La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

Tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Nadie más lo tiene. Esta declaración de autonomía es el fundamento de la eutanasia y del rechazo a la pena de muerte. Son dos caras de la misma moneda, aunque las derechas patrias siempre elijan la moneda trucada que cae del lado equivocado. Habitualmente, por razones prácticas muy útiles evolutivamente, tomamos la decisión soberana de colocar en instancias externas la toma de decisiones. El acto máximo de libertad, el que nos distingue de nuestras mascotas e incluso de los grandes simios, es el acto de someterse a la ley. Somos las únicas criaturas que nos sentimos constreñidas por la fuerza de las razones. Pero aceptar la ley no equivale a vivir tutelados. La tutela no es libertad sino sometimiento. Kant definía la ilustración como la emancipación de las tutelas, especialmente de la iglesia, y culpaba a la pereza y la cobardía de la renuncia de los humanos al uso de la inteligencia. Es mucho más cómodo seguir las directrices del púlpito, el de la iglesia o el político. El púlpito, ese mecanismo eficacísimo de concentración del poder a través del adocenamiento de las masas. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de actuar usando tu razón! Ése es el lema de la Ilustración.

Es difícil predecir cuánto durará nuestra capacidad para horrorizarnos. Si no paramos esta locura, vendrán a por nosotras, no lo duden. El gobierno de Netanyahu acaba de aprobar que se condene a la horca a los palestinos de Cisjordania, sí, solo a los palestinos, acusados de terrorismo. Nos acostumbraremos a esto también. Uno de sus ministros lo celebró con champagne. Estas barbaridades se han cometido siempre. La novedad es que ya nadie se molesta en disimular. Ahora, el inquilino de la Casa Blanca guarda las espaldas del genocida. Y los demás callan.

He defendido muchas veces que hay progreso en ética como lo hay en ciencia. El feminismo, el antirracismo, la protección de la infancia, la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra el calentamiento global son hitos éticos que han cambiado las relaciones entre humanos y entre estos y el mundo natural. Lo que nunca pensé es que ciencia y ética pudieran sufrir movimientos regresivos ante nuestros ojos de la envergadura de los que estamos viviendo. “Los extraterrestres son demonios”, ha declarado JD Vance. Sin comentarios. Por el lado de la ética, reaparece la horca.

Me gustaría escuchar a las iglesias y sus mensajeros reaccionar con la vehemencia que usan contra el aborto o la eutanasia. Pero claro, aborto y eutanasia amplían derechos y otorgan autonomía a personas en situaciones de vulnerabilidad. Son ejercicios genuinos de libertad personal y la libertad, la de verdad, no la de los bares, es una amenaza para los tiranos.

Tiene un coste muy alto plantarse ante Netanyahu y sus aliados y decir que los palestinos son personas, que son sujetos de derechos, tanto como los judíos que viven al otro lado de una línea imaginaria. Defender un proyecto de ser humano contra la mujer real que puede llevarlo a cabo, defender la vida en abstracto contra el deseo de quien la vive de verdad son, por el contrario, ejercicios vacíos sin coste real. Una mujer que decida no llevar a término un embarazo no tiene ningún poder. Posicionarse contra ella es gratis, mientras que defenderla te hace perder votos y posición social. Nada hay como la honra de las mujeres para que saquen pecho aquellos que supuestamente se la quitan. Defender que el sentido de una vida solo concierne a quien la vive despoja de poder a los portavoces de dios, los expone como los vendedores de humo que son. Su poder solo se fundamenta en nuestra renuncia a defender el nuestro. Defender la propia autonomía es complicado, es costoso, tiene riesgos, es cansado. Pero es el único camino para la auténtica libertad, la que nos da el ejercicio efectivo de nuestra condición de seres racionales.

Ningún Estado puede arrogarse la propiedad de la vida humana. Trump y Netanyahu han iniciado guerras por intereses económicos con absoluto desprecio al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero la guerra también tiene reglas. A todas nos maravillaba la conducta de los oficiales americanos y británicos en La Gran Evasión. A todos nos han horrorizado las atrocidades del ejército serbio en la guerra de los Balcanes. Todavía nos queda algo de sensibilidad para apreciar los detalles.

La basura sentimentaloide vertida sobre el último caso mediático de ejercicio de muerte digna no ha sido más que un despliegue extremo de cinismo interesado. Quien piense que el estado tendría que haber intervenido antes para evitar el desenlace debería defender con entusiasmo los servicios sociales, las casas de acogida, la atención a la salud mental, en suma, la protección a las personas vulnerables. Si embargo, los medios —televisiones, radios, periódicos— que se han lucrado en audiencias faltando al respeto a una mujer que ha decidido acabar con su vida son los mismos que vociferan por la bajada de impuestos, por el desmantelamiento de lo público, por el sálvese quien pueda del capitalismo más feroz. Los que dan la cara no me sorprenden. Están muy bien pagados. Me sorprenden los ciudadanos que los aplauden y los convierten en sus héroes y heroínas contra un gobierno al que pretenden derrotar por la vía del descrédito. Me alucina la gente trabajadora que piensa que las bajadas de impuestos les benefician. Esperen a tener una enfermedad seria. Esperen a que sus hijas vayan a la universidad. Las bajadas de impuestos solo favorecen al capital. No se preocupen, quien tiene medios no tiene hijos no deseados, no espera en la UCI que la naturaleza siga su curso, negociando con la gerencia la dosis imprescindible de opiáceos que le garantice una transición indolora. Por eso tenemos que proteger nuestros derechos, el primero de los cuales es la posibilidad de una vida y muerte humanas, en las que seamos los dueños de nuestro destino. Aquí y en el resto del mundo.

La vida es sagrada porque es lo único que esencialmente nos pertenece, lo único con lo que contamos. Tenemos que poder concluirla cuando decidamos que hemos llegado al final del camino. Nuestro poder sobre ella nos identifica como individuos autónomos libres de tutelas. Es nuestra vida, de nadie más. Y nadie puede disponer de ella contra nuestra voluntad. La supuesta defensa de la vida que las iglesias y sus fieles predican sería mucho más creíble si no la supeditaran a sus intereses de grupo. La pena de muerte es un crimen. Sin paliativos, sin excepciones. La última decisión de Netanyahu es una ignominia ante la que no podemos mantenernos callados. Lo que está sucediendo con los palestinos está al nivel de lo que sucedió en los campos de concentración nazis. Solo que ahora tenemos los detalles en tiempo real. La carta de la ignorancia que muchos alemanes jugaron ya no está a nuestro alcance. ¡Sapere aude! Y con nuestra razón, opongámonos a la barbarie, al oscurantismo y al silencio cómplice.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Un muerto no puede corregir el relato. Lo repasábamos hace un par de semanas a propósito de la praxis del obituario. El relato cae sobre el cuerpo como un sudario y lo oculta y lo consume. Esa vulnerabilidad extrema de los que ya no están, apenas un nombre o unos cuerpos de los que disponemos con indecoroso antojo, la hemos visto estos días con Noelia Castillo, Isaías Carrasco y las seis jóvenes que murieron en la pasarela de El Bocal, en Santander. Unos hechos simples, una joven que dispone de su cuerpo y de su vida, una víctima del terrorismo cuya tumba se mancilla y seis adolescentes cuyo paseo amable por una inofensiva senda acabó en tragedia por una dejadez institucional que se encoge de hombros. 

Esas ocho personas fueron sujeto de su vida y la conversación pública las ha convertido en predicado, en argumento espurio para que reciba la acción de un verbo infame. Porque, incluso antes de que lo postulara el liberalismo, podemos convenir que existe un atributo de dignidad iusnaturalista —el derecho natural sobre la muerte— que es violentada. Hemos aprendido que nadie que tenga ese derecho sobre sí mismo o sobre los suyos lo conserva en el relato público, que se afana en la fabricación de versiones, la simplificación interesada, el encuadre falsario, la grosera amplificación de llantos y la puesta en circulación de bulos en un obsceno circo de la carne.

Conviene pensar quién se quedará con tu muerte en caso de que el asunto trivial que es desaparecer salte a la palestra porque el nombre o la circunstancia sean de alcance público. En el caso de Noelia Castillo, una comunidad moral ultrarreligiosa decidió apropiarse del cadáver antes de serlo y tratarlo como cosa —hacerlo predicado de sus jaculatorias—, asaltando su intimidad y su libertad. La familia que no supo ser refugio abrió las puertas del infortunio de su hija a los sacristanes del templo y el periodismo vio el paso expedito para hacer de las suyas y acampar en la sala de estar. Unido en una comunidad moral de redentores, micrófonos, escapularios, mentiras, hisopos, focos y cámaras, todo el país se calzó la casulla de las buenas intenciones y las almas pías para salvar de sí misma a quien solo necesitaba ser salvada de todos los demás. Salvada de todos nosotros. Pues eso y no otra cosa es dispensarse la muerte: lanzar una enmienda a la totalidad de los que seguimos.  

Cuando no es voluntario, morirse suele ser un inconveniente. Sobre todo, para los vivos. Un evento sin agendar que trastorna los calendarios. Eso nos ha venido a decir la alcaldesa de Santander con sus extemporáneos circunloquios para quitarse seis impertinentes muertes de encima, sangre en el paraíso que parece haber salpicado el traje nuevo de la regidora. “A ver si por decirle a la gente que venga tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”. La institución diluye responsabilidades (que confunde con “culpa”, cómo no) y una jueza amable con el poder local dispara el balón fuera del estadio. Todos contentos. Dispérsense, aquí no hay nada que ver, proclaman los munícipes.

A Sandra Carrasco, 18 años después del asesinato de su padre, Isaías, le han robado el cuerpo. Se diría que a la derecha política, social y mediática se le han debido de acabar sus muertos —o no dan más de sí, después de haber usado fundaciones de memoria fúnebre para facturar a las tramas de corrupción institucional— y ahora aspiran a robar cadáveres ajenos y escupir a sus deudos, empezando por los portadores del féretro. Aspiran a untarse el rostro con la sangre de muertos ajenos para clamar venganza. 

Hay violencia aquí, mística –institucional y partidista–, una violencia silenciosa que niega el dolor, la responsabilidad y la legitimidad del duelo a sus titulares, una violencia elegante, discursiva y piadosa, pero profunda y sanguinaria, como bien sabe Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que ha tenido que ver estos años cómo el cuerpo de su joven hermano es arrebatado a la familia por las mismas siglas políticas a las que él sirvió. Si quien decide morir es silenciada por mandato divino, quien sufre la pérdida es desautorizada por no entregar los restos a las siglas.

Este oficio, ante el vértigo de la infamia, tiene por encomienda ceñirse a narrar hechos, ordenar la realidad e introducir claridad. Pero el nuestro, como sabemos aquí, no es un oficio con un sencillo problema de oferta sino un dispensador que a menudo se deja dirigir por la demanda. Hablamos ante multitudes que claman por la fábula moral, que se enardecen ante la parábola ejemplar bañada de sesgo de confirmación. La ciudadanía contempla esas vidas perdidas por un terrible avatar, por voluntad propia o por un crimen infame queriendo que esa desgracia le dé una palmadita y le diga que va bien, que tiene razón, que siga así. Y el periodismo, algún periodismo, se apresta a cocinar ese menú perverso entre los fogones de la mentira y el sensacionalismo. El periodismo, algún periodismo, paga la bula para que la comunidad salve su pecaminosa alma. El público no quiere que la muerte sea un hecho crudo e irreversible sino un espacio en disputa moral, otro ámbito en el que dilucidar que somos buenos y los otros no lo son. No sabemos dejarla estar. Para eso fundamos templos y escuchamos responsos, vestimos ropa negra y nos atamos cilicios. Entramos en la semana oscura y tremenda de la necrofilia cantando nanas de la cebolla que nos permiten fingir llanto. 

La muerte, que debería ser el asunto más propio, se ha convertido en un hecho disponible al mercadeo. Hay algo atávico en la cultura de esta región del mundo que impide un comportamiento natural y respetuoso con el luto, y de ello hablamos aquí aludiendo al ferrocarril del Adamuz, los torrentes de Valencia, las bombas de Atocha o a los asilos madrileños —que vuelven a ser noticia estos días por su letal amontonamiento de vidas en la ganadería intensiva del acabarse—, como si el periodismo, algún periodismo, se revolviera contra un impuesto de sucesiones moral. 

De quién son los muertos, si acaso son de alguien. Esa debería ser la única pregunta, qué padres y qué hijos son legítimos albaceas de una memoria, una identidad y un agravio. Da igual si hablamos de eutanasia, accidente o terrorismo, algunos de nuestros impostores de oficio se han convertido en parte de un procedimiento de expropiación, un dispositivo en el que los oficiantes operan —lo hemos visto esta semana— como el picapleitos del acreedor que no ha sido incluido en el testamento, aporreando la puerta del panteón con sus albaranes.

El muerto es un argumento, un repositorio de coronas ufanas que ocultan la caja misma. Y así la muerte no clausura, sino que es el fasto inaugural de una conversación obscena en la que todos se abren las carnes, el inicio de una pugna por su significado en la que el cuerpo ya no importa, solo lo que de él pueda decirse. El relato falaz, decíamos, cae sobre el muerto como un sudario, un sudario amarillo como un contenedor para reciclado. Hay algo profundamente obsceno en que la muerte, que debería imponer silencio, se haya convertido en el lugar donde más se grita. La política la diluye, la moral la ocupa y la propaganda la recicla. Y el periodismo la administra como si no hubiera ocurrido nada irreparable. Ni morir basta para dejar de ser utilizado. 

Un aforismo repite incansablemente entre asentimientos timoratos de la concurrencia que “en este país se entierra muy bien”. Quia. Atiendan a Max Estrella: “La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro puchero; la muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes (…). Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras”. Ya es Semana Santa.

Disfruto observando el placer con el que, personas con graves deficiencias físicas, (muchas de ellas afectadas por esclerosis múltiples), y sus familiares disfrutan, a su vez, con el contacto del agua del mar. Algunos sólo lo transmiten a través del brillo de sus ojos hacia sus monitores, quienes se lo devuelven con una sonrisa. Suelen estar poco tiempo, pero en sus miradas se refleja que “ese momento” es uno más de sus ganas de vivir, porque se aferran a la vida, aunque ésta sea tan limitada. Cuando se marchan, yo vuelvo a mi lectura.

La primera vez que tomé contacto con el mundo de la discapacidad y con ese más que loable espíritu de superación, fue hace ya más de 40 años en las pistas de ski de Baqueira-Beret, al observar a jóvenes invidentes deslizarse por las pistas de ski, guiados por su monitor. Su vida estaba literalmente en manos de su monitor, pero ellos sólo se preocupaban del disfrute que proporciona el descenso por las pistas de nieve. Lo mismo ocurría con las personas afectadas de paraplejia, o de discapacidades derivadas de enfermedades medulares o cerebrales. Admiraba su espíritu de superación y sus ganas de añadirle “sal” a sus vidas.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces y me ha permitido durante una época muy importante de mi vida, trabajar en programas que mejoraran la calidad de vida de las personas con discapacidad, como director provincial del INSERSO de Salamanca. Ello me facilitó el poder participar en programas europeos tales como HELIOS y HORIZÓN en los años 90. Programas de intercambio de experiencias entre los países de la UE. Aprendí mucho de ellos, de su afán de superación, de su dignidad como personas. Paralelamente a todo ello, la ciencia progresaba de manera espectacular, tanto en investigación como en tratamientos y en diseños de aparatos que han mejorado de manera notable la vida de las personas gravemente afectadas en su movilidad.

Dicho todo lo anterior y, al hilo del debate y aprobación sobre la despenalización de la eutanasia o el derecho a una muerte digna, el corolario final, al menos desde mi reflexión, es que nadie tiene derecho a socavar o impedir el disfrute de la persona parapléjica en el mar, o del tetrapléjico en la nieve. Es más, nadie debe intervenir en la voluntad de quienes consideran que, a pesar de que su vida dependa de un tubo conectado a una máquina, quieren seguir viviendo. Esta es la postura y los principios de los que defendemos el derecho a una muerte digna… el derecho a la eutanasia, porque al igual que defendemos ese derecho inviolable, defendemos a su vez que, quien considera que su concepción de la vida, su calidad de vida tiene unos límites, que su “dignidad” como persona es distinta de la “dignidad” de aquel que está aferrado a la vida a través de una máquina… tiene el derecho de exigir a las administraciones, a los gobiernos, que le amparen legislativamente su legítimo derecho a poner fin a lo que para él y sólo para él ya no es vida. Esto es lo que se ha debatido y aprobado en la sede de la voluntad popular, en el Congreso de los Diputados, con el respaldo de más del 80% de la población española que, según todas las encuestas, venían reclamando. No otra cosa, a pesar de las soflamas incendiarias de PP/Vox: “Esta es una ley eugenésica… que elimina aquellas vidas que ustedes creen que carecen de valor… practicar el asesinato para aliviar económicamente el sistema” (Lourdes Monasterios, Vox). Sobran los comentarios ante tanta vileza.

Ningún derecho civil ha tenido tanto respaldo ciudadano como la eutanasia. De alguna manera esta ley es un homenaje a tanta gente que murió sin tener “su” muerte digna, a los que pusieron cara al sufrimiento, a los que fueron obligados a vivir en contra de su voluntad, una vida para ellos sin sentido ni dignidad, a los que lucharon poniendo en peligro a sus familiares y amigos. Es un homenaje al Dr. Luis Montes, perseguido y vilipendiado por los intolerantes.

España se suma a los países más avanzados en derechos civiles (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá), a la espera de Nueva Zelanda, Portugal y otros estados en EEUU. A la espera también de que el gobierno colombiano regule por ley lo que ya se contempla en su Constitución. La dignidad avanza. “La eutanasia es una ley que nos hará más libres y felices”, como señala el vicepresidente de la AMD (Asociación por el Derecho a una Muerte Digna). No es la ley que muchos esperábamos (se contemplan trámites innecesarios basados en un garantismo que no existe en otros países y no se incluye a personas con un sufrimiento insoportable de origen psicológico), pero es un gran avance.

Los defensores de la eutanasia somos profundamente respetuosos y apoyamos al mundo de la discapacidad, luchamos y defendemos la investigación, la reivindicación de mejores dotaciones presupuestarias para mejorar la calidad de vida de quienes a pesar de sus limitaciones quieren seguir viviendo. No podría decir lo mismo de quienes no respetan las últimas voluntades y obligan (a través del código penal) a una vida vegetativa a quienes opinan lo contrario. No respetan a quienes quieren, queremos, tener una muerte digna, rodeados de los suyos, de los nuestros, y no de artilugios mecánicos que sólo prolongan el egoísmo humano y, en algunos casos, el ensañamiento “terapéutico”. La eutanasia es el último acto de amor a la vida.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

A veces, empiezas a escribir un texto sabiendo que nunca vas tocar su fondo. Porque si no estamos para pensar con la complejidad que otras realidades demandan, menos aún para saber ponerle palabras y sintaxis. Aunque se escriba para entender. Para, al menos, si no encuentras respuesta, rozar el hueso de las cosas que pasan. Opinar: emitir juicios. Qué tengo que decir que pueda alumbrar algo, si no me duele el cuerpo y, si quiero levantarme, emito una orden que me lleva hasta donde yo decida, que lo que me pueda atormentar ha sido siempre pasajero por ahora y voy a cumplir cuarenta y cinco, que mantengo la esperanza porque tengo recursos para ello: una red. A mí, la vida, más o menos, más lenta o inmediata, me ha respondido siempre. 

A Noelia Castillo, no.

Veo una entrevista que asalta mi teléfono entre las frivolidades de todos los días. Es un programa de televisión de tarde, con sus luces saturadas como todos y música de fondo. Hablan con Noelia, la mujer de veinticinco años que decidió hace dos pedir su derecho a la muerte digna y le fue concedido. Y habla su madre, que quiere que algo le haga cambiar su decisión mientras la acompaña en su final. La grabación, en casa de su abuela materna, la hacen cuatro días antes de morir. La eutanasia, que podría haberse llevado a cabo en agosto de 2024, desde la intimidad y sin este ruido, se demoró durante dos años, trasladando esta decisión íntima, la más difícil y a la que no deseamos mirar ninguno nunca, al gran circo de las opiniones inmediatas, a programas de televisión, a artículos como este. A lo de siempre.

De todo lo que dicen, de todo lo que se ve en esa entrevista recortada en fragmentos y salpicada de comentarios, una frase de Noelia se queda en mí: "para qué me quiere viva". Escuece algo que no es nuestro al mirarla y escucharla. Hacen hablar a Noelia de su padre, del que dice que nunca se ha ocupado de ella, que emprendió entonces, en 2024, una batalla legal acompañado por Abogados Cristianos, una fundación de ultraderecha, para frenar la eutanasia bajo la que su hija decidió poner fin a su dolor y que se concede bajo condiciones muy estrictas. En España, con la Ley Orgánica de 2021 que la regula, la decisión es del paciente, si cumple con las garantías de la norma. El padre, o la madre, no tiene la última palabra legal, pero puede presentar recursos o denuncias, intentar paralizarlo por vía judicial o exponer el caso a los medios para generar presión. Y eso ha hecho. 

Herida sobre herida, daño sobre daño, dentro y fuera, y con una infancia dura en su breve memoria, el cuerpo de la mujer acumulaba dolor de forma grave, crónica e imposibilitante desde que se arrojara desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple en 2022. Dice Noelia: Desde antes de pedir la eutanasia, veía mi mundo muy oscuro, mi final. 

A partir de esto, más allá de la prolongación del sufrimiento de una persona que ha tomado una determinación consciente, comienza la fábrica de bulos y gestos, de señalamientos y culpables, de oraciones en redes sociales, del uso instrumental de una historia íntima para librar más batallas políticas. 

La vida ni respondió a Noelia, ni somos capaces de encontrar respuestas nosotras. Cuánto error, cuánto fracaso colectivo acumulado en un nombre tan joven. Acabo de leer la columna de ayer de la compañera Helena Resano en este mismo periódico, justo al terminar de escribir esto, y parte del mismo lugar. Supongo que frenar frente al caos para pensar las cosas también es tener una postura. Reconocer el desconocimiento es un punto de vista, es una opinión, al fin y al cabo.

El Tribunal Supremo fijará jurisprudencia sobre si un padre está legitimado para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades, tras admitir a trámite un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal considera que la cuestión a resolver trasciende y que la doctrina que fije en su sentencia podría tener una importante "vis expansiva" en otros casos similares.

Se trata del caso de un hombre de 54 años que discurrió en los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia y cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año con un recurso en los tribunales. El pasado septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la avaló en un auto que el padre anunció que recurriría. El caso de Noelia pone de manifiesto el laberinto burocrático que puede suponer querer morir con dignidad cuando tus familiares y la jurisprudencia están en contra.

El proceso que ahora ha admitido estudiar el Supremo llegó a los tribunales de la mano del padre de un hombre de 54 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió.

Su padre recurrió el visto bueno que dio la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña al alegar que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla, y subrayar que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad porque padecía problemas de salud mental.

Un juzgado de Barcelona inadmitió su recurso en un auto que indicó que el hombre era una persona "capaz de ejercer de forma libre todos los derechos" y sin "ningún diagnóstico" de enfermedad mental. Vivía solo, no tenía buena relación con su padre y solicitó que no se comunicase a ningún familiar su petición. Tanto el padre como la Fiscalía recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconoció ese interés legítimo de un padre a recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo.

Ahora el caso ha llegado al Supremo de la mano de la Generalitat de Cataluña, que alega en su recurso que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia, y considera pertinente el pronunciamiento del Supremo dado que la cuestión puede afectar a un gran número de situaciones.

De hecho, subraya que entre 2021 y 2024 en Cataluña hubo 824 solicitudes de eutanasia; 445 se reconocieron, un 54% del total, y añade que se trata de una tendencia en aumento con la implementación paulatina de la ley.

En su auto, el Tribunal Supremo comparte la necesidad de evaluar este asunto al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

En 2022, cuatro años después, Ángel ya daba la historia por zanjada. Al menos, fuera de las paredes de su casa. Ya no quería ser reconocido. Ya no quería llamar la atención. Y ya no quería ser considerado símbolo de nada. Sin embargo, "un encuentro casual con una señora" cambió todo. Era julio y Ángel regresaba a la casa que tiene en El Campello (Alicante) cuando una mujer de más o menos su misma edad le paró en mitad de la calle para darle las gracias. Lo que no imaginaban en ese momento —ni ella ni él— es que esas palabras le marcarían tanto que le obligarían a sentarse a escribir. En sólo tres días consiguió componer toda su historia y, sobre todo, la de María José. Ángel Hernández ha querido compartir con infoLibre el documento, de más de 170 páginas, seis años después de haberse convertido en símbolo de una muerte digna que vio la luz apenas 24 meses después de que le suministrase el pentobarbital sódico a su mujer. En junio de 2021 fue cuando por fin pudo usar la chapa que había diseñado y en la que, sobre la fotografía de María José Carrasco, pudo imprimir su "¡Lo conseguimos!". Han pasado cuatro años desde entonces.

Pocas personas han podido leer las páginas que Ángel escribió aquellos calurosos días del verano de 2022. Sin embargo, las escribió con la idea de compartirlas, como una suerte de rendición de cuentas. De devolución de todas las "muestras de cariño" de quienes, como la mujer que le abordó en El Campello, "habían entendido" lo que hizo junto a su mujer. "Y que tenía que ver con intentar conseguir un nuevo derecho que sirviera a toda la sociedad". No sólo a sí mismos. "Fue una muestra de solidaridad para todas aquellas personas que esperaban" que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) viera la luz, explica Ángel en su escrito. Lo hicieron por todos aquellos "que necesitaban que se les ayudase a morir por padecer una enfermedad irreversible, provocándoles un gran sufrimiento", lamenta. El suyo comenzó treinta años antes de aquel 3 de abril de 2019. 

Era 1989 cuando María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica e irreversible de la que, además, sufría la variante más agresiva. La menos investigada. La menos tratada. En 1994, sólo cuatro años después, obtuvo el grado de discapacidad del 82%. En septiembre de 1996 tuvo que abandonar su puesto de trabajo. Y es ahí cuando ella "intenta poner fin a su vida" por primera vez. Pero no lo consiguió. "Creo que mereció la pena recuperarla", reflexiona ahora su viudo. "Pese a sus dificultades, con mi ayuda ha podido disfrutar en estos años de una vida relativamente satisfactoria", explica. Pero eso sí, cree que la pregunta es —y sobre todo era— oportuna. "¿Qué decisión tomaríamos si nos diagnosticaran una enfermedad degenerativa e irreversible? Probablemente actuaríamos adelantando nuestro final", lamenta. Al menos, de una manera suficientemente prematura como para no tener que hacerlo dependiendo de nadie. 

No fue su caso. Los años pasaron y en 2009 María José fue reconocida como "gran dependiente". Sin embargo, la solicitud de una residencia nunca avanzó y una década después todo cambió. Hasta 2018, recuerda Ángel, pudo tener una "vida relativamente aceptable". Dependía de él, pero no tenía dolor. Hasta que la enfermedad empezó a mostrar su peor cara aquel año. "Ya no quería morir por lo que me ocasionaba a mí al estar cuidándola, sino porque su vida empezaba a serle insoportable". Ni la morfina ni el fentanilo podían calmar el dolor. Así que ese mes de octubre llegó la petición oficial. "No quiero dormirme, quiero morirme", dijo en una entrevista en El País.

Fue entonces cuando empezaron su batalla. Lo hicieron, además, en consonancia con lo que habían sido años atrás, "dos personas comprometidas en la lucha por la libertad y la democracia contra el franquismo". "Nuestra experiencia en esa lucha nos llevó a la conclusión de que teníamos que cambiar de estrategia, tenía que ser diferente a como se había planteado hasta ese momento [...]. Teníamos que poner todo nuestro empeño en que la clase dirigente progresista no hablara solo de la despenalización de la eutanasia, sino que se comprometieran en su aprobación con carácter prioritario, pretendiendo con ello el hacer más democrática la vida en este país. Teníamos esperanzas de que nuestra aportación sirviera para eso", explica.

Su intención no era otra que servir de palanca. "Intentamos con ese testimonio el hacer visible la situación de María José con la idea de que la derecha dejara de retener la LORE en la Mesa del Congreso", recuerda. Pero no sirvió de nada. Así que en ese momento ya lo tuvieron claro. "La única solución para acabar con su dolor y sufrimiento [...] no era otra que la de poner fin a eso, probablemente con mi ayuda", explica. Él ya sabía que sería imputado, un extremo que ella rechazaba pero que tuvo que aceptar con resignación. La convocatoria de elecciones para el 28 de abril y la posibilidad de una victoria de la derecha aceleró todo. Y el día 2 de abril, tras la visita a cuidados paliativos, ella dijo que había llegado el fin. "Me planteó que ya había llegado el momento de no alargar más ese sufrimiento doloroso, porque no podía ni quería tener de nuevo esos ataques de dolor. Me pidió que la ayudara a morir", recuerda Ángel.

Lo que ocurrió al día siguiente es de sobra conocido. A las 10.05 horas de la mañana, cuando los obreros que trabajaban cerca de su piso habían parado las máquinas para tomar un breve desayuno, María José bebió el pentobarbital sódico con el objetivo de la cámara apuntando la escena. Era necesario, insiste Ángel ahora. Había que mostrar "el dolor sin censura". "Fue necesaria nuestra disposición en mostrar el sufrimiento de María José, con un dolor indescriptible y paliativo que le calmara, para que se dieran cuenta que mantener a una persona así solo por una cuestión moral era aterrador para los que necesitaban esa ayuda", valora ahora. Pocos minutos después de beber el líquido, María José se durmió. Lo recuerda en su escrito con nitidez porque volvió a verlo "un tiempo después". Aunque hacerlo le produjo un "profundo dolor". Tanto, que tardó todo un día en ser capaz.

Cuando las cámaras se apagaron su ya viudo siguió con el plan tal y como lo habían diseñado: llamó a emergencias y a los medios de comunicación. Se preparó para su detención. Soportó una imputación por presunta violencia de género. Y en mitad del proceso celebró la aprobación de la ley por la que había peleado junto a su mujer durante tantos años. Y que consiguió su absolución. Pero no fue una victoria. Ni mucho menos. "Es complicado admitir que has ganado la batalla cuando en ella has perdido la razón de tu existencia", concluye ahora en su escrito.

Lo hicieron por ella y también por muchos otros nombres propios que Ángel no olvida. Pero sobre todo por los que llegarían después. Este mes de junio se cumplirán cuatro desde que entró en vigor la ley. Y es el propio viudo de María José el que lamenta que todavía existen trabas. Algunas peticiones son paralizadas, impedidas o retrasadas. Y lamentablemente no le sorprende. "Nada de lo que está ocurriendo escapa a lo que pensaba que iba a ocurrir. Se le ha quitado a una institución como a la iglesia ese poder que tenían sobre nuestro final de la vida, y eso es algo que le ha creado a su soberbia de poder un posicionamiento en contra de la LORE", señala a infoLibre.

Noelia, por ejemplo, no puede acceder a su derecho a morir dignamente hasta que haya una sentencia firme que le dé la razón frente a su padre, parapetado tras la organización ultra Abogados Cristianos. Y Antonino González murió en su cama, una noche, esperando que la solicitud para su eutanasia llegara al menos a registrarse. Ni el médico de cabecera, ni la neuróloga que le trataba su ELA —la misma enfermedad que soportó María José— ni la directora de la residencia en la que vivía le ayudaron, como recuerda desde el otro lado del teléfono Judit. "Me llamó la Comisión de Garantías y Evaluación para decirme que ya habían encontrado médico responsable cuando estaba en el cementerio", lamenta. No le dejaron morir acompañado. Ni como él quiso. Y todo porque, diagnostica ahora su hija, no consiguieron encontrar a alguien que supiera cómo funcionaba el trámite. O que como mínimo se interesara por intentar averiguarlo. "Hubo muchísimas personas implicadas y muchísimas pegas", critica.

Lo peor es que ni siquiera es una excepción. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) realiza un seguimiento de la aplicación de la muerte digna en España tras su aprobación. Y lamenta que todavía hoy sigue habiendo trabas. Y que el principal problema es que ni siquiera hay información que permita un diagnóstico certero de qué es lo que ocurre y dónde pueden estar los posibles problemas.

Las últimas cifras oficiales son las relativas a 2023 publicadas en noviembre de 2024 por el Ministerio de Sanidad. Según detalla, en esos doce meses se presentaron 766 solicitudes, de las cuales 334 terminaron con una prestación de ayuda para morir, es decir, el 43,6%. Ahora bien, según critica Javier Velasco, presidente de DMD, en esos números sólo se ven reflejadas las peticiones que ya han tenido una primera respuesta y no las que, como en el caso de Antonino, no habían pasado de la mera voluntad del paciente expresada a través de un primer formulario. Así que el dato resulta irreal.

Por el contrario, y según enumera Velasco, las solicitudes denegadas alcanzaron el 24,5%, un porcentaje que ni siquiera se puede valorar porque no se acompaña de ninguna otra información. "Es imposible saber si ese porcentaje es positivo o negativo sin la posibilidad de ver los motivos por los cuales se deniegan las peticiones", explica el experto. Es ese el principal problema de la muerte digna cuatro años después. Que los informes que analizan su aplicación tienen datos que no recogen toda la realidad o que no van más allá de un simple número, complicando los análisis. "Sigue habiendo muchísimo trabajo a nivel metodológico y creemos que el Ministerio de Sanidad es consciente", subraya.

En cualquier caso, para Velasco el problema no está en el departamento de Mónica García, sino en la información que este recibe por parte de las autonomías. No hay todavía, denuncia, uniformidad en la recogida de estadísticas, por lo que ni siquiera se comparan los mismos valores. Pero es que además la información que ofrecen muestra una gran "falta de equidad en la aplicación de la ley". "Sigue habiendo una diferencia abismal entre las comunidades en las solicitudes y las prestaciones", señala Velasco. En concreto, mientras algunasregistran muchas más solicitudes asistidas, otras muestran todavía datos mucho menores. Cataluña se situó a la cabeza con 219, por delante de Madrid (89) y Canarias (62). En la otra cara de la moneda, Extremadura y Murcia, con dos solicitudes cada una, seguidas de La Rioja (4) y Cantabria (19).

Dar una respuesta es complicado. Para Velasco no es una cuestión del color del gobierno de turno, sino de los técnicos intermedios que deben decidir. Y ahí pone el foco en una figura: la del médico de familia. Es la atención primaria la que más solicitudes recibe y tramita, y su estado de saturación no acompaña. "Muchas veces objeta o dice que no quiere. Si se le pusieran facilidades, este primer paso sería más ágil", considera del presidente de DMD. Es, precisamente, lo que vivió Judit con Antonino. "El médico de cabecera de mi padre me dijo que era objetor y que tenía muchísimo trabajo. Desde el primer momento dejó claro que no se ocuparía", lamenta, desde el otro lado del teléfono. Como él, en 2023 hubo 190 personas que fallecieron esperando que su deseo se llevara a cabo. Desde 2021 han sido 374.

La justicia mantiene paralizada la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre se opone a su muerte asistida, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dicte sentencia firme sobre el caso, según informa EFE. El juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona, que avaló la eutanasia de Noelia en una sentencia que ha recurrido su padre -representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos- ha informado de que se mantienen las medidas cautelares dictadas en su día para suspender la eutanasia de la joven, hasta que haya sentencia firme.

El pasado mes de marzo, la jueza había dado luz a la eutanasia de Noelia -en el primer caso que llegaba a juicio en España- tras los intentos de su padre de paralizar in extremis en los tribunales la muerte asistida de su hija, que inicialmente estaba programada para agosto del año pasado. Tras el aval de la titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona a la eutanasia de la joven, el padre de Noelia presentó un nuevo recurso contra la decisión de la jueza en el que pedía que se denegara la eutanasia y que se mantuvieran las medidas cautelares de suspensión de la muerte asistida de la chica.

Ante ese recurso, la Generalitat elevó un escrito en el que solicitaba que se aclarara si las medidas cautelares que paralizaban la eutanasia de la chica seguían vigentes o habían decaído con la decisión de la jueza de avalar la muerte digna de Noelia, a lo que ha respondido ahora el juzgado. La suspensión de las medidas cautelares puede ser recurrida en un plazo de cinco días.

En su sentencia, la jueza sostenía que el padre de Noelia no estaba legitimado para oponerse a su muerte asistida, una cuestión en la que discrepaba de la Fiscalía, que, pese a apoyar la eutanasia de la joven, sostenía que la familia sí tiene derecho a tratar de frenarla en los tribunales. Pese a que la sentencia desestimó ese planteamiento, el ministerio público ha decidido no recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.

La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales. En su sentencia, que recoge EFE, la jueza desestima el recurso que presentó el padre de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su muerte asistida, tras el primer juicio celebrado en España por este derecho.

La jueza condena a Abogados Cristianos a pagar las costas del proceso, al concluir que el caso "no ha suscitado dudas" en cuanto al derecho de la joven a la eutanasia ni se han aportado pruebas que sustenten las alegaciones del padre de Noelia.

La magistrada coincide con el criterio de la Fiscalía y de la Generalitat, que tras el juicio pidieron que se autorizara la eutanasia de Noelia, al entender que era fruto de una decisión autónoma y que la joven reúne los requisitos legales para la muerte asistida. Eso sí, discrepa de la Fiscalía al concluir que el padre de la joven no tenía legitimación para oponerse a su muerte asistida, un derecho que la jueza limita a los casos de menores o personas con discapacidad.

"En el presente caso la beneficiaria de la prestación es una persona mayor de edad, y su padre no sólo no ha promovido ningún procedimiento de incapacitación, sino que tampoco ha aportado ninguna prueba de la presunta incapacidad", abunda la jueza, por lo que no cree justificada "la defensa de un derecho personalísimo ajeno, como es el derecho a la vida".

La sentencia añade que la joven no convive con sus padres desde hace años -se les retiró la custodia cuando era pequeña- y que actualmente reside en un centro sociosanitario, "al no tener techo ni red social que la pudiese amparar", por lo que la relación con su familia no es suficientemente estrecha como para que estos tengan derecho a inmiscuirse en su voluntad de morir.

La jueza rechaza además los argumentos de Abogados Cristianos de que Noelia sufre un trastorno límite de la personalidad que la ha hecho cambiar varias veces de opinión sobre la eutanasia y les afea que no han aportado "ni un solo testigo" que así lo acredite. De hecho, el recurso de Abogados Cristianos se aferraba a una nota manuscrita de Noelia en la que esta expresaba sus dudas sobre la eutanasia y pedía que se aplazara para "madurar" su decisión.

No obstante, recuerda la sentencia, Noelia declaró en el juicio que escribió esa nota tras una noche de insomnio y "al dictado" de dos jóvenes de entornos católicos, vinculadas al centro donde estuvo tutelada, quienes a menudo se "colaban en su habitación sin avisar".

A raíz de las declaraciones de los testigos, la jueza concluye que Noelia "se ha mantenido constante en su decisión de recibir la eutanasia" y su capacidad para solicitar la muerte digna "ha quedado acreditada a través de distintos informes emitidos por especialistas en psiquiatría". En ese sentido, la sentencia se remite a los informes de los forenses expertos en psiquiatría, quienes concluyeron que el consentimiento de la joven a la muerte asistida había sido "libre, sin injerencia o influencia determinante por su propia enfermedad mental".

Respecto a si Noelia reúne los requisitos para solicitar la eutanasia, recalca la jueza que todos los profesionales coinciden en que la joven "sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, sin que se haya practicado ninguna prueba en contrario".

La jueza no ve irregularidad alguna en el hecho de que los profesionales que debían decidir sobre la eutanasia de Noelia expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión de Evaluación de Garantía y Evaluación de la Generalitat, cuyos 19 miembros avalaron de forma unánime la decisión de Noelia de poner fin a su vida. 

España cuenta desde hoy con su primer plan para prevenir el suicidio, la segunda causa de muerte no natural en nuestro país, con 40 medidas para atajar un fenómeno "complejo y multicausal" con las que tejer una red de apoyo a supervivientes, a familiares y desde una perspectiva de género, según informa EFE.

Dotado con un presupuesto de 18 millones, el documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado de Salud Mental, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes que involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales. El suicidio es un fenómeno "complejo y multicausal", lo que hace muy difícil predecirlo, aunque sí hay grupos con riesgo mayor.

Por ello, prioriza a las personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores, sobre todo las que viven en situación de soledad no deseada; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia, física, psicológica o emocional; con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios. Además de hacer especial hincapié en la posvención, con el desarrollo de proyectos para apoyar a familiares y allegados tras una pérdida por suicidio, promoviendo el manejo saludable del duelo.

Las 40 medidas incluyen estas 6 líneas de actuación:

1. Información de calidad, con iniciativas como la creación, dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, de un sistema de vigilancia en salud mental que incluya la conducta suicida, con la idea de llegar a la aprobación de un real decreto de vigilancia en salud mental.

O la puesta en marcha de un Observatorio para la Prevención del Suicidio o la promoción de un registro y seguimiento de la conducta suicida.

2. Sensibilización, con campañas estatales y regionales de frecuencia anual.

3. Prevención en situaciones de vulnerabilidad: el plan plantea mecanismos para identificar personas que pertenecen a uno de los grupos de riesgo.

Aquí es clave un abordaje con perspectiva de género ante las inmensas diferencias entre hombres y mujeres: la mortalidad por suicidio en España en 2023 fue de 8 muertes por cada 100.000 habitantes y siempre es mayor en hombres; la brecha se va agrandando en todos los grupos de edad hasta llegar al máximo a los 90 años, cuando ellos presentan una tasa de 46,3 frente al 4,4 de ellas.

"En los hombres mayores, aspectos como el aislamiento social y los estereotipos de masculinidad dificultan la expresión emocional y el acceso al apoyo, lo que incrementa su vulnerabilidad. Factores como la socialización femenina respecto a los cuidados, la expresión emocional a través del cuerpo y unas condiciones de vida más precarias pueden influir en la presentación de conducta suicida diferencial entre los hombres y las mujeres", argumenta el texto.

4. Prevención en todas las políticas, con acciones como limitar el acceso a los medios letales (armas de fuego y medicamentos innecesarios), reforzando la seguridad en los puntos críticos identificados mediante intervenciones específicas. Las medidas abarcan la instalación de barreras físicas para restringir el acceso a estos medios y la mejora del diseño de espacios públicos con un enfoque de seguridad.

El plan también invita a promocionar iniciativas para reducir el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. "Las adicciones pueden surgir como consecuencia de problemas de salud mental, bien como mecanismos de compensación o de afrontamiento, pero las conductas adictivas pueden también originar o agravar problemas de salud mental", resume. También favorecer la implementación de autopsias psicológicas en casos específicos de suicidio. Los más específicos irían destinados a niños y adolescentes, aunque "se puede contemplar su realización" en prisiones, servicios de salud o el entorno laboral. En este último ámbito, invita a crear espacios saludables que protejan el bienestar de las personas o mejorar la prevención de los riesgos psicosociales.

5. Abordaje sanitario: adecuar las urgencias de los hospitales, potenciar el código de riesgo de suicidio y ofrecer programas de prevención a personas con enfermedad grave y/o dolor.

6. Abordaje integral: promover la participación de supervivientes y sobrevivientes en el diseño, implementación y evaluación del plan, mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de asistencia y emergencia regionales son algunas de las acciones de esta línea.

Un juzgado de Barcelona será el primero de España que celebrará un juicio para decidir si avala la eutanasia de una joven de 23 años con una lesión medular severa, cuya ejecución fue suspendida el pasado mes de agosto después de que su padre la recurriera ante los tribunales. En un auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona ha señalado para el próximo 4 de marzo la vista oral, en la que será interrogada la joven, además de otros testigos y médicos que la han atendido.

La chica pidió la eutanasia, que fue avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, y estaba previsto que se llevara a cabo el pasado 2 de agosto, pero su padre, a través del colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, logró que la justicia la suspendiera in extremis para analizar el fondo del caso.

La joven sufre varias patologías mentales y una lesión medular que le obliga a desplazarse en una silla de ruedas, pero su padre recurrió ante los tribunales alegando que su petición de eutanasia es previa a las dolencias físicas que padece y que tiene un trastorno límite de personalidad que la incapacita para decidir.

El juzgado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acordó suspender la ejecución de la eutanasia y elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazó ser competente en el asunto y lo volvió a remitir al contencioso.

En la vista del próximo 4 de marzo, será interrogada la joven a petición de la Fiscalía, que también ha solicitado que declare un médico forense especialista en psiquiatría para que dictamine si la chica prestó su consentimiento informado a la eutanasia "de forma libre, sin injerencia", o si lo hizo fruto de la enfermedad mental que padece.

El forense también deberá pronunciarse sobre si el padecimiento que sufre la joven "puede calificarse de crónico, constante e imposibilitante, y si existe posibilidad de mejora con un tratamiento adecuado", según el auto.

El año pasado 766 personas pidieron la eutanasia, un 24,8% más que en 2022, de las que 334 recibieron la ayuda para morir, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, que reflejan, no obstante, que una cuarta parte de los solicitantes falleció antes de que se resolviera su demanda, ha informado EFE.

El número total de solicitantes de eutanasia en España desde que se aprobó la ley (LORE) en 2021 se eleva así a 1.515 y a 697 las practicadas, de acuerdo con el Informe de Evaluación Anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España del Ministerio.

De esta forma, 2023 ha sido el año en el que más demandas de este derecho se han atendido tras las 576 contabilizadas en 2022 y las 173 de 2021, si bien hay que tener en cuenta que la ley entró en vigor en junio de ese año, por lo que esta cifra se ciñe solo al segundo semestre.

Con todo, la tasa de mortalidad por eutanasia en 2023, fue del 0,0767 % del total de fallecimientos, lo que refleja que "sigue siendo una opción minoritaria y altamente regulada", destaca el documento.

Tres de cada cuatro solicitudes presentadas el año pasado (el 76 %) se aceptaron; menos del 3% de pacientes a los que se reconoció el derecho cambiaron de opinión y revocaron la prestación, mientras que 33 pidieron aplazarla una vez aprobada, apenas un 4% del total.

Por contra, 188 se denegaron; 78 solicitantes presentaron reclamaciones a la negativa ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE), que acabó estimando favorables más de la mitad (58 %).

Sin embargo, cerca del 25% (190 personas), murieron durante el proceso, con un tiempo promedio de 30 días entre que hicieron la solicitud y su fallecimiento. En total, desde 2021 han sido 374 los solicitantes que han muerto aguardando una respuesta.

En este sentido, la media de espera se sitúa en 67 días entre la solicitud y el momento de la prestación de la ayuda para morir, con una mediana de 54,2 días.

El 28% (215) de los solicitantes de eutanasia de 2023 tenía entre 70 y 79 años, prácticamente el doble que un año antes, lo que les convirtió en el perfil más frecuente; la edad media se situó 68,78 años y la mediana en 78,46.

Del total de peticionarios, 7 tenían menos de 30 años; 19 estaban entre 30 y 39 años; 57 entre los 40 y 49 años; 106 entre 50 y 59 años; 181 entre 60 y 69 y otras 181 superaban los 80, en este último caso también más del doble que un año antes.

La ayuda para morir la pidieron prácticamente por igual los hombres (50,7%) y las mujeres (49,21%).

Y lo hicieron principalmente por cáncer y enfermedades de tipo neurológico, que tenían el 70% de los pacientes (35% en cada caso).

Uno de los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir contemplados en la LORE es la capacidad de hecho, es decir, que la persona sea capaz y consciente en el momento de pedir la eutanasia. Aunque la inmensa mayoría (95%) la tenía en 2023, un 15% estaban en riesgo inminente de perderla.

La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública, que prestó el 92% de las ayudas; la mayor parte de los pacientes reclamó que fuera un equipo sanitario el que le diera la medicación (95 %) frente a la autoadministración, que solo eligieron 18 personas.

En el 47% de los casos, los pacientes prefirieron recibir la prestación en el hospital y un 44% en su domicilio. Un 12,5% se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.

Por comunidades, la que más solicitantes de este derecho asistió en 2023 fue, con diferencia, Cataluña con 219, muy por delante de Madrid (89); Canarias (62); País Vasco (58); Comunidad Valenciana (56); Andalucía (43); Galicia (41); Baleares (37) o Asturias (33).

A estas les siguieron Castilla-La Mancha (28); Castilla y León (27); Navarra (24); Aragón (22); Cantabria (19); La Rioja (4); Extremadura y Murcia (2 cada una). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tuvieron ninguno.

Sin embargo, las que más prestaciones de ayuda para morir cumplieron sobre el total de solicitantes fueron Murcia y Extremadura, que realizaron las dos pedidas, seguidas del País Vasco (81%).

Por encima o igual a la media nacional del 44% también estuvieron Andalucía (56%); La Rioja (50%); la Comunitat Valenciana (46%) y Castilla y León (44%).

No alcanzaron ese porcentaje Cataluña (43%); Navarra y Galicia, ambas con un 42%; Madrid (39%); Baleares y Castilla-La Mancha (32%) y Asturias (27%). Las cifras más bajas fueron, de lejos, Cantabria (16%) y Aragón, que apenas efectuó el 12 % de las solicitadas.

"Morir, vamos a morir todos, pero la forma de morir que yo elegí me parece maravillosa". Con estas palabras cargadas de emoción y gratitud se despedía este martes la viguesa Laura Fernández Abalde, tras acelerarse su solicitud de eutanasia. Su última voluntad por fin se ha cumplido: decidir ella misma cómo sería el final de su viaje. Y lo ha hecho rodeada de sus seres queridos y en tiempo récord, doblegando los plazos extremadamente garantistas de la Consellería de Sanidade gallega.

Laura había sido diagnosticada con un melanoma uretral grave y, a sus 67 años, se encontraba en fase terminal. Firme activista por el derecho a una muerte digna, se hizo miembro de la asociación DMD (Derecho a Morir Dignamente) en el año 2006. Una asociación que le ha servido de refugio durante su enfermedad y que le ha acompañado hasta su último suspiro: "Desde que me hice socia me siento una persona afortunada. Hay gente que haciéndose un seguro de vida está encantada de la vida. Pues a mí, ser socia de DMD me da la tranquilidad de que cualquier cosa que tenga que ver con la muerte la puedo consultar con alguien".

Como no podía ser de otra forma, ha recaído en su asociación la tarea de transmitir su último mensaje. Un video en el que, sin dejar de agradecer y celebrar la vida, se acuerda de su familia, sus médicos y sus compañeros de lucha y en el que aprovecha incluso para mandar un contundente mensaje político.

"La gente no lo entiende, pero yo llevo muchos años pensando y defendiendo la eutanasia, la ley de muerte digna", empezaba explicando. "El testamento vital va a reflejar qué cosas querías cuando tu cabeciña ya no pueda decidir. Le evitas a tu familia que tenga que decidir por ti y le ahorras también problemas a los médicos, que así saben qué valores de vida tenías", sostenía convencida.

Un procedimiento que, por otra parte, no termina una vez que la decisión está tomada. Una burocracia asfixiante trata de imponer sus plazos. En el caso concreto de Galicia, según contestó en un primer momento la Consellería a Laura, completar todo el proceso requiere "un mínimo" de cuarenta días, frente a la media estatal de 27. Un plazo que explica que el año pasado, tan solo en esta comunidad, 14 personas fallecieran esperando al veredicto de su solicitud. El mismo número que consiguió llevar su voluntad a término.

La enfermedad no espera. Por eso, Laura ha peleado hasta el final para acelerar su eutanasia. Y lo ha conseguido, en la mitad del plazo estimado. "En cuanto me den el ok, les voy a decir, depende de cómo me encuentre, que entre hoy y mañana ya. Poder estar aquí con mi gente y decirles: 'Bueno, fue una maravilla convivir con vosotros, aunque a veces hubo alguna bronquilla'. Y luego dormirme. Me parece un broche que ni en una película de Hollywood", imaginaba en su despedida.

Fue el pasado viernes cuando, por fin, recibió la noticia que tanto esperaba. No habría más esperas. La eutanasia se le aplicaría el martes, a las 9 de la mañana. Y así ha ocurrido. Esta mañana, en la habitación 705 del servicio de paliativos del Hospital Meixoeiro y escasos minutos antes de las 10, Laura se marchaba “riendo y rodeada de su gente”, según han relatado sus compañeros de activismo.

¿Su mensaje político? "Le pediría al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que tengan en cuenta los cuidados paliativos, muchísimo más de lo que los tienen ahora", pedía. En otras palabras: que inviertan en las unidades de paliativos. "Y a la gente que, cuando vaya a votar, vote a los que apoyan estas causas y no a los que las restringen y luego gastan en cosas que no nos benefician. En los próximos años, en nuestro país, habrá que luchar para mantener lo conseguido con la Ley de Eutanasia y reclamar su cumplimiento efectivo", añadía a modo de advertencia.

"Tuve una buena vida y tendré una buena muerte. Será como una anestesia total, una muerte feliz", concluía sonriendo.

Desde el primer día, cuando fui consciente de cómo estaba, lo empecé a desear, lo pedía a gritos: "¡Quiero morir!¡Dejadme morir!" Pero todo eran gritos sordos, peticiones que no se cumplían. La Ley de Eutanasia existe ya. La frase  de que "Dios no quiere que mueras" no me sirve, pienso que  es muy cruel. Estoy muerto desde hace 12 años. Desde siempre, pero ahora, día tras día, lo tengo cada vez más claro: quiero morir, deseo morir. Tengo derecho a decidir mi vida. Y he decidido morir. Soy un vegetal, no soy un ser humano. Tal vez piense, tal vez pueda hablar. "Pero, ¿estoy vivo?, ¿para quién?”.

Espero que este relato sirva para que aquellos partidos políticos y aquellos ciudadanos que están y votaron contra la Ley de Eutanasia y que no paran de hacer manifestaciones "por el derecho a la vida" reflexionen y comprendan que todos los seres humanos tienen derecho a decidir. La muerte también lo es. La Eutanasia no es "un asesinato", sino un derecho a morir dignamente. 

Es importante que todos hagamos un testamento vital, donde expongamos muy claramente cómo queremos pasar los últimos días de nuestra vida y, por tanto, la sociedad. Los familiares deben respetar ese testamento vital y aceptar que tanto la vida como la muerte son  derechos y que aplicar la eutanasia no es otra cosa que respetar cómo acabar con una forma de vida que no se desea y que lleva a un ser humano a sentirse un objeto, un animal enjaulado en una celda no deseada y que le lleva a sentirse indignamente tratado y ante todo no respetado en su derecho. 

Vivir, como he dicho anteriormente, es un derecho, pero también lo es morir, y la eutanasia es una forma digna de dejar de vivir. Cuando esto lo aceptemos y no señalemos la eutanasia como un asesinato, más cerca estaremos del respeto a los seres humanos y, con ello, a tener una democracia total con todos los valores que conlleva. Por eso, dejemos que aquellas personas que han optado por aplicar la eutanasia puedan hacerlo, sin recriminaciones y sin postulados ultrarreligiosos. La eutanasia, el morir dignamente, es un derecho al que todos somos libres para acogernos o no. Por eso, nadie debe impedir este derecho.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

La jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona ha convocado una vista a las 11.30 de este miércoles para decidir si autoriza la eutanasia de una joven de 23 años.

En la providencia consultada por Europa Press, cita a declarar a las partes (Fiscalía, Comité de Garantías y Fundación Española de Abogados Cristianos) en la Ciutat de la Justícia para tomar una decisión.

La jueza aceptó una petición de medida cautelarísima de la Fundación Española de Abogados Cristianos (que representa al padre) para frenar la eutanasia, que estaba prevista para el viernes pasado.

Fuentes de la Fundación consultadas por Europa Press explican que pidieron la cautelarísima porque la joven escribió una carta el 29 de julio "pidiendo retrasar la eutanasia porque tenía dudas", si bien la chica manifestó al día siguiente que quería seguir adelante con el proceso.

Las mismas fuentes añaden que han solicitado en la demanda presentada al juzgado que se tome declaración a la médica y la psicóloga que valoraron a la joven para determinar si tiene en este momento la capacidad para tomar esta decisión.

La Fundación valora "la rápida actuación de la jueza", que ha decretado hábil el mes de agosto para tomar una decisión.

Ha cumplido ya tres años en vigor, pero la eutanasia todavía no se aplica sin trabas en España. Tarda más —mucho más— de lo que debería, y ni siquiera siempre llega a aplicarse a tiempo. Así lo ha denunciado este martes la organización Derecho a Morir Dignamente, que ha cifrado en hasta un tercio el número de personas que mueren esperando su muerte digna. Es algo, han criticado sin ambages, que denota un "maltrato institucional" que supone un "sufrimiento añadido" a todos los solicitantes. Y a sus familias.

Gina es una de ellas y ha experimentado en sus propias carnes estas críticas. Su padre padecía parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad incurable. El neurólogo que le trataba no era objetor, pero tampoco tenía claro si colocaba al paciente en un "contexto eutanásico", explicó ella durante la rueda de prensa de este martes. "Muchos médicos se confunden y piensan que debes estar en cuidados paliativos. Pero mi padre quería morir con autonomía, con la mayor cantidad de facultades cognitivas y físicas posibles. Al final, murió con las facultades muy mermadas, pero lúcido y como él quería morir", expuso Gina. A su lado, Ángel lamentaba que a su mujer sí le denegaron inicialmente el derecho a morir dignamente. A su juicio, "por desconocimiento y falta de interés".

Para muestra, la "escasez" de información sobre la aplicación de una norma que, después de tres años, todavía no cuenta con un despliegue completo en nuestro país. Ocho comunidades autónomas —Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra— ni siquiera han publicado un informe sobre la aplicación de la ley. Y los últimos datos del Ministerio de Sanidad corresponden "al lejano" 2022, criticaron desde DMD. Pero aun así, su lectura deja varios datos que justifican las críticas de la organización.

En 2022, según los datos del departamento que ahora dirige Mónica García, se presentaron 576 solicitudes de ayuda para morir. De ellas, 152 murieron mientras se tramitaba. El 26,4%. Sobre 48 de ellos, ni siquiera hay un informe del médico responsable. "Los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial", denunció durante la rueda de prensa el presidente de la asociación, Fernando Marín.

Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe? "¿Solicitaron la prestación de ayuda a morir muy tarde (pocos días antes de morir) o la tramitación fue incapaz de adaptarse a sus necesidades?", se pregunta la organización en su informe. En el de Sanidad, recuerda, se atribuye a una incapacidad para adaptarse a las necesidades de cada persona para respetar sus derechos, nunca a "fallecimientos prematuros" ni a "una demora injustificada de la prestación".

Sin embargo, sí que existe una "excesiva duración del procedimiento". Según la ley, desde que se solicita el derecho hasta que se ejecuta deben pasar 35 días pero, de media, estos llegan a los 75. Y hay más, porque el 20% de las solicitudes (105 de las 528 contabilidazas, puesto que 48 de las 576 se "perdieron) fueron denegadas por el médico responsable, por el médico consultor o por la Comisión de Garantía y Evaluación, que dio la razón a 23 de 61 personas que reclamaron la negativa. "Un 40% de reclamaciones aceptadas es un dato positivo, pero que merece una reflexión: la reclamación no siempre es un proceso sencillo y no está al alcance de cualquier persona", lo que introduce "un factor de desigualdad".

No es el único, en cualquier caso. El informe de Derecho a Morir Dignamente lamenta que si se cruzan los datos de las peticiones de eutanasia con los de población se pueden observar "notables diferencias entre comunidades autónomas". Por ejemplo, en Navarra, País Vasco o Cataluña la tasa de eutanasias sobre el total de fallecimientos es superior al 0,1%, pero en Murcia, Extremadura o Galicia fue 10 veces menor. "La desigualdad entre territorios es grave porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Es inadmisible que el acceso al derecho dependa del lugar donde se vive", lamentó en la rueda de prensa Loren Arseguet, del grupo internacional de DMD.

Pero en cualquier caso, ¿por qué sucede esto? ¿Tiene que ver con quién gobierna? Según Marín, no existe un "boicot" por parte de las comunidades dirigidas por PP y Vox, aunque sí que existe una "preocupación" especial por Castilla y León y Murcia.

En la primera hay una comisión de evaluación compuesta por miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia, y en la segunda se denegó una petición de una persona con demencia grave porque "no se podía medir objetivamente su sufrimiento". "Hay comisiones que se inventan requisitos que no se contemplan en la ley", criticó Marín.

En cualquier caso, y según lamenta la organización en su documento presentado este martes, todas estas cifras nos sitúan a la cola de otros países que también han regulado por ley la ayuda a morir, aunque no sólo nos diferencia este aspecto: mientras que la mayoría de quienes reciben la prestación en España lo hacen por sufrir una enfermedad neurodegenerativa, en lugares como Bélgica, Canadá o Países Bajos el 80% de los pacientes son terminales.

La responsable internacional de DMD comparó precisamente la situación española con la de Bélgica, donde se aprobó una ley de eutanasia en 2002. Allí, hasta 2011, la tasa de fallecimiento por eutanasia sobre los fallecimientos totales no pasó del 1%. A los tres años, era del 0,38%. "Juzgaron que era muy poco, y la asociación hermana a la nuestra investigó. Su diagnóstico fue que la ciudadanía desconocía completamente la ley y los profesionales sanitarios también la desconocían", explicó Arseguet.

Por ello, DMD ha hecho tres propuestas para mejorar el acceso a la eutanasia en España. La primera, que la tramitación esté "clara" desde el principio, tanto para la persona solicitante como para los profesionales sanitarios que reciben la petición. La segunda, que todas las unidades que prestan servicios sanitarios se planifiquen adecuadamente para que, cuando surge la objeción de conciencia, estén en condiciones de garantizar la facilitación de un médico consultor o médico responsable alternativo. Y por último, y siguiendo el ejemplo de País Vasco, Cataluña o Asturias, que se designe una persona de referencia sobre la eutanasia en diferentes niveles, que puede ser territorial, por centro de salud, hospital o área sanitaria.

Un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley de eutanasia, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48%) les fue concedida, pero un tercio falleció antes de que se resolviera su petición, informa Efe.

Según los últimos datos del Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad, el año pasado se registraron 576 solicitudes, de las que acabaron aceptándose la mitad, un total de 288.

Mientras, en 2021, el primer año de aplicación de la ley de regulación de la eutanasia, se contabilizaron 173 solicitudes y se admitieron 75, si bien hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden al segundo semestre, ya que la normativa entró en vigor en junio.

La mayor parte de los solicitantes reclamó la administración por parte del equipo sanitario y un 14% se acogió al programa de donación de órganos de acuerdo al protocolo específico establecido.

Además, según los datos de Sanidad, las prestaciones se han realizado de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública.

El número de solicitudes denegadas fue inferior al 20%, aunque de ellas un tercio acabó siendo estimada tras las correspondientes reclamaciones ante las comisiones de garantías y evaluación de eutanasia (CGyE), órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de la ley en su ámbito territorial, así como de autorizar la aplicación de la prestación de ayuda a morir.

El perfil del solicitante de la ayuda a morir es el de una persona de entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico.

Un tercio falleció antes de resolverse su solicitud de eutanasia, mientras que el número de personas que cambian de opinión o que piden un aplazamiento de la prestación es mínimo.

Por último, un 14% de ellos se acogió al programa de donación de órganos; gracias a su generosidad, 135 pacientes pudieron ser trasplantados.

La Fiscalía ha archivado la denuncia de la madre que pidió paralizar, a través de Abogados Cristianos, la prestación de la eutanasia solicitada por su hija, una mujer de 54 años que padece esclerosis múltiple, en el área sanitaria de Santiago.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha recibido en la mañana de este martes la documentación del Ministerio público con el archivo del caso por lo que el procedimiento continuará de acuerdo a lo establecido en la Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia.

En concreto, la eutanasia estaba programada para el pasado día 2 de noviembre, pero los profesionales sanitarios no pudieron acceder al domicilio, al no abrirles la madre de la mujer. Tras ello, tal y como informó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comeseñala, la Xunta remitió el caso a la Fiscalía.

La mujer solicitó que se le practicase la eutanasia y la comisión que la evaluó sostuvo, entre otras cuestiones, que padecía dolores insoportables. Con todo, la madre, tal y como señaló Abogados Cristianos, negó este aspecto al señalar que no se ajusta a la verdad.

Tras conocerse el caso, el titular de Sanidade señaló que "hay que respetar la voluntad del paciente, también el trabajo de los profesionales y ser sensibles a la opinión del familiar". Además, subrayó que en Galicia la ley de eutanasia "se cumple al pie de la letra" y que este caso "cumple con todas las garantías que la ley establece".

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos continúa su cruzada contra la eutanasia, aprobada hace más de dos años y avalada por el Tribunal Constitucional hasta en dos ocasiones. El escenario de la última batalla ha sido Galicia, donde la fundación ha conseguido paralizar y llevar a los tribunales el proceso de M.B., una paciente de 54 años con esclerosis múltiple que solicitó acogerse a la ley de muerte digna. El pasado jueves, cuando estaba previsto que los profesionales sanitarios accedieran al domicilio para llevar a término la eutanasia, la madre de la mujer, “contraria” a la norma, según informó la propia asociación de abogados, no les permitió el paso. Después llegó la denuncia contra el Hospital Universitario de Santiago y a la sanidad pública gallega, a los que acusa "de un posible delito de eutanasia y otro de inducción al suicidio".

La Xunta de Galicia ya ha remitido el asunto a Fiscalía. Así lo confirmó el pasado viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña (PP), que explicó que la paciente fue quien solicitó la eutanasia, aprobada según los trámites previstos en la ley, que en Galicia "se cumple al pie de la letra". Tiene "todas las garantías", añadió. La Consellería, a preguntas de infoLibre, aseguró que "la paciente es una persona capaz" y su solicitud "está avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia". "La paciente reiteró su deseo de continuar con el procedimiento a su médico responsable", añaden .

Para Abogados Cristianos, que actúa en representación de la madre —fue quien contactó con ellos, según indican—, el caso es radicalmente diferente. Según explican en declaraciones a este periódico, la paciente "tenía un testamento vital que hizo cuando ya padecía la enfermedad" en el que especificó que le fuera aplicada la eutanasia cuando necesitara "soporte mecánico para vivir". "Ese momento aún no ha llegado", explican. Aun así, continúan, solicitó acogerse a ese derecho ante el médico de cabecera, que "en vez de ayudarle" con una derivación a un psicólogo o psiquiatra, "directamente" le tramitó la eutanasia sobre un informe médico, denuncian, que no refleja la realidad. "Pone cosas como que está encamada, cuando no es verdad. Que tiene problemas para deglutir, que tampoco es cierto. O que tiene dolores continuos e insoportables, cuando ella no toma analgésicos", defienden.

Por eso hablan en su denuncia, consultada por infoLibre, de un "posible delito de eutanasia", puesto que su caso, sostienen, no cumple con los "requisitos legales" previstos en la ley aprobada en junio de 2021. Piden que se investigue, además, si el hospital y la Comisión de Garantías han podido incurrir en otro de incitación al suicidio, algo que para el penalista Carlos Bardavío Antón no tendría demasiado recorrido. "Lo que tipifica el artículo 143 del Código Penal es hacer nacer la voluntad de suicidarse, pero de forma directa, nunca indirecta", expone. "Informar de la posibilidad de acogerse a la eutanasia no es incitación al suicidio", indica el jurista. Para ver si hay un posible delito de eutanasia, añade, habría que demostrar por qué los informes médicos, como sostienen desde Abogados Cristianos, no son veraces.

Pero además de ello, lo que ha provocado fuertes críticas por parte de Derecho a Morir Dignamente (DMD) es el hecho de que sea la madre de la paciente la que impidiera la entrada de los profesionales sanitarios y provocase la judicialización del caso. "La eutanasia es un derecho individual y solamente es parte en ese procedimiento la persona que lo solicita y los agentes que valoran si reúne las condiciones adecuadas para hacerlo", clama Miguel Anxo, presidente de la organización en Galicia. "Todas las personas ajenas a eso no son parte", continúa. Abogados Cristianos tampoco, sostiene.

El penalista Bardavío, no obstante, explica que el conocimiento de un posible delito —eutanasia e incitación al suicidio, en este caso— sí permite tratar de paralizar lo que provocaría que se produjera. "Cualquier tercero que tenga conocimiento de lo que entienda que es un delito puede actuar", dice. Puede ser una familiar o cualquier otra persona. Recuerda, en este sentido, el caso del conocido como el pistolero de Tarragona. Se trata de Eugen Sabau, que a finales de 2021 mató a tiros a tres personas después de irrumpir en la empresa de seguridad en la que había trabajado. Los disparos de los Mossos d'Esquadra durante su huida le dejaron tetrapléjico y él, por los fuertes dolores que padecía, solicitó la eutanasia. Los familiares de las víctimas trataron de paralizarla porque no llegó a ser juzgado, pero los magistrados nunca les dieron la razón. Haberlo hecho, argumentaron, hubiera coartado un derecho fundamental.

Por eso no cree que el caso de M.B. llegue a término. Desde Juezas y Jueces para la Democracia la opinión es similar. "Es difícil que pase lo contrario, salvo que se alegue un defecto grave en el procedimiento o se demuestre que la voluntad de la hija está viciada", explican. Aun así, lo "lógico" es que el proceso se haya paralizado, porque se trata de una "decisión irreversible". "Se entiende argumentada la especial urgencia que amerita la adopción de la medida cautelarísima interesada por esta parte por el simple hecho de que es hoy mismo por la tarde cuando se le va a practicar la eutanasia [...], siendo el resultado evidentemente irrevocable", argumentaron desde Abogados Cristianos en su denuncia.

"Nosotros defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, así que defenderemos todos los casos que haya de este tipo", explican desde Abogados Cristianos. Ya lo han demostrado en numerosas ocasiones. Antes incluso de que se aprobara la ley de eutanasia, la organización ultracatólica ya emprendió una encarnizada lucha contra una norma que consideran inconstitucional a pesar de que el tribunal de garantías ha señalado lo contrario hasta en dos ocasiones: primero en marzo —cuando rechazó un recurso de Vox— y luego en septiembre —cuando rechazó uno del PP—.

Aun así, la fundación sigue, a juicio de Anxo, "tratando de impedir" la correcta aplicación de la norma, que según Juezas y Jueces para la Democracia es "absolutamente garantista". Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de muerte de digna, la asociación lanzó la plataforma 'YoNoQuieroEutanasia.com', un registro de personas que rechazan la ley y a las que invitan a plasmarlo en su testamento vital para, dijeron, evitar que "algún médico quiera aplicarla".

Para que esto ocurra, sin embargo, es necesario que el paciente presente dos solicitudes por escrito con quince días de diferencia y que su decisión sea evaluada por dos médicos y un comité de garantías y evaluación. O que en un testamento vital haya dejado esta voluntad por escrito. Nunca, en ningún caso, serán los profesionales médicos los que tomen la decisión.

Los facultativos son, de hecho, uno de los eslabones por los cuales la implementación de la eutanasia en España no está perfectamente ejecutada más de dos años después de la entrada en vigor. Así lo sostiene Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, que señala que hay profesionales sanitarios que no se declaran objetores de conciencia pero sí dilatan en el tiempo el procedimiento de eutanasia. "Hay muchos que todavía dificultan los trámites, y si la Administración no es diligente se complica todo", apunta.

Es el caso de Galicia. Según un documento presentado por la organización este verano, justo cuando se cumplían dos años de la ley, ésta es, junto a Murcia, la autonomía en la que ha habido un menor porcentaje de eutanasias sobre el total de fallecimientos registrados en 2022 —0,02% y 0,01%, respectivamente—. A nivel nacional, el porcentaje se sitúa en el 0,07%, un número "muy alejado del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado", donde representa, dicen desde DMD, entre el 1% y el 4%". Navarra y Cataluña, las comunidades con un mayor porcentaje, se quedaron en el 0,2% y 0,1%, respectivamente.

Sobre las solicitudes denegadas, la organización criticó que sólo disponían de datos de las solicitudes denegadas hasta el julio de 2022, poco más de un año después de la entrada en vigor de la ley. Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja no detallaron estas cifras, pero según el cómputo que maneja la organización, eran Aragón y Andalucía las que más peticiones de eutanasia habían rechazado (un 44% y un 32%, respectivamente). Cataluña, con un 6%, y Asturias, con un 8%, son las que menos solicitudes denegaron.

La Consellería de Galicia ha informado a este periódico de que hasta el pasado mes de junio recibieron 58 solicitudes de eutanasia, de las cuales ha habido 21 con informe favorable, tres denegaciones y ocho revocaciones por parte de los pacientes.

Pero esto no es sólo por los médicos que no se declaran objetores, sino también por los excesivos plazos y por la sanidad privada, factores que siguen dificultando que se cumpla la ley, señala Velasco. Por ello, desde la asociación exigieron actualizar el Manual de buenas prácticas en eutanasia que se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud –donde están el ministerio y las consejerías autonómicas– para que todos los centros sanitarios y sociosanitarios, sean públicos o privados, tengan un protocolo para dar respuesta a estas peticiones. Pidieron, además, que la figura del médico consultor, que es quien aprueba la solicitud, no tenga que ser una persona ajena al paciente, "un obstáculo innecesario y perjudicial". 

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado en su Pleno de este miércoles el recurso contra la Ley de la Eutanasia (LORE) presentado por el PP, como ya hiciera el pasado marzo con el de Vox, basándose igualmente en que no hay "obligación de mantenerse con vida", si bien ha respondido a algunas cuestiones novedosas para limitar la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios frente a la petición de los conservadores, que planteaban extenderla a las personas jurídicas, ha informado Europa Press.

Según ha informado el propio TC, "la sentencia resuelve, desestimándolas, dos quejas novedosas relativas a la objeción de conciencia de las personas jurídicas y a la utilización del proceso preferente y sumario para tutelar la eutanasia".

"En relación con la objeción de conciencia de las personas jurídicas y de acuerdo con la configuración constitucional de este derecho, la sentencia sostiene que las únicas actuaciones susceptibles de ser exoneradas del deber legal de garantizar el derecho de prestación de ayuda para morir, en los términos en que ha sido configurada por la LORE, por estar amparadas en la objeción de conciencia, son las intervenciones de los profesionales sanitarios, cualquiera que sea su categoría profesional, en la ejecución efectiva de dicha prestación", contesta la corte de garantías.

Aclara que "es solo respecto de tales intervenciones cuando debe constatarse que pueden darse situaciones de conflicto por convicciones íntimas, ideológicas o morales, que justifican el apartamiento del profesional sanitario ante una intervención que constituye, con carácter general, un imperativo legal".

"Más allá de estos casos excepcionales, extender la objeción de conciencia a un ámbito institucional como pretenden los recurrentes, no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria", fijan los magistrados.