El debate sobre la democracia se ha instalado en el interior de una realidad marcada por el desasosiego. Contemplar la realidad es convivir con la incertidumbre porque el mundo vive horas difíciles, muy difíciles. Junto a los problemas de siempre, situados en la existencia de dictaduras que mantienen la injusticia a través del autoritarismo, vemos también un desmoronamiento vertiginoso de los valores democráticos en las dinámicas sociales y en los comportamientos de la política internacional. Miramos al mundo y contemplamos el naufragio de la justicia, el descrédito de las instituciones y los acuerdos, el apoyo a los genocidios y la humillación de los derechos humanos.

Defender la democracia en este panorama puede convertirse en un ejercicio nostálgico o en una ilusión abstracta, una apuesta por bellos ideales que tienen poco que ver con el día a día. Por eso conviene ahora elegir una dirección contraria, tomar conciencia de que la descomposición de la democracia empieza con el día a día y que no hacen falta grandes catástrofes o viejos autoritarismos para imponer la desigualdad como norma. Merece la pena reconocer que la defensa de la democracia, más que un ideal abstracto de perfección, supone comprometerse con valores concretos, diarios, útiles para una convivencia justa.

Merece la pena pensar que la democracia es la defensa de una educación pública que posibilite la igualdad en la formación de la ciudadanía, evitando la separación entre ricos y pobres de una manera clasista.

Merece la pena pensar que la democracia es la defensa de una sanidad pública que se comprometa con los cuidados sin someter al dinero de cada familia las posibilidades de enfrentarse a la enfermedad y la supervivencia.

Merece la pena pensar que la democracia es un modo de regular el dinero para que un Estado equilibre las cuentas, los beneficios, y pueda contar con presupuestos para invertir en la sanidad y en la educación pública, más allá de los negocios particulares.

Merece la pena pensar que la democracia supone también un modo de regular las condiciones laborales, una manera de asegurar un trabajo decente y salarios que respondan a las condiciones de una vida digna.

Merece la pena pensar que la democracia, basada en los cuidados y en la convivencia, debe asegurar una pensión digna para las personas mayores, evitando que la jubilación suponga entrar en la pobreza y olvidando que los trabajadores han contribuido durante años a la financiación de la convivencia.

Merece la pena pensar que los impuestos, regulados según las posibilidades económicas de cada persona, no son un atraco, ni un robo político, sino un modo público de sostener la sociedad y una manera privada y personal de comprometerse con una comunidad, algo imprescindible para definir la propia identidad.

Merece la pena comprender que la cultura es un fundamento decisivo en los debates de la convivencia, porque nos ayuda a conocer y a conocernos, y que podemos elegir entre una ilusión colectiva que respete la diversidad y unas ideas que faciliten el desprecio a los otros, los discursos de odio, la deshumanización de los migrantes y el imperio del machismo y de los prejuicios sexuales.

Merece la pena comprender que la política es un debate social para tomar decisiones democráticas o antidemocráticas, un ejercicio indispensable para regular todos los valores de la convivencia, un diálogo necesario entro lo privado y lo público, y no un campo cerrado de odios, egoísmos y falsedades.

Merece la pena pensar que el respeto entre lo privado y lo público necesita en primer lugar defender un lugar: que la ciudadanía tenga derecho a una vivienda decorosa y accesible para organizar su propia vida en relación de vecindad con los demás.

Merece la pena comprender que la información es uno de los ejes decisivos de la democracia y que, para evitar la manipulación de las opiniones, los demócratas deben buscar formas de transparencia informativa que limiten el poder de los bulos, las mentiras, las noticias falsas y el enmascaramiento de intereses egoístas.

Merece la pena comprender todos estos asuntos para evitar que la libertad se convierta en la ley salvaje del más fuerte y la igualdad desaparezca bajo la hegemonía de las creencias que sustituyen la fraternidad por los discursos de odio.

Merece la pena saber que en un mundo globalizado las relaciones de justicia deben ser una aspiración internacional, sin que sea posible desentenderse de lo que ocurre más allá de una frontera. Nos construimos también en el exterior de nosotros mismos. Y a las personas que hablamos español nos duelen de manera especial los bombardeos y las violencias imperialistas de los EEUU sobre Latinoamérica.

Merece la pena abrir los ojos y ver que los peligros de la democracia no son una amenaza del futuro, porque hay políticas activas que están desarticulando ya la sanidad y la educación pública, que ven como una ofensa la mejora de los derechos laborales y que apuestan por financiar un pseudoperiodismo de carácter crispado y manipulador.

Y merece la pena, en fin, comprender que la democracia se funda en la responsabilidad de la propia conciencia. Merece la pena que los demócratas decidan reafirmar sus convicciones más simples, empezar con voz clara el nuevo año. Feliz 2026.

La ministra de Sanidad, Mónica García, consultará la semana próxima con los sindicatos del ámbito de negociación si retira el borrador del estatuto marco y, con ello, todas las mejoras que introduce para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como le ha exigido el PP, según EFE.

Así lo ha asegurado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que los consejeros del PP le han pedido que retire el texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también las organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.

"Sería una pena" retirarlo, ha dicho la ministra, quien ha admitido que lo más fácil habría sido dejar en el cajón la reforma de esta ley que lleva 22 años esperando y que va a seguir defendiendo "a capa y espada".

García ha enfatizado que hará todo lo posible para que llegue al Congreso, pero ha reconocido que el Ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Por ello, el próximo lunes trasladará a las organizaciones del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- la exigencia de los populares, que lo que implica es quedarse con el estatuto de 2003 y, con ello, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.

Respecto a las exigencias de los sindicatos médicos CESM y SMA de tener un estatuto propio para la profesión, García ha insistido en que ello supondría que todas las mejoras que se han negociado se apliquen solo a ellos y no al resto de trabajadores.

El estatuto propio de los médicos, ha reiterado, cabe dentro de un capítulo en el estatuto general y común, porque "los derechos y los deberes, las mejoras y las condiciones laborales mejoradas, les tienen que aplicar a todos los profesionales" y porque en el SNS se trabaja en equipos multidisciplinares. "No queremos fragmentar el sistema", ha zanjado.

Los sindicatos médicos (CESM y SMA) quieren además una mesa de negociación propia y exclusiva al margen de la de los del ámbito general; sobre ello, la ministra ha explicado que ya se les han dado todas las opciones posibles que permite la ley de ordenación de profesiones sanitarias para abrir un foro específico.

Más allá, Sanidad no puede "alterar el resultado de unas elecciones sindicales" que han elegido una representación en el ámbito de negociación.

Con todo, ha querido dejar claro que este no es el texto del estatuto marco del Ministerio de Sanidad, sino que es un borrador nacido de casi tres años de negociaciones en más de 60 reuniones con los sindicatos del ámbito y con los médicos convocantes de la huelga.

Más de 300 horas en las que se ha tratado "cada artículo" y "cada una de las propuestas" de las limitaciones que tiene cada una, "de si se invade o no se invade competencias, de si esto tiene que ir en otra ley, como la de seguridad social o las leyes de presupuestos, no solamente de los generales del Estado, sino de los de las diferentes comunidades".

Por otra parte, la ministra ha informado de que la semana próxima, entre el lunes y el miércoles, se publicarán las listas definitivas de admitidos a concurrir a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebran el próximo mes de enero.

Además, se ha referido a las renuncias de este año de las plazas de atención primaria, que esta mañana la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) ha cifrado en alrededor de 200.

Sobre ello, García ha indicado que el problema es que esas vacantes que los residentes de varios años abandonan "son difíciles de cubrir, porque ya está iniciado el proceso de formación", y que, una vez más dependen de las condiciones laborales en las que trabajan, que responden a "la planificación y los recursos humanos que pongan las diferentes comunidades autónomas".

La portavoz de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama y coordinadora de los referentes de unidad de mama hospitalaria de Andalucía, Mercedes Acebal, ha asegurado este sábado que la empresa contratada para el mantenimiento informático del sistema "no hace ningún seguimiento de casos" ni informa a los pacientes, informa EFE.

En un comunicado, la Consejería ha respondido a la información publicada por El País y la Cadena SER en la que indica que algunos altos cargos de la Junta de Andalucía dieron la orden en 2022 de no avisar más a esas mujeres afectadas por los cribados por teléfono o por carta, ya que se haría de manera automática por el nuevo sistema informático.

Además, la información asegura que, en paralelo, se desactivaron algunas comisiones de seguimiento donde los expertos compartían información relevante durante al menos dos décadas, y donde se podía haber dado la voz de alerta.

En 2022, Salud sacó a concurso el mantenimiento y gestión de la mayoría de aplicaciones de Diraya (el sistema que da soporte a las historias clínicas), y se lo adjudicó la empresa japonesa NTT Data después de que la española Indra, que lo gestionaba hasta entonces, interpusiera un recurso en la licitación, añade la información.

Sin embargo, según Acebal, esa empresa "solamente se dedica al mantenimiento de la aplicación" y "no tiene ninguna otra función".

Ha añadido que dentro del protocolo del programa detección precoz del cáncer de mama en Andalucía se ha optado por "la lectura independiente, no consensuada", es decir, que hay dos radiólogos que "de forma independiente estudian y revisan las mamografías".

"Con ello conseguimos un aumento en la detección del cáncer de mama de un 5 a un 15 por ciento y, además, al no ser consensuada, es decir, que ninguno de los radiólogos comentan ni consensúan el resultado de la mamografía, no existe el sesgo de influencia", ha afirmado Acebal.

Posteriormente, si hay una lectura en la que los dos radiólogos consideran que la categoría de sospecha es diferente, el protocolo dice que "se debe de derivar al hospital aquella en la que exista mayor probabilidad de ser un cáncer".

"Nuestro programa de cribado poblacional es un programa muy garantista que vela por la salud de las mujeres y los profesionales que estamos dedicados a la mamografía, al cribado y a la mamografía diagnóstica ponemos diariamente nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso en la detección precoz del cáncer de mama y en el cuidado de los pacientes", ha concluido Acebal.

Arranca el mes de agosto y con él, el plazo de diez días del que disponen las familias madrileñas solicitantes de las becas comedor del curso escolar que arranca en septiembre, para tramitar las subsanaciones requeridas por la administración. 

Las familias que recurren a estas ayudas se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad, por eso recurren a estas ayudas. De no estarlo, no podrían siquiera aspirar a solicitarla, y también os digo que tampoco se molestarían en pedirla, por lo desagradable del procedimiento. 

Pero la vulnerabilidad no solo es económica. Se manifiesta de diversas formas, y no todas son evidentes a nuestros ojos si no las hemos vivido. 

La violencia administrativa se materializa también de muchas formas, y en el caso de las becas-comedor madrileñas, no quedan muchas por ejercer. Cada nueva convocatoria se supera. Voy a tratar de describirlas. 

Vaya por delante que abogo por que los comedores escolares sean gratuitos para toda la infancia y adolescencia escolarizada.

Primera. La “agostidad” de la convocatoria de este año es una manifestación más, acumulada, innovadora, de la violencia administrativa que se ejerce a través del procedimiento. ¿Quién en sus cabales exige en pleno mes de agosto, por muy mes hábil que sea, embarcarse a miles de familias en tamaña desazón burocrática? Los centros escolares, que han sido ventanilla presencial y asistida para aquellas familias que así lo han necesitado en el proceso de solicitud por el motivo que sea, están cerrados en agosto. Las administraciones a las que han de acudir para solicitar documentación para la subsanación, están a medio gas en agosto, como el resto del país.

Segunda. Hay violencias machistas del mundo real que transitan sutilmente a la esfera administrativa, como el hecho de que madres queden excluidas del proceso por no poder presentar el DNI de padres “ausentes”. 

Tercera. Estas familias madrileñas, además, compiten desde 2023 con otras familias que tienen prioridad por el hecho de que algún miembro de la unidad familiar pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, la segunda innovación de este 2025, pertenece a las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid. Me arriesgo en este punto a hacer dos afirmaciones a lo loco, sin contrastar: que los empleados públicos como colectivo, lo que entendemos por vulnerables, pues no son; y que, precisamente en Madrid, seguramente por ser capital del reino, hay cierta sobrerrepresentación de este segundo tipo de familias, unos pocos o muchos miles de niños y niñas hijas de policía, guardia civil o militar con las que toca compartir exactamente el mismo presupuesto que el dotado el año pasado por la administración. 

Cuarta. Si me parece osado querer confundir, mezclar o equiparar la necesidad de recurrir a una beca comedor con tener la condición de hijo o hija de policía, guardia civil o militar, más me lo parece si cabe que los segundos dispongan de una vía de acceso rápida, un fast-track sin fricciones, sin apenas preguntas y sin apenas papeles en la que quedan exentas de la aplastante y denigrante burocracia que para las otras familias es imperativa. 

Quinta. También es violencia administrativa no proporcionar información asequible y comprensible, alejarse de los principios de la buena administración (diligencia, justificación, orientada al interés general y garante de los derechos de los ciudadanos) y no utilizar el lenguaje administrativo como corresponde. La resolución provisional que ha notificado a las familias la empresa subcontratada por la administración madrileña para gestionar un año más de forma desastrosa el procedimiento que nos ocupa (Tower Consultores, S.L.) las reduce a “presentada” o “excluida”, dejando a las familias, en pleno mes de agosto, con la incertidumbre de, por ejemplo, si estará bien o mal presentada, o si las causas de exclusión son subsanables o no. 

Que ocurra todo esto de esta manera y todos los años es resultado de una política pública cabalmente diseñada. No es algo espontáneo. No es un error. No es aleatorio. Es incompetencia estratégica, perfeccionada convocatoria a convocatoria. 

Quizá penséis que le tengo manía a Madrid, y nada más lejos de la realidad. Porque me importa mucho Madrid, me fijo, escucho, pregunto, busco y comparo. La ONG Educco publicó un informe tan interesante como demoledor, con datos de 2023, en el comparaba los distintos programas de becas comedor de las comunidades autónomas en función de la dotación, la suficiencia, la exigencia de los requisitos socio económicos y formales, la simplicidad, la transparencia y la agilidad del procedimiento. En todos ellos aparece muy mal situada, cuando no la peor, la comunidad autónoma que alardea de ser la primera y única en suprimir todos los impuestos propios con los que financiar servicios públicos esenciales como los comedores escolares. Una comunidad autónoma a medio hacer, institucionalmente incompleta, que apuesta por externalizarlo absolutamente todo y que, por no tener, no tiene ni quien defienda a sus gentes de los desmanes de su administración. 

El transporte aéreo ha sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia del coronavirus. Con los aviones parados en tierra, los Estados han tenido que acudir al rescate de algunas aerolíneas –Alitalia, KLM, Lufthansa, Air Europa–. Sólo en España más de 4.000 trabajadores del sector estaban en ERTE en octubre de 2021. Muchos de ellos accedieron a recortarse el salario para intentar salvar la paralización de la actividad a la que el covid forzó a sus empresas. Pero este verano la recuperación de los vuelos es casi total: los aeropuertos de Aena cerraron julio con el 92% del tráfico registrado en julio de 2019.

Por el contrario, lo que no ha regresado a los tiempos precovid son las condiciones laborales de los trabajadores de las aerolíneas de bajo coste. Tras meses de negociaciones frustradas con sus empresas, tripulantes de cabina y pilotos han convertido el primer verano sin restricciones pandémicas, el del estallido de las ganas de viajar, en el escenario de sus reclamaciones laborales. Empezaron el 24 de junio los tripulantes de cabina de Ryanair, se les sumaron el 1 de julio los de EasyJet y el 12 de agosto sus pilotos. Este domingo están convocados también los auxiliares de vuelo de Iberia Express.

Los paros previstos en la filial low cost del grupo IAG –Iberia, British Airways, Vueling– serán la primera huelga convocada en la aerolínea en sus casi 11 años de vida. Pero los de Ryanair son parte de una lucha que lleva abierta casi desde que la irlandesa aterrizó por primera vez en un aeropuerto español, en 2002. También pueden ser lo más largos y conflictivos, porque a una primera tanda en junio y julio le ha seguido una segunda que comenzó el pasado día 8 y llegará hasta el 7 de enero, una vez concluidas las vacaciones de Navidad. Los auxiliares de vuelo de EasyJet pararon igualmente en julio, pero son los únicos que han conseguido un acuerdo antes de que acabara el mes. Pocos días después sus pilotos comenzaron una huelga que en principio se extiende hasta el próximo lunes.

Para que un billete de avión sea barato, los sueldos de pilotos, azafatas y sobrecargos no pueden ser altos. Al menos así lo han entendido las aerolíneas que copian el modelo creado por Ryanair en 1985. En EasyJet el salario base es de 950 euros. En Iberia Express, los tripulantes de cabina de nuevo ingreso necesitan cobrar una paga extra para llegar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), explica Raquel Banda, delegada de USO en la empresa. En Ryanair el sueldo base de un tripulante recién contratado apenas supera los 700 euros y cobra entre cinco y seis euros por hora de vuelo, detalla Raquel Bautista, delegada del mismo sindicato en la aerolínea irlandesa. Pero también hay quien carece de salario base y cobra según sus horas de vuelo y no llega al SMI con las 30 o 40 horas que está volando ahora. Y quien es contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). “Para tener un sueldo decente, más de 1.800 euros, tienes que volar entre 85 y 90 horas al mes; ahora es raro volar más de 30 o 40”, lamenta Miguel Galán, coordinador estatal de USO en EasyJet.

Pero el bajo coste es incluso más bajo en España que en otros países europeos. El salario base para los trabajadores de EasyJet en Alemania se eleva a 1.900 euros, a 1.800 en Francia y a 1.780 en Italia, desgrana Galán. Aun así, la protesta laboral de este segmento del transporte aéreo también se ha extendido por Europa. Al menos en Ryanair: ya en junio los trabajadores de la empresa en Bélgica, Portugal, Francia e Italia estaban llamados a la huelga. “La compañía actúa de la misma manera dentro y fuera de España: sin aplicar la legislación laboral de cada país, sin ejecutar las sentencias judiciales, buscando a sindicatos sin representación que avalen unas condiciones precarias para sus tripulaciones y empleando la coacción y el miedo en la gestión de su personal”, acusan tanto USO como Sitcpla, los sindicatos convocantes de los paros en España.

Porque si Iberia Express ha convocado este verano su primera huelga, la batalla de los sindicatos en Ryanair es “una carrera de fondo”, describe Raquel Bautista. En Iberia Express, la reivindicación central es subir los sueldos un 6,5% para hacer frente a la inflación, después de siete años de congelación salarial. En Ryanair las reclamaciones de los tripulantes se resumen en una frase: “Que la empresa cumpla la legislación laboral española”. “Sólo pedimos lo básico del Estatuto de los Trabajadores”, recalca la delegada de USO. Un auxiliar de vuelo de Ryanair tiene 20 días de vacaciones al año, en lugar de los 22 establecidos por la ley española, y nueve festivos anuales en lugar de 14. Tampoco cobran pagas extraordinarias y las reducciones de jornada por guardia legal “hay que pelearlas en el juzgado”, protesta Raquel Bautista. Las nóminas se confeccionan en inglés, aunque pueden acceder a ellas en castellano a través de la gestoría de Girona que las elabora. “Pero siguen siendo incomprensibles, porque no siguen el formato español e incluyen conceptos sobre los que hay que pedir aclaraciones todo el tiempo”, se queja. Según cuenta, USO lleva años intentando organizar elecciones sindicales –la empresa no entregaba el censo de trabajadores–. Pese a las dificultades, puede que a final de año los trabajadores puedan crear su primer comité de empresa en la base de Santiago de Compostela.

Por su parte, la empresa que preside Michael O’Leary responde que cumple con las leyes españolas y que los sindicatos mienten. “En Ryanair se paga bien y disponemos de unos de los mejores horarios del sector”, presumió en una entrevista en el Abc el director de Recursos Humanos de la aerolínea, Darrell Hugues. También adelantó que no van a volver a sentarse con los sindicatos porque no temen que la huelga se prolongue. De momento, los paros han provocado 353 cancelaciones y casi 4.000 retrasos, pese a que la empresa asegura que sólo se han visto afectado el 1% de los más de 3.000 diarios vuelos diarios que opera. Sólo en la web reclamador.es se contabilizaban el pasado 18 de agosto unas 2.000 reclamaciones de pasajeros contra Ryanair e EasyJet.

Ryanair ha conseguido unos beneficios de 170 millones de euros en su primer trimestre fiscal, de abril a junio, con lo que mejora las pérdidas de 273 millones del mismo periodo de 2021, aunque todavía no llega a las ganancias de 243 millones de 2019. Durante la pandemia, la aerolínea recortó un 10% el salario base de sus 2.000 trabajadores españoles. La rebaja, que se aplicó como una modificación sustancial de condiciones de trabajo, debía prolongarse durante cinco años. La medida fue denunciada por USO y Sitcpla ante la Audiencia Nacional, que dio la razón a los sindicatos en octubre del año pasado. La empresa ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

También han terminado en la Audiencia Nacional los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes, que los sindicatos han denunciado por abusivos. En algunos casos han llegado al 100%. Al tiempo, la Inspección de Trabajo ha sido alertada del “esquirolaje con extranjeros” que han practicado todas las aerolíneas durante los paros de este verano, según revelan los sindicatos. Las empresas lo niegan. “Son tonterías”, respondió Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair DAC, a Europa Press. “La ley nos permite cubrir esos vuelos [los protegidos por servicios mínimos] con tripulación de otros países”, añadió.

Por el contrario, USO y Sitcpla aseguran que la empresa ha utilizado a cinco tripulantes marroquíes –que por tanto no están dados de alta en la Seguridad Social española ni en la de ningún otro país de la Unión Europea– para cubrir vuelos desde Málaga. También a portugueses y británicos. Otro tanto ha ocurrido en EasyJet, que trasladó a tripulantes de sus bases en Lyon (Francia) y Basilea (Suiza) para vuelos españoles y lo está haciendo ahora con los pilotos, que han cogido el testigo de las protestas laborales después de que los auxiliares de vuelo firmaran la paz con la empresa el pasado 28 de julio.

En los tribunales han impugnado igualmente USO y Sitcpla a Ryanair los despidos de 22 trabajadores que “no aceptaron cambios de vuelo a última hora”, acusa Raquel Bautista. La aerolínea irlandesa ha abierto además unos 200 expedientes sancionadores y casi una decena de procedimientos disciplinarios porque los tripulantes en huelga no vendían perfumes o tarjetas de lotería rasca y gana si estaban en huelga. “La ley nos obliga a tener disponibles bebida y comida para los pasajeros que nos lo pidan, pero no a pasar los carritos”, explica la delegada de USO. En su entrevista en Abc, Darrell Hugues niega que la empresa haya despedido a nadie por seguir las huelgas. Pero a continuación admite que si un trabajador “decide no presentarse en un vuelo incluido en los servicios mínimos, la compañía puede tomar medidas, como así ha ocurrido”.

Tras un mes de paros y negociación, EasyJet subirá los sueldos de los tripulantes un 4% este año, un 13% en 2023 y un 5% en 2024. Además, el periodo de actividad de los fijos discontinuos aumenta de ocho a nueve meses al año, lo que les permitirá generar derecho a la prestación por desempleo, explica Miguel Galán. EasyJet ha perdido 114 millones de libras –135,2 millones de euros–, por lo que ha recortado sus números rojos un 64% respecto al mismo periodo de 2021. En España cuenta con unos 435 tripulantes de cabina y unos 200 pilotos. Con condiciones peores que en otros países europeos donde opera. Por ejemplo, los primeros carecen de complemento de antigüedad o de muchos de los complementos –transporte, dietas— de los que disfrutan sus compañeros en Iberia Express o Vueling, protesta el delegado de USO. Los pilotos, que reclaman ahora una subida de salarios siguiendo el IPC, perdieron durante la pandemia los complementos de invierno, indican fuentes del Sepla, convocante de los paros, y la empresa se niega a recuperarlos. Los tripulantes van a seguir este otoño negociando la renovación de su convenio colectivo, una vez solventadas las reclamaciones salariales. Los pilotos pretenden con sus paros desbloquear el suyo, pese a que las posiciones, dice el Sepla, están muy alejadas.

Con la irrupción del bajo coste, el trabajo en las aerolíneas perdió mucho de su antiguo glamur. Hasta el punto de que Ryanair da a sus trabajadores una botella rellenable con agua del grifo. Ahora asegura que está preparando un plan para ofrecer agua embotellada gratis. Es más, en algunas de estas empresas, los tripulantes tienen que pagarse zapatos, medias, la chaqueta de invierno y la maleta. Es lo que ocurre en Iberia Express, destaca Raquel Banda. La filial de IAG ganó 30,7 millones de euros en 2021, lo que la sitúa en el nivel de beneficios de 2017, apunta la delegada de USO, pero aún por debajo de los 88 millones de 2019. Sin embargo, ha mantenido bloqueada durante los últimos ocho meses la negociación del convenio colectivo para sus 532 tripulantes de cabina. Sólo ofrece una subida del 2,5%, muy por debajo del 6,5% que pide el sindicato y más aún del 10,8% que ha marcado la inflación el pasado julio. “Somos los más precarios dentro de IAG, por debajo de Vueling y a años luz de British Airways”, protesta Banda. En la última reunión con el comité de huelga este mismo martes, la empresa reiteró su rechazo a la subida salarial, que considera “desproporcionada”. En septiembre de 2020, el Gobierno español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), compró 76 millones de acciones de IAG, en los que gastó 70 millones de euros de dinero público, para sostener al grupo en plena emergencia covid.

Cierra el mandato 2015-2019, que prometía marcar un hito con las llamadas "remunicipalizaciones", es decir, el rescate de servicios públicos para su gestión directa por parte de los ayuntamientos. Aún es pronto para saber si este interés ha supuesto sólo un paréntesis en medio de una época de privatizaciones o la apertura de una larga etapa de reversión. Lo que sí se puede saber ya es que la conclusión del periodo llega con el ambicioso plan de "desprivatizaciones" –el otro término al uso– cumplido sólo a medias. Jamás se había avanzado tanto en la materia, en un cambio de tendencia que se da significativa pero no única en los llamados "ayuntamientos del cambio", aquellos gobernados por fuerzas vinculadas a Podemos, IU y otros partidos a la izquierda del PSOE. Pero queda mucho, sobre todo en la gestión del agua. El panorama resultante se podría resumir así: se ha desprivatizado más que nunca, pero menos de lo previsto.

"Ha habido un cambio, claramente. Es un comienzo. Esto es un aprendizaje. Se necesitan cuatro años más, o incluso más tiempo, para consolidarlo. Yo creo que dentro de cuatro años habrá más pueblos y ciudades con gestión pública", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Babiano ciñe su análisis al agua, el servicio municipal más sensible. Aeopas estima que el 50% de la gestión municipal del agua en España está en manos privadas. Pero no es un estudio oficial. Ni la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ni el Gobierno ofrecen estudios oficiales sobre el volumen de servicios gestionados por privados.

Para llenar este vacío, la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid acaba de publicar un informe, que abarca de 2010 a 2019 y que –admiten sus autores– no garantiza que no se escapen desprivatizaciones que hayan pasado inadvertidas. Con los datos ofrecidos, contrastados con los de Aeopas y los manejados por sindicatos y fundaciones defensores de la gestión pública de los servicios públicos, es posible componer una panorámica de las remunicipalizaciones en España. Y salta a la vista una primera conclusión: el empeño ni es exclusivo, ni es original de los "ayuntamientos del cambio", que sí le han dado fuerza, cohesión, dirección y liderazgo, situándolos en primera línea del debate político local.

La segunda conclusión es cuantitativa: en el periodo 2010-2019 se han municipalizado al menos 90 servicios, un fenómeno que no abarca sólo rescate de servicios de gestión privada parte de ayuntamientos, sino también de mancomunidades, así como algún caso aislado de creación de nuevo servicio público antes inexistente. Más de 65 servicios corresponden al periodo 2015-2019. La cuenta se ha hecho por servicios. Es decir, si se rescata una concesión con dos servicios no se considera una remunicipalización, sino dos. La comunidad donde más remunicipalizaciones ha habido es Cataluña (26); paradójicamente, es la autonomía con mayor índice de concertación en la educación y la sanidad. Después van Madrid, Andalucía (16 cada una), Castilla La Mancha (9) y Galicia (5).

Las desprivatizaciones abarcan agua, recogida de residuos, limpieza viaria, de playas y de edificios, ayuda a domicilio, atención al ciudadano, televisión local, mantenimiento de arbolado y jardinería, aparcamientos, multas, recaudación, laboratorio, alumbrado, grúa, piscina... La remunicipalización más abundante es la de la gestión del agua, con 25 servicios. "A veces se habla sólo de remunicipalizar. Y es importante. Que se haya remunicipalizado en Valladolid es un avance importantísimo. O en Terrasa [que rescató el servicio tras 75 años en manos privadas]. Pero no sólo hay que mirar ahí, o a lo que han conseguido las grandes ciudades. Ha habido avance en la gestión. Las empresas del agua de Sevilla, Cádiz y Córdoba, emblemáticas, muy robustas, que ofrecen servicios de calidad, han hecho avances en transparencia y rendición de cuentas", señala Luis Babiano.

No sólo los gobiernos "del cambio"

No hay que mirar sólo a los ayuntamientos con marchamo de "cambio": Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz. Ha habido desprivatizaciones en otros municipios. Y antes. Cazorla (Jaén), Lucena (Córdoba), Mogán (Gran Canaria), Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia) y los municipios barceloneses de Arenys de Munt, Figaró-Montmany, Vilalba Sasserra y Santa Maria de Palautordera, entre otros, municipalizaron el agua antes del actual mandato. Pasaia-Pasajes (Gipuzkoa) lo hizo con la limpieza en 2014. Guardamar del Segura (Alicante) es otro municipio pionero. El fenómeno predomina en la izquierda, pero no es exclusivo. Arteixo (A Coruña), estando gobernada por el PP, remunicipalizó el agua en 2013 por los incumplimientos de la concesionaria Aqualia.

Medina Sidonia (Cádiz), tras la entrada de IU en 2011, culminó en 2015 el proceso con el agua, la recogida de residuos y la limpieza. "No me gusta llamarlo 'remunicipalizar'. Prefiero 'renacionalizar'", afirma su alcalde, Fernando Macías, que afirma que cuando FCC se encargaba de la limpieza había una zona, el Prado de la Feria, que estaba fuera de contrato. "Había que hacerlo como servicio extraordinario. Se encarecía mucho", señala.

Dificultades técnicas

El alcalde Macías, que ha impulsado una gran empresa de servicios públicos (Medina Global) y presume de haber sido pionero en la implantación del "mínimo vital", admite que los procesos de privatización son de gran complejidad técnico-jurídica. Los ayuntamientos empeñados en la remunicipalización coinciden en que las conocidas como "leyes de austeridad" aprobadas durante la etapa del PP (2011-2018), la reforma de la administración local y la reforma del artículo 135 de la Constitución dificultan la tarea.

Además, los modelos de colaboración público-privada tienen tradición en España. "Desde el siglo XIX vienen empleándose fórmulas de colaboración público-privada, tanto contractuales como institucionales, que han conocido en estos últimos 15 años una fuerte expansión", señala el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno Feliú en su artículo Remunicipalización de servicios y derecho comunitario (2016). "La técnica de remunicipalización –añade– tiene importantes límites derivados del derecho europeo".

De Botella a Carmena

Para ninguno de los gobiernos "del cambio" las remunicipalizaciones han sido un camino de rosas. Pero tampoco se han quedado en el dique seco. En todas ha habido avances, a pesar de las dificultades. El Ayuntamiento de Madrid, durante el periodo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha municipalizado la funeraria –que gestiona cementerios, tanatorios y crematorios–, cinco aparcamientos, el teleférico de la Casa de Campo y el servicio de alquiler de bicicletas Bicimad. Queda en el tintero Calle 30, que gestiona la M-30. "Lo tenemos avanzado. Es una empresa mixta, lo ideal es que pase a ser 100% municipal", señala Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda. También se retrasa la remunicipalización de tres polideportivos. Las cosas no son fáciles técnicamente.

"Los contratos firmados durante la etapa de [Ana] Botella de limpieza viaria y alumbrado público acaban en 2021", explica García Castaño. ¿Se descarta alguna remunicipalización? No es que se descarte, explica el concejal, "pero con las escuelas infantiles hemos optado por una gestión indirecta que da entrada a la economía social y no prima el precio". "Estamos satisfechos", añade. En cuanto al agua, el caso de Madrid es particular porque corresponde al Canal de Isabel II. Su gestión es pública y no exclusivamente municipal.

Colau: del agua a Betevé

Con Ada Colau en la alcaldía, el Gobierno local de Barcelona ha comprobado que la casuística de la remunicipalización es amplia. Se ha desprivatizado la atención a mujeres, así como varias guarderías municipales, mantenimiento de arbolado y control de plagas. El ayuntamiento ha creado una comercializadora energética y ha habilitado servicios como el dentista municipal. "Es un servicio que no existía en lo público y hemos creado", señala Eloi Badía, concejal de Presidencia, Agua y Energía.

El gran caballo de batalla ha sido el agua, de gestión mixta y que ha enfrentado al Gobierno de Colau con Agbar. No se ha logrado remunicipalizar. "Ha habido mucha litigiosidad, sobre todo con el agua. Agbar ha judicializado incluso la consulta ciudadana. Estamos perplejos, y a la vez más convencidos que nunca [de la gestión pública del agua]", añade. También se han quedado en el tintero la funeraria y la atención domiciliaria. Queda pendiente la ejecución de un acuerdo con las educadoras de calle para su "internalización", explica Badía.

En el canal de televisión local Betevé, explica el concejal, "nos encontramos con una cesión ilegal de trabajadores". "Eran servicios externalizados con los trabajadores en las dependencias municipales, con ordenadores del ayuntamiento. Una intrusión", explica.

Badía asegura que la situación general era de "descontrol". "Nos hemos encontrado situaciones en que estaba privatizado el pliego y el seguimiento, todo".

El escollo del agua

La dinámica de las dos mayores ciudades se extiende al resto. Algunos logros, algunos retos pendientes. Valencia ha recuperado aparcamientos y servicios culturales y ha creado nuevos mecanismos de control sobre la gestión. El alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha descartado remunicipalizar el agua por el alto coste de romper la concesión.

Zaragoza (con el gobierno de Zaragoza en Común) ha rescatado el servicio de atención telefónica, tras un proceso lleno de sobresaltos judiciales. El Gobierno local está en fase de recuperación de la depuración de aguas. El suministro de agua ya es público.

Santiago de Compostela (Martiño Noriega, Compostela Aberta) ha remunicipalizado la asesoría jurídica, el aparcamiento regulado y la grúa. Para el próximo mandato, el Gobierno local pretende remunicipalizar el agua. "En Santiago el servicio lleva 36 años en manos de la misma empresa, con un contrato que fue sucesivamente prorrogado a cambio de medidas cuestionables como la concesión de un préstamo de 2 millones de euros para la financiación de actividades culturales en 2010, que se acabó de pagar este año a un interés del 7%, préstamo que el propio Consello de Cuentas de Galicia consideró irregular", señala un portavoz municipal.

En Ferrol (Jorge Suárez, Ferrol en Común) se ha desprivatizado el servicio de socorrismo, pero no ha sido posible con la recogida de basuras, ni con el agua. A Coruña (Xulio Ferreiro, Marea Atlántica) ha avanzado en la desprivatización de bibliotecas. La gestión del agua es pública.

El Ayuntamiento de Cádiz, con el alcalde José María González Kichi gobernando en coalición de Por Cádiz Sí Se Puede e IU, ha rescatado servicios de salvamento y socorrismo, limpieza de arena y gestión de módulos de la playa –vestuario y sanitarios–, así como el izado y arriado de una bandera de España. El proceso ha dominado la agenda política local y aún tiene pendientes flecos judiciales. Fuentes municipales señalan que las "reticencias" del secretario y el interventor han puesto las cosas más difíciles de lo que ya eran. En Cádiz la gestión del agua es pública.

Óscar Puente contra el "lobby del agua"

Ningún gobierno local "del cambio" ha remunicipalizado el agua, bien porque ya es pública (Madrid, Cádiz, A Coruña), bien porque el proceso ha sido hasta ahora inviable. Sí lo consiguió el Ayuntamiento de Valladolid, concretamente en 2017. Y el tema aún colea.

El alcalde, el socialista Óscar Puente, se ha desatado esta misma semana denunciando en Twitter el mal perder de los perdedores de dicha privatización. Puente arremete contra el "lobby del agua" y expresamente cita a Ramón Tamames y a los exministros socialistas Francisco Caamaño y Valeriano Gómez, a los que acusa de promover la privatización de servicios a través del observatorio Osur.

"Neocaciquismo" y Jerez

De vuelta con Luis Babiano, el gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) señala que aún queda camino para que se instale la idea de que "lo privado debe ser auxiliar de lo público, no al revés". "No olvidemos que en su día lo público floreció porque lo privado fracasó. En Sevilla, por ejemplo, fracasó la compañía de agua de los ingleses [The Seville Waterworks]. La privatización se había producido como una forma de neocaciquismo", señala.

¿Se proyecta ese "neocaciquismo hacia hoy? Babiano cree que hay ejemplos insoportables, como la privatización de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a manos del PP en 2012, con un contrato de 80 millones por 25 años adjudicado a Aqualia (FCC). "El agua se entendió aquí como caja financiera. Con los ingresos se enjuagaban algo las cuentas, se pagabas algunas deudas... A la larga es una gran pérdida", afirma Babiano. Habrá que esperar para ver regresar la gestión del agua en Jerez a manos públicas. De momento, en 2017, con un nuevo gobierno del PSOE, el ayuntamiento remunicipalizó la ayuda a domicilio. Algo es algo.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha registrado en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional una carta dirigida a su titular, Isabel Celaá, donde solicita una reunión "para valorar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su partido con la educación", como la derogación de la LOMCE, también conocida como "ley Wert" y el aumento de la financiación en educación, informa Europa Press.

"Durante el curso escolar 2017-2018, Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, y la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo, se comprometieron públicamente a la derogación de la LOMCE y el aumento al 5% del PIB de la financiación en educación", recuerdan desde la plataforma de la "Marea Verde".

Con el registro de la carta en sede ministerial, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública "da trámite formal a la solicitud de una reunión que ya desde junio venía reclamando públicamente, ante el nuevo contexto y el necesario cambio en las directrices respecto a la política educativa del PP", explica en un comunicado.

La plataforma anuncia que el objetivo del encuentro sería "revisar los compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adquirió con la comunidad educativa cuando firmó y suscribió el documento "La educación que queremos".

Este documento fue la propuesta de la plataforma para un pacto por la educación, con medidas como "la derogación de la LOMCE, el aumento de la financiación al 5% del PIB, la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad, así como la garantía de la equidad, la inclusión y la laicidad".

La Secretaría General del Congreso ha fijado unos servicios mínimos para atender las "tareas esenciales" de la institución durante la jornada de huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo, jornada en la que ningún órgano de la Cámara Baja tiene programados actos a priori.

En la resolución, publicada este martes en el Boletín de las Cortes Generales (BOCG) y con fecha del 28 de febrero, el Congreso señala que el legítimo derecho de huelga debe ejercitarse garantizando la celebración y desarrollo de las reuniones de los órganos de la Cámara, que se realizan "en representación directa del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional".

Así, la Secretaría General enumera una serie de puestos del personal del Congreso que deberán prestar servicios mínimos durante la jornada de protesta, como un ujier que atienda a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor.

Además, estarán obligadas a acudir a su puesto de trabajo la directora de asistencia técnico-parlamentaria, la responsable de su Secretaría y un asesor jurídico parlamentario, y diverso personal de los departamentos de Registro y Distribución de Documentos.

Seis taquígrafas y estenotipistas

Pese a que hasta el momento no está prevista ninguna convocatoria parlamentaria, en este último departamento deberán cubrir los servicios esenciales, entre otros, la jefa del mismo, la directora de comisiones, la responsable del área de tratamiento administrativo de la base de datos y la jefa de redacción del Diario de Sesiones, y junto a todas ellas personal administrativo, tres redactores de comisión, seis taquígrafas y estenotipistas.

También deberán trabajar la jornada del 8 de marzo diversos trabajadores del área de Prensa; de Relaciones Internacionales; Recursos Humanos; Estudios, Análisis y Publicaciones; Biblioteca y Archivo; Relaciones Institucionales; y de la Junta Electoral Central.

Asimismo, se establecen servicios mínimos en el área de informática, en el departamento encargado del mantenimiento de los edificios e instalaciones del Congreso, así como en las comunicaciones telefónicas y telegráficas de emergencia. Además, deberá acudir a trabajar un médico y un ATS para cada turno, y hasta siete ujieres para cubrir el control de acceso a los edificios parlamentarios.

Sanciones en caso de incumplimiento

La resolución de la Secretaría del Congreso señala en su resolución que los funcionarios y trabajadores contratados designados para la realización de estos servicios mínimos deberán prestar los mismos en el puesto que se les haya asignado.

Eso sí, recalca que los trabajadores designados para ocupar los puestos "no singularizados" podrán ejercer el derecho de huelga, una vez que se acredite su sustitución durante la jornada de huelga por otros que ocupen puestos con idénticas funciones y horario.

También advierte a los empleados que incumplan la obligación de atender los servicios esenciales de que se les aplicará las sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Los servicios mínimos que el Ministerio de Fomento ha fijado para la huelga de estibadores convocada en los puertos para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, tratan de garantizar que se realicen hasta el 100% de los trabajos de carga y descarga de mercancías en determinados supuestos, como son las mercancías perecederas o las peligrosas, informa Europa Press.

Con su carta de servicios esenciales, el departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende compatibilizar el derecho a la huelga con la garantía de menor impacto posible en el funcionamiento de los puertos, instalaciones básicas para el funcionamiento de muchas empresas y del conjunto de la economía, tal como justifica en su decreto el Ministerio.

Fomento argumenta asimismo que la estructura de la huelga (contempla para cada hora impar del periodo comprendido entre las 8.00 del día de la huelga y la misma hora del día siguiente) hace que su impacto vaya más allá del tiempo de paro convocado.

Para fijar los servicios esenciales, también asegura haber realizado un estudio de la actividad portuaria del mes de febrero en otros años.

Con todo, Fomento establece garantizar el 100% de las operaciones de carga y descarga de mercancías perecederas (como pueden ser alimentos), peligrosas o que su permanencia en el puerto "pueda representar un grave riesgo para personas o instalaciones".

También dicta el 100% de los servicios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministro esenciales a Ceuta y Melilla.

Asimismo, Fomento insta a atender el 100% de las operaciones en buques mixtos, aquellos que combinan carga y pasajeros, con el fin de no impactar en el tránsito de viajeros, que inicialmente quedan al margen de la convocatoria de huelga.

El 100% de los servicios mínimos también se fija para garantizar las operaciones en eventuales situaciones de emergencia o accidentes de buques.

La mitad de la actividad de un día normal

Para el resto de la actividad cotidiana de gestión de mercancías en los puertos, Fomento sólo indica que se deberá realizar "el porcentaje necesario de actividad para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior en una jornada comparable, tanto en horario como en mercancía".

Se da la circunstancia de que estos últimos días las empresas que trabajan en los puertos están denunciando que el rendimiento de la actividad de carga y descarga están reduciendo su rendimiento hasta un 95% por medidas de presión de los estibadores.

Con la huelga, los estibadores protestan en contra de la reforma del sector de la estiba que el Gobierno aprobará este viernes, finalmente sin consenso, dado que este martes quedaron rotas las negociaciones que mantenía con patronal y sindicatos que, a su vez, advirtieron de extender los paros más allá de la próxima semana.

 La cuantía máxima promedio por mes por unidad familiar de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) fue de 664,14 euros en España en 2014, según los últimos datos registrados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y recogidos en la Memoria del Consejo Económico y Social (CES). Por comunidades autónomas, Navarra es la que mayor cuantía máxima tiene de todo el país, con 962,10 euros, mientras que La Rioja es la que más baja la tiene, al no llegar ni a los 400 euros (399,38 euros).

Según el CES, la disminución de la cuantía máxima promedio en España en 2014 respondió, únicamente, a la dinámica decreciente observada en Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha, que experimentó una bajada del 27,64%, colocándose así como la cuarta comunidad con cuantía máxima de renta más baja (536,77 euros). Un total de doce comunidades y ciudades autónomas no experimentaron variaciones, mientras que el resto vieron aumentadas las cuantías máximas, como es el caso de Navarra (0,01%), Extremadura o Galicia (8% ambas).

Con respecto a la cuantía mínima promedio (titular/mes), aumentó en 2014 un 0,49%, hasta los 420,63 euros, tras dos años de descenso que rompieron la dinámica creciente registrada desde el inicio de la serie en 2002. Por comunidades, creció en País Vasco, Baleares, Extremadura y La Rioja. En el resto, no se observó variaciones con respecto al ejercicio de 2013.

No están garantizadas por ley en todas las CCAA

Por otro lado, el organismo resalta en su Memoria el incremento en el número de titulares de la prestación autonómica en 2014 (un 1,5% más, hasta 262.307) y también en su importe medio (420,63 euros, frente a los 418,58 de 2013), aunque apunta que se trata de un aumento "muy leve".

No obstante, a pesar del aumento en el número de unidades familiares con prestación debido al incremento de titulares, el número de personas cubiertas por la RMI disminuye en conjunto, según los últimos datos disponibles. Así, en 2014 los miembros dependientes (no titulares) disminuyeron un 7,64% hasta los 350.211, lo que arroja una caída en el saldo del total de beneficiarios del RMI (titulares más miembros dependientes) del 3,93% (612.518).

El CES pone de manifiesto que la evolución agregada de las RMI durante 2014 responde a distintas dinámicas a nivel autonómico. Por este motivo, afirma que estas Rentas Mínimas de Inserción no están garantizadas por ley en todas las comunidades autónomas debido a la heterogeneidad de las normativas reguladoras, a pesar de que todas las administraciones cuentan con programas.

Así, aunque en el conjunto nacional el número de perceptores de RMI ha disminuido, en todas las comunidades y ciudades autónomas ha ido en aumento, excepto en las comunidades de Andalucía y País Vasco. En el caso de Andalucía, los 158.146 beneficiarios que había en 2013 cayeron a 64.463, mientras que País Vasco experimentó una bajada de 136.058 a 112.567 perceptores.

Aumento del gasto anual

Por otro lado, el gasto anual total ejecutado en España en estas rentas ha seguido en 2014 la tendencia creciente observada en la última década, resultando un aumento del gasto anual por beneficiario en términos agregados (en 2014, el gasto total de las comunidades autónomas alcanzó los 1.167 millones de euros).

Pero por comunidades, la situación es distinta. Si en autonomías como País Vasco (de 3.199,9 euros en 2013 a 3.867,7 euros en 2014) o Andalucía (que ha pasado de los 632,8 euros a 1.406,3 euros en 2014) aumentó considerablemente el gasto, otras como Castilla y León, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana se han alejado del comportamiento agregado de crecimiento observado en 2014. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tuvo un descenso del gasto de 1.339,8 euros a 1.235,9 en 2014.

Si la mayoría opina que sí, ¿dónde queda el derecho a la huelga recogido en la Constitución? ¿Qué sistema legítimo de presión nos queda a los trabajadores de estas empresas?

Es difícil conciliar el derecho que tienen los ciudadanos a moverse con libertad y el de los trabajadores a hacer huelga, pero se debería buscar una solución porque si no los problemas siempre los pagan los mismos, por un lado los ciudadanos y por otro los trabajadores, mientras los que tienen que solucionarlo viajan en coche oficial.

Desde la posición de que no estoy de acuerdo con esta huelgahuelgadel Semaf por su mezquina intención de hacernos comulgar con ruedas de molino, puesto que quieren que se respeten los acuerdos a los que llegaron en su día con la empresa, acuerdos que simplemente son lesivos para el colectivo de maquinistas y sobre todo para los nuevos maquinistas que entren en la compañía, de tal forma que se produce lo que nunca había pasado: maquinistas de empresas privadas que no quieren ir a trabajar a Renfe porque tendrían peores condiciones.

Estoy hablando de becas de 600 euros mientras se están formando para conducir los trenes de Renfe cuando se han gastado más de 22.000 euros en el curso para ser maquinista, que cobran aproximadamente la mitad que un maquinista antiguo cuando realizan el mismo trabajo y que tardarán diez años, si llegan, a tener la categoría de maquinista-jefe de tren.

Contratos precarios que ya han sido condenados por ilegales en tribunales de justiicia y que han contado con el beneplácito del Semaf.

¿Y ahora el Semaf qué reclama? ¿Quiere que le apoye para precarizar la profesión y machaque a mis nuevos compañeros? Conmigo que no cuenten, igual que tampoco estoy por la labor de tratar a los clientes como rehenes, ni dejarlos tirados en mitad del monte mientras pueda evitarlo. Ante todo son personas que pagan nuestros sueldos y si la empresa muchas veces les maltrata, yo no pienso colaborar en la medida en que pueda evitarlo.

No les pido disculpas a los viajeros que estos días han sufrido las huelga porque no he contribuido en ningún modo a sus problemas de movilidad, más bien al contrario, pero espero que no vuelvan a producirse según que situaciones pero también espero que se hagan las medidas de presión que sean necesarias para dignificar nuestra profesión y que los nuevos maquinistas no sean unos parias, sino compañeros con todas las garantías.

José Mera López es socio de infoLibre

La compañía de servicios funerarios Grupo Memora ha presentado su nueva web con la que pretende facilitar el acceso a la información y a través de la cual ofrecerá la posibilidad de visualizar ceremonias en streaming.

Precisamente, en cuanto a las ceremonias, la compañía ha observado un incremento significativo de las laicas, frente a las religiosas, y estima que en algunas grandes ciudades podrían representar a finales de 2015, el 16,8% del total de ceremonias celebradas en sus oratorios.

La posibilidad de seguir los funerales a través de internet es una de las novedades que ofrece la compañía y a la que se suman otras como féretros con formas redondeadas, en colores claros y con un aspecto más natural, en respuesta a las "nuevas tendencias". Asimismo, han constatado que algunas familias preferirían un vehículo fúnebre "no tan impactante visualmente y más amable".

Por otra parte, el grupo ofrece su servicio Electium, que permite escoger en vida hasta el último detalle de la despedida. Desde su lanzamiento, han recurrido a este servicio más de 550 personas, de las cuales 9 de cada 10 recomiendan gestionar el funeral en vida.

Según precisa el Grupo Mémora, para los familiares que han vivido una pérdida, "adquiere mucha más importancia el hecho de haber dejado decidido en vida hasta el último detalle del servicio funerario, que el haberlo dejado solucionado económicamente".

Grupo Mémora prevé cerrar el año 2015 con más de 48.000 servicios funerarios, un 2% más que el año anterior, de los cuales 18.000, un 36%, son incineraciones, un 2,5% más que en 2014.

Además, la compañía cerrará el año con más de 850 servicios de beneficencia y 504 familias acogidas al servicio de financiación, con un volumen de operaciones de más de 2,5 millones de euros.