El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes las puertas del Palacio de la Moncloa en redes sociales con una ruta guiada en la que explica la historia del antiguo salón donde se celebraban los consejos de ministros, la Sala del Reloj, y pone en valor su importancia institucional.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour en plan Isabel Preysler", ha bromeado Sánchez al inicio del vídeo publicado en la red social Instagram, antes de entrar en la histórica Sala del Reloj, donde se celebraron los primeros consejos de ministros de la democracia.

Ha recordado que "está presidida por un reloj de cuerda", que decora el salón, y ha resaltado que en dicha sala tuvieron lugar los consejos de ministros en las presidencias de Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996), hasta construirse con el expresidente socialista el nuevo edificio funcional, donde desde entonces se celebra el consejo de ministros.

En el vídeo se muestran fotografías de la celebración de los consejos con ambos presidentes, con las paredes -ha aclarado Sánchez- "en motivos dorados", ensalzando el valor histórico y decorativo de la sala.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme comentarios si queréis y me animaré a enseñaros otras partes de este palacio", ha concluido Sánchez en la red social, cuyo post acumula más de 1.500 comentarios y más de 15.000 likes.

¿Quién querría ser presidente? ¿De qué material están hechas esas personas? ¿Quién quiere una responsabilidad y exposición así? ¿Cuánta ambición de poder hay que tener, cuánta vocación de servicio, cuánta ideología? ¿Cuánto pesan aquella victoria y aquella derrota en el resto de tu vida?

Cuatro hombres han sido presidentes del Gobierno de España y hoy son expresidentes y están vivos. Hombres que llegaron al más alto poder cargando las ilusiones de cambio de un país, que emergieron desde el desgaste de su predecesor, que se trasladaron con sus familias a ese Palacio de la Moncloa asomados al declive de Madrid y se pusieron al frente del Gobierno. 

Estos cuatro hombres quisieron levantar un relato que les trascendiera. Por qué no va a ser pertinente que se preguntaran a sí mismos quiénes serían ellos para la historia del país, si llevaron sus riendas, si no había nadie más que les respaldara cuando llegó la decisión final. Síndromes palaciegos o soledad, los cuatro subrayan sus aciertos, pero los cuatro fueron arrollados por aquello que menos les gusta recordar, algunas cuestiones que no se les preguntan, y por algo será, y que no todos admiten todavía. Un catálogo de cuatro formas de sujetar el poder y ejercerlo, cuatro formas de ser un hombre al frente de un Gobierno y una fotografía en movimiento de la historia reciente de España. Eso retrata dentro y fuera de foco, subrayado o entre líneas, la serie La última llamada. 

El documental arranca con Felipe González y los 202 diputados con los que arrasó el PSOE en 1982. Y traza, sobre todo, la personalidad de aquel que vivió en el Palacio de la Moncloa durante cuatro legislaturas, catorce años de poder, una voz, hoy, incómoda para su propio partido. Un hombre al frente de un país que comenzaba a abrir sus ventanas tras la noche oscura del franquismo, que tenía por delante la conquista del Estado del bienestar, que se dice tímido, al que no le molesta la soledad, un padre silencioso durante los desayunos, que extraña la naturaleza, que se aficiona a los bonsáis. La amistad y ruptura con Alfonso Guerra, con los sindicatos, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y el referéndum sobre la OTAN en el 86, las huelgas. En ese primer capítulo, reconoce González que nunca quiso mostrarse públicamente afectado frente a los años más duros del terrorismo, pero que el atentado de Hipercor, en 1987 en Barcelona, en el que murieron 21 personas y quedaron heridas 45, le rompió. Recuerda también el expresidente bajo cuyo Gobierno actuaban los GAL un momento en el que tuvo la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA, localizada en Francia. “¿Podemos salvar 50 o 60 vidas si cortamos la raíz de la serpiente?”. 

Ambición, vocación, determinación, coraje y sentido de la Historia son las cualidades que para José María Aznar debe tener un líder político. Se olvida, entre esas virtudes, quizá, la transparencia, la honestidad, el sentido profundo y menos simbólico de la representación política y la inmunidad hacia el delirio de grandeza que poseyó para siempre al cuarto presidente de la democracia. El retrato personal en el que se afanan él y quienes fueron sus asesores se centra en un hombre castellano, de rutinas, austero, que juega al pádel, que pronunció aquel “España va bien”, el milagro económico. Se ríe Aznar cuando recuerda haberle dicho al Wall Street Journal que el milagro económico de España era él. Muy humilde este expresidente. Llega entonces uno de los dilemas políticos más difíciles: la noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal de su partido en Ermua, el chantaje al Gobierno, la llamada a la familia: el asesinato. Pero aquel sentido de la Historia tan personal, su afán de poner a España junto a otras naciones, llevó a nuestro país a uno de los episodios más infames de su narrativa contemporánea y que terminaría con su Gobierno en 2004: la participación en la guerra de Irak y la gestión política de la masacre del 11-M en Madrid. Es extraña la claridad con la que Alejandro Agag, asesor de Aznar entonces, explica que allí donde un atentado derribó dos rascacielos en Nueva York, el Gobierno vio una oportunidad de trascender internacionalmente. No reconoce Aznar aquellos errores fatales y vuelve a mentir, otra vez, cuando comenta “con el mayor énfasis”: el Gobierno dijo en todo momento la verdad, en todos los minutos del día. 

Zapatero resultó no ser un “Bambi”, como le llamó Alfonso Guerra. El PSOE estaba huérfano en el año 2000 y un nuevo liderazgo se consolidaba, el de un hombre de León que da un discurso en el congreso del partido y dice: “no estamos tan mal”. Cuatro palabras que definirán una trayectoria y que no pronunció al final de su mandato, pero podrían haberle servido cuando no calibró una crisis económica mundial que afectaría incisivamente a España. El optimismo como virtud y defecto. Zapatero llegó y sacó a las tropas españolas de Irak y firmó uno de los mandatos que más avances en derechos sociales conquistaron: el primer Gobierno paritario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio exprés, el primer ministerio de Igualdad con la primera ley contra la violencia de género, la primera ley de Memoria Histórica, la convicción profunda de que el terrorismo podía erradicarse a través del diálogo. 

Llegó después aquel señor, M. Rajoy. Un gallego que hablaba como hablaba. Cuanto mejor, peor; cualquier tiempo pasado fue anterior. Sobre música cómica, aparece en el documental aquel tipo alto, con barba, con sorna, al que le gusta caminar. Al que parece que el Gobierno le haya caído encima y preferiría estar siempre en otra parte. En la nueva foto política que se va tomando en esos años en España, así lo dice un asesor suyo, el presidente Rajoy envejece veinte años de golpe. Let Rajoy be Rajoy, deciden. Pero llega en 2017 la crisis institucional más grave del país: el 1 de octubre de aquel año, se celebra un referéndum por la independencia en Cataluña. Son los tiempos del Procés y el presidente dice que se resiste lo que puede, pero aplica el artículo 155 de la Constitución. Varios líderes son procesados, condenados y encarcelados. La sociedad española arranca una polarización ideológica que llega hasta hoy. El día 1 de junio de 2018, se celebra una moción de censura que derrota a Rajoy tras la sentencia del caso de corrupción Gürtel. Sobre su sillón parlamentario de Presidente del Gobierno, en el Congreso, un bolso de mujer. De nuevo, Mariano prefirió estar en otra parte y, esta vez, así lo hizo. 

¿Es posible que el peso de las razones de la derrota supere al de la impronta positiva que dejaron en el país? Pues depende del caso. Parece que hay decisiones que jamás podrán entenderse bajo el peso que arroja la Historia. Hay palabras que siguen sin pronunciarse, por ejemplo, perdón, terrorismo de Estado, policías patrióticas. Si la serie hubiera sido grabada unos años más allá, ¿cuál sería el relato que busca el presidente actual? ¿Quién será Pedro Sánchez? ¿El presidente de la pandemia? ¿El del primer Gobierno de coalición de la democracia? ¿El que, como él mismo dijo una vez, sacó a Franco de Cuelgamuros? ¿El de la amnistía? ¿El de la recuperación económica, los equilibrios políticos, los derechos sociales, la resistencia personal contra todo pronóstico? 

Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales, veremos. 

La suma de PP y Vox alcanza 186 escaños y 11.290.000 votos, mayoría absoluta clara (situada en los 176 diputados), con un colchón de seguridad todavía importante para las derechas, pero el titular que deja el barómetro de septiembre es el retroceso pronunciado del PP y el repunte del PSOE, que empatan en la primera posición con el 28,5% y 28,6% de los votos válidos. Hace solo dos meses la distancia entre ambos era de seis puntos. Esta es la principal conclusión del análisis independiente de las tablas del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado esta semana. 

PP y Vox han perdido desde julio catorce asientos y un millón de votos por la caída pronunciada del Partido Popular. Y al contrario, el Partido Socialista ha recuperado dieciocho escaños, pasando de 6.100.000 votos a 7.100.000. Lo que pierden unos lo ha recuperado el otro. O viceversa. 

Podemos verlo en el cuadro siguiente.

Ya advertimos en el pasado barómetro de junio que era precipitado sacar conclusiones de una estimación, la de entonces, realizada en caliente tras los registros de la UCO en la sede del PSOE y la entrada en prisión de su ex tesorero, Santos Cerdán. 

El PSOE penaba en julio con un 24,6% de estimación que muchos calificaron de definitiva, pero en política nada es definitivo hasta que se abren las urnas. En septiembre remonta cuatro puntos y vuelve a valores más reconocibles, con el 28,6% de los votos. Sigue siendo una estimación pobre e insuficiente, lejos del 31,7% logrado hace dos años (que hoy ni siquiera valdría dada la posición de Junts), pero que le aleja, al menos de momento, del fantasma del hundimiento que planeaba hace unos meses. 

Lo que vemos en septiembre está más cerca del escenario previo al estallido del caso Cerdán, cuando hablábamos de una legislatura que venía registrando una mayoría de las derechas en torno a los 180-182 escaños. Un escenario de difícil solución para la izquierda, pero no imposible, como ya quedó demostrado en las pasadas elecciones de julio de 2023. 

Mañana viernes se cumplen tres meses de la comparecencia de Pedro Sánchez en Ferraz tras la dimisión de Santos Cerdán y los daños colaterales de aquello, si cogemos como referencia el escenario que había unas semanas antes, es la pérdida de un punto y medio de la izquierda a favor de la derecha, que se traduce hoy en 186 escaños en vez de 182. Parece poco botín para lo que ha llovido.

Para ponderar en su justa medida lo que nos dice este CIS, no solo debemos retrotraernos a julio, sino también a mayo, a la última estimación previa al caso Cerdán, que publicamos en las páginas de infoLibre. Desde entonces, el PP ha sido el gran perjudicado al haber perdido 16 escaños, por solo 4 del PSOE, mientras Sumar + Podemos se han mantenido igual. La pregunta sale sola: ¿Cómo es posible que en la mayor crisis del PSOE en muchos años el PP no solo obtenga su peor estimación de voto desde la llegada de Feijóo a la presidencia de su partido, sino que además retroceda hasta el punto de poner en riesgo la primera posición?

La respuesta está a su derecha, en Vox. El partido de Abascal ha ganado veinte escaños desde mayo, y mantiene una inercia de crecimiento sostenida en el tiempo que Génova no sabe cómo atajar. 

Ni la huida hacia la derecha extrema de Feijóo, que rivaliza en dureza frente a la inmigración con Abascal, ni la voz de alarma desde la izquierda, logran frenar a Vox, que de haber hoy elecciones alcanzaría 4.265.000 votos y 64 escaños, 33 más de los que obtuvo hace solo dos años. 

En realidad, si miramos a las últimas elecciones generales, todos los partidos estatales retroceden con fuerza excepto Vox. Nada ha cambiado en este sentido en un largo verano que, incendios mediante, ha vuelto a alimentar en muchas comunidades autónomas el marco de impotencia de los partidos convencionales para resolver los problemas de los ciudadanos. 

El PP parece haber decidido que el modo de combatir la efervescencia de Vox es ser Vox, pero claro, puestos a tener al original por qué optar por la copia. Si Feijóo dice que hay que repatriar a todos los inmigrantes que cometan un delito, Abascal le sube la apuesta y pide hundir el Open Arms. Es lo que tiene jugar en el tablero del adversario. 

El resultado es una transferencia mayúscula de 1.118.000 votantes del PP a Vox, por solo 117.000 que harían el camino inverso. Un desastre.

La fidelidad electoral también se resiente: la del PSOE (78%) es más alta que la del PP (76%), y ambos están por debajo de la de Vox (82%), que además es el partido que más voto capta de la abstención. 

El titular de los 186 escaños de las derechas, como en julio el de los 200, sitúa ineludiblemente a Feijóo como presidente, lo que enmascara otra realidad cada vez más difícil de esconder: las dificultades manifiestas del PP para contener a Vox. 

Cabe matizar que esta marcha a trompicones del PP afecta solo parcialmente a la suma global de las derechas porque su voto está masivamente activado, a diferencia de lo que ocurre a la izquierda. 

En este intento de mimetización de Feijóo con sus enemigos íntimos (externos e internos), entra también el “me gusta la fruta” del karaoke, que, lejos de sorprendernos, nos confirma que poco queda ya de aquel líder gallego que llegaba con una impronta propia a rearmar un centro que había quedado huérfano tras la desaparición de Ciudadanos. 

Esta es otra de las explicaciones de la caída del PP, la captación de voto del PSOE cae a uno de sus niveles más bajos y solo 230.000 votantes de Sánchez en las últimas generales optarían hoy por Feijóo, la mitad que en julio.

Que el centro ideológico es un solar a izquierda y derecha lo dice el CIS, pero lo dice también 40dB. Entre ambos sitúan al PP como el partido más votado con una horquilla que va del 18% al 21% de los votos, con millones de votantes situados hoy en la indecisión. 

Esta es otra constante conocida de meses anteriores: los de Abascal ganan con claridad entre los que tienen menos de 35 años (superando no solo al PP, sino también el PSOE) y compiten por el primer puesto entre los que tienen 35 y 44, generación en la que sigue superando claramente al PP. 

El PSOE registra una recuperación notable en la franja de los 35 a 54 años, especialmente de 35 a 44 donde prácticamente duplica la intención de voto directa que tenía en julio (del 10,4% al 19,1%), y algo parecido puede decirse de Sumar (del 5,9% al 10,1%). 

Hay que recordar que recientemente se aprobó la ampliación de los permisos de nacimiento y que la edad media para ser madre se situó en España en 2023 en 33,1 años, siendo nuestro país el que tiene mayor porcentaje de toda la Unión Europea de nacimientos por encima de los 40 años. 

En ese sentido ya profundizamos en un artículo anterior en la importante incidencia electoral que podría tener la Prestación Universal por Crianza que propone Sumar, si se mantuviera como una medida extensible a todo el electorado sin más barreras que el empadronamiento y la residencia legal.

Por sexos, el PSOE recupera más apoyos entre las mujeres, pero el análisis panorámico de toda la izquierda muestra un comportamiento diferente según partidos, a diferencia de lo que ocurre en la franja central de edad. 

Hay un dato que viene penalizando sistemáticamente al PP: la pobre valoración de Feijóo entre los suyos. El barómetro de septiembre es especialmente duro para los populares en este sentido porque converge la recuperación de Sánchez (del 6,3 de julio al 7,0 de septiembre), con una nueva caída de Feijóo (del 6,2 al 5,9), con Abascal por delante de ambos con un 7,3. 

A la pregunta de “¿quién preferiría que fuera presidente de Gobierno en estos momentos?” gana Sánchez (25%) y Abascal (11%) ya sale por delante de Feijóo (10%). Pero lo realmente relevante es lo que responden los votantes de sus respectivos partidos. Un 67% de los de Vox cita a Abascal, un 59% de los del PSOE cita a Sánchez y solo un 39% de los del PP cita a Feijóo. 

Parece que lo peor ya ha pasado para el PSOE, aunque nunca se sabe qué sustos deparará el incierto escenario judicial que tiene por delante. Su mejoría se corresponde fundamentalmente a dos circunstancias: la primera de ellas, recupera votantes desmovilizados en julio, y la segunda, envía menos al PP, que como hemos dicho está dejando escapar una ocasión inmejorable para afianzar una transferencia que históricamente ha sido clave en el devenir final de las elecciones. 

La izquierda aglutina voto en el PSOE. La transferencia que le llega de Sumar crece al 11,4% (estaba en el 8% en julio), y apenas manda votantes a los de Yolanda ni a los de Belarra. 

La bandera de denuncia de la tragedia de Gaza está ayudando a activar algunos resortes que parecían dormidos. Si antes del verano un 27% de votantes socialistas se situaban en la indefinición, el voto en blanco, nulo, o directamente la abstención, hoy son el 20%. Se está produciendo una reactivación importante, pero aun así persisten los problemas movilizadores de la izquierda, más aún cuando se compara con la derecha. 

El pulso entre Sumar y Podemos se mantiene sin cambios, y con el horizonte sin resolver, una de las principales debilidades del espacio.

De la capacidad transformadora en lo legislativo del gobierno podría derivarse otro salto o no en lo electoral. La caída de una propuesta de ley tan importante como la reducción de la jornada mínima puede retratar a PP, Vox y Junts, pero más allá de eso recuerda la dependencia que existe de los de Puigdemont. Presupuestos mediante, hace falta más acción dirigida a solucionar los problemas reales de los ciudadanos. 

“Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo”. La verdad de las pasiones. La primacía de los sentimientos frente a las verdades científicas. Esta es, sin duda, una de las ideas de Shakespeare que explica el apasionado momento político de nuestro días en España y en Europa. Duda de todo menos de tus sentimientos, aunque estos se hallen impregnados por el miedo, el odio, la ira o el amor. 

El laboratorio Murcia y el fuego en la Ruta de la Plata han abierto la senda de la precampaña electoral en Castilla y León y en Andalucía, dos territorios donde se está definiendo el marco político español antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Duda de la legitimidad de Pedro Sánchez, duda de su honor, duda de su familia, duda por siempre y para siempre, podría escribir el bardo estos días. El PP se ha sumado a la reflexión de Hamlet en su carta a Ofelia. Duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo le está diciendo Alberto Núñez Feijóo a cada español, mientras el fuego continúa devorando bosques, arrasando aldeas y ensanchando cada día más las grietas y las sospechas que recaen sobre la democracia, la España de las autonomías y la capacidad del Gobierno para gestionar momentos de emergencia como los de este verano. 

Duda sobre el Estado. Duda, España. El presidente del PP ha presentado esta semana un catálogo de medidas que abordan, a partir del fuego, un programa de gobierno extensible a cualquier marco de incertidumbre y que se resume en un mayor centralismo, la militarización de la gestión política de las crisis y en el endurecimiento del código penal. El fuego ha puesto las cartas sobre la mesa, sin dobleces ni cartonajes. Frente a la España plurinacional que apela a la responsabilidad política de los gobiernos autonómicos en el ejercicio de sus competencias, Feijóo propone la hegemonía de la administración central. Frente al desarrollo y la inversión en protección civil, ofrece más soldados y aviones y ante la alerta sobre las consecuencias del cambio climático, dibuja un escenario tomado por el crimen singular sustanciado en un registro de pirómanos que ya existe. Duda que la verdad sea mentira. Duda, España.

El ferragosto ha anticipado el curso político. No ha llegado septiembre todavía, pero la actividad parlamentaria comienza esta semana con la reyerta parlamentaria en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados y también en el Senado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se defenderá de los "bulos" que ha disparado el PP estas semanas desde las almenas de su sede, en la calle Génova. Duda que la verdad sea mentira, dice Feijóo, que trata de rociar gasolina sobre cada espacio político del país. Hay que quemar la Corte de los Leones, habría escrito Valle-Inclán. 

El bulo es la gasolina de la democracia. El mejor cortafuegos que ha diseñado Pedro Sánchez toma como registro las elecciones generales de 2023. Del mismo modo que su precampaña consistió en exponer la constitución de los gobiernos autonómicos del PP y Vox a espaldas de Feijóo, la dana de Valencia primero y los incendios en Castilla y León y Extremadura después han servido para dar cuerpo a los peores pronósticos de hace dos años. 

El fuego y las inundaciones de Valencia han puesto el foco en las autonomías del PP. El negacionismo climático mata, pero gobernar con el apoyo de Vox también. Los gobiernos de Feijóo han dejado un vacío político en sus comunidades que Abascal no tardará mucho tiempo en ocupar. El fuego marca un cambio de rasante en la política española. Un cambio de ciclo donde los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos marcan el ritmo político. El PSOE ha decidido definir la diferencia con el PP a través de los hechos. Mientras Guardiola, Mañueco, Rueda o Moreno Bonilla juegan a la defensiva, en Catalunya, la fórmula Illa proyecta el momento de mayor estabilidad institucional. El gobierno municipal de Jaume Collboni, sostenido por los Comunes y el PP, también. Sí, querido y desocupado lector, también el PP.

Llegar a la meta y tener trabajo toda la población activa española es el reto sociolaboral del gobierno socialdemócrata de España. Es la medida más importante de la historia de la joven democracia española, que está desarrollando el ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya  vicepresidenta Yolanda Díaz, con total objetividad y trabajando para avanzar en el progreso de la clase trabajadora, mediante el diálogo con los sindicatos y empleadores, aunque estos siguen sin querer ver que estamos en el siglo  XXI –están demasiado anticuados y no quieren ver la quinta revolución industrial de las nuevas tecnologías para avanzar y se están quedando en el  siglo XIX, no quieren progresar simplemente por prejuicios de ideológicos y por estar al servicio del PP y su banda–. 

La Encuesta de Población Activa nos confirma los buenísimos datos de la  macroeconomía española y es prueba del buen hacer de las políticas económicas que está ejecutando el gobierno central desde hace siete años y tras el gran sacrifico que ha costado superar la negativa y perjudicial herencia recibida del PP, recortador, privatizador y con un abandono absoluto de  lo público. 

Los datos son abrumadores, la población activa sube hasta 22. 268.700 personas que tienen trabajo en España, de los cuales casi 3.100.000 personas son migrantes. Hombres el 56,6% y mujeres el 43,4%. Destacar del total que el 14,2% son personas extrajeras y desde la reforma laboral de 2021 el 40,6% del empleo creado es ocupado por personas foráneas. Por colectivos todos se benefician, y por Comunidades, todas suben en la creación de puestos de trabajo; y un  dato muy importante: las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan, INCLUIDAS LA PERSONAS MIGRANTES, están pagando impuestos para que los dirigentes políticos cobren sus magníficos salarios. 

Los dirigentes racistas de la derecha y ultraderecha se proponen expulsar a las trabajadoras y trabajadores inmigrantes si llegan al gobierno de España, como han prometido Abascal y Feijóo. Además, siguen gritando y faltando al  respeto en el Congreso de las diputadas y diputados al gobierno de España, incluida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,  responsable de las políticas de empleo, diálogo social y promotora de la fórmula del diálogo permanente del tripartito –gobierno, empleadores y  sindicatos– , que tan buenos resultados está dando a la hacienda pública y  economía española y mejorando la vida de la clase trabajadora y media. 

Más datos sobre lo positivo y fundamental de la necesidad de la reforma  laboral de 2021. España no se rompe, se une y agranda. El desempleo en los miembros de la unidad familiar baja y el desempleo de la juventud española  decrece. Se sigue probando lo imprescindible y la necesidad de las políticas de reformas sobre el Régimen Especial de Trabajadoras y Trabajadores  Autónomos, cuyos efectos son palpables y tangibles, se incrementa el empleo  en un 6,8%, respeto al año pasado.

Quedan muchas cosas por hacer sobre el mercado de trabajo y las relaciones  laborales para alcanzar plenitud laboral y trabajo decente. Es una obligación seguir haciendo y desarrollando el Gobierno de España de forma dialogada y pactada para eliminar el paro de larga duración, el trabajo informal y promover la subida salarial en todos los sectores de producción para vivir dignamente del trabajo, porque no es justo, es injusto que las empresas en general tengan súper beneficios y sus empleados y empleadas aún mantengan salarios demasiados bajos, unos 25 puntos por debajo del salario medio de Europa. 

La Hacienda pública, la Tesorería de la Seguridad social, el consumo y el  comercio crecen, gracias al incremento del empleo y el pago de impuestos para mantener el Estado de bienestar y el sector público en general de las personas trabajadoras, y los empleadores, cumpliendo con sus obligaciones, cumplen con España, y quienes buscan fuera de las fronteras la evasión del  dinero para no pagar tributos están robando a las españolas y españoles que  sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Democracia es el sistema por el que el poder político está en el pueblo y que las leyes aprobadas en las cámaras de representación son decisiones públicas que afectan al pueblo en su conjunto y que deben ser acordadas y deliberadas entre todos para que el resultado sea la mejor decisión posible para todos y todas y no solo para una parte.

La Democracia es, por tanto, un sistema político en el que las decisiones públicas son asunto del pueblo, y no solo de los partidos. La democracia busca el objetivo del bien común mientras la Demagogia, cosa que algunos partidos utilizan para “hipnotizar al pueblo y engañarlo”, solo persigue su propio interés particular. De ahí que haya que exigir a los partidos que no hablen tanto de democracia, sino que hagan Democracia, es decir que incorporen el elemento deliberativo, la participación ciudadana y sobre todo el espacio público, pues el objetivo debe ser el acuerdo en base a razones y argumentos que puedan ser compartidos por todos, esto es universales, lo que excluye la posibilidad de emplear cualquier argumento de autoridad o puramente particular, como las creencias religiosas extremas o de un clero determinado; para ello lo más democrático es separar Estado e Iglesia y la neutralidad de las instituciones públicas respecto a cualquier creencia religiosa.

Una perfecta Democracia es aquella que no solo pide que se vote, sino que le pide que participe en el proceso deliberativo de las decisiones que se tienen que tomar, en las leyes que se tienen que aplicar, para ello hay que exigir que se creen cauces de participación, no solo las elecciones (por cierto sobre las que hay que cambiar el sistema de reparto pues es desigual y no todos los votos valen igual) sino para el diálogo con las instituciones, mediante referéndum si es necesario, y sobre todo deliberando, con el fomento del asociacionismo, el salir a la calle de nuestros representantes, ser más accesibles y sobre todo mesas y debates sobre la gestión y cómo gastar el dinero recaudado, lo que se denomina presupuestos participativos, pero no solo en un tanto por cien, sino en un 100%. Tal vez así, seguro, evitaríamos la corrupción.

En una Democracia, es fundamental distinguir entre el lenguaje que es apropiado en el ámbito público y el que solo es válido en el privado. Es más, en una Democracia el interés por llegar a acuerdos y consensos en el ámbito público implica ser capaces de argumentar en la esfera pública razones que puedan ser compartidas y aceptadas universalmente con una deliberación y en base a razones en el espacio público.

Todo esto que estoy indicando e incluso exigiendo tal vez por ley pueda ser difícil de llevar a cabo, por eso es importante la escuela pública como formadora de la ciudadanía, pues es esta la que tiene la función de formar ciudadanos capacitados para actuar de forma autónoma y responsable en los pueblos, en las ciudades, en la sociedad política, y solo esta le puede dar los conocimientos necesarios para desenvolverse por sí mismos en la sociedad, para que, conscientes de sus derechos y obligaciones, sean capaces de pensar y actuar de acuerdo a su personalidad y criterios, esto es fundamental para una verdadera democracia, pues solo la escuela pública se opone al adoctrinamiento, de ahí su neutralidad.

Por último, indicar que, en un democracia, la libertad de conciencia solo es posible si el ciudadano tiene a su disposición el conjunto de conocimientos necesarios y las capacidades críticas convenientes para pensar y actuar por sí mismo sin tutelas ni dependencias ideológicas.

¿Realmente, algunos de los partidos que nos van a gobernar buscarán la democracia en las próximas elecciones, o solo sus intereses particulares? Reflexionemos.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

En los últimos tiempos se han sucedido distintas iniciativas del Gobierno dirigidas al impulso del “Gobierno Abierto” en nuestro país, un concepto en permanente evolución y, en buena medida, críptico para sus propios autores y no digamos ya para la ciudadanía. A saber: el documento marco “Consenso para una administración abierta”, la elaboración y aprobación del inminente V Plan de Gobierno Abierto de España, el anuncio de la celebración en Vitoria este otoño de la próxima Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto y el Plan de Acción para la Democracia. Un verdadero bombardeo de medidas de “soft law” adoptadas en apenas tres meses que anticipaba un conjunto de normas cuyos proyectos solo tímidamente empiezan a ver la luz, ahora mediatizadas por la urgencia del plan anunciado este mismo mes por el Presidente del Gobierno para combatir la corrupción que acecha a las filas de su partido. No es pequeña la batería de compromisos anunciados: aportar más transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, luchar contra la desinformación y los bulos, abordar una nueva regulación de los secretos oficiales, imponer a todas las administraciones una rendición de cuentas semestral, incrementar la transparencia de las relaciones de lobbies con el poder público, hincarle el diente a los conflictos de intereses de los altos cargos, etc. Realmente abruma la lectura de todos estos deberes que el Gobierno se ha autoimpuesto sin que apenas haya roto aguas…

La primera de las medidas adoptada estos meses atrás es el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, para entendernos, los lobbies, aprobado a finales de enero pasado y que aún continúa en la cámara baja, un proyecto muy esperado tras el intento frustrado de la pasada legislatura. Casualmente, la decisión vino precedida por la publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados una semana antes de la proposición no de Ley para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la acción de Gobierno, que planteó el Grupo Parlamentario Popular y que solo ha suscitado un fuego cruzado más entre Gobierno y oposición en estos asuntos en un contexto como el actual que invita poco a la reflexión serena.

Pero quizá la urgencia que se percibe con mayor intensidad es la revisión de la actual normativa de transparencia ante el panorama desolador de la gestión de las solicitudes de acceso a la información por parte de las Administraciones. Más del 40 por ciento de las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2024 pone en evidencia la falta de respuesta, ya sea en todo o en parte, de la Administración del Estado a estas peticiones. En las administraciones locales y autonómicas en las que aquel Consejo tiene competencia, el 75% de las reclamaciones, esto es, tres de cada cuatro, han sido interpuestas ante el silencio de estas administraciones. Y lo peor, sin consecuencia alguna para ellas. La publicación en internet de las resoluciones que reprochan estos comportamientos ni siquiera consigue ya sonrojar a sus autores.

Si a este dato le sumamos otro, el de que en torno a una de cada cinco de las solicitudes no llega a tramitarse por distintas causas, resulta una imagen bastante calamitosa de este derecho en nuestro país. En concreto, de lo que se le pregunta a la Administración del Estado, en torno al 10 por ciento se inadmite porque quien resuelve considera que facilitar la información que se le pide exige un esfuerzo de reelaboración que considera que no tiene por qué afrontar. No son pocos los testimonios de periodistas que se quejan, por ejemplo, de un Ministerio del Interior que resuelve las peticiones espetándoles que preguntan demasiado o, directamente, derivando la respuesta a los gabinetes de comunicación, una práctica perversa que deja en el tintero la mayor parte de las preguntas incómodas. 

Algunos de estos casos saltan puntualmente a los tribunales, bien de la mano del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o gracias a algunas organizaciones de la sociedad civil que han hecho de la defensa de la transparencia pública su principal cruzada. Ahí está la Fundación Ciudadana Civio, que, actualmente, litiga ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para conocer el precio y los compradores de 9.440 viviendas protegidas vendidas por la Sareb, el coste real de algunos medicamentos financiados por el Ministerio de Sanidad o el código fuente del algoritmo BOSCO, que decide quién debe recibir el bono social eléctrico. La semana pasada, sin ir más lejos, se celebró la vista oral sobre este último asunto.

Resulta cada vez más exasperante la lista de administraciones que se suman a las peores prácticas ante una impunidad que todas han aprendido y necesita ser corregida. No hacerlo solo agravará nuestro descrédito y el desplome de nuestro país en los índices que miden la calidad democrática o la percepción de la corrupción, como el que hizo público en febrero la organización Transparencia Internacional.

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Joaquín Meseguer es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

El Gobierno de Mauritania detiene de forma arbitraria a personas negras en sus casas, en la calle o en el trabajo. Durante al menos tres días –en algunos casos, meses– son encarceladas sin cargos y en condiciones infrahumanas, sin comida, agua ni inodoro. Por último, les quitan todos sus enseres, las suben a autobuses policiales y las abandonan en mitad del desierto, en un lugar bajo control yihadista llamado Gogui, en la frontera con Mali, y también en Rosso, en la frontera con Senegal. Todo esto se hace con el beneplácito, equipamiento, entrenamiento e información que desde hace años el Gobierno de España suministra al de Mauritania. La lógica de la externalización de fronteras solo obedece a una premisa: hay que frenar los flujos migratorios. ¿Cómo? Como sea.

Este miércoles el presidente Pedro Sánchez y siete ministros –todos del ala socialista– han viajado a Mauritania para celebrar una reunión de alto nivel con el Ejecutivo de ese país. A nivel europeo, el Gobierno de España es el que mejor domina el arte de subcontratar a regímenes africanos para que hagan el trabajo sucio contra las personas que migran sin alternativa segura. Esta dinámica empezó en tiempos de Zapatero, tras la crisis de los cayucos, y ha experimentado una nueva vuelta de tuerca desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Existe un abismo entre los discursos del Gobierno en materia migratoria –”derechos humanos”, “ayuda al desarrollo”, “democracia”– y la realidad en el terreno. Tal es el expertise español en esta materia que la propia Comisión Europea ya inspira sus políticas de externalización en la experiencia española. La presidenta europea, Ursula von der Leyen, participó en la anterior visita de Sánchez a Mauritania, en agosto de 2024. En esa cita, la Unión Europea y España se comprometieron a transferir más de 500 millones de euros al Gobierno del militar Mohamed Ould Ghazouani, presidente mauritano. Los organismos internacionales de referencia subrayan que Mauritania no es una democracia: los militares controlan el país, las elecciones no son libres, la oposición es testimonial y la justicia carece de independencia. Allí el periodismo es una profesión de alto riesgo.

Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud –en 1981– pero esta práctica sigue vigente y está ampliamente tolerada por las autoridades. Este detalle no es anecdótico: ilustra la brecha entre las palabras y los hechos, y pone de relieve las incoherencias de España con su socio mauritano. El Gobierno español argumenta que gracias al trabajo codo con codo con los mauritanos, las autoridades desarticulan redes de trata de personas. Estas palabras quedan vacías de significado cuando se aplican a un país que todavía acepta y promueve la esclavitud. Cualquiera que pise las calles de las capitales política y económica del país, Nouakchott y Nouadhibou, respectivamente, podrá comprobarlo en primera persona.

España tiene un amplio despliegue permanente de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Mauritania. El Instituto Armado participa en redadas, intercepta cayucos y mantiene a sueldo a una nutrida red de informadores en el país. Los agentes de policía españoles entran en las cárceles de migrantes del Gobierno de Mauritania para fotografiar a los reclusos –incluidas mujeres y niños en edad lactante– y tomar muestras de sus huellas. Si sobreviven tras ser abandonados en el desierto y logran llegar a Canarias, sus datos aparecerán en los registros del Ministerio del Interior y podrán ser deportados a Mauritania. Este es uno de los pocos países con los que España tiene acuerdos bilaterales para aceptar el retorno forzoso de ciudadanos de terceros países, la mayoría originarios de Mali que huyen de la guerra. La cárcel de migrantes más grande de Mauritania está a solo 10 minutos a pie del palacio presidencial en el que Sánchez y sus siete ministros se fotografían con sus homólogos mauritanos.

Coincidiendo con esta visita oficial, la diáspora senegalesa ha convocado 48 horas de huelga general para protestar contra las detenciones arbitrarias que sufren a manos de la gendarmería mauritana. Fuentes oficiales del Gobierno afirman que Sánchez y sus siete ministros viajan a Mauritania para “consolidar y expandir la cooperación en materia migratoria”, destacando que esta vez lo harán “no solo desde la vertiente de seguridad”, sino también “explorando vías de migración regular más allá de la circular”. Ni el Gobierno ni la agencia de cooperación española, FIAP, del Ministerio de Exteriores, aclaran qué papel juegan en todo esto las dos cárceles de migrantes que España está construyendo ahora mismo en Nouakchott y Nouadhibou. Las obras empezaron en mayo del año pasado, coincidiendo con la propuesta de la italiana Giorgia Meloni para construir cárceles de migrantes fuera del territorio intracomunitario. España no suscribió el plan pero lo ejecuta en Mauritania. No es posible conocer los pliegos de los contratos de estas dos cárceles de migrantes. La FIAP alega “razones de seguridad nacional” para mantenerlos en secreto.

Las mismas fuentes oficiales dicen que el viaje servirá para “subrayar el papel geopolítico de Mauritania como socio clave para España y la Unión Europea”. Mauritania es uno de los pocos países del Sahel que resiste al avance yihadista. Las autoridades españolas y europeas apoyan con dinero y diplomacia a gobiernos dictatoriales que supuestamente mantienen a raya a los integristas violentos. Precisamente el caldo de cultivo en el que crecen los radicalismos está directamente relacionado con la corrupción, desigualdad, miseria y violencia que promueven estos autócratas. Pan para hoy, hambre para mañana.

En paralelo a la visita oficial se celebrará el Foro Empresarial España-Mauritania. Los asistentes se alojarán en el hotel FASQ, a 300 euros la noche. Las familias en Mauritania viven con unos ingresos medios de 200 euros al mes. El equipo de Sánchez afirma que el encuentro servirá para “reforzar el compromiso de España con la prosperidad y el desarrollo sostenible” del país, pero no detalla cómo. Una decena de fuentes de la Guardia Civil, CNI y Policía Nacional instaladas en Mauritania coinciden en que solo es posible operar allí pagando sobornos, desde los niveles más bajos hasta los más altos.

El pasado noviembre, una investigación de la Fundación porCausa reveló que el alto cargo mauritano responsable de la lucha contra la inmigración irregular encabezaba una red corrupta en connivencia con los traficantes de personas. Este mando policial, Abdel Fattah, fue cesado y no enfrentó juicio ni cárcel. Fattah, primo del anterior presidente mauritano, era el encargado de coordinar operaciones con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También era el alto cargo que recibía la ingente cantidad de equipamiento militar que España regala mes tras mes a Mauritania. En 2022, Marlaska le concedió una medalla al mérito policial con distintivo blanco. Todos los agentes y diplomáticos españoles instalados en Mauritania con los que ha hablado este medio afirman que conocían las corruptelas de Fattah. Interior dice que no sabían nada al respecto. Fattah viajaba con frecuencia a Las Palmas, ciudad en la que vive buena parte de la jet set mauritana con lujos impensables para un país tan pobre como el suyo. Muchos de estos viajes eran sufragados por la FIAP, que asegura que tampoco sabía nada. Más de la mitad de la población de este país vive sumida en la miseria.

Sady Traoré acaba de cumplir 28 años. Vivía feliz en Bamako, capital de Mali, donde tenía su propio estudio de grabación y trabajaba como músico, siguiendo los pasos de su abuela, la famosa cantante maliense Fily Diarra. Sus letras tienen contenido político y con la llegada del golpe de Estado, los mercenarios rusos y los yihadistas, tuvo que huir del país. Se asentó en Nouakchott y se ganó la vida haciendo trabajos de construcción y como chófer. Su plan era regresar a Mali cuando el ambiente se calmara, pero los gendarmes mauritanos le detuvieron y le abandonaron en el desierto dos veces. Lo hicieron usando vehículos, equipamiento y entrenamiento suministrado por el Gobierno de España. Fue entonces cuando decidió subir a un cayuco. Llegó a Canarias en enero de 2024. Desde entonces, duerme en las estaciones de autobús de Zamora, Alzira, Madrid y otras ciudades. De vez en cuando encuentra trabajos sin contrato en polígonos industriales. Lleva un año y medio intentando pedir cita para ejercer su derecho a solicitar asilo, sin éxito. El Gobierno español es el que menos asilo concede de toda la Unión Europea. Esto es un hecho. Lo que el Gobierno de España dice en Mauritania son palabras.

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José Bautista es director de investigaciones periodísticas en la Fundación porCausa.

Un congreso del partido de Ayuso que Feijóo se vio obligado a organizar a toda prisa para hacer los cambios que le permitieran ganar las elecciones de 2027. Porque no dan los números para una moción de censura, porque Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas y porque se les debió de olvidar que con este equipo ganaron las de 2023. Porque si hoy el de los tres sueldos, el amigo del narco, el de los 31 millones de euros en contratos otorgados a dedo en Galicia durante sus mandatos no es presidente del Gobierno de España, es porque no quiere. Pero, bueno, cada uno se gasta el dinero de los españoles como quiere.

Y los chicos y las chicas de la Gürtel, la Púnica, la Kitchen, los áticos de dudosa procedencia y de los fallecidos por la COVID y la DANA decidieron gastárselo en una mascarada a mayor gloria de un Feijóo reelegido presidente con el cien por cien de los votos pero sin rivales. En una verbena veraniega con puestos de camisetas con gazapos de M. Rajoy que deja claro que la democracia interna para elegir líder no va con ellos, porque se ha devuelto la capacidad de decisión a los delegados y se ha reducido a la categoría de anécdota la participación de la militancia.

En términos de ideario político, lo que cabría esperar de un socio de la ultraderecha: Se sustituyó "violencia de género" por "violencia machista”, ni mu sobre el aborto, eutanasia, gestación subrogada y prostitución pero sí guiños a la tauromaquia, las centrales nucleares y un mensaje duro sobre inmigración con alusiones a la restricción de prestaciones para estas personas.

La patraña estuvo presidida por Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, imputado por revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido y que se enfrenta a un proceso judicial por presunta prevaricación relacionada con antenas de telefonía ilegales. Carlos Mazón, cuya cabeza piden los valencianos y valencianas, fue recibido entre aplausos y abrazos y solo le faltó a Feijóo hacerse un Millán Astray y gritar: “Viva la muerte”. En definitiva, todo muy marca PP.

Una pantomima “ful”. Pero “ful” de Estambul. Eso es lo que fue el 21 Congreso del PP. O si lo preferís, por utilizar un símil musical de mi admirado Händel, ruido para los reales fuegos artificiales. Ruido, sí, pero pocas nueces, por no decir ninguna.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Tengo que reconocer, antes que nada, que el título no es mío, sino que esta expresión la utilizó la ministra portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 8 de julio. Hablaba sobre la enésima ocurrencia racista de Vox, que ahora propone expulsar a los casi ocho millones de inmigrantes que hay en España a través de un proceso que denomina remigración masiva, un término que ha copiado de los neonazis de la ultraderecha alemana y que incluiría a las segundas generaciones, es decir, a personas nacidas en el Estado con DNI español que la formación ultra querría repatriar no sé muy bien a dónde, cómo ni bajo qué criterios, porque lo de que no se han adaptado a los usos y costumbres y que protagonizan escenas de inseguridad en nuestros barrios es una mentira tan colosal y de un racismo tan monumental como el descaro de los mismos proponentes que, por cierto, olvidan la historia. Y aquellos que no pueden recordar el pasado, como dijo el filósofo George Santayana, están condenados a repetirlo. Por eso este discurso me recuerda tanto al del señor del bigotito.

¿De qué manera se comprueba que estas personas que han huido de la miseria o la persecución y que han llegado buscando un presente y un futuro mejores no están respetando nuestros hábitos y nuestras tradiciones? ¿Se refieren a la tauromaquia y a las procesiones de Semana Santa o a comer paella, tortilla de patatas o cocido los domingos? ¿Ir a misa y ver los partidos de fútbol o echar la siesta, bailar sevillanas o comer jamón? ¿Cómo se mide eso de preservar la identidad española? El magistrado y jurista valenciano Joaquim Bosch Grau señala que el 98% de los extranjeros no comete delitos en nuestro país según los datos oficiales, y también resulta que el 89% de los inmigrantes menores no acompañados trabaja, estudia o compagina las dos actividades. Por tanto, vincular inmigración con delincuencia es una discriminación vergonzosa, como también lo es relacionar homosexualidad con pederastia. Pero, claro, tanto ir el cántaro a la fuente que al final se rompe, y Santiago Abascal, que hace el rendibú a Meloni, Orban y, sobre todo, al alocado de Trump, los sigue como un perrito faldero, imita sus discursos xenófobos y ahora plantea una aberración en que equipara el origen de las personas con su conducta, además de querer hacernos creer que los inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo, roban a espuertas (como si ellos, los políticos de guante blanco, no lo hicieran), matan o violan a nuestras mujeres, nada más lejos de la realidad. Porque, contradiciendo a uno de los colaboradores más próximos al führer, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich Joseph Göbbels, aunque una mentira se repita cien veces, no se convierte en verdad.

Es triste ver que todavía en 2025 hay dirigentes retrógrados incapaces de entender que los migrantes nos enriquecen culturalmente, aportan económicamente porque pagan impuestos como todo hijo de vecino y generan el 20% de la riqueza nacional, y también son muy necesarios demográficamente dada la baja tasa de natalidad que tenemos desde hace muchísimos años. ¿Rocío de Meer (que manda huevos que con ese apellido tan manchego monte en cólera contra los forasteros) ha pensado quién le hará las tareas domésticas si destierra a todos esos millones de seres humanos que quiere echar? ¡Porque seguro que ella no sabe hacerse ni un huevo frito! ¿Quién trabaja en los mares de plástico almerienses de sol a sol? ¿Quién coge la fresa en Huelva? ¿Quién cuida de nuestros ancianos en sus casas o en las residencias? ¿Quién hace muchos de los trabajos más duros y exigentes en sectores como por ejemplo la construcción o el asfaltado de carreteras? ¿El barbudo de su jefe, que no da palo al agua y que abandona el escaño cada dos por tres? La vida laboral de cualquier recién llegado tiene más apuntes que la del líder de la ultraderecha española antes de entrar en política.

¿Por qué no té callas?, que diría el rey emérito, otro, por cierto, que nació lejos de nuestras fronteras y a quien también habría que desterrar, aunque en este caso ya se fue él voluntariamente bien lejos y con la cartera llena de dinero. Recomendaría a Vox que repensaran bien la iniciativa, puesto que si la aplican al pie de la letra, encontrarán en su formación dirigentes de familia argentina como Ortega Smith, cubana como Rocío Monasterio o guineana como Ignacio Garriga, que quizás habría que devolverlos a sus países de procedencia. Por no hablar de Bertrand Ndongo, Hermann Tertsch, Juan García-Gallardo Frings o la propia De Meer. Ah, y aunque del PP, la boluda Cayetana Álvarez de Toledo también. A estos, los tirarán los primeros, ¿no? Si más de uno de Vox mirara su árbol genealógico o se hiciera un estudio genético de ADN y viera que tiene raíces celtas, romanas o árabes y no arias de pura raza, le daba un ictus y la palmaba al ver los resultados. Si se ponen tan estrictos, algunos de ellos serán enviados a la Cochinchina.

Entre los veintiséis millones de rojos que querían hacer desaparecer y ahora los ocho millones de foráneos que les estorban, veo a los diputados José María Figaredo, Pepa Millán y compañía remangados recogiendo melones en los bancales. Y digo yo una cosa, puesto que en la España de Vox no cabemos treinta y cuatro millones de personas, ¿no sería más fácil darle la vuelta a la tortilla y que remigren ellos masivamente a una isla desierta en medio del Pacífico, puesto que no creo que los acojan en ningún otro lugar que no sea los Estados Unidos, Hungría o Argentina? O que vayan a colonizar Marte si quieren, el caso es que los únicos que sobran aquí son ellos, que se vayan a freír espárragos y nos dejen en paz. Ah, y si se llevan los fondos buitres extranjeros y las plataformas de pisos turísticos que están expulsando a la gente de sus casas y desplazando negocios de barrio como el caso de la librería 80 Mundos de mi ciudad, mejor que mejor.

Ya sabemos que el modus operandi de la extrema derecha es infundir miedo, puesto que no pueden ofrecer otra cosa que no sea el terror y la amenaza. Por eso generan malestar, crispan a la sociedad y atacan al más débil para tenerlo subyugado, domesticado. Repiten como loros su mantra, que muchos ignorantes compran con los ojos cerrados. Pero sabemos que, en el fondo, no quieren hacer volver a su país a nadie porque la formación verde representa los intereses de los grandes empresarios explotadores, a los cuales no les haría ninguna gracia quedarse sin mano de obra barata y dejar de forrarse. Tanto los voceros del enfrentamiento como sus ignaros seguidores desconocen que ningún ser humano tiene menos derechos por haber nacido en un determinado lugar del planeta, cruzar un mar o un océano o saltar un muro o una valla. Pero me temo que sí que harán una clara distinción: cómo de llenos traen los bolsillos cuando llegan a nuestro territorio. Inmigrantes son los oligarcas rusos que compran, a tocateja, mansiones de lujo por toda la costa mediterránea, como también lo son los chinos que abren negocios de todo tipo por nuestra geografía. Los británicos que viven hace treinta años en el norte de la provincia de Alicante y que no sueltan ni una palabra en castellano, ¿respetan la idiosincrasia española? Los padres de Nico Williams y Lamine Yamal no son nacidos dentro de nuestras fronteras. ¿Piensa Vox repatriarlos a sus países de procedencia? ¡Qué desprecio!

En pleno siglo XXI, la idea de expulsar a millones de personas porque incomoda su color de piel, su religión, cómo visten o qué comen como ya hizo en el pasado el fascismo no es solo inadmisible, sino muy peligrosa y corrosiva para la democracia. A mi entender, estos discursos que incitan odio y atacan la convivencia no tienen cabida en una sociedad moderna, avanzada, democrática y progresista como la nuestra. Los principios humanos son intocables, y por eso conviene combatir firmemente estos pensamientos racistas colectivos que, desgraciadamente, en los tiempos que corren, cada vez calan más entre la juventud. Además, hace falta un poquito de sensatez y cordura en este mundo de locos en que vivimos, más conciencia humana, más solidaridad, más justicia social, más moral... Amar al prójimo sin ningún miramiento, ayudar a quien lo necesita. Son personas de carne y huesos como los mismos cavernícolas que los quieren deportar. Por eso la propuesta, por disparatada, es un auténtico delirio xenófobo, un desvarío racista, una locura supremacista, una alucinación insensata, una paranoia anticonstitucional, un despropósito fascista. Señores de Vox, más sentido común y más defensa de los derechos humanos, y menos pamplinas estúpidas y polémicas esperpénticas.

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Òscar Banegas es filólogo y trabaja como técnico lingüístico en el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante.

He aquí, en el título, una exclamación inverosímil, al menos hoy. Tras sus desaforadas intervenciones el miércoles en el Congreso, Feijóo está más lejos de La Moncloa que anteayer.

La mayoría parlamentaria no quiere que Sánchez deje de gobernar. Algunos grupos (Podemos, Junts, Coalición Canaria) se muestran más exigentes con la penitencia que han de iniciar los socialistas. Otros algo menos (ERC, Sumar, Bildu). Pero ninguno –excluidos, claro, PP y Vox– desea que Feijóo gobierne, ni sumándose a una moción de censura, ni provocando unas elecciones anticipadas. 

¿Por qué? En primer lugar, porque el PP traslada una narrativa falaz sobre España, que en nada se corresponde con el país que disfrutamos. Crecimiento económico nítido, paz social, mayor cohesión territorial, índices de desarrollo humano que hacen de España uno de los mejores países del mundo, políticas progresistas del gusto de la mayoría… El Estado casi fallido, en vías de convertirse en una dictadura bolivariana, gobernado por una mafia corrupta, putera y cocainómana, es una descripción que solo encuentra terreno fértil en la extrema derecha.

 Si la economía fuera mal, si hubiera malestar en las empresas o bronca en las calles, si la delincuencia aumentara gravemente, si a Cataluña o a Euskadi o a Galicia, o a cualquiera otra comunidad autónoma, se la maltratara… En otras palabras, si el contexto económico fuera negativo y el país no estuviera bien gestionado, la precaria mayoría parlamentaria con que cuentan el PSOE y Sumar caería sin duda.

En segundo lugar, Feijóo no gobierna porque su estrategia incendiaria asusta a buena parte del país. El encumbramiento de los hooligans Miguel Tellado y Esther Muñoz, las complicidades con Vox, las exageraciones diarias, contradicen al Feijóo supuestamente moderado que llegó a Madrid después de que Díaz Ayuso defenestrara a Pablo Casado. El presidente del PP no fue moderado nunca, en realidad, como recuerdan los reporteros que siguieron su actividad en Galicia. Llegó a la Xunta usando como mensaje de campaña el bulo del Audi de Touriño, y solo el caciquismo dominante en la región y la ausencia de una oposición contundente le permitieron exhibir su faz más amable y moderada.

Desde que preside el PP, Feijóo no ha mostrado ningún síntoma de moderación. Al contrario: azuzado por su competencia externa –Vox– e interna –Ayuso–, ha disparatado mucho más que sus antecesores cuando estaban en la oposición. Aznar fue duro con Felipe y Rajoy con Zapatero; el PP nacional no conoce ni se aplicó nunca en una oposición moderada, pero lo de Feijóo ha excedido todas las precauciones. A la más alta cota del disparate (por ahora) ha llegado Feijóo esta semana acusando a Sánchez de vivir de la prostitución, ni más ni menos, a cuenta de viejos negocios del suegro fallecido del presidente.

No, Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno. No lo digo yo, sino la mayoría del Congreso, sede de la soberanía nacional. No lo está porque genera gran desconfianza en las fuerzas políticas con las que eventualmente tendría que negociar y articular sus decisiones como presidente. No está preparado para gobernar porque ha perdido toda posibilidad de interlocución leal con el presidente del Gobierno, una capacidad que debería haber protegido como si fuera oro. Feijóo no puede gobernar si no es capaz de seducir ni convencer a ningún grupo parlamentario que no se la extrema derecha racista, miedosa, ultracatólica y mentirosa.

Y como resulta que la única opción realista que tenemos ahora es un gobierno de Feijóo o un gobierno de Sánchez, Feijóo ha perdido el miércoles una oportunidad más para proponerse al país como un buen gobernante. Nervioso, sobreexcitado, exagerado, excéntrico, el líder de la oposición fue el gran perdedor en el debate parlamentario. Si bien es cierto que en este minuto, según las encuestas, podría gobernar de sobra con el apoyo de la ultraderecha, los sondeos también constatan un estancamiento en sus apoyos electorales, que se marchan hacia Vox. Mucho se habla de la corta esperanza de vida política del presidente del Gobierno, cuyo fin inmediato se vaticina desde que empezó a gobernar hace siete años. Pero conviene recordar que Sánchez en este tiempo ha visto desfilar delante de él los ataúdes de Mariano Rajoy, de Albert Rivera y de Pablo Casado. No tengo tan claro que Feijóo, en fin, esté mucho más fuerte que Sánchez, por mucho jaleo impostado que monten los diputados del PP en sus escaños. De momento, lo más probable es que nos vayamos de vacaciones, contradiciendo a los agoreros que ya profetizaban que a septiembre el presidente no llegaba.

La Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar investigar si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" como asesora de Begoña Gómez "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto tráfico de influencias, según ha informado EFE.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma en un auto la condición de investigada de Álvarez como posible participe en hechos que podrían constituir los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, que acabó desembocando un mes después en su imputación.

La resolución, fechada el 12 de junio, se conoce un día después de que trascendiese que el juez ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunta malversación y tráfico de influencias en torno al nombramiento de Álvarez.

El tribunal menciona en su auto que "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público" respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno "puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".

"Y, lo que es más importante -continúa-, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada".

Esto, dice, "refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta" de Begoña Gómez, "apuntalando el áurea de indudable influencia que como esposa del Presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada".

Sostienen los magistrados que la investigación debe centrarse en si Álvarez se excedió en sus funciones "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez "en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Esas funciones consistían en la gestión de la agenda o el correo de Begoña Gómez, y también en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente de Gobierno.

Conocer su registro de llamadas "resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención", apunta la Audiencia, que cree también que hay "datos indiciarios suficientes" de "la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía" Begoña Gómez, "lo que supondría una clara desviación del cumplimiento" de la función de Cristina Álvarez.

La amistad entre ambas es "otro dato más a considerar", siendo esta "la razón de su nombramiento", sirviendo a sus actividades privadas "lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados", zanja.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial respalda la imputación de Cristina Álvarez, aunque precisa que el juez debió motivarla más porque la fundamentación que hizo fue "sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente".

Al analizar el delito de malversación, reconoce el tribunal que un funcionario "ilícitamente destinado" a funciones privadas no puede cometer este delito -lo cometería quien lo destina o quien consiente esa decisión-. Sin embargo, apunta a su "connivencia o anuencia".

"Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que solo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero si es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor" y es clave para el posible tráfico de influencias.

En otra resolución, la Audiencia avala la decisión del juez de solicitar el registro de llamadas de Álvarez a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, a entidades patrocinadores del máster o cátedra en la que participó Begoña Gómez o al empresario Juan Carlos Barrabés -también imputado-.

No obstante, ordena excluir de esa información obtenida los hechos relativos al rescate de Globalia, o al África Center, como dejó claro en otras resoluciones.

Y en un tercer auto, concede a Hazteoír la dirección de las acusaciones populares, en lugar de Vox, que la ejercía hasta ahora.

Yo también soy un poco María Chivite. La tristeza y la decepción que me produce todo lo que estamos conociendo me lleva a la paralización. Y no hay peor enemigo para un progresista que el inmovilismo, que impide la búsqueda de ese futuro más justo para y entre todos.

Todas la noticias que estamos conociendo, los informes de la UCO, el caldo de cultivo que se está generando alrededor de todo ello, atacan directamente al corazón del PSOE. No tanto es que se ataque a la dirección del partido, o al Gobierno, sino a mi corazón, y al de tantos y tantos militantes tan perplejos como yo.

Somos nosotros, a los que no conoces, los que nos partimos la cara (a veces literalmente) en los corrillos de vecinos, en los bares, en las tiendas, por un proyecto de país, y por las personas que hemos decidido que lo lleven a término.

Somos nosotros los que nos revolvemos a los imitadores de la presidenta madrileña que pululan por nuestras calles y defendemos tu honor y el de tu familia, sabedores de las instrucciones judiciales, alguna de ellas rayando en el esperpento.

Somos nosotros los que intentamos hacer llegar los progresos sociales que el Gobierno está llevando a cabo a cada persona con la que hablamos a diario.

Y todo ello, te lo puedo asegurar, lo hacemos más por convicción que por obligación.

La tristeza y la decepción nos invaden cuando nos topamos con la realidad de las noticias. Y no con las que se pueden leer en algunos medios con intereses directos y concretos, cuya primera meta (y diría que casi única) es desbancar al gobierno de coalición de La Moncloa. Sé que les da igual el nombre de quién encabece ese gobierno: lo que no pueden tolerar es que ese gobierno sea de izquierdas.

Necesitamos, por una vez, que nos alientes, que nos des armas para seguir en nuestra lucha dialéctica, que nos des argumentos que prevalezcan sobre los eslóganes. Hasta ahora, no encontramos ni unos ni otras: el pedir perdón es condición necesaria, sí, pero no suficiente.

Precisamos argumentos sólidos con los que poder afirmar que esto no va a volver a suceder (ya me horroriza y avergüenza a partes iguales lo acontecido): no me he pasado media vida enarbolando nuestra bandera, pese a las condiciones vitales adversas por las que he pasado, para que me identifiquen con esas personas de las que te rodeaste o te rodearon.

No bastan cinco respuestas a otras tantas preguntas.

Mi confianza en ti, aunque mermada, me hace seguir en el empeño. No hago caso a los discursos de antiguos compañeros a los que no reconozco en sus declaraciones actuales; ni tampoco a los que quieren exportar su visión de país desde la esquina o el casi-centro de España. Sigo pensando en que estoy en el lado correcto del partido.

Dame argumentos, da argumentos a la militancia que te aupó a la Secretaría General frente al aparato para poder sentir con orgullo la pertenencia a esta organización. No caigas en el error de separarte de nosotros. Si percibimos que solo eres un nuevo y bunkerizado aparato, con todo lo que eso significa, es más que probable que nos rebelemos contra él, igual que hicimos hace unos años.

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Javier C. Fernández Niño es socio de infoLibre.

Ay, qué nervios: ¿tendrá Aldama las coordenadas de las minas del rey Salomón? ¿Conocerá la ruta hacia el Dorado? Chico, cuánta incógnita. Menos mal que la otra mañana, Carlos Herrera volvió a llevarlo al “programa más influyente de la radio española” (¿cómo se medirá eso?) para hacerle un interrogatorio que ríete tú de Guantánamo. La tercera charleta, oiga: en un tris, tertuliano. La entrevista a “Víctor de Aldama, empresario” (sic) dura casi veinte minutos, pero si van con prisa yo se la resumo:

–Don Víctor, qué tal, buenos días. ¿Es cierto que usted sabe cosas gravísimas que harán caer al gobierno?

–Efectivamente.

–Y todas esas cosas son terroríficas y verdaderas, ¿cierto?

-Sí, sí, verás tú cuando las publique…

–Ya lo han oído ustedes, Perro Sánchez, dimisión.

Tremendo papelón. Mire, señor Herrera, justo le traía las pruebas de que Sánchez asesinó a Kennedy, pero se las ha comido mi perro. Conste, que lo mismo nuestro corruptor favorito tiene munición como para dinamitar la sede de Ferraz, pero si vas a entrevistarlo, procura sacarle algo más que insinuaciones, no sea que quedes a la altura de tus rencores. Mientras termina de empaquetar los bártulos para mudarse a Somalia, el locutor más engolado de la zona euro ha convocado a cuanto detractor presidencial quede en el Occidente. “Mi corazón lleva mucho tiempo sufriendo por estas cosas que están pasando”, le confesaba Alfonso Guerra, intachable vicetodo. “Para un demócrata progresista, el respeto de las instituciones es la pieza básica”. Lo dice el tío que le prestaba a su hermano un despachito de la Delegación del Gobierno para que hiciese sus chanchullos. El que fue a la puerta del talego para arropar a Vera y Barrionuevo cuando los entrullaron por la minucia de los GAL. “La democracia en España, ahora mismo, no es una democracia plena”. El entrevistador, asiente. La parrafada sigue, emocionante: las redes sociales son malísimas, la “anistía” (sic) tiene a los padres de la Constitución retorciéndose en sus sepulcros, vivas al bipartidismo de antaño y el castellano está siendo amenazado por los pérfidos pinganillos. Conversatorio de candente actualidad, ¿verdad? Solo eché de menos algún chiste de homosexuales o enanos.

Está la prensa antisanchista a dos telediarios de dedicarle un monográfico a la maestra de preescolar del presidente, para que cuente aquella vez que le dio un pisotón a un niño en el recreo. Al más puro estilo Sálvame: con Conchita, el polígrafo y media docena de momias del felipismo mentándole a la mujer, al hermano y al fiscal general. Tampoco ayuda, claro, que nuestro flamante presidente lleve semana y pico sin contestar a la prensa y que los voceros de su Gobierno se apunten a cuanto pan para hoy y hambre para mañana (la bomba lapa, exempli gratia) les ofrezcan sus asesores. ¿Con qué asombrosas cabriolas periodísticas nos desayunaremos las próximas semanas? ¿Qué arengas andará garabateando Ana Rosa en su luminosa madriguera? ¿Qué tertuliano de Prisa está dispuesto a quemarse a lo bonzo para defender la sensata causa de la socialdemocracia? Tristemente, no seré yo quien se lo cuente, porque La quinta columna termina aquí. Los mandamases de infoLibre me han propuesto otra encomienda: regresar al asunto artístico, que siempre ha sido mi negociado. Seguiré escribiendo barrabasadas en los Aspavientos, que nadie se me inquiete, pero se acabó la revista de prensa. Mi psiquiatra parece entusiasmada: estaba a un solo editorial de Losantos de perder completamente el oremus.

Gracias por la lectura. Pronto, más.

Si hace un año hubieran leído una columna en la que se dijera que las derechas no sumarían, que Pedro Sánchez volvería a conseguir la investidura como presidente del Gobierno, que se reformaría la Constitución, que se aprobaría una Ley de Amnistía y que Illa estaría acariciando el Palau, probablemente pensarían que el analista de turno había perdido el sentido de la realidad.

Nada de esto ha sido sencillo ni admite análisis simples. En realidad, el 23-J la izquierda no ganó, pero la derecha perdió (y conviene no perder esto de vista). La investidura de Sánchez abrió grietas profundas en entornos socialistas porque se sabía unida a la misma ley de Amnistía que unas semanas antes el propio líder negaba. Dicha ley de Amnistía se está aplicando ya, y sus efectos se adivinan benéficos, pero la reacción de parte de la judicatura promete ser larga y beligerante. De la misma forma, la investidura de Illa sólo será posible si ERC consigue convencer a los suyos no sólo del mal menor, sino de que tienen algo que ganar, y es sabido que no valdrá cualquier cosa. Si a cambio va la reforma de la financiación autonómica, habrá de hacerse para las 17 singularidades que existen en España, si no se quiere profundizar las brechas entre los propios socialistas. 

Independientemente de la valoración que cada cual tenga de cada uno de estos actos, el análisis detecta un elemento que todo ello tiene en común: la puesta en valor de la política pragmática, lo que algunos llamarían hacer de ella “el arte de lo posible”, o “hacer posible lo imposible”, o “ensanchar los márgenes de lo posible”, o en su versión más sanchista, “hacer de la necesidad virtud”. El principal activo de los protagonistas del Gobierno de coalición es haber sabido aunar sus intereses y los del resto del Parlamento frente a una oposición inerte, incapaz de reaccionar. 

Desde las mismas candidaturas presentadas a las generales, en las que Sumar consiguió aglutinar a veinte formaciones a sabiendas de que era un partido “instrumental” que no tardó en estallar, a la negociación para la investidura in extremis haciendo un frente de la España plural frente a la derecha española, pasando por la propia ley de Amnistía o la forma como se está enfocando la negociación entre el PSC y ERC en Cataluña, todos estos movimientos han sido un ejercicio de pragmatismo. Habrá quien diga que esto supone priorizar el mantenimiento del poder al margen de la ideología. Otros contestarán que la mejor forma de poner en marcha una propuesta política e ideológica es gobernando, y que evidentemente España es plural.

Si todo esto ha sido posible no ha sido sólo por la habilidad negociadora del Gobierno de coalición, ni por la audacia de algunos de sus movimientos. Ha sido necesaria una oposición inerte, incapaz de reaccionar al resultado electoral del 23J, sin posibilidad alguna de romper el bloque de la investidura en cuestiones relevantes pese a la precariedad y vulnerabilidad del mismo. El Partido Popular, desorientado y sin estrategia definida, no consiguió llegar a la Moncloa, con todo a favor, por la enorme torpeza que supuso formar gobiernos y llegar a acuerdos con la ultraderecha a pocas semanas de las generales. Por exceso de soberbia, por falta de mando o por ambas cosas, fue ese enorme error de los populares el que cambió todo. Desde entonces, no han conseguido enderezar el rumbo. Practican una oposición de trazo grueso, “pelotazo p’arriba”, de mínimo esfuerzo y descalificación fácil. Ni siquiera la salida de Vox de los gobiernos autonómicos ha supuesto un revulsivo para reorientar la estrategia. Incapaces de poner al Gobierno en un compromiso, ni siquiera se han acercado al movimiento más sencillo que tenían en su mano, atraerse al PNV y Junts, sus socios naturales, bloqueados como están en su discurso sobre el modelo de organización territorial del Estado.

Un año y un día después de aquel 23-J convocado por Pedro Sánchez en un movimiento que no sabíamos si calificar como audaz o temerario, todo lo vivido es la suma del éxito del pragmatismo del Gobierno y de una oposición inerte.

La Plataforma Libertad para Palestina, integrada por 36 organizaciones políticas, sindicales y sociales, ha publicado un vídeo en el que personalidades influyentes muestran su apoyo al reconocimiento del Estado de Palestina y exigen una mayor cantidad de medidas. En el vídeo aparecen Unai Sordo, Pepe Álvarez, Joaquim Bosch, Teresa Aranguren, Juan Cruz, Mónica Oltra, Pepón Nieto, Bob Pop, Pepe Viyuela o Carla Antonelli, entre otros.

Varias de las personas que aparecen en el vídeo señalan la gravedad de las acciones que está realizando Israel en Gaza y recuerdan que ya se han cobrado la vida de más de 35.000 palestinos. "La ocupación israelí es un fracaso de la humanidad", apunta Bob Pop.

Este manifiesto denuncia poner fin "de manera urgente" a la impunidad de Israel e imponer un alto al fuego inmediato. Además, piden a los organismos europeos que implementen sanciones europeas e internacionales en contra de la expansión colonial israelí en Cisjordania y Jerusalén Este.  

Por otro lado, la plataforma Libertad para Palestina considera que el reconocimiento, realizado por España, Irlanda y Noruega, "es un gesto trascendental que recoge y expresa el apoyo en el Estado español". Un manifiesto que se hace público coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros del reconocimiento formal del Estado palestino por parte del Gobierno español.

La muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero registrado el domingo en la provincia de Azerbaiyán Oriental (noroeste), sume al país en un periodo de interinidad que estará encabezado por su hasta ahora vicepresidente, Mohamad Mojber, que se extenderá durante un plazo máximo de 50 días, cuando la población deberá acudir a las urnas para elegir a su sucesor.

Raisi fue nombrado presidente del país tras imponerse en las elecciones de 2021, cuando sucedió al moderado Hasán Rohani —quien ya había cumplido su límite de dos mandatos— tras hacerse con una aplastante victoria después de que los principales candidatos reformistas y moderados fueran apartados de la carrera, marcando el regreso de los ultraconservadores del poder en el país centroasiático. A pesar de que las próximas elecciones estaban previstas por ello para el año que viene, su fallecimiento en el citado siniestro de helicóptero —en el que viajaba también su ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian, también muerto junto al resto de ocupantes del aparato— fuerza a la aplicación de las cláusulas constitucionales sobre estas situaciones, que prevén las celebración de elecciones en menos de dos meses.

"En caso de muerte, cese, dimisión ausencia o enfermedad que dure más de dos meses en el caso del presidente, o cuando su mandato haya terminado sin que se haya elegido a un nuevo presidente por algún impedimento, o en circunstancias similares, su vicepresidente primero asumirá, con la aprobación del líder (supremo de Irán), las competencias y funciones del presidente", recoge el artículo 131 de la Constitución iraní.

Este mismo artículo contempla la creación de un "consejo" integrado por el presidente de la Asamblea Consultiva, el jefe del aparato judicial y el vicepresidente primero para "organizar las elecciones para un nuevo presidente, en un periodo máximo de 50 días", para lo cual el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ya ha dado su visto bueno a primera hora del día.

Además, el artículo 132 de la Carta Magna iraní afirma que "durante el periodo en el que las competencias y responsabilidades del presidente son asignadas a su vicepresidente primero o a otra persona, en línea con el artículo 131 —que da al líder supremo la autoridad para nombrar a un encargado en caso de muerte o vacancia del cargo de vicepresidente—, ni los ministros pueden ser interpelados ni puede aprobarse una moción de censura contra ellos".

"Tampoco pueden darse pasos para una revisión de la Constitución ni celebrarse referéndums nacionales", subraya la Carta Magna, aprobada en 1979 tras el éxito de la Revolución Islámica, que llevó al poder al ayatolá Ruholá Jomeini, y modificada en 1989 tras el fallecimiento de éste y el ascenso de Jamenei al puesto de nuevo líder supremo, que mantiene desde entonces.

El propio Jamenei afirmó el domingo a través de su cuenta en la red social X que "la nación no debe estar preocupada o nerviosa, ya que la administración del país no sufrirá alteraciones", horas antes de que las autoridades hallaran los restos del aparato y confirmaran el fallecimiento de Raisi. A primera hora de este mismo lunes, ha decretado cinco días de luto nacional por el suceso y ha recalcado que "en línea con el artículo 131 de la Constitución, Mojber encabezará la rama ejecutiva". "Está obligado a cooperar con los jefes de las ramas legislativa y judicial para facilitar la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días", ha recordado.

Por su parte, Mojber ha encabezado una reunión de emergencia en la que han estado presentes el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del aparato judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, para abordar la situación, de cara a la formación del citado "consejo" para la organización de las elecciones.

"Seguiremos el camino del servidor de Alí Reza y amigo de la nación iraní, el ayatolá Raisi, a la hora de cumplir los deberes asignados sin interrupción alguna", ha reseñado, antes de afirmar que "Jamenei y el honorable pueblo de Irán deben tener claro que nuestro camino es el del presidente y que nuestro servicio no se detendrá", según un comunicado publicado por el Gobierno iraní a través de su página web.

Poco antes, el Ejecutivo iraní había publicado otro comunicado para garantizar que la muerte de Raisi "no supondrá la menor perturbación en la administración" de la nación. "Garantizamos a nuestra leal y querida nación que el camino de servicio continuará en línea con el incansable espíritu del ayatolá Raisi, héroe y servidor de la nación (...) y, con la ayuda de Dios todopoderoso y la cooperación del honrado pueblo, no habrá la menor perturbación en la gestión del país", zanjó.

De esta forma, el nuevo "consejo" tripartito deberá anunciar próximamente la fecha para las próximas presidenciales, que se celebrarán meses después de unas parlamentarias que ratificaron el poderío de los ultraconservadores, si bien estuvieron marcadas por el boicot por parte de la oposición y la tasa de participación más baja desde el establecimiento de la Revolución Islámica.

Sin embargo, el fallecimiento de Raisi deja un aparente vacío en la sucesión en la propia Presidencia, ya que aparentemente no existe un sucesor claro para el cargo. Así, está por ver quién será el principal candidato de los ultraconservadores a las próximas elecciones, especialmente debido a que uno de los principales perfiles en el país, Amirabdolahian, murió junto a él en el siniestro aéreo.

Por otra parte, la muerte de Raisi tiene igualmente un impacto sobre la futura sucesión de Jamenei, quien el mes pasado cumplió 85 años y quien lleva en el cargo desde 1989, dado que el fallecido mandatario figuraba en todas las quinielas como uno de los principales favoritos a ocupar el cargo. Raisi, de 63 años y uno de las principales caras de los clérigos ultraconservadores en Irán, era una figura muy cercana a Jamenei, quien como líder supremo tiene la palabra final en materia de diplomacia, estrategia militar y política interior en el país, en el que además tiene una gran importancia la Guardia Revolucionaria.

Durante los últimos años se había especulado con la posibilidad de que Raisi o Mojtaba Jamenei, uno de los hijos del líder supremo, pudieran sucederle tras su fallecimiento, con lo que el elegido se convertiría en la tercera persona en ocupar el cargo desde 1979. Sin embargo, el fallecimiento de Raisi allanaría el camino para que esta persona fuera Mojtaba Jamenei, de 54 años y profesor de teología en un seminario de Qom, desde donde dio apoyo al expresidente Mahmud Ahmadineyad en sus victorias electorales en 2005 y 2009.

En cualquier caso, el nombramiento del líder supremo de Irán depende de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos. Todos ellos deben ser nombrados por el Consejo de Guardianes, quienes son nombrados de forma directa o indirecta por el propio líder supremo, lo que da un importante peso a Jamenei en su proceso de sucesión. De hecho, Jomeini habría ejercido una importante influencia en el nombramiento de Jamenei como su sucesor, especialmente a raíz de las crecientes diferencias con su entonces 'número dos', Hosein Alí Montazeri, quien se habría mostrado crítico con la oleada de ejecuciones de miles de presos políticos en 1988.

La Constitución iraní, en cualquier caso, refleja en su artículo 111 que, "en caso de muerte, dimisión o cese del líder, los expertos —en referencia a los miembros de la Asamblea de Expertos— deberán dar pasos lo antes posible para nombrar a un nuevo líder", periodo durante el cual se crearía un "consejo" temporal para ocupar sus funciones hasta la elección del que sería el sucesor de Jamenei.

Las autoridades de Irán han confirmado este lunes la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, uno de los principales representantes de la línea dura y uno de los favoritos para reemplazar en el futuro al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, tras un accidente de helicóptero registrado el domingo en la provincia de Azerbaiyán Oriental (noroeste). Raisi era uno de los ocupantes del helicóptero siniestrado, que le trasladaba junto al ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian —también fallecido en el suceso— tras participar en la inauguración de una presa cerca de la frontera con Azerbaiyán, acto en el que estuvo presente el mandatario azerí, Ilham Aliyev, según ha informado Europa Press.

El presidente, nacido en 1960 en Mashhad —la segunda ciudad más grande del país y que acoge el principal mausoleo chií de Irán—, había participado en las protestas contra el sah que derivaron finalmente en su derrocamiento en la Revolución Islámica de 1979, tras lo que entró a formar parte de las filas del aparato judicial, en un inicio como fiscal.

De hecho, se convirtió en 1985 en vicefiscal de Teherán, una etapa en la que llegó a ser parte de los tribunales secretos creados en 1988 para juzgar a miles de presos políticos, muchos de ellos miembros de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI). Los procesos, criticados por su opacidad, arrancaron poco antes del final de la guerra con Irak (1980-1988) y se saldaron con miles de ejecutados.

A pesar de que la cifra de ejecutados sigue siendo desconocida, el número oscila entre los 2.800 y los 30.000, con Amnistía Internacional cifrando en 2018 en "entre 4.500 y 5.000" el total de ajusticiados. El hecho de que Raisi fuera uno de los cuatro jueces que supervisaron el proceso —lo que le llevó a ser conocido como El carnicero de Teherán— volvió a salir a la luz durante la campaña electoral de 2021, si bien rechazó las denuncias y argumentó que se limitó a defender la seguridad nacional.

El historial de Raisi en el seno del sistema judicial derivó además en que el expresidente Donald Trump impusiera sanciones contra él en 2019 —cuando era ya fiscal general de Irán— por la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y por la represión de las protestas prodemocráticas del Movimiento Verde tras las elecciones de 2009, en las que se impuso Mahmud Ahmadineyad entre denuncias de fraude de la oposición.

Además, Raisi fue designado en 2019 vicepresidente de la Asamblea de Expertos —encargada de elegir al líder supremo— y fue custodio de la fundación Astan Quds Razavi, la más grande en el mundo islámico, lo que le llevó a acumular un gran poder que le llevó a situarse como uno de los principales candidatos a reemplazar a Jamenei, segundo líder de la Revolución Islámica, cargo que ocupa desde 1989, a raíz del fallecimiento del ayatolá Jomeini, líder de la revolución de 1979.

La aplastante victoria de Raisi en las elecciones de 2021 supuso la materialización de sus aspiraciones políticas, reveladas en primera instancia en 2017, cuando se presentó como candidato frente a Hasán Rohani, quien sin embargo logró un segundo mandato en primera vuelta tras recibir cerca del 57 por ciento de las papeletas. Los comicios de 2021 supusieron una victoria del sector ultraconservador tras dos mandatos de Rohani, considerado un político moderado, que se materializó tras el bloqueo de las candidaturas de muchos de los candidatos moderados y reformistas en las urnas.

A su llegada a la Presidencia iraní prometió reforzar la lucha contra la corrupción y hacer frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras abandonar en 2018 el histórico acuerdo nuclear de 2015 —firmado durante el mandato de Rohani—, lo que llevó a Teherán a fortalecer su polémico programa, si bien las autoridades iraníes defienden que tiene únicamente fines pacíficos.

El presidente iraní mantuvo además una línea dura durante las protestas desatadas en septiembre de 2022 a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven de la minoría kurda detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo, y apoyó la represión de las movilizaciones a manos de las fuerzas de seguridad Raisi, que llegó a describir la muerte de Amini como "un incidente" un año después del fallecimiento de la joven, denunció además una "guerra híbrida" por parte de países occidentales, encabezados por Estados Unidos, con el objetivo de desestabilizar a las autoridades y defendió las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el suceso.

Raisi encabezó un proceso de aproximación con Arabia Saudí —países que no mantenían relaciones diplomáticas desde 2016— materializado en un acuerdo para restablecer lazos firmado en marzo de 2023 con la mediación de China que dio un espaldarazo a la normalización de las relaciones entre Siria y los países de la región y a las conversaciones de paz en Yemen, sumido en una guerra desde 2015.

Sin embargo, los últimos meses de su mandato han estado marcados por el conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas contra Israel, que llevaron al Ejército israelí a desencadenar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza. La amenaza de expansión del conflicto en la región llegó a su punto álgido el 1 de abril, cuando Israel bombardeó el Consulado de Irán en la capital siria, Damasco, matando a siete miembros de la Guardia Revolucionaria, lo que llevó a Teherán a lanzar cerca de dos semanas después un ataque con cerca de 300 misiles y drones contra territorio israelí.

Los ataques iraníes, que se saldaron sin víctimas mortales, se vieron seguidos días después por un ataque con drones por parte de Israel contra la ciudad de Isfahán (centro), si bien las autoridades iraníes descartaron víctimas, tras lo que aparentemente descartaron cualquier otra respuesta, al tiempo que mantuvieron su apoyo a Hamás y pidieron el fin de la ofensiva contra Gaza y consecuencias contra las autoridades israelíes por sus actos.

Bajo su mandato, Irán reforzó su apoyo a Hamás y otros grupos armados de la región, entre los que destacan el partido-milicia chií libanés Hezbolá, los rebeldes hutíes de Yemen y diversas milicias en Irak y Siria, lo que ha llevado a Estados Unidos, Israel y otros países occidentales a condenar lo que describen como una "influencia maligna" del país en Oriente Próximo.

Junto a Raisi ha muerto Amirabdolahian, su ministro de Exteriores desde 2021, cuando fue nombrado para el cargo tras la victoria del mandatario en las urnas. Desde entonces, había sido la cara de los esfuerzos diplomáticos de Teherán para romper su aislamiento regional, reforzado por las sanciones de Estados Unidos. El fallecido ministro, nacido en 1964 en Damghan, fue embajador en Irak y Bahréin antes de ser designado viceministro de Exteriores para Asuntos Árabes y Africanos (2011-2016), puestos desde los que reforzó sus lazos con la Guardia Revolucionaria de Irán.

De hecho, desde entonces defendió en público el apoyo de Irán al conocido como eje de resistencia, integrado por Teherán, Damasco y sus grupos aliados en la región, que tiene como principal objetivo hacer frente a Israel, principal enemigo de las autoridades iraníes en la región. Entre los principales focos de trabajo de Amirabdolahian figuran el citado acuerdo con Arabia Saudí y el acercamiento con Rusia, principalmente en materia económica y militar en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

No se puede, no se debe permitir, y a la jurisprudencia si la hay me remito, que personajes de medio pelo o vendedores de aire se permitan la licencia por sus santos huevos de amenazar a la Presidencia del Gobierno de este país. No se puede, no se debe permitir. Ni al héroe de la cruzada española que está ahí por puro cash, ni a sus mesnadas. Semejante tropelía dialéctica no hace más que insultar la historia democrática y la inteligencia de la ciudadanía progresista. No me jodan.

Los posicionamientos y las conductas de esta “peña” rancia y trasnochada no hacen otra cosa que fomentar el odio, la violencia y la discriminación. Ese es su fin, y no escribo nada nuevo. Mienten, insultan y amenazan a sabiendas de que lo hacen. Sus claves de autentificación de doble factor son tan básicas como su ideología. Cuestionar resultados electorales, deslegitimar al adversario político e incitar a la violencia en las calles o donde se tercie, son sus líneas maestras, y estas conductas no llevan a otra parte más que a cargarse el sistema democrático. El Cid, Babieca y Tizona S.L. junto a sus mesnadas lo saben perfectamente y cobran buenos estipendios por ello. Es público y notorio.  

A Babieca, por más que se le tire de las riendas para que vuelva grupas, no lo hará, no es más que un caballo que huele a estiércol. Nada nuevo.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha informado este viernes de que en los próximos días visitará a su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, preso por un supuesto delito de rebelión, y ha dejado en manos de México la posibilidad de que tanto él como su familia puedan recibir el asilo político, según informa Europa Press.

"En unos días más, si se me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera ir a saludar al presidente Pedro Castillo porque el hecho que haya suscitado de esta manera tan rápido y violenta, también me duele", ha dicho la nueva presidenta peruana, quien asumió el cargo de manos del Congreso.

"He leído el texto donde disolvía el Congreso, inmediatamente él buscaba que se reorganice el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás. El gabinete ha ido renunciando. En un momento quisiera ir a visitarlo y saber qué pasó", ha insistido.

"Lamento mucho que se haya dado esta situación inesperada", ha dicho Boluarte, quien ha revelado que tanto ella como el resto de gabinete han estado aconsejando hasta la última semana a Castillo que no se siguiera enfrontando al Congreso.

En lo que respecta a la posibilidad de que Castillo y su familia puedan recibir un salvoconducto para recibir asilo político en México, tal y como se supo que solicitó cuando se hizo efectiva su destitución, Boluarte ha expresado que ella siempre se ha movido por los marcos legales y que "lo que diga el derecho de asilo (...) eso lo tendrá que validar el Gobierno mexicano".

Por otro lado, Boluarte ha anunciado que este viernes día 10 tomará posesión de su cargo el nuevo primer ministro de su gabinete. Ante las preguntas de si Perú Libre ocupará algún ministerio, ha pedido dejar atrás la polarización y ha tendido la mano al secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, para negociar. "El país está primero antes que las posiciones partidarias", ha recalcado.

Ante la posibilidad de adelantar elecciones generales, tal y como reclaman los seguidores de Castillo que desde hace dos días protestan en las calles, Boluarte ha explicado que si bien el mandato constitucional establece que ella puede ocupar el cargo hasta 2026, "si la sociedad y la situación lo amerita" puede darse el caso.