La Comisión Europea inició en 2025 un proceso desregulatorio masivo en todas las áreas sobre las que tiene competencia, desde la banca a la seguridad en internet, pasando por el medioambiente o la defensa. Uno de los objetivos de Bruselas fueron los pesticidas, un sector con importantes intereses tanto de la industria química como de la agricultura. Un grupo especializado en salud y fitosanitarios ha estudiado la propuesta de la Comisión y ha revelado que, si sale adelante, medio centenar de pesticidas van a quedar exentos de controles rutinarios, y muchos de ellos son tóxicos o incluso cancerígenos, según denuncian.

Générations Futures, un grupo activista francés especializado en químicos y agricultura, ha analizado el plan de desregulación para este sector, presentado a mediados de diciembre por los funcionarios europeos, y los expertos estiman que 49 sustancias quedarían fuera del estricto sistema actual que vigila los impactos de los pesticidas en la salud. Algunos de ellos son muy conocidos en el mundo agrícola por su mala reputación, como el glifosato o el acetamiprid.

Hasta ahora, todas las sustancias activas (421) aprobadas por la Unión Europea y que son la base para la fabricación de pesticidas, deben someterse a un examen nuevo cada 10 o 15 años para garantizar que siguen siendo seguras, con estudios que incorporan la literatura más moderna para que sean cada vez más estrictos. Pero con el argumento de ahorrar costes y eliminar burocracia, se pretende suavizar los controles para que decenas de ellas solo tengan que ser analizadas una vez, y puedan usarse durante décadas, denuncia Pauline Cervan, toxicóloga de Générations Futures.

"Lo que necesitamos son más recursos humanos y financieros para evaluar los expedientes y reducir los retrasos en las evaluaciones. De las 49 sustancias, casi todas son consideradas dañinas para la salud o el medioambiente", asegura Cervan a infoLibre. Según añade, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la encargada de regular los fertilizantes, también ha pedido incrementar los medios para mejorar y acelerar los controles, pero la Comisión ha optado por reducirlos.

Según la documentación revisada por este grupo, la Comisión Europea justifica la propuesta en que ahorrará costes, aunque las cifras son irrisorias según Générations Futures. La estimación de Bruselas es que la desregulación ahorrará 16,84 millones de euros de un presupuesto milmillonario. Liberar de controles al glifosato ahorraría 605.500 euros y hacerlo con el acetamiprid, 176.100 euros.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuos en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo, un proceso que puede demorarse meses.

Los activistas denuncian que las sustancias que estarán libres de reanálisis suponen un peligro para la salud y la naturaleza. Algunas de ellas son un riesgo para los agricultores o jardineros que las manipulan, o incluso para los consumidores porque se conservan en el alimento hasta que llega a la mesa. Otras pueden matar a las abejas –polinizadoras imprescindibles– o a peces y otros animales que viven en el ecosistema, o afectar a su reproducción o comportamiento. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) considera el glifosato –el herbicida más utilizado en Europa– como probable carcinógeno, mientras que el acetamiprid es muy tóxico para las abejas y neurotóxico en humanos.

En la lista elaborada por la organización francesa también hay sustancias etiquetadas como CMR (carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción), como el captan, el folpet, el forclorfenurón, la abamectina y la flumioxacina. Algunos de estos fitosanitarios además contienen PFAS –aditivos químicos que incluyen enlaces de carbono y flúor– que los convierten en sustancias extremadamente persistentes en la naturaleza, multiplicando su daño.

"Este análisis revela las consecuencias reales de los planes de la Comisión", opina también Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network, otra organización que lucha contra el abuso de los pesticidas en Europa. "Los plaguicidas sospechosos de causar cáncer, relacionados con la neurotoxicidad o que contienen PFAS, obtendrían una autorización ilimitada. Esto es inaceptable y socava la protección de la salud humana y el medioambiente", subraya.

La regulación que ahora se pretende desmantelar ha servido durante más de una década para retirar del mercado químicos que en un comienzo se creían inofensivos, pero que se terminaron descubriendo tóxicos con los avances en investigación. Según Pauline Cervan, desde 2013 y gracias al proceso de renovación obligatorio, se han prohibido 31 sustancias tóxicas que servían de base para fitosanitarios, entre ellas el clorpirifos (neurotóxico) y el clorotalonil (carcinógeno).

La regulación actual, añaden los críticos, tampoco es perfecta, ya que muchas sustancias sospechosas de ser peligrosas siguen en el mercado porque no hay un sustituto para la sustancia o porque la industria química financia estudios de parte para presionar a la Comisión a prorrogar su uso, como se ha denunciado en el caso del glifosato.

El estudio de los activistas franceses estima que 49 sustancias se blindarán frente a las renovaciones, pero la cifra es una aproximación realizada por los toxicólogos. La Comisión no ha dado por ahora detalles sobre cómo funcionará el nuevo proceso ni sobre qué sustancias se librarán de él. Bruselas solo ha proporcionado una lista inicial de 17 que podrán eximirse, entre ellas el glifosato y el acetamiprid.

Esta falta de transparencia es precisamente otra de las quejas de los activistas. La propuesta de desregulación es ambigua y deja la puerta abierta a que los fabricantes de pesticidas presionen para que más sustancias activas queden blindadas frente a estos controles porque se puede hacer una interpretación laxa de la normativa. En concreto, una de las condiciones que obligará a reevaluar sustancias ahora permitidas será que durante su último estudio tengan "incertidumbres relevantes durante el proceso de análisis de riesgos".

"El concepto de incertidumbre es especialmente impreciso y susceptible de todo tipo de interpretaciones, sobre todo porque no utiliza la nomenclatura con la que la EFSA clasifica la información contenida en sus evaluaciones de riesgo", se quejan los expertos. "Esto abre la puerta a evaluaciones arbitrarias influenciadas por factores políticos, muy alejadas de cualquier lógica científica".

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. Un análisis reciente al que ha accedido infoLibre demuestra este problema en el sector del plátano. El estudio, de 2025, analiza 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

En concreto, el análisis detecta restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.

En la sala de audiencias, es casi seguro que parte del público ya ha probado alguna vez una lechuga o una escarola de Didier Cornille. Ya sea en una ensalada César al mediodía o en una bolsa comprada en el supermercado para añadir verduras a su comida.

A sus 58 años, este agricultor afincado en Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) se ha convertido en el rey de las ensaladas en Francia. Su empresa (la SCEA Reveny) cultiva 470 hectáreas, lo que supone 34 millones de unidades al año. Y estas ensaladas cuentan con la etiqueta de alto valor medioambiental (HVE), que premia la “estrategia fitosanitaria” del horticultor.

Pero en mayo de 2022, unos gendarmes acompañados de investigadores de los servicios veterinarios descubrieron en su explotación 1.174 litros y 275 kilos de productos fitosanitarios prohibidos.

El presidente del tribunal, Pascal Gand, da lectura a la lista:

“Legurame líquido, tres garrafas de 5 litros; Atraline 50, dos garrafas de 5 litros; Actara, tres cajas de 1 kilo; Klartan, una garrafade 5 litros; Rovral, setenta y dos sacos de 1 kilo; Karva, treinta y tres garrafas de 10 litros; Rovral Aqua Flo, una garrafa de 1 litro; Plenum 50 WG, una caja de 1 kilo; Proteo blanc L 20, cincuenta y tres garrafas de 1 litro; Sekoya, cuatro garrafas de 5 litros; Sabero Mancozeb 80, ocho sacos de 25 kilos; Palermo, treinta y siete garrafas de 20 litros”.

También había “seis productos españoles sin licencia comercial (Laotta, Finale, Kerb Flo, Flordimex, Dominex) y otros dos de Bélgica (Legurame) y Grecia (Sharimida)”.

La mayoría de esos productos estaban almacenados en un cobertizo, lejos del local de los productos autorizados, sin ningún tipo de etiquetado. En cuanto a los 300 litros de Karva, un fungicida prohibido, o los 740 litros de Palermo, otro fungicida, un investigador de los servicios veterinarios, presente en la audiencia, estima que podría tratarse de “existencias” denominadas “de oportunidad”, constituidas antes de la prohibición de esos productos.

Con la mano en el corazón y el rostro contrito, Didier Cornille, vestido con un chaleco sin mangas acolchado, hace las paces: “Debo reconocer que es una falta profesional no haber eliminado estos productos [tras su prohibición] en el plazo establecido”, declara. “Era totalmente innecesario conservarlos.” “No puedo aceptar que se hable de negligencia”, zanja el investigador veterinario. “No se almacenan cantidades así... El Sr. Cornille es un profesional experimentado”.

El horticultor afirma haber constituido su colección recuperando productos, en particular en granjas abandonadas, y haberlos ocultado debido a los repetidos robos. Pero también se le acusa de realizar pedidos a gran escala de productos prohibidos.

Junto a Didier Cornille, otros dos horticultores y un intermediario comparecen desde el lunes 12 de enero en la sala de juicios extraordinarios del cuartel de Le Muy, en Marsella, por posesión de productos fitosanitarios prohibidos.

Otros tres agricultores se han excusado, uno de ellos por motivos médicos, y están representados por abogados. Es el caso de Frédéric Berlhe, número uno francés en la producción de melones, que trabaja 1.300 hectáreas.

Antes de pillar a los horticultores, la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP) había descubierto en 2020 entregas de un pesticida prohibido (probablemente cancerígeno) a base de dicloropropeno a productores de zanahorias en Créances (Manche), a través del mismo intermediario, bajo la apariencia de ventas de fertilizantes. Esa primera red fue juzgada y condenada en 2021 y 2023.

El intermediario Alain Hebrard, de 78 años, exrepresentante de productos fertilizantes establecido en España y Marruecos, había reconocido “distribuir los productos en el sureste”. Esas confesiones provocaron la intervención de la fiscalía de salud pública de Marsella y, en 2022, una oleada de registros en las casas de Didier Cornille y sus amigos horticultores.

“Lo preocupante es el uso de los documentos incautados en el domicilio del Sr. Hebrard”, expone el presidente Pascal Gand ante Didier Cornille. “Hay muchos documentos que le mencionan a usted y a su empresa Reveny, y muchos productos...”

En octubre de 2020, por ejemplo, el intermediario escribe: “Reveny OK”, “esta semana se pagarán 104.800 [euros]” por Basta, un herbicida con glufosinato retirado de la venta en octubre de 2017. “En el mismo periodo, usted recibe una factura por el mismo importe de Agro Naqui [el proveedor de la red, ndr] en España”, señala el presidente.

“Yo no sé lo que hizo Hebrard en sus anotaciones”, responde Didier Cornille. “Yo compré Bioclean, un producto que destruye las algas que se encuentran dentro de las tuberías.”

En otro documento, el intermediario anota los precios de compra de los productos, en particular 3.000 litros de Basta, su “precio de venta a Didier” y su “comisión” de 6.000 euros. En esta ocasión, la venta se oculta mediante una factura falsa de fertilizantes pagada por la empresa del horticultor. Por este motivo, los acusados son procesados por falsificación y uso de documentos falsos. En otra factura en la que se mencionan fertilizantes, hay una nota adhesiva escrita a mano por el intermediario indicando los nombres de los productos prohibidos que  efectivamente se vendieron.

En la pantalla del tribunal, el presidente muestra otros archivos al horticultor, que permanece imperturbable. “Si yo fuera usted, me haría la misma pregunta”, admite. Se le muestra “la carga definitiva del camión Reveny”, una entrega destinada a su empresa, y la lista de los diferentes palés de productos prohibidos que deben almacenarse en ella: Vapam, un herbicida a base de metam sodio, y Confidor, un insecticida a base de imidacloprid. La misma reacción: “No entiendo nada de esto”, responde.

Llamado al estrado, el intermediario reflexiona largamente y afirma que Didier Cornille no le encargó nada de eso. ¿El camión Reveny con palés en su interior? “Sin duda, eso no se hizo”, asegura. Pero las comisiones que se iban a cobrar, las transferencias que se iban a ingresar, “¿todo eso son castillos en el aire?”, pregunta el juez. Alain Hebrard se encoge de hombros.

En una escucha telefónica de octubre de 2020 desvelada por el abogado de Générations futures (asociación de defensa del medio ambiente, ndt), el intermediario se jactaba de haber “encontrado Basta” para Cornille: “¡3000 litros nada menos!”, decía todo contento.

Alain Hebrard reconoció varias entregas, incluso en el sureste.

“Lo hice con toda honestidad, sin saber que algunos productos autorizados en España están prohibidos en Francia...

— ¿Es usted una especie de justiciero del mundo agrícola?”, ironiza el presidente.

— No entiendo por qué se sigue importando en Francia productos tratados con productos prohibidos en Francia...

— ¿Es usted quien decide eso?”, replica el presidente. “En cualquier caso, usted ha hecho negocios con eso, ha ganado dinero con ello.”

El presidente saca a relucir un contrato de consultoría firmado por una empresa del intermediario en Delaware, LLC Liquid Organic Fertilizer, con una estructura del horticultor. “¿Por qué creó usted una empresa en Delaware?”, pregunta el presidente. Hebrard dice que se lió. Que fue su contable española quien le “aconsejó hacerlo”.

“¿Por qué en Delaware? ¿Por motivos fiscales?”, insiste el juez.

“Ni siquiera sé dónde está...”, responde el intermediario.

“Le conozco desde hace veinticinco años”, admitió Didier Cornille, al ser preguntado por el intermediario. “Me daba su opinión sobre los cultivos. Me vendió mucho fertilizante, materia orgánica. Era uno de mis asesores. Si teníamos algún problema, le llamábamos”.

La trayectoria de Alain Hebrard, condenado definitivamente a seis meses de prisión condicional en el primer caso, plantea interrogantes al tribunal. Antiguo representante, “mejor vendedor” y asesor técnico de fabricantes de fertilizantes, registró varias patentes y creó empresas en España, Marruecos y Estados Unidos.

“¿Estudió usted química, biología?”, pregunta el presidente. “¿De dónde le viene eso de inventar fertilizantes?”

—Mi hermano estaba en el CNRS y mi padre era médico. Yo no hice estudios, pero hablábamos de técnica...

— Entonces, en base a esas conversaciones, se puso a inventar productos...

— Al fin y al cabo, mi hermano estaba en el CNRS...”

El intermediario asegura a continuación que “nunca se ha especializado en fitosanitarios...”

“Usted ha dicho que eran fertilizantes...”, le recuerda el presidente.

— De fitosanitarios no entiendo ni jota.

—Lo que se le reprocha es vender fitosanitarios haciendo creer que eran fertilizantes”, prosigue el magistrado. “Usted no tiene el certificado fitosanitario, pero tampoco tiene la autorización para dar consejos sobre fitosanitarios. Hay un marco, señor, para ejercer esta profesión.

—¡Nunca he dado consejos sobre productos fitosanitarios, nunca!”.

Didier Cornille pide al tribunal “cinco minutos para resumir su vida”. Partiendo de cero, creó una Gaec (agrupación agrícola de explotación común) con su padre, poco antes de decidir dedicarse al cultivo de una hectárea y media de lechugas, en 1987.

“Poco a poco, fuimos haciendo más”, cuenta. “Conocí a una empresa, Florette, que me ofreció contratos. Me solicitaron mucho. Seguimos trabajando con ellos. Desarrollé la actividad de las ensaladas. Y luego contacté con otras empresas que lo hacen en bolsas: Bonduelle, Crudettes. Esa gente me permitió crecer mucho. También hemos trabajado con Carrefour, Intermarché, Système U, con compromisos verbales. He desarrollado el tomate industrial para hacer pizzas. Esta actividad me ha consumido la vida”, concluye a punto de sollozo. “He trabajado mucho para llegar hasta aquí.”

Además de sus lechugas y tomates, Didier Cornille produce 9.000 toneladas de melones en 300 hectáreas, cultiva 600 hectáreas de trigo duro, 300 hectáreas de arroz de Camarga, 110 hectáreas de olivos y pequeñas superficies de calabazas y sandías...

Sus explotaciones son objeto de “controles aleatorios” “cada semana”, dice en su defensa: “No han encontrado nada. Espero que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”. Pero el inspector veterinario contradice al horticultor, subrayando que los análisis multirresiduos “solo permiten encontrar lo que se busca”. “Los riesgos son evidentes, tanto medioambientales como toxicológicos, con productos que no tienen autorización de comercialización y que no se buscan”, precisa el inspector.

El presidente recuerda las antiguas condenas que figuran en los antecedentes penales del rey de las ensaladas, por “trabajo encubierto”, “lesiones involuntarias” por un accidente laboral y, más recientemente, “destrucción irregular de residuos” de plásticos agrícolas.

También fue condenado a una multa por “violencia sin provocar ninguna interrupción temporal del trabajo (ITT)” contra dos periodistas de France 2 en 2020. Además, apareció en la investigación sobre la empresa española de trabajo temporal Terra Fecundis, condenada en dos ocasiones por “ejecución de trabajo no declarado” y “contratación ilegal de mano de obra”.

Una abogada de la parte civil señala además su implicación en otros delitos medioambientales (perforaciones no conformes y esparcimiento irregular), lo que provoca una ruidosa protesta por parte de los abogados del horticultor.

“No entiendo muy bien qué hago yo aquí”, concluye finalmente Didier Cornille. “No tengo nada que reprocharme.”

Traducción de Miguel López

La Comisión Europea lleva meses inmersa en una carrera por desregular cada uno de los sectores estratégicos de los 27 países, con más de una decena de proyectos ómnibus en marcha para defensa, tecnología, medioambiente, finanzas… Este martes era el turno de la agricultura, con la presentación de un paquete enfocado en ahorrar costes y agilizar permisos para pesticidas que abre la puerta al empleo no supervisado de químicos tóxicos e incluso cancerígenos. Los daños los sufrirán primero los agricultores que los manipulan, aunque estos químicos se detectan a menudo en los alimentos que llegan a los hogares.

Los expertos advierten de que se trata del cambio más importante en la política de pesticidas desde 2009. La propuesta más sonada es que aquellos productos que ya están autorizados no tengan que someterse a revisiones periódicas, sino que su empleo quede blindado indefinidamente. Hasta ahora, un fertilizante autorizado en el campo debe ser reevaluado cada 10 o 15 años aprovechando los avances científicos, una medida que ha permitido sacar del mercado productos muy peligrosos para la salud, pero la Comisión entiende que esto supone un bache para la industria química y un gasto desproporcionado en investigación.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuo en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y la Comisión, un proceso que puede demorarse meses.

Kistiñe García, especialista en tóxicos de Ecologistas en Acción, subraya el papel indispensable que juegan ahora los controles rutinarios sobre pesticidas y alerta del peligro de desmontar esta normativa. "Gracias a las comprobaciones obligatorias se han eliminado 162 sustancias dañinas, diez de ellas cancerígenas y diez disruptores endocrinos. Por ejemplo, una revisión de 2019 sacó de la lista al clorpirifós, el insecticida con mayor presencia en los vegetales españoles, porque causaba daños en el cerebro infantil", afirma García.

PAN Europe, una ONG especializada en pesticidas, calcula que el agujero legal que prepara Bruselas dejaría libre de exámenes al 90% de las sustancias activas que en este momento utiliza la agricultura, aunque la Comisión sí va a mantener el sistema actual de reevaluación para una serie de pesticidas peligrosos. Del gran bloque que va a ser desregulado, no todas las sustancias son potencialmente peligrosas. Una porción son biocidas naturales (como feromonas o microorganismos) que tienen un impacto menor en la naturaleza.

En una versión anterior de la propuesta, que se filtró el mes pasado, Bruselas daba vía libre a todos los pesticidas, pero la presión que han ejercido en las últimas semanas el mundo científico y las organizaciones civiles ha obligado a mantener una mínima red de seguridad. El 10% de las sustancias que seguirán estando sometidas a revisión son las llamadas sustancias candidatas a sustitución, aquellas que tienen evidencias de toxicidad, pero no tantas como para ser prohibidas inmediatamente. En su caso se revisan cada siete años por su elevado riesgo.

También se mantendrán los controles regulares actuales sobre sustancias específicas "cuando existan razones científicas para ello", según el texto de Bruselas, y sobre las que hayan suscitado incertidumbres sobre sus daños en el examen anterior, aunque estas excepciones tendrán que concretarse en las negociaciones futuras.

Angeliki Lysimachou, directora de Ciencia y Política en PAN Europe, explica a infoLibre que el sector de los pesticidas no se puede desregular porque es extremadamente común que con el tiempo se detecten riesgos sanitarios en productos hasta ahora aceptados. "Los pesticidas sintéticos se diseñan específicamente para dañar a los organismos vivos. Los avances científicos nos permiten averiguar si no solo atacan a los organismos objetivo, sino también a humanos y otros seres vivos", aclara.

El glisofato, el polémico y más común herbicida del mundo, es uno de los productos que en principio podrían beneficiarse del nuevo agujero legal porque a finales de 2023 recibió una extensión de uso de 10 años, aunque la controversia que rodea a este producto podría forzar a Bruselas a introducirlo en la lista negra de los que se sometan a examen.

El glisofato se utiliza para matar pastizales o evitar que crezcan hierbajos en los márgenes de las carreteras, entre muchos otros usos. Estudios independientes lo han relacionado con desarrollo de cáncer, daños cerebrales, alteración endocrina e impacto sobre insectos y anfibios, pero el estudio que realizó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no encontró "ningún aspecto extremadamente preocupante que impida renovar la autorización", ni relación con el desarrollo de cáncer ni con la disrupción endocrina.

"No sabemos qué pasará con el glisofato, pero es que creemos que ni la Comisión lo sabe", añade Lysimachou. "Han corrido tanto en hacer la normativa que ni ellos tienen claro a lo que se refieren", añade. La Comisión anunció en octubre que iba a elaborar un paquete ómnibus de alimentos y piensos, y en solo dos meses han elaborado la propuesta para reformar una ley que tiene 16 años.  

La industria agrícola europea lleva años quejándose de las trabas burocráticas que suponen estos exámenes porque obligan al sector a buscar alternativas a esos productos tóxicos y a gastar millones de euros en investigación y estudios sanitarios. La Comisión calcula que esta nueva legislación, si entra en vigor, ahorrará "más de 428 millones anuales para las empresas de la UE y 661 millones anuales para las administraciones nacionales". Cada evaluación de una única sustancia supone revisar cientos de estudios, y una vez que es aprobado en la UE, cada estado miembro debe llevar a cabo su propia evaluación y autorización en un proceso que puede demorarse hasta una década.

Precisamente este último punto también está a punto de cambiar, según el texto publicado por la Comisión Europea. Hasta ahora, cada país debe realizar por su cuenta un análisis "independiente y objetivo" de cada sustancia para que se pueda usar en sus fronteras, por mucho que tenga el visto bueno de Bruselas, pero la nueva propuesta aclara que ahora tendrán que basarse en el estudio científico previo de la EFSA, no en sus propios análisis. Otro cambio sustancial es que hasta ahora, cuando una sustancia se prohíbe por su toxicidad, el sector químico tiene seis meses para retirarla del mercado, pero el nuevo documento sugiere que se pueda vender durante los siguientes 12 meses.

Expertos y activistas denuncian que la idea original de la reforma era facilitar la entrada de nuevos biocidas en la Unión Europea para que los agricultores tengan más opciones para combatir las plagas y no recurran a la respuesta química, pero la Comisión ha aprovechado para acelerar la aprobación de sustancias sintéticas. "La industria se quejaba de que no podía poner biocidas en el mercado, pero lo que se ha hecho es facilitar que todos puedan comercializarse, también los químicos", se queja Lysimachou.

El 90% de las enfermedades crónicas están relacionadas con el medioambiente y su detección aumenta en las dos primeras décadas de la vida, por lo que un centenar de científicos y médicos han suscrito la Declaración Futuro Sin Tóxicos que este martes han llevado al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Sanidad, según recoge EFE.

"Diariamente estamos en contacto con productos que, aunque estén en el mercado, no son seguros. Son productos derivados del petróleo, de uso cotidiano y de una toxicidad lenta, pero persistente", este es el mensaje que recoge la declaración que pide al Gobierno medidas urgentes para proteger la salud pública y acelerar la revisión de la normativa existente.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Española Científica de Pediatría, Juan Antonio Ortega, ha asegurado que las enfermedades crónicas están creciendo en la etapa infantil y adolescente como es el caso del cáncer pediátrico con un aumento del 1% anual en los países de la Unión Europea, y todo ello vinculado a la toxicidad del entorno.

Trastornos endocrinos, neurodegenerativos y del neurodesarrollo, enfermedad respiratoria, cáncer, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica son algunas de las patologías crónicas vinculadas al ambiente, y que son, precisamente, las que colapsan los centros de salud y se llevan el 70% del gasto sanitario.

Ortega también ha ahondado en la necesidad de evitar la exposición a químicos hormonalmente activos durante el embarazo y los primeros años de vida.

"Ahora recogemos lo que hemos sembrado, las enfermedades respiratorias no paran de crecer y se disparan las cardíacas a los 30-40 años por exposiciones tempranas. Hemos llegado a normalizar los broncodilatadores en los niños", ha enfatizado. Por esto, ha insistido en que se trata de abordar desafíos nuevos para los que la normativa actual ya no sirve.

En la rueda de prensa, el representante de la Sociedad Española de Endocrinología Nicolás Olea ha comentado que "un bote de orina lo dice todo". Según este experto, el 83% de los niños valencianos tienen presente en su orina restos de un pesticida prohibido en 2021, que se utilizó en esa área. Olea también ha afirmado que metales pesados como el cadmio y el mercurio están presentes en la leche materna, por lo que ha llamado a poner el foco en las embarazadas y los niños. Los firmantes de la Declaración Futuro Sin Tóxicos quieren que se regulen las sustancias teniendo en cuenta el "efecto cóctel" y su posible acumulación en el organismo y la exposición continuada.

Según la Fundación Rezero, que aúna este proyecto, la aplicación de la nueva normativa por la salud pública deberá estar basada en el conocimiento científico y aplicar el principio de precaución con los criterios de salud más exigentes, que tengan en cuenta a niños y embarazadas. Los firmantes han pedido al Congreso y a la Dirección General de Salud Pública que tengan la "honestidad" de incrementar las medidas y evaluar el riesgo de la exposición, especialmente a la población más sensible. Y que se exija a la industria absoluta transparencia en la composición de los productos que ponen en el mercado, a partir del etiquetado de los productos y con mecanismos como el pasaporte digital. 

Una de las exigencias de los agricultores y ganaderos de los últimos días es el endurecimiento de los controles en las fronteras, por donde entran cada día toneladas de alimentos del extranjero. El sector primario señala que España importa productos de Brasil, Marruecos o China que no cumplen con los estándares europeos y no pueden competir con ellos. Una solución a corto plazo anunciada por el Gobierno es el refuerzo de las inspecciones de frontera, que ahora son mínimas, según los últimos datos oficiales. En 2021 apenas se realizaron 255 análisis a productos importados para comprobar si tenían restos de pesticidas peligrosos, siendo España el país de la UE que menos examinó en la Unión Europea.

El sector de los pesticidas, también llamados fitosanitarios —donde se incluyen los plaguicidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas— es uno de los más controlados de la Unión Europea debido a sus implicaciones sobre la salud pública. Cada sustancia química que se usa para acabar con las plagas es minuciosamente estudiada por la Unión Europea, aunque se ha demostrado que muchas tienen un impacto sobre los humanos o el entorno. A esto se suma que los alimentos producidos fuera de los Veintisiete tienen unas exigencias mucho menores o inexistentes y terminan entrando en el continente.

El control de frutas, verduras o carnes en las fronteras europeas depende de cada país, y unos invierten más que otros en vigilancia. Según los datos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), España hizo 1.891 análisis en 2021 en busca de pesticidas no permitidos, la gran mayoría a alimentos producidos dentro del país, y solo el 13,4% de las pruebas fueron a productos importados, 255 en total. En comparación, Alemania hizo más de 20.000 test ese año, Francia 13.000 e Italia 9.500. Otro experto en el sector explica que en España la gran mayoría de los estudios son a productos interiores porque gran parte de los alimentos consumidos se producen dentro de sus fronteras.

Para comprar las cifras entre países, la EFSA publica el número de estudios comparados con la población total. España hizo 4 análisis a alimentos cada 100.000 habitantes, menos que ningún otro país, y varias veces menos que los 19 de Francia, los 25 de Alemania o los 16 de Italia. En contexto, ese año España importó 42.000 toneladas de alimentos, y los principales vendedores fueron la Unión Europea (48%), Brasil (13%), Ucrania (7,3%), Argentina (5,6%), Estados Unidos (3,7%), Indonesia (3,2%), China (1,9%) y Marruecos (1,8%).

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, explica que la escasez de estudios sobre las importaciones se debe a la falta de personal. "Pasa aquí y en otros países, no hay suficientes funcionarios para supervisar pese a que el volumen de mercancías no para de crecer", afirma. Una solución podría ser un cuerpo comunitario de control de fronteras, pero en el pasado se intentó y ninguno de los 27 países estuvo dispuesto. "Nadie tiene interés en que el resto de gobiernos meta las narices en sus fronteras. Ya se ha visto con el caos que ha provocado la creación de Frontex", añade Azcárate. Además de que cada Estado organiza los análisis por su cuenta, las competencias están repartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, complicando aún más la labor.

En todo caso, los análisis que se realizan en España y la UE arrojan que la contaminación de productos por pesticidas es muy reducida. Según la Agencia Española de Protección Alimentaria (AESAN), los residuos químicos estudiados en España superaron los estándares europeos en el 2,52% de las muestras analizadas, la mayoría en frutas y verduras, un porcentaje similar al del resto de países vecinos. Todos los contenedores que superan los límites legales son destruidos o redirigidos fuera del continente. Aunque son pocas las muestras que superan los topes permitidos, alrededor del 40% de los alimentos examinados en la UE tiene restos de fitosanitarios en cantidades permitidas, lo que preocupa a las organizaciones civiles.

El uso de los pesticidas está acotado en Europa porque su impacto en la salud y el medioambiente está más que demostrado, y en la última década se han prohibido en el continente la mayoría de los químicos más perjudiciales. Existen unas 900 sustancias activas que forman los fitosanitarios y en la Unión Europea está permitido utilizar 445. La mitad de ellas son sintéticas, y el resto soluciones biológicas más respetuosas con el medio ambiente y la salud. El proceso de aprobación de un pesticida en la UE dura unos 11 años, explican desde la patronal del sector, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).

Sin embargo, tanto los defensores de los pesticidas como sus detractores critican que algunos de los baremos fijados por Bruselas son arbitrarios, y atienden a motivos políticos. "No solo se tiene en cuenta su impacto en la salud, sino también el coste económico de vetar un producto. Si un país europeo lo necesita sí o sí para garantizar un cultivo, se negocia", explica Kistiñe García, responsable de Futuro sin Tóxicos en Ecologistas en Acción.

Una vez que la Unión Europea ha dado el visto bueno a un principio activo, cada país decide si permite su uso dentro sus fronteras. En España debe pasar antes por el visto bueno de cuatro ministerios: Agricultura, Transición Ecológica, Sanidad y Trabajo, para que valoren su efectividad y su impacto sobre el medioambiente, la salud de los consumidores y los empleados que los manipulan.

Un análisis publicado en julio de 2022 en la revista Science Direct sobre las 230 sustancias activas sintéticas permitidas en la UE que determinó que casi el 80% (181) tienen un impacto apreciable en la salud humana. Sus principales impactos son las irritaciones oculares, cutáneas y de las vías respiratorias (37%, 25% y 22% del total, respectivamente), las alergias cutáneas (21%) y su alteración en la fertilidad y el crecimiento (24%).

La Agencia Europea de Medioambiente afirma que hay "evidencias firmes" y en otros casos "sospechas" de la relación entre la exposición a fitosanitarios y diferentes tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, Parkinson o Alzhéimer, y que su principal daño viene por la ingesta de alimentos, aunque la exposición diaria de la población europea es mínima. Algunos pesticidas también afectan al sistema endocrino, incluso en dosis muy bajas.

En España esta información es especialmente relevante, ya que fue en 2021 el país que más fitosanitarios empleó en la Unión Europea, según Eurostat. Más incluso que Francia, que tiene una mayor superficie de cultivo. El principal motivo es que una vez que un país legaliza un pesticida, cualquier agricultor puede emplearlo sin ningún control, a diferencia de los medicamentos en la ganadería, que solo pueden ser recetados por un veterinario que supervisa su uso.

Grupos activistas llevan años peleando en Bruselas por una legislación más dura contra estos químicos, pero en diciembre perdieron una de las batallas más mediáticas: la renovación del permiso uso del glifosato, un principio activo que se usa para secar el cereal y acelerar su cosecha, pero que se ha demostrado cancerígeno. La Comisión aprobó hace dos meses su empleo por otros diez años más porque no los agricultores afirman que no hay una alternativa en el sector.

Estas excepciones son recurrentes en el sector fitosanitario, donde los gobiernos permiten el uso excepcional de pesticidas —de aquellos que no están permitidos en la Unión Europea— si no hay una alternativa en el mercado y se trata de una situación de emergencia. En España hay nueve excepciones activas en este momento, aunque su empleo no pude superar los 120 días por precauciones sanitarias.

¿Ciencia o lobby industrial? Bruselas está estudiando si el glifosato, el herbicida más utilizado a nivel mundial, debe seguir en el mercado europeo. Este verano, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió su dictamen: no hay "áreas críticas de preocupación" que impidan la renovación de la autorización del herbicida. La Comisión Europea propuso este miércoles renovar la licencia de uso por un periodo de 10 años, lo que rebaja en cinco el tiempo propuesto por un grupo de empresas que busca su renovación, aunque deber ser aún refrendado por los Estados miembro. La nueva normativa se someterá a la votación de los 27 Estados miembros en el Consejo Europeo de los días 12 y 13 de octubre. 

La última vez que los Estados miembros votaron sobre esta cuestión, hace seis años, la decisión de mantener el glifosato en el mercado fue aprobada por los pelos: la mayoría en el Consejo Europeo fue sólo del 65,2% de la población de la Unión, y el mínimo de la mayoría cualificada era del 65%. Los votos a favor de Alemania, Reino Unido, España y Polonia inclinaron la balanza, a pesar de tener a Francia en contra.

En París, sin embargo, han dado marcha atrás desde 2017. Marc Fesneau, ministro francés de Agricultura, declaró a Ouest France el pasado 12 de septiembre: "Todo converge hacia una nueva homologación". ¿Su argumento? "Confiamos en la ciencia, en los estudios que dicen que el glifosato no plantea problemas cancerígenos". Esto es también lo que dijo la primera ministra Elisabeth Borne en el Salón de la Agricultura en febrero: "Cuando se trata de productos fitosanitarios [...], nuestro enfoque se basa en la ciencia y en las opiniones de los científicos". 

En el caso de España, la decisión recaerá en el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas. En julio, instó a seguir el camino marcado por el dictamen de la EFSA, favorable a la renovación: "Si seguimos el dictamen científico cuando es negativo, tenemos que seguirlo. Si el dictamen científico es positivo, tenemos que seguirlo. Es muy simple. El dictamen científico es lo que cuenta en este expediente". Sin embargo, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, solicitó esta misma semana que rechace esta propuesta y prohíba su comercialización en España.

Pero, ¿qué dice exactamente la ciencia? En realidad, el estado actual de los conocimientos difiere de la evaluación realizada por la EFSA, y ya se han identificado varias patologías. Mediapart, socio editoral de infoLibre, entrevista a Laurence Huc, toxicóloga y especialista en pesticidas del INRAE, Instituto Nacional de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia.

El glifosato es el pesticida más utilizado en el mundo. Por tanto, existe una gran cantidad de literatura científica sobre el tema, a diferencia de muchas sustancias activas de las que no sabemos nada. Pero esta molécula también está en el centro de importantes cuestiones financieras. Cuando, en 2014, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) anunció que iba a elaborar una monografía sobre el glifosato –que condujo a su clasificación en 2015 como probable carcinógeno–, la industria comenzó a sacar publicaciones que minimizaban los efectos tóxicos, utilizando la misma estrategia que el lobby del tabaco: producir dudas a través de la ciencia. O bien los autores de estas publicaciones tenían un conflicto de intereses, o bien las publicaciones estaban escritas por “fantasmas”, es decir, los científicos prestaban sus nombres para firmar estudios escritos por la propia industria. Todo esto creaba "ruido informativo", es decir, que no sabíamos realmente, que había resultados en un sentido y resultados en otro. 

El investigador Charles Benbrook analizó toda la bibliografía sobre los vínculos entre el glifosato y la genotoxicidad, es decir, las alteraciones del ADN que pueden provocar cáncer. Según este análisis, cuando los autores de las publicaciones no están en conflicto de intereses, el 75% de los estudios concluyen que el glifosato en la forma comercializada como Roundup [herbicida de Bayer Monsanto - nota del editor] tiene un efecto genotóxico. 

El informe del Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica francés (INSERM) sobre las enfermedades relacionadas con los pesticidas, publicado en 2021, también afirma que la exposición al glifosato aumenta el riesgo de que los agricultores desarrollen linfoma no Hodgkin (cáncer linfático). Estamos en un nivel medio de presunción. Además, se han observado casos de cáncer en roedores, suficiente para aplicar el principio de precaución. Los estudios académicos que utilizan otros modelos, como el desarrollo celular en laboratorio o los peces cebra, han llegado a la misma conclusión. Además, otras dos publicaciones importantes: el meta-análisis epidemiológico de 2019, que revisa toda la literatura y las estadísticas sobre las poblaciones de agricultores expuestas al glifosato y establece un aumento del 40% del riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin, y un análisis conjunto de la mayor cohorte internacional de agricultores –más de 3 millones de individuos seguidos– que muestra un aumento del 36% del riesgo para el tipo más común de linfoma no Hodgkin. Estos datos no hacen sino reforzar los niveles de evidencia de la naturaleza cancerígena del glifosato para la población humana que el CIIC ya había señalado en 2015.

No, el debate se centra en esa cuestión porque, a nivel europeo, clasificar el glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción –las llamadas sustancias "CMR"– o clasificarlo como disruptor endocrino llevaría a prohibir la venta del producto. Pero centrarse en estos factores oscurece los demás efectos del glifosato, que también son muy graves. 

La literatura científica coincide en que es un disruptor endocrino, es decir, que tiene efectos sobre la fertilidad y el desarrollo fetal. También es un producto neurotóxico, es decir, que daña el sistema nervioso. Y es una sustancia nociva para nuestra microbiota: como el herbicida es un antibiótico, ataca a nuestras bacterias intestinales. Este desequilibrio en el organismo puede hacer que las personas sean más vulnerables a diversas enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y la esteatosis (acumulación de grasa en el hígado). 

El glifosato también es perjudicial para los ecosistemas: empobrece los suelos; contamina el agua, lo que provoca toxicidad en los peces; contamina el aire, que puede ser tóxico para las abejas... Se han realizado numerosos estudios científicos sobre estos impactos y esos datos, como los relativos a la microbiota, fueron completamente marginados en la evaluación de la EFSA. 

Por último, además del glifosato, los coformulantes que acompañan a la molécula en el producto comercializado agravan su nocividad. Se ha demostrado que el Roundup es más tóxico que el glifosato por sí solo.

 ¿Por qué la evaluación de la EFSA no tiene en cuenta gran parte de la literatura científica? 

La EFSA puede elegir el corpus bibliográfico que desee, en función de su pertinencia y del "peso de las pruebas". Favorece los experimentos que cumplen lo que se conoce como "buenas prácticas de laboratorio", es decir, los protocolos toxicológicos tradicionales establecidos en los años setenta. Estos ignoran toda una serie de aspectos, en particular los relacionados con la microbiota y la epigenética. 

La industria puede aplicar fácilmente estos protocolos, mientras que una gran parte de la investigación académica ya no lo hace porque no aporta nada a la calidad de los estudios revisados inter pares. En consecuencia, la EFSA rechaza un gran número de resultados científicos y acepta expedientes elaborados por la propia industria, que aportan sus propias series de manipulaciones de laboratorio. 

Esa ignorancia es incomprensible. Pero si los investigadores ignoráramos el 90% de la literatura científica en un estudio, ¡no podríamos publicar! Una nueva autorización del glifosato en Europa sobre la base de las opiniones de la EFSA y la ECHA (la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, que clasifica los carcinógenos, mutágenos y reprotoxinas - nota del editor) no sería una decisión basada en la ciencia. La evaluación realizada por estas agencias europeas no responde a ningún canon científico, y para mí, como bióloga, este proceso es un engaño.

La ECHA funciona de la misma manera que la EFSA: selecciona sus estudios y acepta principalmente los expedientes presentados por la industria y ha llegado a la conclusión de que el glifosato no es ni cancerígeno, ni disruptor endocrino, ni reprotóxico. 

Si las evaluaciones de la EFSA y la ECHA se basaran en datos científicos, el glifosato se habría prohibido hace décadas. En realidad, no es ahí donde radica la batalla. Se trata de intereses económicos y políticos. 

Se han acabado prohibiendo sustancias después de quince años de uso, sobre la base de los mismos expedientes reglamentarios que justificaban su uso. Acabaron siendo clasificadas como CMR cuando el mercado económico lo permitió. Así fue como el isopyrazam, un fungicida, fue clasificado como reprotóxico y prohibido en 2022, sin que se hubiera aportado ningún dato nuevo al respecto. Sencillamente, ya no había productos que contuvieran esta molécula en el mercado. Por lo general, un producto se prohíbe cuando su interés agronómico desaparece o cuando la profesión agrícola encuentra un sustituto. 

Desgraciadamente, el caso del glifosato ilustra al máximo que las pruebas biológicas no sirven para proteger a los organismos vivos; no influyen en la normativa ni en las decisiones. Eso me ha llevado a centrar ahora mi investigación en el ninguneo del conocimiento científico durante el proceso de evaluación por parte de las agencias reguladoras. Ese ninguneo es especialmente deplorable porque los científicos como yo somos agentes del Estado; en otras palabras, es un despilfarro de dinero público y un flagrante fracaso de la democracia sanitaria.

Si el gobierno francés estuviera a favor de la prohibición del glifosato, si quisiera tener en cuenta la ciencia, ya lo habríamos visto. Los planes Ecophyto no han conducido a ninguna reducción significativa del uso de pesticidas. Sin embargo, la ciencia está en ello. En 2017, el instituto de investigación INRAE del que formo parte elaboró un escenario para una agricultura sin glifosato y consiguió el objetivo. Al igual que el cultivo de remolacha azucarera puede prescindir de los neonicotinoides, existen alternativas al glifosato. La propuesta de la Comisión Europea deponer sobre la mesa una nueva autorización, y además por diez años, demuestra que lo primero es la economía.

Peor sería si la EFSA no existiera. Pero tendría que cumplir su papel, con peritajes reales, independientes y con base científica. El principio básico sería que las pruebas de seguridad ya no las realizaran los fabricantes, sino laboratorios independientes, y que esos laboratorios llevaran a cabo las manipulaciones experimentales. En la actualidad, son los propios fabricantes quienes llevan a cabo las manipulaciones utilizando sus propios datos. Los resultados, que no pueden verificarse porque son confidenciales, pueden ser falsificados. Así lo ha demostrado el investigador Christopher Portier, que ha testificado en casos judiciales en Estados Unidos. En 2020, utilizando los estudios reglamentarios realizados por la industria en roedores, se demostró que el glifosato era efectivamente cancerígeno en esos animales. 

La industria hace de los datos la interpretación que quiere de forma completamente opaca. Incluso podemos ver en los expedientes cifras o conclusiones que han sido burdamente alteradas. Se trata de una mediocridad incomprensible científicamente e inaceptable para la sociedad, que espera protección de las agencias sanitarias. Resulta chocante ver que los ponentes de la EFSA y la ECHA no están haciendo el trabajo que ha hecho Christopher Portier. 

Me da la impresión de que la EFSA y la ECHA están representando un número de claqué o de prestidigitación. Fingen realizar evaluaciones científicas para luego autorizar un producto en función de criterios políticos y financieros.

Traducción de Miguel López

Es un envenenamiento ejecutado sobre un mapa, hectárea por hectárea, en parcelas enrevesadas que se ensamblan a lo largo de las carreteras. Aviones fumigadores sobrevuelan los campos de caña de azúcar para verter pesticidas en superficies de 100 a 400 hectáreas, a veces más. Y estas pulverizaciones desastrosas para la salud y el medio ambiente han sido numeradas y registradas por las compañías de aviación para que las multinacionales del azúcar las entreguen al Ministerio de Agricultura brasileño. Un archivo poco conocido de la agricultura intensiva ha sido desenterrado ahora por un consorcio mediático formado por The Guardian, Die Zeit, Repórter Brasil y Mediapart, coordinado por el medio sin ánimo de lucro Lighthouse Reports.

Las declaraciones de las empresas fumigadoras revelan la escala industrial del vertido de pesticidas altamente tóxicos en las plantaciones brasileñas de caña de azúcar y naranjas, pero también la naturaleza precisa de los productos fumigados, la mayoría de los cuales están prohibidos en la Unión Europea. 

 Por ejemplo, las explotaciones azucareras que abastecen al grupo Nestlé, São Martinho SA y Usina Pitangueiras, han estado fumigando con el pesticida Opera, comercializado por el grupo químico alemán BASF, cuyo principio activo, el epoxiconazol, está prohibido por la UE. Las explotaciones del grupo brasileño Cutrale, propiedad del "rey de las naranjas" José Luis Cutrale y socio de Coca-Cola, y Citrosuco, el mayor productor mundial de zumo de naranja concentrado y proveedor de PepsiCo y Coca-Cola, han esparcido en sus parcelas el pesticida Talstar 100 EC, producido por el gigante químico americano FMC. Nocivo por inhalación e ingestión, peligroso para el medio ambiente, su principio activo, la bifentrina, se considera un posible carcinógeno.

En las listas presentadas por los fumigadores, aparece el nombre de un grupo francés, y no el menos importante: el gigante cooperativo Tereos y su filial brasileña –Tereos Açúcar & Energia Brasil–, que se ha convertido en el número dos del sector en Brasil. Con siete unidades industriales y 300.000 hectáreas de caña de azúcar –de un total de 750.000 hectáreas cultivadas–, la filial tiene prevista una producción de 1,6 millones de toneladas de azúcar y 480 millones de litros de etanol para la cosecha 2022-2023. 

Según los datos obtenidos por Mediapart y sus colaboradores, Tereos aplicó al cultivo Actara 750 SG, un insecticida producido por la empresa suiza Syngenta, a base de tiametoxam, una materia activa prohibida desde 2019. 

Nuestros documentos muestran, hacienda por hacienda, los perímetros de fumigación y la cantidad de pesticidas rociados: por ejemplo, en Fazenda Lagoinha, ubicada en Barretos, en 143,13 hectáreas, parece que fueron rociados por Tereos 20 litros de Actara 750 (tiametoxam) –mezclado con otro insecticida, Altacor–  el 30 de diciembre de 2020. 

El comité de riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha clasificado el tiametoxam como "extremadamente tóxico", "muy tóxico para la vida acuática con efectos a largo plazo", "puede perjudicar la fertilidad y al feto". La Agencia Nacional Francesa de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Salud Laboral (Anses) lo prohibió en 2018, destacando sus posibles efectos en el desarrollo neurológico.

Jeroen van der Sluijs, profesor del Departamento de Química de la Universidad de Bergen y experto en pesticidas, considera "muy preocupante" la fumigación de la caña de azúcar en Brasil. Algunas de estas sustancias no sólo son cancerígenas, sino que también se ha descubierto que son neurotóxicas, es decir, que repercuten en el sistema nervioso central y pueden provocar enfermedades neurodegenerativas", afirma. Sustancias como la bifentrina y el epoxiconazol también están relacionadas con la reducción de la fertilidad y el aumento del riesgo de cáncer testicular y de mama.” 

El profesor señala también que la bifentrina, por ejemplo, es un insecticida particular, clasificado como contaminante orgánico persistente, porque permanece en el medio ambiente durante mucho tiempo. Además, se acumula en el suelo y los sedimentos a niveles cada vez más altos cada año con cada nueva aplicación de pesticidas. Por tanto, estos contaminantes orgánicos persistentes afectan a largo plazo al agua, la vida animal y el ecosistema. 

Contactado el grupo Tereos, que utiliza varios pesticidas en Brasil, algunos de ellos autorizados en Europa (Revolux, Altacor, Ampligo) y otros asociados o no al Actara 750 SG, declaran que han "dejado de utilizar" la bifentrina "en sus cultivos de caña de azúcar hace cuatro años, aunque este producto sigue estando permitido por las autoridades brasileñas". 

En Brasil son palpables los efectos de las fumigaciones masivas con pesticidas sobre la salud humana. Un estudio reciente publicado por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre 63 ciudades afectadas por campañas de fumigación en 2019 descubrió que se habían identificado siete sustancias potencialmente cancerígenas en doce productos fumigados en los campos de caña de azúcar. El estudio encontró una posible correlación entre la pulverización de estos pesticidas, especialmente cerca de los hogares, y una alta incidencia de cáncer en el Estado de São Paulo, porque la fumigación aérea pone a la población en riesgo de contacto con los productos químicos. Este método de dispersión fue prohibido por una directiva europea en 2009, y en Francia desde 2010, aunque hubo exenciones que lo permitieron hasta 2015. 

La micro-región de Barretos (Estado de São Paulo), una de las zonas donde Tereos ha realizado fumigaciones aéreas según los documentos, es la que ha registrado más muertes por cáncer. Entre 2010 y 2019 hubo un aumento del 63% de los casos entre los hombres y del 28% entre las mujeres. 

En su respuesta, el grupo francés Tereos subraya que cumple "la normativa vigente en cada país donde opera". Por ejemplo, los productos aplicados son "todos autorizados por las autoridades brasileñas". Tereos respeta las recomendaciones para la aplicación de insumos, incluso por vía aérea", prosiguió el grupo. “Esta práctica está autorizada en Brasil y está sujeta a un marco preciso.” 

Los sobrevuelos son seguidos y controlados por GPS, lo que garantiza la trazabilidad, añadió Tereos, así como por controles efectuados en tierra. "Para el Ministerio de Agricultura brasileño, la práctica de la dispersión aérea no presenta ningún riesgo sanitario ni medioambiental siempre que se respeten las recomendaciones de aplicación", añadió también Tereos. 

Pero la cooperativa azucarera francesa, que cuenta con 11.000 empleados, dispone de una carta ética que incluye incluso un recordatorio del "deber de dar la alerta". “Toda persona que tenga conocimiento de una violación de esta carta tiene el deber de dar la alerta", reza el texto. “Si se enfrenta a un dilema compártalo con su responsable de conformidad utilizando la dirección de correo electrónico específica: signal@tereos.com".

La carta ética de Tereos establece que "cualquier adquisición o explotación de tierras por parte de Tereos, un proveedor o un socio comercial, debe hacerse respetando a las poblaciones locales, sus tradiciones y costumbres, y respetando el medio ambiente y la biodiversidad". En relación con el respeto del medio ambiente, Tereos se congratula de haber recibido la certificación Bonsucro, que "garantiza un compromiso real con una agricultura responsable y sostenible". La filial brasileña de la cooperativa también ha obtenido apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para "reducir su huella de carbono".

Sobre el respeto a las poblaciones locales, el esparcimiento de productos altamente tóxicos en los campos cercanos a las zonas habitadas las expone a una contaminación con graves consecuencias para su salud y el medio ambiente.

En el municipio de Rancharia, en São Paulo, los habitantes se inquietan cuando oyen el zumbido de los aviones fumigadores. Los productos tóxicos desprenden un olor particular. Algunas personas experimentan síntomas ocasionales en las horas siguientes: dolores de cabeza, de estómago y falta de apetito. Una líder comunitaria local, Bianca Lopes, informa de que es habitual que la gente sienta la piel impregnada del olor de los productos rociados por los aviones. Primero sientes esa llovizna en la piel y luego empieza la dermatitis", explica. Cuando la granja rocía un herbicida fuerte, acaba quemándolo todo: la hierba, la fruta, los animales, a nosotros mismos". 

La explotación agrícola incriminada, Usina Atena, abastece a la industria azucarera china Shandong Starlight. Funcionarios del Departamento de Justicia realizaron una investigación y descubrieron la presencia de varios pesticidas prohibidos en la Unión Europea: Priori Xtra (ciproconazol) comercializado por Syngenta, así como Regent 800 WG y Certero (fipronil y triflumuron) fabricados por las empresas alemanas BASF y Bayer. 

A preguntas de nuestro consorcio, el Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, afirmó que "las empresas de plaguicidas y las industrias azucareras" deben "garantizar que sus cadenas de suministro no cometan abusos contra los derechos humanos, incluidos los relacionados con la exposición a pesticidas peligrosos de la población del campo de los países del Sur ". El derecho a vivir en un entorno no tóxico es "un derecho fundamental", afirmó. 

También se plantea la cuestión de la continuidad de la comercialización de estos pesticidas prohibidos, como señala la ONG Public Eye. En 2018, la ley francesa Egalim (sobre equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y de alimentación, ndt) prohibió la exportación de productos fitosanitarios que contengan sustancias prohibidas por la UE a partir de 2022, pero la industria intenta argumentar que la prohibición no se aplicaría a los "principios activos". 

Un reciente informe de la Inspección General de Finanzas sobre la industria azucarera señalaba que la embajada francesa en Brasil había "identificado 21 moléculas utilizadas en ese país para el cultivo de la caña de azúcar que están prohibidas en la Unión Europea". 

Interrogado al respecto, el grupo Coca-Cola subrayó, respecto al consumo, que "todos los ingredientes utilizados en sus productos, incluidos el azúcar y la naranja, están sujetos a estrictos protocolos de inspección para evaluar las normas de calidad y seguridad". En cuanto a los "insumos" agrícolas utilizados, el grupo se limitó a afirmar que se asegura de que cumplen "los criterios establecidos por los organismos reguladores de Brasil y las autoridades competentes de cada país en el que opera". 

El Grupo Nestlé subrayó que "se abastece de caña de azúcar y remolacha azucarera de más de 160 proveedores en 60 países", afirmando que "se toma en serio cualquier posible incumplimiento" y promete "examinar con detenimiento las preocupaciones planteadas" por la investigación. Nestlé asegura que "vigila de cerca los niveles mínimos-máximos de residuos (conocidos como LMR) a escala global" en sus ingredientes para garantizar la seguridad y calidad de sus productos. "Nestlé no está haciendo campaña contra la prohibición de exportar pesticidas e ingredientes activos que están prohibidos en la UE", dijo la compañía. PepsiCo no respondió.

Traducción de Miguel López

Una red negra se extiende sobre el manzanal que bordea el campo donde Günther Wallnöfer lleva a sus vacas de vuelta al establo todas las tardes. "Sirve para proteger las manzanas, pero también para evitar la deriva de los pesticidas", explica Wallnöfer, ganadero de leche ecológica y cultivador de hortalizas en el municipio italiano de Malles Venosta. A pesar de las redes, Wallnöfer siempre se pone nervioso cuando analiza muestras de alimentos cultivados junto a los manzanales. Las sustancias venenosas acaban en los prados, en el agua, en las cumbres de las montañas circundantes, como ha constatado un estudio realizado por la Universidad de Milán-Bicocca.

Malles Venosta es un municipio de 5.200 habitantes en la provincia autónoma italiana de Bolzano, en Tirol del Sur, una región en la que se recogen cada año unas 950.000 toneladas de manzanas, el 50% de la producción total de Italia y el 10% de la de Europa. La provincia ostenta desde hace tiempo el récord italiano de uso de productos químicos en la agricultura.

Aunque no se dispone de muchos datos sobre el uso exacto de plaguicidas, estudios como el realizado por la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente apuntan a un uso de pesticidas por hectárea decenas de veces superior a la media italiana. En 71 parques infantiles analizados se encontraron residuos de doce plaguicidas, según un estudio realizado por la Red de Acción contra los Plaguicidas de Europa (PAN).

En 2014, tres cuartas partes de los habitantes de Malles Venosta votaron en un referéndum local a favor de prohibir el uso de fertilizantes y pesticidas en su municipio. Se produjo un acalorado debate y se inició también una disputa legal. Cientos de agricultores de la zona recurrieron la votación de Malles Venosta, argumentando que no era competencia del municipio celebrar dicho referéndum. El tribunal administrativo local suspendió la prohibición un mes después de la votación. La decisión se encuentra ahora pendiente del Consejo de Estado, que debe dictar la sentencia definitiva, un fallo que probablemente llegará a finales de año.

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema de los plaguicidas realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

Mientras tanto, el debate continúa en el palacio provincial de Bolzano. Arnold Schuler, consejero de agricultura, silvicultura, turismo y protección civil del Partido Popular del Tirol del Sur (SVP, por sus siglas en alemán), afirma: "Nos enfrentamos a retos que queremos abordar. La cuestión es sólo con qué estrategias". A principios de septiembre, durante las jornadas de sostenibilidad del Tirol del Sur, se presentará un plan de acción para encontrar soluciones para los sectores de la leche, el vino y la fruta en la región. “Uno de los pasos más importantes será la recopilación de nuevos datos y herramientas para un amplio diálogo con los habitantes", asegura Schuler, quien también recolecta manzanas. En 8,5 hectáreas utiliza un enfoque integral y en 3,5 hectáreas cosecha manzanas ecológicas.

“Malles Venosta ha llevado el tema de los pesticidas a lo más alto de la agenda", afirma Hanspeter Staffler, concejal del Partido Verde de Bolzano, quien destaca que el referéndum ha atraído la atención de los científicos, haciendo hincapié en la cuestión del medio ambiente y de la salud de las personas. Su partido está trabajando en tres temas principales: un aumento del apoyo a la agricultura ecológica, la introducción de normas de distancia entre las zonas en las que se utilizan pesticidas y las explotaciones ecológicas o las áreas especialmente protegidas, y el cumplimiento de los objetivos en las zonas de compensación ecológica, como los setos, los grandes árboles o las tierras no cultivadas. Para Staffler, el argumento de la necesidad de recopilar datos es válido, pero también se utiliza como excusa para retrasar reformas muy necesarias: “Trabajé en una propuesta detallada para el control sistemático de los plaguicidas, pero fue rechazada por el SVP en comisión", explica.

La Comisión Europea acaba de proponer un Reglamento que obligará a reducir el uso de pesticidas a la mitad para 2030. Los productores de manzanas del Tirol del Sur se preguntan cómo se puede conseguir esto sin reducir la producción. "Ya estamos en un nivel en el que será difícil para la mayoría de los agricultores si se prohíbe otro 50% de las sustancias. En los últimos años, muchas sustancias ya se han quedado sin autorización y tenemos una oferta limitada de productos fitosanitarios", explica Harald Weis, presidente de la cooperativa Roen, que cuenta con 660 socios y 54 millones de kilos de manzanas recolectadas en 2021. La aplicación de la propuesta de la Comisión tendría un impacto negativo en los volúmenes de producción, explica Weis, quien cree que hay demasiado alarmismo sobre los plaguicidas porque ahora, gracias a la tecnología, se puede contener la dispersión de plaguicidas en el campo: "Lo que es un residuo en la hierba a pocos metros del árbol no es nada que deba preocupar a la gente. El glifosato es un producto que casi no tiene efectos negativos en el suelo. Afecta al cáncer de las personas, pero en el suelo es el producto ideal". Además del cultivo tradicional de manzanas, la cooperativa Roen también comercializa manzanas ecológicas (el 10% de la producción). "Pero los costes de la producción ecológica son más altos y el mercado es limitado", sostiene Weis.

El problema de la escasa demanda también lo aborda Martina Hellrigl, de la cooperativa social Vinterra, también en Malles Venosta. En Vinterra cultivan hortalizas y cereales en 4,5 hectáreas y gestionan un restaurante. Donde sus tierras lindan con un manzanal tradicional, plantan sobre todo espelta y hortalizas que crecen bajo tierra. "Vender nuestras verduras es difícil porque tenemos que acostumbrar a la gente a redescubrir la calidad de los alimentos sanos. Sería más fácil vender cerca de una ciudad más grande. Pero estamos notando que la demanda aumenta".

Raimund Prugger cultiva manzanas ecológicas en una pequeña parcela rodeada de campos donde crecen manzanas de forma convencional. Antes, utilizaba pesticidas en su explotación agrícola, pero una de sus hijas, que estudió agricultura ecológica en Viena, convenció a sus hermanas y al resto de la familia para que se pasaran a la agricultura ecológica. Raimund Prugger no se arrepiente de su elección, y está convencido de que en el futuro "la producción ecológica puede ser un argumento de venta adicional". Lo que lamenta es que, a pesar de que los agricultores del Tirol del Sur están dispuestos a considerar la agricultura ecológica, el movimiento es lento. "Esto se debe a que no hay ningún empuje por parte de los compradores de las manzanas (las cooperativas) para destinar un mayor porcentaje al cultivo ecológico, sino que la iniciativa sólo proviene del pensamiento de agricultores que están cansados de envenenar sus tierras”.

Aunque el referéndum sobre los plaguicidas en Malles Venosta fuera declarado inválido en última instancia, sus impulsores ya han conseguido importantes logros. La acción de Malles Venosta marcó la pauta para otros referendos en las cercanías, que, aunque no apoyaron la prohibición, llevaron el tema de los pesticidas al centro del debate público. Tal fue el caso de la consulta celebrada en Suiza en junio de 2021, en el que casi el 61% de los ciudadanos rechazaron dos iniciativas que habrían impuesto una prohibición a nivel estatal de los plaguicidas en un plazo de 10 años y prohibido la importación de alimentos producidos con esas sustancias. Pero también el referéndum sobre la creación de un biodistrito en Trentino, celebrado en septiembre de 2021, cuyo objetivo, según explicó el portavoz del comité promotor, Fabio Giuliani, "era elevar el cultivo ecológico en la región de Trentino hasta el 50% de las tierras agrícolas, frente al 6% actual y a una media italiana del 15%". “Lamentablemente, en parte por culpa de Covid, no pudimos implicar plenamente a la población y alcanzar así el quórum necesario para que el referéndum fuera válido", indica Giuliani.

Para Malles Venosta, el referéndum generó en la comunidad una fuerte conciencia sobre la necesidad de ir hacia una forma diferente de producir alimentos, como la de la cooperativa Vinterra y otras iniciativas similares en el municipio, experimentando con métodos alternativos a los pesticidas. Por otro lado, se han frenado los cambios estructurales. "Antes del referéndum, los recolectores de manzanas de fuera del municipio mostraban cada vez más interés por las zonas aún disponibles en Malles Venosta, que ahora se destinan a la ganadería", destaca Wallnöfer.

Los pequeños agricultores y ganaderos perdían cada vez más tierras porque no podían pagar tanto por ellas como los grandes productores de manzanas (unos 700.000 euros por hectárea). Pero con el referéndum y la incertidumbre sobre la posibilidad de utilizar pesticidas, este proceso se ha paralizado, añade. “Mis abuelos ya tenían vacas y queremos seguir así", indica Wallnöfer, mientras conduce sus 20 vacas hacia el establo.

Entonces, señala unas mariposas que descansan en las flores del prado. "Hace cuatro o cinco años sólo las teníamos a mayor altura. Ahora están volviendo a bajar", señala. No existen investigaciones definitivas sobre el motivo por el que las mariposas han regresado, pero Wallnöfer tiene la esperanza de que efectivamente se ha reducido la exposición a los pesticidas: “Nuestro trabajo está empezando a dar sus frutos. El regreso de las mariposas a los prados, el apoyo desde otras regiones, incluso los debates en Bruselas... todo esto es un incentivo para continuar".

La agricultura actual depende en gran medida de los pesticidas. Esto conducirá a un colapso ecológico, advierten los científicos. La ciencia demuestra que ya hemos entrado en una fase de extinción masiva de determinadas especies animales que sólo podrá detenerse si el mundo se vuelve más ecológico y encuentra formas más sostenibles de alimentar a la población. Los políticos europeos se pelean ahora por lo estrictas que deben ser las nuevas normas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español. Busca dar respuesta a las preguntas clave sobre el uso de pesticidas, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y el poder de los grupos de presión.

Las plantas alimenticias siempre han necesitado estar protegidas contra las enfermedades, las plagas y los organismos nocivos: insectos, malas hierbas, hongos, bacterias y otros. Históricamente, los agricultores utilizaban ingredientes naturales para combatirlos. Pero con el crecimiento de la población mundial y el auge de la agricultura a escala industrial, las sustancias que podían repeler las plagas, regular el crecimiento y producir altos rendimientos se hicieron cada vez más indispensables. Los pesticidas químicos y sintéticos ofrecían una solución fácil.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), entre el 20% y el 40% de los cultivos se pierden cada año por culpa de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de las plantas. Los gigantes de la industria afirman que sin productos fitosanitarios –plaguicidas– sería "el doble".

En 20 años, el mercado internacional de plaguicidas agrícolas se ha duplicado, hasta alcanzar unos 52.000 millones de euros en 2019. Los 12.000 millones de euros de ventas de plaguicidas en Europa ese mismo año suponen casi una cuarta parte. A medida que las plantas y las plagas desarrollan resistencia a los plaguicidas, muchos agricultores aumentan su uso para asegurar la misma producción. Presionados por los precios industriales y las subvenciones agrícolas de la UE diseñadas para la producción en masa, muchos de ellos dependen de los herbicidas, insecticidas, rodenticidas y fungicidas. Se encuentran atrapados, como explica la organización Foodwatch en su reciente informe sobre cómo el actual sistema agrícola mantiene a los agricultores en patrones económica y ambientalmente insostenibles.

Sufrimos una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen a un ritmo alarmante, más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que el meteorito acabó con los dinosaurios. El sistema alimentario mundial tiene una parte de la culpa. Este sistema promueve los monocultivos y depende de los fertilizantes y pesticidas, que contaminan el suelo, la vegetación y pueden permanecer en las fuentes de agua durante mucho tiempo o para siempre.

Además de matar insectos, malas hierbas y roedores, los pesticidas pueden ser tóxicos para muchos organismos huéspedes, como los insectos polinizadores y del suelo, las aves y los peces. Sin polinizadores, advierten los científicos, la agricultura moderna es extremadamente vulnerable a la crisis climática. Hasta el 75% de los 115 principales cultivos alimentarios dependen de la polinización animal, incluidos los alimentos ricos en nutrientes. El círculo vicioso continúa, ya que la agricultura intensiva es en sí misma una fuente importante de emisiones contaminantes del clima, ya que representa un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

También existe una controversia permanente sobre los peligros que los plaguicidas suponen para la salud humana, ejemplificada sobre todo por el caso de un herbicida llamado glifosato. Este herbicida, uno de los más utilizados en Europa y en todo el mundo, ha sido declarado "probablemente" cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta conclusión la rechazan tanto la industria como diversas agencias de la Unión Europea.

Los plaguicidas están diseñados para ser tóxicos para todos los organismos que no sean el cultivo, incluidos los insectos y polinizadores. Un estudio publicado en 2017 sobre áreas protegidas en Alemania documentó una pérdida del 75% en la población de insectos en 27 años. En el Reino Unido, los cálculos estiman  un 58% de disminución en 17 años.

Las abejas, al recoger el néctar o el polen y el agua, pueden absorber residuos de pesticidas. Los apicultores han observado pérdidas masivas de colmenas y un debilitamiento inusual del número de abejas en los últimos 15 años, especialmente en los países de Europa Occidental: Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) cita la agricultura intensiva y el uso de plaguicidas como dos probables factores causantes de este hecho.

El uso de insecticidas también afecta a las poblaciones de aves de toda Europa, alterando sus cadenas alimentarias y su capacidad para alimentar a las crías. Las aves de tierras agrícolas son las que más están disminuyendo. Las poblaciones de aves de granja en la UE disminuyeron un 17,4% entre 2005 y 2020. Las mismas especies se encuentran mucho mejor cuando viven en las ciudades, explicó a Investigate Europe Ariel Brunner, de Bird Life International. "Esto nos demuestra que es indiscutible que son nuestros sistemas agrícolas los que las matan. Las tierras agrícolas se están convirtiendo en páramos ecológicos".

La respuesta no es blanco o negro. Algunos estudios (en parte financiados por la industria) predicen una reducción significativa del rendimiento de los cultivos –entre un 10 y un 20%– tras la reducción en el uso de plaguicidas prevista por la UE para 2030. Llevan a la conclusión de que la producción de alimentos no puede arriesgarse a tales reformas.

Pero muchos otros actores subrayan que la capacidad de producción agrícola y ganadera ya está al límite, y sólo empeora debido a la resistencia a las plagas, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. A largo plazo, los pesticidas parecen poner en peligro la seguridad alimentaria, en lugar de garantizarla.

Científicos y ecologistas piden que se eliminen los plaguicidas por completo o al menos en un 80% en los próximos años. La propuesta de Reglamento de la UE no consiste en abolir totalmente los pesticidas, sino en reducir su uso en un 50% para 2030. En dos estudios diferentes (los puedes consultar aquí y aquí), científicos franceses han descubierto que es completamente posible reducir drásticamente la pulverización química de los cultivos sin perder rendimiento.

Además, según explica Dave Goulson, de la británica Universidad de Sussex, "cultivamos tres veces más calorías, aproximadamente, de las que necesitamos para alimentar a todo el planeta. Pero un tercio de esos alimentos se desperdicia, y otro tercio se destina a los animales". Por tanto, no se trata tanto de un problema de cantidad y de cultivos disponibles, como de la cuestión del comportamiento de los consumidores, del precio y de la distribución, Problemas que existen en Europa, pero también en otras regiones del mundo más vulnerables a la escasez de alimentos.

De hecho, la agricultura industrial como tal nunca ha garantizado el acceso a alimentos para todos a nivel mundial. Aunque la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde la década de 1960 –en parte gracias a los pesticidas y fertilizantes–, una de cada nueve personas pasó hambre en 2019. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en emergencias de salud pública en muchos países. Casi 40 millones de niños menores de cinco años declararon tener sobrepeso ese mismo año.

5) ¿Cuál es el debate en la política europea sobre el problema de pesticidas?

El 22 de junio de 2022, la Comisión de la UE presentó una esperada propuesta de Reglamento –una norma vinculante– para reducir el uso de plaguicidas en un 50% para 2030. Es conocida como SUR, siglas en inglés de "Sustainable Use of pesticide Regulation" (la denominación en español es Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios). Sin embargo, es sólo una propuesta, que corre el riesgo de chocar contra un muro de rechazo cuando los 27 Gobiernos estatales y los eurodiputados debatan sobre ella en los próximos meses.

Esta propuesta legal es continuación de una decisión relacionada con los pesticidas, adoptada el pasado 2 de junio y que fue un verdadero logro político: los Gobiernos de la UE acordaron comenzar a registrar e informar públicamente sobre el uso real de plaguicidas en Europa mediante un sistema de estadísticas sobre insumos y producción agrícola (llamado SAIO, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, no existe un sistema armonizado para ello, ni la posibilidad de medir realmente si el uso disminuye o aumenta. Ahora, por primera vez en la UE, será obligatorio que los Estados presenten datos sobre el uso de plaguicidas. Pero la propuesta original se ha suavizado. Las estadísticas sólo se publicarán a partir de 2028, no mucho antes de la fecha límite de reducción fijada por la UE para 2030.

El primer intento comunitario de abordar los riesgos e impactos del uso de plaguicidas se remonta a 2009, cuando se aprobó la directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUD). No tuvo éxito porque no era vinculante y porque carecía de herramientas para medir el impacto.

La nueva estrategia de la Comisión Europea para hacer más ecológica la agricultura europea (llamada De la granja a la mesa), y las nuevas normas buscan romper el estancamiento. La presentación del Reglamento estaba prevista inicialmente para el pasado 23 de marzo. Pero para entonces, la invasión rusa de Ucrania había cambiado el escenario. Ante el aumento de los precios y la guerra entre dos de los principales proveedores de trigo del mundo, el lobby de la agroindustria pudo replantear la cuestión y presentar el Reglamento como una amenaza para la seguridad alimentaria. Muchos políticos siguieron su ejemplo.

La propia Comisión Europea ha tenido problemas internos para lograr una posición unitaria sobre el objetivo de reducción de pesticidas. El vicepresidente encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, presionó para que se reduzcan considerablemente los plaguicidas. En una entrevista con Investigate Europe, Timmermans calificó los problemas para transportar el grano ucraniano a los mercados como "consideraciones a corto plazo" que no deben utilizarse para cancelar el programa De la granja a la mesa, que busca "la salud y la supervivencia a largo plazo” del sector agrícola.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, tiene una opinión diferente. Sostiene que, si bien hoy no existe una amenaza para la seguridad alimentaria en Europa, nadie sabe cómo evolucionará la situación, por lo que es importante producir más alimentos ahora.

Al menos 15 Gobiernos de la UE han expresado públicamente su oposición a los objetivos vinculantes de reducción, basándose en diferentes intereses nacionales, los logros anteriores, el riesgo de que se reduzcan los rendimientos agrícolas y el temor a la competencia desleal provocada por las importaciones de países con normas menos estrictas. Si uno de los mayores países agrícolas –Francia, España o Italia– se une a este rechazo, el texto propuesto no sobrevivirá.

 En la UE no, pero es muy probable que la guerra afecte a otras regiones del mundo.

Ya antes de la guerra, los precios internacionales de los alimentos habían alcanzado un máximo histórico. Esto se debía sobre todo a las condiciones del mercado, pero también a los altos precios de la energía, los fertilizantes y otros servicios agrícolas. La invasión rusa de Ucrania no hizo sino agravar una situación ya difícil.

Los dos países se encuentran entre los tres primeros exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de girasol. Rusia es también uno de los mayores proveedores de fertilizantes del mundo. Las alteraciones de las cosechas ucranianas, combinadas con la amenaza de restricciones comerciales a los alimentos procedentes de Rusia, podrían tener graves consecuencias para países de África, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico que ya son vulnerables a la inseguridad alimentaria. Casi 50 países de todo el mundo dependen actualmente de Rusia y Ucrania para al menos el 30% de sus importaciones de trigo. Para ocho Estados esta cifra se eleva al 80%, mientras que para Eritrea son el único proveedor. Ningún país de la UE se encuentra en esa lista de países más dependientes del trigo de los dos países en guerra.

Cuatro empresas agroquímicas poseen más de dos tercios del mercado mundial de pesticidas y casi el 60% del mercado de semillas agrícolas: Syngenta (china, de propiedad estatal), Bayer Crop Science (alemana), Corteva (estadounidense) y BASF (alemana). Aliados bajo el nombre de Crop Life, y con el apoyo de la organización europea de agricultores Copa-Cogeca, operan lo que se ha definido como "una máquina de presión casi perfecta". Destinan casi 10 millones de euros al año a sus esfuerzos por bloquear cualquier objetivo vinculante sobre el uso de plaguicidas en Europa, más de lo que gasta la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para regular los productos fitosanitarios. Entre las tácticas de cabildeo se encuentran las peticiones de "estudios de impacto" destinados a posponer cualquier acción, así como la movilización de apoyos desde Estados Unidos para presionar a la UE, como demuestra una presentación de la estrategia de Crop Life filtrada en las redes sociales en septiembre de 2021.

Cuando se prohíbe un plaguicida, suele haber ya una alternativa en el mercado. En la actualidad, se ha aprobado el uso de 452 sustancias activas de plaguicidas en Europa. La UE presume de tener "las leyes sobre plaguicidas más estrictas del mundo", y 937 sustancias han sido prohibidas, según una base de datos comunitaria.

Sin embargo, el modelo de negocio de la industria podría verse amenazado si la normativa se endurece.

Poco a poco, las cuatro grandes están perdiendo cuota de mercado en favor de China e India, cuyos pesticidas genéricos son cuatro veces más baratos que los productos patentados. La ONG francesa Le Basic estima que la facturación combinada de las cuatro principales multinacionales se redujo en casi 6.000 millones de dólares (unos 5.680 millones de euros al cambio actual) entre 2014 y 2020.

En definitiva, parece que el objetivo de la industria no es detener las reformas para siempre, sino hasta que haya alternativas que garanticen la supervivencia de sus negocios. La industria y las organizaciones de agricultores abogan por los sistemas robóticos y la agricultura de precisión, soluciones tecnológicas poco controvertidas, pero que conllevan el riesgo de acrecentar en nuevas formas la dependencia económica de los agricultores. Además, la industria promueve las Nuevas Técnicas para los Cultivos, un nuevo concepto para referirse a los organismos genéticamente modificados (OGM), que están ampliamente prohibidos en Europa pero que se utilizan mucho en Estados Unidos y en otros países. Se trata de un asunto repleto de explosivas consideraciones éticas y políticas.

Podría serlo, pero cultivar sin pesticidas es sólo una parte de la historia. Si los agricultores quieren cultivar sus tierras con menos veneno, también tienen que cambiar sus métodos. Por ejemplo, utilizando rotaciones de cultivos más largas, menos fertilizantes minerales o potenciando el control natural de plagas. 

La agricultura ecológica suele implicar un menor rendimiento. Pero la reducción que supone sería sólo una fracción de lo que actualmente se dedica a alimentar el ganado. Sólo la reducción del consumo de carne mitigaría considerablemente el problema de los plaguicidas.

¿Menos producción significa menos beneficios para los agricultores? No necesariamente. Un estudio global realizado durante 40 años sobre 55 cultivos ecológicos en los cinco continentes descubrió que, a pesar de una menor producción, la agricultura ecológica proporcionaba entre un 22 y un 35% más de beneficios que la convencional. ¿La explicación? Los agricultores fueron capaces de captar mercados de alto valor y lograr ratios de coste/beneficio entre un 20% y un 24% superiores a los de la agricultura tradicional.

También hay estudios que apuntan a un camino intermedio. Muestran que los objetivos de reducción de pesticidas propuestos por la Comisión son alcanzables con poca pérdida de productividad y rentabilidad. En 2017, científicos franceses concluyeron un informe sobre más de 900 explotaciones comerciales: "No pudimos detectar ningún conflicto entre el bajo uso de plaguicidas y una alta productividad y rentabilidad en el 77% de las explotaciones" investigadas.

Sí y no. El uso de plaguicidas y sus efectos nocivos para la biodiversidad es un tema que ha movilizado a los consumidores. En dos ocasiones en cuatro años, la sociedad civil ha conseguido recoger más de un millón de firmas de ciudadanos de toda la UE que se han sumado a sus llamamientos para prohibir los pesticidas. 

Un millón de voces verificadas bajo la llamada Iniciativa Ciudadana Europea es lo que se necesita para llevar las demandas a la agenda de la UE. Esto sucedió primero en 2017, con una audiencia en el Parlamento Europeo, gracias a la petición "Prohibir el glifosato" que también exigía "reformar el procedimiento de autorización de los plaguicidas y establecer objetivos vinculantes en toda la UE para la reducción del uso de pesticidas". Hasta ahora no se ha decidido la prohibición del polémico herbicida, pero, sin embargo, la petición tuvo efecto: la Comisión Europea nombró expresamente la iniciativa como motivo para proponer objetivos de reducción jurídicamente vinculantes. La segunda vez fue en 2021, gracias a la campaña "Salvemos a las abejas y a los agricultores", que pedía la prohibición total de los pesticidas. Cuando se hayan validado todas las firmas, el Parlamento Europeo tendrá que organizar de nuevo una audiencia pública sobre las demandas de los ciudadanos, probablemente en otoño de este año.  

La lucha contra los pesticidas continúa también a escala local. Un ejemplo es el referéndum celebrado en Malles Venosta, en el Tirol del Sur (Italia). Los ciudadanos decidieron prohibir el uso de pesticidas en su zona. La decisión fue apelada ante la justicia por diversos agricultores. Un tribunal regional dejó en suspenso la prohibición, pero la última palabra la tiene el más alto tribunal administrativo de Roma.

La Unión Europea pretende reducir los plaguicidas a la mitad en sólo ocho años. Al mismo tiempo, hoy no existen datos normalizados sobre su uso. Una nueva normativa debería cambiar esta situación, de forma que los objetivos más estrictos vayan acompañados de obligaciones de mayor transparencia. Pero el acuerdo final alcanzado establece que los datos sólo se recopilarán con periodicidad anual a partir de 2028, apenas dos años antes del objetivo de reducción fijado para 2030.

Tras un intenso debate de más de un año, los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo (los Gobiernos de la UE) llegaron el 2 de junio a un “acuerdo provisional” respecto al Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola (conocido como SAIO, por sus siglas en inglés).

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la importancia de superar la laguna estadística actual para lograr los objetivos de reducción de uso de pesticidas. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El Reglamento trata de lograr la racionalización de la recogida de datos sobre la agricultura –incluyendo el tipo y el volumen de plaguicidas utilizados por los agricultores–, pero evitando al mismo tiempo imponer una carga demasiado pesada a la industria y a las autoridades nacionales.

A día de hoy no existen estadísticas creíbles a nivel europeo sobre el uso de pesticidas, sólo sobre las ventas de los mismos. En 2020 se vendieron 346.000 toneladas en la UE, un volumen que se ha mantenido más o menos estable en la última década, con un ligero descenso en los últimos años.

Pero estos datos de ventas no son suficientes para medir y controlar la reducción del 50% del uso de plaguicidas para 2030, un objetivo acordado en principio por los Gobiernos de la UE en la estrategia llamada De la granja a la mesa, que forma parte del Pacto Verde. El 22 de junio, la Comisión Europea propuso objetivos vinculantes en el Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios.

El Reglamento de la UE sobre estadísticas agrícolas se considera una herramienta crucial para lograr esta reducción del uso de plaguicidas. Como es lógico, los planes han sido objeto de acalorados debates entre activistas medioambientales, grupos de presión, agricultores y gobiernos.

"Se puede hablar todo lo que se quiera sobre la reducción de los pesticidas, los fertilizantes, sobre lo ecológico... Pero si no hay datos, nada se mueve", advierte Petros Kokkalis, eurodiputado griego del Grupo de la Izquierda, que impulsó la norma sobre estadísticas en el Parlamento Europeo.

Un aspecto crucial es la frecuencia de la recogida de datos y a partir de cuándo se lleva a cabo. 

En su propuesta del año pasado, la Comisión planteó que los datos deberían recogerse anualmente a partir de 2025. Pero el mandato que salió del Consejo proponía que los Estados miembros sólo recopilasen los datos cada cinco años. Y también eliminó la obligación de los agricultores de conservar y enviar los datos por vía electrónica.

Los gobiernos que impulsaron estos cambios en el Consejo fueron Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y España. Así lo revelaron las ONG Pesticide Action Network (PAN) y Amigos de la Tierra al analizar las declaraciones de los gobiernos estatales en las negociaciones del Consejo.

PAN denunció que los gobiernos "diluyeron la propuesta de la SAIO de una manera que hace que el objetivo de reducción del 50% de los plaguicidas sea imposible de medir y, por tanto, inútil". No obstante, el acuerdo final alcanzado entre las tres principales instituciones de la UE se acerca más a la posición del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la recogida anual de datos y a los datos electrónicos estandarizados.

En todo caso, la recogida anual de datos no empezará hasta 2028, dos años antes de que los agricultores de la UE deban haber reducido su uso de plaguicidas en un 50%.

A preguntas de Investigate Europe, una portavoz del Ministerio de Agricultura español indicó que era “incorrecto” afirmar que España formase parte de ese grupo del que habla PAN: “España hizo alegaciones técnicas al Reglamento, no se opuso en ningún caso”.

Una vez que entre en vigor, el Reglamento de estadísticas llenará un vacío entre dos leyes comunitarias existentes. En la actualidad, los agricultores están obligados a mantener registros (nombre del plaguicida, fecha, dosis, superficie y cultivo) durante al menos tres años, pero sólo los entregan a las autoridades nacionales cuando se les solicita. Los datos pueden aportarse en cualquier formato: una hoja de Excel, un cuaderno o simplemente un papel suelto. Es habitual que los registros sólo se recojan esporádicamente entre una muestra de explotaciones, de forma que las autoridades puedan estimar así el uso de plaguicidas.

Cuando las autoridades nacionales recogen los datos, están obligadas, en virtud de otra ley comunitaria vigente, a compartirlos con Eurostat, la agencia de estadística de la UE.

Las estadísticas comunitarias son irregulares, ya que cada Estado miembro elige los cultivos y los años en los que se analizan. "Sin una mayor armonización, Eurostat no ha encontrado ninguna posibilidad de difundir datos significativos", admite un documento de 2019 de la agencia estadística.

Según el acuerdo de junio, los datos sobre plaguicidas deben ser recogidos por las autoridades nacionales anualmente, de forma digital y en un formato estandarizado, así como compartidos a nivel europeo.

"Los datos existen, pero no son homogéneos, no son los mismos en todos los países y no se publican. Nuestro esfuerzo es hacer que todos los países de la UE recojan los datos de la misma manera y al mismo tiempo", afirma el eurodiputado Petros Kokkalis.

El principal argumento en contra de las nuevas normas estadísticas es el posible aumento de los costes para los agricultores.

"Es importante recoger los mismos datos una sola vez, para evitar una carga administrativa excesiva. La mayoría de los agricultores son microempresas, ni siquiera pymes, por lo que esto podría ocuparles una parte considerable de su tiempo", afirma Pekka Pesonen, secretario general de la federación europea de asociaciones agrícolas, Copa-Cogeca.

Algunos agricultores también desconfían de la confidencialidad de los datos sobre las explotaciones, por miedo a un posible acoso en sus comunidades locales, sostiene Pesonen.

Otros temen que los requisitos y los objetivos obligatorios de reducción de pesticidas reduzcan su competitividad frente a los agricultores de fuera de la UE.

Ildefonso Cabanillas Corchado, que cultiva tomates en Extremadura, explica que él ya lleva un "libro sobre cultivos" obligatorio que identifica todos los productos químicos que utiliza. Esto, al igual que otras "normas de trazabilidad", es injusto para los agricultores de la UE, denuncia Cabanillas: "¿Dónde está la trazabilidad de las sandías que vienen de Marruecos? ¿Es tan justa y controlada como la que tenemos nosotros? Resulta que las sandías de Marruecos son cinco céntimos más baratas que las que traigo de Sevilla".

Está previsto que el acuerdo de la UE sobre el Reglamento de estadísticas se apruebe en el Parlamento Europeo en noviembre. Todavía no hay fecha para la aprobación en el Consejo. Cuando ambas instituciones lo respalden formalmente, se convertirá en ley.

Ríos tóxicos. Ese es el título del informe publicado recientemente por Ecologistas en Acción, en el que se analiza la contaminación química de ríos y aguas subterráneas en España. La principal conclusión es que todas las cuencas hidrográficas presentan contaminación con sustancias tóxicas en sus aguas superficiales (ríos, embalses, lagos) y subterráneas. “Los tóxicos detectados tienen múltiples orígenes y características, desde sustancias de la industria petroquímica hasta plaguicidas de uso agrario pero también disruptores endocrinos”, se denuncia en el informe.

Uno de los coatoures de dicho estudio es Koldo Hernández, a quien Investigate Europe ha entrevistado en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

P.- Una de las cuestiones que plantea el informe de Ecologistas en Acción es que la calidad de los datos es muy mala y que, debido a ello, los Gobiernos no pueden adoptar decisiones políticas.

R.- Los datos son muy malos por varias razones. Para que los responsables de los ríos puedan analizar, si quisieran, el uso de pesticidas de forma adecuada, lo primero que tendrían que saber es qué se está utilizando. Y no se sabe. No se sabe porque las estadísticas de uso se realizan cada cinco años, y además cada Estado miembro de la UE decide sobre qué pesticidas y sobre qué cultivos realiza las estadísticas.

Las únicas estadísticas anuales que existen no son de consumo, sino de comercialización. Estas estadísticas, por ejemplo, indican que España consume 13 millones de toneladas de glifosato. Y ya está. Nosotros llevamos dos o tres años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero nos hemos topado con lo que se llama el secreto estadístico. Hemos denunciado el tema ante los Defensores del Pueblo español y europeo, y hemos ganado, ambos han dicho que nos tienen que dar esos datos. Pero no los dan, y la Comisión Europea apoya que no los den.

Los datos de Eurostat sostienen que España fue en 2020 el primer consumidor de productos fitosanitarios de Europa, con 69.000 toneladas. Pero en la la web del Ministerio de Agricultura aseguran que han sido 76.000 toneladas. Esas 7.000 de diferencia son secreto estadístico. Por tanto, ya se parte de que un 10% de los datos no están disponibles, ni para el público ni para las Administraciones responsables de los ríos.

A ello hay que sumar que los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.

La directiva marco del agua obliga a analizar una serie de sustancias prioritarias, pero también obliga a analizar aquello que es susceptible de estar contaminando los cauces. Tampoco se tiene esa información. Esa directiva tiene además un enfoque muy dirigido a sustancias prioritarias, pero no a los contaminantes en uso. La mayoría de las sustancias prioritarias están prohibidas desde hace mucho tiempo.

¿Eso es una señal de que se siguen utilizando aunque estén prohibidas?

Puede ser. Hay evidencias de que puede ser, porque todos los años Europol hace redadas de plaguicidas ilegales. Y la cantidad que se decomisa cada vez es mayor. Así que se sabe que hay un mercado de pesticidas prohibidos. Eso sí, yo nunca he logrado saber qué es lo que se decomisa porque me han negado la información, tanto en Europol como en España.

La mayoría de estas sustancias prioritarias están ahí porque son permanentes. Van a estar ahí durante décadas. Pero falta un enfoque directo que se centre en los plaguicidas en uso.

¿Todo esto qué es lo que produce? Que no hay una serie de criterios armonizados de análisis. Entonces cada cuenca en España analiza una serie de pesticidas diferentes, que pueden cambiar cada año. Pero el titular es claro: no se analizan pesticidas en uso, se analizan pesticidas históricos, y hasta estos se analizan mal.

Otra cuestión a tener en cuenta es que muchos de los compuestos en estos plaguicidas no son solubles en agua, son solubles en grasa y en materia orgánica. En España todo el esfuerzo analítico está centrado en el agua. Entonces, cuando por ejemplo se detecta algo de lindano, que es un pesticida prohibido, vete a saber lo que hay por debajo, porque para que se detecte en agua una sustancia tan poco soluble como el lindano...

Y si esto ocurre en aguas superficiales, en las subterráneas multiplica lo mismo por dos o por tres porque se analiza todavía muchísimo menos.

En la UE se ha alcanzado precisamente un acuerdo este mismo mes respecto a las normas sobre estadísticas de plaguicidas, conocidas como SAIO por sus siglas en inglés. ¿Será suficiente para paliar esa mala calidad de los datos que denuncia?

El actual Reglamento establece dos tipos de estadísticas sobre plaguicidas. La anual de comercialización, cuyos datos tienen una calidad dudosa como he explicado, y la quinquenal sobre uso, que de hacerse de manera adecuada y veraz proporciona datos útiles sobre las cantidades de plaguicidas usadas en determinados cultivos y las zonas donde se utilizaron. Las organizaciones ambientalistas, como Ecologistas en Acción, hemos focalizado sobre esta última estadística los esfuerzos de influencia en el proceso de elaboración de la propuesta SAIO.

Nuestra propuesta era que esta encuesta pasase a tener una periodicidad anual y obligatoriamente los datos fueran obtenidos a través de registros electrónicos a completar por los usuarios de los plaguicidas. Si bien muchos Estados miembro defendían con vehemencia que esta encuesta siguiese siendo quinquenal, finalmente se ha aprobado que sea anual, pero a partir de 2028. Dado que el objetivo de reducción en el uso de pesticidas debe plasmarse en 2030, existe el peligro de que al tener para entonces datos de un número muy limitado de años, puedan ser insuficientes como herramienta eficaz para valorar si se cumple el objetivo.

De los estudios realizados por Ecologistas en Acción, ¿se puede concluir que la peor situación se da en la cuenca del Guadiana?

Nosotros no valoramos esto, precisamente porque los datos no son de buena calidad. Ese tipo de análisis llevaría además a conclusiones que son injustas. Por ejemplo, los resultados en los ríos del País Vasco son muy malos, pero porque es donde más se analiza. Casi la mitad de los análisis de España se hacen en el País Vasco. En el tema del glifosato, la segunda cuenca más grande de España, que es la del Ebro, no lo ha analizado nunca.

¿El nivel de uso de plaguicidas es mayor en el cultivo de frutas y cereales?

Pues tampoco lo sabemos con seguridad. Se puede intuir que sí, pero como no hay datos, no lo sabemos.

Hay Gobiernos que tienen discursos públicos ambientalistas, pero luego no siempre son consecuentes cuando se toman decisiones a puerta cerrada. ¿Dónde situaría al Gobierno español?

El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas.

España no deja de ser una potencia agrícola europea. Es el segundo país con mayor superficie agrícola de Europa después de Francia, y es un país muy dependiente del uso de los plaguicidas. Los datos así lo avalan, así que es complicado.

¿Y cómo se pueden liberar los agricultores de esa dependencia del uso de pesticidas?

Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido. Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos.

Va a ser un proceso muy complicado, que desde mi punto de vista sólo se podrá imponer de forma vertical, de arriba hacia abajo, porque lo que son procesos de formación y cambio de conciencia no se dan en pocos años. Es imposible conseguir la reducción que plantea el Reglamento de la Comisión para 2030 solo con medidas de formación.

Y también es muy fuerte el lobby de los fabricantes de pesticidas, que pronostica caídas de hasta el 50% de la producción agrícola si se dejan de utilizar

Este tipo de números siempre los difunde la industria ante cualquier tipo de regulación química que se haya planteado, no solo con el tema de los pesticidas. Lo que nunca dicen es que las consecuencias del desastre las pagamos todos.

Pero la ciencia también demuestra que el nivel de producción agrícola bajará si no se introducen cambios porque el modelo actual es insostenible.

El uso de los agrotóxicos actuales, si lo miras a largo plazo, es insostenible. En 2011, se comercializaron en España aproximadamente siete millones de litros de glifosato, mientras que en 2020 se comercializaron 13,5 millones. En un periodo de nueve años, el consumo de glifosato en España aumentó más del 90%. Desde la mera lógica, esa cifra no es consecuente con el aumento de la producción agraria, que no ha sido del 90%. Y aunque parte de lo comercializado vaya a las Administraciones locales, que lo usan con profusión, tampoco se alcanza ese porcentaje. Ello significa que este herbicida se está utilizando en zonas y en cultivos que antes no se utilizaban. Por ejemplo, yo vivo en La Rioja, y hace 10 años las viñas estaban llenas de vegetación y ahora una viña parece la luna, está sin ningún tipo de vegetación a excepción de la vid.

Los agricultores están cada vez utilizando más pesticidas, para conseguir los mismos resultados. La sostenibilidad de este modelo, ¿dónde está?

Y luego está el tema de la competencia por precios en la agricultura del sur de Europa. El uso de los pesticidas se supone que abarata los costes. Pero siempre va a haber países que tengan costes más baratos que Europa. Al final, las verduras y frutas que llenan nuestras estanterías son producidos cada vez más en Marruecos, Sudáfrica o Chile. ¿Por qué? Porque es más barato. Como sigamos así, una elevadísima parte de los alimentos que se consumen en Europa no se van a producir aquí porque no va a ser rentable.

¿Cómo valora Ecologistas en Acción la propuesta de Reglamento finalmente planteada por la Comisión? ¿Cuáles son los principales avances y las mayores lagunas?

Reconozco que cuando pudimos leer la propuesta de la Comisión nos alegramos y emocionamos, porque ver plasmado en este tipo de documentos la obligación de la UE de reducción del uso y riesgo de los plaguicidas del 50% nos parecía una utopía.

Además de ser el Reglamento vinculante, destacamos la prohibición del uso de plaguicidas en las denominadas “zonas sensibles”, entre otras los espacios de uso público como parques y jardines, aquellos otros que puedan ocuparse por personas vulnerables y zonas que gozan de protección ambiental. Tan solo por esto la propuesta de la Comisión merece un aplauso.

Por el contrario y, como no podía ser de otra manera, la propuesta tiene aspectos negativos como su apuesta por la agricultura de precisión sobre la base de que el uso de nuevas tecnologías conllevará una mayor eficacia de los plaguicidas y de su reducción. Este tipo de respuestas tecnológicas ya se ha constatado como ineficaz en otros ámbitos.

El Reglamento plantea un esfuerzo de reducción de plaguicidas diferente para cada Estado, dependiendo de la utilización que hayan realizado de estos productos entre 2015 y 2017. Habrá tres grupos, con una reducción del 35, 50 o 65 por ciento. ¿Sabe Ecologistas en Acción en qué grupo se encuadrará España?

– Lo desconocemos, pero en nuestra opinión debería ser superior a la media porque España no sólo es el país con mayor comercialización de plaguicidas de la UE, sino porque en ningún caso los datos avalan que se haya producido un descenso en los últimos años.

Pocos europeos habrían creído, hace unos meses, que la Unión Europea se vería inmersa en un drama político sobre la regulación de los plaguicidas parecido a House of Cards. Pero esa es la situación en Bruselas desde marzo, cuando la Comisión decidió posponer la presentación del Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, que busca reducir a la mitad su utilización. La Comisión desveló finalmente sus planes el pasado 22 de junio, pero la partida aún no ha terminado.

El aplazamiento se produjo en plena campaña de relaciones públicas de la gran industria química, que cuenta con una fuerte maquinaria de presión, apoyada por la poderosa federación europea de asociaciones de agricultores, denominada Copa-Cogeca.

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la actuación de las empresas y grandes organizaciones del sector. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El asunto es serio y delicado. Esto quedó claro cuando Investigate Europe entrevistó al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, responsable de conducir Europa hacia una transformación verde. El Pacto Verde de la UE tiene su propia estrategia para transitar hacia una agricultura ecológica, denominada De la granja a la mesa. El Reglamento sobre productos fitosanitarios es el primer intento de plasmar esa estrategia en una ley. "Por supuesto, el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como siempre parece que tengo con ellos", confesó Timmermans [puedes leer aquí la entrevista].

El lobby de los pesticidas en Bruselas no es parco en gastos. Según datos de la UE, la multinacional alemana Bayer es el fabricante de pesticidas con mayor presupuesto, más de 4,25 millones de euros al año. Sólo Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero anual a labores de cabildeo.

Bayer, BASF, Corteva y Syngenta son las mayores empresas de pesticidas del mundo. Aunque son competidoras, las compañías aúnan esfuerzos a la hora de hacer lobby, de forma que impulsan y financian la actividad del grupo de presión Crop Life. Esta organización financió un estudio académico de la Universidad de Wageningen, publicado en 2022, en el que se concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE de una media del 10 al 20%".

Las empresas competidoras están presionando en Bruselas de forma unida, según Nina Holland, investigadora de Corporate Europe Observatory, una ONG que ha publicado varios informes sobre la industria de los pesticidas y los lobbies. "Todos presionan para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas en materia de evaluación de riesgos o para que se pospongan determinadas medidas. Si se observan estas organizaciones, se puede ver que Bayer, BASF, Corteva y Syngenta ejercen su liderazgo", sostiene Holland.

Copa-Cogeca también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, declaró a Investigate Europe que su organización "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para sembrar la incertidumbre entre los eurodiputados sobre los efectos de la nueva legislación. Copa-Cogeca identificó varios estudios realizados por agrónomos que defendían posiciones cercanas a las de la industria, así como un análisis crítico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos o su equipo para tratar estos temas. Crop Life Europe ha mantenido 12 reuniones. Bayer, BASF, Syngenta y Corteva tuvieron en total 69 reuniones, una media de dos por mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

"Creemos que los objetivos obligatorios, como tales, no son realistas, son objetivos que van a ser muy difíciles de alcanzar. Y podrían tener consecuencias negativas no deseadas", advierte Anika Gatt Seretny, portavoz de Croplife Europe.

Investigate Europe solicitó entrevistas con los cuatro gigantes de los pesticidas: Bayer, BASF, Syngenta y Corteva. Los dos últimos no respondieron a la solicitud, mientras que Bayer y BASF declinaron las entrevistas. Bayer envió una declaración genérica y BASF aceptó responder a preguntas escritas.

BASF reconoce el deseo de la sociedad de reducir la dependencia de los plaguicidas, y entiende por qué la Comisión de la UE quiere una reducción del 50% en el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030, asegura Holger Kapp, del departamento de relaciones con los medios. Pero añade: "La cuestión clave es cómo se hará esto. Estos ambiciosos objetivos por sí solos no reducirán la necesidad de protección de los cultivos en un 50%, así que habrá que hacer algo en su lugar. No vemos sentido cuestionar el Pacto Verde o la estrategia De la granja a la mesa, pero sí vemos la necesidad de encontrar formas que hagan que la agricultura sea más sostenible y respetuosa con el clima mientras el suministro de alimentos en Europa y otras partes del mundo sigue asegurado".

Los Gobiernos tendrán la última palabra sobre el Reglamento de plaguicidas en el Consejo de la UE y, a nivel estatal, los intereses de las asociaciones de agricultores y de la industria de los plaguicidas también son notorios. En Francia, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el jefe de esa federación lo elogió públicamente en Twitter como un "buen portavoz de la causa". El antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se incorporó recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como jefe de relaciones públicas.

El negocio también es grande. En 2019, el mercado de los plaguicidas facturó 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se comercializaron en Europa. Las cuatro grandes empresas controlan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer, cuyo negocio global de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones el año pasado. Luego vienen Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por una empresa estatal china; Corteva, fundada por DuPont y Dow en Estados Unidos, y otro gigante químico alemán, BASF.

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de cinco fondos de inversión estadounidenses: Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity. Estos también poseen entre el 10% y el 30% de las principales empresas alimentarias mundiales, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Sin embargo, la facturación combinada de los cuatro principales fabricantes de pesticidas cayó de 46.000 millones de dólares en 2014 a 40.000 millones en 2020. Esto se debió principalmente al aumento de las ventas desde China de productos químicos genéricos, según estudios de mercado.

Las multinacionales han respondido a la pérdida de cuota de mercado centrándose en parte en la comercialización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para que sean inmunes a los pesticidas.

Aunque un pesticida químico esté prohibido en la UE, ello no impide que pueda producirse y exportarse. Así que los venenos prohibidos en la UE, y las semillas tratadas con ellos, pueden venderse a países donde todavía están autorizados. Y puede tratarse de países que también exportan productos agrícolas a la UE. Esta es una queja de casi todos los agricultores con los que habló Investigate Europe: la UE debería aplicar las mismas normas europeas a los productos agrícolas importados de Brasil, Chile, Marruecos o cualquier otro lugar.

No es de extrañar que los cambios en la agricultura sean tan discutidos en Bruselas: la Política Agrícola Común (PAC) es la mayor partida del presupuesto de la UE. Representa el 31% del presupuesto total en 2022, lo que equivale a 53.100 millones de euros. Sin embargo, los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media –sin contar las subvenciones–, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

La estrategia De la granja a la mesa quiere que todos los países aumenten la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuarta parte de las tierras cultivadas en 2030. Hoy en día, la agricultura sin pesticidas químicos ocupa sólo una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. Representa el 8,5% de media en la UE. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España está en el 10%.

En los próximos meses, la primera propuesta legal de ese plan –el objetivo de reducción de plaguicidas– va a ser objeto de batalla política.

Los grupos de presión contrarios a la estrategia señalan en particular los riesgos que una política restrictiva en el uso de pesticidas conlleva para la seguridad del abastecimiento alimentario en Europa. Los críticos con el Reglamento sobre productos fitosanitarios hablan de una posible crisis alimentaria, principalmente con el argumento de que la invasión rusa de Ucrania creó un problema de abastecimiento de grano.

Este argumento ha llegado a varios despachos de parlamentarios europeos y funcionarios de Bruselas, a pesar de que la UE es un exportador neto de alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ningún Estado de la UE se encuentra entre los 50 países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas de trigo.

Los intereses de determinados grupos buscan asustar a los agricultores haciéndoles creer que las políticas De la granja a la mesa les costarán su sustento, denuncia el vicepresidente de la UE Frans Timmermans. "Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.", replica.

Mientras el lobby de los pesticidas sigue extendiendo su alcance a todos los rincones del sector agrícola y de la vida política europea, muchos agricultores de a pie se sienten atrapados. Dependientes de los plaguicidas para mantener los niveles de producción, aunque con rendimientos cada vez más escasos, confían en que lleguen soluciones que les saquen del laberinto. Esperan noticias de Bruselas.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la revisión de las normas de la Unión Europea sobre plaguicidas, así como otras medidas de protección de la biodiversidad, han sido pospuestas o cuestionadas por el temor a una inminente crisis alimentaria.

Pekka Pesonen es el secretario general de Copa-Cogeca, una organización que agrupa a los agricultores europeos, que a menudo se presenta como un grupo de presión capaz de dar forma a la política agrícola de la UE.

Investigate Europe ha entrevistado a Pesonen en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

Como parte del Pacto Verde, los países de la UE adoptaron la estrategia "De la granja a la mesa", una serie de medidas destinadas a hacer más ecológico el sector agrícola, entre ellas la reducción drástica en el uso de pesticidas. ¿Cuál es la posición de Copa-Cogeca al respecto?

Apoyamos el Pacto Verde en general porque reconocemos la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible. Pero para llegar a una reducción a la mitad del uso de los pesticidas, necesitamos alternativas y más actuaciones de la UE en el ámbito de las tecnologías.

Dentro de la iniciativa "De la granja a la mesa", la Comisión ha propuesto reducir los plaguicidas, los antibióticos y los fertilizantes. Nuestra postura es: vale, hablemos de ello. No hemos dicho que sea malo o inaceptable. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este objetivo? Especialmente ahora, cuando se supone que debemos producir más.

Con la reciente crisis [bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania por la guerra de Rusia], tenemos que asegurar el suministro de alimentos en Europa. En Europa no tenemos platos vacíos, aquí se trata más bien del precio. Cuanto más volátiles son los precios de los alimentos, más insatisfecha está la gente.

El mayor impacto se producirá en terceros países: cuando suban los precios de algunos productos básicos como el trigo, ¿en países como Egipto podrán permitírselo? ¿Y cuál será la consecuencia política?

La última vez que ocurrió esto, tuvimos la Primavera Árabe. Recuerde que en 2015 llegaron 1,5 millones de refugiados a Europa, principalmente del norte de África y de Siria, y se convirtió en una gran crisis existencial para la Unión.

La propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, con los objetivos vinculantes de reducción de plaguicidas, debía presentarse en marzo, pero la Comisión lo pospuso hasta junio. ¿Presionó Copa-Cogeca para ello?

Estábamos más interesados en el tema en sí, que en el calendario. No creo que hayamos pedido el aplazamiento, no, nunca lo hemos hecho. Pero entendemos las razones de la Comisión para aplazarlo, fue una buena decisión. La situación política es complicada, con la guerra, la fluctuación de los precios, la inflación... Hay que tener en cuenta el mensaje político: la Comisión puede parecer fuera de la realidad de los ciudadanos normales si impulsa una agenda progresista en un momento de crisis.

Uno de los principales argumentos contra el nuevo Reglamento es que provocará un aumento de los precios de los alimentos. ¿Hay una correlación clara?

No siempre, pero yo diría que el 90% de las veces. Cuando se reducen los pesticidas, los rendimientos de las cosechas suelen bajar. Y, en consecuencia, el coste medio por unidad aumenta. Por eso necesitamos precios más altos para los productos ecológicos.

Esta lógica es muy difícil de transmitir a la mayoría de los responsables de la toma de decisiones, pues simplemente piensan que podemos eliminar el uso de los plaguicidas y seguir felices para siempre.

Hemos pedido una evaluación de impacto exhaustiva sobre toda la estrategia De la granja a la mesa. ¿Cuáles son las consecuencias para la producción, cómo afectará a la competitividad y a los ingresos agrícolas? La Comisión se ha negado. La Comisión se ha negado a hacerlo, y ha optado por una táctica del salami, con una evaluación de impacto sobre los pesticidas, otra sobre los antibióticos y otra sobre los fertilizantes.

Según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, algunos científicos en Europa y también un estudio que nosotros financiamos, los ingresos y la producción bajarán, en comparación con nuestros competidores. No nos gusta.

¿Está de acuerdo con la premisa de que la agricultura sostenible conlleva reducir los pesticidas?

No usamos pesticidas por usarlos, suelen ser muy caros. Nuestro lema es "tanto como sea necesario, tan poco como sea posible". Lo importante es que no se puede prohibir un producto si no hay una solución alternativa.

Si se demuestra que un plaguicida es peligroso para la salud humana, hay que prescindir de él y punto. Es muy sencillo, blanco y negro. Las pruebas científicas son cruciales, especialmente el papel de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que hemos apoyado todo el tiempo.

La ONG Corporate Europe Observatory (CEO) ha escrito varios informes sobre Copa-Cogeca, en los que critica su acceso privilegiado a la Comisión Europea y su agresiva labor de presión en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esto es una absoluta tontería. CEO es un grupo de presión. Y si no trataran de influir en los eurodiputados, no estarían haciendo un buen trabajo. Sus informes sobre Copa-Cogeca también son acciones de lobby, intentan influir en los eurodiputados del mismo modo que nosotros lo hacemos con nuestras cartas.

Por supuesto, desde su perspectiva, nosotros siempre tenemos demasiado acceso. Si hablamos con un solo eurodiputado, dicen que eso es demasiado.

La mayoría de estas ONG, como Greenpeace, tienen más recursos que nosotros. Además, no recibimos ninguna ayuda de la UE, cosa que sí hacen algunas ONG. Nos financiamos a través de las organizaciones que forman parte de Copa-Cogeca.

Hugo Zina sólo tuvo tiempo de correr. Estaba en Sudáfrica, haciendo un estudio biológico en un campo de cereales. En el cielo, sin previo aviso, un avión rociaba el campo con algún tipo de pesticida que ni siquiera su formación de biólogo le permitía reconocer. De repente, se vio obligado a entrar en el coche para protegerse. Su trabajo se interrumpió... para siempre.

Volvió al día siguiente, y al siguiente. Su misión, que consistía en vigilar a las aves de esa zona, se volvió de repente más fácil y urgente que nunca: "Me impresionó mucho la consecuencia de lo ocurrido. Las aves habían desaparecido. No se oía nada. Los invertebrados, los insectos, subieron a la tierra y murieron. Aquello se convirtió en un verdadero desierto”.

Fue entonces cuando Hugo decidió dejar de ser biólogo. No le bastaba con observar, medir, cuantificar, "ser un engranaje". Quería hacer algo que combatiera la lógica de lo que había vivido en Sudáfrica. Se fue a Alemania a hacer un voluntariado y allí conoció a Theresa Sabo, que estaba haciendo un máster en agricultura ecológica. La idea se hizo más clara. Hugo, de 36 años, y Theresa, de 35, se casaron y se fueron a vivir a una finca cerca de Caldas da Rainha, una localidad portuguesa situada 90 kilómetros al norte de Lisboa. Allí fundaron Horta do Pé Descalço en 2017. Tienen una regla: "Practicamos la no agresión". Palabra de biólogo: "No es necesario aplicar pesticidas".

"Estoy de acuerdo en que todo debe ser protegido, especialmente las personas. Y me interesa porque soy el primero en llevar a casa mis productos y comerlos", explica Ildefonso Cabanillas Corchado. Es agricultor en Badajoz, donde produce tomates en campos regados por la red fluvial del Guadiana. "Estamos luchando con armas desiguales. La palabra beneficio en la agricultura ya no existe...".

En esas difíciles cuentas, donde la supervivencia dicta las reglas, Ildefonso no concibe la idea de producir sin pesticidas químicos. Incluso con los plaguicidas, el negocio empeora de año en año. "Antes, con dos o tres productos lo teníamos todo controlado, y ahora hay que hacer varias combinaciones de plaguicidas, lo que encarece todo, porque el nuevo producto es más caro que el anterior. Y, en segundo lugar, porque hay que complementarlo con otros para que tenga el mismo efecto, por lo que es el doble de caro. Es casi como si las plagas ya tuvieran un escudo...".

A nadie le sorprenderá que estos dos agricultores ibéricos, de distintas generaciones, vean de forma diferente la intención de la Comisión Europea de imponer una reducción drástica en el uso de pesticidas agrícolas para 2030. El Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios (esencialmente plaguicidas o pesticidas), presentado este miércoles en Bruselas, será la primera ley vinculante que surja de la estrategia de la UE para hacer que la agricultura europea sea ecológica y sostenible, llamada De la granja a la mesa o F2F, la abreviatura inglesa de Farm to fork. La norma plantea una reducción obligatoria del 35% para los países en los que el uso de plaguicidas es "inferior al 70% de la media de la UE", del 50% para los Estados que consumen "entre el 70% y el 140% de la media" y del 65% para aquellos que superan ese último porcentaje. La propuesta de la Comisión pasa ahora al Consejo, donde los ministros de Agricultura de los 27 pueden aprobar, modificar o bloquear su aprobación.

La misma línea que separa a estos dos agricultores divide a los Gobiernos europeos y a los comisarios de la Unión. También crea un abismo entre las preocupaciones de los ecologistas y la defensa de los intereses de lo que el holandés Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde en la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, llama el "complejo agroindustrial".

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

No cabe duda de que la producción agrícola e industrial y el uso de plaguicidas son responsables de una profunda crisis que está diezmando poblaciones de animales y cambiando nuestra forma de vida. La cuestión es saber cómo se resuelve el problema.

Nada explica mejor esta tensión política que la propia historia reciente de este flamante Reglamento. Francia asumió la presidencia de la UE a principios de este año. En su programa, declaró que promovería “iniciativas para acelerar la transición agroecológica y reducir así el uso de pesticidas". 

Pocos días después se publicaba un estudio de la Universidad de Wageningen, financiado por CropLife, el lobby de las empresas productoras de pesticidas, que concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "provocarán una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE, de media entre un 10 y un 20%”. También pronosticaba que “los precios del vino, las aceitunas y el lúpulo aumentarán". Esto llevaría, según ese estudio, a una disminución de las exportaciones de la UE y a una posible duplicación de las importaciones. También en enero, una declaración conjunta de 19 organizaciones que representan a los agricultores y a la industria química pidió, entre otras cosas, que no se prohíban los plaguicidas hasta que existan alternativas y que se recurra a la tecnología y la transformación digital para alcanzar los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa.

La campaña de presión mediática y política estaba en su punto álgido. Pero el punto de inflexión, que hizo crecer aún más la oposición a la reducción de plaguicidas, fue un hecho imprevisto.

El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. El comisario de Agricultura polaco, Janusz Wojciechowski, consciente de la perturbación que introducía en el mercado de cereales una guerra que implicaba a dos de los principales productores mundiales de grano, se apresuró a anunciar que era necesario “suspender el proceso” de aprobación del Reglamento sobre productos fitosanitarios. El presidente francés, que se encontraba en medio de una difícil campaña electoral en la que se enfrentaba a una candidata de extrema derecha que defendía el uso de pesticidas, señaló que la estrategia europea De la granja a la mesa, que él mismo había defendido, se basaba en un mundo "anterior a la guerra en Ucrania" y podría suponer una "reducción del 13% de la producción" agrícola.

La Comisión Europea decidió aplazar la presentación del Reglamento, prevista inicialmente para el 23 de marzo, lo que provocó que 41 eurodiputados firmasen una carta mostrando su "profunda decepción e indignación por el aplazamiento”. Por su parte, Frans Timmermans trató de resistir la presión: "Aquellos a los que no les gustaba el F2F desde el principio, utilizaron la guerra como excusa para volver a su antigua posición y tratar de impedir que el F2F se llevara a cabo".

La respuesta no se hizo esperar. Christiane Lambert, copresidenta de Copa-Cogeca, la principal federación agrícola europea, calificó las declaraciones de Timmermans de "deshonestidad intelectual". Y le acuso de “ser inhumano y egoísta, al mirar sólo a los europeos y no a los ciudadanos del mundo". En una entrevista concedida esta semana a Investigate Europe y publicada en infoLibre, Timmermans reaccionaba a dichas declaraciones: "Me pregunto por qué este nivel de agresividad hacia mí. ¿Es porque tengo razón? ¿Podría ser esa la razón?".

Sin la reducción obligatoria que quiere imponer Frans Timmermans, los plaguicidas seguirán utilizándose de la misma manera que en el pasado. La prueba de ello es el nulo efecto de la directiva que la UE aprobó en 2009 y que exigía una fuerte reducción de su uso, pero sin objetivos obligatorios. Timmermans admite que los objetivos no vinculantes "no nos llevan a ninguna parte".

El proceso de los últimos meses muestra cómo los Gobiernos estatales actúan a veces como representantes de los intereses de sus asociaciones de agricultores. En Francia, el ministro de Agricultura del primer Gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el dirigente de esta organización llegó a elogiarlo en Twitter como "buen portavoz de la causa". Y el antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se ha incorporado recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como responsable de relaciones públicas.

El lobby agroindustrial habla de crisis alimentaria, a pesar de que la Unión Europea es un exportador neto de alimentos. Su principal argumento es el impacto que provocará la invasión rusa de Ucrania, pero según los datos de la FAO ninguno de los Estados de la UE se encuentra entre los países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas. Son países de África, Oriente Medio y Asia quienes figuran esencialmente en esa lista. "Lo que hacen la industria agroquímica y las grandes empresas agrícolas es alarmismo. Es completamente falso e injustificado que exista escasez de alimentos. Quieren utilizar la guerra para sus propios intereses de presión, quieren apelar a los miedos de la gente", critica Gergely Simon, de la Red de Acción contra los Plaguicidas (PAN) y Greenpeace.

Las grandes empresas –Bayer, BASF, Corteva y Syngenta– están agrupadas en diversas organizaciones para intensificar su influencia. Las más importantes son CropLife y Euroseeds. Como explica Nina Holland, experta del Corporate Europe Observatory (CEO), esas compañías están presionando a Bruselas de forma unida: "Todos están presionando para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas cuando se trata de la evaluación de riesgos o del aplazamiento de determinadas medidas”.

En cuanto a Copa-Cogeca, la federación europea de organizaciones y cooperativas agrarias, también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, explicó a Investigate Europe que la entidad "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero la realidad es que, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para crear incertidumbre entre los europarlamentarios sobre los efectos de la nueva legislación. En ella se citaban todos los estudios realizados por agrónomos que defienden posiciones cercanas a la industria e incluso documentos creados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Desde principios de 2019, Copa-Cogeca ha consultado 26 veces a los comisarios europeos o a sus equipos sobre el tema. CropLife Europe, por su parte, lo hizo en 12 ocasiones. Y las multinacionales Bayer, BASF, Syngenta y Corteva celebraron 69 reuniones, lo que supone una media de dos al mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

Algunos de los principales Estados agrícolas de la Unión Europea, como Francia o España, muestran un discurso con dos caras respecto al Reglamento sobre productos fitosanitarios. Aunque públicamente se alinean con posiciones ecologistas, en reuniones a puerta cerrada plantean obstáculos para avanzar por ese camino. Incluso sin formar parte del grupo de 10 Estados que ya se han manifestado en contra del Reglamento –aún no son suficientes para frenar la propuesta de la Comisión–, España ha puesto claras condiciones a la aplicación de la nueva norma. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo explicó perfectamente el pasado 13 de junio en Luxemburgo, antes de reunirse con sus homólogos de la UE. Por un lado, señaló que la reducción en el uso de pesticidas y de productos químicos es "una necesidad desde el punto de vista ambiental" y "una demanda de la opinión pública" ante la que hay que "responder positivamente". Pero, por otro lado, cualquier propuesta para limitar la utilización de plaguicidas tiene que ser "realista" y debe "mantener en todo momento la rentabilidad de las explotaciones agrícolas".

El miércoles 22, pocas horas después de que la Comisión desvelase los detalles del nuevo Reglamento, el departamento de Planas reaccionó valorando positivamente que cada Estado miembro pueda "fijar sus propios objetivos de reducción", pero advirtió de que "existen aspectos de la propuesta que deben mejorarse en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la UE".

La lucha contra los pesticidas parte a veces de lagunas tan claras como la falta de datos. "Llevo años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero me he topado con eso que se llama el secreto estadístico, porque los Estados miembros pueden determinar qué datos se hacen públicos", denuncia Koldo Hernández, jurista y coautor del informe de Ecologistas en Acción Ríos tóxicos, publicado el pasado mes de marzo y en el que se analiza la contaminación por pesticidas en los ríos españoles.

"En España los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.", explica Hernández, quien presentó una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, contra la Comisión Europea por negarle el acceso a la información estadística oficial sobre los rastros de componentes de plaguicidas en el medio ambiente. La resolución llegó en marzo de 2022: "La Defensora del Pueblo considera cuestionable que la Comisión llegue a la conclusión de que el principio del secreto estadístico prevalece sobre la transparencia de la información sobre las emisiones al medio ambiente".

La Comisión denegó el acceso a los documentos en su totalidad, para lo que alegó una excepción legal sobre el acceso público a los documentos, cuando concurra "la necesidad de proteger los intereses comerciales de una persona física o jurídica". En concreto, argumentó que "la divulgación de las partes eliminadas perjudicaría los intereses comerciales de las empresas de las que se recogieron los datos". 

En respuesta a Investigate Europe, la oficina de O'Reilly destacó que "el uso de plaguicidas es un asunto seguido de cerca por los ciudadanos". Y añadió: "Hemos observado que a menudo hay una tendencia [de la Comisión Europea] a ser demasiado rápida para descartar el interés público superior en la divulgación de la información solicitada".

Las normas sobre estadísticas de plaguicidas (conocidas como SAIO por sus siglas en inglés) no están armonizadas en la UE y sólo se recogen cada cinco años. Petros Kokkalis, el eurodiputado ponente de la reforma de la SAIO, explica que los opositores y los grupos de presión querían esencialmente mantener la normativa vigente para que fuera imposible controlar el cumplimiento de la reducción de los pesticidas. Este plan fracasó y las estadísticas se recogerán anualmente, aunque no se empezarán a publicar hasta 2028. Esa estadística es fundamental para mostrar el alcance real del uso de plaguicidas.

En el informe elaborado por Koldo Hernández, que se basa en los datos incompletos recogidos por las autoridades, se constata que los ríos Duero, Tajo y Guadiana presentan altos niveles de contaminación por plaguicidas. Y ello tanto en las aguas superficiales –"muchos de estos plaguicidas no son solubles en agua", advierte el autor– como en los análisis de la "biota", la materia orgánica.

Ignacio Huertas, secretario general en Extremadura del sindicato UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), ve "cosas un poco raras" en el debate sobre el glifosato. "Se ha utilizado durante mucho tiempo. Cuando la empresa pierde los derechos de patente se convierte en un producto mucho más barato. Y es curioso que todos estos debates surjan justo cuando esto sucede. Sólo entonces se cuestiona el producto. Pero luego vemos que el siguiente que sale, el que lo sustituye, por así decirlo, es un producto que tiene prácticamente la misma base química, pero que cuesta unas tres veces más que el glifosato. Es algo que obviamente nos genera mucho rechazo e incertidumbre".

"Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido", anticipa Koldo Hernández. "Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos".

Ignacio Huertas, por su parte, reclama rigor a las autoridades: "No somos médicos ni científicos, somos agricultores y ganaderos, obviamente, y lo que queremos es que este tipo de situaciones se atiendan con el rigor científico que deben tener". En su opinión, la UE ya es la campeona mundial de las precauciones.

El problema es que, en determinados casos, las precauciones pueden no ser suficiente. "Nos encontramos en una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que los meteoritos acabaron con los dinosaurios. Y el problema va en aumento", sostiene Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex (Inglaterra). Los insectos son su especialidad. No sólo constituyen dos tercios de todas las especies conocidas, sino que también permiten la existencia de otros organismos vivos, especialmente al polinizar las plantas.

La organización inglesa Kent Wildlife Trust realizó una prueba. Pidió a ciudadanos que viajan en coche por zonas rurales que les permitieran contabilizar el número de insectos muertos en sus matrículas. El resultado demuestra que entre 2004 y 2021 ese número se redujo en casi un 60%. Un estudio realizado en 2017 en zonas protegidas de Alemania documentó una pérdida del 75% de la población de insectos en solo 27 años.

En 1962, la bióloga Rachel Carson escribió una distopía titulada Primavera silenciosa y que hoy parece una predicción acertada. En su alarmante libro sobre las consecuencias del insecticida altamente tóxico DDT, que se utilizaba en todo el mundo en aquella época, Carson describió "enfermedades misteriosas" y predijo una "sombra de muerte". Las flores se marchitan y los pájaros desaparecen, las abejas ya no zumban en los huertos y el silencio se apodera de los campos. "Esta tragedia", escribió Carson en el primer bestseller medioambiental del mundo, "es por ahora sólo un producto de la imaginación". Pero podría "convertirse fácilmente en una dura realidad" si no se frena el "espectro" de la agricultura repleta de venenos agrícolas.

El biólogo agrícola Josef Settele, del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental, uno de los principales autores del estudio de colaboración mundial sobre la pérdida de especies, que sitúa el riesgo de pérdida de biodiversidad junto con el cambio climático a la cabeza de los problemas urgentes, toma nota de la predicción de Carson. "Tenemos una homogeneización de todo el paisaje", detalla. Además, defiende que son sólidas las pruebas de que "los pesticidas desempeñan un papel importante en la mortalidad de los insectos". 

Settele, de 62 años, es reservado y mide cuidadosamente sus palabras. Pero no en este tema. Alrededor del 75% de los cultivos dependen de la polinización por insectos, indica, "y también nuestro aporte vitamínico de frutas y frutos secos". Ciertamente, nadie sabe "si en el futuro seguirá habiendo 580 especies de abejas en Alemania, como hasta ahora". Pero cuantas más especies, más opciones de adaptación hay. “Nadie puede decir exactamente cuántas se necesitan. Sólo lo sabremos cuando sea demasiado tarde", advierte Settele.

A medida que los insectos disminuyen, también lo hacen las aves. "Casi todas las especies de aves utilizan los insectos como alimento para sus crías", explica Ariel Brunner, responsable europeo de la asociación de ornitólogos Bird Life International. La asociación lleva mucho tiempo recogiendo datos de toda Europa. Sus conclusiones son alarmantes: las poblaciones de 168 especies de aves comunes europeas han disminuido un 18% desde 1980. Pero en el mismo periodo, las 39 especies de aves de campo han perdido hasta el 59% de su población anterior. "Esto demuestra indiscutiblemente que son nuestros sistemas agrícolas quienes las están matando", sentencia. 

Y el principal riesgo es incluso que todo esto ocurra en vano. "El uso de pesticidas es la forma menos eficaz de controlar las plagas, las malas hierbas y las enfermedades, porque sin medidas preventivas las plagas reaparecen con una frecuencia cada vez mayor", concluye un reciente estudio de la ONG Foodwatch, aún no publicado, pero al que ha tenido acceso Investigate Europe. El estudio también señala que la dependencia de los pesticidas ha creado un "sistema agrícola muy frágil". La producción agrícola entró en una "pendiente resbaladiza" a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se generalizó el uso de pesticidas, lo que llevó a la aplicación de más y más venenos.

En los últimos cien años, revela un informe del grupo francés de análisis del impacto social Le Basic, la "revolución agrícola" ha hecho de los pesticidas uno de los "pilares" del modelo mecanizado e industrial de producción de alimentos. Esto ha creado una fuerte dependencia de los agricultores. Y una industria global con mucho peso político.

El negocio es realmente grande: en 2019, el mercado de los plaguicidas se valoró en 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se vendieron en Europa. Cuatro empresas dominan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer (su negocio de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones de euros el año pasado), seguida de Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por la empresa estatal ChemChina. El tercer lugar lo ocupa Corteva, antigua DuPont en Estados Unidos, y el cuarto otro gigante químico alemán, BASF. 

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de los mismos cinco fondos de inversión estadounidenses –Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity– que también tienen entre un 10% y un 30% de participación en grandes multinacionales de alimentos como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Aunque un pesticida esté prohibido en la Unión Europea, eso no significa que no pueda producirse ni exportarse. Así que los venenos prohibidos en Europa, y las semillas tratadas con ellos, pueden ir a países donde todavía están permitidos. Países que luego exportan productos agrícolas a la UE. Y esta es una queja común entre los agricultores: Europa debería aplicar las mismas normas a los productos agrícolas que importa de Brasil, Chile, Marruecos o Sudáfrica.

La población mundial se ha duplicado con creces en los últimos 50 años, mientras que la tierra cultivable disponible sólo ha aumentado un 10%. Sin embargo, la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde 1960. Esto difícilmente habría sido posible sin una agricultura industrial cada vez más intensiva y a gran escala y sin el creciente uso de pesticidas. Durante este periodo, el rendimiento por hectárea ha aumentado de una media de 2,5 a 6,5 toneladas. No es de extrañar que la gran mayoría de los agricultores consideren los pesticidas como una necesidad básica.

Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex, confirma que a nivel mundial "producimos unas tres veces más calorías de las que se necesitan para alimentar a todo el mundo". Pero gran parte de estos alimentos se desperdicia y se da de comer a los animales.

La población de la UE tira cada año 80 millones de toneladas de alimentos, sin contar las cosechas que quedan sin recoger por los bajos precios, lo que eleva esta cifra a 110 millones de toneladas, según revela el estudio de Foodwatch. Aunque hay muchas personas hambrientas en el mundo, ahora ya hay más que padecen sobrepeso, lo que deja claro que existen problemas de distribución: el hambre está causada por la pobreza, no por la insuficiente producción de alimentos.

A principios de junio, el Gobierno español aprobó precisamente un proyecto de ley para prevenir el desperdicio alimentario, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables. De momento, sólo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE.

Además, gran parte de la producción agrícola mundial ni siquiera se destina al consumo humano directo. El 82% de las calorías para el consumo humano se producen en el 23% de las tierras agrícolas disponibles. El 77% restante de las tierras agrícolas se utiliza para producir piensos. En la UE hay el doble de cerdos que de niños. La superficie de tierra utilizada para producir alimentos para estos animales sólo para el sacrificio es igual a la superficie total de Austria, Alemania, Dinamarca y la República Checa.

Incluso con los rendimientos actuales de las cosechas, los agricultores tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, en todos los Estados miembros de la UE.

Para los pequeños agricultores, los programas de ayuda agrícola de la UE tienen poco que ver con los beneficios y mucho con la supervivencia, como explican Ildefonso Corchado y José Yerga, del lado español de la frontera del Guadiana.

La Política Agrícola Común (PAC) es la parte más importante del presupuesto de la UE, ya que representa el 31% del total en 2022, es decir, 53.100 millones de euros. Sin embargo, todos los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media sin subvenciones, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, destaca el peso que tiene el empresariado agrícola en el Gobierno español: "El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas".

Esta situación es similar en otros países del sur, como Portugal y Grecia. "Son ministerios muy condicionados por el poder económico", señala Alexandra Azevedo, de la ONG medioambiental portuguesa Quercus.

En su finca, cerca de Caldas da Rainha, Hugo Zina muestra sus parterres, diseñados con el rigor matemático que le proporcionó su licenciatura en Biología. El truco de la explotación, explica, proviene del modelo de negocio. Hugo y Theresa venden directamente a los consumidores. No dependen, como José e Ildefonso, de los precios que la industria transformadora da a sus alimentos, ni sufren la competencia de productos baratos importados de países vecinos como Marruecos.

Hugo y Theresa han fijado un salario mensual justo, que deben recibir por su trabajo, y organizan la producción con ese objetivo. Tienen 64 parterres, todos iguales. "Podemos producir doscientos kilos de boniatos, buenos, estándar, en un terreno de 19 metros cuadrados, aparte de los que se comen a medias las ratas y las pequeñas. Los productores tradicionales obtienen veinte toneladas por hectárea y están contentos. Si hacemos los cálculos aquí, salen cien toneladas por hectárea”, aseguran.

Pero lo cierto es que la agricultura ecológica ocupa una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. En la UE representa el 8% de media. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España se sitúa en el 10%, según datos de 2020, lo que supone que 2,43 millones de hectáreas están dedicadas a la producción ecológica.

Los planes de la Comisión Europea para reducir a la mitad el uso de plaguicidas de aquí a 2030 en el marco de su ambiciosa estrategia "De la granja a la mesa" se presentarán finalmente este miércoles en Bruselas, tras un retraso de tres meses.

El Reglamento sobre el uso sostenible de los plaguicidas será la primera ley vinculante de la Unión Europea que obligue a los agricultores a reducir el uso de productos químicos. Muchos lo consideran un paso crucial para atajar la complicidad europea en la crisis climática mundial.

Sin embargo, los grupos agroindustriales y varios Estados miembros se oponen con vehemencia a una regulación más estricta, y muchos han presionado a los funcionarios comunitarios para que suavicen sus propuestas. La guerra en curso en Ucrania ha avivado el temor a una crisis alimentaria, y varios gobiernos y eurodiputados se han unido a ese rechazo.

En una entrevista con el consorcio periodístico Investigate Europe, que infoLibre publica en exclusiva en España, el vicepresidente de la Comisión y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, explica por qué la legislación es esencial para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y por qué no debe sacrificarse por ganancias a corto plazo.

El tan esperado Reglamento sobre plaguicidas se presentará este miércoles. ¿Le preocupa lo que pueda pasar con la estrategia verde en general?

Bueno, tenemos una situación muy difícil debido a la guerra en Ucrania. La guerra plantea enormes riesgos para la seguridad alimentaria en algunas zonas de África y Oriente Medio. Pero utilizar estos problemas como razón para no aplicar la estrategia "De la granja a la mesa" sería matar la salud y la supervivencia a largo plazo de nuestro sector agrícola por consideraciones a muy corto plazo. 

Entonces, ¿usted insiste en que es el momento adecuado para establecer objetivos de reducción de plaguicidas y fertilizantes, y de obligar a los agricultores a cambiar su forma de trabajar? 

¿Cuándo se les va a obligar? Ni mañana, ni este año, ni el próximo. Tenemos una perspectiva de 2030, 2040, 2050. Y si no defendemos esa perspectiva ahora, ¿cuál será su modelo de negocio? ¿Pueden continuar con este nivel de uso de plaguicidas? No podemos permitirnos posponerlo. Tenemos que tomar medidas para afrontar los problemas reales y urgentes que tienen los agricultores. Pero las medidas que tomemos no deben acabar con nuestra visión a largo plazo de un sector agrícola sano y sostenible.

Llevo 30 años en esto. Cada vez que proponemos algo en el ámbito agrícola, siempre se produce la misma reacción: "Aplazamiento, derogación, no para nosotros, para otros". Mientras tanto, el 70% del suelo de la UE está hoy en condiciones insalubres, y el 80% de esos suelos son tierras agrícolas o praderas. Son datos científicos. Estamos perdiendo los polinizadores muy rápidamente. Ello supone una amenaza mayor para nuestra seguridad alimentaria a largo plazo que el conflicto de Ucrania, ya que el 75% de los principales cultivos alimentarios mundiales dependen de la polinización animal. 5.000 millones de euros al año en Europa dependen directamente de la polinización animal. Por favor, desconectemos la crisis inmediata de la adaptación a largo plazo que necesitamos.

El Reglamento propondrá una reducción del 50% del uso de plaguicidas en Europa para 2030 e introducirá objetivos obligatorios de reducción para cada Estado. Es la primera vez que se introducirán esos objetivos obligatorios. ¿Por qué son necesarios?

Bueno, necesitamos objetivos vinculantes porque ya lo intentamos antes con objetivos no vinculantes, y estos últimos no nos llevan a ninguna parte. Los objetivos vinculantes dan seguridad a la industria y al sector agrícola. Y, por cierto, nuestros ciudadanos nos empujan a hacerlo. Hay una enorme y creciente convencimiento de que el ecocidio es una amenaza directa para nosotros.

Refiriéndose a la "crisis de emergencia por la guerra", la Dirección General de Agricultura de la Comisión está a punto de permitir más cultivos en "zonas de interés ecológico", dando luz verde al uso de plaguicidas y sin obligación de rotar los cultivos. ¿Cómo encaja esto con evitar el ecocidio?

Cualquier excepción, cualquier desviación de la política a largo plazo sólo debería responder a preocupaciones y emergencias inmediatas. El tratamiento adecuado sólo llega después del diagnóstico correcto.

El problema es la cuestión logística: no se puede llevar el grano y el maíz desde Ucrania y Rusia hasta África y Oriente Medio. Así que ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Este reciente plan consiste en construir silos para poner en marcha el transporte. Y aquí tenemos que utilizar los instrumentos internacionales, especialmente el Programa Mundial de Alimentos, para conseguir suficiente dinero y proyectos para África. Esa es nuestra urgencia inmediata. Para mí, personalmente, no tiene sentido utilizar las zonas protegidas para producir aún más materia prima por este motivo. Por cierto, uno de los efectos de esta crisis y de los increíbles precios de los fertilizantes es que la bioagricultura se ha vuelto más rentable porque no necesitan el gas ruso para fabricar los fertilizantes.

Se está enfrentando a un fuerte rechazo por parte del sector agroindustrial. ¿Cómo aborda estas preocupaciones?

La cuestión principal es cómo conseguir que toda la sociedad participe en este debate. Si mantenemos la discusión dentro del grupo de personas que tienen intereses muy claros, entonces por supuesto el debate es diferente. Creo que estamos muy cerca de un cambio. La Política Agrícola Común ha sido algo para iniciados durante los últimos 30 o 40 años. Y ahora se ve que nuestros ciudadanos están despertando, igual que despertaron con la crisis climática. Tenemos que demostrar a la comunidad agrícola que ahí existen beneficios para ellos.

Los jóvenes agricultores lo entienden, realmente lo entienden. Y quieren formar parte de ello. La comunidad agrícola no es monolítica en esta cuestión. Pero por supuesto el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como parece que tengo todo el tiempo con ellos. 

Nunca he atacado personalmente a nadie de Copa-Cogeca [el principal grupo de presión de los agricultores en Bruselas], pero la presidenta de Copa-Cogeca se dedica todo el tiempo a atacarme personalmente. Me pregunto por qué este nivel de agresividad hacia mí. ¿Es porque tengo razón? ¿Podría ser esa la razón?

Algunos Estados miembros sostienen que si Europa introduce normas más estrictas, debería aplicarse lo mismo a terceros países. ¿Considera que es una exigencia legítima?  

Sí, lo considero. Si tenemos normas estrictas sobre cómo se elaboran los productos agrícolas en Europa, esos agricultores no deberían enfrentarse a la competencia desleal de productos agrícolas que no tienen que cumplir esas normas estrictas. Dicho esto, también tenemos que tener cuidado de no penalizar a los agricultores de los países más pobres del planeta. 

La Comisión Europea destina una cantidad ínfima de dinero a programas que apoyan el cambio del modelo agrícola tradicional. ¿Por qué?

Es como intentar que el mayor petrolero del mundo cambie de rumbo. Lleva tiempo. Lo que hay que hacer de inmediato es evitar que volvamos al viejo rumbo, aunque ahora haya correcciones. Y la observación que realizan es muy válida. Si miras el presupuesto total de la Política Agrícola Común y luego miras lo que se gasta en avanzar en la dirección correcta, es una parte muy pequeña del total. Tenemos que cambiarlo. Pero el cambio de rumbo tiene un efecto inmediato en muchos agricultores de la Unión Europea. Hay que contar con ellos. Y los intereses creados los están asustando haciéndoles pensar que lo que estamos impulsando les costará el sustento. Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.

Dinamarca gravó los plaguicidas en función de su toxicidad, y esto ha hecho que se utilicen menos los más peligrosos. ¿Podría ser un modelo paneuropeo?

Me parece una idea interesante. Pero hay que tener en cuenta que la diferencia entre los Estados miembros es tan grande que lo que funciona en Dinamarca no necesariamente funciona en Italia o en España. Así que soy un poco cauto, pero cualquier buena idea es una idea que merece la pena explorar.

La propuesta de reforma de los plaguicidas es sólo el comienzo de las negociaciones con los Estados miembros y el Parlamento Europeo. ¿Están dispuestos a luchar?

Estoy absolutamente seguro de que contamos con el apoyo del grueso de los ciudadanos. Los líderes políticos de Europa son cautelosos a la hora de entablar este debate porque saben que es muy fácil perder votantes si se considera que no ayudan a los agricultores. Yo quiero ayudar a los agricultores, pero quiero ayudarlos de forma sostenible, no sólo para mañana, sino también para dentro de diez y veinte años. Y para ello tenemos que ser sostenibles.