Se conoce como la controversia de Valladolid un debate entre teólogos que tuvo lugar entre los años 1550 y 1551 sobre el estatuto que debería darse a las comunidades indígenas de los territorios americanos recién descubiertos y conquistados. La querella, en concreto, se centraba en la humanidad, o su falta, de aquellos primeros habitantes de los nuevos territorios.

Dicha humanidad se relacionaba, naturalmente, con la semejanza con el Creador (“a su imagen y semejanza”) dadas las peculiaridades de aspecto y costumbres de aquellos indígenas cuya condición se estaba cuestionando. Para Bartolomé de las Casas (representante del ala progresista, por decirlo de la manera usual en nuestra neolengua) su humanidad era indudable –aunque más adelante, si bien temporalmente, se contradijo al legitimar la esclavitud de personas negras provenientes de África–. Para Ginés de Sepúlveda y sus seguidores del ala conservadora, la humanidad de aquellos indígenas era, digamos, incompleta en tanto que no conocían la palabra de Dios. La solución, por tanto, era dársela a conocer y convertirlos.

Tengo para mí que vivimos un auge, insospechado aunque no inesperado, de esta controversia, si bien ya no teológica (¿o sí?) en cuestiones tan cotidianas y candentes como el machismo o el racismo o, también en los debates interminables sobre la verdadera naturaleza –intelectual, sensitiva– de los animales y sus derechos…

Porque, ¿qué otra cosa hay sino una querella implícita sobre la humanidad de las mujeres por parte de hombres que las cosifican, la extensión del abuso, el maltrato, la violación o el asesinato? ¿Hay algo distinto en la controversia sobre los migrantes, huidos, hambrientos que una discusión violenta sobre su humanidad?

En tiempos anteriores, tan infaustos como este, cuando se puso de moda la frenología, se pretendía demostrar la menor inteligencia de personas negras y mujeres midiendo el tamaño y forma de sus cráneos: hoy, su peligro o rebeldía por el color de su piel o los rasgos de su cara. Mañana ya veremos.

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Manuel Jiménez Friaza es socio de infoLibre.

Europa no puede exportar valores y a la vez importar productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado. Que la Unión Europea por fin cuente con una ley que prohíba estos productos en su mercado es uno de los mayores logros de este mandato, y una victoria para las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo. Ahora, hemos de velar por que dicha ley se aplique y funcione correctamente. Nuestras tiendas tienen que dejar de vender camisetas, zapatos o coches fabricados por uigures y turkmenos esclavizados o por trabajadores forzados de cualquier parte del mundo. 

Cabría pensar que la esclavitud es cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Pongamos el ejemplo de Turkmenistán, el décimo mayor productor de algodón del mundo y uno de los regímenes más herméticos y represores que existen, y que, sin embargo, rara vez atrae la atención de los medios. Cada año, durante la temporada de cosecha del algodón, entre agosto y diciembre, el Gobierno obliga a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado a recolectar esta fibra textil. 

Esto es lo que Ruslan Myatiev, una de sus víctimas, nos contó en un acto sobre trabajo forzoso que celebramos en Bruselas: “Profesores y médicos se ven obligados a recoger hasta la última bola de algodón bajo todo tipo de amenazas, incluido el despido. Se transporta a la gente en camionetas abiertas o remolques de tractores, como si fueran ganado. Cuando llegan a su destino, se les obliga a recoger entre 20 y 30 kilogramos de algodón. De media, tienen tres días de turnos de recogida a la semana”. Myatiev, periodista y defensor de los derechos humanos, reside actualmente en los Países Bajos, donde obtuvo asilo y desde donde dirige Turkmen.news, un portal de noticias de investigación independiente. “El Gobierno asegura que el algodón es recogido por máquinas y voluntarios, pero es mentira. La policía secreta trata de silenciar a los observadores que documentan el trabajo forzoso. Inventan causas penales contra ellos y los mandan a la cárcel durante años”.

A día de hoy, 28 millones de personas de todo el mundo se encuentran atrapadas en manos de tratantes de seres humanos, o a veces de Estados, que les obligan a trabajar por poco o por nada de dinero. El 12% de ellos son niños y niñas. Este negocio de miseria humana prospera a pesar de los esfuerzos internacionales para ponerle fin. Casi 100 años después de la adopción del histórico Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de 1930, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el trabajo forzoso genera 217.000 millones de euros de ganancias ilícitas al año, un espectacular aumento del 37% con respecto a 2014. Esto es comparable a una economía nacional como la de Portugal.  

Hay muchas probabilidades de que la camiseta que llevas puesta se haya confeccionado con algodón manchado por violaciones de los derechos humanos, sin que ni siquiera lo sepas. Si no se ha cosechado en Turkmenistán, será de la región de Xinyang en China, donde se calcula que más de 2 millones de personas, principalmente uigures, corren el riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso. Se les obliga a trabajar en sectores que requieren mucha mano de obra, donde no solo recolectan algodón o tomates, sino que también montan juguetes, muebles y productos electrónicos, cosen prendas de vestir o procesan polisilicio. 

¿Y cómo acaban los productos fabricados con mano de obra forzosa en las tiendas de la UE? En el caso del algodón de Turkmenistán, algunos países europeos como Polonia o Italia importan directamente hilo turkmeno. No obstante, este producto a menudo entra en las cadenas de suministro de marcas que venden en la UE a través de terceros países como Turquía, China y Pakistán. Es inaceptable que algunas marcas y empresas europeas sean cómplices. Pero no nos engañemos, el trabajo forzoso está en todas partes, incluso dentro de la Unión Europea, donde, según datos de la OIT, la mayoría de los 1,3 millones de víctimas de trabajo forzoso que había en 2018 eran personas que habían migrado de un Estado miembro a otro. 

Ahora, se nos presenta la oportunidad histórica de combatir la esclavitud moderna, tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. Tras años de movilización cívica y batallas políticas, y meses de arduas negociaciones, la UE tendrá la primera ley europea de la historia encaminada a prohibir el comercio de productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado dentro del mercado único. Ya iba siendo hora. Estados Unidos y Canadá ya cuentan con sus propios instrumentos jurídicos. 

Para los Socialistas y Demócratas, esto es sin duda motivo de orgullo. Ya habíamos solicitado esta nueva ley como grupo y posteriormente encabezamos el proceso en el Parlamento. Y conseguimos un acuerdo. Pero que no quepa duda: al principio la Comisión se mostró muy reticente. Cuando finalmente cedió ante nuestras demandas y presentó una propuesta legislativa, muchos conservadores del Parlamento Europeo intentaron postergarla y diluirla. 

El acuerdo final alcanzado con los Estados miembros de la UE no es todo lo ambicioso que nos hubiera gustado, pero es un buen acuerdo. Hemos consensuado un instrumento sólido que permitirá a la Comisión investigar presuntos casos de trabajo forzoso fuera de la UE, mientras que las autoridades nacionales competentes de los 27 Estados miembros harán lo propio dentro de la Unión. Si la investigación concluye que se ha utilizado trabajo forzoso, las autoridades ordenarán la retirada de los productos en cuestión tanto del mercado de la UE y como de los mercados en línea, y estos serán confiscados en las fronteras. Posteriormente, tendrán que donarse, reciclarse o destruirse. A petición de nuestro Grupo, la Comisión va a crear una base de datos con una lista de sectores económicos y de zonas geográficas concretas en las que existe trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esta se utilizará para evaluar la necesidad de abrir investigaciones.

Esta nueva ley se basa en los productos, y no en las empresas, lo que significa que todas las empresas tendrán que acatar la prohibición si se detecta la existencia de trabajo forzoso en algún eslabón de su cadena de suministro. Esta es sin duda una buena noticia para todas las empresas que sufren la competencia desleal por parte de otras que recurren al trabajo forzoso. 

Sin embargo, si queremos que la ley sea eficaz, deberá aplicarse de forma adecuada. Hemos de garantizar que las autoridades competentes y la Comisión Europea dispongan de recursos suficientes para acometer nuevas funciones como, por ejemplo, inspecciones en terceros países. La cooperación con nuestros socios internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, resultará fundamental para evitar que operadores que hayan sido bloqueados por un país vendan sus productos elaborados con trabajo forzoso en otros lugares.  

La votación final del Parlamento Europeo sobre esta nueva ley se celebrará el próximo martes. Durante el último Pleno del actual mandato, también votaremos nueva legislación sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta directiva exigirá a las empresas realizar controles para mitigar los riesgos de sus actividades en materia de derechos humanos y respeto del medioambiente en sus cadenas de valor. Se trata de otra ley distinta, por la que también nos hemos encargado de pelear, con éxito. Ambas leyes serán complementarias y con ellas se garantizará que los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales constituyan la esencia del comercio internacional.

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Maria-Manuel Leitão-Marques es eurodiputada del Grupo S&D y co-ponente del Parlamento Europeo sobre la prohibición del trabajo forzoso en la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada del Grupo S&D y coordinadora en la comisión de Comercio Internacional (INTA).

Un total de 3.190 personas que se encontraban en situación de trabajo esclavo fueron liberadas en Brasil durante el transcurso de 2023, la cifra más alta desde hace 14 años, según informó este miércoles el Ministerio de Trabajo y Empleo y Efe.

Los inspectores llevaron a cabo el año pasado 598 revisiones en establecimientos urbanos y rurales, que resultaron en la liberación de los trabajadores y en la imposición del pago de indemnizaciones y salarios por un valor que casi alcanza los 13 millones de reales (2,6 millones de dólares / 2,4 millones de euros), de acuerdo con un comunicado oficial.

En lo que respecta a los sectores productivos, las fincas dedicadas al cultivo de café lideraron la estadística de obreros liberados, con un total de 302. Esta cifra superó a la cantidad registrada en el sector de la caña de azúcar (258), que hasta el mes de junio había ostentado la posición principal.

Goiás, un estado brasileño que destaca por su producción de soja y maíz, fue la demarcación con más personas liberadas mediante las inspecciones de trabajo (739), seguido de Minas Gerais (651), conocido por la producción cafetera y láctea.

A principios de 2023, varias empresas reconocidas de producción vinícola de la zona sur del país protagonizaron un escándalo por contar con trabajadores que se encontraban en condiciones de esclavitud, motivo por el que tuvieron que pagar 7 millones de reales en indemnizaciones (1,4 millones de dólares / 1,3 millones de euros).

Los números de 2023 representan un fuerte incremento con respecto a 2022, cuando fueron rescatadas 2.575 personas en situación de esclavitud, y con respecto a años anteriores.

El presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), líder de la ultraderecha y aliado de la poderosa industria agropecuaria, criticó en varias ocasiones el combate al trabajo esclavo e infantil.

En consecuencia, su Gobierno redujo el presupuesto destinado a las campañas de inspección laboral de las fincas rurales y de otras empresas.

A principios de diciembre de 2022 se celebró en Ginebra el primer encuentro del Foro Permanente de Afrodescendientes, un mecanismo consultivo de Naciones Unidas que busca mejorar la seguridad y calidad de vida de las personas afro. En él participó la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. “El primer punto de compromiso que quiero plantear aquí es establecer acciones de reparación histórica”, dijo la política en una declaración que fue recibida con aplausos. “Por muchos años este tema ha sido un tema eludido por las Naciones Unidas y los países miembros”, continúo Márquez. A lo que añadió: “Es necesario que si queremos avanzar se aborden acciones concretas de reparación histórica”.

Así, la primera mujer negra en ostentar el cargo de la vicepresidencia en Colombia ha vuelto a sacar a relucir un tema que incomoda mucho a los países occidentales, otrora esclavistas y colonialistas, y que es vital para la población que lo reivindica. Vital porque explica las violencias racistas de la actualidad y porque sin ese pasado no se entendería el presente, no ya de África, sino del mundo entero.

Reparación espiritual, moral y material

La RAE define la palabra “reparación” en su primera acepción como la “acción y efecto de reparar algo roto o estropeado”. Y eso significa exactamente el concepto de reparación histórica, arreglar el daño hecho en el pasado por dos sistemas sociales y económicos que han configurado el mundo que hoy conocemos: el esclavismo y el colonialismo. “La reparación sería un proceso político necesario para deshacer todo el daño que hizo la historia de la esclavitud y la construcción de la ideología de la supremacía blanca”, indica la defensora Esther Mamadou, integrante del Equipo del Decenio Afrodescendiente y consultora en la Coalición Internacional de Personas Afrodescendientes, una red compuesta por activistas de distintas regiones, que contribuyó a la creación del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU.

Para el miembro del Foro Permanente Pastor Murillo, abogado especializado en derecho ambiental y especialista en análisis de problemas sociales con enfoque de derechos humanos, las reparaciones históricas deben de englobar tres áreas que recogen los elementos esenciales de las mismas. En primer lugar, debe de tratarse de una reparación espiritual, área que “tiene que ver con las reconstrucciones del ethos cultural de los africanos y afrodescendientes”, señala. En este sentido, hablaríamos de medidas como la de la restitución de los objetos saqueados por parte de los países imperialistas.

En segundo lugar, el abogado se refiere a la reparación moral. En este caso, la reparación iría enfocada en el sentido del reconocimiento: pedir perdón por los crímenes cometidos. Por último, Murillo habla de la reparación material, un aspecto que se refiere, según él mismo argumenta, a “acciones concretas orientadas a la superación del estado en el que se encuentran los africanos a consecuencia de la trata y la esclavitud”.

Es esta última área el que quizás más ampollas levante entre los antiguos países colonizadores, pues hablamos de medidas económicas tales como la condonación de la deuda externa o la creación de un fondo para el desarrollo de las personas afro en clave de reparación histórica, tal como apunta el integrante del Foro Permanente.

“Hay tantas resistencias por el tema económico, porque reconocer implica abrir la puerta a una conversación sobre la reparación y cómo reparar”, afirma Esther Mamadou. Poner el debate sobre la mesa, continúa “lleva a otras medidas y si tienes que perder tu deuda externa y tener otras relaciones financieras económicas en igualdad, entonces el mundo dejaría de ser lo que es”.

Sin embargo, al volver a abrir el diccionario de la RAE, nos encontramos con una segunda acepción que define el concepto de “reparación” como “desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria”. En lo que respecta a esta “satisfacción completa”, el historiador y activista panafricanista Antumi Toasijé indica que esta nunca podrá ser resuelta por el agresor. “Pueden ser reparados con esos recursos, pero los mismos pueblos agredidos son los que tienen que organizarse para reparar el mal que les causaron los agresores porque, sino, el foco de atención y de decisión vuelve a situarse sobre ellos”, señala. Por supuesto, no debe de perderse de vista que, se haga lo que se haga, el mundo nunca volverá a su estado anterior.

Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo sería ahora si no se hubiera desarrollado el sistema de explotación del colonialismo? ¿Existiría entonces el racismo? “Es muy importante entender que el colonialismo y el esclavismo originaron el racismo y no al revés”, indica Toasijé, también actual presidente del CEDRE (Consejo de la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica) en España. El historiador indica que los factores que desencadenaron el pensamiento de la supremacía blanca comenzaron a darse a partir del siglo XV. 

“A partir de que los pueblos de la península ibérica vencen a los musulmanes y que los pueblos europeos se extienden por Abya Yala [término hasta ahora más antiguo referido a un territorio americano]”, se genera, indica el historiador, “una sinergia muy fuerte dentro del sistema europeo”. En palabras de Toasijé, a estos factores hubo que añadirles dos más: la motivación religiosa (Dios de parte de los vencedores) y la superioridad de la tecnología militar de los estados europeos. De esta forma, los estados occidentales comenzaron a percibir a los otros pueblos como inferiores.

Pero esta es solo una de las consecuencias, quizás la más importante, que el esclavismo y el colonialismo acarrearon (y aún hoy acarrean) a la población afrodescendiente. Otra fue la de la disposición territorial que impera en el continente desde la Conferencia de Berlín. África, en su época precolonial, no estaba dividida por las fronteras actuales. Había cinco grandes estados autóctonos: Egipto, Marruecos, el Imperio Otomano, el Sultanato de Zanzíbar y el Estado Afrikáner. El resto del territorio estaba configurado, en su gran mayoría, por pequeños estados de origen tribal.

Sin embargo, tras el reparto que se hizo del continente, quedó un lugar hecho a gusto de los europeos y así siguió tras el proceso de descolonización, lo que dejó como herencia una gran inestabilidad política con incontables ejemplos. Desde el genocidio de Ruanda hasta la terrible situación actual de la República Democrática del Congo (RDC).

En este último caso la también defensora de derechos humanos Isabelle Mamadou y coordinadora del Equipo del Decenio Afrodescendiente, que nació y creció precisamente en el Congo, indica que “Bélgica lo que hizo fue crear y fomentar unas prácticas de saqueo de recursos naturales a partir del siglo XIX que todavía hoy se están dando”, mientras el país colono, por su parte, se enriquecía a su costa. “Podemos decir incluso que la riqueza de Bélgica se ha construido sobre la sangre y la explotación de los cuerpos congoleños”, añade la defensora.

La configuración de un nuevo orden mundial norte-sur, la diáspora de millones de personas que fueron secuestradas de sus hogares y la evolución de un continente entero que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse de una forma “natural” son otras de las consecuencias directas de las prácticas esclavistas y colonialistas de los pasados siglos.

Esto se refleja, según indica Carlos Álvarez Nazareno, miembro de ALDA (Articulación Latinoamericana para el Decenio Afrodescendiente) e integrante de la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Personas Migrantes y Refugiadas en Argentina, en que “tristemente, las personas blancas siempre están en mayor posición de desarrollo y de ventaja que las personas afrodescendientes o descendientes de esclavizados y esclavizadas”. Quizás esta frase de Nazareno resuma aún mejor las consecuencias de los sistemas de dominación que imperaron en el siglo pasado: “Siempre estamos corriendo más atrás de la mayoría blanca”.

Como puede observarse, las consecuencias históricas de los sistemas de colonización y esclavización no pueden suscribirse solo a un país o continente determinado: toda la sociedad se ha construido sobre esa huella colonial. Ya sea como estado opresor que se ha beneficiado de la explotación de otro territorio, ya sea como estado explotado o ya sea como resultado de la diáspora.

Teniendo esto en cuenta, los actores involucrados en la petición de reparaciones históricas hacia los afrodescendientes son muchísimos: desde los estados africanos hasta las comunidades negras repartidas por todo el mundo. Pastor Murillo los divide en cinco grupos.

En primer lugar, tendríamos a los gobiernos del continente africano, donde son los propios estados los que demandan las reparaciones a los países colonialistas. En segundo lugar, están las peticiones procedentes de los miembros de la diáspora, que “reivindican la reparación directamente a las comunidades que fueron afectadas en su momento, no al gobierno”, señala el abogado.

Por otra parte, los estados caribeños, de mayoría de población negra o mestiza, concentran su plan de reparaciones en 10 puntos, establecidos por la Comunidad del Caribe o CARICOM, que centran su atención en la demanda de reparaciones en su desarrollo económico y tecnológico.

Quedan aún dos actores de envergadura a este respecto: Estados Unidos y América Latina. En el primer caso, las reparaciones se centran específicamente en la población afroamericana y, sobre todo, en el aspecto económico a través de la ley HR.40. Esther Mamadou opina que “esto presenta problemas”, pues “¿qué pasa entonces con la población nigeriana y senegalesa de Estados Unidos?”. “No son descendientes de personas esclavizadas, así que no entran en las reparaciones”, indica.

Por último, según afirma Pastor Murillo, América Latina “sitúa a la diáspora africana y los descendientes de la trata trasatlántica en el centro de sus demandas”, sin dejar de señalar a los países de esta región que prolongaron la esclavización.

Por ejemplo, indica el abogado, “cuando desde el gobierno de Colombia demandan la condonación de la deuda externa como una opción de reparación, desde el movimiento social de los afrodescendientes se piensa en que la condonación de la deuda, en el caso de que se hiciera, cómo podría llegar a las víctimas”. “No parece que estén de acuerdo en que se beneficie al conjunto del país que ha estado en poder de las élites que se han usufructuado y siguen usufructuándose de las víctimas del proceso de esclavización”, añade.

Asimismo, en América Latina tiene mucha importancia el tema del territorio ancestral, definido por el Diccionario Panhispánico como la “tierra sobre la cual tienen posesión ancestral e histórica, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”. Para Nazareno esta cuestión es fundamental: “Cuando hablamos del derecho al territorio esto implica reconocer nuestra existencia, pero también la pertenencia a esos territorios donde hemos estado históricamente”.

Todos estos grupos tienen un mismo fin: la reparación histórica. Sin embargo, plantean diferentes prioridades o formas de llegar a ello. “Yo diría que estamos en un momento de ebullición”, indica Murillo: “Digamos que hay una demanda global de reparación en favor de africanos y afrodescendientes. Estamos en el camino de encontrarnos en lo que sería la consolidación de una agenda que incluya prioridades, métodos… Y quizás el sentimiento es uno: reparaciones”.

A pesar de que, como señalan las voces del presente artículo, el camino en lo concerniente a las reparaciones históricas se encuentra apenas en su casilla de salida, ya ha habido algunos pasos en aquella dirección. Volviendo a las tres áreas de las que Pastor Murillo hablaba al principio del artículo, la reparación moral ha visto progresos en el reconocimiento que algunos países colonialistas han hecho de su implicación en crímenes de lesa humanidad.

Es el caso de Alemania, que hizo una petición de perdón a Namibia, país en el que se calcula que las tropas de Guillermo II masacraron, entre 1904 y 1908, a más de 70.000 personas. También de Bélgica, cuyo rey reconoció el sufrimiento causado a la República Democrática del Congo. Eso sí, sin mencionar expresamente a su antepasado, Leopoldo II, monarca que hizo del Congo su finca personal y bajo cuyo mandato fue asesinada la mitad de la población autóctona. A estos países se suman las peticiones de disculpas hechas por El Vaticano, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Francia no ha pedido perdón, pero sí que ha reconocido sus crímenes del pasado.

Económicamente, también se han dado pequeños y tímidos pasos. En 2020 Países Bajos indemnizó con pequeñas sumas de dinero a los descendientes directos de las víctimas de su reinado colonial. Por su parte, en abril de 2022 la universidad de Harvard acordó destinar 100 millones de dólares para estudiar y reparar su implicación en la esclavitud.

En lo que respecta a España, por el momento, no ha habido ningún postulado oficial sobre esta cuestión. “Me parece grave que tengamos una Ley de Memoria Histórica desde 2007 en la que sí se contemplan las reparaciones para las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, pero no haya ninguna medida de reparación para los descendientes de las víctimas de la esclavitud a pesar de la participación de España en los crímenes de lesa humanidad”, indica Isabelle Mamadou.

En realidad, lo mismo ocurre si comparamos el trato dado a las víctimas del colonialismo y el esclavismo con el trato dado a las víctimas del holocausto, siendo el colonialismo una práctica mucho más reciente, pues en los años 60 aún había 27 países africanos bajo dominación extranjera. “Esto solo hace reforzar que las vidas negras valen menos que las vidas blancas” añade la defensora de derechos humanos.

Pero volviendo a la postura de nuestro país, Antumi Toasijé, presidente del citado CEDRE, señala que este organismo “sí se ha implicado muy activamente en la redacción para el borrador de una ley integral para el racismo”. Un borrador en el que, asegura, se han incluido medidas específicas de reparaciones, sobre todo de memoria colonial. Aunque, añade, que “de momento, las reparaciones son una cuestión secundaria para el Consejo”.

En cualquier caso, y hablando globalmente, Isabelle reconoce que sí se van consiguiendo “logros pequeños que hacen que se ponga el tema de reparaciones sobre la mesa y se cree un debate, que es lo que permite abrir puertas hacia algo mucho más grande”.

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

El rey Felipe de Bélgica ha lamentado este miércoles el "régimen colonial" del Congo en el marco de su primera visita a República Democrática del Congo como monarca, en la que ha denunciado una gestión "basada en la explotación y la dominación", ha informado Europa Press. En un aplaudido discurso en la explanada del Palacio de la Nación de Kinshasa junto al presidente congoleño, Felix Tshisekedi, el rey belga ha expresado que "lamenta profundamente" las "heridas del pasado". "Aunque muchos belgas estaban sinceramente comprometidos y amaban profundamente al Congo y su gente, el régimen colonial como tal se basaba en la explotación y la dominación", ha señalado.

"Este régimen era el de una relación desigual, en sí misma injustificable, marcada por el paternalismo, la discriminación y el racismo. Dio lugar a exacciones y humillaciones", ha ahondado el monarca, en su primera visita a la excolonia desde que llegó al trono en 2013.

En este viaje le acompaña el primer ministro belga, Alexander De Croo, quien ha valorado como "histórico" el discurso en Kinsasha y ha destacado las menciones del monarca al "profundo lamento por heridas pasadas". "Miramos hacia el futuro, con un fuerte deseo de cooperar y enriquecer aún más los lazos humanos entre Bélgica y la República Democrática del Congo", ha afirmado el liberal flamenco en un mensaje en redes sociales.

Con este discurso, el rey belga ha seguido la línea marcada en 2020 cuando, coincidiendo con el 60 aniversario de la independencia de la antigua colonia, ya tuvo palabras de condena del pasado colonial. "Deseo reafirmar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado, un lamento sincero que expresé en la carta que le dirigí al señor presidente, hace ya dos años", ha indicado.

Igualmente, ha tenido una mención en favor de la integridad territorial del país, "una gran preocupación compartida". "Hoy la inestabilidad en el este del país, donde con demasiada frecuencia reinan la violencia inhumana y la impunidad, sigue siendo una gran fuente de preocupación para todos nosotros. Esta situación no puede continuar", ha asegurado.

En este sentido, el rey Felipe ha considerado una responsabilidad compartida poner fin a estos problemas, tras señalar que ya Patrice Lumumba, primer dirigente congoleño tras la independencia expresó su voluntad de mantener unida a la nación congoleña.

Con la vista puesta en el futuro, el monarca ha asegurado que Bélgica y República Democrática del Congo deben unir fuerzas para hacer frente a los numerosos desafíos comunes, asuntos que requieren de "un gran sentido de la colaboración, una verdadera asociación de iguales y creatividad a la altura de los desafíos actuales". Así, ha recalcado que ambos países, situados en el centro de sus continentes, tienen que buscar soluciones regionales, ya que el éxito de las próximas generaciones en Europa y África, "depende en gran medida de la capacidad, hoy, de cooperar con lucidez y convicción".

La criticaron duramente las organizaciones agrarias patronales, Asaja, Coag o UPA. Le dijeron que se quedaba corta los sindicatos CCOO y UGT. Pero al final lo que ha demostrado el incremento de las inspecciones laborales en el campo, campaña lanzada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en mayo, es que las visitas de los inspectores ministeriales están más que justificadas. Así lo demuestran los datos a los que ha accedido infoLibre: más de siete de cada 10 visitas a los centros de trabajo agrarios termina con algún tipo de infracción. 

Hasta el líder de la oposición Pablo Casado cargó contra Díaz: "No hay esclavitud en el campo". Pero los datos del Gobierno y las noticias frecuentes sobre casos de explotación en el mundo agrario español están dando la razón a la ministra. De las 1.647 visitas realizadas por la Inspección de Trabajo a diferentos centros se han levantado un total de 1.178 infracciones. Es decir, las sanciones se dan en el 71,5% de las inspecciones totales. 

"En el año 2020 se ha planificado una campaña agraria que supone un incremento, respecto a los años precedentes, en cuanto al número de actuaciones", dicen en Trabajo. Las situaciones detectadas de "economía irregular" en las 1.647 visitas han comportado sanciones por importe de 7.274.540,03 euros. Igualmente se han levantado actas de liquidación por valor de 427.323,55 euros y se ha regularizado la situación de 330 trabajadores a través de las altas de oficio. 

Según Trabajo, "se trata de actuaciones de carácter integral", en las que se comprueba "in situ mediante visita de inspección todos los aspectos de la relación laboralin situ". Las infracciones responden, pues, a casos de "economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes, garantía del respeto a sus condiciones de vida, laborales y de seguridad y salud, incluida el control de las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por el empresario". "Todo ello", agregan portavoces, "dirigido a la consecución de un trabajo decente". 

343 multas por falta de medidas anti-covid

También se han realizado visitas relativas a las medidas de seguridad adoptadas contra el covid-19 para proteger a los trabajadores del campo. Los resultados no son nada prometedores a pesar de que las infracciones son relativamente escasas: 1.698 visitas a centros de trabajo y 343 infracciones. Pero un dato inquietante: la Inspección de Trabajo ha realizado 3.491 "requerimientos de subsanación y de deficiencias comprobadas", es decir, a una media de dos apercibimientos por centro de trabajo.

No es posible saber el número de empresas afectadas porque el dato no se ha facilitado. Tampoco la procedencia de las personas trabajadoras en situación irregular, aunque los sindicatos denuncian sin titubeos que se trata de inmigrantes sin papeles faenando y viviendo en condiciones paupérrimas. 

"Que hay explotación en el campo lo sabe todo el mundo", clama Javier Velasco, responsable del sector del Campo de CCOO. "Por supuesto, no se puede meter a todos en el mismo saco. Pero si no hay explotación o casos de esclavitud, ¿por qué no se facilita el trabajo a la inspección por parte de los empresarios agrícolas". Para Velasco, las inspecciones lanzadas por parte del ministerio son positivas pero "insuficientes". "Necesitamos a más inspectores. Este sector pide continuamente ayudas, pero quiere ser la excepción en todo: en pagar el salario mínimo interprofesional o en fichar para controlar el horario de los trabajadores", denuncia el sindicalista. 

"Sacar los tractores contra las inspecciones"

"Las inspecciones son mínimas, insignificantes para la cantidad de trabajadores del campo", dice Emilio Terrón, del sector agrario de UGT. "Cuando planteamos denuncias a la Inspección de Trabajo, tardan un mínimo de cuatro meses en acudir. Pero hay que reconocer que en el último año se han incrementado las visitas", concede. 

Fuentes del sector celebran que en el ministerio decidieran "ponerse las pilas" al poco del nombramiento de Yolanda Díaz. Y apuntan a la denuncia que hizo en febrero el relator de la ONU, Philip Alston constatando que "hay dos Españas", una de "prosperidad" y otra que es "el hogar de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades". Una de las visitas de Alston fue a un campo de recolectores de fresa en huelva.  "Las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados", subrayó. 

Una de las patronales más beligerantes contra las inspecciones es Asaja, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Su presidente en Navarra, Félix Bariáin, colgó un vídeo en junio amenazando a Yolanda Díaz: "Usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos", desafió Bariáin en su cuenta de Twitter. "No sé en que fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos".

Las mujeres y las niñas de todo el mundo representan el 71% de las víctimas de esclavitud moderna que aún existe en el planeta, según datos de la organización internacional de Derechos Humanos, Walk Free (Camina Libre), que recoge Sicar.cat y Proyecto Esperanza, ambos proyectos de Adoratrices. Este miércoles 2 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.

Estos dos proyectos señalan que, a pesar de que la esclavitud humana fue la primera violación de Derechos Humanos (DDHH) que despertó una amplia preocupación internacional, en la actualidad sigue vigente y ha evolucionado a otras formas, como el trabajo forzado o la trata de seres humano, que incluye finalidades de explotación feminizadas, informa Europa Press. 

"La trata con finalidad de explotación laboral en el empleo del hogar y la trata para la celebración de matrimonios forzados son formas de trata que tienen una incidencia desproporcionada en mujeres y niñas, por lo que suponen formas de violencia contra la mujer por razones de género", explica la coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar.Cat, Rosa Cendón.

En este sentido, ambos proyectos aclaran lo que supone la explotación y el hecho de que una persona sea sometida a trabajo o servicios bajo amenazas y/o sin prestar su consentimiento libremente y siendo vulnerados sus derechos. Por otro lado, añaden, que la explotación para realizar actividades delictivas sí afecta a las mujeres, lo que consideran que está "especialmente invisibilizado" y da lugar a "graves violaciones de DDHH" que tienen como consecuencia su revictimización.

Por ello, tanto Sicar.Cat como Proyecto Esperanza han puesto en marcha #TambiénEsTrata para incidir en el conocimiento y la profundización de estas formas de trata y que han recogido en un documento que contiene el análisis del marco legal existente así como algunos casos reales que han atendido.

Este documento pone de manifiesto que España es país de origen y también de tránsito o destino de la trata para estas finalidades de explotación, por lo que ambos proyectos consideran que es necesario abordar la trata de seres humanos y piden la aprobación de una ley integral que mejore la identificación y asistencia a las víctimas.

La rodilla del policía sobre el cuello hasta la asfixia –"¡No puedo respirar!"– acabó con la vida de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Las imágenes de la escena se hicieron virales en las redes. La población afroamericana y buena parte de la sociedad blanca norteamericana y del mundo se conmovieron y enfurecieron a partes iguales. El asesinato policial, pendiente de ser juzgado en los tribunales, forma parte de una larga lista de casos. El movimiento Black Lives Matter, que viene de lejos, ha recobrado de nuevo un fuerte protagonismo. El racismo, esa "extraña fruta" que cantó Billie Holiday, ha formado parte de la cultura de Estados Unidos a lo largo de su historia. Es un problema persistente. Las protestas y actos de saqueo de hoy, el derribo del monumento a Robert E. Lee en el centro de Charleston y de Richmond o las manifestaciones antiracistas en el centro de New York comparten razones con aquellas que tuvieron lugar durante las luchas por los derechos civiles de los años sesenta. La pervivencia del racismo institucional y la frustración de la población negra ante las promesas incumplidas los alimentan. Hoy están acrecentadas por la actitud de Trump, que con tono de provocación parece que quisiera taponarlas con una biblia en la mano. Robert E. Lee y otros no son peligrosos porque recuerdan una guerra del siglo XIX, sino porque aún hoy legitiman un papel del racismo, de su continuidad y retorno [ver aquí].

Los vientos de esta polémica del otro lado del Atlántico han llegado hasta Europa. La contestación contra el racismo ha recorrido parte del continente. El derribo y el lanzamiento al río de la estatua del esclavista Colston en Bristol –de las pocas ciudades europeas donde están señalizadas las marcas urbanas de su pasado esclavista– ha provocado una tormenta política en Reino Unido. En Bruselas, donde meses atrás se inauguró el Royal Museum for Central Africa como proyecto de revisión de ese "corazón de las tinieblas" que representó el colonialismo belga, la estatua del rey Leopoldo II ha aparecido pintada de rojo. Algunas estatuas de Colón han sido derribadas, decapitadas, lanzadas al mar. Ante la situación, algunas administraciones han respondido con la protección de los monumentos, este es el caso de Londres, donde el dedicado a Winston Churchill, en Parliament Square Westminster, ha tenido que ser protegido policialmente ante reiteradas acciones de protesta que planteaban derribarla o algún tipo de actuación sobre esa memoria de piedra. En Barcelona también ha habido manifestaciones en el centro de la ciudad y algunas voces han planteado acciones contra los monumentos que forman parte del pasado colonial.

Estas son sin duda manifestaciones iconoclastas, de «ruptura de imágenes». Un fenómeno con larga carga histórica. En cualquier caso, la polémica sobre las estatuas que se ha producido durante estas semanas, entre otras cuestiones, nos habla de la existencia de una fractura cultural a la que conviene estar atentos.

La presencia de personas esclavizadas en Barcelona, aunque tiene precedentes, es preciso aclarar que no comenzaron con viajes desde África hasta las Antillas, como suele pensarse, sino que desde 1492 se produjo desde aquellas a Europa y, concretamente, hacia la capital catalana. La esclavitud no puede reducirse exclusivamente a un período histórico concreto. Si bien es cierto que fue un sistema de trabajo forzado desde la antigüedad, en la edad moderna, con la llegada y conquista de América se convirtió en el sistema de trabajo colonial por excelencia, primero los indígenas y posteriormente los africanos, secuestrados en sus lugares de origen, realizaron todos los trabajos que no estaba dispuesto a hacer el hombre blanco. Con la implantación y desarrollo del sistema de plantación, la esclavitud, legalizada por todas las monarquías europeas, fue el modelo de trabajo americano.

No fue hasta el siglo XIX cuando los británicos (1807) y los estadounidenses (1808) prohibieron el comercio de esclavos. La corona española firmó un tratado en 1817 estableciendo que a partir de 1821 no se permitiría hacer negocio con el tráfico de personas. Sin embargo, entre ese momento y 1867 se calcula que unos 600 mil esclavos negros fueron trasladados a Cuba y vendidos ilegalmente por comerciantes españoles. Aquel negocio del comercio transatlántico, sin competencia británica, fue fabuloso. De ahí que, siendo ilegal el comercio que continuaba haciéndose, lo fundamental era mantener la esclavitud que todavía no lo era, como se encargó de demostrar la guerra civil americana (1861-1865) que enfrentó a los Estados Confederados del Sur, defensores del esclavismo, y los abolicionistas de la Unión, los Estados del Norte.

Las guerras de independencia de los territorios pertenecientes a la corona española dejaron en mantillas el colonialismo español en el Caribe, con tan sólo las islas de Cuba y Puerto Rico. En estos dos enclaves se reforzó de forma ilegal la esclavitud como sistema de trabajo, a la vez que los resultados de la Revolución Industrial iban permeando los transportes y la producción. En 1837 se inauguró el ferrocarril que conectaba Güines, uno de los centros productores de azúcar, con La Habana; y el vapor se incorporó a los ingenios azucareros para incrementar la rentabilidad de la caña de azúcar. Todo este despliegue de inversiones de capital se llevó a cabo con el trabajo esclavo.

Durante aquella época, la ciudad de Barcelona fue el ​​segundo puerto de España en el tráfico de esclavos, después del de Cádiz. Hacerlo posible requirió no solo de la intervención de los llamados "negreros" –aquellos traficantes de personas de piel negra que organizaron o colaboraron en el transporte desde África hacia algún destino de Ultramar–, sino que entre sus protagonistas estuvieron las personas que colaboraban activamente en el mantenimiento y el fortalecimiento del esclavismo como sistema: aquellos dedicados a las capturas de africanos, así como los "factores", capitanes o maestros encargados de su transporte en barco. Estos tratantes intermediaban para que finalmente otros adquirieran la condición de propietarios de las personas esclavizadas. En definitiva, el fenómeno requería de una extensa red de participantes a la que se sumaban inversores, gobernantes, legisladores y antiabolicionistas en general, así como numerosas instituciones del gobierno local y estatal.

El capitalismo industrial surgió, creció y se mantuvo con la esclavitud, como ya escribió en 1944 Erik Williams, primer ministro de Trinidad Tobago, en su libro Capitalismo y esclavitud, en el que sostiene la tesis de que la industrialización tuvo mayor éxito en los países que habían crecido económicamente con el tráfico de esclavizados. Así, se mostraba cómo la esclavitud no era incompatible con el capitalismo, sino que éste había podido construirse en gran medida a partir de la acumulación generada por el tráfico de esclavos. Más recientemente, en 2018, Michael Zeuske ha retomado el tema con la publicación Esclavitud, una historia de la humanidad, en la que muestra cómo el capitalismo ibérico surgió con fuerza por el tráfico de esclavos y se benefició de unos mercados mundializados. La esclavitud se vio reforzada con la introducción de "trabajadores contratados", los coolies chinos, que compartieron suerte con los centenares de miles de esclavos. Es decir, que capitalismo y esclavitud constituyeron dos elementos necesarios para el crecimiento económico.

Con la independencia de Cuba, una gran parte de capitales españoles volvieron a la península Ibérica, donde se reconvirtieron en capital industrial, el Vapor Vell o La España Industrial. Aquel inmenso negocio fue crucial para la formación de los capitales financieros necesarios en la industrialización del país, así como para el derribo de las murallas y extensión de la ciudad de Barcelona. Ambos deben mucho a las grandes inversiones cuyo origen está en la trata y el tráfico de esclavos. Barcelona se convirtió en la ciudad del progreso industrial y financiero, Cataluña en la "Fábrica de España". Entre algunos de los prohombres de este proceso estaban Antonio López, Vidal-Cuadras y los Güell. No cabría olvidar, sin embargo, que en la historia de la ciudad también fueron protagonistas figuras y movimientos opuestos al esclavismo, entre los que destacaron aquellos comprometidos con su abolición, en particular desde las filas del republicanismo, como Estanislao Figueras, Francesc Pi i Margall y la escritora feminista Clotilde Cerdà, hija del urbanista que proyectó los planes del Eixample barcelonés, Ildefonso Cerdà [ver aquí].

Esta historia ha dejado en Barcelona vestigios de significado ambivalente. Favoreció el desarrollo industrial, al tiempo que legó visiones morales que justificaban las desigualdades. En un lugar céntrico de Barcelona está la estatua dedicada a Joan Güell. No está demostrado que este industrial participara en el comercio de esclavos, pero presidió el Círculo Hispano Ultramarino, creado en Barcelona en 1871, nacido para oponerse al abolicionismo cuando la esclavitud ya era ilegal en toda Europa. En otra arteria principal de la ciudad, se erigió una estatua y se creó una plaza dedicada a la figura de Antonio López y López, quien fue abiertamente esclavista en su activo antiabolicionismo, y sobre el que, a pesar de las acusaciones, no se tienen evidencias históricas de que fuera "negrero" o traficara con esclavos. Las razones de que su estatua fuera derribada y decapitada en el verano de 1936 nada tienen que ver con ello. Durante la dictadura, estatua y plaza fueron repuestas. No fue hasta 2018 cuando el gobierno municipal tomó la decisión de retirar la escultura, aunque no el pedestal que contiene inscrito el laudatio del personaje, siendo una cuestión todavía por decidir hoy si se dará un nuevo nombre a la plaza.

La erección de un monumento responde a la decisión de alguien. Es una señal y una marca en el espacio público que pretende recordar a una persona en su época y también tiene el propósito de ensalzar su figura. La memoria colectiva es la imagen que la sociedad construye del pasado, por eso es una fuerza activa en el presente. Los significados de los monumentos y los signos en el espacio urbano se modifican en la medida que cambia el tiempo histórico. Ante esto cabría preguntarse si hoy estos monumentos tienen algún significado acorde con los valores predominantes en la sociedad barcelonesa.

Es cierto que la relación con el pasado colonial no puede resolverse a partir de un juicio moral desde el presente. Existe hoy un legado patrimonial y cívico poco visibilizado y a menudo incómodo para las instituciones. Esto se explica porque en nuestro país no han existido políticas públicas de memoria en torno a la esclavitud, a diferencia de lo sucedido en otros países del entorno. Este es el caso del Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage de Nantes, que fue el principal puerto negrero de Francia, o el International Slavery Museum creado en el Albert Dock de Liverpool. En Barcelona, el Museu Marítim no dispone a día de hoy de secciones similares.

Derribar una estatua que enaltece una figura es centrar la crítica e incluso la ira en un personaje. Pero ese "borrado de memoria" (damnatio memoriae) no cuestiona las condiciones que hicieron posible el poder de ese personaje.damnatio memoriae Parecería necesario impulsar políticas públicas que pasen por acciones de resignificación con los que la propia ciudadanía elabore argumentos sobre las consecuencias históricas de la esclavitud, así como sus conexiones con las desigualdades aún vigentes. Se trata de huir de la cultura emocional imperante en la actualidad. Tirar una estatua no pone fin a las injusticias propias que surgen del racismo y la xenofobia. Derribar las estatuas es el final de un cambio, no es su causa sino su consecuencia. Poner fin al racismo y a la xenofobia es poner fin al significado de las estatuas, dejándolas como ruinas a la deriva. La polémica suscitada estos días en Europa no es una cuestión del pasado, sino de problemas que conectan pasado y presente.

La esclavización como privación de libertad hoy continúa siendo una realidad en el mundo. Según un informe de la OIT, en 2019 todavía 40 millones de personas vivían en formas de esclavización, tanto en el llamado Tercer Mundo como también en países desarrollados. La principal causa del fenómeno es la vulnerabilidad económica de los sometidos.

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Javier Laviña y Javier Tébar son profesores de Historia en Universidad de Barcelona

El expresidente de Xóvenes Agricultores (XX.AA.) Juan Pérez Miramontes es uno de los seis detenidos en Galicia en el marco de una operación policial contra la trata de mujeres en Santiago de Compostela, informa Europa Press.

El abogado que representa a Pérez Miramontes, Miguel Ángel Fernández, ha confirmado que el expresidente de Xóvenes Agricultores, sindicato agrario gallego próximo al PP que fue disuelto oficialmente por un juzgado en junio de 2016, fue detenido este martes y trasladado a la comisaría compostelana a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. En este operativo contra la trata de mujeres llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía de Paraguay han sido detenidas seis personas en Galicia y otras tres en Paraguay.

En concreto se investiga una red que captaba mujeres en Paraguay y las traía a Santiago de Compostela, donde eran obligadas a ejercer la prostitución. La operación está abierta y se ha decretado el secreto de sumario por parte del juzgado compostelano que instruye la causa. En concreto, esta operación la ha llevado a cabo en la capital gallega la Brigada de Extranjería en colaboración con agentes de otras unidades, algunos desplazados desde Madrid, bajo la coordinación de un juzgado compostelano.

Miramontes: presidente del sindicato agrario desde su fundación hasta su disolución

El empresario Juan Pérez Miramontes, detenido en esta operación, presidió desde 1982 y hasta su disolución el sindicato agrario Xóvenes Agricultores, que fue disuelto por un juzgado de lo Mercantil de Lugo en junio de 2016. Los problemas económicos como deudas con el personal y otras entidades que afrontó este sindicato en sus últimos años causaron el despido de sus trabajadores y llevaron a Xóvenes Agricultores al juzgado, que decretó su disolución tras un concurso de acreedores.

Nueve personas han sido detenidas en Galicia y Paraguay en una operación contra la trata de mujeres llevada a cabo en Santiago de Compostela por la Policía Nacional, tal como ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en declaraciones a los medios en Lugo. Ha recordado que este operativo "está bajo secreto de sumario": "Me van a perdonar que no pueda dar muchos más datos, pero sí confirmar que en Galicia hay seis detenidos.

Es una actuación que se ha hecho conjuntamente con la Fiscalía de Paraguay con otros tres detenidos en Paraguay", ha relatado. "Cuando se ponga a disposición de la autoridad judicial y el juez lo permita, daremos toda la información", ha asegurado. El delegado del Gobierno en Galicia únicamente ha señalado que la "operación (policial) está abierta para todas las ramificaciones que podría haber". Asimismo, ha felicitado a la Policía Nacional "por el trabajo realizado, que ha permitido en escaso tiempo desmantelar dos redes de trata de mujeres, una en la zona de Ferrol y otra en Santiago", ha concluido.

Fuentes policiales han explicado que la operación la han llevado a cabo, en la capital gallega, la Brigada de Extranjería en colaboración con agentes de otras unidades, algunos desplazados desde Madrid, bajo la coordinación de un juzgado compostelano.

Es una realidad que nos pilla tan lejos, tan desconocida, que era complicado que Ana Palacios pudiera convencer a tanta gente para que creyera en su proyecto y aportara financiación. ¡Pero lo hizo!: estos días anda presentando su documental, exposición y libro sobre un trabajo que le ha llevado tres años, con varios viajes a zonas de Togo, Benín y Gabón, conviviendo con las ONG y comunidades que trabajan para lograr recuperar a esos niños, devolverles la infancia que les robaron. Sólo llevaba su cámara porque su idea era recoger en imágenes esa dura realidad: pero eran historias tan duras, tan reales, tan necesarias de contar, que acabaron convirtiéndose también en un documental.

En el mundo hay 152 millones de niños que son vendidos y tratados como esclavos. La mayoría tienen entre 5 y 11 años. Trabajan de sol a sol, en el campo, como porteadores o en casas de familias adineradas. La gran mayoría sufre abusos, son maltratados, atados como animales durante las noches para que no puedan escapar. Una infancia robada por gente sin escrúpulos. Los traficantes muchas veces son personas muy cercanas a las familias, amigos, familiares incluso. Saben que son gente sin recursos que están dispuestos a recibir unos pocos dólares a cambio de que se lleven a su hijo a un sitio mejor, a la capital o a otro país. Les prometen que les darán un futuro más próspero. Pero todo es una gran mentira.

Los pequeños no entienden lo que ha pasado: no son capaces de asimilar que su familia haya aceptado que ese señor se lo llevara un buen día y lo vendiera como si fuera un animal. No entienden por qué viven ahora con otro señor que los trata como a perros, que muchos días ni siquiera les da de comer, que les hace trabajar y que no les llama ni siquiera por su nombre. Y lo tienen: Leleng, 17 años, Amorce, 15 años. Niñas que ahora por fin logran contar su historia sin desmoronarse. Nunca hasta ahora se había documentado cómo es el trabajo de recuperación de esos pequeños. Ana Palacios se fue con su cámara a esas zonas y consiguió que le dejaran grabar todo ese proceso. ONG y misiones carmelitas y salesianas consiguen devolverles a esos pequeños su infancia. Cuesta meses lograr que hablen, cuesta semanas de paciencia infinita para que los pequeños acaben confiando en esos adultos. Un dibujo, un juego, una canción logra que abran por fin esa puerta de atrás y consigan recuperar su sonrisa. Es curioso porque la mayoría, cuando les preguntan qué quieren hacer ahora que han dejado de ser esclavos, piden ir al colegio. Quieren aprender. Quieren formarse, tener un oficio y ser de verdad libres.