Andalucía

El PP mantiene al alcalde de la tercera ciudad de Almería, procesado por delito fiscal

El alcalde conservador de El Ejido (Almería), Francisco Góngora.

Á.M

El alcalde de El Ejido (Almería, 89.000 habitantes) se encuentra en serios apuros judiciales. La Fiscalía de Almería ha solicitado para Francisco Góngora (PP) cuatro años de prisión y el pago de una multa de casi 1,2 millones de euros por "causar un perjuicio económico" a la Hacienda Pública. ¿En qué consistió este perjuicio y cómo lo llevó a cabo, supuestamente? Según el Ministerio Público, "alterando" la base imponible del impuesto de sociedades que gravaba la operación de compraventa en 2004 de una finca por parte de una sociedad que Góngora constituyó junto a su padre, su hermano y un tercer socio.

El fiscal acusa a Góngora, regidor de la tercera ciudad de Almería, de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. El regidor defendió este lunes su inocencia y afirmó que no abandonará su cargo, que ostenta con mayoría absoluta con 14 concejales frente a 11 de la oposición. El PP de Almería, presidido por Gabriel Amat, le da su apoyo. El PP andaluz, dirigido por Juan Manuel Moreno Bonilla, se remite a la oposición del partido a nivel provincial. "No vamos a condenarlo antes de que lo haga un juzgado", dijo este viernes Juan José Matarí, diputado del PP por Almería, sin distinguir entre el ámbito penal y el político. PSOE e IU, que consideran que Góngora se benefició de un "pelotazo urbanístico", pidieron su dimisión inmediata tras el escrito de la Fiscalía. Ciudadanos también reclamó a Góngora que abandone su cargo.

La Fiscalía afirma que Francisco Góngora, su hermano, su padre y un cuarto socio constituyeron la sociedad Agrícola Euro Alpujarra SL en junio del 2000 para adquirir una finca pública ubicada en el paraje Loma de los Hornillos. Dicha adquisición se formalizó en julio de ese mismo año por 300.506,05 euros. En 2004 el pleno del Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico por el que la citada finca se calificaba en una parte como suelo urbanizable y en el resto como no urbanizable. El fiscal recoge que, en ese mismo mes, el regidor, su hermano, su padre y el socio de los tres firmaron a través de su sociedad un contrato privado con la mercantil Murgi Edificaciones SL en virtud del cual se trasmitían a esta 32.000 metros cuadrados de la finca, en concreto la parte urbanizable, "acordando un precio de 48,08 metros cuadrados, fijándose un precio total de 1.538.560 euros [...], abonándose únicamente la cantidad de 400.000".

El escrito del Ministerio Público remarca que los cuatro, actuando de común acuerdo "y con el ánimo de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", alteraron "la base imponible del impuesto [...] que gravaba la indicada operación de compraventa". Lo que hicieron, según la Fiscalía, fue no declarar el precio real de 1,5 millones, sino algo más de 918.000. El fiscal subraya que se dejó de ingresar una cuota de 296.072,03 euros. El Ministerio Público señala que la actividad de la mercantil Agrícola Euro Alpujarra SL fue "nula", salvo por su participación en dicha operación. En el auto de procesamiento de marzo de 2017, el juzgado 2 de El Ejido cifró en esta misma cantidad –296.072,03 euros– lo defraudado por Agrícola Euro Alpujarra en el impuesto de sociedades. Dicho auto señala que Góngora y sus socios "eran todos sabedores y conscientes de la falsedad de lasescrituras públicas

 [...] y del fraude a cometer a la Agencia Tributaria".

El fiscal solicita también que se condene al regidor ejidense, a su padre, a su hermano y al socio de los tres, así como al administrador de Murgi Edificaciones SL, a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y al derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. También solicita que respondan con la cantidad de 296.000 euros ante la Agencia Tributaria, que está personada como acusación en el proceso.

Una denuncia de Juan Enciso

También es acusación particular el Partido de Almería (PAL) del histórico Juan Enciso, que lo fundó tras ser expulsado del PP en 2005, derrotado en una una encarnizada guerra por el control del partido en la provincia que terminó ganando Gabriel Amat. El PAL fue el partido que denunció los hechos, una vez perdido el poder en El Ejido.

No obstante, el PAL y Enciso –que gobernaron en la ciudad de los invernaderos hasta 2011– son cualquier cosa menos referentes contra la corrupción. Un juzgado de Almería concluyó en junio de 2016 siete años de instrucción del conocido como caso Poniente, que investiga una supuesta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento. Hay 65 procesados, entre ellos el propio Juan Enciso. El caso que afecta al actual regidor no tiene las dimensiones del Poniente, pero sí vuelve a meter –otra vez– a un regidor de El Ejido en problemas con la Justicia.

El alcalde: "Yo por qué voy a dimitir"

El alcalde de El Ejido afirmó este viernes que ni el Ministerio Público ni el juzgado de instrucción han entrado "en el fondo del asunto". La clave, según Góngora, reside en que se trata de "una cuestión civil", no penal. A su juicio, únicamente se debe determinar cuándo se consumó la compraventa de una finca entre la sociedad de la que era socio y una segunda mercantil. Según ha remarcado, esta se "consumó" antes del 31 de diciembre de 2006, cuando estaba en vigor un régimen fiscal que hace que no pueda haber delito contra la Hacienda Pública.

"Me piden la dimisión y considero que no debo dimitir porque estoy defendiendo el Estado de derecho, no me estoy aferrando a ningún sillón. La administración de justicia es la que garantiza en última instancia el Estado de derecho para todos. Si no ha querido entrar en el fondo del asunto, ¿yo por qué voy a dimitir? Si, al final, la instrucción es recabar información y no entrar a valorarla, no convirtamos la instrucción en un juicio público", ha agregado Góngora.

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