El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado la ley que establecía las medidas que debían aplicar las escuelas para garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de los estudiantes en las escuelas, según informa Europa Press. La Presidencia lusa, a través de un comunicado publicado en su página web, ha indicado que ha rechazado la elección de un nombre neutro "por considerar que el decreto no garantiza un equilibrio respecto del principio esencial de la libertad personal".

Asimismo, ha señalado que las medidas que debían adoptar las escuelas para aplicar la ley que establece la autodeterminación de género "no respeta suficientemente el papel de los padres, tutores, representantes legales y asociaciones formadas por ellos, ni aclara las diferentes situaciones en función de la edad.

Con esto, ha enviado de nuevo los textos al Parlamento para que "considere introducir más realismo en una cuestión en la que tiene poco valor afirmar principios que chocan, por su geométrico abstracto, con las personas, las familias y las escuelas, en lugar de ganarlos para su causa, en una escuela que hoy tiene un carácter cada vez más multicultural en Portugal.

Tras el veto, asociaciones de padres y directores de escuelas han afirmado que esperan "ser escuchados en un futuro debate sobre el tema". Los textos habían sido impugnados por la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres (Confap) y la asociación Nacional de Directores de Grupos y Escuelas Públicas (ANDAEP), según ha informado la agencia de noticias Lusa.

El partido ultraderechista Chega ha considerado que Rebelo de Sousa ha hecho "bien en devolver esta ley a la Asamblea en un momento en el que el Partido Socialista ya no tiene mayoría". Así, ha agradecido "el papel decisivo que ha jugado en este asunto" el mandatario, "preservando valores esenciales".

Al parecer, los jóvenes franceses no están gastando los 300 euros del cheque de cultura de Macron en las obras completas de Racine, Flaubert o Proust, sino en mangas y videojuegos. ¿Se lo gastan todo en posmodernidad? Peut être. Es un buen punto de partida para lo que queríamos contar.

He terminado hace poco –¡en la playa!– Después de lo trans, de Elizabeth Duval. Pienso que es un libro relevante porque permite plantear algunas cuestiones de base importantes. Es serio y riguroso, con momentos brillantes –aunque, ¿por qué deslucir parte de un buen ensayo a responder ocurrencias de tuiteros random?–, y tiene el valor de haber planteado las cuestiones con la profundidad de lo que está en juego, al menos en dos sentidos. Primero, que toda discusión sobre lo trans presupone una discusión seria sobre qué significa “género”. Y dos, que para plantear correctamente esa cuestión hay que preguntar por la relación entre lo que tradicionalmente se ha llamado “naturaleza” y “cultura”, lo dado y lo construido, el signo y el significado, el cuerpo y la identidad. Estamos, pues, de lleno en el núcleo los debates que lleva teniendo la teoría feminista desde sus comienzos. Duval se hace cargo de ambos problemas, y encuentra un lugar ajustado que no recae ni en el biologicismo dogmático, ni en el constructivismo unilateral, ni en el voluntarismo ingenuo.

En todo caso, muestra que lo que tenemos ya siempre social y simbólicamente funcionando es una dicotomía, una estructura binaria: “hombre/mujer”, donde “hombre” es el sujeto por excelencia y “mujer” es lo otro, el objeto. Parece innegable que el origen histórico de dicha dicotomía es la división sexual del trabajo: los cuerpos con capacidad reproductora y gestante quedaron relegados a tareas de reproducción de mano de obra para el trabajo y la guerra. El origen del género es pues, si se quiere, “material” en este sentido. Ahora bien, una vez que existe opera como estructura por sí mismo. Esa dicotomía, una vez que existe, opera a priori, predispone a interpretar lo material mismo antes de encontrarlo, ha decidido ya de antemano sobre cada objeto: en un muy buen ejemplo de Duval, una mujer no es violentada por la calle porque el agresor piense que tiene vagina y capacidad reproductiva, sino de forma absolutamente automática, banal y convencional; porque ocupa un lugar inferior en la jerarquía, porque él se cree con derecho a violentarla como su objeto; y no cambiará de opinión si descubre que quien esperaba como mujer tiene pene. La violencia no cesará si descubre que, biológica y objetivamente, ese objeto de su agresión tiene pene y no tiene vagina y capacidad gestante. Bien al revés, seguramente, como han relatado muchas personas trans, redoblará su violencia, y esa violencia es machista –del mismo modo que un asesinato efectuado al grito de “maricón” es homófobo, aunque la víctima resultara ser hetero–.

Como bien dice Duval, el aspecto principal del género es “lo relacional”; precisamos nosotros, lo binario-jerárquico. Es esa matriz la que opera interpretando de antemano la realidad, y ello no cambia por muchos datos bioquímicos, cromosómicos y morfológicos que se aporten, sea para apuntalar la idea biológica de sexo o para complejizarla.

Es esta dicotomía jerárquica, pensamos, el núcleo del asunto. ¿Qué ocurre con ella? De entrada, como también señala Duval, el binarismo estricto se ha relajado, los contornos rígidos entre lo masculino y lo femenino se han difuminado, y la relevancia o proliferación de lo trans es un síntoma, no una causa de ello. Pero la estructura dual sigue operando. No es abolida, sino realizada, aunque con nuevas variaciones, matices o modificaciones, por lo trans mismo.

Por eso, concordamos con la crítica a la ligereza con que a veces un feminismo muy ingenuo anuncia la “abolición del género”. Por decirlo con claridad, la abolición del género sería tanto como la abolición de la estructura binaria misma. Y no está claro siquiera como ello fuera posible. Hay hipótesis, como la de Paul B. Preciado –que sentimos que no acaba de discutirse en el libro en toda su radicalidad–, que tratan de plantear esa opción en serio: la superación del género en una ontología de la disolución total, un materialismo sometido al voluntarismo de la técnica, mediante la auto-construcción tecnoquímica, la superación cyborg del cuerpo natural.

En un pasaje muy agudo de Sodoma y Gomorra, Proust describe la conversación entre dos hombres abierta o veladamente homosexuales, el barón Charlus y Morel, que tienen una relación. El último le confiesa al primero que su fantasía es engañar a “una muchacha muy pura” para arrebatarle su virginidad y después abandonarla. Ambos entienden perfectamente y comparten de qué se trata. Su orientación sexual no heterosexual no menoscaba la estructura dual de género, asentada sobre la dominación de lo femenino. De igual modo, Proust rememora cómo los homosexuales, cuando tienden a identificarse con mujeres, lo hacen con actrices o divas: “Es divina, es rubia”, escribe, como divirtiéndose con un capítulo de RuPaul's Drag Race.

La apuesta de Proust es mantener el esquema dual para explicar las oscilaciones de orientación o identidad de género, que ya comenzaban en su época. “La mujer tendrá Gomorra y el Hombre tendrá Sodoma […], los dos sexos morirán, cada uno por su lado”. Para Proust citando a Vigny, la exploración de, diríamos hoy, las posibilidades de lo LGTB antes conducirá a la separación que a la disolución de lo binario mismo. Esto no es una rabieta reaccionaria. Es tomarse en serio el problema. En varios momentos, Proust se plantea con toda honestidad si puede haber un sujeto que disfrute de un objeto bello sin que sea una depredación; y es obvio, así lo explicita, que ahí subyacen códigos del género. No sabemos si podemos pensar más allá de lo binario. Porque el género es, quizás, la raíz misma de la metafísica. Duval lo apunta al final de su ensayo: el género no se convertirá en una lengua muerta. Si lo hace, será en un mundo que ni siquiera podemos imaginar.

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Clara Ramas es doctora Europea en Filosofía (UCM) y profesora de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Ha sido investigadora en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg y HTW Berlin y profesora invitada en universidades europeas y latinoamericanas. Fue Diputada en la XI Legislatura en la Asamblea de Madrid. Ha colaborado con La 2 y diversos medios escritos. Ha publicado 'Fetiche y mistificación capitalistas. La crítica de la economía política de Marx', con prólogo de Michael Heinrich (2018).

La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García, ha destacado este lunes que los países que adelantan a España en el ranking sobre derechos del colectivo LGTBI son aquellos que reconocen en su legislación la autodeterminación de género, una medida que el Ministerio quiere aprobar a través de la Ley Trans.

En un acto organizado por CC.OO, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, García se ha referido al ranking realizado por la organización ILGA Europe, que representa a más de 600 entidades de más de 40 países europeos, y que sitúa a España en la quinta posición de entre los países con mayor respeto a los derechos de las personas LGTBI, por detrás de Malta, Luxemburgo, Noruega y Portugal, según recoge Europa Press.

En su intervención, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha indicado que en el país se puede "presumir de haber avanzado de una manera extraordinaria" en materia de derechos del colectivo y de ser un lugar "referente" en derechos donde sus habitantes pueden "amar y ser con unas altas cotas de libertad".

García ha destacado ese quinto puesto de España en el ranking, aunque ha precisado que quienes se sitúan en las cuatro primeras posiciones solo se diferencian con España en que ellos "contemplan en su legislación de una manera completa la autodeterminación de género".

"A ver si nosotros podemos pronto ponernos en ese lugar", ha señalado, en relación a la aprobación de la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad y que contempla esta medida y que, según ha denunciado el departamento que dirige Irene Montero, está siendo "bloqueada" por el PSOE en su tramitación.

Los socialistas se han mostrado en contra de esta iniciativa ya que consideran que el género es "una construcción social". La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asegura estar preocupada porque esta norma suponga una inseguridad jurídica para el resto de los españoles y denuncian que la autodeterminación supondrá el "borrado" de las mujeres y de los derechos por los que han luchado durante décadas.

"Sólo falta una parte para el consenso"

Preguntada por la situación actual del texto, García ha indicado que Igualdad está "en negociaciones" son el socio mayoritario del Ejecutivo en "búsqueda de consenso para sacar adelante" esta ley. Según ha explicado, "hasta que no se garantice la plena autodeterminación y el derecho de los menores a ella "sin límite de edad", el Ministerio "seguirá buscando" con el PSOE el acuerdo al que se llegó en 2019 en el Congreso.

"Para ser muy clara: para llegar a este acuerdo solo falta una parte, para ultimarlo y alcanzarlo", ha declarado la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Gobierno.

En este sentido, ha puesto en valor las medidas que, a través de las leyes Trans y LGTBI, Igualdad quiere poner en marcha, entre las que destaca la despatologización de la transexualidad; el acceso del colectivo a la reproducción asistida; la formación en el ámbito educativo, sociosanitario y jurídico, entre otros; o la creación de un Consejo de Participación del colectivo que, según ha explicado, esperan poner en funcionamiento coincidiendo con el Orgullo 2021.

"Se trata de garantizar el pleno derecho al desarrollo de la personalidad", ha destacado García, quien ha recordado que la LGTBIfobia sigue siendo la tercera causa de denuncia por delito de odio; o que 1 de cada 10 mujeres lesbianas y bisexuales han "sufrido discriminación" en el trabajo. "En el Ministerio de Igualdad seguimos apostando por la necesidad imperiosa de una legislación de ámbito estatal de igualdad social para las personas LGTBI", ha insistido.

Medidas desde CC.OO

Precisamente, en el acto, CC.OO ha presentado un documento que recoge algunas de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI en el ámbito laboral. En este caso, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad del sindicato, Elena Blasco, ha destacado que el 54% de las personas LGTBI no hacen visibles su orientación sexual en el trabajo "por miedo a posibles represalias o repercusiones" y que más de un 60% de ellas sufren "discriminación en el acceso al trabajo o en su búsqueda".

Con esta iniciativa, ha explicado Blanco, intentamos identificar "las carencias" que sufre el colectivo en este ámbito y reclamar medidas como eliminar las terapias de reconversión, la implementación de medias de atención integral a las víctimas de acoso laboral por mitivo de orientación o identidad sexual; reivindicar la formación de profesionales y de empleados en las empreas; fomentar los currículums ciegos; o la negociación de convenios con cláusulas de inclusión.

El documento también llama a poner en marcha protocolos ante el acoso en el entorno laboral; introducir un régimen sancionador por discriminación o campañas de sensibilización en espacios laborales.

El Ministerio de Igualdad afirma que la Ley Trans, actualmente en tramitación en el seno del Gobierno, “viene a erradicar” situaciones como la catalogación de la transexualidad como una enfermedad en un documento del Ministerio de Sanidad publicado por infoLibre [ver aquí]. Al mismo tiempo, la federación Plataforma Trans y las organizaciones Euforia Familias Trans-Aliadas y Chrysallis reclaman su rectificación o retirada. Así son algunas de las reacciones recabadas del ámbito asociativo: “Es incongruente”. “Puede hacer mucho daño”. “Puede ser humillante”.

“La Ley Trans viene a erradicar este tipo de políticas en el ámbito de la salud que continúan tratando a las personas trans como enfermas a pesar de lo marcado por la OMS. España debe equipararse al avance en derechos al resto de Europa, según lo establecido por los distintos organismos a nivel regional e internacional”, señalan fuentes de Igualdad, departamento dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), cuya norma ha ocasionado roces en el seno del propio Ejecutivo, con críticas de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Sanidad, departamento dirigido por Carolina Darias (PSOE), continúa sin responder a las preguntas planteadas desde el lunes por este periódico para conocer detalles y explicaciones sobre el documento, fruto de un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de 2007.

El documento de Sanidad supone abordar la transexualidad desde una “perspectiva patológica”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, federación que a raíz de la publicación de la información publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter.

“A lo largo de los años hemos avanzado en la atención a las personas trans. En 2018 la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad una enfermedad. Todo ello exige, se quiera o no, un nuevo discurso escrito y hablado, y por supuesto un nuevo modelo de atención. Además, existen ya buenas prácticas en muchas comunidades autónomas, como Andalucía, que fue pionera”, explica Cambrollé, que lamenta la “incongruencia” de mantener vigente ese acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud “a las puertas de un gran cambio legal que aborda salud, educación, deporte, inclusión, y que supone un avance hacia la despatologización”.

“Las identidades trans son una expresión más de la diversidad humana. Es no sólo injusto, sino incoherente seguir tratando a las personas trans como enfermas, como lo sería mantener manuales didácticos que digan que la homosexualidad se cura”, añade la presidenta de la Plataforma Trans.

“No es inocuo. Documentos así pueden hacer mucho daño”, afirma Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, que reclama su rectificación. “En ocasiones nos encontramos con profesionales con prejuicios que se agarran a documentos así para no atenderte, diciendo que hay unas unidades de referencia que en realidad no son obligatorias, y que entran a invadir competencias autonómicas”, afirma Aventín, para quien no tiene sentido que, en paralelo a las leyes autonómicas que garantizan atención sanitaria “sin segregación” para las personas trans que la necesitan, haya aún espacios donde sobreviven los viejos esquemas que resultan “patologizadores”. “La ley [en referencia a la Ley Trans] también está para retirar estas reminiscencias del pasado, a las que se agarran quienes trabajan desde los prejuicios”, explica.

Javier Maldonado, asesor legal de la asociación de familias de menores trans Chrysallis, afirma: “El documento es una rémora del pasado, de una concepción que por fortuna va quedando en el olvido”. A su juicio, el listado del ministerio no puede eclipsar los avances realizados, por ejemplo con la legislación autonómica, pero estos avances tampoco deben hacer olvidar el camino que queda por recorrer. “A Sanidad le pedimos que actualice la forma en que se aborda la necesidad de algunas personas trans, no todas, de recibir tratamientos. No puede haber una visión patologizadora. La transexualidad no es una enfermedad, como el embarazo tampoco lo es. Pero la embarazada necesita atención médica, igual que la persona transexual”, explica.

Maldonado afirma que la necesidad de atención sanitaria a las personas trans –“no todas la necesitan”, insiste– viene dada en muchos casos por “mensajes unívocos de una sociedad que solamente contempla unas determinadas formas, con un mirada social terrible de las personas trans, que no coinciden en su aspecto con los estereotipos imperantes”. Añade que encontrar mensajes como estos con consideración oficial puede resultar “humillante” para una persona trans. “Es una visión desfasada. La transexualidad no es una enfermedad y no necesita tratamiento, aunque lógicamente haya personas trans que sí necesitan atención sanitaria”, afirma. El documento recoge “una idea ya superada por la OMS”, agrega.

Chrysallis no sólo reclama la retirada del documento, sino que solicita al Gobierno la modificación del real decreto de 2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, “dejando clara la despatologización de la transexualidad y añadiendo en el anexo 3 la atención a las personas transexuales e intersexuales”, incluyendo tratamiento hormonal, proceso quirúrgico genital, material protésico y tratamientos para la voz, entre otras actuaciones.

Para mí que esas acusaciones no solo persiguen desviar la atención del problema real que sufrimos las mujeres, el poder patriarcal, sino que carecen de todo fundamento pues, lejos de lo que significa la palabra transfobia, promulgar una ley que recoja los derechos de las mujeres “transexuales” y vele por su dignidad no representa ningún problema para el feminismo. Todo lo contrario, las feministas pensamos que esa ley es necesaria, pues nuestra lucha siempre ha ido dirigida a erradicar toda discriminación por razón de sexo u orientación sexual y a eliminar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, sean mujeres trans, prostituidas, venidas de otros países, cuidadoras, limpiadoras, deportistas o ingenieras.

Eso sí, antes de entrar en este debate que ha sugerido que el mayor obstáculo para la ley trans son las feministas, hay que precisar que el feminismo es una teoría política opuesta al determinismo biológico y a los roles asignados a las mujeres basándose en "una supuesta identidad de género femenina: ser mujer/hacerse mujer", complementaria a una supuesta identidad de género masculina: “ser hombre/ hacerse hombre”. Es este sistema de géneros, no el sexo biológico el que crea la desigualdad al estar basado en unos estereotipos jerarquizados.

Desde esa perspectiva, una ley que mete en el mismo saco “la identidad sexual” y “la identidad de género” no hace sino apoyar un sistema de desigualdad y aumentar la confusión. Y lo mismo ocurre respecto a la situación de las personas “transexuales” y “transgénero”. Solo con diferenciar ambos conceptos se ve que no pueden reducirse ambos a la expresión "trans". Un transgénero es una persona que se expresa de una manera distinta a lo que la sociedad espera por su sexo biológico y, por tanto, puede asumir las características del género opuesto, las características de los dos géneros o las de ninguno de los dos. Una persona transexual, en cambio, es alguien que no reconoce su cuerpo como suyo, de tal manera que considera someterse o se somete al tratamiento hormonal y quirúrgico necesario para adquirir la apariencia física de las personas del sexo contrario, lo que coloquialmente se conoce como cambio de sexo. A la luz de estas definiciones parece que el propósito de esta polémica sea marear la perdiz hasta conseguir que el discurso transgénero se convierta en sinónimo de transexualidad, lo mismo que desgraciadamente ha sucedido en muchos ámbitos con las palabras género (herramienta de análisis) y sexo (categoría biológica). Es triste observar cómo, amparándose en la teoría Queer, ciertos grupos están utilizando a las mujeres transexuales como arma arrojadiza contra el movimiento feminista.

Reivindicar el género (construcción social amparada por siglos de patriarcado) como el elemento de identidad de una persona no solo es una posición teórica contraria a la teoría feminista, sino que entendemos que quien la considere como factor de acción y estrategia política, caerá en el más elemental "mujerismo" y ayudará a que la causa de las mujeres sufra un retroceso. Parece que la izquierda alternativa se hunde en las arenas movedizas de la posmodernidad, pues confundir la lucha de las mujeres con las reivindicaciones de los colectivos LGTBI es no saber lo que significa una cosa y la otra.

Ante esto, el feminismo está obligado a distinguir entre “la identidad de género”, como concepto teórico y el sexo como hecho biológico lo que, por cierto, la teoría Queer niega, pues defiende que el sexo como tal también es algo construido socialmente. Veámoslo con más detenimiento: ¿Qué mujer, que menstrúa, ha gestado, parido y amamantado o que ha pasado por la menopausia, diría que el sexo es cosa de elección personal o que es su deseo el que la ha hecho hombre o mujer? Porque yo he leído cosas así. Ante esto, solo cabe preguntar que, si el sexo biológico es una ficción y una cuestión puramente de sentimiento, ¿qué es la "identidad de género"? ¿Una ficción doble? ¿Tiene algún sentido usar este concepto como principio teórico de una Ley? ¿Una ley que se articula en base a creencias y sentimientos primando la subjetividad (el sexo sentido), antes que las situaciones reales y las evidencias?

¿Es que aún no está suficientemente probado que “a las mujeres las matan, a las niñas les mutilan los genitales, y a ambas les asignan socialmente la responsabilidad de los cuidados y las casan forzosamente por nacer mujeres? ¿Que se cercena su voluntad individual, se niega su derecho al voto, se las discrimina laboralmente y se les impide acceder a muchos recursos condenándolas a sufrir los índices más altos de pobreza o precariedad por nacer mujeres? Por ser mujeres y no por tener “identidad de género femenina”. Mal que nos pese, esto son hechos, no teorías. ¿Cómo es posible que a estas alturas estemos con una polémica de este tipo? ¿Qué intereses hay tras esta defensa a ultranza de un generismo sin matices?

Del uso interesado y el análisis erróneo de cualquier situación surgen leyes con grandes fallos y eso es lo que se trata de evitar en esta Ley. El feminismo no cuestiona los derechos de las mujeres trans, a las que, por supuesto, considera mujeres, ni que una persona tenga libertad para sentirse hombre o mujer independientemente de su sexo biológico, ni el aspecto físico que esta persona elija manifestar, lo que plantea son dudas acerca de si se puede trasladar al ordenamiento jurídico y administrativo un sentimiento o un deseo que puede cambiar en el tiempo. Si para hacer un cambio de sexo automático basta con que un hombre, mujer, niña o niño, expresen en un momento determinado que se sienten de un sexo diferente al suyo biológico y no solo eso, sino que, además, se deja la puerta abierta para que puedan cambiar de opinión al cabo de un tiempo ¿hay promulgado algún procedimiento que pueda asumir todos esos sentimientos personales? ¿qué consecuencias sociales pueden derivarse de dar al género, “un constructo social y cambiante”, categoría legal? ¿y cómo afectará a procesos administrativos como, por ejemplo, la recopilación de datos estadísticos? Las estadísticas se desagregan por sexos y son fundamentales para conocer problemas como la desigualdad laboral y salarial, la feminización de la pobreza, el techo de cristal, la violencia machista, etc. y planificar las políticas públicas para su solución.

Como feminista estoy a favor de la despatologización social de la “disforia de género” y que una persona no tenga que sufrir lo que nos cuenta la película sobre Lili Elbe, La chica Danesa, nacida como Einar M. Andreas Wegener, para transformar su cuerpo de hombre en el de una mujer. También estoy de acuerdo en que hay que flexibilizar la noción actual de género, como muchas otras cosas dentro de la teoría feminista, pero eso no es óbice para que la próxima Ley de Libertad sexual eluda el sentido común que debe impregnar cualquier ley, desoyendo las voces que alertan sobre la incongruencia de equiparar en todos los aspectos legales la “identidad de género” a la identidad sexual.

Es evidente que las élites del patriarcado están inquietas ante el avance del feminismo y son conscientes de que para perpetuar su dominación sobre las mujeres necesitan redefinir su posición actual, por ello intentarán invadir nuestro espacio de reivindicación política y fomentar divisiones artificiales por el manido procedimiento de lanzar a unas víctimas contra otras. Por favor, no hundamos un debate que debería ser constructivo y fructífero en otra ola de descalificaciones, falsedades y confusionismo. No les facilitemos la tarea.

                                                                                                                                                                        Pilar Laura Mateo es socia de infoLibre

Pongámonos en contexto.

Hace unos días la autora de la exitosa saga de Harry Potter publicó un tuit defendiendo a Maya Forstater, una investigadora a quien no renovaron el contrato al parecer por expresar que el “sexo es un hecho biológico e inmutable”: “Vístete como quieras ⎯dijo JK Rowling en tuiter⎯. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a abandonar sus trabajos por afirmar que el sexo es real?”. Antes de seguir, pensemos que en el Reino Unido las peticiones de cambio de sexo de menores de edad han aumentado un 4.400% desde que entró en vigor una nueva legislación sobre género.

El tuit hizo saltar la polémica.

En nuestro país la discusión se suma a la iniciada semanas atrás con un comunicado del Partido Feminista, Lidia Falcón a la cabeza. La dirección del mismo estaba preocupada tras la presentación en el Parlamento de Extremadura de una ponencia leída por una niña de 8 años declarándose transexual y agradeciendo que le hubieran dejado empezar su cambio de sexo. Publicó entonces el Partido Feminista un comunicado alertando lo que suponía esa realidad ⎯reivindicaciones de cambio de sexo con una edad en la que no se distingue cuánto dura una hora⎯ y advirtiendo que desde Podemos iban en esa dirección y se había creado una Comisión encaminada a legalizar y aceptar el discurso de la desaparición del sexo y la libre determinación de la identidad; algo que derivaría en la invisibilidad de la mujer.

Vayamos por partes, para entender la controversia.

Los orígenes de la desaparición de los sexos

La filósofa estadounidense Judit Butler, al publicar El género en disputa en los noventa, abrió la caja de Pandora. En ese momento, el feminismo ya tenía claro, lo había dicho Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que el género era aquel comportamiento que tenemos asociado culturalmente, resultado de patrones sociales. Pero Butler añadió a esa reflexión que el sexo es también un constructo social, sumándose a la teoría queer que defiende que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están marcados por la biología. Se unió así –o más bien se eliminó la diferencia y aquí está la trampa y el peligro⎯: sexo y género, defendiendo una identidad que depende de nuestro deseo. O sea una persona puede elegir ser mujer, hombre o las dos cosas a voluntad ⎯bienvenidos al binarismo⎯.

Ese “No existe ni género ni sexo”, o sea, no existen “las diferencias entre las personas”, es lo que nos preocupa ⎯y con razón⎯ a las feministas. Porque, eliminadas esas diferencias de sexos, desaparecen todas las opresiones contra las que ⎯por el hecho de ser mujeres y tener un sexo⎯ ha luchado el feminismo desde sus orígenes. Parece claro que si no hay diferencias de sexo, no hay sexismo y no hay lucha feminista. ¿Cómo defender desde el feminismo la igualdad para las niñas en su derecho a la escolarización en aquellos países en los que no pueden asistir al colegio? ¿Cómo luchar contra la ablación? ¿Cómo redactar las leyes de violencia machista si no existen mujeres? En definitiva, si el sexo no es real, sino una identidad elegida a voluntad, y no existe diferencia entre hombres y mujeres, porque somos seres binarios, ¿cómo reivindicar una sociedad igualitaria si no existe desigualdad?

Sigamos.

Sin embargo, para cambiar de identidad se recuperó el concepto de género y con él los estereotipos de hombres y mujeres y con ellos todas las opresiones contra las que ⎯por el hecho de ser mujeres y tener un sexo⎯ ha luchado el feminismo desde sus orígenes. Ni la Sección Femenina hubiera sido igual de contundente adjudicando estereotipos. Así, si un niño decide hacerse agujeros en las orejas para llevar pendientes, vestirse de rosa, pintarse los labios y llevar tacones es ⎯qué cosas⎯ una mujer, sin necesidad más que de desearlo, ahí está el matiz que la aleja de la disforia de género (desajuste o malestar con su cuerpo), que es una enfermedad con diagnóstico y tratamiento. Entonces… ¿los estereotipos de género existen? No habíamos quedado, tras leer a Simone de Beauvoir, que el género, precisamente, es el que hay que abolir y por eso “una mujer no nace, sino que se hace”?

La futura ley trans y el Partido Feminista

En este punto, en España, desde la izquierda no se tardó en defender las teorías queer adoptadas por Judit Butler; con este complejo que existe de respaldar cualquier posicionamiento con tal de distanciarse de la derecha, algunos son capaces de defender lo indefendible. Si, además, hablamos de minorías, y de culturas diferenciadas, el terreno estaba abonado. ¿Cómo atreverse a defender la izquierda que las mujeres tiene vulva y los hombres pene, si eso lo hace la derecha ultramontana? De hecho, Podemos, y parece que también Izquierda Unida, han caído en la trampa. Y no hay más que leer la “Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género”, que planteó el partido morado en la pasada legislatura defendiendo la eliminación de las categorías antropológicas, varón y hembra. De seguir así, nos encontraremos que si el que legisla es Vox, nuestros hijos no podrán acceder a la asignatura de educación sexual, y si el que gobierna es Podemos, nuestros hijos de ocho años tendrán un sexo u otro cada día según la identidad que decidan en función de la ropa que se pongan.

La alarma saltó en el Partido Feminista tras leer una de las reivindicaciones de Podemos: “La autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada e interpretada de acuerdo a la manifestación de voluntad personal”, o sea, sin necesidad de cirugía y sin supervisión médica ni psicológica, defendiendo la legislación de la no identidad del individuo. Vamos que uno llega a los baños del aeropuerto y entra al de mujeres u hombres según su propia autodeterminación sin que nadie se lo pueda discutir; o se acoge a la cuota femenina o masculina de cualquier trabajo según le interese; o entra en la piscina nudista para mujeres de Madrid si ese día se siente mujer. ¿Recuerdan las listas cremalleras adoptadas para las elecciones con el objetivo de alcanzar un equilibrio de sexo? Respiren, ya no serán necesarias, porque cualquier candidato puede ser de cualquier sexo. De esos “cambios” saben en Canadá, donde hay una legislación transgénero, y hace poco detuvieron a un hombre que en el momento de su detención se declaró transgénero y acabó forzando a varias presas. Poco más que añadir salvo que le ha caído la perpetua, claro.

Recordemos que para la teoría queer la mujer y el hombre no son realidades empíricas en relación al sexo, sino figuras no constitutivas de naturaleza fija, que cambian, vamos. Entonces, ¿la biología no existe? ¿Puede el Estado legitimar las subjetividades relativas de todos nosotros? ¿Puede prever la ley la defensa binarismo y simultanear la categoría hombre/mujer y así la desaparición de la defensa del sexo? ¿La individualidad es prioritaria a lo colectivo? Alguien tenía que alzar la voz en defensa de las mujeres y ha sido el Partido Feminista, que ha alertado sobre el abandono de lo material por lo simbólico y el peligro que eso supone. Defender una ley que respalda que te cambies de sexo sin necesidad de ningún diagnóstico equivale a eliminar los sexos y, al fin, y ahora llega la maniobra perversa, se consigue algo que el patriarcado ni se había atrevido a soñar: eliminar, por ley, la existencia de las mujeres y, no perdamos este detalle de vista, de los homosexuales ⎯igual no lo han pensado⎯, porque no se puede ser homosexual si los sexos no existen.

La defensa de las posiciones feministas es más necesaria que nunca. El sexo es una característica biológica que no tiene que llevar aparejada la asignación o imposición de comportamientos sociales, o sea de género, para diferenciarnos (Simone de Beauvoir). Es más, debemos luchar ⎯principalmente desde el feminismo⎯ por defender que la feminidad no normativa no implica querer cambiarse de sexo, o sea ser transgénero, muchas mujeres heterosexuales y lesbianas están disconformes con la feminidad normativa y huyen de la imagen que la sociedad les marca siendo mujeres. Parece que ahora, no ponerte pendientes te hace distanciarte de la feminidad y acercarte al transgenerismo, lo dicho, el discurso de la Sección Femenina se quedaría corto. Si desarrollamos la tesis de eliminar elementos biológicos en nombre de la posmodernidad y los guiños a los individualismos podríamos replantearnos también las clasificaciones que hacen los zoólogos de los animales o las diferencias evidentes de aspecto entre las razas (¿por qué no elegir ser negro o blanco si puedo elegir entre ser mujer u hombre?). Una pregunta, de seguir así, ¿cuánto tardaremos en tachar de tránsfobos a los ginecólogos cuando, tras una ecografía, nos aseguren que estamos embarazadas de niño o de niña?

En definitiva, no hay duda de que desde el feminismo debemos insistir en que nos matan, nos marginan, nos violan, nos obligan a casarnos, nos cortan el clítoris, exigen nuestra virginidad, en definitiva, nos oprimen por tener vagina, por ser mujeres.

La mujer transexual que recibió una paliza por parte de un menor de 15 años en la madrugada del 12 de agosto junto al centro comercial Vallsur, en la capital vallisoletana, ha perdido la vida en el Hospital Río Hortega, donde había sido ingresada.

Además y según publica El Norte de Castilla en su edición de este domingo, el autor confeso de la agresión, un menor que se entregó horas después en la Comisaría de la Policía Nacional, permanece ingresado en el centro de reclusión Zambrana y pasará a ser investigado ahora por un delito de homicidio ante la muerte de la víctima de la agresión.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 12 de agosto en las inmediaciones del citado centro comercial, cuyo vigilante se encontró con la víctima, una mujer transexual de 59 años, tendida sobre el suelo ante la puerta principal, hacia el Paseo de Zorrilla.

La mujer estaba inconsciente y presentaba signos evidentes de haber recibido una paliza. El menor, además, se había llevado su móvil, por lo que también está acusado de un delito de robo con violencia.

La víctima fue evacuada esa misma madrugada en estado muy grave al Hospital Río Hortega, donde permaneció ingresada hasta que perdió la vida en torno a las siete de la tarde del sábado 22 de septiembre, según confirmaron los propios familiares de la fallecida a los representantes de diversas organizaciones sociales. El colectivo transexual tiene la intención de llevar a cabo una concentración en repulsa del asesinato y en defensa de sus derechos el próximo 20 de octubre en la capital.

El PP rechaza que los jueces tengan un examen específico de igualdad y violencia de género tras su formación sobre esta materia en la Escuela Judicial, y tampoco que la superación de esta prueba condicione su selección para la carrera judicial.

Así se desprende de las enmiendas presentadas por los conservadores a la reforma de la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, que se encuentra en tramitación en el Congreso.

Este nuevo texto incluye en el artículo referente a las pruebas de selección de estos profesionales que, durante la fase teórica de formación multidisciplinar, se incluirá "el estudio en profundidad de las materias que integran el derecho antidiscriminatorio y contra la violencia de género en todas sus formas". Además, se indica que "este contenido temático será objeto de evaluación específica y habrá de ser superado para iniciar el periodo de prácticas".

Es esta última parte del párrafo la que el PP propone retirar alegando "una mejora técnica" y evitando así que la carrera de estos jueces dependa de la nota de su prueba.

La propuesta del principal partido de la oposición también elimina de esta reforma un párrafo que indica que aquellos jueces que obtengan plaza en Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer tienen que participar en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca reglamentariamente, antes de tomar posesión en su nuevo destino.

Atención particular a estos conocimientos

Por el contrario, desde Unidos Podemos se reclama incluir en el texto que todas las pruebas selectivas para el ingreso o promoción en la carrera judicial y fiscal deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia machista y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

La formación liderada por Iglesias ha presentado, además, una enmienda para que las pruebas de promoción de la categoría de juez a la de magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, de lo social y en violencia contra la mujer, tiendan a "apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada orden jurisdiccional".

"Además de los conocimientos propios de cada orden jurisdiccional para acceder a las pruebas selectivas, será necesario acreditar haber participado en actividades de formación continúa con perspectiva de género", añade el texto del grupo confederal.

Dependencias para evitar confrontación

Los socialistas también ponen en su punto de mira estas pruebas y, en su caso, quieren exigir por ley que el temario "garantice la adquisición de conocimientos en materia de derecho antidiscriminatorio, tanto en el bloque constitucional como en el resto de las ramas del ordenamiento jurídico, incluyendo la normativa europea y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia de género suscritos por España".

Por su parte, Ciudadanos ha registrado cinco enmiendas a este texto. En una de ellas recoge la existencia de dependencias en los juzgados que impidan la confrontación de la víctima con el agresor, y evitar así la victimización secundaria de la mujer, mientras que en otra de sus propuestas se incluye la creación de una unidad específica de evaluación de datos sobre los casos de violencia de género. Esta unidad deberá publicar sus datos mensualmente y elaborará un informe anual sobre los datos relativos a la violencia machista y sexual.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado este martes ante el Congreso el "injustificable retraso" que está viviendo la ley contra la discriminación de este colectivo, que se tomó en consideración en la Cámara baja hace ahora un año.

Según ha denunciado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, la conocida como Ley de Igualdad LGTBI se encuentra "paralizada" a pesar de que todos los partidos de ámbito estatal con representación parlamentaria se comprometieron por escrito, y durante la celebración de las fiestas del Orgullo 2017 y 2018, a impulsar su aprobación.

"Nuestra mayor prioridad es la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI. El primer borrador parte de nuestro trabajo, el de los colectivos LGTBI, y hemos impulsado su tramitación parlamentaria desde que se registró en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 2017, mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios y realizado acciones de sensibilización con las principales organizaciones y sindicatos de este país", ha recordado Sangil.

La presidenta de la federación ha denunciado la prórroga sistemática y ampliaciones de plazos de enmiendas en la tramitación de este texto y ha pedido a los partidos que cambien de actitud. "Todos los políticos deben entender que estamos hablando de derechos humanos, de que a las personas trans nos dejen de considerar enfermas, de evitar suicidios infantiles, de prevenir delitos de odio, de acabar con todo tipo de discriminaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia", ha señalado.

"La lentitud es injustificable"

"No podemos esperar más, y no vamos a bajar la guardia en ningún ámbito hasta que consigamos una absoluta igualdad legal y real. La lentitud de la Comisión de Igualdad es injustificable", ha añadido Mané Fernández, vicepresidente de FELGTB.

Miembros del colectivo se han concentrado este jueves ante el Congreso para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su equipo a que contribuya "de manera decidida" a la aprobación de este texto, "haciendo efectivo el compromiso del PSOE expresado tanto en público como en privado".

"La presencia de una ministra y un ministro en la pancarta de cabecera de la manifestación del Orgullo LGTBI celebrada el 7 de julio en Madrid lo volvió a evidenciar, así como nos lo trasladaron Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, e Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, en la reunión que mantuvimos el pasado 12 de septiembre", ha apunta la FELGTB.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y multa para un hombre acusado de un delito de odio por la difusión de mensajes de carácter homófobo, racista y xenófobo a través de Twitter. La vista oral está señalada el lunes, 17 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 11.10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 30 de octubre de 2014, el acusado introdujo en la red social Twitter, bajo un seudónimo, el mensaje: "El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por maricón. He dicho".

Incluyó además otros mensajes, en uno de ellos, bajo la imagen de la película La naranja mecánica, puso el comentario: "Guarro que veo, guarro que apaleo". En otro mensaje redactó: "Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!". También subió otros mensajes sobre la supremacía racial blanca, refiriéndose, entre otros, al término aryanism (en alusión a la raza aria).

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio del artículo 510.1 (redacción anterior a 2015) del Código Penal y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios (2.700 euros).

El Senado de Chile ha aprobado este martes un proyecto de ley sobre la identidad de género, que regula el cambio de nombre y sexo en adultos mayores de edad y de los adolescentes de entre 14 y 18 años.

El proyecto ha sido aprobado por 26 votos frente a 14 y con ninguna abstención. Sin embargo, la votación para aprobar la medida para menores de 14 años ha sido rechazada por falta de votos suficientes, según ha informado el diario chileno La Tercera.

La votación se ha llevado a cabo en medio de manifestaciones por parte de partidarios y opositores que se encontraban en las tribunas del Senado. El presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, se ha visto obligado a pedir silencio en reiteradas ocasiones.

"La sociedad ha cambiado y hay que hacerse cargo de los cambios de la sociedad chilena. La sociedad chilena lo que hace es respetar algo, mientras no traten de imponérselo al resto", ha afirmado el senador Ricardo Lagos. "A nadie lo van a obligar a cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil", ha aseverado.

Ni mujer ni hombre. El Gobierno alemán dio luz verde esta semana a un proyecto de ley para introducir un tercer género en el Registro Civil bajo la denominación de “otro” o “diverso”. Un cambio legislativo que permitirá que los padres de bebés intersexuales – aquellos que "nacen con características sexuales que no encajan con las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos", según Human Rights Watch– no tengan la obligación de inscribirlos apresuradamente en el registro de nacimientos como hombre o mujer. Se espera que la norma, tal y como señaló el portavoz del Ejecutivo germano, empiece a tramitarse cuanto antes en el Parlamento de forma que pueda entrar en vigor, como tarde, a principios de 2019. “Es hora de que se modernice de una vez la legislación vigente”, aseveró la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, cuyo departamento ha sido el encargado de elaborar el texto.

Con este proyecto de ley, el Gobierno encabezado por la canciller Angela Merkel pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Constitucional germano. En su resolución, el alto tribunal fijaba finales de 2018 como fecha límite para aprobar las modificaciones legales pertinentes que permitan incluir en los formularios de registro una tercera casilla con el término “inter”, “diverso” o cualquier otro que describa de forma “positiva” su identidad de género. El fallo, que respondía a una querella presentada por una persona intersexual y que revertía varias sentencias dictadas previamente –incluida una del Supremo–, se apoyó en el derecho constitucional a la protección de la personalidad. Y, en este sentido, la Constitución alemana “también protege la identidad de género de aquellos que no puedan ser clasificados como ‘hombre’ o ‘mujer’ de forma permanente”.

La resolución, y la actual decisión del Gobierno de cumplirla, suponen un paso de gigante en el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales en el país –unas 160.000, según apuntó el Constitucional en el fallo–, después de que en 2013 se diera luz verde a una reforma normativa que permitía a los padres dejar en blanco el formulario si sus bebés nacían con características sexuales que no encajaban con las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos. Esta modificación legal se produjo por recomendación del Comité Ético Alemán: “Supone una interferencia injustificable al derecho a la privacidad y al derecho a la igualdad de trato que las personas que no pueden ser clasificadas como hombre o mujer debido a su constitución física se les obligue legalmente a asignarles una de esas categorías en el registro”, señaló entonces el organismo.

La regulación en otros países

Con la aprobación del proyecto de ley que ha puesto sobre la mesa parlamentaria el Ejecutivo de Merkel, Alemania se convertirá en uno de los pocos países que reconocen el tercer género de forma explícita. Los pioneros fueron Australia y Nueva Zelanda, que incluyen en los registros los géneros “neutral” o “intersexual”, respectivamente. Sin embargo, esta opción también está presente en Nepal –donde se expiden pasaportes con el género “otros”–, Pakistán –donde se expiden DNI con “tercer género”–, Bangladés o India. Canadá, por su parte, lo permite en el pasaporte, mientras que en Estados Unidos dicho reconocimiento varía en función del estado. Nueva York, por ejemplo, entregó a comienzos de 2017 el primer certificado de nacimiento que reconocía a una persona como “intersexual”, mientras que en California, está abierta la posibilidad en los documentos del género neutro.

A nivel europeo, Alemania es todo un referente. Sin embargo, no es el único que está avanzando hacia el reconocimiento total del colectivo intersexual. También han dado pasos de gigante Irlanda o Dinamarca, aunque todavía no cuentan con un status legal tan claro como el germano. Y en la buena dirección camina también Holanda, donde el pasado mes de mayo la Corte de Limburgo sentenció que los niños cuyo sexo “no pueda determinarse al nacer” podrán ser registrados por sus padres sin especificar el género en el certificado de nacimiento y en el documento de identidad. Además, en la sentencia emitida, el tribunal urgió también a los legisladores a ponerse manos a la obra para que el tercer género sea, finalmente, una realidad en el país.

¿Y en España?

En España, el debate sobre la inclusión de una tercera casilla lo puso sobre la mesa Unidos Podemos. El pasado mes de febrero, el grupo parlamentario que lidera Pablo Iglesias registró en el Congreso de los Diputados su proposición de Ley integral de transexualidad, cuyo artículo siete establece que cualquier persona mayor de 16 años “cuya identidad sexual y/o de género no coincida con el sexo que figura en el Registro Civil” podrá solicitar su modificación en base a tres opciones: “Masculino”, “Femenino” o “No binario”. “Las personas menores de 16 años podrán solicitar la rectificación de la circunstancia relativa al sexo, y/o el cambio de nombre propio cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión. En caso contrario, el consentimiento lo darán las personas que ostenten la representación legal de la persona menor de 16 años”, completa el texto.

Los juristas consultados por infoLibre coinciden en señalar que, como Alemania, España también debería abrir el Registro Civil al tercer género. Para la portavoz de la asociación de magistrados Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, dar este paso “sería una forma de amparar” los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que establece la necesidad de proteger a los menores “en todos sus ámbitos”. “Y la identidad sexual tendría que ser objeto de dicha protección”, asevera la magistrada, que no cree que esta inclusión del tercer género requiera “grandes cambios” porque “no hay ningún precepto legal que lo impida”. “Simplemente, habría que reformar la ley del Registro Civil para incluirlo”, concluye.

En la misma línea se pronuncia en conversación telefónica con este diario Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, que considera necesario dar el paso para “tener una legislación avanzada y de vanguardia en este asunto” y para hacer que se cumpla el artículo 10 de la Constitución, que establece “el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona”. “Constitucionalmente, no hay ningún problema. Sólo con cambiar la ley es suficiente”, reitera el magistrado.

El Observatorio contra la LGTBfobia criticó en su informe anual de 2017, presentado esta semana, la falta de desarrollo tanto de los protocolos como del reglamento de las Leyes de Identidad de Género y contra la LGTBfobia, que "son hechos vitales para que esta leyes no se queden en una mera declaración de buenas intenciones", informa Europa Press.

También se prevé en la Ley la creación de un Consejo LGTBI que estará compuesto por las asociaciones que trabajen principalmente a favor de los derechos de las personas LGTBI y personas y profesionales que hayan destacado por su trabajo y su calidad de expertos en este ámbito.

Por tanto si bien la Ley daba un plazo de 9 meses para llevar a cabo el desarrollo reglamentario, de momento la mayoría de protocolos contemplados no se han llevado a cabo y tampoco se recogió en los presupuestos de 2017 partidas presupuestarias destinadas a tal fin.

Del mismo modo, el artículo 8.2 de la Ley LGTB contemplaba la creación de un comité consultivo, que reuniera a representantes de las asociaciones, del servicio de asesoramiento y de la unidad de género, sin que este de momento esté constituido.

En cuanto al fundamental protocolo de atención educativa a la identidad de género de las personas trans (artículo 23), de momento no se ha aprobado y el Gobierno regional se encuentra tramitándolo, ha destacado el estudio.

En relación con los artículos 33.2 (los centros de menores se trabaje con la diversidad familiar con el fin de garantizar que los menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de la diversidad familiar por razón de identidad o expresión de género), artículo 32.2 (inclusión de forma expresa en los programas de apoyo a las familias medidas de apoyo a la diversidad familiar por razón de identidad y expresión de género), artículo 34 (acciones relacionadas con la violencia familiar por causa de identidad y/o expresión de género de cualquiera de sus miembros, incluyendo el no respeto por padres y hermanos a la identidad y/o expresión de género en los menores), todos ellos no se están recogiendo de manera específica "al considerarse que no debe distinguirse ninguna tipología de familia en concreto haciéndolo todo de manera transversal, toda vez que las familias LGTBI son exactamente iguales a las demás familias".

En lo que respecta a la Evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género que recoge el artículo 45, el Gobierno regional está elaborando de momento el preceptivo informe de impacto en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género.

El Observatorio tampoco tiene constancia que desde los centros médicos, antes del inicio de los tratamientos hormonales, se esté ofreciendo la posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación, tal y como se establece en el artículo 16.3 de la Ley.

La norma también prevé la creación de una Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación que tiene como objetivo la coordinación de todos los organismos y a todas las Consejerías que tienen alguna labor asignada por la Ley contra la LGTBIfobia. Esta comisión tampoco ha sido creada, han apuntado los responsables del informe.

Acciones puestas en marcha por el Gobierno

No obstante, han reconocido que sí se han llevado a cabo ciertas acciones por parte del Gobierno regional, como el desarrollo del artículo 18, relativo a la contratación administrativa y subvenciones, y que recoge la posibilidad de establecer, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.

En aplicación de lo previsto en la Ley 3/2016, se incluyó por resolución del presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de 11 de octubre de 2016, en todos los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la Junta la indicación de que los órganos de contratación pueden establecer en los pliegos la indicada preferencia en la adjudicación, mediante nota al pie de página.

Por otra parte, en promoción y respeto de la igualdad de las personas en atención a la identidad y expresión de género por parte de los trabajadores de la subdirección general de juventud, se realizó en 2017 una jornada de formación básica sobre diversidad sexual y de género.

Y también se ha creado el Servicio de Orientación Jurídica en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), especializado en materia de diversidad sexogenérica. El servicio funciona dos días por semana y está dirigido a personas LGTBI víctimas de discriminación, acoso, agresión o delito de odio motivado por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Este servicio está coordinado con el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, haciendo así las veces del Punto de Atención a Víctimas previsto en el artículo 57 de la Ley. También se aplicó el procedimiento sancionador al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón y a la asociación HazteOir.

Los grupos parlamentarios de la oposición han apoyado en el Pleno del Congreso la tramitación de la proposición de ley del PSOE con la que se pretende permitir a los menores de 16 años que cambien de género y nombre en el Registro Civil sin necesidad de tener el permiso paterno y sin exigir requisitos médicos o quirúrgicos, ha informado Europa Press.

En concreto, esta iniciativa permitiría que el niño, aunque no tenga el apoyo de uno o de ninguno de sus progenitores o tutores para llevar a cabo este cambio registral, pueda solicitarlo a través del Ministerio Fiscal, de forma que será un juez quien resuelva el procedimiento "teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor".

Tal y como ha destacado la diputada socialista que ha defendido en el Pleno esta ley, Lola Galovart, esta medida "garantizará que la identidad reconocida por la sociedad sea la percibida y sentida por la persona, sin condicionantes de edad, ni de acreditación de identidad sexual por un tercero, ni de modificación del cuerpo si la persona no lo desea".

Pero, además, ha destacado que esta norma, que busca reformar la ley reguladora de la rectificación registral de 2007, también avanza en el reconocimiento de los derechos de los transexuales extranjeros, que podrán solicitar el cambio en sus tarjetas de residencia y permisos de trabajo; así como en la despatologización del colectivo, ya que no exigirá requisitos médicos o quirúrgicos para solicitar la rectificación registral.

"Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente", ha declarado Galovart. A su juicio, esta medida "va a ser un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales".

Inseguridad jurídica para el menor

La mayoría de los partidos han adelantado en la sesión de este martes su apoyo a la iniciativa del PSOE. La excepción ha sido el PP, que ha señalado que "no puede apoyar" una propuesta que, a su juicio, supone una "inseguridad jurídica", tanto en el caso de los menores como en el de los extranjeros.

La portavoz conservadora en esta materia, Carmen Dueñas, ha resaltado también errores en el texto, como, por ejemplo, que legitima a los menores mayores de 16 años a solicitar el cambio registral de forma autónoma, cuando, según el Código Civil español "éstos no gozan de capacidad para obrar plena porque están sujetos a la patria potestad de sus progenitores".

Del mismo modo, la diputada ha subrayado que la defensa del interés superior del menor, recogida en diferentes leyes y convenios internacionales, "no se observa con las suficientes garantías" en la esta nueva ley.

Una ley insuficiente

También ha sido crítica con la norma la portavoz de Unidos Podemos en este debate, la diputada Mar García-Puig, quien ha considerado el texto "insuficiente", además de recriminar a los de Pedro Sánchez, que llegan diez años tarde.

Del mismo modo, ha destacado que parte de las mejoras que ahora plantea el PSOE están registradas en la ley LGTBI de Unidos Podemos, admitida a trámite en septiembre, pero que, según ha denunciado, no se llega a debatir por la continua ampliación del plazo de enmiendas, de lo que culpa a los socialistas, PP y Ciudadanos.

Por ello, ha señalado al PSOE que, aunque le apoya en esta reforma, deberá comprometerse ahora a agilizar el trámite y a trabajar junto con la formación morada en una ley integral para las personas transexuales que preparan los morados.

También el portavoz de Ciudadanos en esta materia, Miguel Ángel Garaulet, ha señalado la insuficiencia del documento socialista si se quiere, como ha defendido, conseguir la "igualdad real" en España. Aún así, los naranjas han decidido apoyar la iniciativa porque consideran que "es el momento" de debatir sobre esta problemática.

"Las personas, y sobre todo los menores, deben estar en el centro de la vida pública y no al albur de decisiones partidistas", ha defendido el diputado, quien ha recordado que permitir el cambio de género a menores antes de la pubertad sería muy necesario puesto que, según ha apuntado, se trata del momento más difícil en la vida de cualquier persona.

Fin de la estigmatización

Para la portavoz de ERC en materia de Igualdad, Teresa Jordà, cuando se aprobó la ley que ahora se quiere modificar en 2007 "se estafó" a los transexuales "prometiéndoles el reconocimiento de sus derechos", que finalmente no se garantizaron. La diputada republicana ha llamado a conseguir que los menores puedan tener de derecho a expresar su género sentido y ha pedido poner fin a "una sociedad heteronormativa y binaria" para, según ha declarado, "poder ser libres independientemente del sexo que designa al nacer".

Por su parte, el representante de PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha celebrado que este texto sirva para erradicar la patologización de la transexualidad y, aunque ha señalado que presentarán enmiendas a algunos puntos de la ley, ha apuntado que son detalles que se solventarán sin problemas. Su homóloga de PDeCAT, Lourdes Ciurò, también ha criticado que se siga "estigmatizando" a un colectivo de forma "innecesaria" y, en este sentido, ha abogado por iniciar un debate sobre la asignación del sexo en el nacimiento.

Finalmente, la portavoz de Compromís en materia de Igualdad, Marta Sorlí, se ha dirigido al PP para recriminarles su voto negativo a la ley de matrimonio igualitario y su abstención, hace pocos meses, a la ley LGTBI de Unidos Podemos. Durante su intervención les ha recordado que "ya no pueden frenar más la diversidad" y ha defendido que "todo el mundo debería tener la documentación" actualizada con su sexualidad sentida. "No dejen que la realidad nos vuelva a pasar por delante, es momento de la revolución sexual", ha concluido.

Aunque la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado no recoge específicamente la condición de sufrir persecución o violencia por razón de género u orientación sexual como causa de concesión de asilo y refugio, la actual Ley de Asilo española sí incluye desde su aprobación, en 2009, estos dos supuestos. Sin embargo, desde entonces, España sólo ha concedido protección internacional a 48 personas que pidieron refugio por sufrir violencia machista, estar en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, ser forzadas a casarse de niñas, ser perseguidas por su orientación sexual...

Este dato fue facilitado por el representante del Ministerio del Interior ante los expertos de la ONU encargados de analizar el cumplimiento del convenio contra la discriminación de la mujer ratificado en 1984 (CEDAW), a principios de julio en Ginebra. Poner en contexto la cifra es complicado porque es imposible saber cuántos extranjeros solicitaron el estatuto de refugiados o la protección por esta razón. Las solicitudes, explica a preguntas de infoLibre un portavoz del Ministerio del Interior, son genéricas y no se clasifican por motivos e incluso a veces se solapan. No obstante, los datos totales de solicitantes sí reflejan que las peticiones de asilo son más numerosas entre los hombres. En 2013, de las  4.513 peticiones, sólo 985 fueron mujeres, según recoge la memoria de este departamento.

María Tejada, responsable de Campañas y Comunicación de la ONG Accem, atribuye esta disparidad a varias causas. Entre ellas, que la única manera de acceder a solicitar refugio son los flujos mixtos de migrantes y refugiados que suponen viajes terribles y peligrosos o el hecho de que ellas suelan tener cargas familiares por lo que les suele ser más difícil salir de los países en los que están. No obstante, insiste en que la cuestión del género es "un elemento transversal que afecta a todo". 

De estos 48 estatutos concedidos, explica la responsable del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, sólo cuatro responden a víctimas de redes de explotación sexual. La primeras, en 2013, fueron una joven nigeriana y su hija de tres años. La mujer llegó a España cruzando el Estrecho en patera tras un viaje por África de dos años en el que fue obligada a prostituirse, sufrió numerosas violaciones y fue sometida forzosamente a abortar en dos ocasiones con medios inseguros. 

Aunque se está trabajando, las ONG admiten que todavía hay mucho camino por hacer. "El temor de que se iba a llenar España de mujeres maltratadas es infundado, como siempre. Y el miedo a abrir la mano en las solicitudes de asilo por trata en las que se detectan indicios en frontera sigue estando ahí", lamenta Favieres. Admite que no todas las víctimas de trata son potenciales solicitantes, pero sí cree que pueden serlo en los casos en los que la explotación se ha generado en origen o hay riesgo grave de persecución en el caso de abandonar la red. "La trampa perversa que hace Interior es que deriva a estas mujeres a Extranjería aprovechando que en esta legislación hay un tratamiento específico para las mujeres no comunitarias víctimas de trata", explica. 

Violencia machista 

Respecto a las causas, la representante de CEAR asegura que la mayoría de los casos se refieren a supuestos de violencia machista a pesar de que el concepto de persecución por género es muy amplio. "Echo en falta más resoluciones relativas a trata de mujeres y también a mutilación genital, matrimonio forzoso, el hecho de negarte a cumplir con ritos y costumbres culturales o religiosos... Estos supuestos siguen teniendo poco recorrido", añade Favieres.

De hecho, entre las dificultades que se encuentran los abogados, explica Favieres, está demostrar, además de que el supuesto es grave y continuado, que la víctima no ha recibido una protección real y efectiva por parte de las autoridades, lo que es más difícil de probar en muchas ocasiones. "En Nigeria, por ejemplo, la mutilación genital es una práctica que no está promovida por el Gobierno y que está incluso prohibida, pero otra cosa es que en la práctica se siga realizando al 60% de las mujeres. El reto para los letrados es demostrar que, a pesar de eso, la víctima corre un serio riesgo de sufrirla", señala Tejada. 

Favieres considera que las autoridades deberían ser más sensibles al conjunto de las circunstancias, aunque admite que es trabajo de los abogados intentar acreditar que una cosa es la ley y otra la práctica social, cultural o administrativa del país en cuestión. "El concepto clave es determinar si hay una protección real y efectiva", sentencia. Hay que tener en cuenta –añade Tejada– que la persecución por razones de género en muchas ocasiones no se hace por agentes estatales, sino por la propia familia o el entorno más cercano de la víctima". 

A las ONG también les preocupa la calidad del proceso en general. "Es importante que los expedientes administrativos se alimente con informes de apoyo. Y es cierto que la mujer tiene más facilidad para explicar el elemento subjetivo del temor ante un profesional de la sanidad o un psicólogo, que ante su abogado... Quizá por ese lado habría que revisar los procedimientos", asevera Favieres.