La jueza decana de Madrid participa en un acto del PP saltándose las recomendaciones éticas del CGPJ

La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria y conservadora, y con ocho vocales en el Consejo General del Poder Judicial–, María Jesús del Barco, participó el pasado lunes en un acto organizado por el grupo parlamentario del PP en el Congreso bajo el título Contra la impunidad. El primero en hablar en ese encuentro, según el programa distribuido por el principal partido de la oposición, fue su líder, Alberto Núñez Feijóo, y lo cerró su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Del Barco participó en una mesa en la que cargó contra la reforma de la acción popular presentada por el grupo parlamentario socialista y llegó a afirmar que la Unión Europea no sanciona a España por vulnerar las normas del Estado de derecho por su condición de miembro estratégico para Bruselas. La comisión de ética judicial del CGPJ desaconsejó a jueces y magistrados participar en actos políticos, “aun en su condición de ciudadanos” por afectar a su “apariencia de independencia, integridad e imparcialidad”.

La comisión de ética del Poder Judicial está formada por seis miembros de la carrera judicial (dos magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados y un juez) elegidos por sufragio universal entre los 5.500 jueces en activo que hay en España. Esos seis integrantes eligen, a su vez a “una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria académica en el mundo de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral”. Debido a su sistema de elección, su composición es permanentemente de sensibilidad conservadora. Su función es resolver las dudas éticas de los jueces y magistrados y, excepcionalmente, elaborar informes sobre asuntos y cuestiones relacionadas con el Código Ético de jueces y magistrados. Sus decisiones no son vinculantes ni pueden conllevar en ningún caso una actuación disciplinaria en caso de que se contradigan por los miembros de la carrera judicial. Recientemente, el Gobierno ha planteado su reforma para aumentar su pluralismo mediante la introducción de catedráticos que sean elegidos por el Congreso y el Senado.

En uno de sus dictámenes, aprobado en septiembre de 2023, la comisión de ética judicial desaconsejó a los jueces acudir a “mítines políticos” porque constituyen “un acto de propaganda y marketing que los partidos utilizan para difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar estrategias de campaña electoral”. La asistencia a estos actos, según los miembros de la comisión, “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”. “La presencia de un juez o magistrado, aún en su condición de ciudadano, en un mitin, como acto de partido político, implica un riesgo evidente de que pueda ser identificado como tal” añadía el documento, y lleva “a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que contiene el Código de Ética Judicial. La presencia de un juez en un acto de este tipo, prosigue el dictamen, “contribuye a la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales".

El objetivo del acto, según relataron Feijóo y Tellado, fue "denunciar la tropelía”, refiriéndose a la reforma de la acción popular que defiende el PSOE –a la que llamó “la ley Begoña”–, que trata de limitar la capacidad de acusar de asociaciones ultras como Manos Limpias o Hazte Oír, entre otras, presentando querellas infundadas que luego son utilizadas políticamente por los partidos. Algunos de estos colectivos son los que están detrás del caso que se instruye en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano en un juzgado de Badajoz. La iniciativa propone vetar la posibilidad de actuar a los partidos y establece un elenco de delitos en el que pueden hacerlo los colectivos que demuestren que tienen un interés directamente relacionado con la causa. La reforma, de salir adelante, impedirá, además, a la acusación popular participar en la instrucción para evitar las filtraciones de los documentos del caso.

Del Barco contribuyó a los fines declarados de Feijóo y Tellado durante su participación en una mesa denominada La voz de la Justicia. Desde ella manifestó que “no existe ninguna necesidad ni urgencia, ahora, por regular la acusación popular”. “La disposición transitoria única nos dice dónde está la urgencia”, dijo refiriéndose a al precepto de la iniciativa que establece que la reforma, una vez aprobada, será de aplicación a todos los procedimientos en curso (lo que incluye a los casos que afectan a familiares de Pedro Sánchez). También criticó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno y que dará la instrucción de las causas penales al fiscal. “¿Alguien tiene alguna duda de cuáles son los asuntos que se van a instruir en este país y los que no se van a instruir?”, afirmó poniendo en duda la independencia del Ministerio Público e ignorando que todos los actos de los fiscales, tras la reforma, serán recurribles ante un juez. “Esto va a tener consecuencias en la vida política porque se puede utilizar como un instrumento político y todos lo sabemos”, señaló.

También puso en duda uno de los argumentos de los socialistas para defender la reforma de la acción popular, que es necesaria para evitar filtraciones. “¿De verdad creemos que solo la acusación popular filtra? ¿Nunca filtra el fiscal? Se me ocurre, ¿eh?, por poner un ejemplo…”, dijo en referencia a la causa abierta por el Supremo contra Álvaro García Ortiz, lo que generó risas entre los asistentes. “No se pueden hacer leyes a medida de nadie; ni para beneficiar ni para perjudicar”, añadió sugiriendo que esta se hará para beneficiar al Gobierno. “Las leyes no pueden tener nombres y apellidos porque entonces no buscan el interés general, si no, no somos una democracia, somos una cosa muy fea y yo me niego a ir en chándal por la calle”, zanjó.

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibe a los jueces "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". También concurrir, "en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial".

En su intervención, Del Barco también expresó su deseo de que España sea sancionada por la UE por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho. Lamentó que Bruselas no haya intervenido aquí como sí hizo en Polonia cuando su Gobierno trató de diseñar una judicatura a su medida y rechazó la preeminencia del derecho europeo y de las decisiones Tribunal de Justicia (TJUE) en su territorio (lo es en todo el territorio europeo) sancionando a los jueces que recurrieran a ese órgano. Nunca, ningún organismo europeo o supranacional ha cuestionado la independencia de los jueces españoles que, en cualquier caso, pueden presentar una cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo si aprecian cualquier vulneración del ordenamiento comunitario (y la independencia y el Estado de derecho forman parte de él).

Sin embargo, la jueza decana y presidenta de la APM dijo en el acto en el Congreso: “A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervención de Europa”. A su juicio, Bruselas no lo ha hecho porque España es un miembro estratégico de la UE, lo que evita “una intervención en defensa de nuestro Estado de derecho”. La flagrante vulneración de la independencia judicial, el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico europeo por parte de Polonia le ocasionó una multa diaria de un millón de euros en 2021 y puso en riesgo los miles de millones de fondos europeos para la recuperación tras la pandemia aprobados por la UE para ese país.