El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo aseguró en una conversación con el abogado Javier Iglesias que data de febrero de 2017 que la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más gastos" por los encargos que realizó para el PP.

Precisamente en un informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press se constata que el comisario ya realizó trabajos previos a la operación Kitchen para la formación conservadora. Concretamente, en julio de 2009 Cospedal le ofreció al policía realizar "encargos puntuales" para el partido y que se habrían traducido en chivatazos relacionados con la operación Brugal y Gürtel.

En la conversación con Iglesias, Villarejo se lamenta de que Cospedal ya no quiera verle porque en los últimos encuentros entre ambos le ha reclamado ese dinero, aunque apunta que la conexión entre ambos sigue abierta por medio del marido de ella, El Polla –así denomina a Ignacio López del Hierro–.

"Yo hace ya una semana o diez días hablé con El Polla, eh María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta, y le creo una situación, y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo, y ya no quiere verme", explica Villarejo.

Con todo, añade que sigue quedando para tomar café con López del Hierro, y asegura que en una de esas conversaciones le transmite que a pesar de que no quiere líos, no se quedará de brazos cruzados mientras le aniquilan.

En otra conversación extraída de un archivo de audio requsado al comisario en 2018, Villarejo charla con el empresario Adrián de la Joya y con José Luis Olivera –en aquel momento director del CITCO– sobre esos 100.000 euros que le debería Cospedal, y explica que le pone excusas para no quedar con él.

Añade que cuando se reúne con su marido, ella le telefonea y le pasa el terminal. "¿Cómo estás? ¿Cómo tal?... para que no le 'chicharree' o yo que sé, como si eso ya fuera, como si sirviera para algo...", indica el comisario.

Compartimos, como punto de partida de esta exposición, la posición clarividente de Vidal-Beneyto: "La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia". Y, llamaba a "un movimiento general de reprobación ciudadana" como "ejercicio de democracia participativa". El fenómeno de la corrupción en los Estados democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado y sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos. Entre otras, por la insuficiencia de los controles administrativos internos, que abdican de sus funciones por puro burocratismo con la consiguiente pasividad o, peor, por complicidades más o menos encubiertas con los gobernantes que debieran ser controlados. Y, desde luego, por ausencia de una efectiva respuesta sancionatoria administrativa o judicial.

En este último caso, por causas variadas, como la insuficiencia crónica de medios para hacer frente a conductas delictivas complejas –con rasgos propios de la criminalidad organizada–, que se emplea como coartada para justificar la lentitud, causa, a su vez, de una respuesta tardía y débil que conduce a amparar la impunidad. Cuando no, directamente, la falta de una plena neutralidad de jueces y fiscales para enfrentarse al  poder económico o político, como se ha acreditado en la recientes recusaciones de magistrados de la Audiencia Nacional, por su vinculación al PP, para enjuiciar conductas delictivas como la causa de Gürtel. En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento del Presidente del Banco Santander creando la llamada doctrina Botín, en el caso de las "cesiones de crédito", para impedir su enjuiciamiento.

Son las obligadas consecuencias de un sistema basado en la lógica del mercado, en el enunciado de "enriquecerse". Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: "Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios". Una economía sustentada en la "codicia humana" es capaz de debilitar o destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Por ello, la codicia, elemento esencial de estos delitos, cuando los sujetos de la corrupción son cargos públicos, va asociada ineludiblemente a una deslealtad a los principios y reglas del sistema democrático.

Para hacer frente a esta realidad tan compleja y difícil de enderezar hacia el imperio de la Ley y el respeto a los Derechos, debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, están obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupción. Porque, ciertamente, parten de una posición de superioridad respecto de cualquier ciudadano, cualquiera que sea el grado de poder público que ejerzan. Porque "disfrutan de una especial capacidad de información e influencia" de la que carecen los ciudadanos, capacidad que les otorga una evidente superioridad sobre el resto de los ciudadanos y ciertas garantías de impunidad. Desde esta posición, es relativamente fácil caminar por el sendero de la corrupción. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:

La presente introducción se explicita rotundamente por la Sentencia de la Sala de lo Penal del TS (de 8/5/2018) confirmando la dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana el 8/2/2017 en el caso Gürtel-Fitur: "Lo característico de la corrupción no sólo es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales, sino que la corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la Administración, porque se realizan en los aledaños, o desde, posiciones de poder. La conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado. En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal para extorsionar a personas, físicas o jurídicas, o para asegurarse la adjudicación de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contratación, como Estado y como adjudicatario de la concesión o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia. Son imaginables muchas formas de actuar, asegurándose el enriquecimiento personal y los favores del poder, desde dentro o a través de personas interpuestas. La reacción de los Códigos penales ha consistido en la tipificación de nuevas figuras penales. Junto a las clásicas de prevaricación, cohecho y malversación, han surgido nuevas figuras típicas, el tráfico de influencias, el fraude a la administración, etc., dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública y, por ende, el propio funcionamiento del sistema democrático que se cuestiona con los comportamientos en los que el sistema de poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".

Todo ello lo resumió el Profesor Calsamiglia, calificando la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático.

Las carencias de la lucha contra corrupción

La corrupción, en sus más variadas formas, no solo sigue presente en la política de nuestras instituciones sino que parece cobrar un mayor protagonismo. Los datos económicos resultantes de ella son escalofriantes. "El Banco Mundial cuantificó en 2004 que el precio mundial de la corrupción superaba cada año el billón de dólares". El Fondo Monetario Internacional, en 2016, calculó que "los sobornos pagados en el conjunto de las economías emergentes sumaban entre un billón y medio y dos billones de dólares anuales" y la Comisión Europea, en 2012,"estimó que el impacto de las malas prácticas en las finanzas públicas de los 28 países de la U.E. alcanzaba los 120.000 millones de euros anuales".

La corrupción "lleva aparejada un déficit de gobernabilidad y que sus prácticas obstaculizan el desarrollo económico…", lo que describe con detalle respecto a su incidencia en los países en vías de desarrollo, en los que genera y profundiza la pobreza.

Todo ello conduce, a una corrupción que, en palabras del Profesor Soriano, es "omnipresente, persistente, abrumadora y oscurantista". Ante ello, Transparencia Internacional en el Informe global de la corrupción de 2007 exigió: Independencia, Transparencia, Recursos adecuados y Rendición de cuentas. Pero, sin negar que se producen algunas respuestas legales, son más que insuficientes.

Por ejemplo, en la Ley Orgánica 3/2015, de "control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos", algunos avances se produjeron, pese a que se mantienen incólumes normas que impiden la máxima independencia y transparencia de los mismos. Como el benévolo tratamiento de la financiación de los partidos a través de las Fundaciones, que, como es sabido, es una de las vías más oscuras de la financiación de los partidos de las que forman parte.

Después de cuarenta años de Constitución, por fin se acordó suprimir una previsión que nunca debía haber sido admitida. Consiste en prohibir que las "entidades de crédito" efectúen condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A tal efecto, se entiende por condonación "la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos". Era un privilegio antidemocrático y evidentemente corruptor de que, a diferencia de la ciudadanía, gozaban los partidos. Además, se incluye una previsión que expresa implícitamente lo que hasta ahora era posible: que los partidos en sus relaciones con las entidades de crédito acuerden que "el tipo de interés que se aplique (no) puede ser inferior al que corresponda a las condiciones de mercado"(?) Una muestra más del trato privilegiado que la ley y las entidades financieras han otorgado siempre a los partidos.

En cuanto a la persecución penal de la financiación ilícita de los partidos, era una exigencia planteada hace quince años por la Fiscalía Anticorrupción que, como tantas otras propuestas, cayeron en el más absoluto vacío. Vacío que ha estimulado el crecimiento desorbitado de la corrupción política. Entonces, decíamos así: "Una de las medidas a adoptar debe ser la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos precisamente dado el relevante papel que les otorga el artículo 6 de la Constitución en la organización del sistema democrático. Así lo ha considerado también la Conferencia del Consejo de Europa de los Servicios Especializados en la lucha contra la corrupción celebrada en Madrid en octubre de 1998". El Estado no ha podido sustraerse por más tiempo a configurar como último instrumento una reacción de naturaleza penal ante hechos que, además de revestir una evidente gravedad, están situados de lleno en el ámbito de la corrupción pública con los efectos devastadores que ya han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa. Así resulta de la reforma del C. Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo. Una reacción penal patentemente moderada que no guarda proporcionalidad con la gravedad de la conducta, ya que solo si la donación prohibida es superior a 500.000 euros la sanción penal es relevante. La sanción prevista para el tipo básico es de una irritante levedad y más que improbable aplicación en los supuestos agravados.

Además, continúa sin incorporarse al Código Penal, en cumplimiento de la Recomendación contenida en el Art.20 de la Convención de NNUU contra la Corrupción, de 2003, el delito de "enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electos…", que estaba incluido en el Acuerdo del Congreso de Diputados de 14 de Marzo de 2013.

Podría continuarse con las manifiestas insuficiencias de la Ley 3/2015 sobre incompatibilidades de Altos Cargos, que continúa sin resolver el gravísimo problema de las puertas giratoriaspuertas giratorias y otros como la exigible publicidad de las Declaraciones de Bienes y Derechos de dichos cargos públicos. Destacando también el vacío legal existente respecto de los lobbies, que representan, como ha expuesto el exfiscal Castresana, la capacidad de los poderes económicos para constituir un factor de abuso de informaciones privilegiadas o de actividades completamente opacas en los delitos de tráfico de influencias.

A ello habría que añadir el trato favorable desde todos los Gobiernos a la corrupción a través de la concesión de indultos. Un anticuado privilegio regio sigue siendo un instrumento del Ejecutivo central para suavizar o anular penas de condenados por corrupción. Exactamente, desde 1996, 227 condenados por dichos delitos han sido indultados total o parcialmente.

Una respuesta positiva: La Agencia Valenciana contra la Corrupción y el Fraude

La Agencia de la Comunidad Valenciana (creada por la Ley autonómica 11/2016, de 28 de noviembre), representa un gran avance en el planteamiento procesal del combate contra la corrupción en el marco competencial que le corresponde. Parte sustancial de dicha ley debería ser asumida por las leyes estatales sobre la materia.

Es necesario destacar su fin básico: "Prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas y para el impulso de la integridad y la ética pública". Naturalmente, desde su "independencia" de las Administraciones Públicas.

Entre sus fines, deseo resaltar dos del Art. 4.a) y d): "La prevención y la investigación (...) del uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y el derecho" y, además, "…garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en la contratación pública".

La protección de los denunciantes de la corrupción

En este ámbito, puede apreciarse con crudeza que aquellos que ejerciendo una función pública –fuera de la Administración de Justicia–, en cumplimiento de sus deberes institucionales tienen conocimiento de conductas de sus superiores jerárquicos que pueden ser constitutivas de delitos de corrupción están, como norma general, absolutamente desprotegidos.

Lo que genera varias consecuencias. Que si, por razones fundadas en la naturaleza ilícita de la orden que recibe, se opone a su cumplimiento queda expuesto a un acoso más o menos intenso que dificultará el ejercicio de sus funciones y hasta la continuidad en su cargo a través de medidas disciplinarias. Además de la posibilidad de ser víctima de actuaciones civiles o penales por supuestas lesiones al derecho al honor de los presuntos corruptos.

Ante esta realidad, el sistema legal español no contempla ninguna medida para amparar a dichos funcionarios, para crear una barrera de medidas que los protejan frente a quienes, presuntamente corruptos, pueden amenazarlos, coaccionarlos y hasta expulsarlos de la función pública generándoles daños personales y profesionales muy graves, todo desde una absoluta impunidad. Y continúa ocurriendo. Con motivo de la apertura de un proceso penal contra la empresa pública Acuamed, los cuatro empleados que denunciaron a sus superiores las irregularidades que estaban cometiendo han sido despedidos. Uno de ellos ha dicho: "Nos presionaban y nos amenazaban con el despido disciplinario".

Pero tiene solución, si los Gobiernos de turno se hubieran tomado en serio acabar con la corrupción o reducirla drásticamente. Bastaba con aplicar, como estaban obligados, el Art. 33 de la Convención de NNUU contra la Corrupción, vigente en nuestro país desde 2006. Dicho precepto dispone que "cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención". Llamamiento reiterado por el G20 en 2010, en Seúl, al reclamar "proteger de acciones discriminatorias y represalias a los denunciantes que informen de buena fe sobre actos sospechosos de corrupción". El 25 de noviembre de 2011, la OCDE hizo público su informe, titulado G20 Anti-Corruption Action Plan. Action point 7: Protection of Whistle blowers. Aún no se ha incorporado a nuestra legislación.

Continúa el silencio de las autoridades políticas ante esta realidad. De esta forma se constituyen en cómplices o encubridoras de los cargos públicos que, además de ser corruptos, gozan de impunidad para hostigar a quienes les denuncian. Es evidente que la Ley 19/1994, de protección de testigos, es manifiestamente insuficiente, entre otras razones porque la función que desarrolla el denunciante es radicalmente distinta de la del mero testigo y está expuesto a muchos mayores riesgos, como revela la actual persecución del ciudadano Falciani, que tanto colaboró con su denuncia ante las autoridades españolas en el conocimiento del fraude fiscal masivo cometido por acaudalados ciudadanos españoles.

Como pueden advertir, estamos aún lejos de un marco legal amplio y riguroso que haga frente eficazmente a tan potente enemigo.

Pero, aparte de otros avances que se echan de menos en la legislación estatal en el ámbito de la cooperación entre instituciones públicas, el gran salto hacia delante de la Ley de la Agencia valenciana es, sin duda, el Estatuto de la persona denunciante. No solo para garantizarle la "confidencialidad" sino, y esto es un ejemplo para el conjunto de la normativa europea incluida la española, para que "no sufran (...) ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación". Y esta previsión es importante porque va acompañada de medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de dicha protección. Es un verdadero paradigma, que, más temprano que tarde, debería cumplir el Gobierno del Estado. Si esta previsión ya estuviese en la normativa estatal, además de haberse evitado evidentes abusos contra los denunciantes, seguro que la ciudadanía, en general, habría asumido con más intensidad su compromiso contra la corrupción.

El camino es, pues, muy largo, pero solo las instituciones no podrán acabar con la corrupción, es indispensable la colaboración ciudadana. Mientras tanto, el actual Gobierno está obligado a impulsar las leyes necesarias para suplir tantas insuficiencias frente a ese devastador fenómeno delictivo.

_______________________________________Carlos Jiménez Villarejo es jurista y fue fiscal Anticorrupción entre 1995 y 2003.

Carlos Jiménez Villarejo

El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien también fue eurodiputado de Podemos por un mes, cerrará simbólicamente la lista del PSC para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Lo anunció el primer secretario del partido y líder de la candidatura, Miquel Iceta, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Villarejo se desvinculó hace poco más de un año de Podemos tras el rechazo de la formación morada a apoyar al entonces candidato socialista a la investidura y ahora líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Antes, el exfiscal participó en la lista de ICV-EUiA para las autonómicas de 2006 cerrando la candidatura de la coalición por la provincia de Barcelona.

La lista del PSC la liderará Iceta seguido de la hasta ahora portavoz en el Parlament, Eva Granados, como número dos: el resto del grupo parlamentario seguirá casi intacto porque tanto Granados como el resto de sus compañeros han hecho "muy buen trabajo y han peleado muy duro" para defender los valores socialistas en el Parlament, destacan fuentes socialistas.

El tercer puesto será para el exlíder de la extinta Unió y exconseller Ramon Espadaler (Units per Avançar), al que le seguirá la fundadora de Federalistes d'Esquerres y activista de los derechos de las mujeres y de la infancia Beatriz Silva.

El objetivo del PSC es hacer una lista "transversal y potente" para aglutinar a catalanistas de un amplio espectro y defender el autogobierno catalán y la estabilidad institucional y económica.

El exfiscal Anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, ha cargado contra el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, por tachar de "presos políticos" a los cargos públicos de Cataluña que fueron detenidos durante el operativo relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Asimismo, ha lamentado los "disparates" que, a su juicio, hace la formación "habitualmente".

Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha censurado la "ligereza y falta de responsabilidad" con la que hablan todos los dirigentes políticos y en la que ha señalado directamente esas palabras de Iglesias: "Le recordé (a Iglesias) que, pese a ser profesor de Universidad, lo poco que sabía se le ha debido de olvidar", ha afirmado, apuntando que en el año 1976 —ya en la transición— "se produjeron más de 4.000 detenciones de ciudadanos por el ejercicio de derechos fundamentales".

También ha dicho sentir una "profunda pena y tristeza" por las palabras del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en las que afirmaba que la ultraderecha "lideró" la manifestación del pasado domingo en Barcelona a favor de la unidad de España.

En este sentido, ha reivindicado el "honor" que él siente por haber acudido a esa concentración en representación de "un pequeño grupo político" de "izquierda no nacionalista": "Señor Echenique, mírenos a la cara a todos y conozca nuestra historia", ha exigido.

El exeurodiputado de Podemos ha explicado que entre los asistentes a la manifestación promovida por Sociedad Civil Catalana (SCC) había personas "de la derecha, personas de centro y personas de la izquierda". Y ha recalcado que las personas de la izquierda que acudieron eran "sobre todo" personas "no dispuestas a generar ningún tipo de frustración": "No van a pactar nunca con un nacionalismo y mucho menos con el nacionalismo reaccionario y de signo fascista como es el nacionalismo catalán", ha reprochado.

"Aficionados de mala fe"

Por otro lodo, ha hablado sobre los líderes independentistas, a quienes se ha referido como "aficionados de mala fe" que "se atreven a hablar de Estado de excepción" y a quienes ha querido señalar que, a su juicio, "Cataluña, a lo largo de su historia vinculada a España, nunca ha tenido tanta libertad como ahora".

De esta forma, ha negado que Cataluña vaya a independizarse, aunque ha admitido que imaginarlo le da "pánico" y le produce un "verdadero escalofrío" a cualquier demócrata. Además ha señalado que la ley bajo la que se regiría un Estado catalán es una "norma de carácter totalitario" lo que llevaría a su ciudadanía a vivir en una "tiranía o una especie de anarquía".

Asimismo se ha posicionado sobre la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia de forma unilateral: "Si se produce una votación en un sentido determinado a favor de la independencia, no es que solo quepa la intervención del Tribunal Constitucional, previo a los recursos pertinentes, sino la del Estado a través del artículo 155".

Eso sí, ha matizado que "se puede utilizar" de una forma "muy razonable, discreta y proporcionada" mientras el hipotético Estado independiente "no tome forma y sea algo más serio de lo que es una mera declaración formal en un Parlamento" y ha añadido que una declaración sin votación "equivale a nada".

La resolución necesita una precisión previa. El presidente del tribunal ha emitido un voto discrepante de sus colegas y está en desacuerdo con la decisión adoptada.

El motivo de este proceso es que los ahora llamados querellados dijeron en un programa, refiriéndose a eso que tiene forma de cruz en el Valle de los Caídos, que el dictador ordenó que fuera la más grande "porque quién va a querer ver esa mierda de cerca". Esta simple afirmación ha puesto en marcha los tribunales, como si no tuvieran tareas más complejas que afrontar. Pero lo novedoso de esta resolución es que el presidente ha dicho, en relación al estrecho y reaccionario criterio de sus colegas, que la opinión personal está amparada por la libertad de expresión y comprende "la libertad de crítica aunque sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura…".

Pero no lo entiende así la Asociación de Defensa de dicho Valle, que estima sentirse "gravemente ofendida" y, es más, el tribunal entiende que aquella expresión "puede afectar a los sentimientos religiosos del grupo querellante al calificar de forma despectiva… la cruz que simboliza su sentimiento religioso…".

La Asociación y el tribunal aplican, muy desacertadamente, el delito de odio u hostilidad por la pertenencia a una religión y el de escarnio a una confesión religiosa.

Parecen ignorar que ese monumento, incluida la cruz, fue construido por unos 20.000 presos–muchos de los cuales murieron–, en régimen de trabajo forzado, desde 1940 hasta 1959 como mausoleo al dictador y para su exaltación y la de sus crímenes.

Y su significado quedó de relieve cuando el dictador publicó el decreto que preparaba su inauguración. Era evidente y sigue siéndolo que no es un monumento religioso, es y será una muestra del poder de los vencedores fascistas. Por ello, los querellados no podían en modo alguno ofender a sentimiento religioso alguno. Fue una burla perfectamente justificada. La Ley de 1957  justificaba que dicho monumento estaba “destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación, para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria”. Y se instituye como fin principal de la Fundación que se creó con la activa colaboración de la "Gloriosa Orden de San Benito",  la de "rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional".

El Valle de los Caídos solo merece que los restos del dictador y de Primo de Rivera sean trasladados, al igual que los restos que allí permanecen, y su posterior reconversión en un espacio de la memoria democrática común o su destrucción.

Y, desde luego, que el tribunal archive el proceso cuanto antes. Wyoming y Dani Mateo son víctimas de la ignorancia histórica y de la intransigencia que, últimamente, se han instalado en nuestra Justicia. _______________

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal Anticorrupción

El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha calificado este martes de "parafascista" la concentración celebrada este lunes para apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas ante su declaración judicial por la organización del 9N, y se ha referido a él como un "supuesto caudillo que quieren crear".

Según ha informado Europa Press, Villarejo ha lamentado que en Cataluña ya son "frecuentes estos movimientos de tipo parafascista" que se producen "en torno a esta especie de pequeños caudillos como Artur Mas u otros parecidos cuando hay requerimientos judiciales ante la comisión de presuntos delitos que, por otra parte, son evidentes".

No obstante, ha dejado claro que, aunque hubiera en la calle "más o menos miles de personas", lo importante es que "se ha impuesto el Estado de Derecho, el juicio ha comenzado y se está celebrando con absoluta normalidad".

En declaraciones a LaSexta, ha valorado como "un signo de normalidad democrática" que haya un juicio y un tribunal capaz de llevarlo a cabo por delitos presuntamente cometidos por miembros de un gobierno de Cataluña. Así, cree que "lo que ocurra en la calle" es "un acontecimiento externo" que no va a influir "bajo ningún concepto" en el tribunal.

"Es una forma de presionar a las instituciones democráticas como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un clima evidentemente coactivo, esa presión coacción creo que sólo puede tener una lectura, un carácter fascista", ha proseguido Villarejo.

De hecho, cree que lo que hacen Mas "y sus correligionarios" cada vez que les cita un tribunal es algo parecido a lo que hizo el presidente estadounidense Donald Trump cuando insultó a la juez federal que suspendió el veto migratorio.

De este modo, Villarejo, que colaboró con Podemos en los inicios del partido morado, ha dejado claro que discrepa de lo que opina sobre este asunto Pablo Iglesias. Éste consideró la manifestación como algo normal en una democracia y criticó que se juzgase a Mas por poner las urnas.

La estelada, una bandera de partido

En cambio, el ex fiscal cree que el Gobierno de Artur Mas y, en general, los independentistas están incurriendo en "atropellos", "abuso de las leyes" y "sometimiento de la ley a la voluntad política".

También ha reconocido que la actitud de los dirigentes de CDC le recuerda a la que tuvo en su día el presidente catalán Jordi Pujol cuando él quiso investigarle por la quiebra fraudulenta de Banca Catalana: "Salió a hablar de ética cuando ya llevaba cuatro años defraudando a la Hacienda Pública española".

"Al final terminan envolviéndose en la bandera, me da igual una que otra. La senyera me merece le respeto que me merece; la otra (la estelada), que es de un partido, no me merece ningún respeto", ha zanjado.

El exeurodiputado de Podemos Carlos Jiménez Villarejo ha criticado la actitud de Pablo Iglesias "absolutamente hostil al diálogo y negociación" con fuerzas políticas como el PSOE o Ciudadanos, que "se merecen que se les reconozca", aunque se disienta con su programa.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Jiménez Villarejo ha defendido que Podemos tiene que realizar un "esfuerzo de aproximación" con cualquiera de estos dos partidos y, en su opinión, quien representa ese "esfuerzo" es Iñigo Errejón.

Tras lamentar las divisiones internas en Podemos por el respeto que tiene a sus militantes y "gran parte" de su dirección, ha denunciado que el sector que corresponde a la dirección de Pablo Iglesias ha entrado en una etapa de "cerrazón" y de no aceptar ningún espacio de entendimiento con otras fuerzas políticas, incluso con Ciudadanos.

"Si hay que contar con Ciudadanos, se cuenta con Ciudadanos"

"No por eso uno traiciona sus principios políticos, sino que intenta crear acuerdos que hagan posible un gobierno alternativo al PP, que es el objetivo principal de esta etapa política en España", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que, si para desbancar al PP del Gobierno "hay que buscar otras alternativas y hay que contar con Ciudadanos, pues se cuenta con Ciudadanos". "Ya luego en el momento político posterior se verá si se cede más o menos. Eso es la política", ha precisado.

Carlos Jiménez Villarejo ha recordado que dejó Podemos en noviembre de 2015 y lo hizo público a partir de la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, ya que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se expresó en términos "inaceptables en un proceso de investidura de un partido como el socialista, que tiene sus debilidades y las va a seguir teniendo, pero que no merecía el trato absolutamente agresivo y despectivo con que fue tratado".

Por otra parte, ha constado que esa actitud de Iglesias significaba una "ruptura evidente con el principal partido de la izquierda en este país, que sigue siéndolo, pese a todo".

Acusa a Podemos de olvidar su programa

Su salida de Podemos se debió también a los "errores gravísimos" que se cometieron en la campaña de las elecciones catalanas, en las que él apoyó a una de las candidaturas críticas a la dirección del partido que compitió con la oficialista.

Jiménez Villarejo ha acusado a la dirección de Podemos de olvidar su programa que "habla de transversalidad y centralidad del tablero político para generar una fuerza política que fuera capaz de transformar los fundamentos de la democracia, el bienestar de los ciudadanos y sus derechos".

A su parecer, "eso se ha ido postergando y se ha ido convirtiendo en una fuerza con una aparente radicalidad" que no comparte, porque cree que "con radicalidades en este momento, teniendo enfrente a un partido como el PP, que ha destruido los cimientos de nuestra democracia a partir de leyes represivas, de la destrucción del bienestar de los ciudadanos, no hay más remedio que buscar una alternativa". "Y parece que no están dispuestos a encontrarla", ha lamentado.

El exjuez Baltasar Garzón, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, y el ex fiscal Anticorrupción y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Carlos Jiménez Villarejo han firmado un manifiesto titulado Convocatoria por la Unidaden el que reclaman a todas las fuerzas políticas un proceso de confluencia en el que "constituir una respuesta frente a quienes defienden la ideología neoliberal en el Estado español".

Según los firmantes, las últimas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo son la mejor prueba de que ninguno de los partidos que "defienden el cambio" podrá por su cuenta lograr "una derrota clara del Gobierno conservador del PP". "La única manera de evitar el triunfo de la derecha en las próximas elecciones generales y de superar el lastre de las políticas de austeridad ultraconservadora es la constitución de un frente unitario que acuerde y proponga una candidatura de progreso para llevar al Gobierno las exigencias renovadoras de la ciudadanía", se puede leer en el documento.

El texto recalca además la necesidad de "superar las estrategias particulares de cada partido" y "ponerse por encima de marcas y siglas", a la vez que advierten de que "la unidad y la participación popular no deben ser la máscara de ninguna táctica mentirosa".

"La unidad y la participación popular no deben ser la máscara de ninguna táctica mentirosa –concluye el manifiesto–. La unidad es hoy el camino que necesita la regeneración económica, laboral y política del Estado español".

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La exdiputada de IU y miembro de la lista de Podemos al Congreso de los Diputados, Tania Sánchez, ha sostenido este miércoles que no habrá unificación de IU y Podemos de cara a las elecciones generales "por diferencias estratégicas".

En el acto de presentación de la Unión de Jóvenes Autónomos y Emprendedores (UJAE), Sánchez se ha referido al artículo que publicó este lunes en eldiario.es el exeurodiputado y dirigente de Podemos Carlos Jiménez Villarejo en el que explicaba que veía justificada "la coalición electoral de Podemos e IU".

A este respecto, Sánchez ha afirmado que desde un principio la dirección de IU ha reconocido que "su estrategia es distinta a la de Podemos y no entiende por qué ahora se empeñan en unificar propuestas que son distintas". Además, ha añadido que si fueran como una coalición de izquierdas a las elecciones generales de este año con "estrategias políticas distintas" sería "un conflicto".

Una opinión totalmente diferente mantiene Villarejo, que cree que estaría "más que justificada la coalición electoral" entre Podemos e IU, por la coincidencia entre buena parte de sus programas pero también por que así "lo exige" un sistema electoral que "refuerza el bipartidismo y margina a los partidos débiles" o "menores". "Ya es hora de entenderlo", sostiene en su artículo.

El exfiscal, que fue el fichaje estrella de Podemos para las europeas de 2014 –renunció al poco de tomar posesión porque siempre dijo que no quería ejercer de eurodiputado–, asume que ambos partidos pueden decidir ir juntos o por separado, pero cree que la sociedad necesita "una fuerza política sólida de izquierda, manteniendo como es obvio la identidad de cada partido, para avanzar hacia soluciones más justas".

De hecho, cree que para beneficiar a la ciudadanía la respuesta es "la concordia y el acuerdo electoral", antes que "cualquier objetivo partidista", en un texto titulado "Por la unión de la izquierda". Para defender su tesis, argumenta que, desde 1978, los representantes políticos de IU e ICV-EUiA "han sido los únicos que, pese a su condición minoritaria, han mantenido un permanente esfuerzo" para salvaguardar los derechos frente "al 'fundamentalismo de mercado' impuesto por las oligarquías.

Y deja claro que siempre ha tenido la convicción de que Podemos es "un partido de izquierda", aunque "con ciertos perfiles diferenciados de la izquierda histórica" y con la "voluntad de romper los esquemas tradicionales del sistema de partidos procedente de la Transición".