Los habitantes de Moras, una pequeña aldea del Levante almeriense, hablan a menudo del pasado. Exuberantes valles verdes con charcas y estanques, abundancia de vida salvaje y parcelas con fértiles huertos, donde los aldeanos cultivaban hortalizas y criaban ganado. “Había una laguna con una playita de arena”, cuenta Juani Marín, de 56 años, que lleva toda la vida en Moras. “Me bañaba allí cuando era joven. Desapareció”.

“Esto era un paraíso”, recuerda Juan José Martínez, de 72 años, tío de Juani y exalcalde de Moras [falleció el pasado diciembre, poco antes de publicarse este reportaje]. “Ahora todo se ha secado”.

La fuente del antiguo esplendor de Moras era su qanat, un túnel oscuro de metro y medio de alto y dos de ancho que se alarga muy por debajo de la ladera rocosa. Excavado a mano durante la dominación árabe de Andalucía, hace más de 500 años, este acueducto subterráneo llevó agua al pueblo de Moras durante siglos. Al final del qanat, tras 187 metros de lodo fangoso y colonias de murciélagos dormidos, aparece un pequeño charco de agua estancada. Es lo que queda del antiguo manantial alimentado por la inmensa reserva subterráneo del acuífero de Sorbas.

El marido de Juani, Luis Braut, de 54 años, empleado del servicio de agua municipal, señala con un gesto cuánto ha bajado el nivel con el paso del tiempo. Donde antes brotaba de la tierra, ahora parece aletargada, una reliquia del pasado. Hoy muchas de las casas del pueblo están vacías y sus huertos secos o abandonados. Moras, donde vivían unos 60 habitantes, apenas cuenta ahora con una docena, la mayoría ancianos.

Quienes se han quedado sufren el calor extremo y la falta de agua, lo que provoca conflictos entre vecinos. Desde hace unos años, alguien del pueblo sabotea el canal de riego, cortando la poca agua que hay. “Si riegas un huerto, no puedes regar el otro”, explica Juani. “Ahí es donde surgen los problemas”.

El culpable, dicen, es el último pequeño agricultor del pueblo, Andrés Máñez. Máñez, que dice tener unos 90 años pero no puede asegurarlo, guarda silencio sobre las acusaciones que pesan sobre él. “Aquí el agua es una miseria”, se queja, “hay muchas disputas porque tú quieres regar, yo quiero regar. Y no hay agua suficiente para todos”.

Hasta finales del verano sólo había llovido una vez en Moras, en junio. El agua potable se suministra semanalmente desde un pueblo cercano. Y no es el único caso. Las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur sufren la sequía más duradera desde 1961, que comenzó en la primavera de 2016, según el CSIC.

Pero el problema se extiende a toda la Península: el año hidrológico 2022-2023 fue el sexto más seco en lo que va de siglo, porque llovió un 12% menos de lo normal, y el anterior cerró como el tercero más seco desde que hay registros. Es más, el Ministerio de Transición Ecológica tiene catalogado el 19% de la superficie peninsular en situación de sequía prolongada y el 34% en situación de emergencia o alerta por escasez coyuntural de agua.

Los embalses están al límite no sólo en la cuenca del Guadalquivir –al 19,3% de su capacidad–, Segura –18,9%–, cuencas mediterráneas andaluzas –18,8%– y Guadalete-Barbate –14,5%–, sino también en Cataluña, que sufre la peor sequía de su historia y cuyos embalses languidecen con sólo un 16,8% de agua. Muchos municipios catalanes se abastecen con camiones cisterna, ya se han implantado restricciones al consumo e incluso se estudia el transporte de agua en barcos.

La disputa por un recurso tan fundamental ha provocado protestas de los agricultores y hasta pequeños conflictos diplomáticos internacionales. El agua incluso ocupó un lugar destacado en las campañas electorales andaluza y nacional, con el PP y Vox intensificando su cortejo de los intereses agrícolas en lugares como Almería.

Políticamente, Moras es diverso: algunos votan a la extrema derecha de Vox, otros al Partido Popular y muchos, como Juan José, son del PSOE. Pero la ideología no importa. Aquí, el agua es la verdadera política. Y los vecinos están de acuerdo en señalar qué, y quién, tienen la culpa de la miseria de Moras: las aceitunas y la pujante industria agrícola exportadora española.

Moras está situada en el límite de la comarca almeriense de Sorbas, cerca del desierto de Tabernas. A lo largo de kilómetros en todas direcciones se alzan millones de olivos, todos plantados ordenadamente en hileras. Según un estudio de 2018 de la Universidad de Almería, la industria olivarera de Sorbas-Tabernas se ha “expandido extraordinariamente” en los últimos 20 años, pasando de decenas de miles de árboles a más de 6,6 millones, la mayoría concentrados en una zona de 5.000 hectáreas. El incentivo económico del olivar almeriense ha creado un denso monocultivo que depende de un recurso escaso, el agua.

Las explotaciones agrícolas están consumiendo agua de Sorbas a un ritmo insostenible de hasta 20.000 millones de litros anuales, cuatro veces más de lo que el acuífero puede regenerar de forma natural mediante las precipitaciones, lo que ha provocado una crisis en la zona. El caudal de Los Molinos del Río Aguas, principal salida del acuífero de Sorbas, es ahora peligrosamente bajo. Según el estudio de la Universidad de Almería, ha descendido de 40 litros por segundo hace 20 años a sólo siete. Activistas y científicos afirman que los olivares son una amenaza importante para la biodiversidad que conducirá de forma irreversible a la desertificación.

La agricultura almeriense ha convertido a España en el mayor productor y exportador de frutas y hortalizas de la UE, y el cuarto a escala mundial. Alemania, Francia y el Reino Unido son sus mayores clientes. Los invernaderos de plástico dominan el litoral y rodean ciudades enteras. Más de 30.000 empresas agrícolas trabajan en casi 50.000 hectáreas, generando hasta 3,5 millones de toneladas de productos por valor de más de 1.500 millones de euros. Suponen más de la mitad de todo el sector agrícola andaluz.

Pero esta prosperidad ha tenido un coste. Los periodistas que firman este reportaje visitaron Almería en varias ocasiones el año pasado y entrevistaron a decenas de científicos, agricultores, activistas y políticos. El resultado es una imagen incómoda –a veces de negación absoluta– de una historia de éxito económico basada en la explotación medioambiental.

El abuso crónico de la mano de obra inmigrante norteafricana ha creado una desigualdad rampante y problemas sociales, incluidos barrios de chabolas. Décadas de pesticidas y fertilizantes han envenenado el suelo y convertido en no potable gran parte del suministro de agua. Los invernaderos de plástico generan cada año 33.000 toneladas de residuos, gran parte de los cuales se eliminan ilegalmente y se transforman en microplásticos, que contaminan la tierra.

Pero la amenaza más importante es la sobreexplotación de los acuíferos. Y ahí la ciencia es unánime. La voracidad hídrica de Almería ha conducido al saqueo de las aguas subterráneas a un ritmo muchas veces superior al de su reposición. Cada año los niveles descienden peligrosamente. El aumento de la salinidad del Mediterráneo ha hecho que gran parte del agua que queda no sea potable ni apta para el riego. La desertificación ya ha comenzado.

Ya en 1985 el Consejo Nacional del Agua advirtió del mal estado de los acuíferos. En 2004, las autoridades declararon oficialmente que el acuífero de Níjar había alcanzado su “nivel de sobreexplotación”. Un estudio de la Universidad de Almería calculó en 2014 que, si no se tomaban medidas drásticas, podría agotarse en 10 o 15 años. Diagnósticos parecidos comparten los siete mayores acuíferos de Almería. Lo resume un activista local: “Un buen día, el agua se acabará”.

Las consecuencias de un acontecimiento así serán devastadoras, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico. La quiebra de pequeñas y grandes explotaciones agrícolas no sólo podría dejar en el paro a millones de trabajadores agrícolas, sino también impactar en los sectores auxiliares, desde el transporte y la logística o la construcción hasta la hostelería, el comercio minorista e incluso la banca. Además, Europa perdería un importante suministrador de alimentos.

A pesar de 30 años de advertencias, los sucesivos gobiernos españoles y andaluces, tanto de izquierdas como de derechas, han incumplido los objetivos fijados para evitar el colapso o revertir los daños. Desde 1998 Níjar y Campo de Dalías, los dos acuíferos costeros, cuentan con la declaración de “zonas vulnerables a los nitratos” debido al uso excesivo de fertilizantes químicos.

En 2021, tras las denuncias de activistas y de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE declaró al Gobierno español culpable de no proteger las aguas subterráneas de los agricultores del Parque Nacional de Doñana, un caso que se convirtió en causa célebre para la derecha durante las elecciones del pasado 23 de julio. De hecho, la presión de Bruselas sobre el robo de agua en Doñana, el mayor humedal de Europa, permitió que el 27 de noviembre se cerrase un pacto político entre el Gobierno central y el andaluz, donde se acordó indemnizar –sobradamente– a los agricultores a cambio de transformar sus tierras en zonas silvestres, una fórmula para acabar con las extracciones de agua subterránea sin enfadar al sector primario, que tiene una fuerte influencia política en la zona. Recibirán 70.000 euros por hectárea, hasta un total de 1.400 millones.

Pero, mientras que el agua de Doñana saltó a los titulares internacionales, la crisis de la vecina Almería aún no ha atraído la misma atención.

“Siempre que los activistas intentan denunciar a empresas y actores por robo u otras infracciones”, se queja Pepe Rivera, del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la primera ONG medioambiental de Almería, “les llaman antialmerienses. Están en contra del milagro de Almería”.

En 2016 y 2017, el GEM, junto con otros activistas y científicos, presentó denuncias penales contra dos de las mayores empresas olivareras de Sorbas-Tabernas, cerca del pueblo de Moras. Documentaron pruebas de que Castillo de Tabernas y Gespater habían robado miles de millones de litros de agua para sus plantaciones de olivos. La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía siguió ambos casos, que tuvieron distinto resultado: un tribunal declaró culpable a Castillo de Tabernas y le impuso una multa de 500.000 euros, pero un juez archivó el caso de Gespater.

Pepe Rivera dice que estos casos tienen un efecto mixto. “Una vez que se descubre a una empresa, simplemente sigue robando el agua porque piensa: ‘Bueno, me han pillado. Mejor sigo”, lamenta. “Aunque te pongan una multa de un millón de euros, sigue siendo bastante menos que los beneficios que obtendrás”, resume.

Según cuenta el ecologista, es casi imposible cerrar el grifo, incluso en los casos de agua robada. La lenta muerte del acuífero de Sorbas tiene su reflejo en toda Almería, una provincia famosa por su apuesta decidida por la agricultura, la “huerta de Europa”.

Surgió a finales de los años 50, cuando el régimen franquista descubrió inmensos lagos subterráneos de agua dulce bajo el Campo de Dalías, una extensión de 300 kilómetros cuadrados de matorral costero. Fue un milagro. Almería tenía entonces, y sigue teniendo ahora, el clima más seco de toda Europa, y es donde se encuentra el desierto de Tabernas.

Tan famosos son sus valles y mesetas que han servido de escenario a innumerables películas de Hollywood ambientadas en el desierto, desde Lawrence de Arabia hasta Cleopatra, así como a numerosos spaghetti westerns. Más recientemente, series de televisión como Juego de Tronos han aprovechado sus paisajes para plasmar aridez y desolación.

La belleza del paisaje yermo también era una maldición en el mundo real. Durante generaciones, Almería fue tierra de campesinos y pequeños agricultores, que se contaban entre los ciudadanos más pobres de España. Las escasas precipitaciones y un suelo arenoso e infértil les impedían cultivar otra cosa que no fuera el escaso rendimiento del secano.

Pero esa penuria estaba a punto de cambiar de forma drástica. Como parte de las reformas hidrológicas franquistas, el Gobierno concedió a la población local parcelas de dos hectáreas para el cultivo. Y se otorgaron miles de concesiones de agua alrededor de El Ejido, la principal localidad del Campo de Dalías, pero los agricultores apenas las necesitaban. La perforación de pozos ilegales en el acuífero era barata, fácil y estaba poco vigilada.

El agua se convirtió también en el eje de la campaña franquista para pacificar feudos tradicionalmente republicanos y, como escribió la geóloga Elena López Gunn en su estudio de 2009 Agua para todos, pretendía “unificar bajo una bandera común a sectores poderosos clave” como “los grandes intereses agrícolas, las élites tecnocráticas, los movimientos fascistas, el ejército y la Iglesia”.

Durante la década siguiente, se explotaron nuevos acuíferos en toda Almería durante lo que se conoce como un “periodo de colonización” de perforaciones. El agua transformó a innumerables familias pobres en familias agrícolas autosuficientes. Pero fue otro descubrimiento, esta vez accidental, el que cambió por completo la suerte de la comarca.

“Para proteger los cultivos del sol y los vientos del desierto, los agricultores los cubrieron con invernaderos de plástico”, explica Manolo Pérez Sola, profesor jubilado y activista de Acuíferos Vivos, una plataforma en defensa del agua nacida en 2005. “La nueva técnica ayudó a las granjas a diversificar mucho sus cultivos y aumentó el rendimiento en dos o tres cosechas al año”.

Por primera vez, muchos almerienses pudieron vivir de la tierra y vender sus productos en los mercados locales, continúa Pérez Sola. También surgieron pueblos alrededor de esas nuevas comunidades agrícolas. Se construyeron carreteras, escuelas e iglesias y se crearon cooperativas, que controlaban la calidad y la distribución de los productos y organizaban la mano de obra, agrupando sus cosechas para la venta y repartiéndose los beneficios.

En la década de los 80, este modelo de empresa propiedad de los trabajadores dio paso al capitalismo puro, a medida que la agroindustria se percató del potencial económico de Almería. Pérez Sola afirma que este nuevo sistema “producía más cosechas, por lo que [los agricultores] tenían más que vender”. Así comenzó la exportación a Europa.

Además, la adhesión de España a la Unión Europea en 1986 aceleró el auge de los invernaderos, gracias a las subvenciones y a la apertura de nuevos mercados. Almería se convirtió en el escenario de una especie de fiebre del oro agrícola: la agricultura intensiva pasó de 500 hectáreas a 20.000 en sólo una década.

Pepe Rivera recuerda que, en esta época, a finales de los 80 y principios de los 90, apenas había “carreteras plenamente funcionales, pero sí tiendas de Gucci y Louis Vuitton en las calles”. En cientos de kilómetros cuadrados alrededor de El Ejido y Níjar, una distópica extensión de invernaderos de plástico crecía hasta donde alcanzaba la vista. El milagro de Almería había comenzado.

Cuando en 2019 murió el niño de dos años Julen Roselló tras caer 100 metros en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), el impacto en la opinión pública condujo a una breve persecución oficial de los agricultores que robaban agua. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente cifró en más de 500.000 los pozos ilegales que había en España. Los activistas calculan que el número era probablemente el doble, también hoy en día. Casi dos décadas después de ese recuento, sigue sin haber nuevos datos fiables.

José María Calaforra, catedrático de Biología y Geología de la Universidad de Almería que ha estudiado a fondo los acuíferos almerienses, asegura que los pozos ilegales no son el verdadero problema. “Es absurdo que el lugar donde menos agua tenemos sea el mayor exportador de agua de Europa”, protesta. Este preciado recurso sale de Almería “en pimientos, pepinos, tomates, sandías, melones”, añade Calaforra. Porque para cultivar, por ejemplo, una sola sandía se necesitan cientos de litros de agua.

Almería tiene la pluviosidad más baja de Europa. No hay ríos y las aguas superficiales son escasas. Así que el agua subterránea es esencial para los cultivos: más del 85% de ella se destina a la agricultura que, gracias a los avances tecnológicos, se ha convertido en experta en aprovechar al máximo cada gota mediante el riego por goteo y otros sistemas de conservación de agua. Pero toda la frugalidad del mundo no puede compensar el gran número de empresas que tienen concesiones de agua en la zona.

“Desde los años 80”, dice Calaforra, “las autoridades han dado más agua [a los agricultores] de la que realmente tenemos como recurso”. En algunos lugares de Almería, los permisos de agua concedidos desde la promulgación de la Ley de Aguas de 1980 cuadruplican el agua real existente.

Además, la sobreexplotación tiene un efecto secundario: la sal. En condiciones naturales, el agua subterránea fluye hacia el Mediterráneo, creando una barrera de agua dulce contra el agua salada del mar. Pero con los acuíferos agotados y el agua dulce desviada a los cultivos, este muro protector natural se está erosionando y el Mediterráneo invade aún más la tierra. El resultado es un aumento de los niveles de salinidad, que hace que el agua no sea potable y resulte venenosa para la mayoría de los cultivos.

“Siempre se ha pensado que el agua subterránea es infinita”, critica Calaforra. “No se ve… Como no se puede ver el arroyo, se piensa que es infinito. Es un problema mental, psicológico”. A su juicio, la solución es desarrollar en su totalidad el programa Agua, elaborado por el Gobierno del PSOE en 2004 y aprobado por el Congreso en 2006. Él lo califica de “fantástico”. Da prioridad al uso de los acuíferos como recurso estratégico, permitiendo su recuperación, y promueve en cambio la construcción de plantas desalinizadoras para el agua del Mediterráneo. El programa Agua, sin embargo, “ni se cumple ni se respeta”, lamenta.

Si científicos como José María Calaforra coinciden en que España dispone desde hace dos décadas de un plan adecuado para salvar de la ruina a los acuíferos españoles, ¿cuál es el problema?

La política.

“El agua se ha convertido en una guerra de posiciones ideológica”, admite Juan Francisco Rojas Fernández, concejal y portavoz de Vox en Almería. Es un conflicto en el que la ultraderecha se ha mostrado cada vez más dispuesta a participar en los últimos años, proponiendo incluso la amnistía para los freseros ilegales de Doñana cuando el pasado verano una campaña ciudadana en Alemania instó a los supermercados de ese país a no comprar más frutos rojos de Huelva porque se cultivan con agua bombeada de forma ilegal.

Rojas Fernández admite de buena gana que los “acuíferos de Almería están sobreexplotados”, pero los agricultores, justifica, también son los responsables de “convertir este desierto en un vergel”. El problema del agua, continúa, “debe resolverse de forma que la principal actividad económica de Almería pueda continuar”.

Es difícil encontrar a algún político dispuesto a criticar una cultura agrícola que está llevando a Almería al borde del colapso. En su lugar, los debates se desplazan a un terreno ideológico más seguro que trae ecos de décadas atrás, de la época de Franco. Así, Vox exige un “plan hidrológico nacional” que una a España mediante “trasvases de agua entre cuencas”, detalla el concejal Rojas Fernández. Es decir, coger agua de una zona de España y regalársela a otra. Así “se unirá” el país “igual que hizo Estados Unidos con el ferrocarril”, añade.

La política de trasvases siempre ha sido polémica en España. En 2001, el plan del PP para trasvasar 450.000 millones de litros de agua anuales del río Ebro a las zonas agrícolas de Valencia, Murcia y Almería provocó protestas en todo el país. Más de 400.000 personas se manifestaron en Madrid y otras 250.000 en Zaragoza. El clamor llegó incluso a Bruselas en rechazo al papel de la UE como financiadora.

Aún hoy la resistencia es feroz. De hecho, el proyecto de trasvase Ebro-Almería nunca se llevó a cabo, aunque sí ha habido trasvases del Tajo a Almería durante más de 40 años. El PSOE, que había hecho campaña en contra, llegó al poder en 2004 y echó por tierra los planes del PP. Lo que rara vez se menciona es que el propio PP había heredado el trasvase de los socialistas.

Antonio Martínez, senador del PSOE por Almería, elogia a los agricultores por superar su “situación climática y geográfica”. Califica los invernaderos de “buque insignia de la provincia” y dice que la falta de agua es un problema de décadas causado por el cambio climático y cuestiones estructurales que no son exclusivas de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “apuesta” por el agua reciclada, apunta el senador socialista. “Es decir, agua procedente principalmente de la desalación”, explica Martínez, extrayendo agua del Mediterráneo y quitándole la sal. En otras palabras, el plan Agua.

Los agricultores están especialmente enfadados por las propuestas de recortar su acceso a bajo coste a los acuíferos, lo que les obligará a pagar por el agua desalada, que es muy cara. Incluso con las cuantiosas subvenciones estatales, Almería paga la tarifa más alta del país, en torno a un euro por litro cúbico. Y, desde la invasión rusa de Ucrania, el coste de la electricidad necesaria para alimentar las plantas ha subido mucho, al igual que la propia agua desalada.

El concejal de Vox tacha a las desaladoras de caras, contaminantes y sólo abrazadas por otros partidos por “ecologismo ideológico ignorante”, al tiempo que ignora informes recientes que demuestran que las zonas propuestas para los trasvases, como el Ebro, también sufren hoy una “sequía extrema”.

“El problema del agua desalada”, advierte el ecologista Pepe Rivera, “es que es cara. Y por eso [los agricultores] prefieren agua más barata, que es la de los pozos o la de los trasvases, legales e ilegales”. Y añade: “Si la superficie de regadío [en Almería] sigue creciendo, todo el plan [Agua] será inútil”.

La crisis del agua del verano pasado llevó al Gobierno español a aprobar un plan de emergencia de 2.200 millones de euros para salvar el sector agrícola, el 64% de los cuales –1.400 millones– se destinarán a plantas desalinizadoras, instalaciones para duplicar la reutilización de aguas urbanas y a reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. El anuncio coincidió con la petición a la UE de fondos de emergencia de la Política Agrícola Común para ayudar a los agricultores a recuperarse de la sequía y las temperaturas récord.

El plan Agua de 2004 prometía miles de millones para desaladoras, incluidas cinco en Almería, frente a las dos existentes. Veinte años después, estas plantas no se han construido. El último informe de la Directiva Marco del Agua de la UE sobre el estado del agua en España concluye que el país ha fracasado en casi todas las categorías. Sus acuíferos están empeorando en vez de mejorar. Aun así, la superficie agrícola sigue creciendo.

En lugares como Moras, el paisaje está cambiando una vez más. Los olivos silvestres suelen vivir siglos. El más antiguo del mundo se encuentra en Creta, se le calcula una edad de 4.000 años. Pero los olivos de Sorbas-Tabernas, a las afueras de Moras, no durarán tanto. Los métodos de cultivo intensivo y los mayores rendimientos que se les exigen limitan su vida útil a unos 15 años.

El sol sigue brillando en Almería. Por culpa de los suelos degradados y la falta de agua, algunas de las empresas olivareras de la zona ya están vendiendo sus tierras para instalar huertos solares, cada vez más visibles en los pequeños pueblos y en las laderas de Sorbas y Tabernas. Los activistas se oponen, advirtiendo de que los paneles solares perjudican aún más la recuperación del suelo, además de que requerirán miles de millones de litros de agua para su mantenimiento, sin proporcionar energía barata y limpia a la población local.

Es una señal de lo que está por venir. José María Calaforra dice que lo que amenaza a Almería es el abandono. “Si no tienes agua, todo el mundo se va”, alerta. “Si quieres mantener este recurso agrícola, tienes que buscar otros recursos hídricos para intentar mantenerlo. Si eso no ocurre, obviamente te hundes”.

La escena inicial de la película de ciencia ficción de 2017 Blade Runner 2046, protagonizada por Ryan Gosling, muestra una larga toma aérea de un páramo medioambiental. Ambientada dentro de 25 años, retrata un mundo hostil desprovisto de vegetación y belleza naturales, donde los alimentos de la humanidad se cultivan bajo una vasta extensión de invernaderos de plástico. La toma fue real, se hizo en Campo de Dalías, donde los geólogos franquistas perforaron el primer acuífero de Almería hace casi 70 años. El arte distópico pretende actuar como una historia con moraleja para la sociedad moderna. En el caso de Almería y su tierra, la cuestión es si sobrevivirá hasta 2046. Si lo consigue, se convertirá en el nuevo milagro de Almería.

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Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de Journalismfund.eu

La sequía más dura de la historia de España se produjo de forma continuada entre 1991 y 1995. Sus efectos fueron devastadores tanto para la ciudadanía, a quien se llegó a limitar el consumo de agua en un 30%, como para el sector agrícola, que perdió entre 30.000 millones y 42.000 millones de euros con las malas cosechas. La situación de escasez puso de manifiesto el insostenible sistema hidrológico del país y una gestión de sequías que no era, ni mucho menos, la más adecuada.

¿Qué pasó?

Entre 1991 y 1995 se produjo el ciclo de sequías más grave de la historia del país. Durante los tres primeros años, los recursos hídricos se encontraban al 28% de su capacidad habitual, y en 1995 se redujeron al 15%, lo que llevó a que doce millones de personas sufrieran restricciones en el consumo de agua en sus fases más duras —en algunos casos, la demanda tuvo que reducirse al 30%—. Hubieron de tomarse medidas urgentes que, a corto y medio plazo, buscaban paliar los estragos de un periodo seco que el entonces director general de Obras Hidráulicas definió como "a todas luces el peor del siglo".

La situación de sequía llegó a su fin con las lluvias de diciembre de 1995 y no ha vuelto a darse una situación similar hasta la de 2017, en algunos casos comparable por su incidencia en las zonas más áridas de España.

Este fenómeno no es desconocido en nuestro país. El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, según las siglas en inglés) destaca el sureste de España y las islas canarias como una de las zonas más áridas, al tiempo que una de las principales demandantes de agua, lo que lo convierte en un territorio especialmente vulnerable a las sequías. De ahí que fueran las regiones más afectadas por los ciclos secos de 1991 a 1995.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Algunas fuentes apuntan a que el inicio del ciclo de fuertes sequías puede remontarse incluso al verano de 1989, en el que las deficiencias de agua en el Duero y un sistema del río Zadorra obligaron a limitar al consumo, primero para el regadío agrícola y, más tarde, para el área metropolitana de Bilbao. Aquel año, 1,2 millones personas tuvieron que adaptar sus necesidades de agua corriente a los nuevos horarios, que solo les permitían utilizarla de seis de la mañana a seis de la tarde. A pesar de todo, el periodo más grave tuvo lugar entre 1991 y 1995, con especial incidencia en los dos últimos años del periodo.

Las precipitaciones se miden en términos de año hidrológico que, en España, va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Así, en el año hidrológico 1993/1994 se registraron 200mm —200 litros de agua por metro cuadrado—, mientras que en el siguiente año hidrológico la cantidad se redujo a 196mm. Es decir, prácticamente la mitad que los años anteriores, cuando se habían recogido unos 365mm de media, y mucho menos de lo que se considera un índice normal de precipitaciones, en torno a los 650mm.

La ciudadanía se vio obligada a reducir su consumo de agua hasta en un 30%. En el caso de Sevilla, que se vio especialmente afectada por la sequía del Guadalquivir, se impusieron restricciones al consumo de diez horas diarias, en las que la población recibía agua de escasa calidad. Los sevillanos se vieron en la tesitura de tener que comprar agua embotellada, lo que suponía un gasto conjunto de unas 1.000 millones de pesetas mensuales —unos seis millones de euros—. Incluso se llegaron a poner en marcha planes de evacuación ante la imposibilidad de abastecer a la población.

Tampoco las plantaciones agrícolas se libraron de los estragos de la sequía. El regadío consume normalmente el 80% de las reservas de agua anuales. Más del 40% de las superficies de cereales, patatas y cultivos forrajeros se quedaron sin agua, lo que supondría unos 120 millones de euros en pérdidas solo en 1995 —para todo el periodo, las pérdidas se estiman entre los 30.000 millones y los 42.000 millones de euros—.

Existen dos formas de hacer frente a una sequía: como crisis, aportando soluciones inmediatas y no previstas en los presupuestos anuales con el objetivo de suplir la falta de agua e indemnizar las pérdidas económicas; o como un escenario más en el plan de costes anual, en el que la previsión es un factor clave. A pesar de la constancia de las sequías en España, la estrategia siempre ha sido del primer tipo. Sobre la noción de que nuestro país tiene un déficit estructural de agua, la sequía se entendía, simplemente, como un agravante que se sucede de forma ocasional y con diferente grado de intensidad.

La sequía de 1995 forzó un cambio de paradigma a este respecto y, en los dos últimos años del ciclo seco, se intentó implementar algún tipo de previsión—tanto legal como económica— para mitigar los efectos del estiaje. Se pasó de una gestión de crisis a una gestión de riesgos.

Se puso en marcha la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que, no obstante, el Consejo Nacional de Aguas bloqueó. El PHN se centraba demasiado en los trasvases de agua entre comunidades como única solución al desequilibrio de abastectimiento entre las regiones del país, lo que "exacerbó las guerras del agua". Así lo indica el geólogo Manuel Ramón Llamas en una investigación sobre el caso, afirmando que esta crispación entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ya existía, pero que en esta ocasión llegó a afectar incluso a Portugal.

En lugar del PNH, se desarrolló un Plan de Metasequía a finales de 1994, que sería implementado si la situación no mejoraba en la primavera siguiente. Su objetivo era, casi exclusivamente, atender los desabastecimientos provocados por la sequía. Como la temporada estival de 1995 fue tan dura, se planteó la creación de pozos comunitarios que suplieran la falta de agua en las regiones más necesitadas. Sin embargo, las lluvias de finales de año paralizaron cualquier plan en esta dirección, como también frenaron la idea de invertir en empresas de perforación.

La sequía de 1995 resaltó la importancia de conocer los recursos de agua subterránea de los que se disponían y, lo que es más importante, conocer los acuíferos de los que extraerla. Un estudio del Instituto Geológico y Minero de España apunta que el éxito o fracaso de las extracciones de agua subterránea en esa época se vio directamente condicionado por el nivel de conocimiento que se tenía sobre el acuífero.

¿Cómo se informó de ello?

La tensión creciente en la ciudadanía por efecto de las limitaciones en el consumo del agua se reflejó también en la prensa, que criticó ampliamente la actuación del Gobierno y la falta de consenso sobre la reforma hidráulica que los expertos consideraban esencial para prevenir crisis similares en el futuro. Tuvo especial relevancia en la prensa el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, que había levantado todo tipo de tiranteces sociales y políticas.

Destacan titulares como los que ofrecía ABC sobre la "incapacidad" de Josep Borrell, por entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y principal impulsor del fallido PNH. Desde El País se atendía la polémica de los trasvases como un "tema espinoso". Ya en 1996, con los estragos de la dura sequía todavía presentes, este medio publicó un editorial titulado "Agua sin plan" en el que criticaba duramente la inactividad del nuevo Gobierno con respecto a la planificación hidráulica: "España requiere un Plan Hidrológico, empeño en el que el PSOE fracasó. La llegada del PP podía hacer esperar que conseguiría alumbrarlo, y no ignorarlo".

¿Qué consecuencias tuvo?

Las restricciones al consumo de agua por parte de la población y el sector agrícola son las dos consecuencias más graves e inmediatas de la sequía, pero van fuertemente ligadas a una consecuencia de carácter económico. Se produjeron pérdidas productivas anuales de entre 30.000 y 42.000 millones de euros y el Estado invirtió en medidas de emergencia que costaron unos 600.000 euros en total.

En 2001, se aprobó un Plan Hidrológico Nacional que, entre otras medidas, contemplaba la implantación de un sistema de indicadores de estado hidrológico, imprescindibles para conocer el estado de las cuencas y preveer la necesidad de abastecimiento y que se aprobaron finalmente en 2007. Además, proponía el desarrollo de Planes Especiales de Sequía de los Organismos de cuenca y Planes de Emergencia para los Abastecimientos urbanos en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Una de las soluciones habituales contra las sequías, los trasvases de agua entre cuencas, suponían un importante conflicto entre la región de origen del agua y la de destino. Por ello, empezaron a adoptarse otro tipo de medidas. De acuerdo con una investigación difundida por el Instituto de Publicación Digital Multidisciplinario, la desalación es la "alternativa más apropiada" a los trasvases para España, ya que el recurso primario —agua de mar— no depende de las condiciones climáticas y es más que abundante en la costa mediterránea. Gracias a este método, el estudio asegura que se han reducido notablemente las consecuencias negativas de la sequía en la cuenca del Segura, aunque no pudo implementarse en 1995 por falta de recursos tecnológicos.

El agua que abastece al sudeste español sigue siendo principalmente la que procede de trasvases (48,74%), pero la desalación representa ahora un 20,25% del total y el reciclaje de aguas residuales un 4,79%. La desalación no se ha incorporado aún a la demanda del sector agrícola porque supone un coste demasiado elevado. Por su parte, la reutilización de aguas residuales es una de las alternativas "que mejor se adaptan a los principios de desarrollo sostenible", pero su rechazo por parte de la sociedad para un uso doméstico impide que pueda implementarse con un mayor impacto.

Las consecuencias ecológicas de la sequía de 1995 no fueron cuantificadas por las instituciones oficiales. En su lugar, Greenpeace elaboró en 2017 un informe sobre el impacto de este fenómeno en la naturaleza, en el que destaca su incidencia sobre los incendios forestales, pero también en la fauna de ciertas regiones, en especial, sobre el oso pardo y algunas aves.

¿Qué aprendimos?

En los últimos 25 años se han introducido cambios estructurales en el tratamiento de las sequías que han permitido que se pase definitivamente de una gestión de crisis a una gestión de riesgo. Durante 2017 y 2018 se revisaron los Planes Especiales de Sequía para que concordaran con los nuevos criterios de los Planes Hidrológicos de 2016 en cuanto a establecimiento de recursos, caudales ecológicos, condicionantes del cambio climático y demandas. Además, se redefinieron los conceptos de sequía y escasez de modo que los planes de actuación se ajustaran a cada caso.

Por otro lado, debemos tener presente que el cambio climático influirá notablemente en la incidencia de las sequías, de modo que, si la situación no mejora y las temperaturas globales siguen aumentando, se producirá una importante reducción de las precipitaciones que, además, se volverán más irregulares. En concreto, las lluvias en la península se reducirán en torno a un 15%, al tiempo que aumentarán los periodos secos y la desertificación del territorio.

No se pueden proteger costas y cuencas hidrográficas, parques nacionales o fincas del Estado sin mejorar la plantilla actual de agentes medioambientales, muy reducida y mal dotada de medios para ejecutar su trabajo. Si a esto unimos los frenos al desarrollo de esa política medioambiental desde las jefaturas provinciales de confederaciones y costas, muy afectadas por las presiones de los grupos económicos de poder en cada comunidad autónoma, podemos entender las barbaridades que se ven hoy en día en las mismas: proliferación de pozos ilegales, proliferación de construcciones ilegales, deslindes mal trazados que no se revisan, ocupaciones del dominio público sin concesión, etc.

Mucho van a tener que cambiar en la gestión la ministra y el secretario de Estado si de verdad quieren que la costa y las cuencas hidrográficas lleguen a tener un uso sostenible.

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Rafael González Martín es socio de infoLibre

La organización ecologista Greenpeace ha asegurado que la cuenca del Segura dispone de entre 500 a 800 hectómetros cúbicos más de agua que harían innecesario el trasvase desde el Tajo a esta cuenca y considera que las Administraciones han "manipulado y ocultado sistemáticamente datos" para justificar el trasvase.

El responsable de la campaña de aguas de la ONG, Julio Barea, ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura nació por una "avidez de negocio" e interés económico más que por una necesidad real.

Por ello, afirma para justificar el trasvase "se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos" y se ha mantenido la idea de la escasez de agua, tanto por políticos, como por administraciones y medios de comunicación "hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía".

En concreto, según el informe de la organización La trama del agua en la cuenca del Segura, la cuenca del Segura cuenta con entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce, por lo que Barea afirma que "no tiene déficit" e incluso asumiendo las demandas de su plan hidrológico de cuenca vigente para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua que procede del trasvase Tajo-Segura.

A su juicio, bastaría con hacer un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima.

Sin embargo, advierte que desde entonces hasta la actualidad la política hidráulica de España se ha basado en "ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible" que está provocando una "grave crisis social y ambiental" tanto en la cuenca cedente como en la receptora.

Barea expone que en el estudio demuestra que el trasvase Tajo-Segura "puede cerrarse en tres años" sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante.

"No entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase, cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19 por ciento de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", destaca Barea que insiste en que el Segura podría desengancharse del Tajo "en un plazo máximo de tres años".

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza difusa, un cuento para asustar a los niños. Está teniendo repercusión en tiempo presente  y los Gobiernos ya trabajan en resistir a sus efectos en el futuro. En España, el previsible –y ya real– aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones afectará principalmente a los recursos hídricos. El agua no es ilimitada y el derecho a consumirla, para alimentar los sembrados y para abastecer los núcleos de población, ha sido históricamente un foco de tensión en el país. Aunque la lucha contra el calentamiento global se intensifique a partir de este momento, aunque las emisiones se reduzcan drásticamente y el compromiso de los Gobiernos sea radical en vez de transitorio, cada vez habrá menos del líquido elemento en nuestro país. Así lo aseguran todas las predicciones, hasta las más conservadoras. Las autoridades regionales y estatales ya están en la tarea de salvar ríos, lagos y embalses, fiscalizados por las asociaciones ecologistas, aunque el criterio de las instituciones ha sido puesto en duda: El Parlamento Europeo ha pedido retirar varios planes hidrológicos por su presunto desprecio al medioambiente.

El primer paso es vaticinar hasta dónde llegará el calentamiento global. Las Vías de Concentración Representativas (RCP, siglas en inglés) son trayectorias de predicción del aumento de la temperatura media del planeta a partir de cuatro escenarios de emisiones contaminantes. Las cuatro previsiones llevan el nombre del rango de grados en los que el clima podría variar, en comparación a los valores preindustriales: RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. RCP 2.6 trabaja sobre un escenario en el que el pico de emisiones se alcanza esta misma década, y luego decrece: en la predicción más catastrofista, RCP 8.5, la polución no frena hasta que termine el siglo. Estas trayectorias son usadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), organismo de referencia internacional en este ámbito, y sustituyen desde su quinto informe de 2014 a los ya antiguos escenarios A2 y B2.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) utiliza las RCP para realizar sus pronósticos sobre la incidencia del cambio climático en España, y dan miedo, una auténtica "barbaridad" en boca de fuentes del organismo. Si no hacemos nada (RCP 8.5), para finales del siglo XXI la región mediterránea experimentará incrementos medios de temperatura de 3,8º y de 6,0º en los meses invernales y estivales, respectivamente. Las precipitaciones se reducirían un 12% en invierno y un 24% en verano. Si el Acuerdo de París no se convierte en papel mojado y las emisiones echan el freno, las predicciones son más benignas. Pero del calor nadie nos libra. "La atmósfera tiene una gran inercia", explica a infoLibre el técnico de Aemet Ernesto Rodríguez. "En mayor o menor grado vamos a sufrir un aumento de temperaturas y un descenso de las precipitaciones".

Una situación que los ríos sufrirán con especial intensidad. Afectará al nivel de evapotranspiración –el agua que vuelve a la atmósfera desde el suelo, que aumentaría hasta un 21% a final de siglo en el peor escenario– de precipitaciones en las cuencas españolas –que perderán entre un 5% y un 17% en este siglo–, y, en consecuencia, de escorrentía: la cantidad de agua que circula por nuestros ríos. Las aguas subterráneas también se verán perjudicadas. En total, el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que sirve de referencia a los principales agentes, pronostica a partir de varias proyecciones que, si no echamos el freno, contaremos en España con un 28% menos de agua en 2070 (un 14% aunque el planeta deenga las emisiones). Sea cual sea el escenario final, hay mucho que gestionar.

España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas. La mayoría ya trabaja con los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), que regulan la administración del agua en estas divisiones territoriales y, entre una multitud de detalles, establecen las medidas a llevar a cabo para mitigar los efectos del cambio climático. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 trabajaba con una previsión de un 5% menos de aportaciones de cara a 2027 y propuso un programa de acciones a ejecutar por administraciones y usuarios con un coste de 4.800 millones de euros por año. En la redacción del documento se incidió en el saneamiento y la depuración de los ríos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas ante la disminución de la aportación, la restauración ambiental de estos espacios naturales, la mejora de zonas con contaminación puntual y en la necesidad de una vuelta de tuerca a la gestión de los cultivos de regadío, ya que las plantaciones consumen la mayor parte del agua del país.

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 planteaba en este sentido la modernización de los regadíos, con intención de continuar el esfuerzo realizado para reducir la cantidad de contaminantes que retornan al medio natural y, por consiguiente, fortalecer a los ríos ante las acometidas del efecto invernadero. Ecologistas en Acción, en un informe de 2015, alerta de que la incidencia del cambio climático en las aguas españolas solo se podrá capear si no se crea ni una hectárea más de regadío en el país, aunque apoya firmemente el trabajo en la eficiencia de los cultivos. No se quedan ahí: añaden que "debería iniciarse una reducción progresiva de la superficie de regadío actual, de algo más de cuatro millones de hectáreas, hasta alcanzar un máximo para el conjunto del país de tres millones de hectáreas regadas".

No es la única crítica que la asociación ecologista vierte sobre el plan del Ebro en particular y sobre los planes hidrológicos en general. Consideran que los del segundo ciclo (2015-2021) contienen previsiones sobre los efectos del clima "deficientes", ya que el último año cuyas aportaciones hídricas consideran es 2011/2012. "En algunos planes la situación resulta especialmente penosa", denuncian, puesto que en ciertas demarcaciones el último año analizado es 2007/2008 o 2005/2006, como en el caso del Ebro.

Además, Ecologistas en Acción señala un presunto sesgo en el cálculo. Para estimar las reducciones en las aportaciones en las últimas décadas, las demarcaciones comparan series de registros. La asociación acusa a las autoridades de que en los planes que cuentan con 2012 como último año analizado se compara la serie corta (de 1980/81 a 2011/12) con la serie larga (1940/41 a 2011/2012), lo que puede desviar las conclusiones. "Las reducciones quedan parcialmente enmascaradas o al menos suavizadas, pues de hecho se comparan series que cuentan con 15 años comunes a ambas", explica el informe, que concluye el capítulo arguyendo: "Subyace la intención por parte de las administraciones hidráulicas de minimizar el dato que refleja la reducción de los recursos hídricos disponibles en los últimos años".

La Dirección General del Agua contesta a estas acusaciones en un correo electrónico remitido a infoLibre en el que sostiene que la elaboración de los datos que contienen las series de referencia es un proceso "lleno de dificultades", por las "particulares características físicas" que condicionan la escorrentía de cada cuenca y por las actividades del hombre en el territorio. Cada plan recoge, con todos los datos finalmente disponibles, "la información que los expertos de la propia cuenca han considerado más precisa", señalan.

El Parlamento Europeo pide retirar dos planes

Más allá de los debates relativos al cambio climático, los planes hidrológicos del Ebro y del Tajo saltaron a la palestra la semana pasada por la enésima reprimenda de Europa a la gestión medioambiental española. El europarlamentario Pal Csaky, del Partido Popular Europeo, visitó las cuencas del Ebro y del Tajo el pasado mes de febrero y emitió un informe muy crítico con la labor de las autoridades españolas que este miércoles fue aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Recomienda retirar los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Ebro. 

En teoría, los planes de gestión deben ser acordes con la Directiva Marco de Agua (DMA), una norma del Parlamento Europeo del año 2000 que establece que los criterios medioambientales deben pesar tanto como los económicos a la hora de regular los recursos hídricos y garantizar un uso sostenible del agua. Una de las herramientas para apuntalar la sostenibilidad es el caudal ecológico, que establece el agua necesaria para preservar el buen estado del ecosistema fluvial garantizado por su flora y fauna, su paisaje o la ausencia de contaminación.

El documento, a grandes rasgos, concluye que los segundos ciclos aprobados siguen sin cumplir la DMA y, por ello, siguen sin preservar con la suficiente intensidad el entorno natural de nuestros ríos. Señala que el caudal ecológico no solo hace referencia a la cantidad de agua, sino que ésta debe contar con una correcta composición química, y pide al Gobierno un informe independiente sobre si los caudales ecológicos establecidos en los planes son los suficientes para proteger la biodiversidad por la que vela la Red Natura 2000.

Las reacciones han sido variopintas. La Plataforma en Defensa del Ebro fue la que solicitó la intervención europea en la gestión del río. Señalaron que, aunque el informe no es vinculante, es un "punto clave" para que la queja prospere y la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción, según recoge La Vanguardia. El periódico se hizo eco también de las palabras de uno de los portavoces del colectivo de entidades, que afirmó que la petición "reconoce que la gestión del agua en España no es adecuada para un país moderno". En el otro lado del espectro de intenciones, prioridades y pretensiones se encuentra la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, cuyo presidente, Andrés del Campo, quitó legitimidad al Parlamento Europeo para analizar la gestión hídrica española y aseguró que los caudales ecológicos ya son "demasiado ambiciosos" y que los usuarios "ya han cedido mucho".

La Dirección General del Agua asegura a infoLibre que el 53% de la inversión –45.000 millones de euros– de las medidas de todos los planes de cara a 2033 es relativa a cumplir objetivos ambientales. "La planificación hidrológica española da prioridad" a estas metas ecológicas, defienden.

El agua y sus tensiones históricas

La lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente en las cuencas de España son dos nuevos frentes que se suman al histórico de los trasvases, un recurso para repartir el agua española y satisfacer las demandas de toda la población, y que son motivo periódicamente de las llamadas guerras del agua. El Gobierno autorizó el pasado 8 de julio un nuevo trasvase del río Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, que se suma a varios aprobados durante 2015 y 2016. El conflicto afecta incluso a compañeros del mismo partido, como fue el caso del que recibió luz verde en febrero de este año y que enfrentó al PSOE de Castilla-La Mancha y al de Valencia. Los primeros criticaron la medida por la mala situación de los embalses y a los primeros los diez hectómetros firmados les parecieron insuficientes.

Pero el que se lleva la palma es el gigantesco y polémico proyecto del trasvase del Ebro, que iba a repartir las aguas del río por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En esta última provincia fue donde Aznar puso la primera piedra en 2004 de un proyecto incluido en el Plan Hidrológico Nacional, al que Zapatero dio carpetazo para, en teoría, no volver a retomarse nunca más. Fue una de las primeras batallas de la gestión del agua en España, a la que le quedan múltiples retos que afrontar para no convertirse en un verdadero problema social.