La Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) –antigua Selectividad– ha comenzado este lunes en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con preguntas sobre la generación del 27, las vanguardias y el español en el mundo en el primer examen correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, informa Europa Press.

Así lo han relatado a Europa Press alumnos de varios institutos de Toledo y provincia durante el arranque de la prueba en el campus toledano de San Pedro Mártir. La mayoría han asegurado que a pesar de los nervios del principio, se han tranquilizado nada más ver el examen. Este año los estudiantes de Castilla-La Mancha son los primeros en hacer la selectividad en España.

Cristina Arquero, alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas de Seseña (Toledo), ha explicado que el ejercicio se ha dividido en cuatro partes: dos preguntas teóricas, una de lengua y otra de literatura, el análisis sintáctico de una oración, un comentario de texto de un artículo periodístico y otro de un fragmento de un texto narrativo, lírico o dramático. Cristina se ha mostrado "bastante contenta" a su salida del examen y ha confiado en sacar la suficiente nota en la EvAU para lograr el 10,5 de nota mínima que necesita para estudiar un doble grado de Magisterio en Infantil y Primaria. Su compañero, Santiago Pabón, ha indicado que el temario le ha parecido sencillo pero que no se ha presentado a estas pruebas para lograr una nota concreta, pues pretende acceder a un Grado Superior. Simplemente lo ha hecho "por vivir la experiencia".

A Diego Mora y a Ana Martín, estudiantes del IES Carlos III de Toledo, les ha parecido fácil el primer examen y se han sentido aliviados al término de la prueba. Ambos quieren desarrollar sus estudios superiores en la UCLM: Diego en Enfermería, donde piden una nota de 10,3, y Ana Derecho, carrera para la que necesita un 5. Precisamente uno de los temas que más quejas ha desatado entre el alumnado es el exceso de calor en las aulas, un asunto ante el que el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir, Pedro Jiménez Estévez, ha afirmado que este lunes es el primer día de aire acondicionado en el edificio y que a lo largo del día estará en funcionamiento.

Jiménez Estévez ha relatado que los chicos llegan "un poco nerviosos" a primera hora de la mañana pero que se les tranquiliza al hacer un llamamiento 45 minutos antes de comenzar el examen, de tal manera que "les da tiempo a sentarse en su sitio y empezar relajados". La jornada ha comenzado sin incidentes destacables en San Pedro Mártir, donde hay convocados 367 alumnos para la fase obligatoria y 425 en la voluntaria –alumnos que se presentan para subir nota en algunas asignaturas–.

Además, el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir ha destacado que por el momento hay varios alumnos que no se han presentado aunque desconoce si ha sido por "llegar tarde o porque no se van a presentar". En cualquier caso, ha agregado que todos los años suele haber un 1 o 2% de alumnos que no acuden a la EvAU. En ese sentido, ha precisado que las carreras más demandadas en el área de Ciencias Sociales son los dobles grados, en especial, Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Relaciones Internacionales, así como ADE y Relaciones Internacionales.

Próximas comunidades en examinarse 

Tras Castilla-La Mancha, el martes 4 de junio la selectividad arranca en Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. El miércoles 5 de junio es la fecha de inicio de los exámenes en Canarias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Otras comunidades han aplazado la selectividad a la segunda semana de junio. Los estudiantes de Andalucía, Baleares y Murcia se enfrentan a los exámenes desde el lunes 11, mientras los de Cataluña y Galicia lo hacen desde el martes 12, siendo los últimos de toda España.

La comunidades autónomas también pueden decidir si la convocatoria extraordinaria de selectividad la mantienen en el tradicional septiembre o la adelantan a julio, una opción por la que se decantan la mayoría. Este año, sólo Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia mantienen la convocatoria en septiembre. El resto de las comunidades la celebran durante la primera quincena de julio. El año pasado, 290.514 estudiantes se matricularon a las pruebas de acceso a la universidad en el conjunto de España, lo que supuso un aumento de 3,4 puntos respecto al año anterior.

Los estudiantes extremeños fueron los que mejor nota obtuvieron en la selectividad de 2018, con un 7,64 de media, mientras que los baleares ocuparon la última posición por comunidades con un 6,84 de nota media, según la Estadística de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El 47,39% de estudiantes acuden a la selectividad sin tener claro qué carrera universitaria escogerán, según la XIV Encuesta Tendencias Universitarias 2019 realizada por la Universidad Francisco de Vitoria a 2.952 estudiantes que, con un expediente de 9,80 de media, han cursado estudios en 4.000 colegios e institutos públicos y privados de toda España.

¿Una misma selectividad para toda España? 

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se comprometió el pasado 14 de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para toda España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de dificultad en todo el país, aunque no tengan que ser exactas. Por ello, Isabel Celaá aseguró que el PSOE estudiará "en profundidad" esta cuestión partiendo de la base de que cada comunidad autónoma tiene "su especificidad".

Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes españoles. "Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamando después de ser elegido presidente de los rectores españoles. Por su parte, Ciudadanos propuso en su programa electoral para las elecciones generales del pasado 28 de abril una "selectividad única" en todas las comunidades autónomas españolas.

La asociación Adicae, que pedía cinco años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y su exdirector general Ildefonso Ortega, ha calificado de "juicio-farsa" este caso porque la sentencia les permite librarse de la cárcel. Adicae cree que la condena viene a confirmar la "impunidad" de la que se benefician los responsables de la quiebra de las cajas de ahorros.

La asociación ha lamentado que la Audiencia Nacional condene solo a dos años de prisión a los acusados y le imponga el pago de una "irrisoria" multa de 29.970 euros pese a considerar probado que falsearon las cuentas de la entidad. A su juicio, el fallo "perdona e incentiva el fraude", informa Europa Press.

"La sentencia, no solo valida la desastrosa gestión de los acusados, sino que da carpetazo al fraude, siendo un claro incentivo a que se repita", señala Adicae, que pide que se abra una "causa general" sobre la quiebra de las cajas de ahorros por haber provocado rescates "multimillonarios" y el fin de las obras sociales que tenían encomendadas.

Adicae, personada como acusación popular, había solicitado cinco años de prisión para Moltó y Sánchez Ortega por los delitos de falsedad contable y de administración desleal.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), exdiputado y exportavoz de Economía del PSOE en el Congreso Juan Pedro Hernández Moltó ha alegado en el juicio que se ha iniciado este martes en la Audiencia Nacional por irregularidades en la entidad que desconocía quién envió las "cuentas provisionales" en 2008 al Banco de España que motivaron poco después la intervención. Ha llegado a decir que su ignorancia se justificaba en su función de "animador socio-cultural" de la caja.

A las preguntas del fiscal y de la acusación, Moltó ha llegado a definirse como "reina madre" de CCM por su papel limitado a "animar" a sus subordinados para conseguir el "equilibrio" de la caja. Además, ha negado que practicara como presidente la suerte del "don Tancredo", en referencia al lance taurino consistente en el engaño por quedarse el ejecutor de la misma inmóvil ante el animal.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Moltó –secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha desde 1990 a 1997 y también diputado en el Congreso entre 1989 y 1999– y para el que fuera director general de CCM, Ildefonso Ortega, penas de prisión de dos años y medio por un delito societario al considerar que ambos llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la caja reflejaran unos beneficios de 29,86 euros millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

La primera intervención

CCM fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros.

Moltó ha defendido la solvencia de CCM hasta 2008, cuando la caída de Lehman Brothers supuso, según sus palabras, "el principio del fin" para muchas de las entidades que conformaban parte del sistema financiero. La queja del que fuera presidente de la caja manchega se ha centrado en cuestionar el papel del Banco de España y lo que ha calificado como "una relación muy poco educada" entre la entidad que presidía y el supervisor.

Según él, la primera "llamada formal" en la que se le comunicó que existía una propuesta de fusión para CCM –se terminó integrando en Liberbank– fue desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. "Nunca hubo intento de ocultación", ha defendido Moltó, que ha mostrado su "sorpresa" al preguntarse quién fue el encargado de enviar las "cuentas provisionales" al Banco de España en 2008 que, poco después, terminó con la nacionalización de la entidad por su desfase entre ganancias y pérdidas.

En este punto, ha asegurado que ni él ni los miembros del consejo de administración eran los responsables – "Dios nos libre", ha apostillado– de la contabilidad y que "nunca" ningún técnico del Banco de España lo visitó o le comunicó nada formalmente sobre los necesidades financieras de la entidad. La acusación le ha preguntado entonces si él era el que se organizaba su propia agenda como máximo responsable de CCM. "Tenía capacidad de dirigir mi propia agenda, esto no es la Casa Real", ha respondido, "yo decidía qué hacía por la mañana".

Campaña mediático-política-social

El exdirigente socialista se ha referido a una "campaña mediático-político-social" con un coste de 3.000 millones de pasivo para CCM –a la que también ha hecho mención posteriormente su 'número dos', Ildefonso Ortega, y a quien Moltó ha calificado como el "perfecto controller" del banco–, remitiéndose a la hemeroteca para el que quisiera pueda comprobar este extremo.

Además, ha lamentado que el Gobierno creara el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) "días después de la intervención" de la caja manchega, algo que, de haber existido antes, podría haber propiciado "una solución menos traumática".

Tanto la Fiscalía como las acusaciones han tratado de destacar las contradicciones entre el consejo de administración presidido por Moltó y el comité de riesgos que, según los informes internos, desacreditaban la concesión de créditos por las pocas garantías de retorno al Grupo Portillo, Renovalia o Colonial.

"¡Yo que iba a decidir!", ha llegado a responder el expresidente de CCM sobre su conocimiento directo sobre este tipo de concesiones o sobre el lanzamiento de participaciones preferentes a través de las Islas Caimán.

La Audiencia Nacional juzgará desde el martes al expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de cárcel por un delito societario, al considerar que ambos llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la caja reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

El Ministerio Público no acusa a los dos ex directivos del delito de administración desleal por el que el juez Pablo Ruz les investigó ni reclama responsabilidades civiles. Eso sí, solicita que los procesados sean inhabilitados para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo de la condena.

Rescate de 9.000 millones 

Caja Castilla La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

Anticorrupción señala que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como "ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados", que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

"Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe", señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban "un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros".

En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía "un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos".

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.

Reformulación de las cuentas

El escrito de conclusiones provisionales de los fiscales Luis Rodríguez Sol y Ana Cuenca refiere que el 11 de marzo de 2009 los estados financieros se remitieron a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que Europa Press publicó que la entidad cerró el ejercicio de 2008 "con un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros". "Numerosos medios de comunicación nacional difundieron esta noticia", apunta antes de indicar que las correcciones de los nuevos administradores de la entidad no se conocieron hasta julio y agosto de 2009.

Las nuevas cuentas, aprobadas después de la intervención de la caja y el nombramiento como administradores de tres funcionarios del Banco de España, reflejaban un resultado negativo en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 en el consolidado.

Este desfase se produjo, según Anticorrupción, por la necesidad que tuvieron los nuevos gestores de aprobar "una provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general".

"Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM, según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM, que de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas", señala el fiscal.

La Fiscalía no cita en su escrito las operaciones y los perjuicios económicos que causaron en la entidad una serie de operaciones de captación del crédito en los que el juez Ruz constataba "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".

Las operaciones referidas por el magistrado eran créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.