El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prorrogó el año pasado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

Aun así, el Ministerio de Empleo elogió el trabajo de las agencias, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Representan el 4,2% del listado de parados que remitió el SEPE a las agencias privadas, y el 9,8% de los que fueron atendidos. Como el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%, el ministerio renovó los contratos.

Sin embargo, este modelo de colaboración público-privada tiene sus sombras. La Inspección de Trabajo ha elaborado un informe sobre una de las agencias de colocación autorizadas por el ministerio, Consultora San Román, a la que el SEPE adjudicó la búsqueda de empleo a los parados del Plan Prepara en Madrid y Castilla-La Mancha. En Albacete, concluye la Inspección, la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación. En resumen, no mantiene las condiciones por las que el SEPE le concedió la acreditación.

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a infoLibre que el SEPE no ha recibido notificación alguna de la Inspección sobre Consultora San Román. Los inspectores no comunican incidencias hasta que el procedimiento se cierra y la sanción es firme, puesto que tienen “deber de sigilo”. Tampoco le ha llegado al SEPE ninguna otra denuncia sobre falta de desempeño o negligencia por parte de esta agencia de colocación. Pero si se comprueba que incumple los requisitos legales, San Román puede perder la autorización para operar que se le concedió además de afrontar penalizaciones económicas, aclara el portavoz. La consultora no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener un comentario de sus responsables sobre su actividad como agencia de colocación en Castilla-La Mancha.

Sólo una fregona

El pasado mes de julio los inspectores visitaron los cuatro centros con que San Román cuenta, en teoría, en Albacete. El primero, situado en el polígono industrial Camporroso, de Chinchilla de Monteragón, resultó ser “una nave cerrada y sin signos de actividad, más allá de una fregona que se puede observar desde la puerta exterior”. Nadie contestó a los inspectores cuando llamaron. El local carecía de rótulos de una empresa o de agencia de colocación alguna. En el centro del polígono industrial El Mugrón, de Almansa, el local pertenecía al Centro de Innovación Tecnológica de Aideca. Cuando los inspectores preguntaron por la Consultora San Román, nadie les pudo dar razón de ella “porque resultaba desconocida”. Tampoco había un rótulo –un requisito exigido por la ley–.

En el centro de la calle de Feria, en Albacete capital, los inspectores sólo encontraron una confitería en el bajo y un psicólogo en la entreplanta. Y ningún rótulo de la agencia de colocación.

Sólo en la calle de Zapateros, también en Albacete capital, hallaron los inspectores alguna actividad. La oficina pertenece a una asesoría, Ekosab. En el exterior sólo vieron un cartel que anuncia un centro de formación profesional. En el interior sí que encontraron un panel donde figuraba el nombre de San Román y su número de identificación junto al nombre de una empresa de formación denominada Excelencia. Ekosab alquiló a San Román un despacho y una sala de formación donde Excelencia imparte cursos a desempleados. Los trabajadores que entrevistaron allí los inspectores eran asesores de Ekosab. Un empleado de San Román acude a esa oficina “dos o tres veces a la semana, pero no en días fijos y hace entrevistas”, explica el informe. Si un trabajador pregunta por la agencia de colocación, los asesores de Ekosab “le escanean los documentos” y avisan a un empleado de San Román ubicado en Murcia o a otro de Madrid, el mismo que visita la oficina cada semana.

  La Autoescuela La Mancha, en Miguelturra (Ciudad Real), con el cartel de San Román en la puerta.

A continuación, los inspectores citaron a la empresa para que explicara lo constatado en las visitas. San Román reconoció que no tiene más que un centro en Albacete y que en él está empleada una persona que, según su contrato, tiene su lugar de trabajo en Madrid. También aportó los contratos de otros dos empleados, el primero de seis meses de duración – hasta abril de 2016– y el segundo de uno de los asesores de Ekosab, para la que trabaja como autónomo. Al tiempo había sido contratado a tiempo parcial como “técnico seleccionador orientador” por San Román. Sólo por dos meses en 2015. Ninguno de los dos tiene título alguno para ejercer como mediador u orientador laboral, detalla el informe de la Inspección.

El acuerdo marco exige a las agencias de colocación que dispongan de un mínimo de dos personas por centro, de las cuales el 50% debe poseer un título universitario. Además, el 50% del personal técnico deberá contar con una experiencia mínima de seis meses en programas de empleo o gestión de recursos humanos.

Sólo seis contratos en un año

La consultora informó a los inspectores de que habían conseguido empleo a seis personas en 2016. De ellas, dos ya habían sido contratadas anteriormente por las empresas en las que San Román decía haberles encontrado trabajo. Una de ellas, una ETT con la que el trabajador ya había firmado siete contratos desde septiembre de 2015. La otra ya había sido empleada por la empresa los dos años anteriores. Los contratos conseguidos para dos de las personas atendidas sólo duraron tres meses. Por tanto, concluyen los inspectores, “no existen datos objetivos que permitan determinar la existencia de un margen efectivo de contratación derivado de la mediación en el mercado de trabajo”.

Además, San Román “no aplica los modelos de entrevistas y toma de datos presenciales”, revela el informe, “que efectúan miembros de la asesoría laboral no cualificados”.

Pero no son las únicas deficiencias halladas por la Inspección. San Román tampoco cuenta con una contabilidad separada para sus actividades de colocación y de formación, tal y como le exige la ley. “Más bien todo lo contrario”, apunta el informe. Además, la agencia no garantiza la intimidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores a quienes atiende y en las entrevistas no respeta los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo. En concreto, se le preguntó a una de las trabajadoras por su estado civil y número de hijos, detalla el informe.

Lo mismo en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cuenca

El sindicato CCOO ha visitado buena parte de los 24 centros que San Román declaró tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado no difiere mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete. En Ciudad Real capital, el local que San Román tenía en el edificio Miró está cerrado y uno de los dos con que cuenta en Miguelturra, en esa misma provincia, también. El otro corresponde a la Autoescuela La Mancha, donde se limitan a recoger currículos pero no hacen entrevistas. En la sede de la misma autoescuela en Ciudad Real también debería haber otro despacho de San Román, pero en ella derivan a los interesados a la oficina de Miguelturra, explica el sindicato.

La oficina de la agencia en Valdepeñas está situada en el centro de formación Innova, pero allí ni siquiera recogen los currículos de los parados. “Te dicen que vayas a su página web”, asegura CCOO. En Tomelloso la oficina corresponde al centro de formación Ceres. Sólo recogen currículos. En Manzanares está en el Centro de Formación Manzanares y funcionan de la misma manera.

En Guadalajara, el local de la plaza de José Luis Sampedro se encuentra cerrado y el de la Plaza Mayor lo ocupa un despacho de abogados donde les dijeron a los miembros de CCOO que los trabajadores de San Román habían “desaparecido de un día para otro”. La agencia tiene una tercera oficina en el centro Galileo. Allí sí figura el cartel de San Román en la puerta, como es preceptivo, pero los empleados de la agencia sólo pasan algunos días a recoger los currículos que dejan los desempleados a la búsqueda de trabajo.

Es la misma operativa con la que funciona la consultora en el centro de formación de la calle de Italia en Toledo –se pasan de vez en cuando, remiten a la página web– y en el del centro de formación Mogrúas de Talavera de la Reina, donde tampoco tienen el cartel preceptivo. Otro tanto ocurre en el Centro de Estudios Laborales de Cuenca.

Red inflada de oficinas

La precariedad con que esta empresa ha montado su red de oficinas como agencia de colocación no es, en realidad, una sorpresa. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos para adjudicarse los contratos del concurso para colocar a los parados del Plan Prepara, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las empresas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional del concurso. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de oficinas. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esas redes. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hastauna treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Divididos por lotes geográficos, los adjudicatarios fueron el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento–Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude–Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL–Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice–Andalucía, Ceuta y Melilla–.

Un contrato de 41,66 millones de euros

Entonces se repartieron entre ellas 41,66 millones de euros. Los precios de partida con que el SEPE iba a retribuir a las agencias privadas de colocación por su trabajo variaban desde 300 euros por conseguir empleo a un menor de 29 años hasta 3.000 euros por proporcionar un contrato de seis meses a un parado mayor de 45 años que lleve más de dos sin trabajar. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio.

Además, las agencias privadas perciben un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo. También se les paga una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

100 millones para las agencias privadas

El año pasado Empleo repartió entre las comunidades autónomas 100 millones de euros con destino a sus propios contratos con agencias privadas de colocación. A Castilla-La Mancha le correspondieron 5,68 millones de euros y a Madrid, 11,86 millones.

Mientras, la Comisión Europea ha reprochado al Gobierno español que no haya elaborado hasta el momento ningún sistema de evaluación de eficiencia de las agencias privadas de colocación, y el Consejo de Europa le echa en cara que haya recortado el número de empleados de los servicios públicos de empleo entre 2011 y 2014. Despidió a 3.000 orientadores laborales y el presupuesto destinado a modernizar el SEPE se quedó en sólo 15 millones de euros en 2014. En 2015, pese a destinarse a este fin una partida inicial de 100 millones, quedó finalmente reducida a 58,3 millones. Los sindicatos repiten que en España un funcionario debe atender a una media de 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no pasa de 50.

La Comunidad de Madrid pagará 7,5 millones de euros a cuatro agencias de colocación privadas para que busquen trabajo a 8.000 del casi medio millón de desempleados de la región. La Consejería de Economía y Empleo ha utilizado un concurso negociado y sin publicidad para adjudicar la tarea a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Fundación Tomillo, Eulen Flexiplan y la Asociación Salesiana. El Gobierno madrileño, cuando aún lo presidía Esperanza Aguirre, suprimió el Servicio Regional de Empleo en julio de 2011.

El Ejecutivo autonómico justificó la medida en la necesidad de “optimizar la eficacia de la Administración autonómica y avanzar en la contención del gasto público y la austeridad”, al tiempo que prometía una atención a los desempleados “más cercana y activa” y “con mejores resultados”. En su lugar creó tres nuevas direcciones generales.

Cinco años después y en el último momento, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Madrid decidió movilizar su parte de los 80 millones de euros que el Ministerio de Empleo destinó en 2015 a las comunidades autónomas para que pusieran en marcha las agencias privadas de colocación. Al concurso negociado y sin publicidad invitó a 11 agencias de las 80 preseleccionadas por Empleo. En 2013 el ministerio aprobó un Acuerdo Marco que es que ha regido desde entonces un proceso lleno de sobresaltos y polémicas. De hecho, el sistema de colaboración público-privada –como denomina el Gobierno al recurso a las agencias privadas para que compitan con el antiguo Inem, hoy SEPE– sólo se ha puesto en marcha hace dos meses, con la legislatura a punto de acabar.

Esas 11 agencias invitadas fueron, además de las ganadoras ya citadas, las grandes empresas de trabajo temporal (ETT) Manpower, AdeccoAdecco y Randstad, y por partida doble, puesto que la Comunidad de Madrid también llamó a las fundaciones de estas dos últimas multinacionales. También a la Fundación Benéfica San Martín de Porres y la Asociación Cultural La Kalle. La Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que agrupa a las agencias más pequeñas, se queja no sólo de la “falta de transparencia” del proceso, sino también de la “preferencia” que ha demostrado la Comunidad de Madrid por “las grandes multinacionales”. Y se pregunta cuál ha sido el criterio del Gobierno autonómico para invitar a esas 11 agencias de las 80 posibles.

Criterio geográfico y de especialización

Un portavoz de la Consejería de Economía y Empleo explica a infoLibre que los criterios de selección han sido “el geográfico y el de especialización”. Así, indica, en los dos primeros lotes, para insertar a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, se invitó a agencias que cuentan al menos con un centro de trabajo autorizado en la Comunidad de Madrid y que tienen experiencia en el trabajo con esos dos segmentos de población.

Pero lo cierto es que de las tres invitadas al lote número 1, dos son las fundaciones de Adecco y Randstad, que están autorizadas por el SEPE sólo como agencias con “medios telemáticos” y tienen ámbito nacional. La ganadora, Cocemfe, sí que posee autorización para trabajar de forma “presencial” y sólo en la Comunidad de Madrid. En el lote número 2, tanto las invitadas –La Kalle y San Martín de Porres– como la adjudicataria, Fundación Tomillo, cumplen los requisitos de prestar atención presencial y ser de ámbito madrileño.

Para las invitaciones a los lotes 3 y 4, se eligió, según la consejería, a agencias que cuentan al menos con cinco centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y acrediten experiencia en la inserción de parados de menos de 30 años y desempleados de larga duración –más de un año sin trabajo–, respectivamente. Sin embargo, las cinco invitadas –son las mismas para ambos lotes– están autorizadas por el SEPE sólo para actuar con “medios telemáticos” y su ámbito es nacional.

Es decir, de las 11 agencias invitadas, sólo dos están autorizadas a trabajar de forma presencial con los parados y son de ámbito autonómico. Y cinco son grandes ETT y la Asociación Salesiana, también una de las mayores agencias de colocación españolas.

Por partida doble

A juicio de la asociación ANAC, el criterio utilizado por la Comunidad es “confuso” puesto que la autorización del SEPE sólo permite actuar a estas grandes agencias por medios telemáticos –internet– y desdeña “el valor de centros de formación profesional para el empleo que tradicionalmente gestionan contratos de formación y aprendizaje o programas de formación con compromiso de contratación”. También critican las pequeñas agencias que se haya duplicado la invitación a las multinacionales Adecco y Randstad. Se da la circunstancia de que Randstad declinó las invitaciones a los tres lotes a los que fue llamada. Tampoco mostró interés en los concursos de ámbito nacional convocados por el SEPE.

ANAC expresa además su desconcierto por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya otorgado exactamente la misma puntuación a todas las ofertas presentadas en todos los lotes: 20 puntos. Hasta el 60% de la nota final corresponde a la valoración técnica obtenida por cada agencia de colocación en el Acuerdo Marco; es decir, la concedió en su día el SEPE. El resto se reparte entre el precio ofrecido y los puntos que recibe el sistema de evaluación de los resultados de su trabajo que acredite cada agencia. Y éstos han sido 20 para todas. Según la Consejería de Economía, es así porque para obtener esa puntuación a la agencia le basta con acreditar que dispone de un “enlace web con acceso identificado y protocolo seguro” para enviar datos al sistema informático de la Dirección General de Empleo. ANAC recuerda que todas las agencias incluidas en el espacio telemático común del SEPE tienen ese acceso.

El caso es que la Comisión de Contratación de la Asamblea de Madrid estudiará la adjudicación de las agencias privadas en su próxima reunión del día 10. Tanto Podemos como Ciudadanos han solicitado ya el expediente completo de la contratación y la comparecencia de la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo.

Los dos concursos nacionales 

Desde que se firmó el Acuerdo Marco en 2013, el SEPE ha convocado dos concursos para que las agencias privadas de colocación. El primero estuvo empantanado durante más de un año por los sucesivos recursos de las agencias excluidassucesivos recursos de las agencias excluidas. Hasta cuatro veces rehízo la lista de adjudicatarios el SEPE.

Finalmente, seis pequeñas agencias consiguieron el concurso: UTE Adalid Inmark y T de Talento, Ibecón 2003, Master cum Laudem, San Román Escuela de Estudios Superiores y Fundación Vértice. En uno de esos vuelcos de lista fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos: Adecco, Manpower, Eulen y la orden salesiana, además de Telefónica y la Once.

Esa primera convocatoria fue un procedimiento abierto y ordinario; el segundo, negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas: Eulen, Manpower, Adecco, la Asociación Salesiana y la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–. Esta última declinó presentar una oferta. Es decir, se hicieron con el segundo concurso las grandes empresas que habían quedado excluidas del primerosegundo concurso. Prácticamente las mismas que fueron invitadas por la Comunidad de Madrid a su propia convocatoria.

La última decisión de Engracia Hidalgo

El concurso negociado y sin publicidad del SEPE fue una de las últimas decisiones tomadas por Engracia Hidalgo, entonces secretaria de Estado de Empleo, antes de dejar el ministerio. Fue convocado en junio del año pasado y resuelto en poco más de un mes. El 26 de junio Hidalgo abandonó el departamento que dirige Fátima Báñez para regresar a la Comunidad de Madrid, donde ya había sido consejera de Hacienda y de Familia. Desde entonces es la responsable de Economía, Empleo y Hacienda. Aquí ha repetido concurso, procedimiento y empresas.

Según los datos del mes de enero, en Madrid hay 460.330 parados registrados. La Encuesta de Población Activa (EPA) cuenta hasta 563.000 a 31 de diciembre de 2015. El pasado mes, el paro aumentó en 7.978 personas en la Comunidad, la segunda en que más creció sólo detrás de Andalucía. Es casi la misma cifra de desempleados que las agencias privadas tendrán que colocar a lo largo de este año por encargo del Gobierno de Cristina Cifuentes, a cambio de 7,5 millones de euros. Cobrarán un 85% del erario público por cada trabajador al que encuentren empleo –un contrato de al menos seis meses– y el 15% restante por las “labores de intermediación, asesoramiento y orientación” que hayan realizado previamente con ese trabajador. El precio de licitación para cada uno de los tres primeros lotes es de 1,5 millones de euros. El del cuarto, los parados de larga duración, los más difíciles de devolver al mercado de trabajo, se ofertó por el doble: tres millones de euros.

La legislatura está a punto de concluir y el Ministerio de Empleo aún no tiene garantizado que las agencias privadas comiencen a buscar trabajo a los parados. Acaba de enviar los primeros listados de desempleados a las empresas que se encargarán de encontrar empleo a los inscritos en el Plan Prepara, una vez resueltos los múltiples recursos que han bloqueado este primer concurso hasta ahora. Pero el segundo, convocado y resuelto en tiempo récord el pasado mes de junio, ha tropezado de nuevo con el mismo obstáculo que dejó empantanado el anterior durante dos años. El gigante Randstad presentó el pasado jueves un recurso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que pide que suspenda y anule la adjudicación a sus competidoras Adecco, Manpower y Eulen, así como a la orden salesiana.

Decida el tribunal suspender o no la concesión, como le pide Randstad, en cualquier caso éste no resolverá el recurso antes de un mes. De momento, las adjudicatarias y el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, tienen cinco días para presentar alegaciones.

A diferencia del primer concurso, y para evitar que se repitieran sus múltiples problemas, el segundo fue negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y los Salesianos. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitó acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

Randstad carece de oficinas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, según consta en la relación de centros de trabajo que figura en el Sistema Nacional de Empleo, por lo que quedó fuera del procedimiento. Ahora pide que se anule la adjudicación alegando que el criterio geográfico no es válido.

En su momento, el Ministerio de Empleo justificó la elección de un concurso negociado y sin publicidad en que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público se lo permite para “agilizar los procedimientos administrativos”. En efecto, la ley incluso exime a la Administración de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”.

Según fuentes conocedoras del recurso, la multinacional no duda en presentar el segundo concurso como una “compensación” del SEPE a las grandes ETT por haber sido excluidas de la primera licitación. Tanto Randstad como Adecco, Manpower y Eulen son miembros del patronal Asempleo. El recurso ha generado malestar en estas grandes ETT, que no dudan en hablar de “traición”. Randstad no ha querido hacer declaración alguna sobre el recurso a infoLibre.

Seis pequeñas, cuatro grandes

Hay que recordar que el concurso para los parados del Plan Prepara acaba de resolverse en firme tras sufrir la lista de adjudicatarios provisionales hasta cuatro vuelcoscuatro vuelcos, consecuencia de los recursos que las empresas excluidas fueron presentando desde 2013. En uno de esos giros fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos antes citadas, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once.

Finalmente, tras el accidentado y largo proceso, serán seis pequeñas empresas de formación las encargadas de competir con el antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los inscritos en el Plan Prepara –más de un año sin trabajar, prestaciones y subsidios agotados–: Grupo Adalid Inmark lo hará en Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, en Aragón y Cataluña; Consultora San Román, en Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecon SL, en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Grupo Vértice, en Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, deberán atender a casi 11.000 parados.

A las grandes ETT y los salesianos se les encomendaron 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Por ejemplo, Adecco se encargará de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se repartirán 41,7 millones de euros. El mismo importe se llevarán las seis empresas de formación ganadoras del primer concurso.

Según el ránking elaborado por la consultora DBK, Randstad es la primera ETT por su facturación e España, 495 millones en 2013, un 21% más que el año anterior. La segunda es Adecco, que ingresó 394 millones, un 2,2% más que en 2012. Le sigue Manpower, con una cifra de negocio de 225 millones, un 2% más que el ejercicio precedente. Y la cuarta es Flexiplan, la ETT del Grupo Eulen, que ingresó 92 millones, un 19% más respecto a 2012.