Maria Dolores Cospedal

Coincide con el juez García Castellón en que la investigación de la operación Kitchen está "agotada" y pide confirmar su exoneración. Insiste en que todo fue una trama policial para que los tribunales no indaguen más en el PP.

Advierten de que cerrar la investigación sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.

El cierre de la pieza 7 del caso Villarejo se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no resolverá hasta el próximo otoño como pronto. Fiscalía y acusaciones populares preparan sus escritos para intentar que se prorrogue la causa y poder aclarar la posible implicación del PP ante los flecos que quedaron pendientes.

No ve "indicio alguno" para enviar a juicio a Cospedal y su marido por el espionaje a Bárcenas, que limita a un asunto policial orquestado por la cúpula de Interior. Tampoco da credibilidad a Villarejo cuando dice que se mensajeaba con Rajoy. 

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, afirmaba que bajo el mandato de Cospedal "se aprueban y firman todos los modificados y complementarios" de la empresa pública Mintra.

El futuro judicial de los dos pasa por los mensajes que dice Villarejo que se intercambió con el expresidente y una nueva declaración de Francisco Martínez prevista para este lunes. Fuentes de la investigación ven complicado que se pueda extraer algún dato relevante teniendo sólo los números de teléfono que acaba de aportar el comisario jubilado dado el tiempo transcurrido.

La ex número dos del PP aludió a un comentario que habría hecho Rubalcaba a un diputado, pero ese hecho no tuvo lugar hasta cuatro meses después de la primera reunión con el comisario. "Con un comentario así, unido a las sospechas de que nos estaban espiando, me interesaba poder conocer" a Villarejo, dijo al juez.

La ex secretaria general del Partido Popular afirma que la reunión fue solicitada por el propio Villarejo para ofrecerle información sobre malas prácticas de "algunas personas del partido".

El excomisario ha implicado a otros miembros de su Ejecutivo, como María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría, que según su declaración tenía copia de la documentación intervenida a Bárcenas.

La ex secretaria general ha dicho esta semana ante el juez que investiga la operación Kitchen que en julio de 2009 le preocupaba que la formación estuviera siendo objeto de espionajes.

Afirma que se limitaba a cumplir órdenes de la ex secretaria general en su interlocución con el comisario, que entraba en coche oficial en Génova para las reuniones. López del Hierro dice que mantenía una relación "ligera" con Villarejo y que comentaban el caso Gürtel porque estaba de actualidad, como ahora haría con los indultos.

La ex secretaria general se ha dedicado más a cuestionar ante el juez los papeles de Bárcenas y la instrucción del caso Gürtel que a dar explicaciones. Pone a Rubalcaba como excusa para conocer a Villarejo, con quien se reunió varias veces. Asegura no haberle contratado nunca, pero sí pagó algún "gasto" por "cortesía".

Ha dicho no saber nada de la captación del chófer del extesorero como confidente. Reconoce que se reunió varias veces con Villarejo, siempre a petición de él, porque le preocupaban las filtraciones sobre el caso Gürtel.

Olivera comparece como imputado en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Asegura que todos los mandos policiales han sabido siempre de los negocios privados de Villarejo y que incluso se usaron para importantes operaciones.

La exdirigente conservadora y su marido están citados a declarar como imputados esta semana en la Audiencia Nacional. Las nuevas revelaciones de la instrucción arrojan indicios sobre presiones al inspector de Gürtel y caja b y una estrategia para "salvar al tesorero" en los primeros años de su imputación. 

Los investigadores tuvieron que "buscar la manera" de dejar constancia de los dirigentes políticos que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero de "una manera menos directa" ante las "presiones" de sus superiores para eliminarlos. La solución fue incluirlos en un anexo al informe principal en el que la UDEF concluía: “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY".

Los de Pablo Casado presentan un escrito en el que piden que se dé a la exsecretaria general del PP “por comparecida” en la comisión que investiga la utilización ilegal del Ministerio de Interior para eliminar pruebas de corrupción.

Manuel Morocho hace un prolijo relato de años de "presiones", intentos de sabotaje de la investigación de Gürtel y de la caja b y generosas ofertas de trabajo para evitar que siguiera al frente. 

Las agendas de Villarejo reflejan nuevos apuntes sobre los que García Castellón quiere preguntar a Manuel Morocho, quien ya denunció los movimientos para apartarle del caso. En la Audiencia Nacional y en el Congreso, el inspector de la UDEF habló de tentativas para "doblegarle", de un traslado temporal "para calmar" al PP y una "sobrecarga" de trabajo para que no se centrara en las causas de corrupción.

La sección del ICAM para la que la exministra fue nombrada en diciembre se reinauguró este día 1: al siguiente, el juez dictó su imputación por el espionaje a Bárcenas. La había precedido el diputado de Vox Carlos Hugo Fernández: dejó el escaño en noviembre, en diciembre se supo que estaba imputado por delito sexual y ahora se encuentra ya en espera de juicio

En cambio, en septiembre del año pasado abrió expediente informativo al exministro Fernández Díaz tras ser imputado en el caso Kitchen sobre el supuesto espionaje al ex tesorero del partido Luis Bárcenas tras conocer que había sido citado como imputado.

El líder de la oposición se aferra a su negativa a responder a los periodistas cuando le preguntan por las citas que su partido y su exdirigentes tiene todavía con la justicia. En el PP temen que la protesta compartida contra los indultos reactive a Vox y le devuelva la presencia pública que perdió en las elecciones madrileñas.

El líder del PP asegura que no le corresponde hablar sobre la apertura de un expediente a María Dolores de Cospedal, tal y como establecen los estatutos de su partido, e insiste en negarse a hablar de las investigaciones judiciales que salpican a su formación.

Las agendas del comisario jubilado reflejan dos estrategias en el PP: en 2012 había que ayudar a Bárcenas, mientras que un año después se puso en marcha el espionaje. El punto de inflexión, la publicación a principios de 2013 de los papeles de Bárcenas, la salida del extesorero del partido y su explosiva declaración en la Audiencia Nacional.

El juez ubica a José Luis Olivera como uno de los comisarios a los que el exDAO Eugenio Pino encargó el espionaje a Bárcenas. Las agendas de Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel. La Audiencia Nacional ya ordenó investigar sus cuentas y patrimonio ante la posible colaboración que habría prestado a Villarejo en sus negocios privados.