 había alertado del peligro de que la Aznalcóllar reventase, recibió una llamada ese 25 de abril a las 5 de la mañana de un amigo guardia civil: la presa se había roto. "Se me cortó el cuerpo. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo", contaba Montero en 2018 a El Confidencial, rememorando el accidente dos décadas después.

¿Qué consecuencias tuvo?

Las dimensiones del impacto medioambiental fueron trágicas: murieron miles de aves y peces, los acuíferos se vieron muy contaminados y se batió el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas. Según Ecologistas en Acción, se retiraron 7 millones de metros cúbicos de lodos y 30 toneladas de animales muertos. El desastre terminó también con unos 5.000 puestos de empleo y causó unas pérdidas alrededor de 1.800 millones de las antiguas pesetas.

El trabajo coordinado del Gobierno y la Junta, con la colaboración de unos 800 voluntarios, contribuyeron a que actualmente la zona esté prácticamente descontaminada y haya recuperado su riqueza ecológica. Hoy la balsa está sellada y colmatada, y el Guadiamar es un corredor verde protegido fundamental para el tránsito de múltiples especies.

No obstante, y pese a los trabajos de regeneración, Aználcollar aún tiene suelos contaminados: según un estudio de las Universidades de Granada y Almería, cerca del 7% de la zona afectada presenta todavía elevados niveles de acidez y metales pesados como arsénico, plomo, cobre y zinc.

¿Qué cambió?

Pese a las cuentas pendientes, la legislación ha evolucionado en las últimas décadas para impedir que se vuelvan a producir accidentes similares al de Aznalcóllar: la ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales y establece que "quien contamina, paga". Aun así, en muchas ocasiones, los recursos eternizan los procesos y dificultan la capacidad de la justicia para actuar.

En concreto, el periplo judicial del caso de Anzalcóllar ha sufrido múltiples reveses y se extiende hasta hoy en día: el pasado febrero, la Audiencia de Sevilla rechazó suspender la reapertura de la mina. Hasta el momento, los tribunales han tumbado tres veces las peticiones de las organizaciones ecologistas para frenar la reanudación de los trabajos en la mina, un proyecto que Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF tachan de inviable; en su lugar, piden poner fin al extractivismo, iniciar una transición ecológica y encontrar alternativas para la comarca. Cerca de 22 años después del desastre, consideran que el riesgo de que se vuelva a repetir un suceso similar no ha desaparecido.

Pero en el pueblo las cosas se ven distintas. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), trabajador de la mina cuando tuvo lugar el accidente, se expresaba el pasado abril a favor de la reanudación de la actividad minera: "Queremos que todo acabe y la comarca vuelva a ser lo que fuimos. No es de recibo seguir esperando más burocracia y que la gente pase hambre literalmente. La mina supone ese comer". Según indicaba a Europa Press, este proyecto, que acarrearía 30 años de trabajo, 5.000 empleos y 450 millones de inversión, supondría la salvación económica de la comarca. El reto, pues, está en la complicada tarea de conciliar los principios ecologistas con las políticas de empleo que la zona necesita.

La Audiencia de Sevilla reabrió este miércoles el caso Aznalcóllar, que el Gobierno andaluz creía zanjado desde su archivo en noviembre del año pasado. Un auto de 59 páginas de la sección séptima suscrito por cuatro magistrados, entre ellos Mercedes Alaya como ponente, aprecia indicios de "ilegalidades severas y arbitrarias" en la adjudicación del contrato de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la multinacional Grupo México. La empresa derrotada, Emerita Resources, recurrió el archivo del caso y ha logrado que se reabra la investigación penal.

Esta mina, en la que hace 18 años se produjo el histórico vertido contaminante de la multinacional sueca Boliden, ya está de hecho siendo explotada por la empresa ganadora, por lo que esta reapertura del caso proyecta incertidumbres sobre su actividad. A juicio de la Audiencia, hay indicios de responsabilidades penales, no sólo administrativas, en decisiones adoptadas supuestamente para favorecer a Grupo México. Ahora un juzgado de instrucción deberá volver a investigar si Grupo México recibió trato de favor.

La empresa ganadora se impuso con una oferta de 641,5 millones. La denunciante, Emerita Resources, presentó una oferta de 304,6 millones. Las puntuaciones estuvieron muy parejas: 75,9 a 73,6. La Audiencia reprocha a la Junta que diera la misma puntuación económica a ambas ofertas, al estimar las dos cumplían los requisitos económicos. "Una cosa es el cierto margen de discrecionalidad del que goza la Administración para considerar la oferta más ventajosa y otra diferente la introducción en el informe técnico de criterios que no estaban contemplados en el pliego" de contratación, dice el auto.

El presunto delito sería la prevaricación. Es decir, responsables públicos habrían tomado decisiones injustas a sabiendas de que eran injustas y con el añadido de la arbitrariedad, según el auto, que no realiza ninguna imputación pero señala expresamente a María José Asensio, directora de Minas durante el proceso de adjudicación y hoy viceconsejera de Economía y Empleo. Asensio ya fue imputada y cesada durante la primera investigación penal del caso. Tras el archivo fue recuperada y ascendida. Este auto no supone su imputación.

Un emblema industrial del Gobierno andaluz

El auto, que apunta hacia Asensio y hacia la mesa de contratación pública, cayó como una bomba. No sólo porque la vuelta a la actividad en Aznalcóllar es un emblema de la apuesta por la actividad minera del Gobierno de Susana Díaz (PSOE). También porque este miércoles era un día de relumbrón político, con el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía. Y fundamentalmente porque la mina ya está funcionando.

La Junta de Andalucía se apresuró a emitir un comunicado aclarando que el auto no afecta a la actividad en la mina, donde Grupo México pretende extraer zinc, cobre, plomo, oro y plata durante al menos 30 años. Aminer, patronal de la que forma parte Minorbis (propiedad de Grupo México), lanzó un comunicado en la misma dirección: esto no afecta a la actividad industrial.

Emerita Resources y Manos Limpias

La Audiencia envía el caso de vuelta al juzgado de instrucción 3 de Sevilla, el mismo en el que Patricia Fernández le dio carpetazo, al estimar parcialmente los recursos de Emerita Resources, que perdió ante Grupo México en el concurso, y Manos Limpias.

El auto es un exhaustivo y muy técnico recorrido por todo el proceso de licitación, adjudicación y contratación, fase a fase. La Audiencia aprecia un "cúmulo importante de incumplimientos de las bases del concurso" que no tienen "justificación". Por ejemplo –siempre según el auto–, la Administración no exigió a la empresa un compromiso económico concreto, ni tampoco una escritura de constitución, ni que detallase su objeto social, ni su capacidad, ni las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil, ni la acreditación de suficiente capital social.... Y debió haberlo hecho, según Alaya y los otros tres magistrados.

Baile de personas jurídicas

El relato de la Audiencia gira en torno a supuestas contradicciones en las personas jurídicas que sucesivamente son consideradas como licitante, adjudicataria y finalmente como aceptante. La Audiencia considera que la empresa ganadora fue Minorbis-Grupo México, siendo la segunda en esta sociedad la que aportaba en teoría la experiencia y la solvencia técnica. No obstante, según el auto, esta experiencia y solvencia no quedaron en realidad acreditadas en el proceso.

Además, el auto del que es ponente la que fuera instructora de los casos de los ERE y la formación señala que la empresa ganadora, Minorbis-Grupo México, no es luego la misma que la aceptante, Minera Los Frailes. Según la Junta, se trató simplemente de la creación de una sociedad con el propósito específico de explotar la mina sumando Minorbis y Grupo México. El auto subraya que la Junta negó en sucesivos informes que la adjudicataria fuera Minorbis-Grupo México, sino sólo Minorbis. Si así fuera, añade el auto, Minorbis nunca debería haber pasado ni siquiera la primera fase del concurso. "Minorbis fue creada un mes antes de presentar la solicitud con un capital de 3.000 euros [...] con total falta de experiencia en la investigación y la explotación minera", apunta el auto. Como conclusión, la Audiencia señala que en realidad Minorbis actuó como "mero intermediario" para conseguir la adjudicación a Grupo México.

"Omisiones e incumplimientos"

La Audiencia señala que en la contratación se pudo producir "un elevado número de omisiones e incumplimientos", que a juicio de los magistrados pueden constituir un "torcimiento del derecho" y "un beneficio injusto" para empresa ganadora. Posibles "ilegalidades severas", dejan escritos los jueces en el auto.

La resolución judicial dedica a un párrafo a sintetizar las supuestas lagunas del proceso: "Parece pues que ni habría habido examen minucioso, sino somero, y que en cualquier caso ni habría existido compromiso concreto de medios económicos por parte de Grupo México, ni la acreditación por éste de la personalidad jurídica, del objeto social, de la capacidad de obrar, ni de sus Cuentas Anuales entre otros extremos. Y sobre todo, su aportación no se habría exigido por la Administración". Hay indicios, concluye el auto, "de que los expertos integrantes de la Mesa de Contratación habrían omitido el análisis del cumplimiento de tales requisitos esenciales".

La zona cero del desastre de Doñana registra actividad. Todavía escasa, tímida, discreta. Pero algo se mueve. Y la intención es que el movimiento crezca hasta devolver a su pleno funcionamiento la mina de Aznalcóllar (Sevilla), allí donde en 1998 todo reventó. Allí donde Boliden enlodó la naturaleza antes de desaparecer impunemente. El trabajo ha vuelto a la corta Los Frailes, al lado de otra inmensa perforación, que en su día fue también corta minera y donde ahora se acumulan los tóxicos recogidos del Guadiamar.

La empresa Minera Los Frailes, participada en un 97,31% por Grupo México, titular de las mayores reservas de cobre del mundo, ha comenzado los sondeos previos a la actividad extractiva, según la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. La previsión de la empresa, una vez concluida la actual etapa de sondeo e investigación, es construir una planta de producción y poner la actividad a tope en 2018, según la propia Minera Los Frailes.

"Ya lo puedes poner como titular: Aznalcóllar empieza a ver la luz. Por fin, parece que sí", afirma con alivio el alcalde del pueblo, Juan José Fernández (IU), cuya obsesión es levantar el empleo en su pueblo "y en la comarca" de la Sierra Norte, que tiene escasa industria a la que agarrarse.

A los 28 primeros contratados –todos ellos antiguos empleados de Boliden–, se han ido sumando en las últimas semanas nuevas incorporaciones, hasta sumar más de 40, según el alcalde. "Todavía es poco, pero son contratos de gente de la comarca. Y ya se ve más gente en los bares comiendo. Hay movimiento", explica Fernández, que afirma que el pueblo ha vivido como una agonía los largos años de cierre de la mina.

Los próximos 30 años

Minera Los Frailes asegura que su intención es invertir 300 millones de euros para explotar la mina durante los próximos 30 años, dando empleo a más de mil personas. Ahí es donde el alcalde tiene depositadas las esperanzas para su pueblo, de algo más de 6.000 habitantes. Por eso insiste en solicitar a la Junta un plan de formación para trabajadores de la comarca, de forma que se no escape el empleo cualificado.

Incluso ahora, una vez confirmado que los sondeos han comenzado y con el alcalde haciendo cábalas sobre el empleo del futuro, escuchar hablar sobre actividad minera en Aznalcóllar continúa resultando extraño. Algo irreal. Las dimensiones del desastre medioambiental de 1998 fueron tales que, sin necesidad de hacerlo explícito, pareció quedar asumido en los ámbitos político, mediático y ecologista que la minería de Aznalcóllar había escrito su epitafio. Pero no.

Todo ha ocurrido muy rápido, teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto. Seguramente no habría pasado sin la crisis ni sin un contexto de crecimiento de la demanda de metales en el mundo. A mediados de 2013, en plena depresión económica y con el dato del millón de parados castigando la moral del Gobierno andaluz, la Junta anunció la apertura de un concurso internacional para continuar la explotación de la mina allí donde la dejó Boliden.

Requisitos con Boliden en la memoria

La Junta estableció dos requisitos con el desastre provocado por la multinacional sueca en la memoria: uno) que el complejo no incluyera la construcción de un depósito de lodos, ni tampoco de un acúmulo de residuos líquidos tóxicos que pudiera producir un vertido contaminante; dos) que la empresa no tuviera relación con Boliden, o deuda pendiente alguna con las administraciones.

Como atractivos para las empresas se presentaba la ausencia de royalties sobre la producción, lo que incrementa los beneficios, así como la existencia de instalaciones ya construidas, al haber sido explotada la mina con anterioridad. El concurso lo ganó Grupo México junto a Magtel, una empresa andaluza de base tecnológica que trabaja en múltiples sectores con necesidades de innovación.

El proyecto unía así bajo la marca Minera Los Frailes a un gigante del sector, con 13 minas abiertas en México, Perú y Estados Unidos, y una empresa andaluza moderna. Su camino ha sido complicado. Una empresa perdedora, Emerita, presentó una denuncia por prevaricación. Tras la detención de 15 cargos de la Junta y un monumental escándalo político, la jueza de instrucción archivó el caso en noviembre del año pasado.

Aunque ha habido retrasos con respecto a los plazos inicialmente manejados por la Junta para el comienzo de la actividad, no son excesivos en comparación con otros grandes proyectos autonómicos. La Junta puso toda la carne en el asador, negándose a que el proceso judicial abierto paralizase los trámites.

Oposición ecologista

Cuando la jueza instructora del caso le dio carpetazo, el Gobierno andaluz suspiró de alivio. La reapertura de la mina de Aznalcóllar es una apuesta política en la que se ha volcado la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE), pese a la oposición de los grupos ecologistas.

Este rechazo no se encuentra entre los grupos políticos de la oposición. El PSOE eligió la fórmula del decreto ley para aprobar en el Parlamento la reapertura de la mina. El decreto pasó por unanimidad.

Proceso judicial

La rapidez del procedimiento para la vuelta a la actividad de la mina contrasta con la lentitud del proceso judicial para saldar las cuentas del vertido de Boliden. 18 años después del desastre, los pagadores han sido sólo los contribuyentes. En 2011 el Tribunal Supremo eximió a Boliden de responsabilidad penal, con lo que se libró de pagar los 89,9 millones que le reclamaba la Junta por los gastos ocasionados por el vertido.

El proceso de reclamación del dinero ha ido enredándose entre las vías civil y administrativa. La Junta presentó una demanda el pasado año ante el juzgado de instrucción 11 de Sevilla. infoLibre preguntó por escrito a Boliden sin había adoptado a lo largo del tiempo alguna medida para resarcir el daño medioambiental causado, pero no hubo respuesta. Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción para las cuestiones relativas a Doñana, censura que "de nuevo" se ponga la mina "en manos de una multinacional", cuyo historial "está además marcado por la peor catástrofe ambiental minera de México, ocurrida en 2014, con el derrame de 40.000 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora".

El artículo jurídico La Ley de Responsabilidad Medioambiental (LRM) aplicada al caso Boliden, del investigador del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante José Miguel Beltrán, sostiene que "de producirse un accidente como el de Aznalcóllar hoy en día, nos encontraríamos ante una situación similar a la vivida con la empresa Boliden, pues la LRM no exige al operador una garantía financiera para cubrir los daños causados por su actividad extractiva minera".

Dos cortas en el mismo complejo minero

El desastre de Aznalcóllar ocurrió el 25 de abril de 1998, cuando se rompió la presa de una balsa de la mina. Ello provocó un vertido de entre 5 y 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas, afectando gravemente a los cauces de los ríos Agrio y Guadiamar, a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Aznalcóllar aún tiene suelos contaminados, según un estudio de las universidades de Granada y Almería.

Una de las dos cortas del complejo minero, la de Aznalcóllar, explotada entre 1975 y 1996, sirve actualmente de depósito de los lodos recogidos. La otra corta, Los Frailes, era la que Boliden estaba explotando en 1998 cuando se rompió la bolsa. Ahora Minera Los Frailes ha vuelto a trabajar sobre ella, justo junto al Corredor Verde del Guadiamar. Boliden realizó extracciones de ella hasta 2001, tres años después del vertido. Minera Los Frailes la ha encontrado, tantos años después, inundada de aguas de escorrentía.

Mayor reserva europea de sulfuros metálicos

El complejo minero de Aznalcóllar, de 950 hectáreas, está situado en el extremo este de la conocida como Faja Pirítica Ibérica, la mayor reserva europea de sulfuros metálicos. Es una franja con unos 250 kilómetros de largo por entre 40 y 60 de ancho, que se prolonga desde el sur de Lisboa hasta los alrededores de la ciudad de Sevilla. El complejo de Aznalcóllar se encuentra entre otros dos yacimientos de minería metálica: Cobre Las Cruces, situado a 10 kilómetros, denunciado por los ecologistas por supuesta contaminación del acuífero; y Riotinto, a 50 kilómetros. Hay constatada extracción de cobre y otros metales en Huelva desde hace miles de años.

El yacimiento cuenta con reservas de zinc, cobre, plomo, oro y plata. ¿Cuánto hay? Precisamente eso es lo que está intentando determinar Minera Los Frailes. Ahora mismo es imposible saberlo. Al igual que ocurre con el dato de empleo, lo que lanzan la empresa y la Junta de Andalucía son estimaciones. El Gobierno andaluz, en los datos publicados en su portal sobre minería, sostiene que el complejo cuenta con "reservas y recursos probables" de "alrededor" de 80 millones de toneladas de metales.

La apertura de la corta Los Frailes se inserta en un intento de la Junta de Andalucía de impulsar una revitalización del sector minero, en el que actualmente trabajan 17.078 personas, según la Consejería de Empleo. La facturación anual va al alza. El subsector principal es el de la minería metálica. Hay seis yacimientos metálicos con actividad: Cobre Las Cruces, Aguas Teñidas, Riotinto, Sotiel Coronada, Magdalena y Aznalcóllar. La Junta pretende abrir Minas de Alquife, en Granada, en los próximos meses. El crédito de esta apuesta estratégica por el sector se juega en Aznalcóllar, la mina del desastre.

La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla ha archivadola causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en la que estaban imputadas siete personas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, al entender que "el procedimiento observado ha sido el correcto" y que no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación.

En un auto fechado el 6 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones iniciadas el 2 de marzo de 2015 y precisa que "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones".

"No puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas", dice la juez.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ya decidió el pasado viernes dar por resuelto el procedimiento de paralización cautelar de los efectos de la aceptación por Minera Los Frailes de la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar e iniciar los trámites pertinentes para la autorización de los trabajos de investigación recogidos en su oferta y a la cesión de la posesión de los terrenos e instalaciones vinculados a dicha Zona Aznalcóllar.

En el auto, que es recurrible, la instructora recuerda que las actuaciones se iniciaron mediante auto dictado el 2 de marzo de 2015 tras la denuncia presentada por Emerita Resources España por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, una denuncia inicial que fue ampliada en dos ocasiones.

Seguidamente, la magistrada recuerda que, por medio de sendas resoluciones dictadas los días 7 de mayo y 31 de julio, acordó ceñir la investigación "a la posible existencia de un presunto delito de prevaricación vinculado o relacionado con determinados aspectos de las decisiones adoptadas a la hora de convocar el concurso para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar".

La juez, al hilo, considera que "el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta además que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía" en el concurso para la adjudicación de la explotación de la mina, y añade que "la cuestión debe centrarse" en si la resolución de 25 de febrero de 2015 por la que se adjudicó el mismo a Minorbis-Grupo México fue o no "arbitraria".

Y es que, a su juicio, "es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito, a pesar de que se trate de supuestos graves de infracciones del derecho aplicable", aseverando en este sentido que "no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación".

Arbitrariedad

La juez agrega que "no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso relacionado con la adjudicación de la explotación de la mina", ya que, "tal y como se observa tras el examen de la abundante documentación aportada en las actuaciones y declaraciones que se han vertido por los implicados, las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida" por Emerita.

En esta línea, la magistrada afirma en el auto que "ni en las sesiones de trabajo de la mesa y de la Comisión ni en la documentación que con carácter previo se ha remitido por la Junta aparecía la expresión de ofertante o integradora de la capacidad o la solvencia del licitador".

"Siendo este el argumento esgrimido por los imputados a la hora de explicar por qué determinados requisitos no se han exigido al grupo México al argumentar que realmente la licitadora era Minorbis y no Grupo México aunque la resolución de adjudicación así lo contemplase, no es esta la sede adecuada para excluir dicha interpretación".

Y es que ello "no sólo supondría rebasar con creces los límites de lo que debe ser la instrucción en una causa penal, sino además obligaría a entrar a discernir si por la parte denunciante se cumplían o no también de forma escrupulosa todos y cada uno de los requisitos exigidos en la resolución de convocatoria y los anexos que contenían las bases reguladoras del concurso".

La juez dice que no puede ni debe "sustituir la labor propia de los integrantes de la mesa y de la Comisión" y destaca que consta acreditado "por las manifestaciones de todas las partes que era práctica habitual en las empresas del sector la existencia de intercambios previos de opiniones y contactos, tanto entre las empresas en liza como con los responsables de la Dirección General de Minas", de ahí que "no se han apreciado indicios de delito en las visitas o manifestaciones verbales que pudo realizar" el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, "ni en la llamada ésta sí admitida que realizó el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, "para preguntar por el proceso de negociación".

No hay prevaricación

La juez considera que no se ha podido acreditar que "las decisiones injustas y arbitrarias relacionadas con la convocatoria y posterior adjudicación de la explotación de la mina fueran tendentes a beneficiar a Minorbis, como filial del grupo Magtel, fundamentado ello en la amistad que vincularía a la familia López Magdaleno con altos cargos en la Consejería", por lo que "a nadie se le escapa que resulta difícil sostener la figura de la prevaricación, que exigiría afirmar que las personas denunciadas, actuando de común acuerdo, resolvieron injustamente a sabiendas, sin que se haya podido poner de manifiesto cuál fuera el móvil de dicha actuación".

Seguidamente, la juez dice que, "ante la disparidad de criterios que se observan en los informes periciales y dictámenes técnicos aportados a instancias de la acusación particular y de las defensas, lo que no debe olvidarse es que no es terreno propio de la jurisdicción penal y en concreto del delito de prevaricación el entrar a discernir sobre las bondades y ventajas, de uno y otro, sino antes al contrario, el papel del orden penal debe ser apreciar si realmente son clamorosamente inviables o no alguna o algunas de las propuestas refrendadas en la resolución de adjudicación".

"Otra cosa exigiría el acometer una labor paralela de revisión de los proyectos presentados en su integridad y, no sólo, de las propuestas de la adjudicataria", asevera la instructora.

En este punto, insiste en que "difícilmente podremos concluir que estamos ante una desviación o conocimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuricidad que requiere el tipo penal de prevaricación porque los informes periciales acompañados por la acusación particular pongan en cuestión los aspectos relativos a la gestión del agua, a la problemática de acceso del talud sur en la Corta de los Frailes, al cómputo o cálculo sobre las cuadrículas mineras y a la conceptuación de los aspectos económico periciales de la oferta presentada por la denunciante".

A su juicio, todas estas cuestiones "son susceptibles de otra interpretación, en línea con el informe de la comisión técnica que suscribe la mesa, tras unas correcciones de la valoración en ciertas partidas económicas y constando como constan informes aportados a instancias de la defensa refrendando las soluciones técnicas propuestas por Minorbis". 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes cesar de su cargo a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, imputada recientemente por el caso que investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, según informó Europa Press.

Así lo apuntó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que precisó que la citada plaza no será cubierta hasta que acabe el proceso judicial.

Fue la pasada semana cuando la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, imputó en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas a Asensio.

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, ha asegurado este lunes tras la imputación de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, en el caso que investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que "no habrá ningún imputado en la nómina de altos cargos de la Junta".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Jiménez ha dicho que "nadie tiene que recordarle ni al Gobierno de Susana Díaz ni al PSOE" cuál es su posicionamiento en esta materia. "La posición es muy clara desde hace mucho tiempo: que no haya ninguna persona imputada que forme parte de la nómina de altos cargos de la Junta. Y en este caso tampoco va a haber ninguna excepción", ha añadido.

Todas las formaciones parlamentarias que conforman la oposición (PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA) han solicitado el cese inmediato de la directora de Minas de la Junta tras su imputación. Desde Ciudadanos, se mostraban "seguros" de que el pacto anticorrupción "firmado" en la formación naranja y PSOE-A se cumplirá "también en Aznalcóllar".

Fue la pasada semana cuando la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas a Asensio.

Jiménez no ha precisado si el Gobierno andaluz cesará a la directora de Minas o si ésta podría haber renunciado al cargo desde que se produjo la imputación. En el caso de que fuera el gobierno andaluz quien cesara a Asencio, dicho cese podría producirse en el Consejo de Gobierno que se celebrará este martes.

Asimismo, el dirigente socialista ha advertido de que en la adjudicación de una explotación minera ha habido una "guerra entre dos empresas" que, "lamentablemente", ha afectado a "funcionarios honrados y servidores públicos, quienes se han visto en medio de esta guerra".

Respecto a la petición del alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU), de que la Junta abra la mina sin esperar a la resolución judicial, Jiménez ha considerado "razonable" la posición del primer edil "ante la posibilidad muy importante de creación de empleo en una comarca que lo necesita".

No obstante, el portavoz parlamentario ha querido dejar claro que la posición de la Junta en esta materia está ligada al "cumplimiento de la ley" y que, en función de ello, tomará las decisiones oportunas.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía manifestó este viernes –tras conocerse el último auto judicial sobre la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)– que la investigación "penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación", sin que exista "indicio de ninguna clase de corrupción".

La Consejería se pronunció así en un comunicado después de que este viernes se conociera que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla –que investiga la adjudicación de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis, en detrimento de Emerita Resources España– ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto.

La Consejería señaló que las comparecencias a las que han sido citadas estas siete personas –algunas miembros de la mesa del concurso y otras de la comisión técnica– se convocan por el juzgado "con más de un mes y medio de antelación a fin de que los llamados a declarar puedan conocer toda la documentación existente en poder del juzgado, evitando así su indefensión".

Asimismo quiso dejar claro que la forma en que pueden ser llamados a declarar "es en calidad de imputados, a fin de que de esta manera puedan utilizar todos los medios de defensa que les corresponden".

La Consejería prestó su "absoluta confianza" en que las declaraciones que en su día presten la directora general de Minas, el interventor y la letrada de la consejería, así como el jefe del Área de Minas, "aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que por ese juzgado se mantienen sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, así como sobre otros dos aspectos, de carácter técnico del proyecto ganador, relacionados con la gestión futura del agua en la explotación minera y el acceso al talud sur de la corta de Aznalcóllar".

Este último auto, según la Junta, supone que "la investigación penal se refiere ya a aspectos en los que se discute el acierto de la resolución administrativa –si eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso–, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción".

De igual modo apuntó que la "cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa) es más que evidente".

El Gobierno andaluz entiende que los aspectos del procedimiento del concurso de Aznalcóllar sobre los que el juzgado quiere continuar la investigación y sobre los que quiere oír la declaración de los funcionarios públicos responsables, son tres: la solvencia económica de Grupo México; las cuadrículas mineras a las que se extiende el Plan de Investigación, y los aspectos del Proyecto de Explotación referidos a la gestión del agua y al talud sur de la corta de los Frailes.

Respecto de la solvencia económica de Grupo México, la Consejería de Empleo consideró que "las discrepancias" entre lo declarado por la empleada de Invercaria Pilar Trujillano y lo afirmado por todos los miembros de la mesa llevan a que el juzgado llame a declarar a los funcionarios más vinculados con los aspectos jurídicos y económicos de la mesa, como la letrada del gabinete jurídico, el interventor y el funcionario jefe del Servicio de Contratación de la Dirección General de Patrimonio, así como a la directora general de Industria, como presidenta de la citada mesa.

En cuanto a los aspectos del Plan de Investigación y del Proyecto de Investigación, según la Junta, el juzgado llama a declarar a los funcionarios de la comisión técnica más vinculados con los aspectos que el juzgado quiere corroborar, a la vista de lo declarado por el empleado de Emerita, Ismael Jesús Rodríguez Barbero.

En opinión de la Junta, en este punto conviene destacar que el juzgado "reconoce que tiene aún pendiente de estudiar toda la documentación que le ha presentado Ayesa sobre el proyecto de explotación durante esta semana", mientras que también está pendiente de recibir información que el juzgado ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Pilar Trujillano, la analista de inversiones cuyo testimonio ante la Policía desmintió de forma categórica la versión oficial del Gobierno andaluz sobre el concurso de la mina de Aznalcóllar, como adelantó infoLibre, se ha ratificado este martes ante la jueza del caso en su afirmación sustancial: que ni examinó los documentos financieros aportados por Grupo México, el holding azteca que, según la Junta, “aportó la solvencia” requerida a la compañía cordobesa que finalmente ganó la licitación, Minorbis, ni elevó a la mesa de contratación ningún dictamen o parecer sobre sus garantías económicas.

Fuentes conocedoras de su declaración remarcan no obstante que Trujillano no fue lo que comúnmente se entiende por un buen testigo: se mostró vaga en sus recuerdos, hasta el punto de que la jueza la apercibió de manera especial sobre su obligación de decir la verdad.

En la causa se investiga si, tal como ha denunciado una empresa que aspiraba igualmente a explotar la mina de Aznalcóllar, Emerita Resources, el concurso fue amañado a favor de Minorbis. La Policía suscribe esa acusación. La Junta, por el contrario, sostiene que la licitación se gestionó de manera impecable.

Trujillano, que no pertenecía ni a la comisión técnica ni a la mesa del concurso, ha declarado ante la jueza Patricia Fernández durante algo menos de una hora. Y lo ha hecho cuando la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla ya tenía en sus manos un documento enviado por la Junta con el objetivo de desacreditar el testimonio de la analista de inversiones, que es empleada de la empresa pública Invercaria, y revalidar la versión oficial.

Solvencia "garantizada"

Ese documento del Gobierno autonómico de la socialista Susana Díaz incluye una declaración ad hoc firmada por los seis funcionarios que formaban parte de la mesa del concurso –todos sus miembros menos la directora general de Minas, María José Asensio– y según la cual Trujillano informó en la sesión constituyente de que “la solvencia de Grupo México está garantizada”.

A última hora del martes, infoLibre preguntó al Gobierno andaluz por qué resulta necesario entregar a la jueza una declaración especialmente redactada ahora y firmada por los miembros de la mesa si el acta de aquella sesión ya debe de contener datos como los siguientes: quiénes acudieron a la cita, cuál fue el orden del día y qué decisiones relevantes fueron adoptadas.

Por el momento, no ha habido respuesta pero sí confirmación de que “hay actas de ambas reuniones”. Es decir, de la constituyente y de una segunda sesión –esta de la comisión técnica que asesoraba a la mesa del concurso– en la que igualmente participó Trujillano.

El documento enviado por la Junta a la jueza incorpora también varios correos electrónicos algunos de cuyos remitentes y/o destinatarios aparecen tachados parcial o totalmente, mientras que otros se muestran completos con sus respectivos nombres y direcciones electrónicas.

Según esos correos, el consejero delegado de Invercaria comunicó a la directora general de Minas la decisión de designar a Trujillano para la sesión constituyente de la mesa del concurso el viernes 25 de abril de 2014 a las tres y cinco de la tarde. La sesión constituyente de la mesa comenzó el lunes 28 de abril a las 10 de la mañana.

Ya el 24 de abril, indican esos correos, la directora general de Minas, María José Asensio, tenía prevista “la inclusión en la comisión técnica [del concurso de Aznalcóllar] de una persona empleada pública con experiencia en valoraciones económicas y financieras”.

El atestado policial entregado hace una semana a la jueza Fernández, que basándose en las actas oficiales traza un resumen de la tramitación del concurso, señala en cambio que la decisión de “nombrar a una comisión técnica dada la complejidad del análisis del anteproyecto” fue adoptada por la mesa del concurso el 12 de mayo de 2014.

De hecho, en el sumario obra una instrucción interna firmada por Asensio el 13 de mayo de 2014 en la que requiere a la agencia pública IDEA –de la que depende Invercaria– que designe a una persona “con experiencia en valoraciones económicas y financieras para que forme parte de la comisión técnica”. La persona seleccionada en virtud de esa instrucción interna no fue Trujillano, sino el gerente de inversiones de Invercaria, Juan José García, que sí consta como miembro de la comisión técnica.

Dos reuniones, no sólo una

Pero, desde luego y a diferencia de lo que sostuvo ante la Policía, Trujillano reconoció haber acudido no a una sino a dos reuniones relacionadas con el concurso. Se mostró olvidadiza –la jueza la apercibió especialmente, aseguran fuentes conocedoras del interrogatorio– aunque a la postre mantuvo la línea central de su testimonio policial.

La fiscal le preguntó por qué cree que la Junta le atribuye haber avalado la solvencia económica de Grupo México, y Trujillano respondió que no lo sabe. Le preguntó también si alguna vez ha efectuado valoraciones de empresas extracomunitarias y la testigo contestó que en absoluto.

Es en el caso de licitadores de países ajenos a la UE donde cobra sentido el precepto de verificar que el país del aspirante ofrece a las empresas españolas condiciones de reciprocidad para acceder a sus concursos públicos. Supuestamente, verificar ese extremo –aquí, el Estado concernido era México– fue una de las tareas que Trujillano cumplió según la Junta y que la técnica, por el contrario, niega haber desarrollado.