El empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido por destapar el 'caso Mediador', ha sido detenido a primera hora de este martes en un hotel de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La detención la han llevado a cabo agentes de la Guardia Civil y se ha producido por una requisitoria del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife (Lanzarote) y se prevé que pase a disposición judicial en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según apuntan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que matizan que actualmente se desconoce el delito que se le imputa.

A Navarro Tacoronte se le vincula en la trama de corrupción del 'caso Mediador' que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, si bien la detención de este martes es por una requisitoria de un juzgado de Arrecife.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, quien permanecía hasta ahora en prisión por el conocido como caso Mediador, al entender que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o de destrucción de pruebas.

En un auto, el magistrado, como juez de garantías en este procedimiento en lo relativo a los hechos competencia de la Fiscalía Europea, atiende así la petición de libertad de la defensa del general, a la que se había opuesto el Ministerio Público.

La Fiscalía Europea ha asumido la investigación del caso Mediador relativa al ahora general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado en prisión provisional, y a los contratos vinculados a un proyecto de la UE en el Sahel, si bien las pesquisa del resto de la trama presuntamente liderada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, seguirán en el Juzgado de Instrucción Número 4 Santa Cruz de Tenerife.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres ha enviado esa parte de la causa a la Fiscalía Europea después de que ésta reclamara la competencia sobre la misma por tratarse de un proyecto, el GARSI-Sahel, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el ex general.

La instructora, en una providencia del pasado 22 de marzo, había enviado las diligencias practicadas hasta la fecha en el caso Mediador a la Fiscalía Europea para que determinara si entre los hechos investigados había alguno de su competencia.

En concreto, Lorenzo-Cáceres ha acordado en el decreto emitido este lunes "poner a disposición" de la Fiscalía Europea las pesquisas realizadas sobre este asunto, así como al propio general, por lo que será ahora la institución comunitaria la que decida si continúa o no en prisión provisional.

Las fuentes jurídicas señalan que las actuaciones enviadas a la Fiscalía Europea se refieren también a la participación del empresario José Suárez Estévez, conocido como El Drones por la trama.

Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, este empresario se habría hecho con hasta tres contratos de suministro de equipamiento para GARSI-Sahel: Uno de 2020 para Mauritania y Níger, y otro de 2021 para Malí.

No obstante, el general Espinosa negó ante la juez instructora que favoreciera a Suárez Estévez para que lograra dichos contratos con los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (GARSI-Sahel).

Salvo esta parte, el juzgado canario seguirá investigando esta presunta trama encabezada por Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes; el general Espinosa; y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el mediador.

De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".

Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife Ángeles Lorenzo-Cáceres ha acordado enviar las diigencias practicadas hasta la fecha en el caso Mediador a la Fiscalía Europea para que pueda verificar si hay hechos investigados que sean de su competencia.

Así lo recoge una providencia firmada por la magistrada este miércoles 22 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que apunta que "visto el estado de las presentes actuaciones" procede librar oficio a esa fiscalía para que vea si en este caso se ha dado un desvío de fondos europeos.

En este caso Mediador se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo —alias Tito Berni—, por su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez y por el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte —el mediador— que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

Según el sumario, al que tuvo acceso esta agencia, la trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Los investigadores sostienen que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

La jueza del denominado caso Mediador ha admitido que el PP, PSOE y Vox ejerzan la acusación popular en la investigación que se sigue contra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, como presunto líder de una supuesta trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos, según ha informado Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado que la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado admitir también la personación de Fuerza Canaria Unida Democrática, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris).

Las mismas fuentes han precisado que la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres ha emplazado a las acusaciones populares ahora admitidas a abonar una fianza de 2.000 euros. Según han indicado, a todas se les considerará personadas de manera "unificada, conjunta y simultánea" bajo la dirección legal de un único letrado.

La decisión de la titular del Juzgado tiene lugar después de que el sobrino de Tito Berni y exdirector de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, le solicitara que aglutinase en una misma acusación a PSOE, PP y Vox y las demás partes que habían pedido personarse, según un escrito al que tuvo acceso Europa Press.

Al margen, las fuentes consultadas han asegurado que la juez revisará ahora la petición formulada por Vox y el partido canario para que se decretara el ingreso en prisión provisional del exdiputado investigado. Cabe recordar que la magistrada no pudo acordarlo en su día porque la única acusación entonces, la Fiscalía, no lo solicitó como medida cautelar.

Se trata del último movimiento del conocido ya como caso Mediador, donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

La trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Según los investigadores, el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

El PSOE y sus aliados han rechazado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso poner fecha al debate de la comisión de investigación planteada por el Partido Popular sobre el llamado caso Mediador y las actividades del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que tuvo que dejar el escaño al ser investigado por la Justicia, según ha informado Europa Press.

A cambio, los socialistas han pactado con sus socios que en las comisiones ordinarias del Congreso, la de Interior y la de Calidad Democrática, se analicen los contratos de obras de la Guardia Civil, ahora que la Justicia está investigando irregularidades en adjudicaciones a determinados empresarios (caso Cuarteles).

Incluso se podrían estudiar comparecencias, y de entrada el PSOE ofrece la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, para informar de las adjudicaciones del Instituto Armado.

Eso sí, la eficacia nunca es la misma si se escoge una u otra vía. La diferencia fundamental es que las comparecencias en una comisión de investigación son obligatorias, hay interrogatorios y mentir es delito.

En una comisión ordinaria, el exdiputado Fuentes Curbelo o el Mediador no tendría ninguna obligación de acudir al Congreso. Algo parecido ocurre con la petición de documentación, que si vienen de una comisión de investigación deben ser atendidas. Y, además, una comisión de investigación acaban con unas conclusiones exigiendo medidas y que se depuren responsabilidades.

Los socios del PSOE en el Congreso son reacios a incluir ya en el orden del día de una sesión plenaria el debate de la comisión de investigación planteada por el PP por el caso Mediador y están trabajando en una propuesta alternativa para que se contemple también la apertura de pesquisas sobre la "corrupción" en el seno de la Guardia Civil, según ha informado Europa Press.

Así lo han anunciado la portavoces parlamentarias de En Comú, Aina Vidal, y de Bildu, Mertxe Aizpurua, horas antes de que el PP defienda en la Junta de Portavoces de la Cámara que el debate sobre la investigación relativa a la trama que supuestamente lideraba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo tenga lugar en el Pleno de la última semana de marzo.

"Hay que estudiar todas las aristas que este caso está dibujando", ha señalado Vidal en rueda de prensa, dejando claro que todo indica que este caso va "más allá de cuatro diputados" y que afecta también a la Benemérita.

De su lado, Aizpurua ha defendido que hay que "llegar hasta el final de todos los casos de corrupción, sean del partido que sean", si bien ha tildado de "sorprendente" que el PP se presente como "adalid" de la lucha contra este fenómeno cuando fue "condenado por lucrarse por la trama Gürtel".

En este contexto, ha avanzado que los socios del PSOE están trabajando en esa propuesta alternativa para que se investigue también la implicación de la Guardia Civil en la trama Mediador y el hecho de que, según apuntan las investigaciones, se produjeron "irregularidades" en la adjudicación de obras en cuarteles a la misma empresa.

En el caso Mediador, el relato cutre y la sensación de vergüenza continúan mientras su ámbito se reduce, y sin embargo el PP aprovecha la ocasión para intentar amplificar el ruido y así eludir cualquier explicación sobre los casos que le afectan, como la Kitchen, de prevaricación, secuestro y obstrucción de la justicia, y con respecto a las recientes declaraciones del expresidente Camps en el juicio sobre los amaños de la Gürtel en Valencia, a los que responden como siempre con los latiguillos del 'no me consta', 'es cosa del pasado' o con el ’ese del que usted me habla'.

Es por eso que la derecha sigue obsesionada por extender las sospechas sobre los implicados en la trama de El Mediador al resto de los diputados comensales, al grupo parlamentario socialista y por extensión al conjunto de la izquierda y al propio presidente del Gobierno, con la exigencia de una investigación exhaustiva por parte de la presidencia de la Cámara e incluso demandando la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Mediador.

Poco les importa que la investigación judicial esté en marcha y haya sido declarada sub judice. Tampoco que, por lo que hasta ahora se conoce, no afecte al Gobierno central, si acaso al subdirector del departamento de agricultura del gobierno canario y a un alto mando de la guardia civil.

Y es que el caso Mediador es una perita en dulce para los tópicos del PP y de la ultraderecha y para el morbo de los medios de comunicación conservadores, con el que agitar la caracterización de los diputados de la izquierda como vividores, desahogados, y de moralidad hipócrita frente a la prostitución y sin solución de continuidad vincularla al caso de los EREs de Andalucía como paradigma de la corrupción del partido socialista. No lo podían desaprovechar, como tampoco lo han conseguido.

El grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados se ha apresurado a provocar la dimisión inmediata del diputado, a clausurar su despacho y a autorizar el registro para así hacer prevalecer el principio de transparencia y la responsabilidad de los cargos públicos, y al tiempo a ampliar la investigación, además del diputado afectado, a otros diputados que pudieron acudir con él a alguna cena, para rechazar al mismo tiempo las insinuaciones del PP y los insultos de la ultraderecha. Sin embargo, llama la atención que meses antes no hubieran saltado las alarmas en el partido y en el gobierno canario con el cese del sobrino del diputado y que los mecanismos de transparencia puestos en marcha hasta ahora por el Congreso no lo detectaran.

Por eso, no contento con ello, el PP apunta además a la supuesta connivencia del gobierno canario e incluso del Gobierno central, sin ningún dato que lo avale, no solo con la corrupción de los socialistas, sino también con la supuesta falta de control sobre las subvenciones europeas. Otra de las obsesiones de la derecha desde el inicio de la legislatura.

Sin embargo, hasta el momento, el único detenido de la trama es el general de la Guardia Civil que ascendió a general de división gracias al gobierno de Rajoy y que otro de los implicados por el mediador es hoy el candidato del PP en Canarias.

Estas son las consecuencias de la estrategia del ventilador de la derecha, que no se paran en la frontera de ningún color político ni a las puertas de las instituciones, y que al agitar el clima de la antipolítica tampoco dejan títere con cabeza.

Lo que sí ha puesto en evidencia es la investigación de una serie de adjudicaciones irregulares en obras de cuarteles de la Guardia Civil en trece comandancias del Instituto Armando, y que afectarían a casi dos centenares de proyectos por un importe total de más de dos millones y medio de euros, lo que ha provocado el cese fulminante del jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, mencionado en varios informes del caso por su relación con varios imputados, entre ellos con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, presunto cabecilla de la trama Mediador.

Por contra, la actitud del PP es radicalmente diferente con los escándalos que le afectan como el caso Kitchen, sin que todavía se haya producido ninguna explicación por parte de la nueva dirección del PP después de las graves penas solicitadas por la fiscalía para los altos cargos del ministerio del interior como principales encausados. Tampoco se pronuncia sobre los mensajes ahora conocidos entre el presidente de la Audiencia Nacional con uno de los principales acusados en plena investigación. Tan solo con la apertura de una inspección exprés (en horas venticuatro) por parte del CGPJ para luego negar que exista materia para una investigación por parte de la justicia. Ni investigación, ni sanción ni siquiera condena por parte de las asociaciones judiciales. En definitiva, cierre en falso de la investigación sobre la relación entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Interior, con la débil excusa de que ha prescrito. Como si los altos cargos judiciales no se debieran a la misma transparencia y ejemplaridad del resto de los cargos públicos en la lucha contra la corrupción, empezando por depurar en primer lugar lo que afecta a sus propias filas.

En definitiva, estos casos y alguno más que pueda aparecer muestran que la corrupción no es cosa del pasado y que ningún grupo político tiene el monopolio de la decencia, si bien es el electorado progresista el más sensible a los escándalos de corrupción, ante los que no solo demanda ejemplaridad en la respuesta por cualquier sospecha de corrupción, sino también medidas para su prevención y control, tanto en los partidos como en el resto de las instituciones.

Por si esto fuera poco, en el juicio oral sobre las contrataciones a la trama Gürtel por parte de la Generalitat valenciana, el expresidente Camps ha responsabilizado a la dirección nacional del PP de la contratación con las empresas de la red Gürtel, añadiendo que en su partido ''como en todo partido centralizado, todo lo relativo a las campañas está diseñado desde la dirección nacional". Y a todo esto, desde Génova no hay comentarios. No cabe duda de la manga ancha con la que la derecha trata los casos de corrupción que les afectan.

En todo caso, los partidos y los gobiernos de izquierdas seguimos emplazados a avanzar de forma más ágil y decidida de cara a las próximas elecciones en la máxima exigencia en la elección de nuestros candidatos y también en una escrupulosa vigilancia de los cargos públicos, con una regulación más estricta de las declaraciones de sus bienes e intereses, también de los grupos de presión o lobbies que entran en contacto con los diputados o con los miembros del Gobierno, así como en el cumplimiento de la vigente ley de transparencia y en la efectiva protección de los denunciantes en el seno de las distintas administraciones, entes y sociedades públicas.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Filóloga y periodista, Ana Pardo de Vera se encuentra entre las pocas mujeres que ha dirigido un periódico, Público, donde ahora ejerce como directora corporativa y de relaciones institucionales. Autora de varios libros, el año pasado publicó su primera novela, Chantaje a una jueza, con el trasfondo de la corrupción en Galicia y ecos que recuerdan el reciente caso Mediador. Pardo de Vera participa en diversos medios como colaboradora, defendiendo siempre con rotundidad posiciones progresistas. 

"El 8M demostró que el movimiento feminista es una cuestión de la sociedad que está muy por encima de los partidos: ninguno tiene la hegemonía feminista. Las divisiones entre partidos se proyectan en las dos cabeceras de las manifestaciones, la de Unidas Podemos y la del PSOE. Ningún partido es el más feminista, votamos a partidos feministas para que hagan realidad nuestras reivindicaciones. El arco parlamentario actual, por suerte, es muy feminista, como demuestra la mayoría de la investidura. Ahí es donde la coalición se equivoca: hay una batalla evidente por hacerse con la hegemonía del feminismo entre el PSOE y Unidas Podemos, y eso es un grave error". 

"La ley del sólo sí es sí me parece revolucionaria, va mucho más allá de lo que es una pura norma e introduce un factor cultural muy potente respecto a la libertad sexual de las mujeres. Podemos tiene razón cuando dice que el consentimiento no puede salir del núcleo de la norma y me interesa mucho su propuesta, aunque no la hayamos conocido en los medios. Plantean el rechazo a la propuesta socialista, por cuanto que ellos consideran que el consentimiento es el consentimiento y la agresión es la agresión. Si no hay consentimiento, la violencia o los agravantes se sacarán fuera del articulado para que las víctimas de agresión sexual o de violación no tengan que pasar el calvario de estar en el foco y demostrar que se resisten, o tienen heridas, o dejan de tenerlas. El consentimiento es el consentimiento. Y a partir de ahí hablemos de agravantes".  

"El PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que las excarcelaciones y rebajas de penas, que no son firmes la mayoría, aun siendo muy minoritarias, son una mala noticia y un efecto indeseado. Eso ya ha ocurrido con leyes del PP, y nadie ha dicho nada. Hacer leyes y reformar el Código Penal es muy complicado y siempre tiene consecuencias. Pero no puedes negar esas consecuencias a priori y después decir que la ley está bien o que hay un error, porque lo habías negado. Eso es lo que critico de la posición de Podemos. Pero nadie del Gobierno, ni UP ni el PSOE, ha tenido un interés real en negociar una salida pactada para esto. Aún estamos en el principio, en la toma en consideración, que es lo que se ha votado de la reforma que propone el PSOE para la ley. Hay tiempo para llegar a acuerdos. Espero que así lo hagan, como ciudadana, como mujer y como feminista".  

"El PSOE, aunque menos ahora, siempre ha tenido el problema de ser un partido gigante, lo que genera muchas contradicciones internas, que no son malas, pero muchas veces te llevan a no ser lo suficientemente valiente. Siempre le ha acobardado un poco la reacción de la derecha y su marco mediático. Pero la derecha, y más aún la ultraderecha, no está invitada a este debate. Siempre se han opuesto a los avances feministas. El PSOE ha creído que los votos del PP le interesan y no estoy tan segura. El electorado socialista se ha volcado con el partido cuando gira a posiciones más de izquierdas. Ellos sabrán, pero hay un interés superior al de UP y PSOE y es que la ultraderecha no entre en el Gobierno. Parece que ambos partidos lo han olvidado en esta pelea tan agresiva en la que han atravesado líneas rojas muy difíciles de retroceder. Yo todavía confío en un entendimiento, soy optimista por naturaleza". 

"Hay mucha desmovilización con las tensiones en el seno de la coalición de gobierno, mucho enfado, frustración y miedo. Y tiene que ver con ese interés superior que está por encima de las diferencias con respecto a cómo reformar la ley del sólo sí es sí. Todos estamos de acuerdo en que las víctimas no pueden quedar desatendidas de ninguna de las maneras. Pero están ignorando que la ultraderecha tiene muchas posibilidades de gobernar. Viendo el debate del martes me imaginaba a Santiago Abascal sentado en el escaño de la Vicepresidencia y me preguntaba: ¿Por qué no ampliamos un poquito el foco? Irene Montero dijo en una ocasión, con toda la razón, que a los fascistas se les combate con derechos. El derecho es la ley del sólo sí es sí. La protección en la que envuelve la libertad sexual de las mujeres no tiene precedentes. Es una ley buenísima. Arreglemos ese contratiempo".  

"El caso Mediador es el típico de corrupción política de España, testosterónico, con empresarios, mujeres prostituidas, grandes cenas, muy similar al que planteo en mi novela Chantaje a una jueza. Es asqueroso. Me preocupa que empresarios pasearan por el Congreso como por la Gran Vía. Queremos más controles de los despachos de los diputados y una educación contra la cultura de la corrupción. Podemos cifraba en 90.000 millones de euros lo que hacen perder al año. Estoy segura de que es más, tiene muchas capas y afecta a gente inocente hasta extremos insospechados. Se carga la imagen de los países y a los Estados mismos. Este es un caso muy cutre, lo decía Feijóo. Pero también lo tiene que decir de los trajes de Camps, los "volquetes de putas", "las putas, rubias mejor"... Pido un poco de contención para no llamarnos idiotas. Por ahora, se han depurado bien las responsabilidades políticas y no está el PP para dar lecciones". 

"Me parece bien que Pedro Sánchez saque el tema de la foto de Feijóo con Marcial Dorado porque no me imagino a ningún líder europeo con una foto así a sus espaldas. No es la foto de 'yo no sabía que era narcotraficante': hay una amistad de muchos años con un señor que empezó con el tráfico de tabaco y terminó con el narcotráfico, responsable de la muerte de muchísimos gallegos. Una auténtica masacre que se ha conocido tarde, gracias también a la serie Fariña. Cualquiera que haya tenido contactos o vínculos con el narcotráfico, aunque solo fuera una amistad, debería cuidarse de presentarse a unas elecciones. Para mí es demoledor. ¿Qué hubiera pasado en Alemania si hubiera una foto de Angela Merkel con un narcotraficante en un barco?". 

"Ramón Tamames es una persona con un prestigio y reconocimiento histórico más allá de su trayectoria, a veces oscilante. Pasó del Partido Comunista a estar con Adolfo Suárez en poco tiempo y luego se retiró. Explicó en su entrevista en El País cosas que no tienen que ver con Vox, como la gravedad del cambio climático que la ultraderecha niega. Le escucharé con atención, como siempre a quienes hablan en el Congreso, es mi trabajo y tengo curiosidad por conocer su discurso. Tengo un gran respeto por la gente con una trayectoria tan larga. A partir de ahí, lo demás me importa un bledo. Quiero decir, Santiago Abascal defenderá la posición de Vox. Es como si hubiera un paréntesis. Habla Tamames y luego empieza realmente la moción de censura. Eso sí, moción sin candidato de Vox, no hay precedentes. Y creo que les acabará perjudicando". 

"No esperaba otra cosa. Ni de las grandes empresas, especialmente constructoras, que crecieron a la sombra del franquismo, ni de Ferrovial, ni de Rafael del Pino. Me sorprendió que fuera tan descarado. En el sentido de que infoLibre publicó que Del Pino había dicho hace un mes a Feijóo, por quien apostó, que iba a apoyar a España en todo lo que fuera. Su palabra no vale mucho. Determinadas élites tratan de tomarnos por idiotas diciéndonos que se van de España por la seguridad jurídica. Díganos que necesita dinero, que tiene que ahorrar en impuestos y que son sus millones los que están en juego y los que necesitan seguridad. No nos cuente la milonga de la seguridad jurídica. Después recularon diciendo que sí había seguridad jurídica en España. Me consta que hay malestar en otras empresas del Ibex por esta decisión de Ferrovial. Lo que me sorprende es quién lo defiende".

"Son una foto fija muy reducida y les presto atención como tal, nada más. Hacer una encuesta buena es carísimo y la política en España va tan rápido que una hecha hoy solo te sirve mañana. Las cojo con muchas pinzas, pero hay una foto fija que muestra lo reñido que está el bloque de la derecha y ultraderecha con un gobierno progresista, y eso es muy peligroso para mí. Si fuera una derecha normal, pero es la que hay. No es una derecha normal. Hablamos de meter a los neofascismos, que no son tan neos en el caso de Vox, en Moncloa". 

"Hay mucho amarillismo, sensacionalismo y poco fondo en los medios. Y luego hay intereses electorales muy evidentes, intereses del poder económico. Los grandes grupos de comunicación no dejan de ser negocios. Veo un objetivo común entre ellos y los medios más pequeños que orbitan a su alrededor y defienden posiciones conservadoras. No quieren a formaciones como Unidas Podemos y Sumar, si se constituye en su momento, ni quieren a los independentistas influyendo. Quieren el orden y la ley. Lo que hemos vivido siempre: el bipartidismo sin matices, con turno de poder. Pero su tiempo ha pasado. La sociedad española es muy diversa. El Parlamento actual es el más plural que hemos tenido en la democracia posfranquista y espero que lo sea todavía más, porque eso obliga a los políticos a incluir posiciones minoritarias que, al ser decisivas, se tienen más en cuenta". 

La juez que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil ha acordado imputar a un tercer mando de la Benemérita, un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante, según informa Europa Press.

Fuentes policiales conocedoras de la investigación han confirmado que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha ampliado la lista de investigados en el procedimiento en el que ya figuran dos mandos de la Guardia Civil y dos empresarios. Las mismas fuentes han precisado que el nuevo mando imputado declaró en sede policial, pero todavía no ha sido citado a comparecer ante la juez instructora en sede judicial.

En concreto, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el empresario Salvador Gutiérrez; y el empresario constructor Ángel Ramón Tejera de León, alias "Mon", que además aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, quien permanece en prisión preventiva.

Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

Fuentes jurídicas han explicado que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que —aunque encargó un informe pericial el año pasado— hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.

La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.

No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según han señalado las fuentes consultadas.

Tanto el exdiputado del PP Alberto Casero, que dejó el escaño tras ser procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres), como el socialista canario Juan Bernando Fuentes Curbelo, obligado a dimitir tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del caso Mediador, han solicitado a la Mesa del Congreso que se les abone la indemnización que les corresponde al dejar la Cámara, según informa Europa Press.

El reglamento de prestaciones sociales del Congreso establece que todo diputado que deje el escaño tiene derecho a percibir una indemnización por cese, incompatible con otros ingresos públicos o privados.

La cuantía de esta indemnización es la equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario, siempre que hayan estado al menos dos años en la Cámara, requisito que cumplen tanto Casero como Fuentes Curbelo.

Se trata de una compensación al estilo del subsidio de paro que perciben los trabajadores y que a los diputados no les corresponde al no formar parte del régimen de la Seguridad Social.

Ambos han registrado ya sendas peticiones que deberán ser evaluadas por la Mesa del Cámara. En el caso de Casero, que fue diputado seis meses en la anterior legislatura y más de tres años en la actual, le corresponde un total de algo más de 12.500 euros, mientras que a Curbelo, con tres años justos de actividad parlamentaria esta legislatura, le deberían abonar algo menos de 10.000 euros.

Esta indemnización por cese no se abona de golpe, sino que se divide y el Congreso la va pagando mensualmente por la cuantía de la asignación básica de los diputados (3.126,89 euros), cuatro mensualidades para Casero y tres para Fuentes Curbelo.

Y es que esta prestación es "incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado", con lo que en cualquier momento la Cámara puede detener el pago si detecta que el exdiputado tiene otros ingresos.

La Fiscalía de Las Palmas ha formulado escrito de acusación al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife (Lanzarote) contra el empresario de la isla Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon en el caso Mediador, por un presunto delito contra la hacienda pública en el marco de unas obras realizadas para la Guardia Civil con la entidad Angrasurcor S.L. y que elevarían la cantidad defraudada a 162.171,68 euros.

Por ello pide una pena de tres años de prisión y una multa de 488.015,04 euros, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social por tiempo de cuatro años, según recoge el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.

En el marco de la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la entidad indemnice a la Agencia Tributaria en la cantidad de 162.171,68 euros, que es el importe de la deuda tributaria.

Todo ello al entender que el empresario, en su condición de administrador único de Angrasurcor S.L., presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente al año 2016 "omitiendo en la misma ingresos que había obtenido" la entidad mercantil e "incluyendo como deducibles gastos que en modo alguno pueden tener tal consideración" por ser de consumos de naturaleza personal o propios del acusado.

Por lo que la Fiscalía matiza que "no" están relacionados con la actividad económica que desarrolla la entidad y se trata de gastos que "no responden a servicio alguno y no se ha justificado".

Esta forma de presentar la declaración permitió al empresario "reducir considerablemente" la base imponible del período declarado y con ello la cuota debida a la Agencia Tributaria, lo que supone un "evidente perjuicio para el erario público".

La sociedad Angrasurcor S.L. se constituyó el 26 de diciembre de 2013 con el objeto social de realizar trabajos de reformas e impermeabilización, estando dada de alta con Impuesto sobre Actividades Económica Construcción completa, reparación y conservación.

En este sentido, la declaración presentada por el impuesto de sociedades del año 2016 tenía una cuota por importe de 68.017,52 euros, sin embargo por lo que hace a los ingresos recibidos y no declarados ascienden a la cantidad de 14.500 euros pero este "origen no ha quedado acreditado documentalmente", siendo contabilizados como movimientos de caja a bancos y "procediendo un aumento de la base imponible declarada del ejercicio 2016 por dicho importe".

Sin embargo, la Fiscalía destaca como el apartado "más importante" por su cuantía el relacionado con los gastos que se incluyeron por la obligada tributaria en su autoliquidación como deducibles y que, subraya, "en modo alguno pueden tener tal consideración".

Señala así a los importes que se había contabilizado y deducido conceptuados como 728.254,58 euros en aprovisionamientos, 86.122,55 euros en gastos de personal, 35.918,26 euros en otros gastos de explotación, 388,19 euros en amortización del inmovilizado, 1.432,90 euros en otros resultados y 92,03 euros en gastos financieros.

En cuanto a los gastos de aprovisionamientos (728.254,58 euros) la Fiscalía apunta que "no tienen tal consideración el importe de 392.781,34 euros recogidos en la cuenta de compra de mercaderías, dado que se requirió al representante de la obligada tributaria para que aportara la documentación justificativa de tales adquisiciones como de su pago, requerimiento que no fue atendido".

Añade que al no haberse acreditado la realidad de estos gastos, "no pueden tener la consideración de deducibles", al igual que sucede con el importe recogido en la cuenta de trabajos realizados a otras empresas, de los que "únicamente" se ha aportado justificación por una "pequeñísima parte" que asciende a 6.312,93 euros, mientras que el resto que suma la cantidad de 235.028,86 euros no han sido justificados.

Asimismo subraya que "no sólo no se ha justificado la existencia del gastos, tampoco el pago de los mismos", ya que puntualiza que las disposiciones efectuadas responden a gastos personales y no a las necesidades de la actividad económica que desarrolló la mercantil.

Sobre los gastos de explotación (86.122,55 euros) señala que no tiene la consideración de deducibles la cantidad de 2.575,53 euros "cobijados en la cuenta de primas de seguros" y responden a gastos por seguros médicos, de vehículo y de ahorro "no afectos al desarrollo de la actividad económica".

Tampoco considera la Fiscalía deducibles los gastos por importe de 3.801,01 euros recogidos en la cuenta de comidas y estancias, así como en la de desplazamientos y viajes por responder a pagos por estancias del acusado y administrador de la entidad en hoteles de lujo no relacionados con la actividad económica de la entidad.

Así entiende que procede incluir en la base imponible de los ingresos no declarados por importe de 14.500 euros ya la eliminación de los gastos indebidamente deducidos por importe total de 634.186,74 euros, reintegrada la base imponible arroja una cuota debida, ocultada y no ingresada a la Agencia Tributaria de 162.171,68 euros, con el consiguiente perjuicio para el erario público.

Cabe recordar que, al margen de este caso, Mon es uno de los empresarios que aparece en el sumario del caso Mediador, que tiene como principales imputados al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Además, un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que entre 2008 y 2019 trece unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por Tejera de León por valor de más de 3,3 millones de euros, y que pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Este informe fue remitido el 24 de enero de 2020 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, donde se investigaban esas presuntas irregularidades en la contratación de obras para cuarteles de la Guardia Civil en multitud de provincias antes de que se inhibiera en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, donde ahora se encuentra el caso.

El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha denunciado "presiones" e "insinuaciones" en el caso Mediador al tiempo que ha respaldado el trabajo "impecable" del fiscal encargado de esta trama, Jaime Serrano-Jover, presuntamente encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

"Mi función principal es defender el trabajo de los compañeros. Un trabajo complicado, sujeto a muchas presiones, sujeto a muchas insinuaciones. Casi me atrevería a utilizar la palabra insidia. Sujeto a que desde una tribuna pública se pida directamente el ingreso en prisión de una persona", ha reclamado García Ortiz en una entrevista este miércoles en TVE, recogida por Europa Press.

El Fiscal General ha incidido en el carácter "excepcionalísimo" del ingreso provisional en prisión. "No sé si nos hacemos a la idea de lo que significa subirse a una tribuna pública, tener un espacio mediático excepcional y pedir que se meta a una persona en prisión", ha deslizado.

Al ser preguntado por qué la Fiscalía ha rechazado el ingreso en prisión de uno de los supuestos cabecillas de la trama, García Ortiz ha defendido que los parámetros que ha utilizado son "legales, jurisprudenciales y de garantías del derecho", por lo que ha insistido en que "ni las funciones de la pena, ni la cuantía hipotética de la pena a imponer justificaban la prisión provisional", ha recalcado.

Al respecto, el Fiscal General del Estado ha querido destacar el sentir de los fiscales que se muestran "sorprendidos" de estar "siempre en el terreno de la sospecha". "Nos guiamos por criterios profesionales. Hay cosas que son opinables y estamos dentro de la opinión, pero nuestro trabajo es movernos dentro de los parámetros de la ley", ha reivindicado.

En otro punto, en relación a la reforma de la ley del solo sí es sí impulsada por el ala socialista del Gobierno de coalición y cuándo el Tribunal Supremo fijará doctrina, García Ortiz ha defendido que la Justicia tiene su tiempo y será el TS quien tome "sus decisiones".

"El calendario del Supremo debe marcarlo el Supremo. No hay órgano que deba tener más independencia. Son excelentísimos profesionales y harán su trabajo con la responsabilidad que les corresponde", ha añadido.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha acordado este miércoles el cese en el destino por "pérdida de confianza" del coronel José María Tienda como jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por su implicación en la investigación de un juzgado de Madrid por las obras en varios cuarteles y su posible relación con un empresario canario que aparece en el sumario del caso Mediador.

Según informan a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, la decisión se ha adoptado a instancias del general jefe de la Guardia Civil de las Islas Canarias, y ha sido ratificada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El cese se recoge en el Artículo 83 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil y en el Artículo 62 del Reglamento de Destinos del Cuerpo y ha estado motivado por la investigación de Asuntos Internos sobre obras en diversas instalaciones de la Guardia Civil.

En la decisión se ha tenido en cuenta la investigación de Asuntos Internos que está judicializada en un juzgado de Madrid sobre presuntas irregularidades en obras en diversas instalaciones de la Guardia Civil, entre las que se encuentra la Comandancia de Tenerife.

También se ha tenido en cuenta que hubo obras que se realizaron contratando con el mismo constructor, así como su presunta relación con un empresario investigado, lo que se considera que puede influir en el "descrédito de la Guardia Civil".

Para la Guardia Civil está situación "perturba" la operatividad de la comandancia y genera desconfianza hacia su labor, independientemente de la trascendencia penal o administrativa que pueda tener.

Las citadas fuentes señala que un jefe de comandancia debe ejercer el mando y liderazgo y ser ejemplo para sus subordinados y para la sociedad a la que sirve, y en estos momentos, dadas las circunstancias, esto no se da y ha motivado la pérdida de confianza.

Según ha informado Europa Press este miércoles, un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil revela que entre 2008 y 2019 trece unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por Ángel Ramón Tejera de León —empresario que aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa— por valor de más de 3,3 millones de euros, y que pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Se da la circunstancia de que el empresario, conocido con el alias de Mon, aparece en varias ocasiones en el sumario del caso Mediador como participante en reuniones en las que estaban los cabecillas de la trama, entre ellos el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el que fuera director general de Ganadería del Gobierno canario Tahiset Fuentes.

EH Bildu ha cuestionado este miércoles en el Congreso que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska haya "desmantelado las cloacas del Estado" que operaban durante la época del PP y ha anunciado que ampliará la nueva comisión sobre el caso Kitchen para investigar el presunto espionaje con el programa Pegasus y la infiltración de policías en movimientos independentistas, según informa Europa Press.

En la sesión de control en la Cámara Baja, Grande-Marlaska ha compartido la gravedad del caso Kitchen por la petición de 15 años de la Fiscalía para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aunque ha pedido "no generalizar" porque en la actualidad hay "tolerancia cero" con la corrupción y se han reforzado las unidades de Asuntos Internos tanto de Policía como de Guardia Civil.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha señalado que "no tiene sentido" que todavía sigan en sus puestos agentes relacionados con el caso Kitchen y la conocida como Operación Cataluña, algo que Grande-Marlaska ha negado de forma tajante, señalando que lo que "no tiene sentido" es hacer esas acusaciones sin pruebas.

Según el ministro, la "práctica totalidad" de la Fiscalía y de los agentes de las Fuerzas de Seguridad trabajan en auxilio de los jueces dentro de los parámetros del Estado de Derecho y con la intención de "llegar al fondo" ante cualquier hecho delictivo.

Iñarritu le ha recordado los chat del exnúmero dos de Interior con el PP Francisco Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que ha calificado de "conseillere". Además, ha dudado que Interior haya aplicado las recomendaciones de las dos comisiones de investigación parlamentarias sobre el uso de fondos reservados, las condecoraciones policiales o los "destinos dorados" a embajadas.

En otra respuesta a ERC, muy crítica con la infiltración de policías, Grande-Marlaska ha insistido en la misma idea de defensa de las actuaciones policiales y judiciales al reiterar que España es una democracia plena y que la Policía y la Guardia Civil pueden ser cualquier cosa "menos cutres", porque son unos "auténticos profesionales".

A pregunta del PP, además, el ministro del Interior ha negado haber filtrado información previa a las primeras detenciones del caso Mediador, que afecta a un exdiputado del PSOE canario ya expulsado del partido, conocido como Tito Berni.

En este sentido, ha comparado la respuesta del PSOE con el caso Kitchen de presunto espionaje con "medios públicos" al extesorero del PP Luis Bárcenas. Este último caso Grande-Marlaska lo ve "actual" porque la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, quien es "todavía militante del PP".

En la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP María Zurita ha preguntado si el Gobierno "ocultó información para minimizar daños", dando por hecho que tenía conocimiento de que el caso Mediador implicaba a cargos socialistas. También le ha recordado el "chivatazo" al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cuando se registró su consejería de Obras Públicas.

"Este PSOE, cuando ocurren hechos tan graves, pide el acta y suspende de militancia, a diferencia de lo que ocurre con el PP", ha sostenido sobre el caso de Juan Bernando Fuentes Curbelo. "Este Ministerio del Interior es completamente distinto, transparente, no utiliza los medios públicos como ustedes", le ha dicho a los populares.

"Miren a su casa, a todos los casos de corrupción, a los condenados y los que todavía tienen pendientes y los que son actuales. Porque es actual, por mucho que ustedes digan que no, el tema Kitchen. Es tan actual que después de una investigación seria, la Fiscalía toma como muy serio la comisión de uno de los hechos más graves de la democracia española pidiendo 15 años de prisión para un ministro del Interior todavía militante del PP", ha terciado Grande-Marlaska.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dado este martes por cerrada la investigación interna sobre la trama Mediador, presuntamente encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al encontrar únicamente a "cinco diputados" del grupo parlamentario de la Cámara Baja que "fueron a cenar en meses separadas y respetando el toque de queda". Asimismo, ha descartado que el PSOE vaya a impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso, según informa Europa Press.

Los socialistas investigaban cuántos diputados del PSOE habían acudido a una cena en el restaurante madrileño Ramsés con varios empresarios, después de que el presunto mediador de la trama, Antonio Navarro, desvelara que llegó a organizar una cita en este lugar para Fuentes Curbelo y una quincena de miembros del grupo socialista cuando aún estaban vigentes las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

En rueda de prensa, López ha asegurado que no hay "15, ni 20 ni 30" diputados y que solo "cinco fueron a cenar", y en "mesas separadas y respetando el toque de queda". "Ese es el único pecado del grupo", ha apostillado.

En esta línea, ha lamentado que se haya apuntado a compañeros "de forma injusta, a sabiendas de que no habían estado en ninguna cena ni tienen relación con el mediador". Por ello, ha exigido "asumir responsabilidades" por el daño personal causado a estos diputados socialistas, a los que el partido asistirá si quieren emprender acciones legales contra quien les vincule con el caso.

A renglón seguido, el portavoz socialista ha descartado que el PSOE vaya a impulsar una comisión de investigación sobre el caso en el Congreso, resaltando que no tiene razón de ser porque "no hay caso".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revela su "desesperación" al dar "instrucciones" a sus ministros para que le ataquen aludiendo a una foto suya con Marcial Dorado. Sin embargo, ha dicho que no va a entrar en esta "provocación" de un Gobierno que está en "descomposición", ha informado Europa Press.

Así se ha pronunciado tras visitar Down Cáceres acompañado por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le haya reprochado su fotografía en el yate del narcotraficante Marcial Dorado, al tiempo que le ha pedido que aclare si cobra sobresueldos de su partido. De este modo, ha defendido que PSOE y PP no actúan igual ante casos de corrupción, pues a su juicio los socialistas actúan con contundencia y el PP no.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones al ser cuestionada sobre la situación del caso Mediador y en particular por el posible registro del despacho del ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los principales involucrados en la presunta trama de corrupción. Además ha asegurado que le produce "asco" los comportamientos de la trama que se han conocido, que incluyen fiestas con prostitutas y consumo de drogas.

Al ser preguntado expresamente por qué cree que el Gobierno saca ahora esa fotografía en la que sale con un narco, Feijóo ha indicado que "el nivel de desesperación en el que está sumido el Gobierno de España lleva a la ministra portavoz a este tipo de comentarios". "No voy a entrar en este tipo de provocaciones", ha proclamado.

Eso sí, el jefe de la oposición ha lamentado el presidente del Gobierno dé estas "instrucciones a una de sus ministras, algo que, a su juicio, acredita el "nivel de desesperación y descomposición del Gobierno de España".

"Si lo que pretenden es cambiar de conversación, que no cuenten conmigo", ha proclamado, en alusión a los asuntos que copan el foco mediático y afectan al Gobierno, como la división por la ley del 'solo sí es sí' o el 'caso Mediador', que tenía como uno de sus cabecillas al exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo.

No perdamos la perspectiva: España no es un país corrupto. Nadie tiene que deslizar un billete de 20 euros para que el pediatra recete un antibiótico a su niño, ni hay que pagar una mordida al profe para que le suban las notas de bachillerato y entrar a la carrera deseada, ni pagar con favores sexuales a un policía de tráfico para evitar o rebajar una multa, como ocurre en otros países. El problema de la corrupción en España está muy localizado en las élites políticas, empresariales, financieras y judiciales, y sobre todo en lo que tiene que ver con los contratos y obras públicas. Tal situación no es ningún consuelo, porque contribuye a corroer la democracia y despliega sobre ella los peores efectos en forma de desafección, pero ayuda a caracterizar el fenómeno y por lo tanto a abordarlo con rigor de forma eficaz.

De los casos que hemos conocido estos días se desprenden algunas conclusiones. El escándalo de El Mediador, cuya onda expansiva aún no se sabe dónde llegará, confirma las dificultades que existen para atajar la corrupción aunque sea de bajo nivel y movilice cantidades pequeñas, pero también pone de manifiesto que se puede actuar con firmeza y celeridad en el momento en que se conocen los primeros indicios, como hizo en este caso el PSOE. Claro que antes conviene que nos interroguemos sobre los controles internos de un partido que alberga a cargos públicos cuyas prácticas corruptas nadie detecta hasta que es demasiado tarde.

Por otro lado, la publicación de los whatsapps en los que se muestra que el presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba y mantenía una relación de estrecha confianza con el secretario de Estado de Seguridad del PP imputado en la Kitchen, revela a las claras la existencia de relaciones perversas que ponen en cuestión la cacareada separación de poderes y resta credibilidad a la justicia, y con ella al conjunto del sistema. Creo que merece la pena recordar que esos mensajes se intercambiaron entre 2019 y 2020, un año después de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, cuando supuestamente se había abierto un proceso de reflexión y autocrítica en el Partido Popular. Por si quedaban dudas, esto muestra que no fue así y apunta a una penetración profunda de la cultura del amiguismo, el conchabeo, las malas prácticas y la corrupción en ese entorno, que es nada menos que el de la seguridad pública y la justicia. Quizá por eso todavía le cuesta tanto a la derecha distanciarse de aquello y levantar un dique de contención.

Lo que estos casos concretos apuntan es coherente con lo que hace unas semanas anunciaba Transparencia Internacional en su informe anual. España lleva dos años consecutivos bajando un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción. Un punto en sí mismo no es nada, pero confirma que se está observando un claro estancamiento en la lucha contra las prácticas corruptas. España ocupa el puesto 35 de 180 en este ranking global, y el lugar 14 de los 27 países de la Unión Europea, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y sólo un punto por encima de Letonia (59/100).

A esto hay que sumar retrasos en reformas importantes, como la regulación de los lobbies —parada en el Congreso de los Diputados desde hace casi dos años—, la tardía y deficiente transposición de la directiva de protección a alertadores de corrupción, o la falta de un marco adecuado de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el conjunto de las instituciones del Estado. infoLibre lo ha podido comprobar, por ejemplo, en su trabajo sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia.

Todos estos datos apuntan a tres evidencias. La primera, que la corrupción en algunas partes localizadas del sistema sigue existiendo y se antoja difícil pensar que pueda desaparecer a corto y medio plazo. En segundo lugar, que hay que articular sin dilación alguna todas las medidas de prevención que impidan que estos hechos se sigan produciendo. Los retrasos o carencias antes enunciados, entre otros, no pueden continuar así. Urge extremar todas las precauciones. Y finalmente, ante las primeras sospechas, tolerancia cero: suspensión de militancia y abandono de todo cargo público. Si posteriormente se demostrara que dicha conducta corrupta no había sido tal, siempre habría tiempo para reponer en todos sus cargos al afectado. De esto último parecen haber tomado nota tanto el PSOE, con la inmediata “dimisión” de Bernardo Fuertes Curbelo, como el PP, que no podía hacer otra cosa ante el inminente juicio a Alberto Casero por contratos sospechosos en Extremadura que obligarle a renunciar al acta de diputado y pedir la suspensión de militancia en el partido.

Con la disposición adicional quinta de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, el Gobierno se ha comprometido, en un plazo máximo de dieciocho meses, a elaborar y aprobar, junto con las comunidades autónomas, una estrategia nacional contra la corrupción. Ahí hay toda una oportunidad para avanzar, abandonando de manera definitiva la actual rebatiña basada en el “y tú más” con el que los principales partidos se tirotean unos a otros como si a la ciudadanía pudiera consolarse que en todas partes haya corruptos. Una auténtica fábrica de desafección democrática.

Durante la única moción de censura que ha triunfado en nuestra democracia, la del bolso en el escaño de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez repitió 35 veces la palabra “corrupción” en su discurso. La regeneración democrática que representaba, ante la demoledora sentencia de la Gürtel, ha sido siempre la gran bandera de su Gobierno. Al menos, hasta el caso Mediador. Este escándalo de “corrupción cutre”, como ha dicho Alberto Núñez Feijóo, cuyo kilómetro cero se sitúa en Canarias, parece amenazar la imagen del ejecutivo.

A tres meses de las elecciones autonómicas y municipales, la corrupción se ha convertido en el arma arrojadiza perfecta entre el Gobierno y la oposición. El PP aprovecha este tema para desviar la atención de sus propios escándalos y de sus veinte años de financiación ilegal. El PSOE, por su parte, intenta lidiar con la crisis y sacarle los colores con los casos que han marcado estos últimos años como la trama Kitchen. ¿Por qué desde la política se utiliza este doble rasero para medir la corrupción? ¿Qué consecuencias tiene que el discurso del “y tú más” se instaure en un tema tan delicado y que afecta tan directamente a la salud democrática?

Esta semana, el goteo de informaciones sobre el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, ha sido constante: supuestas comisiones y extorsiones a empresarios, cocaína, prostitutas, comilonas en restaurantes de lujo, dinero oculto en una caja de zapatos... Las imágenes de una España que pensábamos que ya no existía han corrido como la pólvora en redes sociales. Todo esto, ha coincidido en el tiempo con la imputación del exministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, para el que Anticorrupción pide quince años de cárcel.

Parece que la estrategia que está siguiendo el PP es la de equilibrar la balanza. Es decir, intentar instaurar en los ciudadanos la idea de que el caso Mediador es tan grave y relevante como los suyos y que todos son igual de corruptos. “En realidad, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver”, explica Joan Navarro, socio de la consultora Llorente y Cuenca, “ni en volumen, ni en daño al Estado, ni en abuso de posición de autoridad, pero la mayoría de la gente no se dedica a leer el contenido de las noticias sino que sobrevuela por los titulares”.

Los populares han posicionado el caso Mediador como el gran tema con el que desgastar a Pedro Sánchez y ya han registrado en el Congreso una comisión de investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba hace unos días en Barcelona que este caso haría caer al Gobierno. “El PP le está sacando bastante beneficio a este asunto que, aunque obviamente es reprobable, está muy localizado. Le viene bien que, aunque sea generando dudas, se asocie directamente al PSOE y al Ejecutivo”, añade Navarro.

La corrupción es uno de los temas que históricamente han provocado más desafección, desencanto y desconexión entre la política y los ciudadanos. Porque dispara directamente a la credibilidad y a la confianza en nuestro sistema. “Con el discurso del "y tú más" la gente percibe que todos los partidos son iguales y eso hace un flaco favor a la democracia”, opina el profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili. Esta fatiga informativa se está cronificando. Así lo constataba, hace unos meses, el Digital News Report del Instituto Reuters: siete de cada diez internautas españoles evitan las noticias.

Entonces, ¿cómo se debería afrontar desde la oposición una crítica justificada y necesaria ante un caso con todavía tantas incógnitas como el Mediador? “Todos los partidos deberían denunciar con exactitud, información, precisión y rigor cuáles son exactamente las corruptelas de unos y otros y separar el grano de la paja”, concluye Virgili. Estos días, sin embargo, la brocha gorda lo pinta todo. “En términos de marca puede que al PP le esté funcionando bien esta estrategia, pero parece que tiene poca capacidad para movilizar a los convencidos”.

El vértigo de la actualidad política de estas próximas semanas, con la moción de censura de Ramón Tamames —la sexta en la historia de la democracia y la cuarta desde 2017— condicionará la trascendencia real de este asunto y si tiene recorrido en el futuro electoral que se avecina. 

Don Angelo, avenida de la Palmera en Sevilla, media mañana del 8 de octubre de 2018. El hoy presidente de la Junta de Andalucía arrancó la campaña electoral de las andaluzas de aquel año en la puerta del prostíbulo en el que la noche del 22 de marzo de 2010 Fernando Villén, por entonces director de la extinta Fundación para el Empleo Faffe, realizó, en apenas seis horas, 15 cargos con su tarjeta black. Cuando salió del club, el directivo del Gobierno andaluz había gastado 14.737 euros... de dinero público.

En total, se pagaron unos 32.000 euros en otros burdeles con aquella tarjeta de representación a cargo de la Consejería de Empleo, la misma que por esas fechas cavaba su crédito con el caso de los ERE fraudulentos que firmaba Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo. Su chófer relató a la Policía que parte de los 900.000 euros que cobró los destinó en “ir de fiestas y copas” y en comprar cocaína para su jefe.

La historia está escrita: tras aquella campaña y gracias al apoyo de los diputados de Vox, Juan Manuel Moreno Bonilla se convirtió en presidente en la comunidad que se le resistía al PP. El pasado junio, revalidó su cargo con mayoría absoluta.

Guerrero falleció en 2020, el caso de las tarjetas de la Faffe sigue pendiente de juicio y, apenas dos meses después de aquel comentadísimo arranque de campaña,  una retroexcavadora derribó el Don Angelo. En su lugar, se levantó la primera autofarmacia de Sevilla: hoy se venden condones donde ayer eran cortesía de la casa. Ni en un guión de Sorrentino.

Década y media después, el gasto en putas, juergas y cocaína perpetrado por aquellos personajes es el escupitajo que a cada poco le lanza la derecha al PSOE andaluz. O al PSOE en general. En política, se estila la sinécdoque.

Por lo que se conoce hasta ahora, las similitudes de la trama del Caso Mediador, que involucran directamente al ex diputado Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, con el Caso ERE o la Faffe son remotas, pero la repetición de la suma prostitutas + cocaína + político ha devuelto a la palestra una de las caras más zafias y condenables de la corrupción política.

En ésta, según las pruebas gráficas que ya obran en poder de la magistrada que instruye el caso, figura la explotación sexual de mujeres. Las imágenes de Fuentes Curbelo sin camiseta y del mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte en una habitación con dos mujeres, supuestamente prostitutas, se han hecho virales.

“Soy una persona muy afectiva”, ha excusado el exdiputado canario que también ha indicado que estas fotografías “están dentro del ámbito personal" y no contiene ninguna “ilicitud”. Su trayectoria política, lo retrata, en este perfil de Antonio Ruiz Valdivia, como un diputado que no ha aportado nada en el Congreso.

Hasta ahora. 

En plena campaña del 28M que Génova entiende como un plebiscito contra Pedro Sánchez, todo lo que sale (o se presume) sobre el Tito Berni representa munición de primer grado para la oposición. Como ha razonado Ángel Munarriz, “si funcionó una vez, ¿por qué no otra?”.

Presuntamente, la trama desmantelada por la Policía Nacional y la Guardia Civil el pasado 14 de febrero pagó facturas de fiestas y cenas a Fuentes Curbelo, algunas de esas reuniones habrían tenido lugar en plena pandemia y habrían servido para que el cargo electo del PSOE negociara el cobro de comisiones con empresarios interesados en hacerse con subvenciones y concursos públicos del Gobierno de Canarias. Según el sumario del caso, los pactos se sellaban después en fiestas con prostitutas.

Los investigadores y numerosos medios reconstruyen estos días al detalle quiénes –y aquí ya hay una lista de querellas anunciadas-, cómo y por qué se relacionaron en esta trama con el exdiputado, con el medidor y con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama corrupta y, a día de hoy, el único entre rejas.

El asunto ha llegado a los grupos de whatsapp, a los corrillos y a las conversaciones de esos a quienes que, aparentemente, les importa un bledo la política “porque todos son iguales”.

Este nuevo caso que erosiona, una vez más la honorabilidad de las instituciones, podría resumirse en cuatro puntos: corrupción política, consumo de prostitución, control de la agenda de actividades de los servidores públicos y, por último, la libertad de información versus el derecho a la intimidad.

El caso paradigmático que reúne estos cuatro ejes es el proceso a Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro de Italia, dueño de Mediaset y amigo íntimo de Vladímir Putin.

En aquel juicio, uno de los más de 40 que atesora en su haber judicial por su hoja de servicios, Il Cavaliere debía responder a un proceso penal por proxenetismo. El lugar de operaciones fue su mansión en Cerdeña, Villa Certosa, hasta la que el Estado italiano fletaba vuelos para que magnates, oligarcas y depravados de alto standing se sirvieran en las famosas bunga bunga de los servicios sexuales de prostitutas y velinas (bailarinas, vedettes y presentadoras de su televisión italiana), muchas de ellas menores. El empresario de Bari Gianpaolo Tarantini era el encargado de organizar estas fiestas para Berlusconi, que buscaban, a la par, lograr favores políticos, enchufes y contratos. “La prostitución y la cocaína son la llave del éxito en la sociedad”, aseguró Tarantini al ser juzgado por corrupción, inducción a la prostitución y cesión de cocaína.

El mundo entero conoció parte de lo que ocurría en esas fiestas en junio de 2009 gracias a un reportaje en exclusiva en El País. El abogado de Berlusconi, fundador del partido conservador Forza Italia, demandó al periódico con el argumento de que se trataba de una invasión en su privacidad. En algunas de las imágenes —vetadas en Italia— se veía a mujeres tomando el sol en topless y a hombres completamente desnudos a su lado.

Para El País, la publicación de fotografías sobre las actividades del primer ministro italiano en su casa de Cerdeña no vulnera el derecho a la intimidad sino que ilustra una forma de ejercer el poder.

El caso es uno de los más utilizados en las facultades de Periodismo “como un ejemplo de la prevalencia de la libertad de información sobre la intimidad”, apunta Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

Y quizás el espejo más icónico en que alguna vez se han mirado corruptos de todo el mundo. Quizás sólo cambie el acento, la moneda y el nivel de decrepitud.

“En su día el resto de países lo tomamos un poco a guasa, que estas cosas sólo pasan en Italia. Pensábamos que esta enfermedad era propia de Italia, pero ya vemos que no”, apunta Víctor Lapuente, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford y catedrático en la Universidad de Gotemburgo y ESADE y uno de los grandes investigadores sobre las distintas caras de la corrupción con títulos como Organizando el Leviatán (Deusto, 2018) o La corrupción en España. Un paseo por el lado oscuro de la democracia y el gobierno (Alianza editorial, 2016).

Los estudios reflejan la prevalencia de ese debate acerca de la reacción de los votantes a la corrupción. “Se puede convertir en una ventaja para la movilización cuando los simpatizantes del partido político salpicado por el caso concreto de corrupción sienten que están siendo agraviados injustamente o bien pueden reaccionar con la desmovilización del electorado, quedándose en casa”, opina Lapuente.

En Brasil, hay un dicho extendido: Rouba mas fa. El origen está en Ademar Pereira, que, a principios del siglo pasado se convirtió en alcalde de São Paulo utilizando este eslogan. 60 años más tarde otro político brasileño, Paulo Maluf, utilizó el mismo reclamo… Y también ganó.

Lapuente trae al recuerdo esta anécdota para ilustrar que se detecta en los estudios una “tolerancia a la corrupción cuando implica la colocación de familiares o personas cercanas”. Esa red clientelar que se expande a medida que se asientan las estructuras en el poder y que sirve, pareciera, para mantener engrasada la maquinaria cuando en realidad es el gusano que todo lo pudre.

En su estudio, El doble rasero en la tolerancia a la corrupción, Eva Anduiza, profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, abre una puerta a la esperanza: “El doble rasero desaparece cuando los ciudadanos tienen niveles altos de conocimiento político”.

En Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los gobiernos (Deusto, 2018, con Carl Dahlstrom), uno de los trabajos de Lapuente, el investigador defiende que es en los países donde los funcionarios de las burocracias públicas son reclutados por sus méritos funcionan mejor que aquellos donde los empleados públicos deben sus puestos a conexiones políticas. Son gobiernos de alta calidad, que actúan con imparcialidad, no incurren en prácticas corruptas y usan los recursos públicos disponibles de manera eficaz.

Con la prudencia de quien no conocer a fondo la investigación, bajo secreto de sumario, estas prácticas de buen gobierno no casan con lo que se sabe hasta ahora de Fuentes Curbelo. Además, hay un elemento diferenciador este caso: la prostitución, que a ojos de la opinión pública lo haría más censurable.

 “Culturalmente está muy mal visto en otros países, pero en España hay todavía una tolerancia hacia la prostitución demasiado elevada, hay un grado de tolerancia que dista mucho, por ejemplo, a la vanguardia que hemos impulsado en protección de minorías. En otros países del entorno europeo, lo más puede ser comprar voluntades con la invitación a un partido de hockey pero nunca a un prostíbulo… Aún menos lo haría un político, un cargo electo”, opina Lapuente.

Estos días se habla, en los corrillos de periodistas, sobre todo los andaluces, que han relatado la crónica política de los casos de corrupción, sobre la pervivencia (o no) de estas prácticas en las nuevas generaciones de políticos, como si hubiera una barrera imaginaria en la entrada de un prostíbulo a los nacidos desde la Transición.

“Quiero pensar que es así pero no sé hasta qué punto esta percepción se sostiene en datos”, sostiene Lapuente.

Aquí los datos: la encuesta más reciente a nivel nacional la realizó el INJUVE para el Informe Juventud en España 2020. El 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución (el 4,8% más de una vez en su vida), el 3,9% de los chicos de 25 y 29 respondió que lo había hecho más de una vez.

Entonces, un tercio de los hombres (el 32,1%) reconoció haber pagado por mantener relaciones sexuales, el 10,2% señaló que solo había pagado una vez en su vida y otro 21,9% reconoció que habían sido más veces.

Estamos entre los tres países del mundo que más prostitución consume y según datos de la Fiscalía, la industria de la trata y la prostitución, mueve más de cinco millones de euros al día.

En el sesgo de los puteros políticos con dinero público, Lapuente no ve una cuestión de ideologías y sí subraya que, “por el contrario, los estudios nos dicen que son los votantes de izquierdas los menos tolerantes con los comportamientos corruptos que los votantes de derecha”.

La periodista Paula Corrotto también dejaba una reflexión que redondea este caso: “Los negocios se hacen en sitios en los que normalmente no estamos las mujeres haciendo negocios. Y eso dice mucho también de la igualdad y etc y etc”.

Ajá. Eso da para otro artículo.