La Audiencia Nacional ha dado un plazo de tres días a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, para que ingrese en prisión para empezar a cumplir la condena a 36 años y 11 meses que ha recibido por las actividades de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño.

Así lo ha decido la Sala de lo Penal tras una vistilla que se ha celebrado a primera hora de este martes a petición de la Fiscalía, que había solicitado su ingreso inmediato en prisión.

Para los magistrados, el riesgo de fuga en este momento y durante la tramitación del recurso que la defensa ya ha avanzado que formulará contra dicha sentencia es "máximo", de acuerdo con el auto que han dictado este martes.

En consecuencia, han impuesto a González Panero una medida cautelar de prisión preventiva comunicada y sin fianza, para cuyo cumplimiento le da un plazo de 72 horas en un centro penitenciario de su elección.

El Ministerio Público ha alegado que "el riesgo de fuga es evidente", dado que González Panero "carece de arraigo" laboral y familiar y durante el juicio quedó probado que "contaba con un entramado societario, propiedades en Miami y en Marruecos y cuentas en Suiza".

"Podría hacer uso de las estructuras societarias fuera de España para facilitar su riesgo de fuga. No tenemos noticias de que todo su patrimonio en el extranjero haya sido bloqueado", ha sostenido el fiscal, según recoge dicho auto.

Esta tesis, a la que se han adherido la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha contado con la réplica de la defensa, la cual se ha opuesto al ingreso inmediato en prisión asegurando que "no concurre riesgo alguno de fuga debido al tiempo prolongado de la causa y a su disposición a comparecer a la vista".

González Panero, que ha tomado la palabra, ha expuesto que si no ha llegado a satisfacer las responsabilidades pecuniarias es porque "ha hablado con prestamistas para poder reparar el daño, pero las condiciones no eran admisibles".

Además, ha aducido que, "aunque ha sufrido 13 años muy duros sin oportunidades laborales, en este momento manifiesta que sí está trabajando de asesor energético y que tiene 150 clientes, por lo que no es cierto, como se ha dicho, que carezca de arraigo laboral".

Ha rechazado igualmente que no tenga lazos familiares suficientes que le retengan en España. En este sentido, ha contado que vive con sus padres, que son mayores y están enfermos, y que "tiene dos hijas maravillosas con las que va al gimnasio y a las que lleva a la universidad".

No obstante, el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón se ha alineado con la Fiscalía al entender que "el riesgo de fuga se define en este momento por la elevada gravedad de la condena que se le impone al señor González Panero en la sentencia".

"Las circunstancias expuestas por su defensa y por él mismo, que no dejan de ser en algún punto paradójicas, son netamente insuficientes para desterrar el riesgo intenso de fuga ante el horizonte penológico que la sentencia abre", han señalado los magistrados.

A este respecto, han subrayado que "su defensa niega cualquier posibilidad, por mínima que fuese, de reparación, lo que hace sino introducir nuevos elementos que permiten dudar seriamente de su sinceridad y su intención de hacer frente a sus responsabilidades".

"No podemos olvidar en este sentido que detrajo durante la tramitación de la causa, a diferencia de lo que han hecho otros acusados, una elevada cantidad de dinero que tenía depositada en una cuenta en Suiza en el año 2012, de la que no se han tenido más noticias", han recalcado.

"Todo ello", han apuntado, "lejos de contribuir a generar la confianza en el tribunal hacia su comportamiento durante la tramitación del recurso hace imprescindible que se adopte la medida cautelar".

González Panero recibió la pena de prisión más elevada de los 23 condenados: 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

El tribunal consideró que "no era un funcionario más sino la cabeza del consistorio durante dos legislativas", destacando además "la defraudación de la confianza depositada en el mismo y que utilizó para su propio enriquecimiento personal" además de "la peligrosidad" de su "conducta para la Administración Pública que lideraba".

En esta línea, los magistrados cargaron con dureza contra González Panero y aseguraron que su declaración en el juicio no cumplió con la "veracidad, suficiente y utilidad" necesarias. "Negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando 'un reconocimiento de hechos'", recuerda el fallo.

El PP recurrirá la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condena como partícipe a título lucrativo a pagar 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de la tercera condena del tribunal a los conservadores después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la caja b para costear las obras de reforma de la sede del PP en Génova.

Los magistrados han determinado que la formación política debe abonar esa cantidad por responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa; su "número dos", Pablo Crespo; el ex alcalde del municipio madrileño Arturo González Panero, apodado "El Albondiguilla"; o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

La sentencia señala que el beneficio para el PP fue "evidente". Según su relato, se derivó de los pagos del Grupo Correa destinados al "sostenimiento de la propia organización", por lo que se traducía en un "menor gasto" para el sostenimiento del partido en Boadilla del monte y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007.

Además, la Audiencia Nacional dice que el PP contaba en esas campañas con un "colchón" de remanente que sobró y considera que esto evidencia "de un modo claro" que el partido "no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito".

En cuanto el argumento usado por la defensa de los conservadores, que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apunta que es irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

Y en lo referido al argumento de que el PP no sabía de esos gastos y que eran "contrarios a su voluntad", la AN afirma que es irrelevante porque, tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, "la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva". Y recuerda que la condena a título lucrativo es compatible con la buena fe.

El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para "El Albondiguilla". Deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

Los magistrados cargan con dureza contra González Panero subrayando que "negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando un reconocimiento de hechos", recuerdan.

Precisamente, González Panero ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para la vistilla donde se decidirá si ingresa en prisión y en qué términos.

Para el cabecilla de Gürtel y su subalterno, fijan condenas ostensiblemente menores, después de que ambos presentasen sendos escritos de confesión antes del inicio de la vista oral. Así, Correa y Crespo añadirán a su cuenta 13 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos mencionados.

En el nuevo macrojuicio del caso Gürtel, toca examinar las supuestas adjudicaciones irregulares en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Francisco Correa, el líder de la trama corrupta, ha relatado cómo se amañaban los contratos públicos con la connivencia del entonces alcalde y de otros cargos del Ayuntamiento, a cambio de las consabidas mordidas, un relato que bien puede ser el de cualquiera de las otras piezas en que se dividió esta causa y que ya han sido juzgadas. El empresario, que está a punto de disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios, ha explicado la ruta de la corrupción en este municipio madrileño, que era prácticamente la misma que en todas las áreas de influencia de sus empresas: su "trabajo de lobby" para conseguir obras públicas a sus empresarios amigos, la elección de uno de éstos para la adjudicación y la posterior distribución de las "dádivas", ya fueran en efectivo o en especie.

Ha sido en la segunda jornada del juicio de la conocida como Época II, las actividades de la trama Gürtel en Boadilla cuando este municipio estuvo regido por Arturo González Panero, alias el Albondiguilla. El proceso de amaños era el siguiente, según Correa: salía una obra pública a concurso, "muchos" empresarios se ponían en contacto con él porque sabían que tenía mano con los altos cargos de la localidad y tras escucharles, él elegía al "candidato" a la adjudicación, lo hablaba con los responsables del Consistorio para concederle el contrato. Una vez terminado este proceso, el empresario agraciado daba a Correa la comisión y éste la repartía con los cargos públicos involucrados, quedándose él mismo una parte.

"He adjudicado muchísimas obras. No sólo en Boadilla", ha llegado a decir Correa en un momento del juicio en la Audiencia Nacional, a preguntas de las acusaciones. "Cuando salía un concurso, me solían llamar muchos empresarios. Yo elegía a mi candidato y negociaba con el empresario la comisión. Una vez que se adjudicaba, el empresario me daba la comisión y yo la repartía", ha apuntado. Lo que sí ha descartado es que la trama corrupta participara en la elaboración de los pliegos de los contratos públicos, por lo que ha negado también que sus empresas fueran las que sugirieran al Ayuntamiento que licitaran tal o cual concurso.

De este modo, el líder de Gürtel, que ya acumula más de 90 años de condena por las distintas piezas de la macrocausa ya juzgadas, ha confirmado los hechos descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, como ya hiciera por escrito a principios de este año, mostrando su disposición a buscar un acuerdo de conformidad a cambio de una reducción de condena. Y como Correa, otros dieciseis acusados en esta vista oral han confesado, incluido el número dos de la trama, Pablo Crespo, así como empresarios y excargos del PP como el exalcalde de Boadilla.

La trama dirigió toda la contratación pública

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama corrupta habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en el municipio en esos años.

Esta última conclusión ha quedado perfectamente confirmada con la declaración de Francisco Correa: los empresarios le llamaban para que mediase con los cargos del Ayuntamiento, él elegía al adjudicatario y así el amaño se materializaba. Y ha puesto algún ejemplo: tras la publicación de una licitación, el entonces presidente de Sacyr-Vallermoso, Luis del Rivero, contactó con él "varias veces" porque estaba "muy interesado" en ser el adjudicatario, pero finalmente Correa se decantó por José Luis Ulibarri, a quien finalmente se asignó ese contrato. Ulibarri es otro de los acusados en este juicio que ha confesado los hechos.

Y tras relatar toda esta trama de corrupción, reconocer los amaños, las comisiones ilegales y el enriquecimiento de cargos públicos en el municipio de Boadilla, Correa ha llegado a decir después que "nunca" tuvo "dos candidatos", es decir, dos empresarios favoritos para que resultasen adjudicatarios, porque le parece "amoral". "Nunca he trabajado así", ha apuntado.

Las razones de la ruptura de esta relación del líder de Gürtel con el Albondiguilla las ha dado Pablo Crespo, que ha sido el siguiente en declarar: "Termina porque Correa estaba muy enfadado porque había un acuerdo económico para la adjudicación de obras, pero se enteró de que González Panero estaba negociando esas obras con otros, se sintió traicionado, con toda la razón, y dejó de hablar con él".

Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, José Luis Ulibarri, Isabel Jordán, Arturo González Panero, Alfonso García Pozuelo… Así hasta quince de los principales acusados en el nuevo macrojuicio del caso Gürtel han ido cumpliendo el guion y han ido confirmando el reconocimiento de los hechos que ya habían ido adelantando al tribunal de la Audiencia Nacional que les ha comenzado a juzgar este martes. Sus confesiones dejan al PP, acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta, en una posición muy delicada, pues podrían traducirse en una nueva condena, la tercera, para el partido conservador.

Uno por uno, diecisiete de los veinticinco acusados por los negocios de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, la llamada Época II, han ido confirmando en la vista oral lo que en los últimos meses habían venido manifestando por escrito: que los hechos que relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción son ciertos y se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo de conformidad.

Se trata de los líderes del grupo criminal, así como empresarios y excargos del PP que habrían participado en las actividades corruptas que buscan reducciones de condena de prisión y se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve al Ministerio Público para acreditar su acusación ante el tribunal.

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

Beneficiado con 204.198 euros

Los componentes de la trama se repartieron las mordidas, pero también destinaron parte del dinero a financiar actos de campaña del PP, según las propias confesiones de acusados. Por eso, Anticorrupción considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

Los acusados que han confesado son, entre otros, los números uno y dos de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente; José Luis Izquierdo, el contable de la trama; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias el Albondiguilla; el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales; los empresarios José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo, Jacobo Gordon; el exdiputado del PP Alfonso Bosch; Javier del Valle, exasesor fiscal del exalcalde; el arquitecto Antonio de Miguel Reyes; los asesores del Grupo Correa José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; o la administradora de las empresas de la trama Isabel Jordán.

La cascada de confesiones, la mayoría ya sabidas y otras conocidas en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, ha hecho que los abogados no hayan planteado al tribunal ninguna cuestión previa y que hayan manifestado su renuncia a la práctica de la prueba que habían pedido en sus respectivos escritos de defensa tras el auto de procesamiento, antes de que reconocieran los hechos.

El resto de acusados, los que no han confesado, han comunicado al tribunal su intención de defenderse de las acusaciones y, por tanto, seguir adelante con la vista oral.

Sin cambios en las penas máximas

La explicación de por qué confiesan unos y otros no está en muchos de los casos en que hay acusados en este juicio, como Francisco Correa o Pablo Crespo, que ya acumulan otras condenas, pero su tiempo de cumplimiento efectivo de las penas ya está fijado.

Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional estableció el límite de cumplimiento para el líder de la Gürtel en dieciocho años –aunque está condenado a más de 90 años– y aunque sume más condenas, ese será el tiempo máximo que pase en prisión, ya que el cumplimiento efectivo se fija, según el Código Penal, en el triple de la pena máxima; en su caso, seis años por malversación de caudales públicos.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del juicio, pero no ha planteado ninguna cuestión previa y sólo ha pedido permiso a los tres magistrados para poder seguir las sesiones del juicio de forma telemática.

El calendario inicial preveía jornadas de martes a jueves hasta el próximo mes de febrero –salvo las semanas de Navidad–, pero el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete acusados podría reducir considerablemente la duración del procedimiento.

Francisco Correa, Arturo González Panero, Pablo Crespo... Así hasta ocho acusados en el próximo macrojuicio del caso Gürtel que con sus confesiones ponen contra las cuerdas una vez más al PP. La llamada Época II, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, comenzará a juzgarse el próximo 16 de noviembre y el reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al partido conservador a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción. Sería la segunda que llega en tiempos del nuevo PP de Pablo Casadonuevo, el mismo que se niega a comentar desde hace meses la "herencia" que recibió de las anteriores direcciones de Mariano Rajoy y José María Aznar, bajo cuyo mandato se produjeron las corruptelas investigadas y juzgadas.

Ya son diez los acusados que han decidido confesar los hechos, iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal. En su escrito provisional, el Ministerio Público considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

El juicio por la Época II comenzará sólo tres semanas después de que el partido resultara condenado como responsable civil subsidiario por pagar en negro con dinero de la caja b parte de las obras de la sede central de la calle Génova. Sin olvidar que la primera condena, de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por la primera época de Gürtel, propició la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.

En el juicio que examinará las actividades de la Gürtel en Boadilla habrá 27 personas sentadas en el banquillo, de las cuales han confesado ocho (de momento). Fue el pasado mes de marzo cuando uno de los principales acusados en esta pieza de la macrocausa de corrupción, el líder de la trama Francisco Correa, envió un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo como "ciertos" los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones de euros.

Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio madrileño a cambio de comisiones, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero el cumplimiento efectivo será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años por el delito de cohecho.

Han pasado ya trece años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En esta experiencia previa es en lo que se basó la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

Un constructor, el primero

En realidad, el acusado que abrió la veda fue el empresario Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, quien ya admitió en julio de 2016 que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos" y se comprometió a declararlo así en la vista oral que empieza el 16 de noviembre, igual que ya hizo en el juicio de la primera época de Gürtel, donde afirmó que había abonado comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. También explicó que parte de esas comisiones ilegales que pagó se entregaron al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Años después es cuando ha llegado la confesión de Correa sobre el pago a cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla de "dádivas en especie, viajes, ropa, regalos, etc" a cambio de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas y en los siete meses posteriores que han pasado, los escritos de reconocimiento de los hechos de otros acusados en la Época II, a los que ha tenido acceso infoLibre, han ido llegando a cuentagotas al tribunal.

El siguiente fue el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ya condenado por los contratos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y que ahora ha admitido que pagó a Correa 1,8 millones de euros a cambio de adjudicaciones públicas y que el líder de la trama le consiguió los contratos dadas las “magníficas relaciones” que éste tenía con distintas administraciones “gobernadas por el PP”.

Comisiones, dinero para campañas y "vías de presión"

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, hizo lo propio unos días después, admitiendo que cobró comisiones de entre el 3% y el 4% por intermediar en adjudicaciones a constructoras y que las empresas de la trama ordenaron pagar gastos del PP de la localidad relativos a las elecciones municipales de 2007. Le siguió el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch, al que llamaban el bujías o el neveras por su apellido, explicando que el modus operandi del Grupo Correa incluía "vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos" y que su relación con la trama comenzó en 1995 dado que colaboraba por entonces con la organización territorial del PP nacional y participaba en las campañas electorales.

Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio y el último en confesar ha sido uno de los principales acusados, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. La suya es una de las declaraciones más esperadas por el cargo que llegó a ejercer en la localidad y la información que puede aportar ante una posible tercera condena para el PP por lucrarse con las actividades de la trama. Ha confirmado, tal y como le acusaba Anticorrupción, que dio un "trato de favor" a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, en línea con lo admitido por el líder de Gürtel. También acaba de reconocer que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.

Es llamativo el cruce de acusaciones entre Correa y González Panero en sus respectivos escritos. Ambos se acusan mutuamente de tener una ambición desmedida y mientras el primero califica al segundo de "amoral" en su conducta, el exalcalde considera que el líder de la trama corrupta le llegó a hacer propuestas "desproporcionadas que implicaban un mayor riesgo de exposición". La relación entre ambos, efectivamente, no debió terminar muy bien, pues González Panero asegura, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas "reglas de conducta" que él interpreta como "amenazas y presiones" y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.

Pero hasta ese momento, la relación debió ser fructífera para ambos. Así lo expone el abogado Javier del Valle, asesor fiscal del exalcalde González Panero, acusado también en este próximo juicio que reconoce que "ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras una parte de los fondos percibidos en consideración a sus cargos" de regidor y de presidente de la empresa municipal del suelo "y prevaliéndose de los mismos". En su escrito, describe las estructuras financieras que el Albondiguilla compartió con Correa en Madeira y Panamá, por lo que admite delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Antonio de Miguel Reyes, arquitecto del Ayuntamiento de Boadilla, también ha enviado su propio escrito admitiendo los hechos de los que le acusa Anticorrupción. Según afirma, desde el Consistorio “se le daba a entender” que había "empresas en las que había especial interés" para adjudicarles contratos públicos, por lo que hacía informes técnicos favorables.

Habrá que esperar al inicio del juicio para ver si las confesiones de los procesados se traducen en acuerdos de conformidad con la Fiscalía y qué efectos pueden llegar a tener para el resto de acusados, incluido el PP. Tras el escrito de Correa, desde Anticorrupción se mostraron prudentes sobre el alcance que podría tener y se apresuraron a recordar que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de la misma.

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como El AlbondiguillaEl Albondiguilla, ha confesado en un escrito enviado al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgará por las actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño que dio un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, informa Europa Press.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Panero reconoce que consintió dicho "trato de favor" al Grupo Correa tanto desde el Gobierno de Boadilla del Monte como desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), aunque en este segundo caso solo "dejando hacer", a cambio de comisiones.

El Albondiguilla hace un relato detallado de su relación con Correa, al que acusa de tener unas pretensiones "desmedidas", y con otros actores de la trama, así como de los contratos en los que intervino y de las mordidas que se embolsó por ello. 

En concreto, indica que se adjudicó irregularmente un contrato de recogida de basuras a la UTE formada por FCC y SUFISA a cambio de una comisión a distribuir entre los implicados en el proceso y el PP.

También apunta a los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, por los que él dice que recibió 12.000 euros, mientras que otros 30.050 euros habrían ido a la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004.

"Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP", ha asegurado el ex regidor local sobre los negocios con la empresa de Alfonso García-Pozuelo.

Asimismo, cuenta que los gestores de TECONSA, entre ellos José Luis Martínez Parra, y Correa convinieron "la entrega de 1,8 millones de euros para su reparto entre los miembros de la organización (Gürtel) y el PP a cambio de la adjudicación de contratos por los entes municipales de Boadilla del Monte entre los años 2002 y 2007". De este monto, González Panero se llevó 180.000 euros.

El antiguo edil subraya que se dio cuenta de "la verdadera relevancia" de Correa dentro del PP cuando vio que "tenía acceso directo tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa".

Viajes, trajes y un plasma 

Además de las mencionadas cantidades -12.000 y 180.000 euros-, González Panero admite que cobró 21.657 y 18.000 euros por el contrato de recogida de basuras otorgado a FCC y SUFISA y 510.000 por otros encargos del equipo municipal a la Constructora Hispánica, lo que suma un total de 741.657 euros.

No obstante, el ex alcalde de Boadilla del Monte reconoce que a eso aún hay que sumar los "numerosos contratos menores" concedidos a las empresas de Correa en las que figuraba Isabel Jordán, unas contrataciones que revela que "incluían un sobreprecio destinado a sufragar servicios a favor del PP".

Y, además, reconoce "dádivas" en especie. En este apartado menciona diversos gastos, entre ellos una factura de sastrería de más de 4.000 euros, otra de zapatos por más de 2.000 euros, otra en concepto de viajes por 29.847 euros y otra que abarca viajes, ropa, calzado y una pantalla de plasma por 48.941 euros.

Ha confesado igualmente "la ocultación a través de distintas estructuras financieras y societarias" de los fondos que percibió por todas estas irregularidades, estructuras que dice que estaban gestionadas a través de Javier del Valle.

Un "gran enfrentamiento" con Correa 

González Panero explica que conoció a Correa porque se lo presentó José Galeote, que tenía una "gran amistad" con el cabecilla de la Gürtel  "a resultas de los contactos que (este último) tenía en la sede de Génova".

Se conocieron en 2001 en una reunión en un restaurante de Aravaca porque, según relata, Galeote le dijo que le interesaba tratar con Correa porque había accedido a la Alcaldía de Boadilla del Monte por una moción de censura y podía pasar que no fuera en las listas populares para las elecciones municipales porque su posición no era lo suficientemente fuerte dentro de la formación política.

"Los contactos con el señor Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo" hasta 2005 cuando rompió su "relación personal y directa con él", aunque siguió favoreciendo los intereses de la "organización".

La razón de que ambos se distanciaran, de acuerdo con el ex alcalde de Boadilla, es que las pretensiones de Correa "eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición". De esta forma, devuelve el revés al líder de la Gürtel, que en su propia confesión, realizada el pasado mes de marzo en otro escrito, destacó la "ambición desmedida" y la actuación "amoral" del alcalde popular.

"La tensión explotó a principios de 2005", desarrolla González Panero, por la adjudicación a UFC, empresa dirigida por José Luis Ulibarri, de una parcela en Boadilla del Monte que se valoró a precio de mercado, unos 2.000 euros el metro cuadrado, cuando al mismo tiempo se estaba enajenando otra parcela similar en Majadahonda -donde el suelo era más caro- por 1.400 euros el metro cuadrado.

"Reglas de conducta"

A partir de ahí la relación se truncó hasta el punto de que Correa llegó a pensar que González Panero actuaba por su cuenta, al margen de la GürtelGürtel, y elaboró junto a Pablo Crespo, considerado el 'número dos' de la trama, unas "reglas de conducta" que el ex alcalde de Boadilla del Monte interpreta como parte de las "amenazas y presiones" que recibió desde esa operación de 2005.

"No te queremos joder la vida", arrancan esas "reglas de conducta" para aclarar después que "se trata exclusivamente de hacer justicia" o, lo que es lo mismo para Correa y Crespo, "restablecer la situación previa".

Acusan al ex regidor local de tratar a Correa "como un perro" cuando -dicen- él le ha tratado "como un hermano". "Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbatas, gemelos, etc.). Hasta el plasma de tu casa", le recalcan. "¿Todo claro? Esto solo se romperá si tú lo rompes. Nada de engaños", concluyen.

González Panero también alude a Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, que fueron gerentes de EMSV en esos años, como piezas clave de esta presunta maquinaria de adjudicaciones ilegales. Sobre Bosch, sostiene que le fue "sugerido" por Antonio Cámara, "persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar".

Falta de efectivo 

El que fuera jefe del Gobierno de Boadilla del Monte, que se sentará en el banquillo de lo acusados en el juicio que comenzará el próximo 16 de noviembre por estos hechos, reivindica en su escrito que su decisión de reconocer lo ocurrido y "colaborar con la Justicia" no nace a "última hora", "sino que es una decisión tomada desde hace más de un año y medio".

"El mayor problema que he tenido es la obtención del numerario suficiente para poder atender a la reparación del daño y poder obtener una conformidad con el Ministerio Público", ha manifestado.

González Panero ha enfatizado que, "de disponer del metálico suficiente hubiera hecho, en pura lógica, consignación de alguna cantidad que hubiera podido resultar significativa", pero asevera que le ha sido "imposible".

Además de Correa y González Panero, de cara al inicio del juicio han confesado los hechos más de media docena de acusados, entre los que destaca Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego.

Francisco Correa no será el último que intente buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de cara al nuevo macrojuicio del caso Gürtel, que está señalado para finales de septiembre. De los 27 procesados por las actividades de la trama corrupta en el municipio madrileño Boadilla del Monte, la intención de la mayoría es pactar con el Ministerio Público condenas de prisión más bajas a cambio de la confesión de los hechos y el pago de multas e indemnizaciones.

Según han informado fuentes jurídicas, aún es pronto para saber cómo se concretarán esos acuerdos, si es que llegan a conformarse. De momento, el líder de Gürtel ha enviado un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a Anticorrupción reconociendo los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones.

Las intenciones de Correa se han conocido este lunes, aunque ya había enviado un escrito a Anticorrupción el pasado noviembre anunciando sus intenciones. Se trata de otra carta, escrita de puño y letra como la de ahora, aunque más corta en extensión –poco más de una página–, en la que daba menos detalles de la trama de corrupción en Boadilla, aunque sí reconocía que los hechos del escrito de acusación son "ciertos". Ahora, a la nueva misiva, que tiene cuatro páginas y es más precisa, le acompaña un escrito de la defensa remitido a la Sala de lo Penal en el que concreta que todos los hechos por los que se le acusa son constitutivos de una veintena de delitos de cohecho, falsedad de documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión, por lo que estima que la pena a imponer debe ser de 13 años y seis meses de prisión, 53 años y medio de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero su condena efectiva será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años.

No el único que busca llegar a acuerdos. Según las fuentes consultadas, la mayoría de acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y la exadministradora de las empresas de Gürtel Isabel Jordánel AlbondiguillaGürtel, también están en esta misma fase de tratar de alcanzar conformidades antes de que comience el juicio de una de las numerosas piezas separadas en que se dividió esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2008. Una estrategia que, reconocen, iniciaron hace tiempo.

Han pasado ya más de doce años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En esta experiencia previa es en lo que se ha basado la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

No obstante, aún quedan seis meses para el inicio del juicio, previsto para el 22 de septiembre, por lo que está por ver cómo llegan a esa fecha cada uno de los 27 procesados. Desde la Fiscalía Anticorrupción se muestran prudentes y sobre el escrito enviado por Correa aseguran que han de estudiarlo. También recuerdan que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a juicio ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de esta pieza separada.

El PP, posible segunda condena por lucrarse

La de Boadilla es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo, como ya ocurrió en el juicio de la primera época de actividades de la trama corrupta, sentencia que fue confirmada el pasado octubre por el Tribunal Supremo. En aquella ocasión fueron 245.000 euros que la formación presidida por Pablo Casado ya abonó. Por el juicio de septiembre, Anticorrupción considera que resultó "beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas”.

En el escrito de acusación, que data de 2016, el Ministerio Público atribuye delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La mayor condena que se solicita es para Correa, con 76 años y siete meses de cárcel; seguido del número dos de la trama, Pablo Crespo, con 64 años y siete meses; y González Panero, con 40 años y siete meses. El exdiputado madrileño Alfonso Bosch se enfrenta a 23 años y medio de prisión, mientras que el exconcejal de Boadilla José Galeote tiene una petición fiscal de 22 años. Anticorrupción solicita trece años y medio para Isabel Jordán, once años para el supuesto blanqueador y exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon, y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien se piden cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz. La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

La trama dirigió toda la contratación pública de la empresa municipal del suelo

Algunos de ellos son mencionados en el escrito de Francisco Correa para explicar cómo funcionaba la mecánica aplicada en Boadilla del Monte por la trama de corrupción, que habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), la cual controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el Consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la EMSV en 2003. Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Es González Panero contra el que Correa dirige la mayoría de sus acusaciones en esta suerte de confesión. Sobre él, asegura que era un "amoral" y que "su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable". "La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como 'amoral'", explica.

Según Correa, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, José Galeote y Alfonso Bosch "participaron en el reparto" de las dádivas "en especie" que él mismo se encargaba de repartir. Regalos que consistían fundamentalmente en "viajes, ropa, regalos, etc.".

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha remitido una carta a Fiscalía Anticorrupción en la que reconoce como "ciertos" los hechos contenidos en el escrito de acusación de una de las piezas de la macrocausa de corrupción que se juzgará a partir del próximo otoño, la correspondiente a la época de actividades de Gürtel a partir de 2005 en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Al admitir los hechos, su defensa propone al Ministerio Público rebajar sustancialmente los años de condena que se solicita para él, de 76 a trece y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones.

La misiva, de cuatro páginas y escrita de puño y letra de Correa, se corresponde con la nueva estrategia puesta de manifiesto por Correa hace dos semanas, cuando dirigió un escrito al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que pedía perdón e informaba de que había solicitado ingresar en el nuevo programa de rehabilitación para delincuencia económica.

En la misiva a Anticorrupción, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso infoLibre, el líder de la trama corrupta comienza explicando que conoció al que fuera alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, apodado el Albondiguilla, para quien la Fiscalía pide 37 años de prisión por esta pieza, a través de otro alcalde en esa época, el de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, quien a su vez fue condenado a 40 años y tres meses de prisión por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). Es González Panero contra el que dirige la mayoría de sus acusaciones en esta suerte de confesión. Sobre él, asegura que era un "amoral" y que "su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable". "La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como 'amoral'", explica Correa sobre el exalcalde.

También afirma que tenía "buena relación" con otros dos acusados: el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Tomás Martín Morales, con quien coincidió en "numerosos actos y campañas", y con José Galeote, exconcejal y padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote, quien, a través de su hijo Ricardo, condenado a seis años y medio de prisión por los primeros años de actividades de la Gürtel, conoció a Correa. En relación con el exdiputado Alfonso Bosch, el líder de la trama Gürtel admite que fue él quien "introdujo" a este acusado en el Consistorio de Boadilla tras hablar con Martín Morales y González Panero para que le "buscaran un hueco como cargo de confianza" en el nuevo organigrama municipal. De esta forma, fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), afirma Correa.

"Efectivamente, todos ellos participaron en el reparto de dádivas", asegura, para añadir fue él mismo quien sugirió al exalcalde de Boadilla que tuviera en cuenta a José Galeote "en algunas operaciones" y por ello, "tal y como expone el escrito de acusación" de Anticorrupción, participó "en el reparto de alguna adjudicación, siempre bajo el consentimiento y control económico del alcalde", Arturo González Panero. Por esta pieza del caso Gürtel, Anticorrupción señala al PP como partícipe a título lucrativo, como ya hizo en el juicio de la primera época y en el que el partido fue finalmente condenado: “Habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas”, dice el escrito de acusación.

El manuscrito de Correa también detalla que Alfonso Bosch participaba "exclusivamente" en las adjudicaciones de la empresa municipal de Vivienda, pero quien decidía el "nivel de participación en el reparto" era su jefe Tomás Martín Morales. Según señala el líder de la Gürtel, éste último recibía las dádivas de las adjudicaciones de la EMSV y cuando fue nombrado director general del Ayuntamiento, al mantener el cargo de presidente de la empresa del suelo de Boadilla, "percibía de ambos organismos".

"En mi opinión, no de todas las adjudicaciones del Ayuntamiento, las controlaba todas el alcalde", subraya. Así, recalca que aunque Martín Morales era el que adjudicaba los contratos de la empresa municipal del suelo, era González Panero quien negociaba "personalmente" los mismos y percibía las "dádivas". Destaca además que el exalcalde "incorporó al ayuntamiento a una persona" que procedía de la Junta de Castilla y León, de quien no recuerda el nombre, "al objeto de interponerse entre él y los empresarios para no dar la cara continuamente y protegerse en cierta medida" y ampliar así "el abanico de empresarios de otra comunidad".

Sobornos en especie

Por otro lado, en este escrito Correa vuelve a reconocer que él materializaba las dádivas que entregaba "en especie, viajes, ropa, regalos, etc". Asevera que la comunicación con el Consistorio en relación a los encargos que éste hacía a las empresas vinculadas a la trama Gürtel la mantenía la que fuera administradora de varias de éstas Isabel Jordán, a quien, según afirma, otorgó "facultades" para decidir las gratificaciones "de los distintos trabajos que nos encomendaban".

Por último, el líder de la Gürtel explica que el exalcalde de Boadilla tenía una "obsesión diaria hasta el punto de convertirse en una adicción" de invertir en Bolsa. Por ello, dice Correa, que González Panero le presentó a un "amigo suyo", Javier del Valle –que también figura en la lista de acusados–, ya que éste le "organizaba sus estructuras societarias y financieras". Así, según su versión, Correa y González Panero acordaron crear una empresa para invertir en Bolsa y cada participante puso una "cantidad equivalente", cuya cifra no recuerda, aunque asegura que "no era muy importante". En ese proyecto, según señala, además de los creadores de la sociedad, contribuyeron el asesor Javier del Valle, Tomás Martín Morales, José Galeote, a quien Correa "invitó" aportándole la parte que le correspondía, y Pedro Pérez, amigo del empresario. "Realmente no tuvo ningún recorrido y al cabo de un tiempo se hizo el reparto de devolución a cada uno de los participantes, inclusive creo recordar que con una pequeña pérdida de lo que invertimos", concluye Correa.

Según el abogado de Correa, todos los hechos por los que se le acusa en esta pieza de Gürtel son constitutivos de una veintena de delitos de cohecho, falsedad de documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. No obstante, considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión, por lo que estima que la pena a imponer debe ser de 13 años y seis meses de prisión, 53 años y medio de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, ha revelado que unos días antes de que acudiese a declarar a la Audiencia Nacional tras la apertura del caso Gürtel el comisario José Manuel Villarejo se reunió con él para darle "instrucciones" acerca de "cómo debía realizar" dicha comparecencia judicial y para que en la misma implicase al extesorero del PP Luis Bárcenas. Ahora cree que todo lo ordenó el exjuez Baltasar Garzón.

El Albondiguilla debía declarar en 2009 como investigado ante el que fuera el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón, quien ha aparecido recientemente en las grabaciones de Villarejo publicadas por el portal Moncloa.com en las que se hablaba de "preparar" GürtelGürtel.

Tras estas publicaciones, González Panero concluye que esas instrucciones que él recibió de Villarejo habían sido encargadas por Garzón: "El señor Villarejo, supuestamente a instancias del instructor señor Garzón, intentó que declarase datos que ni siquiera aparecían en la instrucción, como la participación del señor Bárcenas en la trama Gürtel cuando a esas fechas todavía no se había puesto de manifiesto ese hecho".

Así lo manifiesta el exalcalde de Boadilla en un escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, quien investiga al exmagistrado por esas mismas grabaciones a instancias de una querella presentada por el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, por "confabular" con Villarejo para asumir el caso.

Facilitar datos y documentos

En este escrito, la defensa de González Panero solicita declarar en calidad de testigo "con el fin de colaborar con la Justicia a la hora de facilitar datos y documentos que ayuden a la investigación e instrucción de los hechos objeto de las presentes diligencias".

Según insiste El Albondiguilla en su escrito al juez, en los días previos a declarar ante Garzón cuando el caso Gürtel acababa de estallar, el exalcalde "se había reunido con el señor Villarejo para hablar de este asunto, sabiendo ahora que el señor Villarejo se estaba reuniendo también con el señor Garzón para preparar la Gürtel".

"Por todo ello, entiende el señor González Panero que su aportación a la causa de los datos e información que tiene puede beneficiar en gran medida la instrucción de la misma, todo ello dentro de su voluntad de colaborar con la Justicia", remarca El Albondiguilla.

IU, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ha solicitado al juez instructor, José de la Mata, que cite en calidad de testigo al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, después de que el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como "el Albondiguilla", declarase ante el mismo magistrado que en 2005 informó de que el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, lo estaba presionando para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestas donantes del PP.

Según explica IU en el escrito entregado a De la Mata, González Panero puso de manifiesto las citadas presiones, "de indudable gravedad y repercusión penal", a diferentes personas, entre los que se encuentran el que fuera secretario del Ayuntamiento de Boadilla, Manuel Horrillo; el responsable de Política Local del PP en 2005, Juan Manuel Moreno Bonilla; su chofer del vehículo municipal, Ricardo Aguilar; el exteniente de alcalde Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, asi como en 2009 al hoy diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

En concreto, el exalcalde explicó el pasado miércoles al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 "cómo Bárcenas le presionó en 2005 con ocasión de la adjudicación de un contrato para Constructora Hispánica por parte del Ayuntamiento de Boadilla", realizando dos llamadas con las que, a juicio de IU, le querían "inducir al cohecho". Tal y como explicó el propio González Panero en declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia judicial, en esas llamadas el extesorero le "solía decir que las empresas en cuestión ayudaban al partido, colaboraban con el partido en campañas electorales", que al PP le "interesaba que les fuese bien" y que "a ver qué se podía hacer".

'Concierto entre Bárcenas y Correa'

Entre esas llamadas del extesorero, añade la acusación popular, "Francisco Correa ofreció a González Panero cien millones de pesetas (600.000 euros) por adjudicar ilícitamente el contrato por el que Bárcenas también estaba presionado, deduciendo de forma racional el exalcalde que existía un concierto entre Bárcenas y Correa". "Además, el testigo relató como también en ese mismo año Bárcenas volvió a llamarle para que adjudicase una licitación a la empresa Begar", añade IU.

Igualmente, el exalcalde relató al juez cómo a finales de 2006 o principios de 2007 fue llamado para que acudiese a la sede del PP en la calle Génova para reunirse con Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y que en dicho encuentro los tesoreros del partido "le presionaron para que realizase en su ayuntamiento adjudicaciones en favor de las empresas Teconsa y Bruesa". "Además de todo ello, también manifestó presiones para realizar adjudicaciones, entre otras empresas a OHL, por parte de los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González o Esperanza Aguirre o por parte de personas de su entorno", añade IU en su escrito. Por eso, la acusación popular reclama al juez que cite como testigos a todas las personas anteriormente referidas a las que González Panero habría relatado las "presiones" que dice haber recibido del extesorero del PP.

El exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que informó en el año 2005 al actual presidente del PP andaluz y candidato a presidir la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, le estaba presionando para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestas donantes del PP. IU no descarta pedir su citación para que declare.

Según ha explicado el propio González Panero a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, así lo ha defendido durante su declaración en calidad de testigo ante el juez José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP, explicando que en Génova eran conscientes de las maniobras de su extesorero, quien ya está cumpliendo condena de 33 años de cárcel por las actividades de la trama Gürtel.

En la fecha que ha señalado, 2005, Moreno Bonilla era diputado del PP en el Congreso y en el organigrama del partido ocupaba el puesto de secretario de Política Local, razón por la que fue el que recibió al exalcalde 'popular' de Boadilla, aunque éste había solicitado reunirse con Soraya Sáenz de Santamaría, quien entonces ocupaba el cargo de secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local.

'El Albondiguilla' ha relatado que en el verano de 2004, durante la fiesta del primer aniversario del Sport Center Manolo Santana, en Boadilla, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, le dijo que hiciese "caso" a Luis Bárcenas, y que él le respondió que se lo haría cuando se pudiera.

La primera llamada del extesorero, ha explicado, llegó unos meses después, en diciembre de 2004 o enero de 2005 para pedirle que adjudicara a Constructora Hispánica el mantenimiento de calles de Boadilla. "Le dije a Bárcenas que yo no conocía ese procedimiento", ha añadido.

Meses más tarde le llamó el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, para, según ha asegurado, ofrecerle "100 millones de pesetas" a cambio de una adjudicación a una de sus empresas. Y luego, en septiembre de 2005, recibió otra llamada de Bárcenas, ha relatado, para preguntarle si había hablado con Correa. "Le dije que los técnicos ya estaban elaborando el informe y que Constructora Hispánica no iba de las primeras y que no se le podía dar el contrato", ha apuntado.

Empresas que ayudaban al partido

González Panero ha dicho al juez De la Mata que en esas llamadas el extesorero le "solía decir que las empresas en cuestión ayudaban al partido, colaboraban con el partido en campañas electorales", que al PP le "interesaba que les fuese bien" y que "a ver qué se podía hacer".

Fue en noviembre de ese año, según González Panero, cuando fue a la sede del PP en la calle Génova junto al entonces secretario de Corporación de Boadilla, Manuel Hornillo, para quejarse de un concejal que Bárcenas le había impuesto en las listas electorales. Le recibió Moreno Bonilla y le contó las llamadas que había recibido.

A la pregunta de qué le contestó el ahora candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Albondiguilla ha dicho que sólo le dio las "gracias". "Me dijo gracias, lo tendremos en cuenta y adiós muy buenas", ha remarcado.

Para el exalcalde de Boadilla, el hecho de que Rajoy le dijese que hiciese caso a Bárcenas unos meses antes de que comenzaran las llamadas indica que entre los dos había una "relación muy buena". "Todos conocíamos que en casa de Jesús Sepúlveda muchos viernes quedaban Ana Mato, Bárcenas, Javier Arenas, Rajoy... Sabíamos que era una persona absolutamente de confianza", ha explicado.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, González Panero ha querido resaltar que su declaración de hoy demuestra que él ya había advertido de las actividades del tesorero del partido, que además, según ha asegurado, "había dado la orden de acabar" con él por "no seguir las órdenes" de la adjudicación de contratos.

Para Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en la pieza de la presunta financiación irregular del PP y que había instado la declaración de González Panero, "lo fundamental es que se corrobora que dentro del Partido Popular había una estructura organizada para ir impulsando diversos cohechos en el conjunto del Estado a nivel municipal, autonómico e incluso estatal" y que dentro de la formación se "tenía pleno conocimiento de estos hechos", entre otras cosas, porque "diferentes personas lo habían denunciado".

Así lo ha explicado el abogado del partido, Juan Moreno, para quien "es sintomático que el propio presidente del PP por entonces y luego del Gobierno, Mariano Rajoy, le indicase al alcalde de Boadilla que hiciese caso a Luis Bárcenas cuando ya estaa cometiendo diversas actuaciones irregulares".

El letrado ha apuntado que si bien esperará a escuchar al resto de testigos citados en los próximos días, como Álvaro Pérez el Bigotes, "muy probablemente" pedirá al juez que llame a declarar al propio Moreno Bonilla, así como al secretario del Ayuntamiento de Boadilla que, según González Panero, también asistió a aquella reunión.

"Hay elementos para poner en seria duda la credibilidad de todos los dirigentes del PP que han dicho no saber que había corrupción en su partido. Su posición es delicada", ha destacado el abogado, quien recuerda que "ya hay una serie de testigos", incluido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que han apuntado la existencia de "una trama que hacía llamadas y que presionaba" para conseguir las adjudicaciones.

El antiguo gerente de la empresa Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, presentó al juez del caso Gürtel, José de la Mata, un escrito, cuyo contenido revela este jueves la Cadena Ser, en el que avala la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que el empresario pagó al PP un total de 1.338.485 euros en concepto de mordidas entre los años 2003 y 2007 a cambio de adjudicaciones millonarias en Boadilla del Monte (Madrid).

Estos pagos fueron a parar al líder de la trama, Francisco Correa; al exdiputado regional del PP en Madrid Alfonso Bosch; al exalcalde del mismo partido en Boadilla Arturo González Panero, El Albondiguilla; al exconcejal, también del PP, José Galeote; al funcionario César Tomás Martín Morales; y al PP, que según Anticorrupción recibió de García Pozuelo “30.050 euros para la campaña de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25 de mayo de 2003”.

Con su confesión, Alfonso García-Pozuelo buscaría una reducción de la petición de condena en la pieza separada de la Gürtel que juzgará a 27 acusados por la trama de Boadilla. El empresario muestra su “arrepentimiento” y se declara, según el escrito, dispuesto a “reparar el daño” 

Alfonso García-Pozuelo es, recuerda la Cadena Ser, un empresario clave en el caso Gürtel ya que a través de su empresa, de tamaño medio, llegó a competir con las grandes constructoras del país por contratos del AVE y obtuvo adjudicaciones durante el mandato de Francisco Álvarez Cascos en el Ministerio de Fomento.

La Fiscalía Anticorrupción pide en esta pieza separada del caso Gürtel penas de 40 años y siete meses de cárcel para el ex primer edil el ex primer edily de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa.

En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular. El magistrado considera al PP partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el número dos de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

Regalos y comisiones

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor,

que participó en su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Una parte de las comisiones percibidas por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad Longridge International, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, cuyo alcalde es el candidato del PP al Congreso de los Diputados Antonio González Terol, acusa a la formación conservadora de ser partícipe a título lucrativo de la pieza separada dedicada a este municipio dentro de la GürtelGürtel, según el escrito de acusación presentado el pasado 9 de junio ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

La representación legal del Consistorio del municipio madrileño, considerado el epicentro de la trama liderada por Francisco Correa, alude al artículo 122 del Código Penal para incluir al PP como partícipe a título lucrativo de la red corrupta: "Y así vendrá obligado el Partido Popular a resarcir al Ayuntamiento de Boadilla del Monte del importe de 204.198 euros que asumieron algunas empresas para pago del coste de determinados actos de partido y electorales", especifica el escrito que fue presentado días antes de que comenzara la campaña electoral.

El escrito del Consistorio de Boadilla, cuyo alcalde González Terol es considerado como uno de los delfines del aguirrismo, ha entrado en la Audiencia Nacional pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral, en la que el propio González Terol forma parte de las listas del PP por Madrid. Ya en las elecciones de diciembre el regidor de Boadilla, natural de Cartagena (Región de Murcia), González Terol obtuvo el acta de diputado.

Apuesta de Aguirre

González Terol es una apuesta política personal de Aguirre, que le nombró en su primer Gobierno, en 2003, director general de Juventud con tan sólo 25 años. Desde entonces, este político nacido en Cartagena en 1978, ha permanecido en cargos del PP, como por ejemplo diputado en la Asamblea de Madrid y director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid.

El reconocimiento de que el PP de Boadilla del Monte se lucró de la Gürtel se produce días después de que el pasado 23 de mayo, el partido se viera obligado a emitir un comunicado en el que eludía cualquier responsabilidad en el caso de la caja B controlada por Luis Bárcenas.

El PP reaccionó de esta forma tras conocerse que el juez José de la Mata exigía a este partido que abonara 1,2 millones de euros de fianza como responsable civil subsidiario de la pieza separada de Gürtel de los papeles de Bárcenas o la caja B del PP. De lo contrario, la formación conservadora se enfrentaba a un embargo días pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral.

Rechazo del PP

En ese comunicado, los conservadores rechazaban que el partido de Rajoy fuera considerado responsable civil subsidiario de los delitos de los que se acusa a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como contra el exgerente Cristóbal Páez, que están acusados de pagar una parte de la remodelación de la sede nacional del partido en negro.

La diferencia principal entre ser considerado partícipe a título lucrativo, que es la acusación que tiene que afrontar el PP en la pieza principal de Gürtel denominada Época I o en la pieza separada de Boadilla del Monte, o ser considerado responsable civil subsidiario, consiste en que la formación de Rajoy solo tendrá que afrontar el posible resarcimiento del dinero del que presuntamente se lucrólucró, mientras que en el caso de la remodelación de la sede nacional, el PP ya ha tenido que presentar una fianza por el total de la cantidad defraudada por los acusados.

Es decir, para el PP el esfuerzo económico será menor si es considerado partícipe lucrativo que si fuera declarado en el juicio responsable civil subsidiario de los delitos cometidos de unos condenados que se declararan insolventes, ya que en el primer caso no tendría que asumir las multas de los posible condenados, pese a que muchos de ellos eran cargos del partido y cometieron los delitos en el ejercicio de sus funciones.

Problemas internos

Sin embargo, y pese a que en principio beneficia al partido ser considerado partícipe lucrativo en vez de responsable subsidiario, el reconocimiento del Consistorio dirigido por el candidato del PP al Congreso González Terol volverá a herir las susceptibilidades entre los partidarios de Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la gestora del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, y el sector aguirrista en el que se enmarca al regidor de Boadilla del Monte. 

Además, el Consistorio de Boadilla reclama 49 de cárcel para el exalcalde Arturo González Panero, conocido con el alias de El Albondiguilla, que hace un mes acusó a Francisco Granados, en la cárcel de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014, de haber pedido un millón de euros a una veintena de alcaldes para la campaña autonómica de 2007. Estos hechos los investiga la Fiscalía Anticorrupción en el seno de la Operación Púnica que instruye el juez Eloy Velasco.

En contraposición al mencionado reconocimiento de la responsabilidad del PP de Boadilla del Monte, en el que González Terol es presidente local, la Abogacía del Estado ha registrado un escrito de acusación en la Audiencia Nacional en el que no hace ninguna mención al PPPP. Y en el caso del exalcalde Arturo González Panero, la petición de cárcel es de 15 años, mientras que para el empresario José Luis Ulibarri el Consistorio madrileño reclama tres años de prisión.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel,Gürtel Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

27 procesados por el fiscal

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas procesados y trece personas jurídicas se sienten en el banquillo por esta pieza separada del caso Gürtel. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

Además, solicita que el número dos de la red, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas procesadoa y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular, se sienten en el banquillo por esta pieza separada del 'caso Gürtel'. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

Además, solicita que el número dos de la red, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a 27 personas y al PP como partícipe a título lucrativo por las actividades presuntamente ilícitas cometidas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según especifica el magistrado en dos autos, el partido tendrá que hacerse responsable civil subsidiario por una cantidad de 204.198 euros.

Los autos aseguran que las maniobras de los imputados facilitaron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

"El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)", sostiene De la Mata.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Entre los acusados se encuentra el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, El Albondiguilla, el exconcejal José Galeote o el exdiputado del PP en Madrid Alfonso Bosch Tejedor.