8 de julio de 1990. Solo han pasado ocho meses de la caída del muro de Berlín, y todavía quedan tres para la reunificación oficial de las dos Alemanias en un solo país. El 1 de ese mismo mes se había logrado la unión monetaria, económica y social, un paso decisivo para conseguir ese hito, pero la separación aún seguía vigente. Por eso, el 8 de julio era un día suspendido en el tiempo. Un impasse en el devenir imparable de la historia de Alemania. Sin embargo, ese día, pese a las idas y venidas de los meses anteriores, miles de alemanes no estaban pensando en política. Al contrario, pensaban en fútbol. Porque ese día Alemania Federal jugaba contra la Argentina de Diego Armando Maradona la final del Mundial de Italia. Un partido que trascendió el deporte.

La victoria por 1-0 de la selección alemana significó algo más que la tercera estrella para los teutones, después de sus triunfos de 1954 y 1974. Era, por primera vez, una victoria de todos. Tanto alemanes orientales como occidentales salieron a las calles a celebrar un mundial de Alemania con mayúsculas, de una Alemania unida, de una Alemania que, por fin y tras años de separación, les pertenecía. La epopeya de los hombres dirigidos por Franz Beckenbauer fue entendida casi como un prólogo de una reunificación que ya comenzaba. Una selección que, pese a no ser aún una realidad política, representaba a un Estado reunificado que muchos ya sentían como propio.

La euforia de ese momento, una combinación de esperanza en lo que vendrá y la perspectiva de un futuro compartido y mejor, no duró mucho. La reunificación, ya completada en octubre de 1990, no fue la arcadia feliz que los políticos prometían; tampoco la comunión perfecta que representaban los campeones del 90. Lejos de eso, la Alemania partida en dos siguió siendo, pese a la reunificación nominal y política, una dura realidad. En este caso, no había muros entre las dos, ni un telón de acero que ya había caído, pero sí una línea que determinaba que, si vivías a un lado de la antigua frontera, tendrías unas condiciones económicas y sociales mucho mejores que en el otro.

El gran fracaso de la reunificación alemana tiene ecos profundos en nuestros días. Prácticamente cualquier estadística, mapa de renta o indicador social puede leerse en una lógica este-oeste, pese a que Alemania lleva siendo un solo país más de 35 años. Por ejemplo, el salario bruto mensual medio fue en 2025 de 4.810 euros en el oeste y 3.973 en el este, el patrimonio es 182.000 euros en la antigua República Federal (RFA) frente a 88.000 euros de la República Democrática Alemana (RDA) y desde 1990, la población subió un 10% en el oeste y cayó un 16% en el este. No solo eso, en la antigua RDA hay una menor esperanza de vida, una población más envejecida y un paro más de dos puntos mayor que en occidente.

Unas brechas que se exportan a la política. Si vemos el mapa electoral alemán, también las dos antiguas repúblicas votan de forma muy diferente. En las elecciones de 2025, donde la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) logró ser segunda fuerza con un 20,8% de los votos, solo por detrás de la CDU, se vivió un episodio más de este fenómeno. Si solo votara el oeste, la ventaja de los democristianos sería más grande, pasando de un 28,5% a un 30,7%, AfD se mantendría en segundo lugar, pero perdiendo apoyo (18%) y en casi un empate técnico con los socialdemócratas del SPD, que sacarían un 17,8%, casi dos puntos más que la cifra nacional.

Sin embargo, el panorama cambia completamente si solo tomamos en cuenta la antigua RDA. Aquí, la extrema derecha ganaría holgadamente las elecciones con un 32% de los votos, es decir, 14 puntos más que lo que consiguió en el oeste. Obtendrían con esos números una ventaja de algo más de 13 puntos con respecto al segundo, que serían los democristianos, a los cuales seguiría la izquierda de Die Linke con un 13,4% y el SPD con un 11,6%. El dominio de la extrema derecha es espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta que sería la fuerza más votada en todos los länder del este salvo Berlín. Bajando a los distritos, solo pierden en 3, sin contar los de la capital. Mientras tanto, en occidente la CDU y en menor medida el SPD se reparten las victorias en los distritos, con los democristianos ganando en todos los länder y la extrema derecha sin poder liderar en ninguno.

El auge en la antigua RDA llegó hasta tal punto que en septiembre de 2024, AfD logró lo que parecía imposible , ganar las elecciones regionales en Turingia. Era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido de extrema derecha ganaba unos comicios de este tipo. Además, lo hizo con un dominio apabullante, con casi 10 puntos de ventaja sobre la CDU y un 32,84% de los votos. Un año después, en las elecciones federales, AfD se dispararía hasta casi el 40% en ese territorio, la cifra más alta que logró el partido en todo el país y con un margen de 20 puntos sobre el segundo. 

Pero ¿por qué sucede esto? “AfD se fundó al principio de su historia como un partido antieuropeo y antieuro. Trataba de canalizar el descontento que había en Alemania con la crisis y subirse así a los vientos populistas que soplaban en el Viejo Continente. Primero, capitalizó esa desafección con Angela Merkel y su política de bienvenida de refugiados, que ya entonces era más profunda en el este que en el oeste”, recuerda Héctor Sánchez Margalef, investigador principal de CIDOB. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que podían crecer mucho más ampliando el foco y no quedándose con el discurso antieuropeo. 

Es entonces cuando decidieron apelar a algo mucho más profundo: el resentimiento y el abandono. “Ellos consiguen capturar, como hacen todas las extremas derechas, un malestar histórico que es estructural, en este caso la fractura derivada de la reunificación, y transformarlo en una identidad política. Han logrado capitalizar décadas de agravio comparativo con el oeste no solo en cuanto a números o estadísticas, sino también en lo que respecta a la sensación que tienen en el este de que son ciudadanos de segunda”, explica Anna López Ortega, politóloga por la Universitat de València y experta en ultraderecha en Europa y España.

Su crecimiento en el este ha ido en paralelo a la caída de las formaciones de izquierdas que tradicionalmente dominaban a ese lado del antiguo telón de acero. Tanto el SPD como el partido heredero del partido único de la RDA, Die Linke, están en uno de los peores momentos electoralmente hablando en el este. Los segundos lograron salvar los muebles en las últimas elecciones, pero quedan lejos de ser el partido que antaño ganaba en algunos länder y superaba con consistencia el 25% de los votos. El caso del SPD es aún más preocupante. Atrapado en la indefinición, dentro del gobierno con la CDU y sin poder ser una alternativa, los socialdemócratas se encaminan, según las encuestas, a unos resultados aún peores que los del año pasado. 

Sin embargo, algo ha cambiado en estas últimas semanas. Las elecciones en el land occidental de Renania-Palatinado el pasado 22 de marzo encendieron todas las alarmas. La victoria de la CDU fue toda una noticia, pues el SPD llevaba gobernando el Estado de forma ininterrumpida durante los últimos 13 años, pero lo que realmente acaparó los titulares fue otra cosa. AfD logró en este territorio, en teoría hostil, duplicar su presencia en el parlamento, subiendo de 9 a 24 escaños, dispararse en porcentaje de voto, pasando de un 8% a casi el 20% e incrementar su número de papeletas prácticamente en un 150%. El mejor resultado en unas elecciones regionales de AfD en un land del oeste.

No es casualidad. “La extrema derecha ha conseguido adaptar su discurso al territorio. En el oeste apela a otros medios que no son propios de la reunificación. En ese lugar, comienzan a verse unos malestares que ya habíamos visto en otras sociedades europeas: inseguridad económica, inflación, crisis energética, que Alemania ha sufrido especialmente, y el rechazo de políticas climáticas. Aquí ya no hay una extrema derecha que gana por ese componente identitario de los ciudadanos de segunda, sino que empezamos a ver cómo se aprovecha de contextos de crisis”, explica López Ortega. Así, mientras en el este habla del agravio histórico, en el oeste AfD azuza el miedo a perder una estabilidad económica de la que han gozado durante todos estos años.

La Alemania occidental no fue parte de ese trauma de la unificación, ya que fue la parte que salió favorecida, pero sí comparte la gran vergüenza de la nación teutona: el nazismo. Su memoria ha protegido en buena medida el crecimiento de AfD y, sobre todo, ha impulsado el cordón sanitario a la extrema derecha que aún continúa en el país. Pese a todo, ni esto sirve ya para contener a los ultras. “Cuando el malestar es tan estructural que conecta con las emociones, es difícil desactivar cualquier cultura democrática, aunque forme parte del ADN de los alemanes. Suben los precios de la gasolina, de la calefacción… y eso está pesando más en el voto. Y por supuesto también la falta de alternativas del resto de formaciones”, critica la politóloga.

Este aspecto es una de las claves para entender cómo AfD está ganando terreno. Tras las últimas elecciones, el país volvió a optar por una fórmula largamente usada: la gran coalición entre la CDU y el SPD. El cordón sanitario ante la extrema derecha tiene su efectividad para mantener a los ultras fuera del Gobierno, pero también existen contrapartes. “Esta fórmula va aparejada a un desgaste evidente para los dos principales partidos”, describe Sánchez Margalef, a lo que López Ortega añade un punto más: “Lo que nos podemos encontrar a largo plazo es bloqueo, si sigue creciendo AfD, puede llegar un punto en el que no se pueda gobernar, y eso dará más gasolina a la extrema derecha”.

Y lo que es peor, nadie en Alemania parece plantearse un cambio en esta posición para corregir el problema. “Hay una falta de coraje político para intentar cosas diferentes. El SPD lleva en el Gobierno casi todas las legislaturas de este siglo, ya sea como líderes o en gran coalición. Los dos grandes partidos buscan siempre los mismos pactos. Nadie se plantea, por ejemplo, que haya un Ejecutivo en minoría de la CDU apoyado desde fuera por el SPD en políticas concretas. Es algo que ven fuera de su cultura política, ni siquiera lo barajan como una posibilidad. Hay una incapacidad enorme de plantear alternativas que pueden ser mejores para enfrentarse a AfD, y hasta que no llegue alguien con un pensamiento diferente, será difícil cambiar el panorama”, zanja el investigador de CIDOB.

Paramilitares con las caras tapadas, fuertemente armados, recorriendo las calles en busca de cualquier persona cuyos rasgos sugieran un origen diferente al europeo. Estas patrullas a la caza de seres humanos, estética y funcionalmente muy parecidas a las SA nazis —los camisas pardas de la Alemania de entreguerras—, que asociamos con los Estados Unidos de Trump, pueden convertirse a medio plazo en una realidad en Europa. Solo hace falta que los partidos de extrema derecha consigan hacerla realidad con la ayuda de la derecha tradicional, cada vez más dispuesta a asumir como propias las propuestas de sus hermanos radicales.

La fascinación de los ultras europeos por la agencia federal estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –ICE, por sus siglas en inglés–, es evidente. Creado en 2003 bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11S, el ICE opera en el interior del territorio norteamericano con una lógica que lo distingue radicalmente de cualquier cuerpo de control fronterizo convencional.

No vigila las fronteras: las interioriza. Busca, localiza y expulsa a personas que ya viven, trabajan y en muchos casos han formado familias dentro del país. Ese modelo —esa filosofía operativa de la “extracción interna”— es hoy la plantilla que los movimientos de extrema derecha europeos están trasladando con entusiasmo a sus programas y adaptando a sus respectivos contextos nacionales.

Lo que durante años fue considerado retórica incendiaria instalada en los márgenes del espectro político ha devenido, en un lapso de tiempo sorprendentemente breve, en propuestas legislativas concretas. En el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en España. Y, crucialmente, en las propias instituciones de la Unión Europea.

El trasvase del modelo ICE al vocabulario político europeo no es casual ni espontáneo. Tiene fechas, nombres y eventos. En mayo de 2025, Milán acogió la llamada Cumbre de la Remigración, un encuentro transnacional donde representantes de partidos ultras de varios países europeos pusieron en común estrategias y marcos conceptuales.

El término "remigración" —entendido no como flujo natural de población, sino como programa político de expulsión masiva e ingeniería demográfica— pasó en ese encuentro de ser un concepto tabú a convertirse en punto de partida de un programa de gobierno.

La admiración que estos sectores profesan al ICE trasciende lo meramente operativo. En las fuentes y documentos que alimentan estas propuestas aparecen de forma recurrente referencias a la “virilidad” y la “eficiencia administrativa” de las tácticas desplegadas por la agencia estadounidense bajo la Administración Trump. Es una retórica que apunta a una concepción del Estado como instrumento de expulsión, una máquina capaz de actuar con rapidez precisamente porque ha liberado sus engranajes de lo que estos actores denominan “obstáculos judiciales”.

En el Reino Unido, Kemi Badenoch y el Partido Conservador han traducido esa admiración en cifras y estructuras concretas. Su propuesta contempla la creación de una removals force —una fuerza de expulsión— dotada con 1.600 millones de libras y con el objetivo declarado de deportar 150.000 personas al año.

Un plan que va más lejos que cualquier cosa vista hasta ahora en Europa occidental: incluye el uso de reconocimiento facial sin previo aviso en espacios públicos para identificar a candidatos a la expulsión, y, en su apuesta más rupturista, propone la abolición de los tribunales de inmigración, transfiriendo el poder de decisión directamente al Ministerio del Interior. La lógica es transparente: si los jueces frenan las deportaciones, se eliminan los jueces.

La propuesta complementa esta arquitectura con una extensión del control migratorio al conjunto del aparato de seguridad. Siguiendo el modelo del programa 287(g) estadounidense —que vincula a la policía local con el ICE—, el plan británico obligaría a los agentes a realizar controles migratorios en cada detención o parada de tráfico. La policía dejaría de ser un cuerpo de seguridad ciudadana para convertirse, parcialmente, en una extensión de la fuerza de expulsión.

Alemania aporta al mapa su propio capítulo. La AfD en Baviera ha presentado formalmente una propuesta de unidad policial especializada inspirada en el ICE, cuya función sería el rastreo de solicitantes de asilo y la coordinación de deportaciones. Lo llamativo no es solo la existencia de la unidad, sino las tácticas que contempla, incluidos toques de queda nocturnos para migrantes, lo que facilitaría su localización y aprehensión durante la madrugada, cuando la movilidad es restringida y la vulnerabilidad, mayor. Es una medida que combina el control social con la lógica de la caza.

En Italia, el vicepresidente Matteo Salvini ha expresado su admiración por el modelo estadounidense con menos ambages que ningún otro líder europeo de primer nivel. Ha propuesto cuotas de deportación de 100.000 personas anuales, una cifra que, de materializarse, implicaría una maquinaria de gestión de expulsiones sin precedentes en la historia del país.

Mucho más matizada es la posición de Marine Le Pen en Francia. Aunque lidera el grupo Patriots for Europe, Le Pen ha rechazado oficialmente el término “remigración” e incluso cortó vínculos con la AfD alemana por considerarlos demasiado extremistas en este punto, consciente de que la suavización de sus postulados será clave en las próximas elecciones presidenciales de su país.

Vox, aunque sostiene que no se puede trasladar mecánicamente la política migratoria de Trump a España —por motivos legales, no porque no les guste—, sí defiende un plan de catorce medidas que incluye la expulsión inmediata de España de inmigrantes en situación irregular y la supresión de toda ayuda social para este colectivo. La lógica del “entorno hostil” —hacer la vida insostenible para forzar la autodeportación— es aquí explícita.

Los ultras españoles, en todo caso, tienen claro que las deportaciones masivas, para las que necesitan poner en marcha mecanismos como el ICE o movilizar a las fuerzas del orden para estas tareas, son una condición sine qua non para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, en el caso de que en las elecciones de 2027 ambas fuerzas obtengan mayoría absoluta en el Congreso.

En cualquier caso, lo que durante años fue un proyecto de la periferia ultraderechista ha terminado por penetrar en el corazón institucional de la Unión Europea. El Reglamento de Retorno que el Parlamento Europeo aprobó este lunes en comisión es, según los analistas que llevan meses estudiando su texto, la expresión más acabada de lo que ya se denomina en algunos círculos académicos la “ICE-ificación” de Europa. Ahora, con el respaldo de la derecha y la extrema derecha europea, incluidos PP y Vox, queda abierta la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno.

El reglamento no es una medida aislada. Es el resultado de una presión política sostenida que ha desplazado el centro de gravedad del debate migratorio europeo hacia posiciones que hace una década habrían resultado impensables en el seno de las instituciones comunitarias.

Las medidas que contiene el texto son de un alcance considerable. Por un lado, autoriza la creación de return hubs —centros de retorno— en terceros países. La idea es retener a migrantes fuera del territorio europeo mientras esperan la resolución de su situación, incluso cuando no tienen ningún vínculo con el país donde son trasladados. El objetivo explícito es eludir las protecciones legales que confiere el suelo europeo: si la persona no está técnicamente en Europa, determinadas garantías jurídicas no se aplican. Es la extraterritorialidad como evasión del derecho comunitario.

En esta línea, el cada vez más popular activista ultra austriaco Martin Sellner ha diseñado como guía un plan de tres fases que incluye un sistema de evaluación permanente de asimilación para examinar a los migrantes y la creación de ciudades de deportación en el norte de África.

Por otro lado, el texto amplía el periodo máximo de detención de 18 a 24 meses. Permite que la falta de documentación o encontrarse en situación de calle sean motivos suficientes para la detención, medida que podría afectar también a menores. Autoriza el decomiso de dispositivos electrónicos y el acceso a registros personales y de salud para agilizar identificaciones.

Y, en lo que los críticos señalan como la pieza más perturbadora del puzle, elimina el efecto suspensivo automático de las apelaciones: una persona podría ser expulsada mientras su recurso judicial aún está en tramitación. El plazo para presentar ese recurso se acortaría, además, a catorce días.

Por si eso fuera poco, el artículo 6 del reglamento impone a los Estados miembros la obligación de establecer sistemas de identificación y rastreo para personas en situación irregular, lo que incluye seguimiento por GPS y vigilancia de teléfonos móviles presentados, con notable eufemismo, como "alternativas a la detención".

Algunos autores han acuñado para describir esta deriva el término "fascismo tecnocrático": el Estado no actúa mediante la violencia descarnada sino mediante la gestión algorítmica, el procesamiento de datos y el lenguaje aséptico de la "eficiencia administrativa" y la "gestión de riesgos". La maquinaria del siglo XXI al servicio de una política de exclusión que encuentra su genealogía en los proyectos más oscuros del siglo XX.

En todo este asunto, de lo que nadie quiere hablar —ni los promotores del ICE europeo ni los documentos que respaldan estas iniciativas— es de los costes económicos reales de semejante aparato. La expulsión de cientos de miles de personas al año requiere una infraestructura de detención, transporte y gestión burocrática de un tamaño que ningún Estado europeo ha operado jamás. A ello se suma el impacto en sectores económicos que dependen estructuralmente de mano de obra migrante: desde la agricultura a la hostelería, pasando por los servicios de cuidado o la construcción.

La hoja de ruta existe. Lleva años tomando forma en manifiestos, propuestas legislativas y cumbres transnacionales. Lo que se debate en las instituciones de la UE es si esa hoja de ruta encuentra, por primera vez, una validación institucional a escala continental. Eso, por sí solo, es historia.

Los Verdes del actual jefe de Gobierno del estado federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, vencieron en los comicios celebrados este domingo en dicho estado alemán, seguidos de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como tercera fuerza, que duplica sus resultados de las anteriores elecciones.

Los Verdes han obtenido el 32% de los votos, la CDU, el 29% y la AfD, el 17,5%, según la proyección de la televisión pública ARD al cierre de los colegios.

El Partido Socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico al recibir el 5,5% de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con 4,5% de votos, respectivamente, podrían no lograr acceder a la cámara regional, según el sondeo realizado por Infratest dimap para ARD.

En tanto, las proyecciones de la segunda cadena de la televisión pública, ZDF, apuntan a un resultado más ajustado entre Los Verdes y la CDU, aunque los primeros se imponen, con el 31,5%, frente al 30,5% de los conservadores.

La AfD, por su parte, se convierte también según este sondeo, realizado por el instituto Forschungsgruppe Wahlen, en tercera fuerza, con el 18% de los apoyos, mientras el SPD obtiene el 5,5% y el FDP y La Izquierda, el 4,5% respectivamente.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6% de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1%, y la AfD sumó el 9,7% de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0%) y el FDP (10,5%), y con La Izquierda (3,6%) que no logró acceder al parlamento.

El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra este lunes unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica.

Aunque las últimas encuestas apuntan a un duelo por el primer lugar entre la CDU -el partido del canciller Friedrich Merz- y Los Verdes, la AfD puede llegar a duplicar su resultado de 2021, cuando obtuvo el 9,7% de los votos, ya que los sondeos la dan a la formación ultraderechista valores cercanos al 20%.

La explicación que se le suele dar a los éxitos de AfD en el este de Alemania, basados en la frustración que viven muchos en regiones deprimidas del país, tiende a no funcionar en el caso del estado del suroeste alemán, uno de los más ricos del país.

No obstante, los motivos para que mucha gente en algunas regiones de Baden-Württemberg se inclinen parecen tener que ver con la economía.

Los dos años de recesión económica en Alemania, la pérdida de mercados para la exportación y cambios radicales causan temores en una región marcada por la industria -con empresas grandes, como Mercedes o Bosch, pero también medianas y pequeñas- donde los trabajadores habitualmente han tenido altos ingresos y una gran seguridad con respecto a sus puestos de trabajo.

"La situación en Baden-Württemberg es tensa. Se trata de una región en la que la producción industrial tiene una participación en el PIB más alta que en el promedio alemán y justamente en la industria hay muchos puestos de trabajo amenazados", dijo en una videoconferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) la jefa del sindicado IG Metal en la región, Barbara Resch.

Uno de los temas puntuales, en una región marcada por la industria automovilística, es el futuro del motor de combustión, un producto desarrollado en Baden-Württemberg con el que muchos trabajadores sienten una identificación.

"La AfD juega con los miedos de la gente y ofrece respuestas simplistas a problemas complejos. Hay por ejemplo una pancarta de AfD que dice: su coche votaría por nosotros. Con ello se insinúa que con ellos se mantendrá para siempre el motor de explosión. Eso no es así", dijo Resch.

A los temores que causa la amenaza que sufre el modelo económico alemán se agregan otros temores, relacionados con la guerra de Ucrania y con la inmigración. Incluso la llegada de refugiados ucranianos a la región ha causado molestias.

"La gente se molesta porque los ucranianos llegan y reciben de inmediato ayuda social, incluido el pago del arrendamiento mientras que hay otra gente que tiene dificultades tras haber trabajado años", dice una mujer de 60 años en la plaza de mercado de Donaueschingen, cerca de la fuente del Danubio.

La AfD, que ha explotado desde sus orígenes los temores causados por la inmigración islámica, saca provecho ahora también de la llegada de refugiados ucranianos y trata de ganar simpatías entre gente que rechaza la ayuda a Ucrania.

La defensa de la idea de la "remigración" -es decir, el regreso de todos los migrantes a sus países de origen- es algo que la AfD expone cada vez más abiertamente.

"Eso es algo que nunca tendrá mayoría en Alemania. Si llegara a tenerla sería el fin de nuestro modelo en donde mucha gente procedente de diversas naciones trabaja en fábricas, lo que aumenta la creatividad", dijo en otra videoconferencia la VAP el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Stuttgart, Claus Pal.

Las encuestas apuntan a una continuación de la coalición actual entre Los Verdes y la CDU tras las elecciones del domingo, si bien queda abierta la pregunta de cual de los dos será el socio mayoritario.

El último sondeo de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) ve a los dos partidos empatados con el 28% de los votos.

Desde 2011, Los Verdes están a la cabeza del Gobierno en Baden-Württemberg cuando el actual primer ministro, Winfried Kretschmann, logró romper la hegemonía de la CDU que se había iniciado en 1953.

Durante buena parte de la campaña, todo apuntaba a que la CDU recuperaría el primer lugar.

Pero en las últimas encuestas ha habido un fuerte repunte de Los Verdes, impulsados en buena parte por la popularidad de su candidato a primer ministro, el exministro de Agricultura Cem Özdemir, y ahora todo apunta a un duelo cabeza a cabeza.

Durante años, se nos ha repetido que la ultraderecha avanza como una fuerza inevitable, casi como un fenómeno natural. Pero la historia reciente demuestra justo lo contrario: cuando las sociedades se organizan, cuando la política responde y cuando la democracia se defiende con decisión, el voto ultra se contiene, se reduce o queda encapsulado en los márgenes.

Hoy en España sabemos que una parte sustancial de los votos a Vox es un grito de protesta, no una adhesión ideológica profunda. Eso no lo hace menos preocupante, pero sí más manejable. Un voto de protesta no es una condena: es una alerta. Y esa alerta, si se escucha bien, puede convertirse en una oportunidad para renovar la democracia.

Francia fue uno de los primeros laboratorios de esta reacción democrática. En 2002, cuando Jean‑Marie Le Pen se coló en la segunda vuelta presidencial, el país entero se sacudió. La respuesta fue un frente republicano amplio: votantes de izquierdas apoyando a Chirac, carteles improvisados llamando a parar a la extrema derecha, manifestaciones masivas. El mensaje fue nítido: con la democracia no se juega. El Frente Nacional no desapareció, pero quedó claro que una mayoría social estaba dispuesta a levantarse cuando veía en riesgo el pacto democrático básico.

Dos décadas después, la película se repite con Marine Le Pen. Llega a la segunda vuelta, acaricia el poder, pero se encuentra de nuevo con un muro de contención. Ese muro no son solo los partidos: son también millones de ciudadanos que, sin entusiasmarse con Macron, asumen que hay líneas que no se cruzan. No es épica de película; es un recordatorio muy práctico de cómo se frena, de forma pacífica, a la ultraderecha: con votos, con acuerdos, con movilización.

Alemania ofrece otro ejemplo clave. La AfD ha capitalizado el malestar económico, el resentimiento territorial y el rechazo a las políticas migratorias. Sin embargo, ha chocado con una decisión firme del resto de partidos: no pactar con ellos, no blanquearlos con gobiernos compartidos, obligarse a grandes coaliciones incómodas antes que abrirles la puerta del poder. Ese cordón sanitario no elimina a la AfD, pero envía un mensaje concreto al votante de protesta: tu enfado se escucha, pero este camino no lleva a gobernar el país.

En España, la historia está todavía escribiéndose, pero ya hay señales importantes. Vox irrumpe con fuerza a partir de 2018, aprovechando la fatiga, la polarización territorial y la sensación de abandono de amplias capas sociales. Sin embargo, su crecimiento tiene techo. En unas elecciones tras otras se constata que, cuando la posibilidad de un gobierno junto a la ultraderecha se vuelve real, una parte relevante del electorado se activa para impedirlo. Sucede entre votantes progresistas, pero también entre sectores moderados que pueden preferir políticas conservadoras, pero no un salto atrás en derechos y libertades.

Lo mismo hemos visto al otro lado del Atlántico. Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil a lomos del hartazgo y la indignación. Pero no era invencible. En 2022, una coalición amplia, unida por la defensa de la democracia y por la promesa de políticas sociales concretas, consiguió derrotarlo en las urnas. No fue una batalla de eslóganes, sino una disputa sobre el tipo de país que querían ser: uno encerrado en el odio o uno que intentaba, con todas sus contradicciones, reconstruir la cohesión social.

Todos estos casos tienen algo en común: el voto ultra se debilita cuando la política deja de mirar hacia otro lado y abandona la comodidad del gesto vacío. Funciona cuando hay tres movimientos simultáneos.

Primero, acuerdos claros entre fuerzas democráticas para trazar líneas rojas. No se trata de demonizar al votante, sino de fijar límites a quienes quieren dinamitar las reglas del juego desde dentro. Ese compromiso tiene un coste, exige renuncias y coaliciones incómodas, pero sostiene la credibilidad del sistema.

Segundo, renovación real de la oferta política. El voto de protesta no se va a evaporar escuchando discursos moralistas. Hace falta que las opciones democráticas se parezcan menos a un club cerrado y más a una puerta abierta: nuevas caras, nuevas agendas, nuevas formas de escuchar. 

Y tercero, respuestas tangibles a los agravios que alimentan el enfado. No basta con llamar “facha” al votante que llega justo a fin de mes, que vive con miedo a perder el trabajo o que siente que nadie le mira a la cara. Hay que hablar de vivienda, de barrios abandonados, de sueldos que no dan para una vida digna. Hay que demostrar, con políticas concretas, que la democracia sirve para algo más que para votar cada cuatro años.

Mirar estos ejemplos no es un ejercicio académico, es un espejo. Si tres de cada cuatro votos a una formación ultra son un voto de protesta, la pregunta no es solo “¿cómo lo frenamos?”, sino “¿qué hemos hecho para empujar a tanta gente a ese lugar?”. La buena noticia es que la historia reciente prueba que hay margen. Que el miedo no es el único relato disponible. Que se puede disputar ese voto no desde la condescendencia, sino desde el respeto y la firmeza.

La ultraderecha no es una ola imparable. Es la consecuencia de heridas abiertas. Y las heridas, cuando se atienden, cuando se escuchan, cuando se curan con políticas justas y con un relato de futuro compartido, dejan de sangrar. Lo que hagamos con ese voto de protesta hoy definirá si mañana seremos un país más encerrado en sus fantasmas o una sociedad madura, capaz de mirarse de frente y reconstruirse sin dejar a nadie tirado. La elección está abierta. Y, por fortuna, sigue estando en nuestras manos.

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José González Arenas es Secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este sábado cualquier colaboración entre el bloque conservador que lidera y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y subrayó que es tarea común con los socialdemócratas, sus socios de coalición, demostrar que los problemas del país se pueden resolver desde el centro.

"No habrá una colaboración de la Unión con los que se hacen llamar Alternativa para Alemania, no la habrá", afirmó durante el congreso anual de la Junge Union (Joven Unión), las juventudes conservadoras, que se celebra en Rust, en el estado federado de Baden-Württemberg, en el sur del país.

"Y no habrá colaboración, no porque haya un cordón sanitario entre nosotros. Olviden esa palabra. Nos separan mundos de ese partido. No tenemos nada en común con ellos, nada en común", subrayó.

Agregó que en una coalición de gobierno naturalmente no todo es realizable al cien por cien como quisiera su bloque, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

"No tenemos la mayoría absoluta, estamos en una coalición", dijo, y aseguró que las circunstancias son más difíciles que en años anteriores, tanto en lo que respecta a la situación internacional como a la constelación política de los partidos.

En ese sentido, agregó que el bloque conservador naturalmente busca mayorías políticas, y lo hace en el centro político, señaló.

Por ello apeló al partido socialdemócrata a demostrar juntos que desde el centro es posible resolver conjuntamente los problemas del país.

"Y si lo demostramos, ya no hay más necesidad de una alternativa para Alemania", afirmó.

La tarea de hacer retroceder a AfD no sólo incumbe al bloque conservador, agregó, sino también, quizás ahora más que nunca, al Partido Socialdemócrata (SPD).

No sólo los conservadores han perdido votantes a favor de la formación ultraderechista; también el SPD está perdiendo una parte importante de su electorado, señaló al respecto.

El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) en medio de una gran controversia política, indica EFE.

"Necesitamos un servicio militar atractivo, un servicio militar con sentido" y "necesitamos modernizar y revitalizar el registro militar", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley ante el pleno. "Solo así se encontrarán suficientes jóvenes motivados, tanto hombres como mujeres, dispuestos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas o a alistarse en la reserva", abundó Pistorius, que se mostró abierto a que las deliberaciones parlamentarias enmienden su propuesta.

Rüdiger Lucassen, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, reprochó a Pistorius en su intervención querer traer de vuelta el servicio militar en el país sin saber qué es lo que hay que defender, una acusación a la que respondió Norbert Röttgen, de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).

"Están siendo atacadas nuestra libertad y modo de vivir en Europa", señaló Röttgen en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras haber apuntado que el objetivo de la reforma es que Alemania "sea capaz de defenderse".

La coalición de democristianos y socialdemócratas, liderada por el canciller Friedrich Merz, aspira a que la reforma esté aprobada antes de final de año, pero por el momento no han logrado ponerse de acuerdo sobre la forma concreta en la que se procederá si faltan voluntarios para alcanzar la meta de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas en 2035.

El martes, los negociadores de ambos bloques parlamentarios parecían haber llegado a un compromiso: que se eligiese por sorteo a los jóvenes varones que hayan de someterse a un reconocimiento médico y, de entre ellos, por el mismo procedimiento a los reclutas.

Pero horas más tarde llegó el veto del ministro de Defensa, que, a pesar de que gran parte de su partido desearía un servicio exclusivamente voluntario, insiste en que por razones prácticas todos los varones y no solo una parte deben ser reconocidos obligatoriamente, aunque solo algunos sean seleccionados después.

Según una encuesta reciente de Forsa, el 54% de los ciudadanos alemanes está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, mientras que el 40% lo rechaza.

La polarización es mayor si se observan los grupos de edad: el 61% de los mayores de 60 años favorece el servicio obligatorio, pero el 63% de los afectados -el grupo de entre 18 y 29 años- lo rechaza.

Entre tanto, la cifra de objetores de conciencia que se registran de forma preventiva no ha aumentado en lo que va de año, pues hasta finales de septiembre constan 2.529 solicitudes la Oficina Federal para la Familia y las Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA), frente a las 2.998 del año pasado.

Si se aprueba el proyecto de ley de Pistorius, el año próximo los 650.000 jóvenes nacidos en 2008 recibirán formularios que los varones deberán rellenar de forma obligatoria, sobre sus aptitudes y su disposición a servir en el Ejército.

Idealmente, se seleccionará a cierto número de voluntarios para ser reconocidos y, de estos, se elegirá para un servicio de entre seis y 23 meses a aproximadamente 15.000, en base a las capacidades actuales de adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de 2031 esta cifra deberá duplicarse hasta los 31.000 jóvenes, un contingente que los expertos dudan de que pueda ser reclutado de forma voluntaria con buenos sueldos, ofertas de formación y otros atractivos.

"Está claro que el crecimiento de las Fuerzas Armadas federales no será posible sin un cierto grado de obligación", dijo Christian Rieck, profesor de Estudios de Guerra de la Universidad de Potsdam, para quien la ley terminará siendo aprobada.

Rieck explicó que, a su juicio, Alemania no puede compararse con países como Suecia, con modelos mixtos voluntario-obligatorios similares, pues en ellos existe una larga tradición en la que el servicio militar es considerado un orgullo nacional.

"Resultará difícil generar suficientes voluntarios para el servicio militar reactivado", vaticinó, ya que impera la mentalidad de delegar la defensa a actores profesionales y la 'Zeitenwende', el giro proclamado por el Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, no ha calado en parte de la sociedad.

No obstante, el verdadero reto para Pistorius será la creación de la infraestructura necesaria para albergar y entrenar a un número alto de reclutas, concluyó Rieck.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) aprobó este domingo en el congreso que celebra en Berlín una moción por la que un grupo de trabajo de esta formación gubernamental estudiará las perspectivas de éxito de un proceso de prohibición contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), según informa EFE. 

Tras un debate de algo más de dos horas, los delegados del SPD aprobaron la iniciativa, defendida por el copresidente del partido, vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien describió como una "tarea histórica" la lucha contra la ultraderecha. 

"Hay que volver a sacar a esta gente del Parlamento, no deben estar ahí, hay que combatir a los ultraderechistas, esa es la tarea que tenemos", dijo Klingbeil desde la tribuna antes de la votación.

Klingbeil defendió que tomar medidas legales como un eventual proceso de prohibición contra AfD forma parte de la lucha contra la ultraderecha.

"Les digo que en el momento en que la Oficina para la Protección de la Constitución diga que se trata de un partido de extrema derecha confirmado, no puede haber más táctica, no puede haber más discusión", aseguró el reelegido copresidente del SPD el viernes junto a la titular de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno alemán, Bärbel Bas.

Actualmente, AfD, principal partido de la oposición y segunda fuerza más votada en las elecciones generales, celebradas en febrero, lucha en los tribunales para impugnar la consideración de la Oficina para la Protección de la Constitución, servicios secretos del Ministerio del Interior que declararon el partido "caso seguro de extremismo de derechas" a nivel nacional.

En varios estados federados de Alemania, secciones regionales AfD ya figuran como "caso seguro de extremismo de derechas".

Además de Klingbeil intervinieron este domingo numerosas figuras de la política local y regional del SPD, que coincidieron en señalar antes de la aprobación de la moción la "amenaza" para la democracia liberal que, según ellos, representa AfD.

"AFD es un partido etno-nacionalista", denunció el presentación de la moción Georg Maier, el primero en presentar el contenido de la iniciativa y presidente del SPD en el estado federado de Turingia, región oriental de Alemania donde el partido ultraderechista ganó las últimas elecciones al parlamento regional, celebradas el pasado mes de septiembre con un 32,8 %.

Maier dijo que AfD, que no logró gobernar en Turingia por falta de socios, atenta contra varios artículos de la Ley Fundamental germana, como el número 1, que defiende que "la dignidad humana es inviolable", en vista de, entre otras cosas, las posiciones que defienden figuras del partido ultraderechista en materia de inmigración.

Maier apeló a que el SPD trabaje en favor de una prohibición de AfD con un proceso "bien preparado", que permita a las autoridades competentes -Gobierno, Cámara Baja o Cámara Alta del Parlamento- tener éxito contra AfD.

"No queremos iniciar un procedimiento de prohibición precipitadamente, eso sería un gran error. Debe estar bien preparado, por lo tanto un grupo de trabajo federal, estatal, que debe recopilar y evaluar el material, y estar apoyado por expertos", según Maier. 

Tras la aprobación de la moción, hubo una ovación de los delegados puestos en pie.

Hace siete años Matteo Salvini y Georgia Meloni se apuntaron al evento y al nacimiento del instrumento político/religioso (a la manera de una base militar) en la cartuja de Trisulti, que facilitara el “asalto a Europa” del trumpismo. Ese era el instrumento de Steve Bannon y ese el proyecto para Europa de la mano de Salvini, Meloni y Orban. Las cosas cambiaron a partir de noviembre de 2021, gracias al Ministerio de Cultura que a partir de 2019 inició una batalla legal que finalmente el Consejo de Estado le ha dado la razón, revocando la concesión de la cartuja a Bannon.

¿Fin de la película? O por el contrario la constatación de la impunidad con la que se asienta el huevo de serpiente en Europa. Meloni es hoy Primera Ministra de Italia con influencia en Bruselas, Orban continúa en Hungría desnaturalizando a sus ciudadanos de los valores europeos (con el aplauso de Putin), mientras crecen los partidos neofascistas en toda Europa porque sus gobiernos son incapaces de dar respuesta a las causas que propician el voto a la extrema derecha.

AfD (Alternativa para Alemania), partido neonazi, es ya la segunda fuerza en el Bundestag alemán, con 152 diputados, con el 20,8% del electorado y con más de 10 millones de votos (es la primera fuerza política en muchos territorios de la Alemania Oriental). La Oficina Federal de Protección de la Constitución acaba de dictaminar que AfD es una fuerza de “extrema derecha” y, por consiguiente, “va en contra del orden fundamental democrático”. El dictamen llega antes de la investidura del democristiano Friedrich Merz y cuando AfD se ha convertido en líder de la oposición en el Bundestag.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional Alemán tiene la última palabra, pero el impacto político/social es tremendo. Por un lado, es inevitable la sombra de las elecciones de 1933 que auparon a Hitler al poder, aunque la Alemania de hoy nada tenga que ver con la de aquellos años, pero entre los 10 millones de votos actuales están clases medias, obreros, ex votantes de izquierdas, inmigrantes... Algunos sondeos señalan que, de facto, AfD es ya la primera fuerza política en Alemania. ¿Su probable ilegalización alimentaría el victimismo, y por ende, incrementaría la simpatía a la formación liderada por la neonazi Alice Weidel? Por otro lado, tampoco se puede olvidar que AfD tuvo el apoyo de Trump/Musk (brazo en alto incluido): “AfD es la solución para Alemania”.

Mientras tanto en Francia la líder de RN (Reagrupamiento Nacional), Marine Le Pen, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación por corrupción, lo que le impediría presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2027. El mensaje de Marine Le Pen, “Ha sido una decisión política de las fuerzas del sistema contra el pueblo”. Mensaje medido que estará en vigor durante tiempo y que no es distinto al que Santiago Abascal de Vox pronunciara al conocer que el Tribunal de Cuentas le había impuesto una sanción de más 800.000 euros por incurrir en una infracción muy grave en relación con donaciones privadas (pronto veremos las fortunas que tiene a buen recaudo un tipo que no ha dado ni golpe en su vida al igual que Alvise) Y no dejaremos de convivir con noticias como “El juez archiva la causa de los promotores de una marcha neonazi en Madrid contra “maricas” y sidosos” en la que se coreaba, “Hitler tenía razón”.

Los “cordones sanitarios” no han funcionado, han “fortalecido” a las extremas derechas europeas porque estas han ganado en el relato y los partidos democráticos (especialmente las izquierdas) han perdido el suyo. Se ha impuesto el discurso antiestablishment, la política es corrupción, la inmigración es un lastre, la dictadura woke... Las palabras han perdido su significado y su historia (libertad, solidaridad…) Nos movemos en modo “defensivo”, como la Ley Fundamental alemana de 1949 creada para prohibir partidos que “tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”. Veremos qué queda de ello.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Un 48% de los alemanes está a favor de prohibir al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), después de que el servicio de inteligencia interior lo clasificara de extremista, lo que ha reabierto el debate sobre eventuales iniciativas para ilegalizar a la que es ahora la segunda fuerza del país, informa EFE.

Según una encuesta del instituto de estudios de opinión Insa para el medio Bild am Sonntag, frente a ese porcentaje del 48%, el 37% está en contra de una prohibición.

Insa encuestó a 1.001 personas entre el 2 y el 3 de mayo, es decir, cuando se supo que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) considera de caso confirmado de extremismo de derechas a AfD por sus planteamientos "incompatibles con el orden constitucional".

La encuesta revela que una clara mayoría de los encuestados, el 61%, considera que la AfD es un partido de extrema derecha, frente al 31% que no lo cree así. En las elecciones generales de febrero pasado el partido logró un 20,8% de los votos, solo por detrás de los conservadores.

Sin embargo, las opiniones difieren sobre la utilidad de un eventual proceso de prohibición, que solo puede ser iniciado por el Gobierno, la Cámara Baja del Parlamento y la Cámara Alta, y decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional.

En tales procedimientos, habría que demostrar que la AfD está actuando de forma "agresiva y combativa" contra la Constitución. El 35% de los encuestados cree que una prohibición de la AfD ayudaría a la democracia, mientras que el 39% opina que la perjudicaría.

El que será a partir del martes próximo vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló en una entrevista a Bild que la clasificación de la BfV demuestra que AfD "no es una alternativa", sino un "ataque a Alemania", pero consideró que un eventual proceso de prohibición no puede sustituir a la lucha política contra el partido.

"Lo que no creo es que un posible procedimiento de prohibición, que podría llevar años, en el que el resultado también puede ser incierto, sea la única manera de derrotar a la AfD", argumentó.

"Tenemos que hacer un esfuerzo político para que la vida cotidiana vuelva a funcionar mejor, que el autobús llegue a su hora, que el tren llegue a su hora, que la carretera sea segura, que el puente sea seguro, que la guardería esté bien equipada, que la sanidad en las zonas rurales funcione", señaló Klingbeil.

La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas alemanas), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, ha clasificado a Alternativa para Alemania (AfD), principal partido de la oposición, como "caso seguro de extremismo de derechas", informa EFE.

La decisión de la BfV afecta a todo el partido de ultraderecha, que ya contaba con esa consideración de "caso seguro" de extremista de derechas en varios estados federados, incluido el estado federal de Turingia, donde ganó las últimas elecciones regionales, celebradas el pasado mes de septiembre.

La BfV, tras revisar de forma "exhaustiva y neutral" el informe que tiene sobre AfD, de unas 1.100 páginas, señaló en un comunicado que "la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico".

Esa concepción "pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución", según la BfV, que aludió en su comunicado al "gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas" de los líderes del partido.

En las elecciones generales anticipadas, celebradas el pasado 23 de febrero, AfD fue la segunda fuerza más votada, con un 20,8% de los votos, por lo que en la nueva legislatura, cuya actividad parlamentaria comienza la semana que viene, ejercerá como principal fuerza de la oposición.

"El factor decisivo para nuestra valoración es la concepción étnica y basada en la ascendencia que tiene la AfD del pueblo, que devalúa a grupos enteros de población en Alemania y viola su dignidad humana", señaló la vicepresidenta de la BfV. "Esta concepción del pueblo se concreta en la postura general antimigrantes y antimusulmana del partido", abundó.

La ministra del Interior en funciones, la socialdemócrata Nancy Faeser, defendió la decisión de la BfV al referirse a ella en un comunicado como una "evaluación clara e inequívoca".

La decisión de la BfV permite a las autoridades aumentar la eventual vigilancia del partido a nivel nacional.

Alemania, país que ha dedicado décadas a cultivar la memoria del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, cuenta ahora en su panorama político con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como segunda fuerza del país y primera de la oposición, un partido desde el que se han cuestionado aspectos de la tradicional visión crítica y condenatoria de los crímenes del nacionalsocialismo.

Frases como "Hitler era comunista y se consideraba socialista", pronunciada por Alice Weidel, candidata a canciller de AfD en las pasadas elecciones generales, en una entrevista durante la campaña con el magnate Elon Musk, han dado a ese partido una reputación de enemiga del trabajo de memoria histórica realizado en Alemania desde la liberación del nazismo.

Antes de que Weidel hiciera esa afirmación, el diputado de AfD, Alexander Gauland, cuando era copresidente del partido en 2018, dejó dicho que "Hitler y los nazis sólo son una cagada de pájaro en los más de mil años de exitosa historia alemana", unas declaraciones por las que aún se piden explicaciones a los políticos del partido ultraderechista.

En la campaña de las elecciones generales del pasado 23 de febrero, comicios en los que AfD terminó como el segundo partido más votado con el 20,8% de los votos -el mejor resultado de su historia-, a Weidel le reprocharon en los debates televisados esas palabras de Gauland.

Weidel nunca reprendió a Gauland, con el que compartió liderazgo nacional de AfD entre 2017 y 2021, como tampoco hizo nunca nada parecido con Björn Höcke, jefe del partido en Turingia y prominente figura del ala más radical del partido. Es más, en la campaña de las elecciones generales, Weidel dijo que Höcke podría ser un buen ministro de AfD si el partido llegaba al poder.

En Turingia, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, investiga a AfD como "caso seguro de extremismo de derechas".

Höcke, condenado el año pasado en dos ocasiones por utilizar en discursos el lema nazi Alles für Deutschland o "Todo para Alemania", llegó a calificar el trabajo sobre memoria histórica y responsabilidad alemana en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, como "cultura de la culpa".

Para él, desde 1945, en lo que respecta a cómo se han esforzado las autoridades alemanas en formar una conciencia crítica respecto a los crímenes del nacionalsocialismo, constituye una "reeducación sistemática", según dijo en 2017.

Ese año también se refirió al icónico Memorial del Holocausto destinado a la memoria de los judíos asesinados por el nacionalsocialismo en Berlín como un "monumento de la vergüenza".

Gauland y Höcke no son ejemplos aislados, pues también mantiene AfD en su grupo parlamentario como diputado a Maximilian Krah, quien lideró la campaña del partido en las pasadas elecciones europeas y afirmó al diario italiano La Repubblica, no sin causar una polémica internacional, que en las SS nazis "no todos eran criminales".

El politólogo Hajo Funke, de la Universidad Libre de Berlín y experto en la extrema derecha alemana, explicó a EFE que, en general, en AfD "no quieren más memoria histórica" porque "está mal recordar la historia racista" de Alemania.

"Dicen en AfD que hay que combatir la memoria, porque quieren un país que sea una república etnonacionalista y racista", explicó.

Según planteó a EFE el historiador Sven-Felix Kellerhoff, autor de una nutrida lista de libros sobre el nacionalsocialismo, es "obvio que la política histórica de la AfD es un desastre y una catástrofe".

Pero, para él, estas ideas de líderes de AfD no resultan "políticamente relevantes". "Tal vez el 5 %, entre los votantes de la AfD, compartan esas ideas y eso es malo. Pero mi impresión es que la mayoría de los votantes de AfD no están interesados en esa política del partido, y puede incluso que la rechacen. Votan AfD porque sienten que los otros partidos les han tomado el pelo", comentó.

Las últimas encuestas de intención de voto sitúan a AfD igualada con el bloque conservador que componen la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y que ganó las pasadas elecciones generales con un 28,6%.

Según el último sondeo del instituto INSA, tanto a AfD como a la CDU/CSU se le atribuye un 25% del apoyo electoral, por encima del Partido Socialdemócrata (SPD) (15%) y Los Verdes (11%).

Alemania se encamina hacia una nueva ‘Groko’. Los conservadores y los socialdemócratas negocian ya un nuevo Gobierno de coalición, como solía suceder en la etapa de Angela Merkel, para dar estabilidad al país y aislar a la ultraderecha, que ha conseguido colocarse como segunda fuerza con más del 20% de votos. Un cordón sanitario en un país donde el tabú de AfD empieza a romperse con una parte de la CDU tentada con el acercamiento.

También durante estos días se ha fraguado un Gobierno tripartito en Austria con democristianos, socialdemócratas y liberales que deja fuera a la ultraderecha de FPÖ, que ganó las elecciones con un 28,8% y que tuvo al alcance la cancillería por primera vez en democracia. El nuevo Ejecutivo en Viena además ha mandado un mensaje proeuropeo en un momento de ascenso de los extremistas alineados con Donald Trump.

El cordón sanitario para evitar la llegada de la ultraderecha al poder ha sido una práctica habitual en las democracias europeas, pero a la vez se está rompiendo a muchos niveles (especialmente regionales y locales) en el continente. Una línea roja que se está traspasando en lugares como Finlandia y Suecia. Y luego está el caso de España, donde el PP ha abrazado abiertamente y de manera rápida los acuerdos con Santiago Abascal sin ningún tipo de debate político y ético.

Los cordones sanitarios se han mostrado efectivos en muchos países para que los ultras no lleguen al poder, pero, a la vez, en muchos casos no han servido para frenar el ascenso electoral de esas fuerzas. Un ejemplo muy claro es el de Alemania, donde Afd ha tenido resultados históricos. En Francia tampoco consiguen llegar al poder, pero el partido de Le Pen sigue en forma en las encuestas. No hacerlos tampoco desactiva a esas formaciones como se evidencia en España, ya que Vox es tercera fuerza en los sondeos y sigue creciendo demoscópicamente. 

¿Son efectivas las alianzas contra los ultras para frenarlos o convierten a los extremistas en alternativa y les dan alas parea crecer entre la población? ¿Puede el ejemplo de la CDU reorientar a los conservadores para placar al populismo?

Anna López, doctora en Ciencia Política por la Universitat de València y experta en los movimientos de extrema derecha, señala que es “evidente el peso de Alemania y su influencia en el resto de la Unión y en el Parlamento Europeo” a la vez que recuerda la “particularidad” de este país: “Después de la II Guerra Mundial, el cortafuegos forma parte de su ADN y está integrado en su cultura política”. “Eso no pasa en otros países como España, con la derecha que menos ha tardado en pactar con la ultraderecha y que ha hecho más concesiones”.

Argumenta la profesora: “Los cordones sanitarios son necesarios y especialmente que los haga un país como Alemania. La idea original es que la extrema derecha no tenga capacidad de decisión ni tampoco un altavoz en las instituciones, por lo que acabará invisibilizándose”. “Además, añadiría que les restas capacidad económica. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la presidenta del Parlamento, Llanos Massó, de Vox, cobra casi 100.000 euros al año”, añade, para reflexionar a continuación: “Lo que sucede es que hemos entrado en otro estadio. Los partidos conservadores han comprado sus propuestas. La capacidad de influencia que se les podía restar al no estar en las instituciones no es tan efectiva porque la derecha tradicional ha acogido sus ideas. Sobre todo en temas como la migración y el Pacto Verde”.

“El cordón sanitario tiene un efecto simbólico importante: desactivar la utilidad de votarlos. El ciudadano percibe que ya no van a formar gobiernos de coalición porque no hay fisuras y no se cuenta con ellos. Más allá de la institución, lo importante es el mensaje a la sociedad: no pactamos con ello”, resalta López, quien desliza en este sentido la importancia del acuerdo firmado en Viena.

“De la misma manera que la extrema derecha se ha ido lepenizando y ha adaptado sus propuestas, ahora los proeuropeos y demócratas tienen que lanzar mensajes sólidos. Y el cortafuegos es uno de los principales. Las causas del auge de la ultraderecha han sido múltiples, por lo que las soluciones tienen que ser múltiples”, razona López.

Para ella, el debate interno dentro de los conservadores proseguirá latente: “Ahora no tienen grandes referentes desde la marcha de Merkel, pero son el principal grupo del Parlamento Europeo. Van a seguir con la crisis de si pactan o no con la ultraderecha. Además, estamos ante ultraderechas pospandemia, alineadas con Trump y, sobre todo, Putin. Estas diferencias geopolíticas están marcando el punto de inflexión. Fue uno de los grandes temas de la campaña alemana. Fue muy hábil Alice Weidel, líder de AfD, con su estrategia de tratar de derrotar el cordón, algo bendecido por Trump. JD Vance ya está lanzando la idea de que el cortafuegos es antidemocrático. Esa idea la vamos a escuchar mucho a partir de ahora”.

¿Y el cordón sanitario no puede provocar un efecto rebote y que suba la ultraderecha? López dice que es complicado medirlo en general: “Desde el estudio de política comparada, te arriesgas a que se victimicen, pero también desactivas la utilidad de votarlos. Además, moviliza mucho a la izquierda. Y lo de víctimas ya empieza a no colar, estamos en otra fase porque ya se han asentado electoralmente”.

El caso de que en España no haya cordones sanitarios por parte del PP se debe, a juicio de López, al “cortoplacismo” de la derecha por gobernar y “acabar con los socialistas, como pasó en Andalucía”. “Además, el PP menospreció a la extrema derecha y no hizo una lectura europea, pensando que Vox era algo puntual y que le iban a hacer el abrazo del oso. Pero no vieron que habían venido para quedarse”, apostilla.

También estudia el fenómeno de la ultraderecha Guillermo Bezzina, politólogo y miembro del colectivo Passes Perdudes, que dice que lo primero que debe hacer un sistema democrático es plantearse para “qué” hace ese cordón: “Para que la extrema derecha no llegue al poder o para que no siga creciendo”. “Lo normal es hacerlo por el primer motivo, como pasa en Alemania”, subraya.

“Los cordones sanitarios para evitar su entrada en las instituciones han funcionado. Se trata de un efecto muy mecánico. Y hay que tener en cuenta el sistema democrático de cada país. En Francia lo habitual es hacerlo de manera preelectoral por el sistema de doble vuelta”.  Pero indica: “A la pregunta de si evitan el crecimiento de la extrema derecha, la evidencia empírica que tenemos en los últimos años responde rotundamente que no. Los cordones ya no son la regla europea. Tenemos ya muchos países que a nivel nacional, regional o local han integrado a la extrema derecha en las instituciones. Incluso en los países nórdicos. Ya son habituales”.

Al hilo, el politólogo hace una reflexión: “Los cordones sanitarios se crearon en la mitad del siglo XX, en plena construcción de la UE, ante partidos extremistas. Y lo que funcionaba en el siglo XX no tiene por qué funcionar en el siglo XXI. Tenemos una demografía distinta y un contexto histórico y político cambiado. Hoy en día los mensajes son distintos, especialmente entre los jóvenes que no han vivido bajo la sombra de la II Guerra Mundial y el auge de los fascismos. Hay que tener en cuenta el cambio en el ecosistema de los medios y en la manera de informarse con TikTok e Instagram, que ayudan a la difusión de las ideas ultras”.

Asimismo, indica que los cordones sirven para frenar el ascenso de la ultraderecha al principio del fenómeno: “Para cortar la hemorragia antes de propagarse”. “En el momento en el que la extrema derecha está bastante asentada electoralmente los cordones no funcionan”. ¿Pueden incluso los cortafuegos hacer que crezcan los ultras? “En España podría pasar con una gran coalición, aunque creo que no se materializará. Los cordones tienen el peligro de dejar a la extrema derecha como una alternativa frente a un Gobierno que representa al establishment. Legitima su posición de alternativa. Pero cada país es un mundo”, concluye el politólogo.

Sobre estas ideas reflexionaba también esta semana en infoLibre la politóloga Cristina Monge, que analizó los resultados en Alemania remarcando que la ultraderecha es la gran beneficiada cuando consigue marcar la agenda con temas como la migración. Una de sus ideas es que al “normalizar e incluso coquetear con las ideas de su extremo” la CDU ha hecho que AfD pasara a ser una opción “razonable para no pocos simpatizantes habituales de la derecha”.

Y extraía Monge esta conclusión al calor de los datos de la noche electoral: “Los cordones sanitarios, una vez más, se han mostrado ineficaces. Si bien consiguen que la ultraderecha no entre a gobernar, no impiden que los conservadores –u otros partidos– le compren el relato y las políticas, y lo más grave: ayudan a construir su discurso de que son algo distinto, lo que en tiempos de desconfianza institucional les cosecha buenos apoyos”.

Las balas no utilizan algoritmos, hipérboles o mentiras políticas. No son necesarias cuando se viaja a 1600 km/h en busca de un blanco designado previamente. Atravesando hambrunas, epidemias y genocidios. No hay más hasta llegar a destino, y una vez allí, es una mera cuestión de suerte.

A tomar por saco. La actualidad prima.

Viendo muy por encima los resultados de las elecciones alemanas celebradas el 23F, hay algo que llama mi atención: el Partido Social Demócrata de Alemania (SPD) obtuvo en 1933 —lpreguerra y con Hitler en la cancillería—l un 18,3% del voto. Este domingo, tras una apoteósica caída al vacío, obtuvo un 16% del voto —lel nivel mas bajo en la historia del partido—. A la par, la extrema derecha alemana Alternativa para Alemania (AfD), con la imagen de Alice Weidel que evidencia lo que es, obtiene el 20,8% del voto, duplicando los apoyos que obtuvo hace cuatro años, y a 8,5 puntos del ganador, la derecha moderada del CDU/CSU Partidos de la Unión Democristiana. Es obvio que el electorado alemán se ha desplazado hacia la derecha y la bala de cabeza hueca apunta adonde apunta. Espero que marre el tiro.

El ex asesor y prenda del presidente de EEUU Steve Banon blande, al igual que su homólogo y cretino Musk, el saludo nazi y pide guerra. Por si esto no fuera suficiente, el actor mexicano Eduardo Verástegui les secunda en el gesto. Hay mucho imbécil suelto. Doy fe.

Tiempos oscuros y malos pronósticos. Ojalá marren su objetivo.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

Los demócratas cristianos de la CDU, aliados con los bávaros de la CSU, han ganado las elecciones, la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD en alemán) ha duplicado su resultado con respecto a 2021 y los partidos de la coalición saliente, compuesta por los socialdemócratas del SPD, Los Verdes y los liberales del FDP, han sido fuertemente castigados. En Alemania, los resultados de las elecciones federales del 23 de febrero de 2025 revelan un panorama político claramente inclinado hacia la derecha, con una posible “gran coalición” entre la CDU y el SPD que solo tendría de “grande” el nombre.

Sin embargo, el salto de Die Linke muestra que existen excepciones a ese empuje derechista: algunas circunscripciones localizadas en las grandes ciudades han resistido a esta tendencia y han votado mucho más a la izquierda que en las elecciones generales de 2021. El análisis geográfico de las elecciones también subraya que el país ya no está dividido solo entre el Este y el Oeste, sino también entre zonas urbanas y rurales.

 © Infografía Mediapart

Con un 28,5 % de los votos a escala federal, la CDU y la CSU solo mejoran en 4,4 puntos su resultado de 2021, pero ganan en 190 de las 299 circunscripciones.

En Baviera, la CSU logra un pleno, que se le había escapado en 2021, ya que Los Verdes habían ganado un escaño directo en Múnich. En el resto del Oeste la CDU avanza en casi todas partes y domina, en el escrutinio por listas, la gran mayoría de los distritos. Su mejor resultado se obtuvo en el distrito electoral de Alto Sarre, el del futuro canciller Friedrich Merz, con un 43,6 %. También es ahí donde más avanza la CDU, ganando 10,2 puntos.

Pero la CDU crece mucho más lentamente en la antigua RDA, donde domina la AfD, e incluso baja en algunos distritos. En esas regiones, los demócratas cristianos no obtienen ningún mandato directo. En Berlín, el partido gana en sus bastiones del Oeste, pero no consigue afianzarse en el centro y el Este de la ciudad. La CDU conserva en la capital federal sus tres mandatos directos sobre doce.

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La AfD, partido de extrema derecha, ocupa el segundo lugar en los escrutinios por listas con el 20,8 % de los votos, el doble de su resultado de 2021. El partido avanza en todas partes, pero aún más en lo que ya era su feudo, la antigua RDA. El mapa de los partidos líderes permite ver renacer la antigua frontera interalemana. En los Estados federados del Este, fuera de Berlín, solo se le escapan tres mandatos directos y, por lo tanto, la AfD gana 42 distritos, frente a solo 16 en 2021. Sus resultados superan ampliamente el 30 %, con un récord del 46,7 % en Görlitz (Sajonia) y un aumento de más de 20 puntos en el distrito de Börde-Salzland (Sajonia-Anhalt).

En el Oeste, la AfD también gana terreno en todas partes, pero un poco menos que en el Este, y no puede conseguir ningún mandato directo. No obstante, la AfD supera el 20 % en el Sarre y avanza con fuerza en Baviera y Baden-Württemberg. En tres distritos electorales de Baviera, la formación rozó el 30 %, sobre todo en Deggendorf, donde obtuvo el 29,3 %. En dos distritos electorales del Oeste, la AfD ganó en Kaiserslautern (Renania-Palatinado) y en Gelsenkirchen (Renania del Norte-Westfalia), dos bastiones tradicionales del SPD.

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Con un 16,5 % de los votos a nivel federal, el Partido Socialdemócrata, la formación política más antigua de Alemania, sufre una derrota histórica y obtiene el peor resultado en la historia de la República Federal. El declive del SPD es general en todo el país, aunque limitado en algunas grandes ciudades (Hamburgo, Colonia, Berlín, Múnich).

Lo interesante es que el SPD obtiene una puntuación mucho más alta en el escrutinio por mayoría (20,1 % de los votos) que en el escrutinio por listas. Esto se explica por un cierto arraigo local de los candidatos y por una dispersión de votos en el escrutinio por listas hacia los partidos pequeños. Este rechazo al escrutinio mayoritario solo permite al SPD conservar 44 mandatos directos, es decir, tantos como la CSU bávara. En 2021, había ganado 121 mandatos directos.

El SPD resiste principalmente en sus bastiones del Ruhr, el sur de Baja Sajonia y algunas grandes ciudades del noroeste, como Hamburgo, Bremen, Hannover y Colonia. Pero ya no tiene ningún escaño en Baden-Wurtemberg y solo conserva uno en Renania-Palatinado y dos en Hesse.

En el Este es un desastre: el SPD cae por debajo del 10 % en Turingia, Sajonia-Anhalt y Sajonia, y solo obtiene un 11 % en su bastión de Brandeburgo, donde había obtenido un 31 % en las elecciones regionales de septiembre. Olaf Scholz es el único miembro de la SPD elegido directamente en este Estado de la antigua RDA, pero con una ventaja muy pequeña que su partido no mantiene en el escrutino por listas. En Berlín, la SPD solo conserva un representante directo de los cuatro que tenía en 2021.

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Los Verdes sufren un claro retroceso electoral con un resultado del 11,6 %, es decir, 3,1 puntos menos que en 2021. Sin embargo, la formación ecologista se mantiene por encima del nivel de 2017 (8,9 %) y puede confirmar una cierta implantación local, principalmente en los centros de las grandes ciudades y en las ciudades universitarias. Pero pierde cuatro mandatos directos y debe conformarse, esta vez, con doce representantes concentrados en las ciudades universitarias y de izquierdas: Colonia, Friburgo, Münster, Berlín, Stuttgart...

Los Verdes bajan en general en toda Alemania, pero aún más en sus bastiones tradicionales, donde pierden votos en favor del partido de izquierdas Die Linke. Este es el caso, en particular, de Hamburgo y Berlín, donde los Verdes pierden 5,6 y 5,2 puntos, respectivamente. En la capital, el partido pasa a ocupar el tercer puesto, cuando en 2021 era el segundo, muy cerca del SPD. Esta vez, es superado por Die Linke y la CDU.

No obstante, el partido ecologista conserva tres mandatos directos en la capital: su derrota en su histórico bastión de Kreuzberg frente a Die Linke se ve compensada por una victoria en Tempelhof, distrito hasta ahora en manos del SPD. Pero Los Verdes no están a la cabeza en ninguna parte de la capital en el escrutinio por listas.

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Die Linke, el partido de izquierdas, es la sorpresa de estas elecciones. Con un 8,8 % de los votos, ha desbaratado los negros escenarios que se le auguraban en las últimas semanas y avanza claramente con respecto al 4,9 % de 2021.

El partido ha progresado en casi todas partes, excepto en sus antiguos bastiones de los Estados federados de la antigua RDA y del Sarre. Por otro lado, muestra un claro aumento en las ciudades, donde se lleva parte del electorado verde, y en algunas zonas industriales, donde avanza en detrimento del SPD. Obtiene buenos resultados en el Ruhr, Hamburgo, Fráncfort del Meno, Colonia y Hannover.

Con estas elecciones de 2025, Die Linke se nacionaliza aún más y abandona su estatus de heredero del antiguo SED. En varios Estados federados occidentales, obtiene los mejores resultados de su historia, superando su récord anterior de 2009. Es el caso de Baja Sajonia (8,1 %), Renania del Norte-Westfalia (8,3 %), Hesse (8,7 %), Schleswig-Holstein (7,8 %) y Hamburgo, donde obtiene el 14,4 % de los votos.

Pero es en Berlín donde Die Linke obtiene su mejor resultado y se convierte, por primera vez, en la primera fuerza política de la capital federal, con un 19,9 % de los votos, frente al 14,3 % de 2021. Su arraigo local en las ciudades del Este le ha permitido ganar seis mandatos directos: uno en Erfurt, uno en Leipzig y cuatro en Berlín, donde la formación se impuso en dos bastiones verdes y socialdemócratas.

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El BSW de Sahra Wagenknecht, una escisión de Die Linke, se ha presentado por primera vez a las elecciones federales alemanas. Por poco no entra en el Bundestag con el 4,97 % de los votos. Le han faltado 13.435 votos para tener grupo parlamentario. Este partido “conservador de izquierdas” no ha logrado convencer a los votantes del Oeste: el BSW nunca supera el 10 % y solo supera el 5 % en el Sarre (6,2 % en el Estado) y en algunas circunscripciones del Ruhr y Hesse.

Por otro lado, el BSW confirma que es una fuerza a tener en cuenta en el Este, donde está desafiando la implantación de Die Linke. En otoño, el partido logró entrar en los parlamentos regionales de Turingia, Sajonia y Brandeburgo, con más del 10 % de los votos.

Confirma en parte este resultado superando el 10 % en tres “nuevos Estados federados”: Brandeburgo (10,7 %), Sajonia-Anhalt (11,2 %) y Mecklemburgo-Pomerania Occidental (10,6 %). En los dos primeros, el BSW supera a Die Linke. En Sajonia y Turingia, supera el 9 %. Su mejor resultado a nivel circunscripción se logró en Frankfurt del Oder, con un 12,6 %. Por el contrario, su resultado en Berlín es modesto (6,6 %).

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El partido liberal ha sufrido una derrota histórica. Con solo un 4,3 %, el FDP obtiene el peor resultado de su historia y queda excluido del Bundestag por segunda vez, tras el período 2013-2017. La caída es vertiginosa: los liberales retroceden 7,1 puntos y pierden 3,15 millones de votos. El líder del partido, el ex ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, ha anunciado que abandona la política.

Obviamente, el FDP queda descolgado en todas partes y de forma muy clara. En Baden-Württemberg, donde obtuvo el 15,3 % de los votos en las elecciones de 2021, solo obtiene el 5,6 % de los votos. Hesse es el único otro Estado federado donde alcanza el 5 % (frente al 12,8 % de 2021). Incluso en sus bastiones tradicionales, como el centro de Düsseldorf, solo obtiene un 7,81 %, su mejor resultado a nivel nacional.

El partido liberal desaparece casi como fuerza política en el Este, donde había logrado sin embargo un avance notable en 2021, superando incluso el 10 % en Sajonia. En estos Estados, obtiene entre el 2,8 % y el 3,2 %.

© Infografía Mediapart

El sistema electoral alemán se basa, desde 1949, en un doble voto concedido a cada elector. El primero (Erststimme) permite votar a un candidato en el marco de una votación uninominal mayoritaria en una sola vuelta a nivel de una circunscripción (Wahlkreis). Resulta elegido el candidato que haya obtenido más votos en esa circunscripción. En alemán, se habla de “mandato directo”.

El segundo voto (Zweistimme) permite elegir una lista establecida por un partido a nivel del Estado federado. Los escaños se distribuyen entonces proporcionalmente (según el método Saint-Laguë/Schepers). Estas dos votaciones son totalmente independientes.

Traducción de Miguel López

La candidata a la Cancillería en los comicios del domingo pasado por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weider, destacó este lunes los buenos resultados de su partido, sobre todo en el este del país, donde ganó en casi todas las circunscripciones, para reclamar el fin del cordón sanitario, según recoge EFE.

"El cordón sanitario debe desaparecer", dijo durante una rueda de prensa para analizar los resultados de los comicios, en los que la formación se alzó como segunda fuerza más votada con el 20,8 % de los votos, por detrás del bloque conservador formado entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU), bávara, que sumó el 28,6% de apoyos.

Weidel criticó que "no se puede ignorar a millones de electores", al referirse a los votantes de AfD y advirtió de que su partido, que ha duplicado su resultado en comparación con 2021, "superará a la CDU en los próximos años" a nivel nacional.

También aseguró que recibió una llamada del multimillonario estadounidense Elon Musk, quien la felicitó personalmente por el resultado. "Cuando encendí el teléfono esta mañana, o más bien lo miré, había recibido llamadas perdidas por la noche desde Estados Unidos, entre ellas la de Elon Musk, que me felicitó personalmente", señaló.

"Hoy hablaré por teléfono, no diré con quién, pero estamos dialogando. Somos la fuerza en Alemania reconocida internacionalmente, que está dialogando con todas las partes, y eso incluye a la Administración (del presidente Donald) Trump en Washington", afirmó.

Musk ha sido acusado por el Gobierno alemán de injerir en las elecciones alemanas tras haber apoyado en varios mensajes de su red social X y un artículo de opinión abiertamente a Weidel y su AfD, partido al que consideró el "único capaz de salvar a Alemania". Posteriormente además organizó un debate en X con Weidel que fue seguida por decenas de miles de seguidores del magnate y socio de Trump. Todo ello en pleno debate electoral.

También la víspera Musk, que había fijado una entrada en la que se podían ver varios emoticonos de la bandera de Alemania acompañadas de un escueto "AFD!", compartió un mensaje con una foto de una papeleta con las cruces puestas en las casillas de la AfD en uno de los colegios electorales alemanes. El multimillonario acompaña el mensaje con el comentario "cool" (genial).

Además del dueño de X y de empresas como Tesla y SpaceX, también el vicepresidente de EEUU, JD Vance, se inmiscuyó en la campaña electoral alemana cuando hace una semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich en un discurso abogó por derribar el cortafuegos que los demás partidos alemanes han impuesto a AfD para no cooperar con la ultraderecha ni en el Gobierno ni en el Parlamento.

En medio del tumultuoso panorama internacional, con Trump como principal elemento disruptor, una primera lectura de los resultados (provisionales) de las elecciones alemanas celebradas el 23 de febrero podría resultar tranquilizadora en la medida en que, por un lado, ha quedado claro que los alemanes siguen inclinados a acudir a las urnas (la participación, con un 84%, es la más alta desde la reunificación en 1990) y, por otro, la fuerza que ha recibido más votos —la CDU/CSU, liderada por Friedrich Merz— es netamente democrática y europeísta. Pero en cuanto se profundiza un poco más en esa línea, los nubarrones van ennegreciendo inevitablemente esa primera imagen.

Cabe recordar, en primer lugar, que la convocatoria electoral se ha producido como consecuencia directa del fracaso de la Ampelkoalition (“coalición semáforo”), que ha reventado antes de llegar al final de la legislatura por desavenencias internas, especialmente notables en el terreno económico, pero igualmente relevantes en relación con la transición energética, las políticas sociales o el apoyo a Ucrania. Tomados individualmente los socialdemócratas (SPD), con tan solo el 16,5% de los votos, registran el peor resultado de toda su historia (en 2021 obtuvieron el 25,7%), incapaces de frenar la pérdida de atractivo de sus propuestas en lo que llevamos de siglo hasta caer por primera vez desde la II Guerra Mundial por debajo del 20% de los votos. Por su parte, Los Verdes (con el 11,8% de los votos, frente al 14,7% de hace cuatro años) sufren igualmente una significativa caída, mientras que los liberales del FDP sencillamente se quedan fuera del parlamento federal al no lograr traspasar el umbral del 5% (4,4%, muy por debajo del 11,4% de 2021).

Pero tampoco la victoria de la propia CDU/CSU permite a sus dirigentes una excesiva alegría, si se recuerda que los votos obtenidos, el 28,5% del total, suponen el peor resultado de la democracia cristiana desde 1949 (con la excepción del 24,1% obtenido en 2021). Su líder tampoco llega con las mejores credenciales tras haber optado, con sonoras críticas de la propia Angela Merkel, por unirse a AfD el pasado 29 de enero en una votación en el Bundestag para restringir (aún más) el derecho de asilo.

Todo lo anterior queda oscurecido, en términos muy inquietantes, por el acusado ascenso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), convertido ahora en la segunda fuerza parlamentaria al duplicar el porcentaje de votos recibidos (del 10,3% en 2021 al actual 20,6%). Es, con diferencia, el partido que mejor ha sabido rentabilizar el malestar de un país que ha pasado de sentirse el motor de Europa a ser considerado el principal freno y el enfermo del continente, económicamente en recesión y atrapado en un modelo que no parece en condiciones de responder rápida y adecuadamente a los retos actuales. Especial importancia ha tenido en ello el manejo que sus dirigentes han hecho del tema migratorio, en un giro radical desde la postura valiente de Angela Merkel hace una década, abriendo las puertas a más de un millón y medio de inmigrantes, hasta la actual identificación de esa misma corriente migratoria como la señal más visible de la conspiranoica teoría del “gran reemplazo” y una amenaza directa a la seguridad nacional.

En consecuencia, y con el adelanto de la clara señal de castigo a los tres miembros de la coalición gobernante en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado año, ahora se confirma la incapacidad de Olaf Scholz y la cortedad de miras de sus socios para convivir políticamente y para manejar la agenda política y económica en mitad del conflicto de Ucrania.

La sensación dominante, por tanto, no puede ser de tranquilidad, sino de preocupación, tanto por Alemania como por el conjunto de la Unión Europea. Las elecciones no resuelven por sí mismas ningún problema, sino que, más bien, han hecho aún más visible que las opciones tradicionales pierden atractivo ciudadano, mientras una fuerza como AfD, nacida apenas en 2013, se sitúa ya solo por detrás de la CDU/CSU en el nuevo Bundestag, ya es mayoritaria en el territorio de la antigua República Democrática Alemana y ya tiene representación en catorce de los dieciséis parlamentos regionales. En esas condiciones, volver a la Grosse Koalition entre cristianodemócratas y socialdemócratas, que a tenor de los resultados parece insuficiente para formar gobierno, tampoco supondría ninguna garantía de que Alemania pueda enderezar el rumbo. En ese punto se abre un camino que lleva a contar nuevamente con Los Verdes, o a que Merz decida definitivamente romper el “cordón sanitario” y sume fuerzas con la ultraderechista Alice Weilde, cortejada abiertamente por la administración de Donald Trump, para conformar un nuevo equipo de gobierno.

Y si esa última opción es mala para Alemania, también lo es para una UE que la necesita como uno de sus principales motores, precisamente en un momento en que el regreso de Trump a la Casa Blanca va a poner a prueba tanto el vínculo trasatlántico como la comunidad de valores que supuestamente compartimos a ambos lados del Atlántico.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Lo advertía Geraldine Schwarz ya en 2019 en su novela Los amnésicos: las Alemanias –sí, en plural– no estaban vacunadas contra el autoritarismo ni el totalitarismo, y hoy Alternativa para Alemania, ese partido que es duro hasta para los duros de la ultraderecha, se ha erigido en segunda fuerza superando el 20% de los votos. Sin duda, la vencedora de la noche.

En unas elecciones con enorme movilización, la mayor desde la reunificación (83%), los conservadores de la CDU/CSU han quedado por debajo del 30%, muy lejos de sus expectativas –que llegaban en algunos casos al 35%– y alejados también de los resultados de 2013. Sería interesante conocer hasta qué punto el coqueteo de los conservadores con la ultraderecha de las últimas semanas ha podido mermar el avance de la CDU/CSU. Porque al normalizar e incluso coquetear con las ideas de su extremo han hecho que este pasara a ser una opción razonable para no pocos simpatizantes habituales de la derecha.

Por la izquierda, la notable caída del SPD, que obtiene su peor marca desde 1887, contrasta con la recuperación de su izquierda, Die Linke, que duplica apoyos, muy probablemente gracias a los votantes más jóvenes. Especialmente llamativo es el resultado de los Verdes, que bajan algo más de dos puntos, menos de lo que cabía esperar dadas sus notables contradicciones en la respuesta a la guerra de Ucrania, tanto en su aspecto ambiental como en su apuesta por el pacifismo. Probablemente, la figura de Annalena Baerbock, su lideresa, y con muy buena valoración en Alemania, puede explicarlo. Finalmente, el experimento anti-migración y supuestamente de izquierdas de Sarah Wagenknecht, símbolo del rojipardismo europeo, no ha dado resultados.

Los partidos centrales del sistema alemán, CDU/CSU y SPD, apenas suman el 45% de los votos, dibujando así un claro escenario de impugnación del sistema. Los jóvenes, al parecer, al menos los de Alemania occidental, han optado de forma muy significativa por Die Linke.

A falta de más datos —esta columna se escribe con los recopilados hasta las 22h de la noche de este domingo— hay algunas conclusiones que se pueden sacar ya:

1.- Pese a que Alemania lleva dos años en recesión y su industria está sumida en una potente crisis, la campaña alemana ha girado sobre el tema de la migración, lo que sin duda le ha beneficiado. No así a la CDU/CSU, lo que confirma que cuando la ultraderecha marca la agenda, es la principal beneficiada. Lo dijo la propia Alice Weidel, lideresa de AfD, en el debate posterior: «La CDU nos ha copiado nuestro programa». Ahí están los resultados; aviso para navegantes.

2.- El corazón político de uno de los países claves de la UE, Alemania, está hoy en entredicho. Que un 25% de los jóvenes –según las proyecciones– hayan votado por Die Linke y un 20% por AfD, habla de una brecha generacional manifiesta y una impugnación de los partidos centrales. Todo ello, en un ambiente de ganas de cambio.

3.- Una vez más, se constata el fracaso de la reunificación alemana. Son un mismo Estado federal, pero dos sociedades radicalmente distintas. A falta de los datos definitivos, diría que estos mapas pueden explicar mucho de lo que vimos anoche.

4.- Con los datos en la mano, la opción más posible es la reedición de la Gran Coalición; un acuerdo entre CDU/CSU y SPD, clave tanto para Alemania como para la Unión Europea. Las primeras declaraciones de Merz, el líder de la CDU, llamando a recuperar la industria clásica del automóvil de combustión, es una pésima noticia. Quizá calme los nervios en los centros industriales, pero es pan subvencionado para hoy y hambre seguro para mañana. Significa perder el tren definitivamente de la transición ecológica y la industria limpia. ¿De verdad va a promover esto la economía industrializada por excelencia, dejando vía libre a China para que lidere la nueva economía? ¿Qué posición tomará el SPD? Por cierto, esta posición hace más difícil, si cabe, los acuerdos con Los Verdes.

5.- Los cordones sanitarios, una vez más, se han mostrado ineficaces. Si bien consiguen que la ultraderecha no entre a gobernar, no impiden que los conservadores –u otros partidos– le compren el relato y las políticas, y lo más grave: ayudan a construir su discurso de que son algo distinto, lo que en tiempos de desconfianza institucional les cosecha buenos apoyos.

6.- Seguimos teniendo más una Europa alemana que una Alemania europea, y no porque los resultados de ayer no sigan la estela de otros países europeos, que lo hacen, sino porque a las seis de la tarde, nada más conocerse los sondeos, António Costa, el presidente del Consejo, convocó una reunión extraordinaria para el próximo 6 de marzo con objeto de valorar la situación respecto a la guerra de Ucrania.

Alemania siguió anoche la estela de otros países europeos con la ultraderecha creciendo en las urnas. Es posible que esta vez se salde con una vuelta a la Gran Coalición, con o sin un tercer partido en función de los resultados definitivos, pero eso no puede ocultar la magnitud del desafío. O el resto de partidos toman nota, aciertan en el diagnóstico y dan la respuesta adecuada, o no habrá cordón sanitario que pueda contenerlos.

En 2015 se estrenó Ha vuelto, una película enormemente polémica en Alemania. Su premisa era atractiva: qué pasaría si el mismísimo Adolf Hitler despertara por arte de magia en nuestro mundo y se anduviera paseando por las calles de Berlín. Pero era su formato de documental improvisado lo que cautivó al público e hizo de ella un auténtico fenómeno en Netflix. En varias escenas el actor caracterizado como ese supuesto Hitler resucitado salía a hablar con los ciudadanos alemanes para preguntarles su opinión sobre la democracia o la política. Mientras algunos viandantes le insultaban e incluso le intentaban agredir, otros se sacaban fotos con él, le felicitaban, e incluso realizaban el saludo nazi. Oliver Masucci, actor que interpretaba a Hitler en la cinta, aseguraba años después que tuvo miedo al ver esas reacciones positivas de la gente: “Era algo que antes nadie se atrevía a decir ni a hacer en Alemania, lamentablemente ahora es distinto, con estos populistas de derechas”, señalaba en una entrevista.

En el momento de realizar la película, Alternativa para Alemania (AfD), el partido al que veladamente se refería Masucci con sus palabras, tenía algo más de 2 millones de votos y no había ni siquiera logrado pasar la barrera del 5% de representación en el Bundestag. Este domingo, ese mismo partido ha logrado quedar en segunda posición en las elecciones alemanas, con un 20% del voto, y prácticamente doblando su apoyo de 2021. Es el mejor resultado de la historia del partido y de una fuerza de extrema derecha en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial en unos comicios que han sido los que más participación han tenido desde la reunificación (83%).

Su ascenso confirma el auge ultra en Europa, también en el país más importante del Viejo Continente, donde durante décadas ha actuado un cordón sanitario prácticamente irrompible a nivel federal (no tanto en los municipios, donde sí se han realizado pactos puntuales). Sin embargo, la crisis económica en la que está sumida Alemania desde la invasión rusa de Ucrania, el descontento de la población por la frustración de ver su país a la deriva y, sobre todo, su discurso antiinmigración, el cual ha sido copiado por prácticamente todo el arco parlamentario, ha hecho que AfD, pese a ser una de las extremas derechas más radicales de Europa, haya logrado un resultado histórico. Según las encuestas, la principal preocupación para los alemanes de cara a las elecciones de este domingo era la migración. Hasta un 44% de los votantes la consideraban como tal, una cifra 33 puntos mayor que en 2021.

Del descontento por la gestión del Gobierno sin duda también se ha beneficiado el ganador de las elecciones, Friedrich Merz, líder de la CDU y el que con toda seguridad será el próximo canciller de Alemania, a falta de conocer quienes serán sus compañeros en el Ejecutivo. Los conservadores llevaban más de un año liderando las encuestas pero este domingo se han quedado algo cortos en sus expectativas con un resultado del 29% y que confirma su tendencia a la baja en los últimos días en las encuestas. De hecho, la CDU solo logra subir 3 puntos con respecto a su decepcionante resultado de 2021, donde se hundieron tras ser favoritos en esos comicios.

Las polémicas durante la campaña electoral finalmente sí han pasado factura a un Merz que tendrá por delante la dura tarea de devolver a Alemania el liderazgo del Viejo Continente, no solo a nivel económico sino también a nivel político. Las alarmas saltaban el 29 de enero, cuando el político decidía aceptar los votos de AfD por primera vez en la historia del país para sacar adelante una moción en el parlamento que buscaba restringir la inmigración ilegal. El escándalo posterior con manifestaciones en las calles y la división interna de su partido, que incluso se llegó a romper durante una de las votaciones, hicieron que Merz tuviera que volver a repetir que nunca pactaría con la extrema derecha. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Pese a su magnitud, ese error no forzado no ha sido el único del líder de la CDU durante la campaña electoral. Merz nunca ha sido un gran comunicador, y siempre se le ha visto como alguien frío y distanciado de la realidad alemana por buena parte de los votantes. Su popularidad es relativamente baja, y su perfil de millonario falto de carisma le ha hecho muy complicado ganar votos durante la campaña. Tanto es así, que Merz ha logrado otro hito negativo: es la segunda vez en toda la historia de la CDU que el partido queda por debajo de la barrera del 30% al quedarse con un 28,5%, algo que habla a las claras de la victoria tan agridulce de los conservadores. 

Más allá de la victoria de la CDU, las elecciones son un castigo terrible para las fuerzas gobernantes. Solo Los Verdes, que pierden 3,2 puntos con respecto a su gran resultado de 2021, han logrado salvarse de la debacle. El mayor golpe se lo han llevado los socialdemócratas del SPD, que bajan nueve puntos y caen de la primera a la tercera posición con un 16,4% de porcentaje de voto, el peor resultado del partido en unas elecciones desde 1887.

No es ninguna sorpresa. El canciller Olaf Scholz deja el Gobierno con una popularidad por los suelos y con un dato histórico: solo un 17% de los alemanes dicen estar satisfechos con su gestión, el dato más bajo de la historia para un canciller saliente. Su gobierno, uno de los más breves de la Alemania democrática, será recordado por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que estalló poco después de que el socialdemócrata llegara al poder y que condicionó absolutamente toda su política. La crisis y los constantes conflictos dentro del Gobierno acabaron minando al propio Scholz, el cual terminó expulsando a los liberales de la coalición después de interminables luchas con su líder y ministro de Finanzas, Christian Lindner.

Precisamente ese partido, el FDP, ha sido el otro gran castigado. Llegaban de lograr su segundo mejor resultado desde la reunificación con un 11,46% y, finalmente se quedan sin representación al no superar la barrera del 5%. No solo pierden más de la mitad de sus votos, sino que también dejarían de ser el un partido bisagra sin poder de condicionar absolutamente nada en la política alemana tras tres años de polémicas y enfrentamientos dentro del Ejecutivo. Una situación que ha llevado a la dimisión de Lindner, que en la noche del domingo ya admitió el fracaso.

Mejor suerte ha tenido Die Linke, que ha confirmado ser la gran sorpresa de la campaña electoral. La formación de izquierda ha logrado un 8,7% del voto aupada por un espectacular crecimiento durante el último mes, en el cual pasó de estar por debajo del 5% a llegar a superar las expectativas de los más optimistas. Su campaña basada en redes sociales y enfocada a los jóvenes, grupo en el que han sido la fuerza principal por encima de la extrema derecha, ha funcionado a la perfección y les ha dado uno de los mejores resultados de los últimos años centrada en un discurso ideológico de izquierdas y basado en problemas sociales. Además, Die Linke ha sido el partido que mejor ha sabido explotar el apoyo de AfD a la CDU, movilizando enormemente a sus bases y erigiéndose como la opción indicada para frenar a la extrema derecha. 

Su éxito ha sido en buena parte a costa de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). El partido de izquierda rojiparda, socialista en lo económico pero conservador en lo social y con un potente discurso antiinmigración y contrario al apoyo a Ucrania, se ha desinflado enormemente durante la campaña. Pese a su éxito en las municipales del año pasado en el este de Alemania, finalmente el partido quedará fuera del Bundestag por la mínima, a sólo tres décimas del 5% (4,97%), viendo como sus votantes volvían a la formación de la que, precisamente, se había marchado Wagenknecht a finales de 2023. Su condena ha sido precisamente aquello que se convirtió en su seña de identidad: el discurso contrario a los migrantes. Cuando todos los partidos adquirieron ese tipo de relatos, el suyo se vio como uno más, perdiendo presencia mediática y votantes hasta que esta noche han terminado por no entrar ni siquiera en el parlamento.

Con estos resultados, Merz podrá formar una coalición de Gobierno con un solo socio, cómo él quería. La alianza entre SPD y CDU parece la única salida viable una vez queda fuera de la ecuación la extrema derecha a causa del cordón sanitario que Merz ha asegurado que mantendrá. "El mundo no espera y tampoco nos espera a nosotros, ni a largas y difíciles negociaciones de coalición", señaló el que será el próximo canciller de Alemania. "Ha llegado el momento de hablar intensamente entre nosotros, después de las elecciones regionales de Hamburgo (el 2 de marzo), a más tardar. Espero que hayamos terminado de formar Gobierno como muy tarde en Semana Santa", dijo a la cadena Phoenix.