Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

Ramón Flecha, el catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB) acusado de acoso y abuso de poder, ha construido durante décadas su prestigio académico apoyándose en una red creada específicamente para exponer las tesis de su grupo de investigación, la Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos (CREA, por sus siglas en inglés). Miembros de CREA participan, controlan y dirigen revistas de carácter científico en las que tanto Ramón Flecha como sus colegas llevan publicando artículos desde hace años. A partir de esas publicaciones, han ido haciéndose un hueco en la cumbre del mundo académico, dando forma a perfiles de impacto y relevancia. Pero los medios utilizados para alcanzar ese prestigio empiezan a sembrar dudas entre los expertos.

Para entenderlo en su complejidad, hay que mirar primero hacia una entidad: Hipatia Press. La organización nació en 2007 en forma de editorial. Su nombre completo entonces era Hipatia Editorial SLNE. Así operó hasta el año 2022, con Iñaki Santa Cruz como administrador único y liquidador. Este primer nombre propio es relevante: se trata de un amigo íntimo de Ramón Flecha, tal y como él mismo reconoce en el libro Amistades Creadoras, un ensayo sobre el catedrático y su grupo de investigación, escrito por Elisenda Giner. Hasta 2016, Iñaki Santa Cruz figuraba como miembro activo de CREA en su página web y actualmente aparece en el apartado de grupos de investigación consolidados.

En el año 2019, Hipatia adoptó el apellido Press y pasó a constituirse formalmente como una asociación. Sus vínculos con CREA no se ciñen únicamente a Santa Cruz, sino que su actual órgano de gobierno está formado por nombres vinculados al grupo de investigación del catedrático. La presidenta es la ya citada Elisenda Giner, biógrafa de Ramón Flecha y miembro de CREA en el pasado. Como secretaria figura Ana Burgués De Freitas, profesora de Sociología y actual miembro de CREA. 

Hipatia edita un total de 17 revistas científicas, en las que habitualmente publican artículos miembros de CREA. Entre ellos, Ramón Flecha. Es decir, el grupo de investigación fundado por el catedrático construyó una editorial pensada específicamente para difundir una parte sustancial de sus propios artículos. En los equipos editoriales de la mayoría de las revistas, vuelven a hacer acto de presencia miembros de CREA. Si bien no se trata de una práctica fuera de los márgenes de la ley, lo cierto es que las voces consultadas cuestionan su profesionalidad y sostienen que genera "un espejismo de calidad e impacto científico".

La pregunta inmediata es obvia: ¿son publicaciones con la suficiente calidad científica? Para responder, es importante echar un vistazo al sello FECYT. Se trata de un aval que otorga la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, a revistas científicas. El objetivo es certificar su calidad editorial y científica, evaluando factores como el impacto, la visibilidad y las buenas prácticas editoriales. Según la base de datos de FECYT, once revistas de Hipatia tienen el sello y seis no.

Si bien es cierto que los miembros de CREA no sólo publican en las revistas que pertenecen a su editorial, un análisis de su producción en lo que va de año determina que buena parte de los artículos encuentran encaje en algunas editoriales que están bajo la lupa. Entre los artículos científicos firmados por miembros de CREA en 2025, el 72,7% fueron publicados en revistas del grupo Hipatia, Frontiers o MDPI. Estas dos últimas son editoriales especialmente cuestionadas en el mundo académico, ya que muchas de sus revistas presentan características que las sitúan en una zona gris entre la legitimidad académica y prácticas propias de las llamadas "revistas depredadoras".

Estas "revistas depredadoras" son publicaciones que aun siendo estrictamente científicas, caen en prácticas de dudosa calidad, basadas fundamentalmente en el cobro de altas tasas a los autores y procesos de revisión por pares acelerados, lo que pone en cuestión su rigor, además de una expansión muy rápida de sus títulos con criterios de calidad discutibles.

Según confirman fuentes académicas, existe un "amplio consenso", al menos en ciencias sociales, respecto a que las prácticas tanto de Frontiers como de MDPI pervierten el sistema. "Ambas se han enfrentado a críticas y polémicas sobre sus prácticas comerciales, en particular con respecto a la revisión por pares excesivamente permisiva y la subordinación de las funciones académicas a los intereses comerciales", tal y como se señala en este artículo de la London School of Economics (LSE).

Esta dinámica, la de crear de forma calculada y sistemática las condiciones de posibilidad para aumentar su prestigio académico, es en realidad una constante en Ramón Flecha y su equipo. Tal y como publicó en julio elDiario.es, el catedrático emérito llegó a atribuirse en exclusiva un artículo escrito por otra persona de CREA, una profesora cuyo nombre jamás apareció en la firma. Según el mismo diario, aquel artículo permitió al académico aparecer en una revista científica internacional de prestigio.

Más recientemente, el catedrático tuvo que rectificar su perfil en Google Scholar para no ser eliminado del ranking de científicos que elabora anualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según denunciaba el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Flecha había estado trampeando los datos de su perfil para posicionarse en lo alto de las clasificaciones. 

En concreto, el perfil de Flecha se atribuía 25.490 citas, cuando una búsqueda en Google Scholar filtrando en la autoría por su nombre solo producía 14.997, lo que supone una diferencia de más de 10.000 citas falsamente atribuidas por él mismo. 

En las citas anida precisamente otra de las grandes estrategias del catedrático y su equipo. La dinámica es la siguiente: aumentar artificialmente el impacto, acumulando autocitas dentro del propio grupo. Según explican fuentes académicas, "este tipo de prácticas están mal vistas en la comunidad científica", ya que distorsionan la relevancia de un autor. Por ello, los "índices de impacto bibliométrico más rigurosos suelen aplicar filtros que redicen o eliminan las autocitas".

Sin embargo, la cosa se complica cuando las citas no son a uno mismo, sino a miembros del mismo grupo de investigación. Analizando los artículos de los autores más productivos de CREA, se puede concluir que nueve de los diez autores más citados por cada uno de ellos son compañeros de filas. Ramón Flecha aparece sistemáticamente como el autor más citado dentro de este círculo. Algo que, a juicio de los académicos consultados, es "una anomalía respecto a las dinámicas habituales de citación" y evidencia "cómo el grupo ha tendido a cerrarse sobre sí mismo". La paradoja –y quizá también el objetivo de fondo– es que este circuito de referencias cruzadas, aun tratándose de una práctica claramente endogámica, les ha servido para ganar visibilidad y proyección hacia el exterior.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son una suerte de "comisarios políticos" de los partidos, según el portavoz de la asociación conservadora Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo. El sistema de elección parlamentaria de los vocales es "partitocrático", lo que "afecta a la independencia" de los jueces y magistrados, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FdV). El Consejo es un órgano constitucional "enfermo" y "sin credibilidad", por su "dependencia del poder político", según María Pilar Astray, dirigente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por las tres asociaciones judiciales conservadoras en una jornada de debate organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el sistema elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos tres colectivos defienden una reforma en la que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la institución procedentes de la magistratura (los otros ocho deben ser elegidos por el Parlamento por mandato constitucional). A esa posición, la mayoritaria en la carrera judicial, solo se opone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente a ellos, dos exministros de Justicia, un exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho Constitucional han coincidido, en su mayoría, en la necesidad de evitar un modelo de Consejo que solo refleje los intereses corporativos de los jueces y defienden que su órgano de gobierno refleje el pluralismo de la sociedad española y no solo el de sus colectivos profesionales. Los expertos, que han participado en el encuentro denominado El sistema de elección de los vocales del CGPJ han afirmado que, con el sistema actual, la independencia judicial en España está garantizada, aunque han reclamado mecanismos legales para evitar bloqueos en la renovación, como el provocado por el PP.

La jornada se ha organizado con motivo del mandato que las Cámaras impusieron al CGPJ de redactar un informe con una propuesta de reforma del sistema de renovación de los 12 vocales de procedencia judicial "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" que sea acorde "con los mejores estándares europeos". Progresistas y conservadores no se ponen de acuerdo. Mientras que los primeros mantienen que la elección debe ser parlamentaria, como hasta ahora, los conservadores exigen que sea la carrera la que los seleccione sin ninguna intervención de las Cortes. El informe debe ser enviado al Gobierno y a las Cámaras el próximo 6 de febrero. Con toda probabilidad, el documento que se elabore recogerá sendas propuestas de ambos grupos ante la falta de consenso.

Ante las reclamaciones de las tres asociaciones conservadoras, varios expertos recordaron ayer que las recomendaciones de la Comisión de Venecia o el Greco (organismos del Consejo de Europa) de que una parte de los vocales sean elegidos por sus pares no son obligaciones. En primer lugar, porque no todos los países del entorno europeo cuentan con un órgano similar al español -algunos, como Alemania, no tienen-. Pero también porque no hay una norma concreta del derecho europeo que imponga ese sistema de elección a los Estados miembros ni tampoco sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto esas recomendaciones como las del informe del Estado de derecho de la Comisión Europea tienen su origen en las crisis judiciales de Polonia y Hungría, en las que sus gobiernos pusieron en riesgo la independencia judicial, algo que, según los expertos, en España siempre ha estado garantizado.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y candidato inicial del sector conservador a la presidencia del Consejo, Pablo Lucas, que se ha declarado partidario de la elección parlamentaria, en contra del criterio mayoritario de la carrera judicial. También el exmagistrado del TEDH y del TC, Luis López Guerra, que aseguró que el derecho europeo deja "una amplia libertad de actuación en el sistema de elección de vocales" a los Estados miembros y no únicamente el corporativo. "Si solo se permitiera la elección de los vocales judiciales por sus pares, muchos países quedarían fuera del estándar europeo", ha afirmado.

La abogada del Estado jefa ante el TJUE, Andrea Gavela, ha explicado que la intervención de la Comisión Europea en el último proceso de renovación "no se debió tanto al sistema de elección de los vocales como al bloqueo" de más de cinco años al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces. Y recordó que en el último informe sobre España, de julio de 2024, se constataron "avances significativos" en las recomendaciones.

El que más ha insistido en la necesidad de que el futuro sistema de renovación garantice el pluralismo político en el CGPJ ha sido el exministro y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. El profesor ha identificado la calidad de la justicia con "el pluralismo de los órganos judiciales" y ha asegurado que debe ser el Consejo el que lo garantice. "La elección de los vocales por los jueces no lo hace", ha concluido. La catedrática de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, ha defendido que la elección parlamentaria "es la que mejor se corresponde con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional", aunque propuso medidas para evitar el bloqueo, como la elección por sorteo en caso de que los partidos no se pongan de acuerdo.

Solo una de las constitucionalistas invitadas se ha mostrado favorable al sistema corporativo de elección de los 12 vocales. Se trata de la catedrática de la Universitat de València, Rosario Serra, que, además, ha propuesto que el órgano se renueve por partes -como el Constitucional, que lo hace por tercios- para evitar la prórroga del mandato. Su colega de la Universidad Complutense, Javier García Roca, ha recordado que hay muchos más jueces en las asociaciones conservadoras que en la progresista JJpD. También ha recomendado mecanismos que obliguen a la renovación en plazo, como la insaculación si los grupos políticos no actúan, impedir el reparto de las vocalías por lotes entre asociaciones judiciales y evitar que el Consejo se convierta en un ascensor de sus miembros hacia el Tribunal Supremo o el Constituicional.

Vicenç Navarro, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, ha sido acusado de acoso laboral y abuso de poder por parte de varios trabajadores de su departamento. Testimonios recogidos por el Diari Ara y elDiario.es muestran cómo profesores, secretarias y personal de investigación fueron víctimas de acoso laboral y abuso de poder por parte del catedrático catalán en los últimos 25 años. Varias empleadas remarcaron su indignación al ver como una figura de la izquierda política, donde públicamente defendía los derechos de los trabajadores, a nivel práctico maltrataba a los que trabajaban con él.

Compañeros de trabajo le definían como “alguien difícil”, pero secretarias y profesoras utilizan términos más fuertes cuando se referían a la relación con el profesor. “Me tiró una grapadora en la cabeza”, “Ver gente salir llorando de su despacho era fácil”, o “Me llamaba durante los fines de semana y festivos, si no respondía, me bombardeaba a llamadas”, son varios de los testimonios que recoge el Diari Ara, donde se pueden ver las denuncias internas que se han presentado.

En 2018, cuando se nombró a Navarro como catedrático emérito, entró en la Barcelona School of Management (BSM) y fue allí donde empezaron las investigaciones, según varias fuentes. Desde entonces, se han ido recogiendo testimonios de antiguos compañeros de Navarro para poder presentar la acusación. Abogados externos a la escuela abrieron un expediente disciplinario por maltrato, invasión y uso de autoridad. El profesor emérito ha hablado con Diari Ara, remarcando que estas acusaciones no son ciertas. Aún así, la universidad ha iniciado una investigación, indicando que hasta 2021 no había tenido quejas formales por parte de los trabajadores.

El periodista, profesor de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid durante 24 años y escritor Bernardino Martínez Hernando ha fallecido a los 84 años este domingo 7 de abril a causa de un derrame cerebral, según ha informado la Asociación de la Prensa de Madrid.

Natural de León, Martínez Hernando trabajó en prensa y radio de diversos medios de comunicación. Comenzó a los 17 años en medios regionales como El Diario de León y Radio Popular de León y cofundó la revista de poesía Claraboya hasta que en 1969 se trasladó a Madrid. 

Fundó y dirigió la revista bimestral Sociedad/Familia. Trabajó en Informaciones, donde popularizó su firma en primera página y en Vida Nueva, donde fue escalando puestos hasta convertirse en director del semanario madrileño. Asimismo, colaboró en Radio Nacional de España y COPE Madrid, en El País, Blanco y Negro, La Gaceta del Norte, Razón y Fe, Signo, Hechos y Dichos. Publicó trabajos de investigación para revistas especializadas y académicas como Revista de Ciencias de la Información, Lingüística Española Actual, Comunicación y Estudios Universitarios, Estudios sobre el mensaje periodístico y Arbor, entre otras.

Era doctor en Ciencias de la Información por la UCM, licenciado en Filosofía en el Seminario Conciliar de León y diplomado en Lengua y Literatura francesa en la Universidad Católica de París. A lo largo de los 24 años que duró su carrera como profesor de Periodismo en la UCM, Martínez Hernando fue colaborador de cátedra, profesor ayudante y, desde 1989, profesor titular de Redacción Periodística.

El periodista ingresó en 1974 como socio vitalicio de la APM, donde ejerció como directivo durante 23 años. Ejerció el cargo de archivero-bibliotecario y destacó especialmente en su labor para la ampliación de libros y documentos, así como organizador del archivo. Se convirtió en un referente para investigadores y periodistas hasta que se retiró en el año 2015.

Algunas de sus obras como escritor fueron Lenguaje de la prensa, Testigo del misterio o La corona de laurel. Periodistas en la Real Academia Española, y fue coautor junto con Juan Manuel Bernardo Nieto de 120 años de la Asociación de la Prensa de Madrid en fotos (1895-2015).

Catedráticos y profesores de universidades públicas firmaron un documento en el que expresan su posición crítica ante la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, e inciden en que les parece "discutible la estrategia de silencio" de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Y es que, los docentes consideran que la "llamativa discreción" de la CRUE pueda ser confundida "con corporativismo o solidaridad con quienes se entregan a malas prácticas y corruptelas, donde quiera que esto ocurra".

Además, en el documento inciden en que "es obligación básica de los rectores y sus equipos, de los decanos y de los directores de departamento velar por la integridad de los comportamientos y la legalidad de los procedimientos y poner en marcha cualesquiera medidas jurídicamente válidas para la sanción de las acciones indebidas".

Consideran que la "absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que, en lo que a los títulos universitarios se refiere, a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad".

"Oscuros negocios y chiringuitos"

Para los catedráticos y profesores, junto a una mayoría de títulos y estudios de alto nivel y elevada exigencia, "se han colado en el sistema universitario otros que no son sino oscuros negocios y chiringuitos descarados", una "prueba más que concluyente de la ineficiencia de los actuales sistemas de evaluación y fiscalización de las enseñanzas universitarias".

Pese a ello, creen que "incidentes graves como el que actualmente afecta a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a determinado máster de ella dependiente no deben usarse para la crítica genérica e indiscriminada de las universidades públicas españolas y de los estudios que ofrecen".

"Somos los docentes de las universidades públicas los más interesados en un control estricto de la enseñanza y los títulos, tanto en las universidades públicas como, por supuesto, en las privadas. La inquietud actual ha de ser acicate para un análisis riguroso de cómo se organizan y se gestionan los títulos, especialmente los de segundo y tercer ciclo, en todas las universidades, con particular atención a algunas universidades privadas", recogieron en el texto.

Por ello, instan a las autoridades estatales y autonómicas, a los rectores y a los responsables universitarios en general a incrementar el esfuerzo y los medios para que haya "efectivo control y verdadera inspección de la calidad y la seriedad de todos y cada uno de los títulos universitarios".

Confían en que universidades públicas entiendan que su objetivo es científico y docente, "y no económico o político", y que las universidades privadas comprendan que "su legítimo afán de lucro e influencia social no ha de estar reñido con el servicio que prestan, único factor que social y jurídicamente justifica su existencia".

El rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, ha rechazado el recurso de un profesor contra la inclusión en un concurso de promoción interna a catedrático de un docente con 70 años que incumplía los requisitos de edad de las bases de la convocatoria. Éstas establecían que sólo podían presentarse quienes no hubieran alcanzado la edad máxima de jubilación, fijada en 70 años para los profesores.

Como no cabe recurso frente a la resolución del rector, excepto acudir a los tribunales, el proceso selectivo continúa adelante. La comisión de valoración se reunió este mismo martes para evaluar a los candidatos y hacer una propuesta de nombramiento en un plazo de siete días, que ratificará el rector.

A la inclusión en la convocatoria del profesor Enrique Linde Paniagua, que cumplió 70 años el pasado 4 de enero, presentó alegaciones un segundo candidato, Xabier Arzoz Santiesteban, profesor de la Universidad del País Vasco y letrado del Tribunal Constitucional. Un tercero, Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, profesor de la propia UNED, al igual que Linde Paniagua, comunicó su desistimiento el 14 de febrero.

En una resolución firmada el pasado día 16 a la que ha tenido acceso infoLibre, el rector rechaza las alegaciones del recurrente. Como la ley permite a los profesores jubilarse al acabar el curso durante el cual cumplan la edad máxima, 70 años, hasta ese momento, el 30 de septiembre de 2017, Enrique Linde sigue en situación de servicio activo. También hasta entonces, por tanto, debe gozar de “todos los derechos inherentes a su condición de funcionario”, incluido el derecho a la “progresión en la carrera profesional y a la promoción interna”.

Según el rector, que se apoya en un dictamen previo de la asesoría jurídica de la universidad, el hecho de que en las bases no se incluyera explícitamente el caso de quienes continúan en servicio activo hasta acabar el curso una vez cumplidos los 70 años no permite excluir de la promoción a los candidatos en esa situación. Porque, además de que no se pueden limitar o restringir los derechos de los funcionarios en activo, las bases de la convocatoria tampoco pueden contravenir las normas legales de rango superior. En este caso, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El escrito del rector también menciona la no discriminación por razón de edad reconocida como derecho fundamental en la Constitución.

Procedimiento retrasado

Al recuperar el Gobierno la tasa de reposición en las administraciones –el número de nuevos contratos por cada funcionario que se jubila–, que quedó congelada durante la crisis por culpa de los recortes presupuestarios, se desbloqueó también la promoción de profesores a catedráticos. En la UNED se ofrecieron el pasado verano 25 plazas para que profesores titulares poseedores de la preceptiva acreditación ascendieran a catedráticos. Una de esas plazas es la del departamento de Derecho Administrativo a la que se presentaron Linde y Arzoz.

El pasado mes de agosto el rectorado pidió un informe a sus servicios jurídicos para que aclarara posibles dudas sobre la admisión de un candidato que cumplía 70 años, la edad de jubilación en la universidad, durante el procedimiento de selección. El dictamen confirmó la legalidad de la candidatura de Enrique Linde, quien ya había comunicado su intención de jubilarse al término del presente curso académico.

Tras presentar alegaciones su contendiente, la comisión de valoración retrasó la prueba que consiste en una exposición oral de los candidatos sobre su currículo académico y su proyecto docente e investigador, y pidió un nuevo pronunciamiento al rector sobre el asunto. Entonces, en conversación con este periódico, Enrique Linde negó que el tribunal hubiera aplazado su decisión por la existencia de dudas legales sobre su candidatura. “He aportado 400 publicaciones, siete metros lineales de estantería, y la comisión juzgadora está agobiada por la ingente documentación que he presentado”, explicó.

Continuará como emérito

A su competidor sólo le queda ahora la posibilidad de recurrir ante los tribunales de lo contencioso la resolución que dicte el rector nombrando a Linde catedrático. De las 25 plazas que se ofertaron en esta convocatoria de promoción interna sólo falta por resolver la de Derecho Administrativo. Las restantes, según fuentes de la UNED, ya han sido adjudicadas y los catedráticos ya han tomado posesión.

Linde Panigua, profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde 1976, ejerció como subsecretario de los ministerios de Justicia y Cultura en gobiernos de la UCD y el PSOE. Su intención, una vez se jubile en septiembre, es continuar como profesor emérito en la universidad, preparando doctorandos e impartiendo másters.

La Universidad Nacional a Distancia (UNED) va a promocionar a catedrático a un profesor de Derecho Administrativo, Enrique Linde Paniagua, que cumplió los 70 años el pasado 4 de enero, pese a que las bases de la convocatoria establecen que sólo podrán concurrir quienes no hayan alcanzado esa edad.

El tribunal se reunió este lunes, pero ha aplazado su decisión hasta el próximo 6 de marzo para examinar la cuantiosa documentación que presentaron los candidatos. En principio, fueron cuatro los aspirantes, pero han quedado fuera dos de ellos: uno ya era catedrático y otro se retiró. De los dos cuyos méritos debe examinar la comisión juzgadora, uno es Enrique Linde y el otro Xabier Arzoz, profesor de la Universidad del País Vasco y letrado del Tribunal Constitucional. Arzoz ha presentado un recurso para que se excluya del proceso a Linde, profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde hace 40 años.

Al recuperar el Gobierno la tasa de reposición en las administraciones –el número de nuevos contratos por cada funcionario que se jubila–, que quedó congelada durante la crisis por culpa de los recortes presupuestarios, se desbloqueó también la promoción de profesores a catedráticos. En la UNED se ofrecieron el pasado verano 25 plazas para que profesores titulares poseedores de la preceptiva acreditación ascendieran a catedráticos. Una de esas plazas es la del departamento de Derecho Administrativo a la que se presentaron Linde y Arzoz.

El rectorado pidió un informe a sus servicios jurídicos para que aclarara posibles dudas sobre la admisión de un candidato que cumplía 70 años, la edad de jubilación en la universidad, durante el procedimiento de selección. Según las fuentes consultadas por infoLibre, ese informe se apoya en la Ley 27/1994, que modificó la edad de jubilación de los funcionarios docentes de la universidad y estableció que éstos pueden retirarse cuando acabe el curso académico en el que hayan cumplido los 70 años.

“Yo comuniqué que retrasaba mi jubilación al 30 de septiembre de 2017, cuando finalice el curso en el que cumplo esa edad”, asegura a este periódico Enrique Linde. Según explica, eso significa que, hasta el momento en que acabe el curso académico, mantiene todos sus derechos, incluido el de promocionar.

infoLibre se ha puesto en contacto con la UNED para obtener la versión del rectorado, pero no ha podido obtener una respuesta.

Las plazas ofertadas para promocionarse a catedrático deben ser solicitadas por los interesados, destaca Linde Paniagua. “Y no lo la habría pedido si hubiera sabido que no reunía los requisitos y que no iba a poder tomar posesión”, zanja. Tampoco la habría tramitado el rectorado, añade, “que era consciente de mi situación y de que había pedido la jubilación para el 30 de septiembre de 2017”. La comisión juzgadora de los méritos de los aspirantes, integrada por profesores del Departamento de Derecho Administrativo, quedó formada el 22 de julio. “Si hubiera habido algún impedimento, el rectorado habría tenido tiempo para volver a convocar la plaza en septiembre”, argumenta. O para desgajarla de la convocatoria conjunta de las 25 plazas y hacer una convocatoria independiente.

No es lo que cree su contendiente, que ha presentado un recurso ante el propio tribunal y ante el rectorado. Enrique Linde niega que el tribunal haya aplazado su decisión por este motivo o por la existencia de dudas legales sobre su candidatura. “He aportado 400 publicaciones, siete metros lineales de estantería, y la comisión juzgadora está agobiada por la ingente documentación que he presentado”, resalta el profesor. Este hecho, unido a un “problema de infraestructura”, la falta de aulas libres para hacer las pruebas de 25 catedráticos y otros 25 profesores titulares, asegura, han obligado al tribunal a pedir días adicionales hasta alcanzar una decisión. “Además, han coincidido las elecciones a rector, en las que por primera vez se han presentado cinco candidatos”, justifica. Enrique Linde niega así que el motivo por el que se ha aplazado la resolución sea que el rectorado deba pronunciarse sobre el asunto. Para resolver los recursos, el órgano de gobierno de la universidad tiene un mes de plazo.

Profesor y subsecretario en gobiernos de UCD y PSOE

Linde Paniagua es profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde 1976. Pero también tiene una carrera política. Fue subsecretario del Ministerio de Justicia en 1981, cuando lo encabezaba Francisco Fernández Ordóñez, en el último Gobierno de la UCD. Entre 1993 y 1996 ejerció como subsecretario del Ministerio de Cultura, a las órdenes de Carmen Alborch. Entonces fue juzgado y absuelto de prevaricación tras haber destituido al entonces director técnico del Teatro Real, José Luis Tamayo, y al director del programa que remodeló la institución, Ángel Díez. Ambos fueron despedidos tras descubrirse que habían adjudicado un contrato a una empresa que había participado en la redacción del pliego de condiciones del concurso.

Linde considera que Xabier Arzoz ha pedido su exclusión del concurso porque su currículo es “más bien pobre”, después de haber “pasado nueve años sin pisar la universidad [es letrado del Tribunal Constitucional]”. “Mis méritos son incomparables a los suyos y con su recurso sólo tiene ganas de montar follón”, presume. Su intención, una vez se jubile en septiembre, es continuar como profesor emérito en la universidad. “Me quedan muchos años aún, con las mismas funciones que tengo ahora, que son fundamentalmente en doctorados y máster, en enseñanzas avanzadas”, concluye.

La Universidad de Sevilla (US) ha decidido suspender de toda actividad académicaal catedrático Santiago Romero –condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación– con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación.

Según ha explicado la Hispalense en una nota, una vez que ha recibido en el transcurso de este martes la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2, y tras estudiarla, ha decidido reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal. Cabe recordar que fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento.

La apertura del procedimiento sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.

Se ha impuesto al acusado dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre las víctimas, que incluso tuvieron que dejar la universidad, y un año de prisión por el delito de lesiones psicológicas.

El juzgado, cabe destacarlo, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso "indebido" del procedimiento, ya que hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2010 y el juicio, finalmente, no se celebró hasta el pasado año 2016.

Asimismo, el juzgado ha condenado al catedrático a pagar una indemnización total de 110.000 euros a las tres víctimas –30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas– y ha declarado responsable civil subsidiaria a la Universidad de Sevilla.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel a un catedrático de la Universidad de Sevilla, que en su día fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y que en la actualidad sigue ejerciendo y dando clases, por abusar sexualmente de tres profesoras entre los años 2006 y 2010.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, en una sentencia notificada este mismo lunes, ha condenado a Santiago R.G. a siete años de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas.

De este modo, y según han indicado a Europa Press las mismas fuentes consultadas, el Juzgado ha impuesto al acusado dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre las víctimas –dos profesoras y una becaria de investigación–, que incluso tuvieron que dejar la Universidad, y un año de prisión por el delito de lesiones.

El Juzgado, cabe destacarlo, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso "indebido" del procedimiento, ya que hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2010 y el juicio, finalmente, no se celebró hasta el pasado año 2016.

La Universidad de Sevilla, responsable civil subsidiario

Asimismo, el Juzgado ha condenado al catedrático a pagar una indemnización total de 110.000 euros a las tres víctimas –30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas– y ha declarado responsable civil subsidiaria a la Universidad de Sevilla.

Las fuentes han precisado que los hechos por los que ha sido condenado este catedrático de la Universidad de Sevilla ocurrieron en las propias instalaciones académicas, cuando el acusado abusó sexualmente de estas tres profesoras, las cuales, según destacó en su día la Fiscalía, tenían "una dependencia jerárquica" de él.

El acusado, según la denuncia, amenazaba a las víctimas con perder el puesto, les impedía leer sus tesis, apuntarse a los grupos de investigación o les exigía aparecer como coautor de lo que ellas publicaban.

La Universidad de Sevilla recibió una denuncia de las tres víctimas y, seguidamente, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.