Los ingresos y gastos en efectivo en la cuenta de caja del PSOE en el período 2017-2024 –los correspondientes al paso por la secretaría de Organización del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán– tienen un origen "plenamente trazable y documentado", lo que, según fuentes del partido, permitiría descartar una supuesta financiación ilegal de la formación. Así lo establece un informe encargado por los socialistas a dos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El documento, que analiza también una muestra de las justificaciones de gastos presentados por Ábalos y resto de miembros del "equipo de Organización", constata que el partido conserva constancia de todos los reembolsos pagados a esas personas, así como las hojas de gastos y los justificantes de pago aportados.

Para analizar todos esos ingresos y gastos en metálico –una muestra de los entregados por el PSOE en la Audiencia Nacional para su investigación– la formación contrató al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego (que fue candidato al Consejo del Poder Judicial de Unidas-Podemos en 2018) y el profesor titular de la misma área y exasesor económico de Presidencia del Gobierno César Martínez Sánchez. El documento, que se titula Informe sobre la adecuación de las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024), tiene por objeto descartar irregularidades, pero según sostienen en el PSOE, no se aportará a la parte del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que el partido es parte acusadora. Fuentes socialistas aseguran que la documentación presentada en ese juzgado es "mucho más amplia".

Sobre los ingresos en efectivo de la cuenta de caja en el período de ocho años analizado, el informe constata tres fuentes. La primera es el remanente del arqueo de la cuenta del ejercicio anterior (que se registra como primer asiento) al que se suman las reposiciones en efectivo procedentes de la cuenta del PSOE en el BBVA. En los ejercicios estudiados, las cantidades ingresadas en esa cuenta de caja ascendieron a 947.671,79 euros. De ellos, los expertos universitarios refieren únicamente 7.283,79 euros correspondientes a lo que denominan "ingresos atípicos". Se trata, según los autores del informe, de lo correspondiente a pequeñas ventas de merchandising (por ejemplo en las fiestas del Orgullo), venta de mobiliario inservible de las sedes como chatarra y la participación en un premio de lotería en 2023. "Ninguno de estos ingresos plantea incidencia contable significativa", sostiene el informe encargado por el partido.

El documento también analiza las salidas de efectivo y constata que todos los apuntes relativos a estas "identifican al perceptor y al área orgánica" correspondiente de la formación, lo que, según sus autores, "permite relacionar cada disposición de efectivo con su destinatario y con el centro interno al que se imputa el gasto". Todos esos pagos, entre los que se encuentran los percibidos por Ábalos, Koldo, Cerdán o la Secretaría de Organización en su conjunto, figuran contabilizados y se corresponden con sus respectivas disposiciones de caja. "La revisión del período 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un ajuste bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas", sostienen los profesores en su informe. "No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicios de fondos no declarados o no trazados", añaden.

La segunda parte del informe corresponde a un análisis de los gastos reembolsados al equipo de organización en cuatro de los cinco ejercicios en que Ábalos ejerció como número tres del PSOE. Se trata del período 2017-2020 porque, según el informe, a partir del 2021 (último ejercicio de Ábalos, que fue sustituido por Cerdán el 13 de julio de ese año) y hasta 2024 solo constan cuatro pagos de bajo importe. Los profesores advierten de que su análisis se basa en una hoja de Excel facilitada por el partido por un importe total de 126.858,89 euros, de la cuál se ha extraído una muestra que corresponde a las liquidaciones superiores a los 2.000 euros, que suponen el 51% del total de los gastos correspondientes a comidas y otros gastos de representación, así como a taxis, aparcamientos, gasolina... Entre los comprobantes, todos ellos facilitados por el partido, los autores advierten de que algunos están total o parcialmente ilegibles "lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos", explican.

Los expertos sostienen que, de su investigación, se extrae que, en pocas ocasiones, los gastos fueron "notoriamente improcedentes" y ponen como ejemplo algunos menús infantiles pasados a cobro al partido. Los gastos de restauración de la muestra van de los tres a los 703,95 euros con facturas que van desde un comensal hasta 15. Los autores contemplan como "excesivos" los gastos superiores a 60 euros por persona, que en los tres primeros ejercicios (2017, 2018 y 2019) no superaron el 5% del total, pero que, en 2020 se dispararon hasta convertirse en uno de cada cuatro de los presentados. El informe recoge algunas facturas de comidas del mismo día. "Se han señalado explícitamente los gastos que parecen manifiestamente impropios en relación con el momento temporal de su realización", sostiene el documento encargado por el PSOE.

Respecto a los tiques y comprobantes, "se trata en su mayoría de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia" (esta última es la provincia de la que procede Ábalos y en la que obtuvo su escaño). Pero también constan recibos de restaurantes de otras localidades españolas y en pocas ocasiones del extranjero. Pese a los problemas de legibilidad de algunos de los documentos analizados, los profesores concluyen que "el PSOE ha custodiado, a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto". "En las hojas de de liquidación constan los datos básicos que identifican al solicitante del reembolso", prosigue, y se distingue entre "gastos de viaje, gastos de representación y gastos de funcionamiento". "Al final de la hoja de liquidación consta, junto con el recibí, la firma de las personas que ordenan el reembolso, a saber: el visto bueno del secretario responsable [en los casos analizados el del propio Ábalos] y el visto bueno de la administración".

La información analizada en el documento es solo una parte de la enviada por el PSOE a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó el pasado 3 de diciembre todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, y no solo los vinculados a Ábalos y su exasesor Koldo García. Lo que reclamó el instructor del caso Koldo en ese tribunal fue los desembolsos realizados a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Lo que el juez quiere conocer es si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su exasesor para blanquear dinero de procedencia irregular o delictiva. Anticorrupción, por su parte, sostiene que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Con el informe encargado a ambos académicos, los socialistas tratan de demostrar, mientras se analiza toda la documentación contable facilitada a la Justicia, que sus ingresos en cash procedieron casi íntegramente de su cuenta bancaria y que los gastos que se acometieron con ellos están correctamente registrados. Si Ábalos, Koldo o Cerdán se sirvieron de su cargo para blanquear dinero o para estafar a la formación con sus justificantes, es algo que corresponde investigar al juez. Porque en caso de que sea cierto, sostienen, el PSOE sería víctima.

"La gente tiene mucho miedo de hablar, porque significaría ir contra la principal empresa de la región". Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde un agua preciosa y la fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella. Desde hace décadas, el principal dueño de esta empresa es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

Su mina de litio del Salar de Atacama es una de las principales fuentes mundiales de este mineral esencial para las baterías. También acumula acusaciones de cometer infracciones medioambientales y se enfrenta a la oposición de comunidades locales. El pasado mes de septiembre, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable, se publicó una auditoría supuestamente independiente del yacimiento.

En las dos últimas décadas se han creado una serie de normas voluntarias que promueven "las mejores prácticas" mineras. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.

El consorcio periodístico Investigate Europe ha analizado el funcionamiento de estas auditoras mineras. Es un trabajo que forma parte de la amplia investigación sobre las materias primas críticas, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El sistema considerado más riguroso es IRMA, siglas en inglés de Initiative for Responsible Mining Assurance (Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable), desarrollado por compradores finales de las materias primas como Microsoft y Tiffany junto con diversas ONG. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar SQM, evalúa el desempeño social y medioambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.

La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal), una cooperativa regional, cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, "por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa".

"SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional", denuncia Balcázar.

No son acusaciones lanzadas a la ligera. En febrero de este año se inició un juicio por financiación ilegal de políticos chilenos, que recibieron presuntamente pagos irregulares de SQM. Por su parte, el Primer Tribunal Ambienta de Chile confirmó a Investigate Europe que mantiene abierta una investigación a la empresa minera. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la compañía presentó un plan de cumplimiento para poner fin a los daños medioambientales. En 2022, las comunidades indígenas pidieron que se mantengan las sanciones a SQM y se exijan nuevas medidas de protección del salar.

En la auditoría patrocinada por IRMA también se indica que son necesarias algunas mejoras, entre ellas en materia de seguridad y de gestión de residuos. Sin embargo, Opsal teme una futura escasez de agua en Atacama y la pérdida de ecosistemas y vida salvaje en torno al salar.

A preguntas de Investigate Europe, SQM afirma que su litio tiene "una de las huellas medioambientales más bajas" del mundo y que aspira a producir litio neutro en carbono para 2030. La empresa destaca que aporta "entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas" y asegura que sigue sólidos procesos de diligencia debida. "Estamos orgullosos del continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con cuatro de las cinco comunidades de nuestra área de influencia", presume la compañía minera.

Ramón Balcázar ve las cosas de forma muy diferente. Destaca que las aportaciones económicas de SQM no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina: "Inyectar grandes cantidades de dinero a las comunidades, municipios y universidades no resuelve la falta de sostenibilidad ambiental de la minería del litio o del cobre en el Salar de Atacama. Los ecosistemas se dañan perpetuamente".

Por su parte, IRMA admite que la auditoría podría haber estado "más profundamente informada", con una mayor retroalimentación por parte de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, reconoce que la gente "sigue siendo escéptica con razón", ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.

La auditora de la mina de SQM es una empresa británica llamada ERM CVS, controlada por la estadounidense KKR, uno de los principales fondos de private equity (capital privado) del mundo. La auditora forma parte de ERM International Group, que tiene en su cartera de clientes a varias compañías mineras. La española Corporación Financiera Alba, holding financiero de Banca March, es accionista minoritario del grupo ERM (tiene el 6,91% del capital). Entre otras inversiones, Corporación Financiera Alba posee también una participación en Acerinox, compañía dedicada a la fabricación de acero inoxidable dependiente de materias primas. Tomás Armengol es miembro del consejo de administración de Acerinox y también esconsejero no ejecutivo del grupo ERM, en ambos casos en representación de Corporación Financiera Alba. Esta compañía no respondió a las preguntas sobre posibles conflictos de interés planteadas por Investigate Europe.

Un portavoz de ERM CVS rechaza cualquier irregularidad con el argumento de que el negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general: "ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos para que los organismos de certificación garanticen su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial".

Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de private equity, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. Es decir, no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas mayoritarios de ERM, puesto que KKR gestiona el dinero de otros. A la pregunta de cómo puede garantizar que no existe un conflicto de intereses si ni siquiera sabe quiénes son los verdaderos propietarios, ERM responde lo siguiente: "ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR y KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM".

La compañía auditora también destaca que durante su trabajo de campo logró contactar con varias personas de las comunidades locales y que intentó más entrevistas con otras partes interesadas, pero no recibió ninguna respuesta más.

ERM CVS es una de las dos empresas auditoras aprobadas por IRMA. Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses. Human Rights Watch, miembro de la dirección de IRMA, admitió en mayo que "IRMA aún necesita mejoras significativas para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las compañías de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debe trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías".

Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. "Vemos claramente riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores", sostiene Boulager en declaraciones a Investigate Europe. En su opinión, este sistema aún está en la fase de generar confianza, pero al mismo tiempo destaca que el enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas y el hecho de que los informes se hagan públicos, diferencian positivamente a IRMA de otras iniciativas. "IRMA no sólo está trabajando para abordar el conflicto de intereses, sino también para impulsar un cambio fundamental en la forma de auditar, con la participación de miembros de la comunidad y trabajadores que pueden sentirse seguros para ofrecer todos sus puntos de vista", afirma Boulager.

La multinacional minera Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la compañía afronta protestas por la ampliación de una mina de cobre en Chile y fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina también está siendo auditada por ERM CVS.

Fue en otra mina brasileña de hierro donde la industria auditora se convirtió en el centro de atención en 2019. Una presa en la mina de Brumadinho se derrumbó y desencadenó un deslizamiento de tierra que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era "estable".

Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de la ONG con sede en Bruselas Transporte y Medio Ambiente, que también forma parte de IRMA, asegura que este sistema es el más fiable en una "jungla" de ofertas. Pero advierte: "Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las propias empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado".

El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONG afirmaba que la propuesta "afianzaría el control de la industria minera" sobre las normas. "El resultado final será una norma que carece de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble", denunciaba la carta. "Esto perjudicaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse greenwashing".

Aun así, en la negociación del Reglamento de Materias Primas Críticas, que entrará en vigor en la UE el próximo año y que busca reactivar la minería, la Comisión Europea defiende apoyarse en normas voluntarias. Si una empresa minera obtiene una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener la consideración de proyecto minero estratégico. Las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.

Los grupos ecologistas sostienen que estos sistemas de auditoría no deben considerarse un "puerto seguro" para las empresas. "Esperamos que la versión final del reglamento otorgue menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como etiqueta de sostenibilidad", alerta Cecilia Mattea.

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Con información de Manuel Rico.

Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

El regulador financiero de Estados Unidos ha impuesto una de las mayores multas (100 millones de dólares) a la auditora Ernst&Young por las trampas sistemáticas de sus empleados en los exámenes de ética y formación continua entre 2012 y 2015, que son imprescindibles para ejercer como auditor. Un caso parecido, en junio de 2019 y en relación con la auditora KMPG, conllevó una multa de 50 millones de dólares. Y no son casos aislados: se cumplen ahora 20 años de la monumental quiebra de la empresa estadounidense Enron, que, sin ir más lejos, condujo a la desaparición de la entonces gigante de la auditoría Arthur Andersen como consecuencia de haber cooperado como auditora de aquella en la ocultación de datos de la quiebra. Son supuestos muy graves, no solo porque afectan a quienes son responsables de identificar y evitar errores y trampas contables de sus clientes, sino porque erosiona la confianza en dichas empresas y en el funcionamiento del sistema en general. Aún peor: según el regulador parece que E&Y tomó medidas disciplinarias demasiado laxas y que ni siquiera implantó controles internos ni desarrolló políticas proactivas de control.

Son supuestos también desconcertantes. Primero porque han sucedido en relación con procesos de formación continua y de formación ética de empleados de una empresa que se gana la vida auditando, esto es, verificando la certeza de datos de terceros. Después, porque la razón que alegaron los afectados para hacer trampas fue que les obligó la presión de los compromisos de trabajo y/o la incapacidad para aprobarlos tras varios intentos fallidos. Finalmente porque, según el regulador, aunque parece que el chanchullo era “vox pópuli” en la empresa, el silencio general se debió a que “no eran conscientes de que compartir las respuestas de los exámenes suponía hacer trampas y violaba el código de conducta de EY y al deseo de evitar que sus colegas se metieran en problemas”. ¿Tan deplorable es el nivel de conocimientos y de integridad de este personal?

Más allá de todo ello, estos hechos conducen a reflexiones más generales, menos casuísticas, si se quiere. El argumento que arguyen en su defensa los afectados denota un patrón generalizado: “yo no sabía”, “yo no era consciente”. Son argumentos que hemos contemplado en muchos de los casos de corrupción destapados en España y que, en realidad, son la otra cara de la impunidad. Estas prácticas relativamente generalizadas se dan también en otros contextos sociales a los que se otorga a la infracción un escaso reproche social: véanse si no los fraudes en el empadronamiento para poder matricular hijos en centros escolares de preferencia, fraudes en declaraciones de IVA, el nepotismo en la dotación de puestos públicos de confianza o, sin ir más lejos, la copia de exámenes de todo tipo. Sobre el papel se pronostica el mayor de los infiernos al infractor, pero en la práctica se mira para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué justifica esta distancia entre normativa y realidad? ¿Es sólo la impunidad? Probablemente, como apunté hace años en distintos trabajos, la razón última se halla en que el sistema cuenta con unas bases corrupto-génicas que ya da por descontadas. Como los grandes almacenes que contabilizan en pérdidas un porcentaje estándar de pequeños robos, el sistema también soporta un número indeterminado de infracciones amparadas en una excusa de supuesta ignorancia y que algunos incluso creyeron en su día que podía servir para “engrasar” un sistema poco eficiente.

El hecho cierto es que, si nos atenemos a los hechos expuestos, el listón natural de cumplimiento normativo está muy bajo, y no sólo en España. La gravedad del caso de E&Y y de otras firmas de este ramo radica en que afecta a auditores, un tipo de profesional que goza de una posición casi-pública en tareas de supervisión. Por supuesto: habrá que demandar más y mejor supervisión de estas funciones que gozan de determinados privilegios públicos, pero que también deben acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Para ello es imprescindible mejorar la dotación y los procesos de supervisión de los reguladores públicos. Necesario, pero no suficiente.

Visto lo visto, habrá que atender a dos factores clave. Uno, la formación de estos profesionales y la supervisión interna de sus estándares de comportamiento por parte de las empresas que los emplean. En relación con ello vayan por delante dos ideas. Primera: la formación debe incorporar otros elementos distintos a los meros contenidos, otros elementos que tienen que ver más con las actitudes que con las habilidades contables. Para ello habrá que girar la vista a las escuelas de negocios para prevenir, al menos en parte, sucesos como la crisis financiera de 2008. Segunda: la supervisión interna del cumplimiento de los estándares debería recaer en personal externo, independiente, con amplias facultades de acceso a información de la compañía y en dependencia directa del consejo de administración.

Otro factor clave es la mejora del modelo autorregulatorio del sector, que precisa probablemente de una mayor eficiencia en cuanto a supervisión interna, pero también de un marco complementario de regulación y supervisión públicas. Téngase en cuenta que ante un hipotético caso en España podría argumentarse que el sector de la auditoría ejerce una función casi-pública que podría llegar a justificar una responsabilidad patrimonial de la Administración por dejación de funciones de supervisión. Dicha responsabilidad se haría efectiva, en su caso, mediante indemnizaciones con cargo al presupuesto público, esto es, nuestro bolsillo. En dicho instante sería cuando se evidenciarían las vergüenzas del sistema.

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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.

Era una duda tan razonable como relevante: ¿aprovecharía el Tribunal de Cuentas la auditoría a la Iglesia católica, aprobada a finales de 2017 y aún sin finalizar, para adentrarse en el pantanoso terreno de las exenciones fiscales y su justificación legal? La decisión fue de maduración lenta. Pero finalmente se impuso el sí, dado que las exenciones constituyen, a su modo, un recurso público dedicado a la Iglesia, aunque sea por lo que el Estado deja de ingresar. El documento de directrices técnicas de la fiscalización, adelantado por infoLibre, establece que el órgano público de control verificará "las exenciones tributarias y los beneficios fiscales" de la institución. De tal modo que serán sometidos a escrutinio –ya se verá con qué profundidad– los privilegios tributarios de la Iglesia, que disfruta en la práctica de una exención generalizada de impuestos.

Las exenciones son un terreno delicado para la Iglesia. Es un privilegio bajo cuestionamiento, aunque las amenazas provienen sobre todo de fuera de España. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia católica. Un ejemplo da idea del alcance de los beneficios tributarios de la Iglesia: la cobertura de la que disfruta le permite hacer negocio mediante alquileres sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y algo más elocuente aún: incluso el papa Francisco afirma que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa.

Las cifras de Europa Laica

Europa Laica cifra los beneficios que para la Iglesia suponen las exenciones fiscales en 2.000 millones al año, 700 de ellos de IBI. A juicio del economista Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y autor del contrainforme anual para destripar las cuentas de la Iglesia, se trata de una exención "indiscriminada" que se beneficia de la falta de control del Estado.

La Conferencia Episcopal (CEE) no opone un dato a este de los 2.000 millones, pero tampoco lo da por bueno. Para ofrecer un dato alternativo, claro, tendría en primer lugar que explicar cuál es su patrimonio, ahora desconocido y disperso en más de 40.000 entidades imposibles de rastrear. La memoria que anualmente presentan los obispos para justificar el uso dado a sus ingresos de dinero público vía casilla de la Iglesia no da la menor pista del patrimonio, no sólo de la Iglesia en sentido amplio –con sus hermandades, parroquias, ONG...–, sino tampoco de la Iglesia diocesana, la compuesta por los 70 obispados. Así que la opacidad es el primer obstáculo para dimensionar adecuadamente las exenciones.

Límites y propósitos

El margen del Tribunal de Cuentas para abordar las exenciones de la Iglesia es limitado, porque es imposible abarcar todos los bienes y actividades de una institución ramificada en más de 40.000 terminales y cuya gestión patrimonial está marcada por la falta de transparencia. El órgano de control ya completó a principios del año pasado un examen de las exenciones fiscales a la Iglesia en el que alertó de su descontrol y afirmó que suponían un monto “no cuantificable”.

Ahora el Tribunal de Cuentas realizará una “verificación” de las exenciones. En qué consistirá exactamente está por ver. Si se sitúan en línea con experiencias fiscalizadoras anteriores, las verificaciones deberían centrarse en la comprobación de que, en efecto, las ventajas fiscales se ajustan a la legalidad y responden a los propósitos iniciales para los que fueron concebidas, indican fuentes conocedoras de las dinámicas de auditoría de este organismo. Y aquí hay mucho que comprobar en el caso de la Iglesia católica, que se beneficia de exenciones que desbordan el propósito de protección del culto y la labor social.

De los concordatos a la democracia

La Iglesia se beneficia de un estatus fiscal privilegiado cuyo origen se pierde en el tiempo, dado su histórico entrañamiento con el poder político. No obstante, es posible seguir la estela de favores a través de sucesivos acuerdos Iglesia-Estado desde el siglo XVIII y, especialmente, a partir del Concordato de 1851. Durante el franquismo, el Concordato de 1953 sublimó la bula fiscal a la Iglesia. Sus actuales exenciones están ancladas en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1976-1979, concretamente en el pacto económico del 79, con rango de tratado internacional. Este acuerdo prevé beneficios fiscales para la Conferencia Episcopal, las diócesis, parroquias y órdenes y congregaciones. Para el resto de la Iglesia en sentido amplio, remite a la legislación general de entidades no lucrativas.

Las modificaciones a lo largo del periodo democrático del régimen fiscal en forma de órdenes ministeriales, reales decretos y disposiciones adicionales en las normas principales han sido "consultadas o notificadas previamente a la Conferencia Episcopal, tal y como prevé el protocolo adicional del mencionado acuerdo", explica el órgano de gobierno de la Iglesia en España. De modo que tiene lógica que la legislación general haya sido ventajosa para la Iglesia. Y lo ha sido por dos motivos: uno) ha ampliado a todas las entidades eclesiales las ventajas fiscales; dos) las ha extendido a otras confesiones y ONG, de forma que la Iglesia puede argumentar con mayor fundamento que no tiene privilegios.

Las leyes de fundaciones (1994), de mecenzago (2002) y de haciendas locales (2004) han ampliado y consolidado los privilegios fiscales de la Iglesia en España hasta mucho más allá de lo que lo hacían los acuerdos con la Santa Sede.

Impuesto de Sociedades

El recorrido por los impuestos afectados por exenciones es largo. Las instituciones de la Iglesia están formalmente obligadas a declarar por el Impuesto de Sociedades, aunque disfrutan de una exención general del mismo, que según el acuerdo con la Santa Sede no alcanzaba “a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital”. Estas limitaciones menguaron en 2002 con la ley de mecenazgo, que deja exentas las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario, los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres, entre otras.

La ley de mecenazgo establece como "explotaciones económicas exentas" las de carácter social –desde asistencia a la tercera edad hasta la cooperación al desarrollo–, pero en la letra pequeña libera también del pago de Sociedades a los alquileres... al mismo tiempo que libera del pago del IBI a los inmuebles con explotaciones exentas de pagar Sociedades. ¿Resultado? La Iglesia tiene alquilados a terceros parkings, tiendas, hoteles y viviendas por los que no paga IBI. Casos como este relativizan la afirmación de que la Iglesia no tiene privilegios. Es cierto que cualquier ONG puede beneficiarse de esta exención. Pero ninguna le saca tanto partido como la Iglesia, seguramente la mayor inmobiliaria privada de España.

Entradas a los templos

La institución religiosa se beneficia de un círculo vicioso –o virtuoso, según se mire–. Por un lado, las entidades acogidas a la ley de mecenazgo, como es el caso de la Iglesia y sus instituciones, disfrutan de exenciones de tributación del Impuesto de Sociedades cuando sus ingresos se destinan a los fines que dicha norma considera de interés social. El quid reside en que es la propia ley de mecenazgo la que reconoce a la Iglesia unos fines de interés general. Ni el Gobierno ni el Tribunal de Cuentas han fiscalizado todavía ni siquiera el uso que la Iglesia da al dinero recibido vía IRPF, menos aún el que percibe por las entradas a sus templos.

En el caso de las entradas a los templos, cuyo impacto económico no hacen público ni la Conferencia Episcopal ni numerosas diócesis, la Iglesia se beneficia se beneficia de un estatus fiscal propio de una ONG mientras realiza una fructífera actividad económica. En opinión de José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una entrada a un templo no debería considerarse nunca "un donativo" exento, como ahora se hace, ya que este no puede tener un precio fijo.

Sucesiones, Plusvalías, IBI...

La Iglesia también se beneficia de exenciones en el Impuesto de Sucesiones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el Impuesto de Actividades Económicas, en el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos –conocido como “impuesto de plusvalías– cuando surge por bienes exentos de IBI.

El IBI es el primer impuesto que se viene a la mente cuando se habla de exenciones de la Iglesia. Numerosos ayuntamientos han querido ponerle coto a la exención, intentando cobrar por los inmuebles con actividad económica lucrativa. Han tenido poco éxito. Los municipios que han decidido girar recibos a menudo pierden en los tribunales [ver aquí los principales casos].

El papa, en su famosa entrevista con Jordi Évole, afirmó que la exención estaba justificada en el caso de los inmuebles con uso religioso o social, si bien su indicación cayó en saco roto en la Iglesia española. Seguir la indicación papal dejaría fuera una enorme cantidad de inmuebles en los que actualmente la Iglesia y sus múltiples instituciones se libran del impuesto a la vez que realizan un aprovechamiento económico.

En el punto de mira de Europa

La exención del IBI a la Iglesia está en el punto de mira de las autoridades europeas. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de noviembre de 2018 obliga a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial por considerarla una ayuda de Estado [ver aquí la sentencia]. El fallo trata de evitar que una ventaja fiscal adultere la competencia en el mercado. En teoría, el fallo debería afectar a España, ya que la la resolución despliega eficacia erga omnes, es decir, concierne a todos los países de la UE. Si se aplicara aquí, habría donde hacerlo. La Iglesia alquila en España viviendas y locales usados por terceros como aparcamientos, tiendas, hoteles y otros negocios. Y sin pagar IBI.

Antes, en 2017, el Tribunal de Luxemburgo había dado un golpe a la bula fiscal de la Iglesia en España en un caso que arrancó en Getafe. Allí los Escolapios ampliaron en 2011 el salón de actos del colegio concertado La Inmaculada. El Ayuntamiento de Getafe le cobró 24.000 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La organización religiosa reclamó la devolución, argumentando que la exención está amparada por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979. El Gobierno local de Getafe se negó. El asunto acabó en manos del juzgado contencioso-administrativo 4 de Madrid, que elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo estableció que la exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico", señalaba el fallo. Si la actividad era económica o no era algo que debía determinar la justicia española. Y lo hizo en una sentencia de enero de 2018 dando la razón al ayuntamiento contra la Iglesia. El fallo no ha extendido sus efectos.

Blindaje en España

A diferencia del cuestionamiento en la Unión Europea –que de hecho ya forzó en 2006 el fin de la exención eclesial del IVA–, en España los privilegios fiscales de la Iglesia siguen blindados. Incluso subsiste, pese al criterio contrario del papa, la exención del IBI para inmuebles en los que se desarrolla actividad económica. La vicepresidenta Carmen Calvo (PSOE), tras su reunión con Pietro Parolin en el Vaticano hace un año, anunció un grupo de trabajo para buscar junto a las autoridades eclesiales la fórmula de que la Iglesia pagara el IBI por los inmuebles sin actividad religiosa, social o caritativa. El anuncio quedó en nada. Pedro Sánchez, que llegó a la secretaría general del PSOE prometiendo un ambicioso plan de revisión de los acuerdos con la Iglesia, ya no lleva este punto en su programa, no digamos la derogación de los acuerdos con la Santa Sede.

El único sobresalto significativo para la Iglesia en España ha venido del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en junio de 2017 obligó al Obispado de Mallorca a pagar el IBI impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. La diócesis no recurrió, evitando una sentencia del Supremo. Fue un logro parcial, en el que se impuso la tesis de que si hay aprovechamiento económico no puede haber exención. Esta interpretación del derecho no se ha extendido. Y tampoco afecta a los inmuebles que la Iglesia tiene alquilados.

El criterio favorable a la exención del IBI a la Iglesia se ha impuesto sistemáticamente en el Tribunal Supremo. En cuanto al Constitucional, en febrero de 2018 dictó una sentencia que también sonreía a la institución religiosa. En un fallo aprobado por unanimidad, el tribunal anuló una norma foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa de 2012 que pretendía obligar a las confesiones religiosas a pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Ahora le toca al Tribunal de Cuentas ponerle la lupa al régimen fiscal de la Iglesia, cuestionado por la justicia europea, excesivo incluso para el papa. Si nos atenemos a los antecedentes, raro será que la vieja institución de la cruz salga mal parada de un cruce con las autoridades españolas.

La delicada situación de liquidez de Banco Popular obligó a Deloitte a elaborar el informe sobre la valoración de la entidad que desembocó en su resolución en un periodo de tiempo "extremadamente corto", según expresa la propia auditora en dicho documento, que este viernes fue desvelado en parte por la Junta Única de Resolución, informa Europa Press.

En este texto, Deloitte explica que el trabajo "principal" del mismo se desarrolló a lo largo de doce días desde la fecha en la que tuvo acceso a la "información relevante", al mismo tiempo que señala que el tiempo necesario para "un proyecto de esta naturaleza" lleva "al menos seis semanas".

En consecuencia, la auditora y la institución comunitaria presidida por Elke König acordaron, el 28 de mayo de 2017, priorizar la revisión de la información disponible poniendo el foco "únicamente en los activos y pasivos clave en los que existe una incertidumbre considerable en su valoración".

Informe "provisional"

Por tanto, Deloitte señala que no tuvo acceso a "cierta información crítica" y advierte de que el informe cuenta con un "alto grado de incertidumbre" y es "provisional". La firma también explica que la mayoría de la información de la que disponía eran datos del 31 de marzo de 2017.

En este informe, la valoración del capital del banco resultó en un rango de 1.300 millones de euros en el escenario positivo, de -2.000 millones en el escenario central y de -8.200 millones en la peor de las situaciones.

La JUR desveló este viernes partes del informe de Deloitte, así como partes adicionales de la decisión de resolución, la carta del proceso de venta, la decisión de comercialización y el plan de resolución de Banco Popular de 2016.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó 1.443 contratos a empresas privadas por un importe de más de 700 millones de euros en 2016,según estima la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Madrid) en su informe Corrupción en la Sanidad en 2016, hecho público este martes. Pero eso no es todo. El organismo autonómico concedió también una serie de contratos menores, concretamente 485.119, por un importe de 698 millones.

La similitud de ambas cifras, según explicaron los autores del informe, da indicios sobre posibles "ilegalidades" y "fraudes" de la Sanidad madrileña a través de procedimientos como la fragmentación de contratos para, por ejemplo, la compra de materiales sanitarios. Además, el elevado gasto en este tipo de acuerdos son una puerta abierta "a la mala gestión de los recursos" públicos, según denunciaron.

Según la organización ciudadana, el sobrecoste debido a posibles prácticas corruptas llevadas a cabo en la Sanidad pública madrileña podría oscilar entre 140 y 350 millones de euros. Este dato se extrae después de que la organización analizara un informe elaborado por la Comisión Europea en el año 2013 y aplicara sus principales conclusiones al caso de la Sanidad autonómica. Según la institución europea, entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública para la provisión de materiales sanitarios se perdía en prácticas corruptas.

Siete veces más deuda pública desde el año 2000

El informe, por otro lado, vincula las prácticas de corrupción –tipificadas según una categoría elaborada por la Comisión Europea y por otra extraída de un informe de Transparency International de Reino Unido– al crecimiento de la deuda pública de la Comunidad de Madrid.

A partir de datos extraídos del Banco de España, Audita Madrid explica que la deuda de la Comunidad ha pasado de cuatro millones en el año 2000 a superar los 30 millones en 2016 como consecuencia, entre otras causas, de la corrupción existente en este servicio público. Las previsiones, por otro lado, no son muy esperanzadoras. Durante el segundo trimestre de este año 2017, la deuda de las administraciones públicas españolas batieron un nuevo récord y alcanzaron los 1,13 billones de euros, el 100% del Producto Interior Bruto (PIB). 

No obstante, según detallan los autores del estudio, existen más consecuencias derivadas de la corrupción en el sistema sanitario. Por ejemplo, la calidad del sistema público sufre un deterioro generalizado, al igual que las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, disminuyendo sus motivaciones e influyendo, asimismo, en la calidad del sistema.

En este sentido, el Observatorio Madrileño de Salud elaboró, el pasado mes de mayo, un informe sobre los diez años de privatización de la gestión de varios hospitales de la Comunidad durante el Gobierno conservador de Esperanza Aguirre. Según concluyó el estudio, este proceso solo provocó el deterioro de los hospitales convencionales, redujo las camas de los centros y aumentó el número de sobrecostes. 

La cadena de moda Blanco entró en liquidación el pasado mes de diciembre. Tres meses más tarde ha despedido a toda su plantilla, 800 trabajadores, y cerrado todas sus tiendas, 89 propias en España y siete franquiciadas, dos de ellas en el extranjero –Malta y Moldavia–. La marca que competía con Inditex por el mismo cliente, y hasta por los mismos locales en las mejores calles, desaparece 57 años después de que abriera en Bilbao su primera tienda Bernardo Blanco Solana. Su hijo, Bernardo Blanco Moreno, no consiguió sacar adelante la herencia. Tras una rápida expansión, que multiplicó las tiendas hasta superar las 200, se sucedieron las pérdidas y los despidos colectivos. La entrada de capital saudí en 2014, a través del grupo Alkohair, insufló aire sólo por un instante. En 2016 Blanco perdió 72,5 millones de euros, triplicando los números rojos del año anteriornúmeros rojos.

La cifra es el resultado del desplome de las ventas. El ejercicio pasado Blanco facturó sólo 40 millones de euros, casi tres veces menos que en 2015, cuando el volumen de negocio alcanzó los 105,2 millones. El informe del administrador concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, intenta explicar las causas que han llevado a la empresa a la liquidación y lo hace asumiendo las aducidas por la propia empresa en la memoria que aportó al procedimiento.

Así, los actuales responsables de Global Leiva –la empresa dueña de Blanco– culpan a sus antecesores de llevar a cabo una gestión deficiente. En concreto, acusan al británico Stephen Craig, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de desarrollar “actividades atípicas” y tomar “decisiones perjudiciales y caras” para la empresa. El informe del administrador concursal apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

De hecho, Craig, que fue contratado en junio de 2015, no duró ni un año en Blanco y fue despedido en mayo de 2016. Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Como publicó este periódico, el británico contrató a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto.

La empresa también culpa a Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por terceros. En concreto, por un proveedor chino, Li & Fung, la mayor empresa del mundo dedicada al diseño de moda y su logística, que le suministraba el 70% de sus prendas, según la memoria concursal. Blanco reprocha al gigante chino que le entregara mercancía de calidad inferior a la prometida y siempre con retraso, lo que tuvo “consecuencias devastadoras” para su modelo de fast fashion –fabricar prendas y ponerlas rápidamente en el escaparate–. Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran a infoLibre que los problemas con Li & Fung se derivaron de la falta de pago por parte de Global Leiva.

Igualmente el informe señala al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes, sin precisar más.

Endeudada con su propio dueño

Otro factor apuntado por Global Leiva para explicar sus pésimos resultados es la pérdida de puntos de venta. Blanco no poseía ningún local en propiedad, todos estaban alquilados. Era Bernardo Blanco hijo, a través de su sociedad Inversiones Blasol, la propietaria de las mejores tiendas de la marca –en la calle de Goya en Madrid, y de Pelayo en Barcelona–. Inversiones Blasol entró en concurso de acreedores en febrero de 2015. Tras ser despedido el pasado septiembre, Blanco Moreno demandó a Global Leiva y ganó. Su exempresa les pagó 1,4 millones de euros a él y su esposa, Teresa Pérez, 475.000 euros más de los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles a ambos por su despido improcedente. Según consta en el informe concursal, los locales de las calles de Goya y Pelayo han sido vendidos e Inversiones Blasol, excluidos de la lista de acreedores.

Como consecuencia de estos factores –además de la crisis económica, que hundió el consumo; de la imposibilidad de competir con los “gigantes” del sector, e incluso la devaluación del euro respecto al dólar–, Global Leiva carecía de liquidez y de capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago. “En ninguno de los ejercicios [desde 2013] ha tenido rentabilidad alguna sobre las ventas”, concluye el administrador concursal.

De hecho, Global Leiva tuvo que recurrir a su propietario saudí, Alhokair, para obtener financiación. Éste, a través de la sociedad Far East Fashion Trading Limited le otorgó dos préstamos participativos, el primero por 12 millones de euros y el segundo por 33 millones. Otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancías. Pero esas inyecciones no consiguieron devolverle la salud a Blanco.

Los informes de Ernst & Young

Lo explican los auditores de Ernst & Young. En su informe sobre el ejercicio de 2014 dejan claro que Global Leiva se encuentra en causa de disolución, porque sus pérdidas, 7,4 millones de euros, han reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social. No deja de llamar la atención que el capital social de Global Leiva, una empresa que llegó a superar el millar de empleados y los 100 millones de facturación, es sólo de 3.600 euros.

En 2015, Ernst & Young insiste en que la empresa se halla en causa de disolución e incluye una salvedad: los auditores dicen carecer de pruebas “suficientes y adecuadas” que les permitan fiarse del plan de negocio a cinco años presentado por Global Leiva. Sobre ese plan, los gestores de Blanco basaban sus expectativas de crecimiento y de beneficios fiscales.

En agosto de 2016 Alkohair vende Global Leiva a un fondo dubaití, AC Modus. Según se anunció públicamente, por 83 millones de euros. En realidad, por sólo 1,19 millones, de acuerdo con los argumentos en que la Plataforma de Trabajadores de Blancos basan su querella criminal por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra los gestores de Global Leiva: los británicos Gerry Waters y Simon Marshall, el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud y el portugués Nuno Abel Ribeiro Ferreira. Según denuncian, Alhokair usó Global Leiva como sociedad instrumental para quedarse con la marca, lo único que tiene valor, tras descapitalizar la cadena de tiendas. El grupo saudí, añaden, sigue siendo el dueño real de Blanco. El caso es que uno de los consejeros de AC Modus es el presidente del grupo de Riad, Fawaz Abdulaziz Alhokair. Y el fondo solicitó el concurso de acreedores para Global Leiva sólo tres meses después de adquirirla. El principal acreedor de Blanco es de nuevo Alhokair, tanto por los préstamos que le concedió como por las mercancías que le suministró.

Deudas con la Seguridad Social, Hacienda y la plantilla

Además, debe 3,4 millones de euros a la Seguridad Social, 889.000 euros a la Agencia Tributaria y el impuesto de actividades económicas a 80 ayuntamientos de toda España. Es más, debe afrontar las demandas que le han presentado en los juzgados de lo Social 76 trabajadores, que le reclaman salarios impagados.

Los 800 empleados que fueron despedidos el pasado mes de febrero no han cobrado aún ni la nómina de ese mes ni la liquidación. Pese a que, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Global Leiva mantiene 2,42 millones de euros en dos cuentas del BBVA. No fue hasta este mismo martes cuando el administrador concursal ha comunicado a la plantilla que les abonará “en los próximos días” esa última nómina y los finiquitos, pero con los límites establecidos por la Ley Concursal –el doble del salario mínimo en caso de los salarios–. El resto deberán reclamarlo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

La querella no es la única acción legal que han emprendido los trabajadores. También han actuado contra el juez y el administrador concursal. Contra el primero, el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano Martínez, por aceptar el concurso en su jurisdicción, pese a que el domicilio social de Global Leiva se encuentra en Alcorcón (Madrid), y contra el segundo, Antonio Muñoz Perea, porque en concursos anteriores en ese mismo juzgado trabajó con el abogado de Blanco, Santiago Hurtado Iglesias, de la firma Deloitte. Este jueves los trabajadores protestarán ante la sede del juzgado en Toledo.

Finalmente, Blanco tampoco cumplía en tiempo y forma con Operpicking, la empresa que gestionaba su almacén de Parla (Madrid). El informe cifra en 827.629 euros la deuda con esta firma logística, que también presentó concurso de acreedores el pasado diciembre. El administrador concursal relata en su informe que Operpicking impidió a Global Leiva acceder a la nave para retirar mercancía. Ni siquiera lo consiguió con la ayuda del juzgado, por lo que ha demandado a la logística.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dictado una Orden por la que declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para 2017 y autoriza al organismo a recabar la ayuda de empresas privadas de auditoría para realizar esta tarea.

En concreto, en la Orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que la Intervención General de la Seguridad Social, como en años anteriores, "carece de efectivos suficientes" para hacer frente, en el plazo previsto, a alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías que ha elaborado para 2017 la Intervención General de la Administración del Estado.

Por este motivo, y amparándose en razones "de eficiencia técnica y organizativa" para cumplir con los objetivos de ejecución de dicho plan y, sobre todo, en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa, Empleo justifica la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control, dado que la Intervención de la Seguridad Social no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales.

La Ley General Presupuestaria establece la obligación de realizar anualmente la auditoría de las cuentas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entre otras entidades del sector público estatal, tarea de la que se encarga la Intervención General de la Seguridad Social.

En caso de que exista insuficiencia de medios, la Ley General de la Seguridad Social permite recabar la colaboración de empresas privadas para ejecutar el plan de auditorías, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Empleo para ello cuando la financiación de dicha colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho departamento.

En la Orden publicada este viernes, en vigor a partir de mañana, Empleo autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, "dentro de sus disponibilidades presupuestarias", a recabar la colaboración de empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de las mutuas.

Asimismo, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año "debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente".

El informe de la Intervención General del Estado (IGAE) reprocha al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que no utilice la contabilidad como sistema de control. Y no lo hace porque el organismo carece de registros o bases de datos auxiliares de contratación, facturación o tesorería, por ejemplo. Si aprovechara sus funciones de control, explica la IGAE, podría supervisar los bienes y derechos que adquiere.

“Desconocemos (da la impresión que también el FROB) los iPads, ordenadores personales y teléfonos móviles que se han ido adquiriendo y dónde están ubicados o, dada su portabilidad, quién los utiliza”, advierten los interventores. Unas páginas antes, no dudan en destacar la “nada desdeñable dotación de portátiles, iPhones y iPads suministrados a directivosiPhones y iPads y otro personal” del organismo. Lo mencionan para contrastar esa abundancia de dispositivos con los problemas que adujeron los responsables del FROB para impedir el acceso de los interventores a la red del organismo a través de sus propios ordenadores. Los funcionarios de la IGAE solicitaron entonces un portátil, que tardó en serles proporcionado, indica el informe: tuvieron que esperar a que quedara “liberado” de otras unidades del FROB. “Esta Intervención”, continúa, “únicamente ha solicitado a la entidad papel y pequeño material de oficina”.

Lo cierto es que los funcionarios de la IGAE se quejan varias veces a lo largo del informe de la falta de medios materiales que padecieron para hacer su trabajo en el FROB. También de dónde los ubicaron en la sede del organismo y del poco espacio que les proporcionaron.

En sus alegaciones, el organismo del que entonces era presidente no ejecutivo Fernando Restoy cifra en 8.900 euros el gasto en iPhones y iPads realizado en 2011 y 2012. Por entonces la plantilla del FROB sólo la componían 11 personas. No precisa cuánto pagaron en portátiles. Pero sí dice que no se trata de “un importe significativo teniendo en cuenta el principio de importancia relativa”. Porque el FROB compara esa cifra con el ingente volumen de activos que gestiona, que ascendía a 9.572,35 millones de euros en 2011 y 29.483,3 millones en 2012. Por tanto, considera que el gasto en móviles y tabletas supone “un porcentaje irrelevante”.

Los interventores le responden que el principio de importancia relativa al que alude “no implica que puedan dejar de registrarse operaciones económicas aunque sean de pequeño importe”. Ni avala que puedan “descontrolarse activos de la entidad porque su importe no sea significativo”.

“Aún más preocupantes los defectos de control”

Es más, el FROB aduce que el importe de los iPads y iPhones comprados queda lejos de los “umbrales de materialidad” calculados por el auditor externo –Grant Thornton–. Ese umbral es la cifra a partir de la cual un error se considera significativo en auditoría.

Los interventores desechan el argumento que, a su juicio, hace aún “más preocupantes” los “defectos de control interno” del FROB. De él “puede desprenderse que a la dirección del fondo no le preocupa que, mientras no se llegue a los umbrales de materialidad de 284 millones de euros como efecto neto global de los ajustes individuales y a 28 millones de euros por los ajustes individuales [los umbrales definidos por el auditor externo], se pueda dejar de registrar y controlar los activos, pasivos, ingresos y gastos de la entidad”.