El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

Más de 30 personas pueden haber muerto mientras que otras 32 han sobrevivido al accidente de un avión Embraer 190 de las líneas aéreas de Azerbaiyán (AZAL), con 69 personas a bordo según unas fuentes, 72 según otras, incluidos sus cinco tripulantes, que se estrelló este miércoles junto al aeropuerto de Aktau, a orillas del mar Caspio, cuando cubría la ruta entre Bakú y la ciudad rusa de Grozni, informaron las autoridades, que recalcaron que la cifra oficial de muertos aun no está confirmada, ha informado EFE.

"Según los datos disponibles, 32 personas sobrevivieron al accidente del avión de la aerolínea (azerbaiyana) AZAL en Kazajistán", dijo en rueda de prensa Kanan Zeinalov, portavoz de la Fiscalía General de Azerbaiyán.

El funcionario agregó que los especialistas de Azerbaiyán y Kazajistán trabajan conjuntamente para esclarecer las causas de la tragedia.

"Se están evaluando todas las versiones y se están realizando los exámenes correspondientes", aseveró.

"Las causas del accidente del avión de AZAL no se conocen, hay distintas versiones y es prematuro hablar de ello", confirmó el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

"Era un vuelo regular. Tenía que volar a Grozni, pero debido a la niebla lo enviaron a Majachkalá y de allí, aparentemente, a Aktau", declaró en un primer momento un portavoz del aeropuerto de la capital chechena a la agencia TASS.

La aerolínea señaló que el accidente pudo haber sido provocado por el choque de la aeronave con una bandada de pájaros.

Mientras, otros datos y testimonios de los supervivientes indican que el siniestro se debió a una explosión, presuntamente, de un balón de oxígeno a bordo de la aeronave.

De acuerdo con el gabinete de crisis creado tras la caída del avión, "la tripulación envió una señal de socorro a las 08.35 hora local (03.35 GMT) y reportó un fallo en el sistema de control".

"Luego a las 08.49 solicitaron un aterrizaje de emergencia en Aktau e intentaron hacerlo en modo directo, sin embargo, a las 09.28 el avión se estrelló contra el suelo", señalaron.

En un vídeo publicado por el canal de Telegram 112, se ve el interior de la aeronave y a sus pasajeros rezando, cuando saltan las máscaras de oxígeno previstas para casos de emergencia.

En el Ministerio de Transporte de Kazajistán señalaron que entre los pasajeros del aparato aéreo había 37 azerbaiyanos, 16 rusos, 6 kazajos y tres kirguises.

Todos los supervivientes fueron hospitalizados y algunos se encuentran en unidades de cuidados intensivos, según fuentes sanitarias. Entre los heridos, hay al menos dos menores, de 11 y 16 años.

Según uno de los supervivientes, identificado por el canal SHOT como Subjonkul, él estaba en la parte de atrás de la aeronave y todos los pasajeros que estaban a su alrededor pudieron salir con vida de la catástrofe.

El hombre, de 48 años, aseguró que el avión intentó aterrizar primero en Grozni, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron.

Seguidamente, se oyó una explosión y el avión cambió bruscamente de dirección, dijo.

"El piloto nos salvó con su maniobra, si no hubiera sido por él, estaríamos todos muertos", aseguró el hombre.

Mientras, otras canales de Telegram destacan que al aproximarse a Aktau, la tripulación pudo alejar el avión accidentado de unos bloques de viviendas ubicados a menos de 2 kilómetros del aeropuerto local.

La aeronave siniestrada fue fabricada hace 11 años en Brasil.

El avión operaba vuelos internacionales regulares desde Bakú a varias ciudades de Rusia, así como a Turquía, Irán, Georgia, la República Checa y Baréin.

Hace diez días, el 15 de diciembre, el mismo avión no pudo llegar a Grozni ya que el aeropuerto de la capital chechena fue temporalmente cerrado debido a la amenaza de drones ucranianos.

El último accidente de un Embraer tuvo lugar en febrero en el aeropuerto de Belgrado y no causó víctimas.

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, presentó sus condolencias a su colega azerbaiyano, Ilham Aliyev, por el accidente del avión azerbaiyano.

En tanto Aliyev, que se encontraba volando en el espacio aéreo de Rusia para asistir a una cumbre informal de los líderes de la Comunidad de Estados Independientes, que se celebra este miércoles en la afueras de San Petersburgo, canceló sus planes y ordenó al piloto de su avión dar la vuelta y dirigirse a Bakú.

Las autoridades azerbaiyanas declararon este jueves un día de luto. Mientras, los empleados del aeropuerto de Bakú comenzaron a desmontar el árbol de Navidad instalado en el recinto.

También expresaron sus condolencias por por la catástrofe del avión azerbaiyano otros mandatarios, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

Al menos 164 personas han muerto y más de 1.300 han resultado heridas en los violentos disturbios ocurridos en la última semana en Kazajistán, según han confirmado este domingo las autoridades del país y ha recogido Europa Press. El Ministerio de Sanidad kazajo ha anunciado el dato a través del portal coronavirus2020.kz poco después de que la agencia de noticias rusa Sputnik divulgara la cifra.

Del total de 164 fallecidos, 103 corresponden a Almaty, la ciudad más poblada del país y epicentro de las protestas. Entre ellos hay dos menores de edad. Le siguen las provincias de Kizilorda, Zhambil y Almaty, con 21, 10 y 8 fallecidos, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio del Interior kazajo ha informado por su parte de 16 funcionarios fallecidos y más de 1.300 heridos, aunque la televisión Khabar-24 ha informado de 2.200 personas atendidas durante los disturbios citando también al Ministerio de Sanidad.

El ministro del Interior en funciones, Yerlan Turgumbayev, ha señalado que los alborotadores utilizaban canales de radio para coordinarse. Además, intentaron asaltar sedes de la Policía y de unidades militares con la intención de hacerse con armas, ha asegurado. "Los manifestantes han demostrado capacidades profesionales (...). Han utilizado radios para coordinar sus acciones", ha explicado en declaraciones a la televisión kazaja Khabar 24.

Además, Interior ha dado cuenta de 6.000 detenidos durante las protesta, mientras que la Presidencia ha informado de 5.800 detenciones. "En estos momentos se han abierto 125 casos penales, 5.800 personas han sido detenidas y entre ellos hay una proporción significativa de extranjeros", explica el comunicado presidencial difundido este domingo.

También este domingo la Policía de Almaty ha informado de la detención en las últimas horas de 20 personas armadas que estaban en posesión de 40 armas, incluidas 25 pistolas Makarov, cinco fusiles de asalto Kalashnikov y escopetas recortadas. Igualmente se ha informado de detenciones en la ciudad de Shimkent --unos 400 detenidos-- y de Taraz --150 arrestos--.

Mientras, continúan los problemas de abastecimiento de pan subsidiado, mientras que el precio de venta se ha multiplicado por tres y hasta por cuatro, informa la agencia de noticias rusa Tass. Las autoridades han asegurado que en tres o cuatro días se solucionará el problema de abastecimiento. En un intento más de normalización, las autoridades han anunciado el restablecimiento del transporte público a partir de este lunes.

El Gobierno kazajo ha achacado parte de los disturbios a elementos terroristas bajo influencia extranjera y ha declarado el estado de emergencia en Almaty, uno de los epicentros de las confrontaciones, que comenzaron con las protestas contra la subida de precios del gas licuado.

El estado de emergencia estará en vigor hasta el 19 de enero y se ha instaurado además un toque de queda entre las 23.00 y las 7.00 horas. El presidente, Kasim Jomart Tokayev, ordenó el 7 de enero "disparar a matar" contra cualquier elemento violento y anunció un paquete de reformas en respuesta a las demandas de los manifestantes pacíficos.

Por su parte, el vicealcalde de la ciudad de Almaty, Yerzan Babakuramov, situada en el sureste de Kazajistán, ha asegurado que, pese a que quedan focos de violencia protagonizados por manifestantes armados, el conflicto vive una etapa de "estabilización". "Los violentos siguen oponiendo resistencia armada. Hay estabilización, pero también hay focos de una feroz resistencia", ha señalado el vicealcalde en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Jabar 24. Al mismo tiempo, las autoridades han confirmado que los supermercados de Almaty han reabierto en su horario reducido y que lo han hecho gracias a que "se han tomado medidas para garantizar la seguridad".

Por otro lado, el aeropuerto de la ciudad está preparado a nivel técnico para retomar su actividad, si bien los vuelos se reanudarán una vez esté la situación esté más controlada, apunta la agencia rusa TASS.

Así, las autoridades competentes han revelado el inicio de una serie de investigaciones sobre los saqueos, vandalismo, homicidios y asaltos armados que se han dado a lo largo de los últimos días en todo el país, especialmente en Almaty.

A nivel político, además de aceptar la renuncia del Gobierno, el presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, también ha destituido al vicesecretario del Consejo de Seguridad, Azamat Abdimomunov, lo que supone un indicio de la intención de Tokayev de realizar cambios profundos en un sistema político aún muy influenciado por el expresidente Nursultán Nazarbayev.

Además, el jefe de los servicios secretos kazajos, Karim Massimov, ha sido arrestado bajo sospecha de alta traición, dos días después de su cese del cargo por haber sido incapaz de detectar las protestas que llevan sacudiendo el país esta semana.

Ambos ceses estarían relacionados con la destitución del expresidente Nazarbayev como presidente del Consejo de Seguridad, quien hasta ahora era considerado como una figura muy influyente en el país y que continúa en Kazajistán a pesar de los rumores de un posible exilio.

Los disturbios en Kazajistán emergieron a partir de una protesta en los precios del gas licuado, fundamental para los desplazamientos en coche por el país. Además, la Presidencia kazaja ha anunciado que Tokayev ha declarado el próximo lunes como día de luto nacional por las víctimas de la violencia. Las manifestaciones, que comenzaron en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, se extendieron más tarde por todo el país, a pesar de la renuncia del Gobierno.

Al menos 40 personas han muerto y más de 4.400 han sido detenidas desde el comienzo de las protestas contra las autoridades de Kazajistán, según un nuevo balance del Ministerio del Interior que ha recogido Europa Press.

De acuerdo con las estimaciones, recogidas por el diario Vlast, entre los detenidos hay once instigadores de los disturbios en el país, que el Gobierno ha achacado a la intervención de "terroristas" bajo influencia extranjera. Entre los fallecidos se encontrarían miembros de las fuerzas de seguridad, según apunta la agencia DPA, así como un niño de 11 años tras sucumbir a la herida de bala en la cabeza que recibió el miércoles, de origen no confirmado.

Los disturbios en Kazajistán emergieron a partir de una protesta en los precios del gas licuado, fundamental para los desplazamientos en coche por el país. Las manifestaciones comenzaron en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, antes de extenderse por todo el país, en particular por el núcleo financiero de Almaty, ahora mismo bajo estado de emergencia.

El presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, ha destituido al vicesecretario del Consejo de Seguridad, Azamat Abdimomunov, según ha informado el gabinete de prensa presidencial. Esta destitución sería un indicio de la intención de Tokayev de realizar cambios profundos en un sistema político aún muy influenciado por el expresidente Nursultán Nazarbayev.

"De acuerdo con el decreto del jefe de Estado, Azamat Abdimomunov ha sido destituido de su cargo como vicesecretario del Consejo de Seguridad de la República de Kazajistán", explica el comunicado, recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Además, el jefe de los servicios secretos kazajos, Karim Massimov, ha sido arrestado bajo sospecha de alta traición, dos días después de su cese del cargo por haber sido incapaz de detectar las protestas que llevan sacudiendo el país esta semana.

Ambas destituciones estarían relacionadas con la destitución del expresidente de Kazajistán y líder del país durante casi 30 años, Nursultán Nazarbayev, como presidente del Consejo de Seguridad. Nazarbayev, considerado hasta ahora como una figura muy influyente, continúa en el país a pesar de los rumores de exilio.

Este sábado el Consejo de Seguridad ha publicado un listado con siete de sus funcionarios que habrían fallecido durante los disturbios. Dos oficiales y tres cadetes de la Academia de la Guardia Fronteriza (KNB) fallecieron en la noche del 6 al 7 de enero y otro miembro de la división regional de la KNB falleció en Zhambil. Además, otra de las víctimas mortales era agente de los servicios de contrainlegencia de las Fuerzas Aéreas.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado de la muerte de un ciudadano israelí durante la pasada noche. "Un israelí de 22 años murió anoche en un tiroteo durante los disturbios en Almaty", ha indicado el Ministerio, que ha contactado ya con los padres del joven, que están en Kazajistán, y con otros miembros de su familia, residentes en Israel.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev, en la que ambos líderes han discutido la celebración de una cumbre para abordar la crisis que actualmente atraviesa el país.

Durante el encuentro, ambos mandatarios han abordado la celebración de un encuentro de alto nivel de los líderes de la llamada Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), el grupo panrregional que integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

Los jefes de Estado y de Gobierno de estos países abordarán la crítica situación a la que se enfrenta Kazajistán desde principios de esta semana a raíz de graves protestas y disturbios, primero contra el aumento de los precios del gas licuado y después contra las autoridades.

También en las últimas horas se ha sabido que el presidente Tokayev ha declarado el lunes como día de luto nacional por las víctimas de la violencia, informa la agencia de noticias TASS.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la salida voluntaria de aquellos empleados del consulado que no son de emergencia en Kazajistán. "Los ciudadanos estadounidenses en Kazajistán deben ser conscientes de que las protestas violentas pueden afectar gravemente la capacidad de la embajada de Estados Unidos para brindar servicios consulares, incluida la asistencia a los ciudadanos estadounidenses que salen de Kazajistán", ha dicho en un comunicado.

Asimismo, han recalcado que estos disturbios han causado "destrucción generalizada de la infraestructura y los edificios gubernamentales en Almaty y han provocado la detención, lesiones y la muerte de un número significativo de manifestantes y fuerzas de seguridad".

Por otro lado, Alemania ha informado de que ha paralizado las exportaciones de armas a Kazajstán debido a los actuales disturbios en vistas a la situación actual, según recoge la agencia de noticias alemana DPA. En ese sentido, las autoridades alemanas van a tomar las medidas necesarias para evitar que dichos bienes se exporten a ese país. El año pasado, Alemania otorgó 25 licencias para el envío de armas a Kazajstán por un total de alrededor de 2,2 millones de euros.

Por el momento, la situación está estabilizada, aunque entre las 8.00 y las 8.25 (hora local) se han escuchado en las calles alrededor de una docena de tiros, según recoge en su cuenta de Twitter la periodista Assem Zhapisheva. El tiroteo también ha sido confirmado por la agencia rusa de noticias Sputnik en la ciudad de Almaty.

El acceso a Internet en la ciudad se ha reducido, aunque la red de telefonía móvil se mantiene relativamente estable, tal y como informa la agencia de noticias TASS.

De acuerdo con el portal de noticias kazajo Vlast el periodista Lukpan Akhmedyarov ha sido detenido en Oral, en el noroeste del país, durante 10 días en virtud del artículo 488 por organizar una manifestación, marcha o piquete ilegal.

Las actuales autoridades han solicitado la ayuda militar de los países vecinos, incluida Rusia, para contener las movilizaciones.

El presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, ha anunciado que las autoridades locales tienen controlada la situación provocada por las revueltas contra el Gobierno, aunque ha alertado de que aún hay "terroristas" armados, en alusión a los manifestantes. Informa Europa Press.

"Ha comenzado la operación antiterrorista. Las fuerzas del orden están trabajando duro. Básicamente, se ha restablecido el orden constitucional en todas las regiones del país (...) Pero los terroristas continúan usando armas y dañando la propiedad privada. Por lo tanto, las acciones antiterroristas deben continuar hasta la completa destrucción de los militantes", ha aseverado Tokayev.

El presidente kazajo ha convocado este viernes una reunión, que ha contado con la participación de la dirección de la Administración Presidencial, el Consejo de Seguridad y las fuerzas del orden, tal y como ha detallado la oficina presidencial en un comunicado.

"He ordenado a los cuerpos de seguridad y al Ejército que disparen a matar sin advertencia", ha manifestado el mandatario durante un discurso a la nación, en la que ha descartado negociar con los manifestantes, tal y como ha recogido el portal kazajo de noticias Khabar 24.

Así, ha tildado de "estupidez" los llamamientos "desde el extranjero" para "una negociación entre los bandos para resolver los problemas políticamente". "¿Acaso es posible negociar con criminales y asesinos?", se ha preguntado, antes de incidir en que las autoridades hacen frente a "criminales armados y entrados, tanto nacionales como extranjeros".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la operación antiterrorista continúa en el país" y ha agregado que "hay un trabajo a gran escala y bien coordinado que está siendo llevado a cabo por la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército para establecer la ley y el orden, en línea con la Constitución".

"La situación en Almaty, Aktobe y la región de Almaty se estabilizó ayer. La introducción del estado de emergencia está dando resultados. La legalidad constitucional está siendo restaurada en todo el país", ha asegurado.

De esta forma, ha reiterado que "a criminales terroristas así es necesario eliminarlos cuanto antes", antes de dar las gracias al presidente ruso, Vladimir Putin, por responder a su petición para el envío de tropas al país para garantizar la seguridad ante las protestas.

Además, a primera hora de este viernes (hora local) se ha notificado el restablecimiento del acceso a Internet por cable, restringido desde el día anterior, si bien las líneas móviles aún no están disponibles.

Tras la escalada de violencia registrada en las protestas sociales que se han dado desde comienzos de año, motivadas por el precio del gas licuado, el presidente Tokayev decretó el estado de emergencia en la capital, Nursultán, hasta el día 19 de enero.

Con motivo de esta medida, las autoridades han instalado un total de seis puestos de control en las carreteras próximas a la ciudad, pues la normativa también recoge la restricción de acceso a Nursultán desde las 23.00 a las 7.00 horas (hora local).

Desde la Alcaldía capitalina, el primer edil, Altai Kulginov, ha instado a la ciudadanía a evitar los espacios altamente concurridos, así como no acudir a manifestaciones ilegales, en las que por el momento se han notificado la muerte de "decenas" de manifestantes y de cerca de 20 trabajadores de la seguridad del país, así como casi 2.300 personas heridas, según recoge la cadena Jabar 24.

La Presidencia kazaja ha confirmado la llegada del contingente ruso de las fuerzas de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), desplazadas a Kazajistán para "ayudar a restablecer el orden".

"Este contingente llegó por un tiempo limitado para realizar principalmente las funciones de cubrir y asegurar la protección de los objetos estratégicos", ha señalado la oficina presidencial, si bien esta información ya había sido difundida previamente por el Ministerio de Defensa.

Este movimiento de Moscú ha provocado una respuesta en Washington, pues la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha expresado sus dudas sobre la legalidad del despliegue de tropas, e incluso la Misión Permanente de Kazajistán ante Naciones Unidas ha informado al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las medidas de estabilización que están siendo adoptadas.

"En este momento no sabemos si actúan a invitación de Kazajistán o no", ha manifestado Psaki en alusión al envío de fuerzas militares por parte de Rusia.

Naciones Unidas ha manifestado este jueves a través de su portavoz, Stephane Dujarric, que es incapaz por el momento de contrastar el número de víctimas, si bien ha hecho un llamamiento a que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica.

Además, Dujarric ha confirmado que el conjunto del personal de Naciones Unidas en el país –285 personas y otros 25 empleados de la misión de la ONU en Afganistán– están a salvo y localizados.

Finalmente, ha informado de que la Representante Especial del Secretario General para Asia Central, Natalia Gherman, ha mantenido contactos con el Ministerio de Exteriores kazajo, al que ha reiterado los llamamientos "a la moderación, a abstenerse de la violencia y a promover el diálogo para abordar la situación".

Desde que se creó Doyen Sports Investments Limited en mayo de 2011 en Malta, muchas cosas han cambiado, pero no el accionista mayoritario, el ciudadano turco Malik Ali. Primero hubo modificaciones a través de la sociedad Benington Group Assets y, más recientemente, desde junio de este año, de forma directa e individual. Pero en una empresa que invierte decenas de millones de euros en el fútbol europeo, ¿quién es el verdadero propietario? ¿Quien figura formalmente como accionista mayoritario? ¿O quien financia realmente el negocio, sin que su nombre aparezca en los registros?

Doyen, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt, está siendo investigada en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hasta ahora en manos de José de la Mata. Como resultado de la operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España. En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Entre 2013 y 2016, cuantifica el juez de la Mata, Doyen Sports facturó 22 millones de euros.

Además, mientras Mariano Aguilar aseguraba ser residente en Reino Unido, Juanma López afirmaba ante el fisco que vivía en Suiza. El primero no presentó declaraciones del IRPF entre 2013 y 2016. El segundo omitió en las suyas no sólo los ingresos que recibía de Doyen sino también las que le pagó el Real Madrid como agente del jugador Álvaro Morata.

Su negocio eran básicamente los llamados TPO (Third Party Ownership). El mecanismo consistía en que los clubes acudían a un tercero –como Doyen– para conseguir dinero con el que hacer fichajes, o bien ese tercero adquiría un porcentaje de los derechos económicos del jugador, que recibía al ser traspasado. Como resultado, el tercero tenía capacidad de influir en las decisiones de los clubes para vender a sus jugadores.

Ni un fondo ni un banco

El Parlamento Europeo decidió en 2015, en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que todos los Estados miembros de la UE pusieran en marcha registros que obligaran a las empresas a revelar quiénes son los UBO (Ultimate Beneficial Owners) los verdaderos propietarios. Para ser considerado tal no es necesario poseer más del 50% del capital de una sociedad, bastaba con el 25%. En el caso de Malta, que en 2018 adoptó una legislación sobre los beneficiarios efectivos, se estipuló que esta condición se aplique a las personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 25% de las acciones de una empresa o que ejerzan el control sobre ella por otros medios.

El portugués Nélio Lucas fue hasta principios de 2017 el presidente ejecutivo de Doyen y también su socio minoritario, con un 20%. Después dejó la empresa, pero fue obligado a testificar en el juicio de Rui Pinto, el informante que filtró los documentos de Football Leaks, sobre el ataque informático a Doyen en 2015. Tras declarar el pasado día 5, Nélio Lucas será escuchado de nuevo en el tribunal este martes, en una sesión que promete ser animada: en las primeras horas como testigo el empresario se irritó y se mostró impaciente por la cantidad de preguntas que se le hicieron sobre lo que era Doyen y cómo funcionaba.

La abogada del fondo, Sofía Ribeiro Branco, expuso ante los jueces que Doyen funcionaba como cualquier empresa comercial, sujeta a las mismas normas de información que cualquier empresa, sin opacidad. A partir de 2015 la FIFA prohibió los TPO y el negocio de la empresa se resintió. En cualquier caso, la forma en que Doyen operaba en sus primeros años era dudosa: una empresa comercial con sede en Malta que firmaba contratos que se referían a ella misma como un fondo.

“No era un fondo y nunca lo fue, pero podría serlo en el futuro”, dijo Nélio Lucas el 5 de noviembre, admitiendo que en muchos contratos se mencionaba a Doyen de hecho como un fondo, aunque legalmente no lo era. “La propia prensa nos llamó fondo”, añadió. “La prensa puede ser culpable de muchas cosas, pero las propias cláusulas de los contratos se referían a Doyen como fondo”, replicó enseguida la jueza Margarida Alves.

No, Doyen no era un fondo, a pesar de que tomaba participaciones relevantes en los derechos económicos de los jugadores. Tampoco era un banco, aunque había firmado acuerdos que financiaban y daban liquidez a varios clubes desesperados por conseguir dinero. ¿Y estaba realmente controlado por Malik Ali, según consta en el Registro Mercantil de Malta?

Los bancos españoles no hacen preguntas

Los documentos a los que tuvo acceso el consorcio EIC (European Investigative Collaborations), del que son miembros tanto Expresso como infoLibre, muestran que aunque Malik Ali era formalmente el mayor accionista de Doyen –a través de Benington Group Assets, con el 80%; el 20% restante pertenecía a Wood Gibbins & Partners, una sociedad de Nélio Lucas–, la empresa sólo existía gracias a Refik Arif, miembro de la rica familia Arif, que hizo una fortuna en Kazajstán y Turquía, primero con el negocio de las materias primas y los productos químicos, y luego en la construcción y la hostelería. Incluso entraron en Estados Unidos de la mano de Bayrock, asociándose con Donald Trump. El negocio resultó ser un fracaso.

La creación de Doyen Sports Investments en 2011 marcó la entrada de la familia Arif en el negocio del fútbol. Fue Malik Ali, sobrino de Refik Arif, quien dio la cara –y el nombre– en el negocio, y fue el portugués Nélio Lucas, que ya entonces actuaba como intermediario en transferencias de jugadores –tiene ficha en la Federación Española de Fútbol–, quien contribuyó con su experiencia en el sector. Pero fue Refik quien financió la apuesta.

Ese año la entrada de Doyen en el fútbol se financió con un préstamo de hasta 100 millones de euros que Refik Arif concedió a Malik Ali, quien a su vez utilizó esos fondos para financiar a Doyen Sports Investments, con un contrato por el que Doyen pagaba a Benington Group Assets un interés anual del 4,5%. En los informes anuales de Doyen en Malta se asume la existencia del préstamo de los accionistas –de Benington– pero la empresa nunca reveló que el verdadero financiador de la empresa fuera Refik Arif.

En su primer testimonio en el juicio de Rui Pinto, Nélio Lucas nunca mencionó a los Arif, se refirió siempre a Malik Ali. “Los ingresos de mi socio vinieron de su familia. Mi única preocupación era si ese dinero era legal. Hicimos una evaluación y el banco Barclays, en Inglaterra, se aseguró de que el dinero era limpio. Sabía que esos fondos provenían de las inversiones de su familia, pero no tenía que saber exactamente de dónde. Para transferir grandes sumas de dinero, los bancos hacían sus propias gestiones”, declaró el agente portugués, de acuerdo con la cita publicada por el diario luso Público.

Curiosamente, entre los documentos obtenidos por Football Leaks, se encuentra un correo de Lucas en el que se congratula de lo “rápido y fácil” que resulta hacer transferencias de fondos usando “bancos españoles” –en concreto, cita una sucursal de Barclays en España–, a diferencia de Credit Suisse, donde siempre les hacen “millones de preguntas” y les ponen millones de “dificultades”.

Poco después de que el blog Football Leaks publicara los primeros contratos de Doyen, en octubre de 2015, Refik Arif no estaba satisfecho con la forma en que la empresa llevaba a cabo sus negocios y quería más transparencia e información de Nélio Lucas y de la propia Doyen, donde hasta entonces Refik ya había inyectado 40 millones de euros –del total de hasta 100 millones de euros previstos en 2011–. Refik Arif quería un retorno de su inversión. Y quería un reembolso inmediato de 10 millones de euros. Como en muchos otros negocios, el dinero es el rey y quien financia manda. Aunque en el papel y en los registros oficiales Doyen nunca fuera propiedad de Refik Arif.

“Nada ilegal que ocultar”

En nombre de EIC y sus socios, la revista alemana Der Spiegel ha preguntado tanto a Doyen como a Nélio Lucas sobre el control efectivo de la empresa y la participación de Refik Arif en su financiación. “Doyen Sports Investments, sus accionistas e inversores siempre han actuado cumpliendo la ley y de acuerdo con asesoramiento especializado, con las normas y reglamentos de las diversas jurisdicciones en las que ha hecho negocios”, ha sido su respuesta, facilitada a través de la abogada Sofía Ribeiro Branco.

Doyen también dice que no tiene “nada ilegal que ocultar”. Y explica que, tras el ataque informático que sufrió en 2011, informó “inmediatamente a las autoridades competentes del intento de extorsión, que finalmente conduciría a la detención del hacker”. “Además, cabe destacar que la fuente de la información obtenida ilegalmente en la que se basan sus preguntas está siendo juzgada actualmente por múltiples delitos, entre ellos el acceso ilegítimo y la tentativa de extorsión”, concluye.

La posición de Nélio Lucas, que dejó Doyen a principios de 2017 y sigue viviendo en Londres, no es muy diferente. “La actividad de mi antigua empresa se realizó respetando la ley y las normas según los expertos que nos asesoraron”, respondió el agente portugués, negándose a confirmar las informaciones por la que le preguntó Der Spiegel, en nombre de EIC, pero repitiendo que “fueron obtenidas ilegalmente por un ciberdelincuente que está siendo juzgado por haber violado y expuesto la privacidad de varias partes”.

EIC pidió a Nélio Lucas que compartiera la evaluación que ante al tribunal dijo que se había hecho sobre el origen legítimo de los fondos que habían financiado a Doyen, y le preguntó si podía confirmar que el inversor era Refik Arif, mediante el préstamo de 100 millones de euros. Lucas rechazó hacer comentarios al respecto.

“El delito sólo puede combatirse denunciando las irregularidades a las autoridades competentes y, si es necesario, ayudándolas en las investigaciones. Tengo derecho a no hacer comentarios y debo abstenerme de hacerlo por respeto al tribunal. No comentaré ni compartiré las respuestas del testimonio dado en el contexto de un juicio en curso, especialmente cuando mi declaración aún no ha terminado”, argumentó Nélio Lucas a Der Spiegel.

Este martes el agente portugués se encontrará de nuevo con Rui Pinto en el Campus de la Justicia de Lisboa y con el tribunal que juzga a la fuente de Football Leaks desde septiembre. Portugal se halla en estado de emergencia, el fútbol necesita desesperadamente aficionados en los estadios y, cinco años después, las vidas de Lucas y Pinto son muy diferentes. El negocio de Doyen es una sombra de lo que fue.

Al menos doce personas han muerto tras estrellarse este viernes un avión de pasajeros de la aerolínea Bek Air cerca de la ciudad de Almaty, en el sureste de Kazajistán, según el último balance de las autoridades locales publicado por la agencia de noticias Kazinform y recogido por Europa Press.

Tras haber informado de quince muertos en el siniestro aéreo, cuyas causas se están investigando, el Ministerio del Interior ha confirmado que el accidente aéreo ha acabado con la vida de doce personas y ha difundido sus identidades. Del total de víctimas, ocho personas han muerto en el lugar del accidente y otras cuatro han fallecido en centros médicos.

El siniestro ha causado heridas a decenas de personas, que están recibiendo tratamiento en hospitales. El Gobierno ha decretado la apertura de una comisión de investigación que estará liderada por el primer ministro del país, Askar Mamin, para determinar las causas del siniestro.

Según informa la agencia de noticias Kazinform, el avión de la compañía kazaja Bek Air ha tocado dos veces la pista de despegue antes de conseguir alzarse y poco después ha terminado estrellándose contra un edificio de dos plantas.El avión realizaba el vuelo de Almaty a Nursultán y llevaba a bordo 95 viajeros y cinco tripulantes. 

El Ministerio del Interior ha confirmado que a bordo de la aeronave viajaban cuatro extranjeros, de los cuales dos son de Ucrania, uno es de China y otro de Kirguistán.

El presidente de Kazajistán, Kassym Jomart Tokayev, ha expresado sus condolencias por el accidente y ha declarado este sábado como día de luto nacional en memoria de las víctimas del siniestro aéreo.

Los vuelos de la compañía aérea Bek Air han quedado suspendidos este viernes. El Gobierno ha anunciado la apertura de una investigación sobre el siniestro, mientras continúan los trabajos de rescate en la zona del accidente aéreo.

La venta de armas sigue siendo un negocio muy lucrativo en España, y poco importa que los compradores de estos productos sean regímenes con escasas virtudes democráticas. Según un informe oficial elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, al que ha tenido acceso infoLibre, las empresas españolas vendieron el año pasado "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, la cifra más alta de la última década. Y un importante pellizco de este dinero provino de dictaduras: monarquías absolutas como la de Arabia Saudí o repúblicas autoritarias como Egipto pagaron más de 529 millones de euros en 2017 por hacerse con armas de fabricación española.

El desglose de los datos lo recoge el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondiente al año 2017. El documento, que aún no es público pero al que ha tenido acceso este diario y que elabora anualmente la Secretaría de Estado de Comercio, revela que el valor de las exportaciones de material de defensa realizadas durante el año 2017 aumentó un 7,3% con respecto al año anterior y superó por segundo año consecutivo los 4.000 millones de euros.

Más de 529 de esos millones procedieron de once países que pueden calificarse como dictaduras ya que, o bien no celebran elecciones (como Arabia Saudí u Omán), o bien tienen procesos electorales que dan como resultado victorias aplastantes del candidato en el poder (caso de Egipto, donde Abdelfatá Al Sisi ganó las últimas elecciones con el 97% de los votos, o Kazajistan, donde el presidente Nursultan Nazarbayev gobierna desde 1991 y se impuso en los últimos comicios con el 97,8% de los sufragios). Y ello pese a que la ley española prohíbe exportar armas "cuando existan indicios racionales" de que pueden ser empleadas "en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad", "exacerbar tensiones o conflictos latentes", "ser utilizados de manera contraria" a los derechos humanos o "con fines de represión interna".

El principal cliente individual de las empresas españolas de armamento fue Alemania, que gastó más de 1.213 millones de euros en comprar ocho aviones de transporte y otro material. En segundo lugar se encuentra Reino Unido, cuyo gasto ascendió a 949,8 millones de euros y que adquirió 6 aviones de transporte, y le sigue Francia, que invirtió 422 millones de euros en material de defensa español –casi todo el dinero se utilizó para sufragar la compra de tres aviones de transporte–. Según explica el propio informe, el comercio con estos tres países y con Italia (que gastó 90,3 millones de euros) "se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de la defensa", entre los que se cuentan "el caza de combate EF-2000, el avión de transporte militar A400M" o "el helicóptero Tigre".

No obstante, el cuarto mejor comprador de armas españolas en 2017 fue un país con un régimen mucho más controvertido que los socios europeos de España: Arabia Saudí. La teocracia, que gobierna con mano de hierro desde hace décadas la Casa de Saud, compró a España material de defensa por un valor de 270,1 millones de euros el año pasado pese a liderar desde 2015 una coalición internacional contra Yemen. La compra, según indica el informe, abarcó "un avión de transporte (55,5 millones de euros), repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación europeo, aviones no tripulados, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería" y equipos de vigilancia.

Omán, Kazajistan, Tailandia o Emiratos Árabes

Ningún otro de los once regímenes sin elecciones o con elecciones amañadas que compró armas a España lo hizo en la misma proporción que los saudíes. El siguiente de estos países en nivel de inversión fue Omán, otra monarquía absoluta comandada por el sultán Qabus bin Said al Said, que se gastó en 2017 un total de 72,8 millones de euros en armas españolas y otros 4,4 millones en material antidisturbios. Ese dinero le sirvió para comprar "cinco patrulleras ligeras de vigilancia costera (42,2 millones de euros), 33 vehículos todo terreno no blindados (5,5 millones de euros), repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, lanzagranadas, munición de calibre medio, detonadores y encendedores eléctricos para mecha lenta y sistemas integrados de vigilancia aérea".

Otros 158 millones que se embolsó el sector armamentístico procedieron de tres dictaduras que hicieron en 2017 un gasto similar en material de defensa español. Kazajistan, gobernado por el exjerarca soviético Nazarbayev, gastó 54,6 millones de euros en dos aviones de transporte y repuestos. Tailandia, desde 2014 gobernada por una junta militar cuyas compras tuvieron un valor de 52,8 millones, también compró un avión militar y repuestos para aeronaves, así como "munición antiaérea y de artillería para las Fuerzas Armadas y la Marina" y "bloques de explosivo". Y Emiratos Árabes –que gobierna el emir Jalifa bin Zayed Al Nahayan–  invirtió 52,9 millones en "partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para aviones de reabastecimiento en vuelo, cuerpos de bombas, granadas" y otro material.

El resto de los regímenes dictatoriales a los que España vendió armas en 2017 hicieron desembolsos mucho más modestos. Egipto, por ejemplo, se gastó 12,5 millones de euros en repuestos para aeronaves, corbetas, vehículos de transporte y blindados; Catar abonó a la industria armamentística española ocho millones a cambio de "granadas de mortero" y "recambios para carros de combate"; y Vietnam se gastó más de tres millones y medio de euros en sistemas de dirección de tiro. En comparación, el gasto del resto de países es meramente testimonial: República Democrática del Congo pagó 518.000 euros; Etiopía gastó 179.852, y Cuba apenas 1.750 "en un rifle de caza para la Policía".

Turquía es uno de los mejores clientes

Además de las dictaduras, entre los compradores de armas a empresas españolas en 2017 también se encuentran países que, pese a celebrar elecciones con regularidad y con la concurrencia de múltiples partidos, han sido acusados de prácticas autoritarias, antidemocráticas o agresivas. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, uno de los mejores clientes de la industria armamentística nacional, que gastó el año pasado nada menos que 301,4 millones de euros en dos aviones de transporte, repuestos para aeronaves, componentes de motores de buques, queroseno de aviación y municiones, entre otros productos.

Marruecos, por su parte, también fue uno de los países donde España exportó armas en 2017, aunque por un valor muy inferior: el reino alauí gastó 16,7 millones en granadas de mortero, munición antiaérea y componentes para tanques. El desembolso de Israel fue mucho menor y ascendió a 1,4 millones de euros, una cantidad similar a la que gastó Argelia, que pagó 1,7 millones a la industria armamentística española. Y Venezuela fue el destino de componentes militares por un valor de 3,4 millones de euros.

Pese a las restricciones que plantea la ley, en 2017 el Gobierno únicamente vetó cuatro exportaciones de material de defensa. Dos de ellas afectaron a Israel, que no pudo comprar a España diez caños para el desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carros de combate, mientras que otro de los vetos fue para una operación con destino a China (seis sistemas de clasificación acústica) y el último afectó a Myanmar (20 pistolas de tiro deportivo).

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio fue remitido a las Cortes hace unos meses, y los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso tienen hasta el 17 de septiembre para elaborar un dictamen sobre el mismo. En principio, la ley obliga a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a comparecer en la Cámara baja "para informar sobre las estadísticas", si bien fuentes del PSOE plantean la posibilidad de que Méndez no explique el documento y se limite a entregarlo, dado que es un informe elaborado por el anterior Gobierno. Grupos como Unidos Podemos se oponen tajantemente a esta opción y aseguran que exigirán que la secretaria de Estado comparezca ante la comisión.

A sus 65 años, también es administrador del Grupo Lagardère y presidente del comité de auditorías del grupo JC Decaux. Una bonita carta de presentación de la que Sarrau oculta un aspecto menos glorioso: también él montó la estructura de capital offshore del oligarca Bulat Utemuratovoffshore, el colaborador más rico y más cercano del dictador de Kazajistán Nursultán Nazarbáyev.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart, socio editorial de infoLibre, hace diez años que gestiona la fortuna de Utemuratov a través de sofisticadas estructuras que pasan por Luxemburgo y por muchos otros paraísos fiscales.

Una de las piedras angulares de esa alambicada estructura se puso en Mónaco en 2011. Ese año, Sarrau cedía una filial de Gordon S. Blair, su consultoría en el Principado, a un derechohabiente de Bulat Utemuratov con la idea de fundar la family office encargada de gestionar los asuntos privados del oligarca. Esta sociedad, que emplea actualmente a dos excolaboradores de la consultora monegasca de Sarrau, tiene un nombre que no deja lugar a dudas: Janus SARL.

Como el dios romano, Xavier de Sarrau es un personaje de dos caras. Por un lado se presenta como un abogado discreto, íntimo de Nicolas Sarkozy y bien relacionado con el círculo de empresarios de París. Por el otro, aparece como especialista en estructuras offshore que no duda a la hora de poner sus competencias al servicio de uno de las mayores dictaduras del planeta. Una duplicidad que no parece molestar lo más mínimos a los grupos franceses que administra, entre ellos Lagardère, que en 2010 le puso al frente de su órgano de control en 2010.

A ninguna de las personas de su entorno se le escapa la habilidad de Xavier de Sarrau para evitar los focos. Desde hace casi 20 años, este egresado de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) es uno de los pocos amigos íntimos de Sarkozy que permaneció a la sombra del expresidente francés. En el libro La Nuit du Fouquet's, los periodistas Ariane Chemin y Judith Perrignon mencionan de pasada que Sarray se encontraba entre los invitados a la célebre velada privada del 6 de mayo de 2007.

En noviembre de 2007, Xavier de Sarrau se coló con total discreción en compañía de otros invitados personales del presidente (el marchante de arte Guy Wildenstein o el restaurador Guy Savoy) en la heteróclita delegación que acompañaba a Nicolas Sarkozy en su primer desplazamiento diplomático a Washington. Esa es la versión oficial.

El abogado de 65 años no es un mero cortesano que acude al selecto restaurante Fourquet's y que, acto seguido, busca otras compañías tras la derrota de Sarkozy en 2012. Su amistan con el expresidente francés data de finales de los 90 por un episodio, cuando menos, particular.

La anécdota, quizás muy novelada fruto del paso del tiempo, todavía hace reír en su entorno: “Sarrau dirigía entonces Arthur Andersen en Francia. Se dirigió a Sarkozy [entonces alcalde] para pedir que cambiasen el nombre de una calle de su comuna. La sede de Arthur estaba en el 41 de Ybry, un nombre impronunciable para los visitantes anglófonos que decían “Uay-Braiye”. Sarkozy responde entonces de forma educada que no se puede cambiar el nombre de una calle que honra a uno de sus predecesores [Charles Stéphane Ernest Ybry, ingeniero eminente que dirigió la ciudad de 1868 a 1870]”, relata, risueño una persona del entorno de exdirigente de Arthur Andersen.

Xavier de Sarrau ha declinado hablar con Mediapart, pero no podrá negar haber acogido a Nicolas Sarkozy en su casa de verano de Pyla, en compañía de su mujer, Sylvie de Sarrau, una amiga de Cécilia Attias (ex de Sarkozy). O haber invitado a su amigo a formar parte del comité de Arthur Andersen France, una suerte de caja de ideas integrada por personalidades, por supuesto, remuneradas por ello, en cada brainstorming.

Fiel al expresidente, el hombre no parece serlo tanto a Francia. En 2004, un año después de ser nombrado Caballero de la Legión de Honor, Sarrau decide exiliarse fiscalmente. Se va a Suiza, país donde se nacionaliza. En Ginebra fue donde comenzó a trabajar como abogado fuera de Francia y liquidó Arthur Andersen, de la mano de Aldo Cardoso, otro exdirigente de Arthur Andersen, miembro de los donantes del Primer Círculo de la UMP [que reagrupa a los donantes más ricos del partido].

Según figura en su perfil de LinkedIn, Xavier de Sarrau reside a día de hoy en Inglaterra, cuyo régimen fiscal para “no residentes” le evita tener que pagar impuestos sobre el grueso de sus ingresos. Pero el abogado también mantiene importantes vínculos con Mónaco; se relaciona con Jean-Luc Allavena, amigo de infancia de Alberto II, de quien fue director de gabinete, y que le dio acceso al Grado de caballero de la Orden de San Carlos en 2009. Al nacionalizarse suizo, Sarrau se asegura de que escapa del acuerdo fiscal firmado entre París y Mónaco, por si un día decidise irse al Principado, donde no existe el impuesto sobre la renta simplemente (salvo para los franceses).

Secreto contra “la cultura de la investigación y de la denuncia”

Sarrau teorizó la cultura del secretismo. En 2015, en una entrevista concedida a Monado Hebdo, el abogado explicaba que frente a “un mundo cada vez más judicializado” (en palabras del periodista), “las High Net Worth [las mayores fortunas] presentes en la vida de los negociones y también en la vida familiar desean que sus activos estén protegidos ante la posibilidad de que fueran atacados”. Y el responsable de Gordon Blair añade que “la gente quiere proteger la confidencialidad de sus negocios, sus problemáticas y su patrimonio” frente a la “cultura de la investigación y de la denuncia”.

Así se entiende mejor las razones por las que el discreto e influyente abogado suizo sedujo a Bular IUtemuratov, un oligarca kazajo que, por definición, no quiere ver su patrimonio y sus operaciones expuestos en la plaza pública.

Utemuratov, a quien se presenta como el tesorero del poder o como su eminencia gris, despierta mucha curiosidad; algunos opositores al régimen incluso le describen como una especie de cardenal Richelieu que gobierna Kazajistán a la sombra del rey. Una proximidad que le ha permitido levantar un imperio financiero considerable en los sectores bancarios, de las telecomunicaciones y de la energía.

Primera fortuna del país, según Forbes, su patrimonio asciende a al menos a 2.400 millones de dólares. Quizás superior. Disperso en numerosas sociedades de las que Sarrau es administrador en Luxemburgo, en Suiza y en las Islas Vírgenes británicas.

Por próximo al poder que esté, Utemuratov, que preside también en su tiempo libre la Federación Nacional de Tenis, sabe que el viento puede cambiar rápidamente en Astaná. “Sabe demasiado sobre temas personales del presidente”, decía en 2008 el opositor Zharmakhan Tuyakbay en una entrevista con el embajador de EEUU, revelado en un cable de Wikileaks.

El asesor de Nazarbaiev efectivamente sabe mucho sobre varios asuntos neurálgicos de la Presidencia. Como sucede con el caso Tractebel, en alusión al nombre de la compañía de electricidad belga acusada en 1998 del pago de comisiones para lograr mercados en la región de Almaty. Se trata del primer Kazajagate antes del que socava, 18 años después, la Presidencia Sarkozy.

En el trío de intermediarios imputados en el caso belga, aparece el nombre de un viejo conocido de las redes de financiación ocultas: Patokh Chodiev. Perseguido por corrupción, este inversor kazajo belga próximo a Nazarbaiev, también implicado en los contratos del régimen con Airbus, no fue sometido a juicio en 2011 gracias a una rocambolesca operación, dirigida desde Francia y el Elíseo.

En esa época, ya con muchos contactos en el palacio presidencial, Utemuratov está acusado de haber apoyado el gigante ruso Gazprom, que competía con Tractebel para hacerse con el mercado. En agosto de 1999, revelaba entonces la carta especializada de Intelligence Online, organizaba sobre todo una reunión en un palacio parisino con el fin de iniciar una negociación entre los dos grupos energéticos. Fracasó.

También en política, Utemuratov tiene una sólida reputación. El 16 de agosto de 2007, Rachat Aliyev, exyerno de Nazarbaiev y exvicepresidente de los servicios secretos kazajos, acusaba públicamente al oligarca de haber extorsionado a varias empresas nacionales por un montante de 100 millones de dólares para financiar el partido presidencial Nur-Otan. Caído en desgracia para el régimen semanas antes, Aliyet reclamó a la comisión electoral la anulación de las elecciones legislativas y amenazó con publicar pruebas, hasta morir en una cárcel de Viena después de permanecer siete años en el exilio, en Austria.

Utemuratov cuenta con sólidas conexiones con Suiza, donde fue embajador de 1995 a 1999. Ligado a la sociedad Glencore, uno de los mayores proveedores mundiales de materias primas y de tierras raras con base en Ginebra, en la compañía minera Kazzinc, explota en Kazajistán seis yacimientos de cobre, de zinc y la mayor mina de oro del país (Vasilkovskoye de Kokshetau).

En el poderoso holding Verny Capital, es socio desde 2006 de Timur Kulibaev, la segunda fortuna del país y marido de Dinara Nazarbaieva, una de las tres hijas del presidente. En 2011, Verny Capital, que gestiona oficialmente 4.000 millones de dólares en activos en el sector inmobiliario, transporte y telecomunicaciones, adquirió el Ritz de Moscú, en la calle Tverkaia, los Campos Elíseos rusos. Bajo mano, el dictador Nazarbaieva es el verdadero beneficiario de la operación, según varios opositores del régimen en el exilio. Verny Capital tiene como administrador único no kazajo a un tal... Xavier de Sarrau.

Contactado por teléfono y después por e-mail, Xavier de Sarrau ha declinado concedernos una entrevista. “No contesto a esas preguntas”, se limitaba a repetir, el viernes 23 de septiembre, por teléfono.

Traducción: Mariola Moreno

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