Tras Francia y España, Manuel Valls ha puesto su mirada ahora en Baréin. El ex primer ministro, que ya no ocupa ningún cargo electo a pesar de un nuevo intento de volver a la política en 2022, ha sido contratado como asesor del Reino de Bahréin en el verano de 2024.

Según la información de Mediapart, el ex socialista participó del 22 al 24 de julio en un viaje a Manama de una “delegación” de consultores contratados para defender los intereses de Bahréin, en el marco de un “contrato de misión” por el que se embolsó 30.000 euros en solo tres días.

El contrato con la consultora de Manuel Valls (Binidali Conseil MV) fue firmado por Philippe Feitussi, ex abogado oficial de la familia real, que sigue dirigiendo una operación jurídica en Francia en nombre de Baréin. Los fondos utilizados para financiar la iniciativa –excluidos los gastos de viaje (vuelos, hotel, etc.), que fueron pagados directamente por el reino– fueron abonados por una sociedad offshore registrada en Hong Kong, una empresa pantalla para ocultar a sus propietarios, cuya identidad el abogado Feitussi se niega a revelar.

Aunque no tiene ninguna experiencia específica en este ámbito, el ex ministro ha sido encargado de explicar a las autoridades locales las cuestiones relacionadas con la apertura en Francia, por parte de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), de una investigación preliminar sobre una antigua disputa entre Baréin y Qatar, su adversario regional, hacia el que el ex primer ministro fue durante mucho tiempo muy simpatizante (ver aquí o aquí), antes de cambiar de opinión.

Esos procedimientos judiciales se basan en las investigaciones realizadas en noviembre de 2022 y de nuevo en julio de 2023 por Philippe Latombe, diputado del Movement Démocrate (MoDem) por la Vendée, por consejo de Philippe Feitussi. El objetivo de esas investigaciones era denunciar la posible corrupción de jueces del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), en el contexto de una sentencia dictada en 2001. La sentencia en cuestión dividía a favor de Qatar las aguas territoriales en torno a las islas Hawar, que forman la frontera entre los dos países.

Aunque las autoridades bareiníes no recurrieron inicialmente la sentencia, empezaron a intentar impugnarla por diversos medios a partir de 2020. Al mismo tiempo, una coalición formada por Arabia Saudí, Emiratos y Baréin lanzó un bloqueo contra Qatar.

Tras dirigirse a un bufete de abogados británico –que concluyó que había pocas posibilidades de anular el fallo del TIJ–, en 2021 los representantes del reino se dirigieron a Philippe Feitussi, quien les propuso atacar el caso desde el ángulo de la presunta corrupción de algunos de los jueces que dictaron la decisión.

Gracias al trabajo de investigación de una empresa de inteligencia francesa dirigida por un ex militar, los servicios de inteligencia de Baréin están convencidos de que cuatro jueces internacionales –empezando por el argelino Mohammed Bedjaoui (que formó parte del TIJ de 1982 a 2001 e incluso fue su presidente)– podrían haber sido comprados para dictar la sentencia.

Esas conclusiones se basan en un informe de investigación de más de ochocientas páginas elaborado por la empresa de investigación francesa, controlada por el príncipe Nasser (jefe de la Guardia Real). Las conclusiones se entregaron a principios de 2022, tras un año de investigaciones llevadas a cabo utilizando fuentes abiertas y “fuentes humanas”, así como “pruebas técnicas como el pirateo informático”, según un documento interno consultado por Mediapart.

Baréin tenía previsto inicialmente presentar una denuncia en Francia, donde parte de los fondos generados por esta presunta corrupción internacional podrían haber sido blanqueados a través del negocio inmobiliario. Pero la mejora de sus relaciones con Qatar en vísperas del Mundial de fútbol de finales de 2022, y luego el restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas en abril de 2023, puso fin a esa iniciativa.

En el verano de 2022, tras una última reunión en la isla en abril, el ministerio de Asuntos Exteriores notificó oficialmente a Philippe Feitussi y a otro abogado francés, Benjamin van Gaver, del prestigioso bufete parisino August Debouzy, que ponía fin a su misión. “En septiembre, Baréin decidió parar. Pero a lo largo del camino, me di cuenta de algo que era una locura e insoportable”, declaró Philippe Feitussi a Mediapart.

El abogado francés decidió entonces actuar de otra manera. Encargó al diputado centrista Philippe Latombe, que enviara él mismo un informe a la fiscalía financiera (PNF), según revela el diario Libération. La iniciativa sorprendió: Philippe Latombe, diputado por la Vendée y miembro de la Comisión Legislativa, no es especialmente conocido por sus trabajos sobre la corrupción u Oriente Próximo.

El diputado, ex ejecutivo bancario, explicó a Libération que “Hay personas que han invertido en Francia cantidades procedentes de delitos graves” y que no tenía “ningún interés por ninguna de las partes” en el asunto. “Hablé de ello con Philippe Latombe, que es un amigo. Le dije que el caso iba a terminar porque no había nadie que lo combatiera, y me respondió: 'Mira, si quieres, podemos hacer un artículo 40'”, dijo Feitussi a Mediapart, en referencia al artículo del Código de Procedimiento Penal según el cual “todo funcionario o agente público” que “tenga conocimiento de un crimen o delito” debe informar a los tribunales “sin demora”.

En noviembre de 2022, Philippe Latombe envió un primer informe a la PNF –que, de hecho, había sido redactado por su amigo abogado– en base a la información recabada por la empresa de inteligencia que había investigado a los magistrados del TIJ por cuenta del Reino. “La información del informe que se ha transmitido a la fiscalía procede de investigaciones de fuentes abiertas, y hemos comprobado antes de enviarlo que no había documentos obtenidos mediante pirateo informático”, asegura Philippe Feitussi.

Este primer informe se completará con un segundo, en julio de 2023, también basado en gran medida en la investigación privada realizada dos años antes. ¿Por qué no se envió toda la información a la vez? “Con razón o sin ella, pensamos que sería muy complicado digerirla inmediatamente”, explica Feitussi. “Y entonces volvimos a hacer un trabajo de relectura, de selección y de explicación”.

En ese momento, Philippe Feitussi ya no cobraba de Baréin, que había puesto fin oficialmente a la misión. Pero eso no significa que trabaje gratis. Sus emolumentos proceden a partir de ese momento de una sociedad domiciliada en Hong Kong, Queen Capital International Limited, a la que Feitussi pasa sus honorarios a partir de 2023. Dos cargos de 50.000 euros y 61.000 euros, en las que el abogado factura por las reuniones con su amigo Philippe Latombe, que fueron pasados a Queen Capital International Limited a finales de 2023, una empresa sobre la que el abogado se muestra muy opaco.

Feitussi descarta la idea de que pueda ser una tapadera de Baréin o de otro competidor de Qatar que no quiera aparecer en primera línea. “Son patrocinadores, gente que cree que la corrupción internacional no está bien”, afirma. “Y están utilizando una serie de medios para intentar hacer justicia y que haya un poco más de moralidad a unas instituciones que deberían ser totalmente éticas”.

Cuando se contactó con ellos, los representantes del reino en este asunto no respondieron.

Queen Capital International Limited también se encuentra involucrada en la organización del viaje de la delegación en torno a Manuel Valls en julio. Unos meses antes, tras enterarse de que los informes del diputado Latombe habían llevado a la fiscalía a abrir una investigación, Feitussi volvió a ponerse en contacto con las autoridades bareiníes, con el objetivo de que volvieran a la carga. “Hace unas semanas, la fiscalía decidió abrir una investigación preliminar”, escribió al ministro de Asuntos Exteriores, Abdullatif bin Rashid Alzayani, en abril de 2024.

Les informó de que estaba “en contacto directo con el fiscal encargado de investigar el caso y que se reuniría con él en breve”. El abogado pidió una reunión en Manama, precisando que entonces iría acompañado “del diputado Philippe Latombe, así como de ciertas personalidades jurídicas y políticas que apoyan el caso”.

Finalmente, Latombe no pudo viajar a Baréin debido al desbarajuste del calendario parlamentario provocado por la disolución del gobierno. “Lamentablemente, no puedo reunirme con ustedes, ya que acabo de ser reelegido diputado”, se disculpó en una carta con membrete de la Asamblea Nacional enviada al ministro el 22 de julio. Se mostró “convencido de que los miembros de la delegación sabrán explicar aún mejor la pertinencia y la fuerza de las gestiones”.

Contactado por Mediapart, el diputado Latombe explica hoy que, de todas formas, no habría viajado a Manama. “No era una buena idea ir a Baréin», afirma. “Hice un 'informe del artículo 40' a la PNF, eso fue todo, no tengo ni idea de lo que hay detrás”.

Además de Manuel Valls –cuya misión era “explicar que en Francia la justicia es independiente de la política”, según Philippe Feitussi–, el resto de la delegación estaba compuesta por abogados y un experto en geopolítica. Pero también Céline Clément-Pétremann, ex jefa de comunicación de la PNF entre 2017 y 2020, como desveló Intelligence Online en su momento. Tras veinte años en el ministerio de Justicia, ahora es directora de la agencia de comunicación Vae Solis, que está a la vanguardia sobre asuntos judiciales.

La agencia le ha pedido, por unos 20.000 euros al mes, que redacte “fichas de síntesis” para ayudar a la PNF a ser “más eficaz” en este “voluminoso caso judicial”. Ella deberá organizar también la cobertura mediática del caso, “una vez que la investigación preliminar esté suficientemente avanzada”.

“Cuando Philippe vino a hablarme de este caso, me dijo que tuviera cuidado porque Qatar tiene una fuerza enorme y hay riesgos considerables. También me preguntaron: '¿Conoces bien a este abogado? Objetivamente, no. Pero cuando vi el tema, me pareció importante”, explica Céline Clément-Pétremann a Mediapart.

Los honorarios del viaje de julio fueron pagados a Feitussi –que luego pagó a los ponentes– por Queen Capital International Limited. El abogado sigue manteniendo el misterio sobre esta empresa. ¿Cuál era su interés en pagar 229.000 euros en octubre de 2024 para financiar la delegación? Philippe Feitussi zanja la cuestión con una pregunta: “¿Usted cree que el caso es más fuerte o más débil si una de las principales víctimas de la corrupción se interesa por el caso y se implica?”

Al mismo tiempo, el abogado también informó al ministro de Exteriores bareiní de su acercamiento a otro opositor declarado a Qatar, el empresario Tayeb Benabderrahmane. Se trata del hombre que dijo haber sido torturado en Doha, pero que también está fuertemente implicado en el asunto de los "espías del PSG”.

“Estamos asesorando al Sr. Benabderrahmane sobre la estrategia general de su caso, pero sin aparecer en él”, dijo Feitussi al ministro en septiembre. En su carta, el abogado explica que la “actualidad” del caso Benabderrahmane, que ha recibido una amplia cobertura mediática, podría ser “una oportunidad para volver a poner el caso de actualidad, aunque sea muy antiguo”.

Todo parece dispuesto para que el reino vuelva a interesarse por el caso. Aparte de los intereses jurídicos y diplomáticos, ¿no tiene Philippe Feitoussi simplemente un interés pecuniario en hacerlo? “Tal vez. Pero esa no es en absoluto la prioridad”, replica. “Para mí, en realidad, lo más importante es que la víctima pueda opinar sobre lo que ocurre hoy. Si al final tengo que pagar de mi bolsillo, pagaré”.

Los motivos de Manuel Valls siguen sin explicarse a día de hoy. ¿Necesitaba absolutamente este contrato desde un punto de vista financiero, a pesar de los beneficios que también obtiene de su paso por Matignon (142.599 euros en gastos en 2023, según Politico)? ¿O su participación en esta iniciativa formaba parte de una agenda política en la región, destinada a debilitar a Qatar frente a la alianza entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin? ¿O se trata de un deseo de debilitar la imagen del Tribunal Internacional de Justicia, contra el que el ex socialista francés arremetió por admitir las denuncias contra Israel en la guerra de Gaza?

El ex primer ministro no respondió a nuestra solicitud de entrevista. No sabemos si el hecho de que la Constitución de Baréin se base en la sharia (ley islámica) le ha hecho dudar en su misión.

Como siempre que investigamos estrategias de injerencia extranjera, se atacará el punto de vista de Mediapart. Cuando investigamos sobre Qatar... somos agentes emiratíes o saudíes. Cuando investigamos sobre los Emiratos Árabes Unidos o a sus aliados... somos agentes qataríes. La realidad es que nuestra independencia nos permite mirar en todas direcciones, sin puntos ciegos.

Mediapart está en el centro de numerosas revelaciones sobre la corrupción vinculada a la influencia de Qatar en Francia y Europa (ver aquí y aquí). A este respecto, se sospecha incluso que el Emirato ha incluido a nuestra redacción en una vasta operación de pirateo informático, lo que nos ha llevado a presentar una denuncia.

Traducción de Miguel López

Eva Kaili, siendo vicepresidenta del Parlamento europeo, no trabajaba en realidad por los ciudadanos allí representados, ni tampoco por las ideas socialdemócratas de su grupo político, ni siquiera por su país de origen, Grecia, no poco necesitado de atención. Al menos, no eran esas sus prioridades. Su empeño central fue la defensa a machamartillo de los intereses de un rico y lejano régimen autoritario que basa su creciente poder en la venta masiva de combustible fósiles y cuya ambición geopolítica no conoce límites.

Sí, aquella prometedora vicepresidenta que había hecho una meteórica carrera política partiendo del estrellato televisivo en Grecia trabajaba para Qatar, por el interés de Qatar, a sueldo –generoso sueldo, según la investigación en curso en Bélgica– de Qatar, un régimen controlado por la familia Al Thani, con el Emir en la cúspide, y puesto en el punto de mira de los grupos de defensa de los derechos humanos por la violencia laboral contra la población inmigrante –la mayoría del país– y la discriminación de las mujeres.

Hablamos del caso Qatargate, del que infoLibre publica estos días en exclusiva en España una investigación que desvela cómo la socialdemócrata Eva Kaili (Salónica, 1978) ejecutó una febril campaña de influencia a favor del régimen de los Al Thani siguiendo instrucciones de su pareja, el italiano Francesco Giorgi, y del exeurodiputado –también italiano– Antonio Panzeri. Aquí puedes leer una reconstrucción milimétrica de las múltiples gestiones de Kaili a favor de Qatar, también de las múltiples exigencias de Qatar a Kaili y sus compinches. Una eurovergüenza.

No ha sido un trabajo periodístico fácil. Detrás hay meses de minucioso empeño a cargo de toda una red profesionales de los medios integrados en la alianza European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. El resultado, un riguroso relato de los desafueros de una figura en las altas esferas de la UE, vuelve a servir como prueba de la capacidad del periodismo de investigación de brindar a los lectores información exclusiva y de máxima relevancia sobre asuntos que nos afectan a todos. Las revelaciones del Qatargate, un grave caso de corrupción en el corazón de la UE, son dignas de un escándalo que, si no provoca repercusiones políticas mayores, es por ese punto de lejanía con el que, a pesar de su crucial importancia, son seguidas las noticias de escala europea. Bruselas sigue quedando lejos, cuando no debería. No ocurre sólo en España, pero eso no es consuelo. Así que hay que subrayarlo: estar al tanto de lo que se cuece UE, tanto de su acción de gobierno y de su producción normativa como en este caso de sus vergüenzas y miserias, es condición imprescindible para entender nuestra política y nuestra sociedad.

En la crónica de las tareas de lobby de Eva Kaili aparecen nombres como el de Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, a la que la vicepresidenta trató de camelarse para su causa catarí, llegando a organizarle personalmente unas vacaciones en Grecia. “¿Tú, tu marido y cuatro chicos? ¿O más? Las entradas y un guía os esperan a las 18.00 en el Museo de la Acrópolis”, escribe Kaili a Metsola (y uno se pregunta si no daba el cante aquella vicepresidenta de la Eurocámara dedicada a tan nimios menesteres). También serpentea por esta historia –¡cómo iba a faltar!– Gianni Infantino, presidente de la FIFA y organizador de la Copa del Mundo de Fútbol de 2022, un torneo cuya adjudicación a Qatar fue todo un monumento a la compra de favores. Y el antiguo comisario europeos de Migraciones Dimitris Avramopoulos, del que serían deseables explicaciones más precisas sobre sus tratos con Qatar.

Hay nombres especialmente familiares, concretamente los de la agenda española de Kaili, en la que sobresalen Josep Borrell y cinco eurodiputados. Aquí puedes ver uno a uno quiénes son y cuáles son sus explicaciones –en los casos en que las dan, claro– sobre sus interacciones con la desatada vicepresidenta. Versiones que, en todo caso, coinciden en que Kaili no les influyó a favor de su propósito principal: conseguir que los cataríes no necesitaran visado de entrada en la UE, un asunto de honor para Qatar, que quiere gozar del mismo derecho que ya tiene Emiratos Árabes Unidos, uno de sus enemigos íntimos.

Por supuesto, sería un error de interpretación y una grave injusticia meter en el mismo saco al tridente Kaili/Giorgi/Panzeri y a aquellos políticos y asesores de múltiples países y todos los grupos ante los que fueron ejercidas las tareas de lobby, más aún cuando en no pocas ocasiones las mismas resultaron infructuosas. Pero, al mismo tiempo, sorprende que la variedad, intensidad y descaro de las gestiones a favor de un régimen inmensamente rico y empeñado en lavar su imagen y ganar respetabilidad en Occidente no hicieran saltar ninguna alarma. Ese es quizás el ángulo más preocupante que abren las revelaciones del Qatargate: el que permite comprobar el fracaso de los mecanismos de detección en el seno de las propias instituciones europeas. En cuanto a la reacción posterior, lo más amable que puede decirse es que se ha quedado corta. El órgano de vigilancia ética para toda la UE presentado en junio no tendrá facultades de investigación ni de sanción. Su cometido será pasar la pelota a cada institución comunitaria para que compruebe el cumplimiento de las normas y fije las sanciones ante cada caso. Poca contundencia es esa.

Hoy Kaili es una política caída en desgracia. Hace un año fue detenida en la operación contra la red de sobornos en el Europarlamento que dio origen al Qatargate. Los agentes que arrestaron a la vice –que fue destituida casi ipso facto– se incautaron de cerca de 900.000 euros en metálico, a pesar de los intentos que Kaili y su pareja habían hecho de ocultar el dinero una vez notaron en la nuca el aliento de la policía belga. Atención a esto: la vicepresidenta había metido 720.000 euros en billetes de 50 euros en una maleta, junto a los pañales y el biberón, y se la había entregado a su padre, que estaba de visita en Bruselas para ver a su hija y a su nieta de 21 meses.

Tras pasar cuatro meses en prisión preventiva acusada de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, la exvicepresidenta sigue proclamando a los cuatro vientos su inocencia en la cuenta atrás hacia un juicio que expondrá a la UE a una posible crisis de reputación. Distinta línea de defensa sigue su pareja, Francesco Giorgi, que ha confesado haberse puesto al servicio no sólo de Qatar, sino también de Marruecos –ojo al interés del reino alauí por influir por debajo de la mesa– y de Mauritania. Aunque sus estrategias ante la justicia son distintas, las noticias publicadas en la serie Qatargate vinculan estrechamente las andanzas de la una y el otro. Sabemos, por ejemplo, que Giorgi usaba los contactos de Kaili para hacer negocios en Mauritania, Grecia y Kuwait. El que fuera asistente parlamentario de Antonio Panzieri blanqueó dinero sucio mediante la entrega de al menos 100.000 euros en efectivo para la compra de un dúplex en Bruselas. “Eva es una persona políticamente expuesta. No podemos meter la pata”, le escribió Giorgi a la dueña del apartamento mientras preparaban la entrega del dinero en metálico. Y algo más, especialmente grave: Kaili y Giorgi, ampliando ya el radio de acción de sus desmanes, ayudaron a un armadores a sortear las sanciones de la UE a Rusia.

A estas alturas estábamos ya más o menos hechos a una certeza: una legión de conseguidores pululan por los pasillos de las instituciones, sea en Madrid o en Bruselas, al servicio de clientes que les pagan por abrirles puertas, cerrarles acuerdos y, en suma, convencer a gobernantes y diputados de aprobar medidas a su favor o frenar medidas en su contra. Lo que no teníamos medios para saber, pero ahora sí sabemos gracias a esta investigación, es que toda una vicepresidenta de la UE se había convertido en lobista de un pequeño reino oriental que nada en petróleo y flota sobre gas. Un régimen cuyos estándares democráticos y de derechos humanos no puede en absoluto da por suficientes la Unión Europea.

El Qatargate demuestra que no parece haber nada que las inconmensurables fortunas de las monarquías autoritarias del Golfo –Qatar, pero también Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos– sean incapaces de comprar en su búsqueda de respetabilidad e influencia: empresas estratégicas de países occidentales, espectáculos y estrellas deportivas, silencios cómplices, lavados de imagen... Y en este caso, que es caso aparte, también altas voluntades institucionales.

El pasado 28 de junio, el Qatargate ya no estaba en el punto de mira de la opinión pública europea. Pero ese día seis agentes de la Policía belga, acompañados por agentes griegos y un fiscal, registraron las oficinas de una compañía naviera en la calle Iasonos del Pireo. Hasta el día 30 de ese mes se sucedieron otras seis redadas similares en oficinas y residencias de Atenas, El Pireo y Larisa.

¿Qué buscaban los policías belgas? La explicación se remonta al primer día del Qatargate, el 9 de diciembre de 2022, cuando Francesco Giorgi fue detenido en Bruselas. Los agentes se incautaron de 878.355 euros en efectivo en el apartamento de la pareja del asistente parlamentario Giorgi, la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Ambos están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Francesco Giorgi admite que hizo lobby en la sombra a favor de Qatar, Marruecos y Mauritania. Eva Kaili niega los cargos que se le imputan.

Entre los objetos incautados por los agentes aquel 9 de diciembre se encontraba el ordenador portátil del asistente italiano. En él hallaron una carpeta llamada Business con cuatro subcarpetas: Nitrato, Q8 –Kuwait en inglés–, Test Covid y Rusia. Todas ellas, según explicó luego a la Policía, formaban parte de sus planes para convertirse en intermediario comercial una vez abandonase la Eurocámara.

En las notas que preparó para su defensa judicial, Giorgi escribe: “Dos armadores le preguntaron a Eva si conocía a alguien en la UE que se ocupara de las sanciones contra Rusia porque estaban preocupados. Hablamos de ello y yo sugerí a una persona que conozco, Mario Mauro, exministro de Defensa, exeurodiputado y ahora lobista, porque se ocupa de las sanciones contra Rusia. Mario Mauro sugirió dirigirse a Spyros Pappas y yo hice las presentaciones sin involucrarme. En un caso, se trataba de la adquisición de cuatro petroleros embargados, y en el otro, de la exportación de un tipo concreto de GLP [Gas Licuado del Petróleo] condensado que también estaba sujeto a sanciones”. Así lo revela la investigación que la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, ha llevado a cabo basándose en documentos judiciales obtenidos por el diario belga Le Soir.

Pero, en sus notas, Giorgi omite un detalle crucial: Spyros Pappas ya representaba entonces a Kaili como abogado en un caso muy importante, en aquel momento desconocido para el público: La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), había abierto una investigación sobre una supuesta mala gestión de fondos por parte de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Además, fue Pappas el abogado de urgencia que se hizo cargo de la defensa de Kaili la noche en que fue detenida. También fue el letrado griego quien presentó el pasado mes de febrero un recurso ante el Tribunal General de la UE contra la decisión de la Fiscalía Europea de solicitar el levantamiento de la inmunidad a la exvicepresidenta de la Eurocámara. Pappas, que fue director general de la Comisión Europea entre 1995 y 2021, figura como lobista en el Registro de Transparencia de la UE desde 2020.

Los dos armadores que menciona Giorgi son Evangelos Marinakis y George Procopiou. El primero es uno de los hombres más poderosos de Grecia. Además de naviero, posee uno de los mayores grupos de comunicación del país, es el dueño de los clubes de fútbol Olimpiacos y Nottingham Forest, y ejerce como concejal en el Ayuntamiento de El Pireo. Para completar el perfil basta con mencionar que también es padrino de la hermana del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Procopiou es el líder mundial en el transporte de GNL, gas natural licuado. Según una investigación de Reporters United, en 2022 figuró entre los 10 primeros armadores europeos que transportaron combustibles fósiles rusos tras la invasión de Ucrania.

En la subcarpeta Rusia encontrada por los policías en el portátil de Giorgi, apareció documentación sobre el grupo Capital, controlado por Evangelos Marinakis, y sobre Dynagas, propiedad de George Procopiou.

Entre el material incautado en el apartamento de Giorgi, la Policía belga encontró también unos cuadernos con notas escritas a mano. El hecho de que algunas de ellas estén en griego y se refieran a cuestiones relevantes para la vida profesional de Kaili –como eurodiputada, pero también como parlamentaria griega–, hace suponer a los agentes que fueron tomadas por la propia exvicepresidenta. EIC ha preguntado a Eva Kaili si ella es la autora de las notas, pero no ha recibido una respuesta.

En esos apuntes aparece el nombre de Evangelos –Vangelis en griego– Marinakis. En una nota titulada “Misión V”, Kaili enumera cinco sectores en los que el armador griego está activo: los medios de comunicación de los que es propietario –y que Kailli llama “superarma”–, el transporte marítimo, la energía, la construcción y el fútbol Cita un sexto: “influencia en la UE”.

La nota incluye igualmente una lista de nombres bajo el título “poder político” y provenientes de todo el espectro político de Grecia, incluido el excomisario de la UE y actual miembro del Parlamento griego Dimitris Avramopoulos, implicado igualmente en el Qatargate según la investigación de EIC.

En los apuntes hay otras menciones al imperio mediático de Marinakis, con nombres de políticos que “deben” aparecer en pantalla en fechas específicas en los medios del grupo del que es propietario el armador, tanto en televisión como en internet y prensa. Eva Kaili trabajó entre 2005 y 2007 como presentadora de Mega Channel, una de las principales cadenas de televisión privadas de Grecia.

En abril de 2022, poco más de un mes después de la invasión rusa en Ucrania, Evangelos Marinakis acude a Eva Kaili. Ambos se conocen y tienen una relación de amistad desde los años en que la exvicepresidenta ejercía en la política griega.

Según las propias notas de Giorgi, fue Kaili quien hizo las presentaciones iniciales con los armadores, y su pareja quien luego puso en contacto a los empresarios con el abogado y lobista Spyros Pappas. Por el contrario, según ha relatado a EIC una persona con conocimiento directo de los hechos, fue la propia Eva Kaili quien reunió a Marinakis con el abogado Pappas. En cualquier caso, tanto Kaili como Giorgi afirman que su participación terminó ahí.

En principio, no hay nada ilegal en esa ayuda y, por el momento, la Policía belga no ha acusado a Eva Kaili sobre este asunto. Pero tal acción plantea un problema ético para un cargo electo que además era vicepresidenta del Parlamento Europeo. Uno de los abogados de Kaili, Christophe Marchand, responde a las preguntas de EIC indicando que no quiere “cooperar con este proyecto de EIC”, por considerar que la red de medios ha tenido “acceso ilegal a una investigación penal en curso” y ha interrogado a su cliente “violando la presunción de inocencia".

Sin embargo, en el ordenador del italiano los agentes encontraron un borrador del acuerdo entre Capital Ship Management, una empresa del grupo de Marinakis, propiedad de su hijo Miltiadis, y Spyros Pappas Associates, por el que el abogado griego debía garantizar la venta de cuatro petroleros propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot. La empresa tenía que vender urgentemente parte de sus 200 barcos para reembolsar los 2.000 millones de dólares que debía a bancos occidentales; el más comprometido de ellos, el holandés ING.

El contrato entre Capital y Pappas fijaba unos honorarios de 700 euros la hora más gastos de viaje y una comisión de éxito de 1,2 millones de euros para el abogado griego. El precio de los buques: 200 millones de euros. Para conseguirlo, Pappas se comprometía a “analizar el marco jurídico de la legislación de la Unión Europea, concretamente en relación con las recientes sanciones contra Rusia, coordinarse con ING [el banco prestamista], sugerir y redactar alegaciones por escrito, establecer los contactos necesarios con la Comisión Europea y posiblemente con representantes de los Estados miembros y del Consejo”.

Pero un día antes de firmar ese acuerdo, el 20 de abril, el abogado griego ya había enviado una carta a la Comisión Europea solicitando autorización para la compra. La respuesta de Bruselas, el 11 de mayo, fue redirigirle al Gobierno griego, puesto que son los Estados miembros los que aplican las sanciones. La ventaja concedida entonces a Capital era considerable, dado el acceso privilegiado de los armadores griegos al Gobierno de Atenas y los estrechos vínculos de Marinakis con la familia del primer ministro Mitsotakis.

De hecho, la compra se cerró con éxito y los barcos pasaron a formar parte de la flota de Capital entre el 5 y el 13 de mayo. Es decir, antes de que la Comisión Europea respondiera invitándole a preguntar al Gobierno griego y sólo 15 días después de que Pappas firmara su contrato con la naviera. El 15 de mayo, a los tres días de concluir el traspaso, expiraba el periodo de gracia concedido por la UE a los contratos firmados con Rusia antes del 16 de marzo de 2022, que quedaron hasta esa fecha fuera de la prohibición general por la guerra en Ucrania. A esa excepción se acogió la operación de compraventa.

EIC ha contactado con Capital Product Partners, el buque insignia del grupo de Marinakis, cuyo consejero delegado, Jerry Kalogiratos, niega que pagara la comisión de éxito a Pappas: “ING había ejecutado la hipoteca de los buques en cuestión en virtud de sus acuerdos de préstamo con Sovcomflot y, por tanto, ING (y no Sovcomflot) era el vendedor de los barcos. Por tanto, las sanciones de la UE ya no eran relevantes para la transacción y no se requería más asesoramiento de Pappas. Así que Capital Ship Management pagó a Pappas sólo sus tarifas horarias por la cantidad de trabajo inicial que hizo”.

Pappas corrobora esta versión: “La comisión de éxito no se aplicó porque la Comisión Europea no fue quien tomó la decisión final y el asunto debía seguirse a nivel nacional, probablemente por ING”. El abogado dice que sólo envió la carta a la Comisión, “sin emprender ningún otro contacto” con ella, y que sus honorarios ascendieron “a una suma de cinco cifras”.

Mario Mauro asegura a EIC que, en la operación de los petroleros rusos se limitó a manifestar su “disposición a ser utilizado como asesor” de Pappas, & Associates, indicando su salario por hora, pero no se le solicitó ninguna actividad ni servicio. Precisa que su actividad con el bufete de Pappas en 2022 sólo se refirió al “contexto legislativo italiano”.

ING responde que ha “cumplido plenamente con las sanciones de la UE”, pero no ha querido explicar los detalles de la operación. “Nuestra política es no compartir con los medios de comunicación información sobre clientes individuales o si son nuestros clientes o no”.

Eva Kaili y Francesco Giorgi tampoco han contestado a las preguntas de EIC. En las notas que Giorgi preparó para su defensa, señala que su papel se limitó a poner en contacto al armador y al abogado. Sin embargo, esto se contradice por el hecho de que tenía el borrador del acuerdo entre Pappas y Capital en su disco duro. “Guardé el contrato como modelo para mí”, escribe el asistente italiano.

En el caso de George Procopiou, en una primera vídeoconferencia se citaron Francesco Giorgi, Mario Mauro y Spyros Pappas. El asunto del día eran las sanciones de la UE al gas natural licuado en Rusia o importado de Rusia.

Según los correos electrónicos, del 22 de agosto de 2022, a los que ha tenido acceso EIC, Giorgi presentó a Pappas y Mauro a Ioanna Procopiou, una de las hijas del naviero griego y alta ejecutiva de Dynagas. Giorgi prometió a Procopiou que el dúo de abogados era perfectamente capaz de lograr una “excepción” a las sanciones contra Rusia en el negocio del GNL. De hecho, elogia las credenciales de Mario Mauro, “exministro de Defensa de Italia y político muy respetado”, y de Pappas, ex director general de la Comisión Europea, que sabe “navegar con atajos en las instituciones e identificar inmediatamente a las personas clave que influyen en los procedimientos y las decisiones políticas”.

Spyros Pappas redactó una carta dirigida a la Comisión Europea en la que abogaba por eximir de las sanciones rusas al gas. La cuestión se debatió en el llamado Coreper, el Comité de Representantes Permanentes de los gobiernos nacionales. Y, el 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la UE, el órgano institucional compuesto por los Ejecutivos de los Estados miembros, anunció el noveno paquete de sanciones, que excluían al gas natural licuado procesado en plantas rusas. El trabajo estaba hecho.

George y Ioanna Procopiou no han respondido a las preguntas que les ha enviado EIC sobre este asunto. Mario Mauro niega haber participado en “reuniones presenciales”, sólo en la vídeoconferencia en agosto, donde explicó la actividad de consultoría de su empresa, Meseuro. Según indica a EIC, la empresa del armador griego nunca le solicitó “servicios o actividades”.

“No estoy autorizado a hacer comentarios”, apunta por su parte Spyros Pappas, sobre su trabajo para Procopiou. Según la base de datos Lobbyfacts, Pappas declaró en marzo de 2023 al Registro de Transparencia de la UE que trabajó para dos navieras chipriotas que forman parte del imperio Procopiou. Pero siete meses después, el abogado borró esta información. Preguntado al respecto, dice que “corrigió” su declaración, pero descarta hacer más comentarios. 

“A partir de 2020, aproveché el confinamiento para estudiar –me había descargado un manual sobre cómo hacer negocios– disciplinas muy diferentes. Para ello, creé una dirección de correo electrónico específica: externalaffairs.eu”. La mañana del 27 de abril, mientras Francesco Giorgi era sometido a un nuevo interrogatorio, grabado en vídeo en los locales de la Policía belga, otros agentes se dirigían al apartamento de la calle de la Tulipe, en Bruselas, donde vivía el asistente parlamentario antes de casarse con Eva Kaili. Y al que volvió a mudarse temporalmente cuandio salió de la cárcel. L. Giorgi, que había venido de Italia para visitar a su hijo, ocupaba temporalmente el apartamento.

Kaili y Giorgi son la pareja en el centro del escándalo Qatarargate. El 9 de diciembre de 2022, Eva Kaili, entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, y su pareja, Francesco Giorgi, asistente parlamentario italiano, fueron detenidos en Bruselas. Agentes de la policía belga de la Oficina Central Anticorrupción descubrieron que tenían en casa 878.355 euros en efectivo. Ambos fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Francesco Giorgi confesó –bajo coacción, afirma ahora su abogado– que él y el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri participaron en operaciones de lobby en la sombra para Qatar, Marruecos y Mauritania, pagadas en efectivo con varios millones de euros. Eva Kaili, sospechosa de haber participado en una de estas campañas en favor de Qatar, niega los cargos que se le imputan.

Al final del registro en el piso de la calle de la Tulipe, la Policía anticorrupción le hizo firmar un inventario de los objetos que iban a llevarse: dos teléfonos móviles, material informático, papeles presumiblemente escritos para su abogado y que se ponen bajo precinto, algunos cuadernos y documentos sacados de un cubo de basura. Entre estos últimos se encontraban notas que Giorgi había mecanografiado para preparar el interrogatorio del 27 de abril. Sabe que cuando los investigadores registraron su domicilio de Bruselas el 9 de diciembre se lo llevaron todo. En particular, ese ordenador en el que había anotado, bajo el epígrafe “negocios”, la marcha de sus nuevas actividades como intermediario comercial internacional. Dentro de esa carpeta había otras llamadas Nitrato, Q8 –Kuwait en inglés– y Tests Covid.

En su nuevo encuentro con los investigadores, Francesco Giorgi tenía ganas de explicarse, de contar su versión de los hechos... cosa que, al final, no hizo. Pero antes se había encargado de escribirlo todo en unas cuantas hojas de papel. Su abogado, Pierre Monville, denunció el pasado sábado a La Libre Belgique la incautación de la nota, a pesar de que su cliente había decidido en el último momento no mencionar su contenido a la policía. “Toda la estrategia de defensa de Francesco Giorgi ha quedado al descubierto y ahora está a disposición de todo el mundo, incluida la prensa. Ya no tiene margen de maniobra para defenderse según las reglas elementales del derecho”, declaró.

En esas notas, el asistente italiano escribió que estaba preparando su reconversión profesional durante el confinamiento de 2020 y creó una dirección de correo electrónico –externalaffairs.eu@gmail.com– en un torpe intento de hacer creer que esas gestiones tenían relación con las instituciones europeas, utilizando a su padre como tapadera.

L. Giorgi, que ahora tiene 67 años, era hasta septiembre pasado director de una escuela cerca de Milán, cargo que ha compaginado durante años con un negocio de venta de equipos médicos. “Mi idea para después de 2024 [al acabar la actual legislatura] era dejar el Parlamento y montar con él una empresa de comercio internacional”, escribió Francesco en las notas que le confiscó la Policía. “Su experiencia y mis contactos. En mi trabajo era muy fácil encontrar posibles oportunidades. El Parlamento Europeo es un observatorio privilegiado, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con terceros países. Siempre hay peticiones en busca de ofertas”, apuntó.

Para no aparecer por su nombre en conversaciones con posibles clientes, el asistente parlamentario no dudó en usurpar el nombre y la firma de su padre, como consta en los documentos a los que han tenido acceso el periódico belga Le Soir y sus socios de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre. Como él mismo confiesa en sus notas: “Los acuerdos de confidencialidad [con empresas] fueron suscritos por mí con la firma de mi padre, que sólo los conocía de manera muy general. Pero no estaba implicado porque confiaba en mí. Yo era quien se ocupaba de todo. Sólo le pedí permiso para utilizar su nombre porque era más coherente con el trabajo de su empresa, y [utilizar mi nombre] no me era posible dada mi función de asistente parlamentario”.

EIC ha preguntado al Parlamento Europeo por el código de conducta de sus asistentes. Un portavoz explica que los que deseen ejercer otras actividades, remuneradas o no, deben obtener previamente la autorización de la Eurocámara. Dichas actividades sólo se denegarán si pueden obstaculizar el ejercicio de las funciones del asistente/funcionario o son incompatibles con los intereses de la institución europea. ¿Solicitó Francesco Giorgi dicho permiso? El Parlamento no quiso responder porque se trata de “información personal”. Giorgi tampoco contestó a la pregunta.

Confinado en Grecia con Eva Kaili y su hijo, además de deseoso, según puede leerse en sus notas, de dejar el Parlamento y a su jefe, Andrea Cozzolino, al comienzo de la próxima legislatura, Francesco Giorgi aprovecha así el exilio sanitario para preparar su reconversión profesional. La intercesión de su compañera, cuyos contactos –la Policía extrajo 120.000 de su teléfono– están a la altura de sus responsabilidades –es uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento–, será valiosísima.

Uno de los negocios de Francesco Giorgi, relacionado con Mauritania, parece especialmente sospechoso. El asistente parlamentario y su jefe, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, fueron contratados a finales de 2018 por ese país africano para realizar labores de lobby en la sombra ante la Unión Europea, como también hicieron para Qatar y Marruecos. Panzeri contó a la Policía que su interlocutor era el embajador de Mauritania en Bruselas, Abdellahi Kebd, que hizo los primeros pagos a finales de 2019. Panzeri afirma haber recibido un total de 100.000 euros en efectivo y asegura que Giorgi percibió la misma cantidad. El asistente parlamentario lo niega: declaró a la Policía que había cobrado alquilando uno de sus apartamentos de Bruselas a Abdellahi Kebd por 1.800 euros al mes. El embajador le pagó al menos 50.000 euros. Un alquiler ficticio, ya que Kebd nunca ha vivido allí. Pero la relación comercial entre los dos hombres no terminó entonces.

En la nota preparada para su defensa que se le confiscó en la calle de la Tulipe, Francesco Giorgi explica que el embajador Kebd ofreció vender nitrato de amonio, un potente explosivo, a la Sociedad Nacional Industrial y Minera de Mauritania (SNIM) porque “su gobierno quería diversificar los proveedores”. El asistente italiano tenía en su ordenador una licitación convocada en febrero de 2020 por la SNIM, así como facturas y albaranes de una de las empresas que la ganaron: Cadex, con sede en Marruecos. En mayo y junio de 2020, vendió un total de 8.000 toneladas de nitrato de amonio a la SNIM –que no ha querido responder a las preguntas de EIC al respecto– por un precio de 335 euros la tonelada. Francesco Giorgi indica en su nota que él no tuvo nada que ver con esas ventas, y que fue el embajador Kebd quien le proporcionó los documentos “con fines informativos”.

Los acontecimientos se aceleraron unos meses más tarde. Un documento, encontrado en el ordenador de Giorgi y fechado el 8 de noviembre de 2020, menciona un posible contrato para suministrar 33.000 toneladas de nitrato de amonio al SNIM por 17 millones de euros, sin mención alguna de concurso público. El precio parece elevado: 446 euros por tonelada, un tercio más de lo que cobró Cadex. Ni el asistente italiano ni la Embajada de Mauritania han contestado a las preguntas que EIC le ha formulado sobre estos contratos.

Sólo quedaba encontrar un proveedor. En sus notas, Francesco Giorgi dice que ha descubierto fabricantes de nitrato de amonio en Georgia, por lo que pregunta a su compañera, Eva Kaili, si tiene “algún contacto [...]” en la república exsoviética. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo recuerda haber conocido durante unas vacaciones en la isla de Patmos a un empresario griego residente en Georgia llamado Sandros y dueño de una compañía de fabricación de pasta. El 8 de noviembre de 2020, Eva Kaili crea un grupo de WhatsApp para poner en contacto a los dos hombres: “Hola Sandros & Francesco, [...] Ambos tenéis mucha experiencia y contactos en pasta [emoji con guiño] pero sobre todo con gobiernos extranjeros para importación/exportación. [...] Francesco es un asesor de confianza de varios gobiernos. Quizá deberíais hablar por teléfono y explorar formas de trabajar juntos”.

Tras ese primer mensaje, Kaili abandonó el grupo de WhatsApp. Sandros y Giorgi congenian. Firman un acuerdo de confidencialidad y planean crear una empresa conjunta para ejecutar el acuerdo con la SNIM. Francesco Giorgi envía al empresario los detalles del acuerdo. “El margen de beneficio de los intermediarios dependerá del precio de venta final”, detalla. Sandros encontró enseguida un proveedor georgiano.

Pero el departamento comercial le indica que el acuerdo tenía que pasar por una empresa intermediaria con sede en Singapur, Dreymoor Fertilizers Overseas, y más concretamente por un comercial de esa empresa. Esto no desanima al asistente parlamentario, que firmó un acuerdo de confidencialidad con Dreymoor el 12 de noviembre de 2020: aunque el documento está a nombre de su padre. Se desconoce si su socio Sandros lo sabía. Seis días después, Francesco Giorgi envió un último mensaje al empresario griego afincado en Georgia: “Han surgido problemas [...] y hay que aclarar si sigue habiendo interés por parte de los importadores”, es decir, de Mauritania. Se desconoce si se completó la venta a la SNIM.

Contactado por EIC, Sandros admite que hizo gestiones en nombre de Giorgi, pero asegura que el trato no se cerró: “No hice ningún negocio con él, [...] Gracias a Dios”. Dreymoor no ha contestado a las preguntas de EIC. En sus notas, Francesco Giorgi también dice que el trato no prosperó: “Al final, la licitación no se abrió y dejé de interesarme porque era demasiado complicado y me quitaba demasiado tiempo”.

¿Fue el confinamiento y la enorme demanda de tests para el covid lo que estimuló las expectativas de Giorgi? En febrero de 2021, según el análisis de uno de sus ordenadores, suscribieron un acuerdo de confidencialidad L. Giorgi y la empresa griega Prognosis Biotech, especializada en kits de detección de alérgenos y toxinas alimentarias. El objetivo era suministrar pruebas de detección de antígenos a Mauritania y Qatar, dos países que el asistente parlamentario conocía bien, sospechosos junto con Marruecos de situarse en el centro del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.

El mismo 15 de febrero, Prognosis redactó una oferta de servicios a la atención del Ministerio de Sanidad mauritano donde se menciona que dispone de una capacidad de producción de dos millones de pruebas al mes y de “plazos de entrega bastante rápidos”. Por último, la Policía también encontró un borrador de oferta de servicios, fechado el 19 de febrero y calcado del anterior, pero en el que L. Giorgi es el único representante de Prognosis. En las notas que Francesco escribió para preparar su comparecencia en abril, afirma que quería “ayudar a [su] padre a relanzar la actividad de su empresa [especializada en el suministro de productos y tests sanitarios]” y que “pensó que la pandemia era la oportunidad adecuada para lanzar un negocio de tests para el covid”. Según las notas de Giorgi, la ayuda de Eva Kaili fue valiosísima una vez más, pues fue ella quien le puso en contacto con la empresa griega Prognosis, que no ha querido responder a las preguntas formuladas por EIC sobre este contrato.

En cualquier caso, Giorgi sólo pudo anotar el fracaso del proyecto: “Tanteé el terreno con mis contactos en Qatar sin éxito y, en lo que respecta a Mauritania, solicité al ministerio que inscribiera a Prognosis como una de las empresas que habrían tenido derecho a participar en las licitaciones, pero al final no salió nada”.

En una entrevista concedida el pasado marzo, un mes antes de que Giorgi escribiera su nota, Eva Kaili dio una versión ligeramente distinta: al enterarse de que Prognosis buscaba nuevos mercados, se lo comunicó a su pareja y puso a ambas partes en contacto.

Al año siguiente, en 2022, era Kuwait el país con el que soñaba Francesco Giorgi: en mayo, un acuerdo de confidencialidad vinculaba al padre de Francesco Giorgi con V Group, una empresa griega especializada en energías renovables, tratamiento de residuos y servicios de descontaminación. La compañía se compromete a pagar a L. Giorgi una comisión del 6% sobre cualquier contrato que cierre con Kuwait. Una vez más, el país en cuestión es uno que el asistente parlamentario conoce bien: con Panzeri, soñó que los kuwaitíes, al igual que los cataríes, pudieran quedar exentos de la obligación de visado cuando viajasen dentro del espacio Schengen. 

Como ha revelado la investigación de EIC, Giorgi y su jefe, Antonio Panzeri, fueron contratados por Qatar para obtener un acuerdo de exención de visados con la Unión Europea. Y, para aumentar las posibilidades de éxito del emirato, ambos propusieron que se creara un “paquete” que incluía también a Kuwait y sobre el que Eva Kaili presionó a la Comisión Europea. Según un relato de esta operación escrito por Giorgi, en noviembre de 2020 la exvicepresidenta de la Eurocámara mantuvo “una llamada telefónica con el embajador de Kuwait” para “planificar la estrategia”.

En sus notas, Giorgi escribe que, cuando conoció al jefe de V Group, éste le confió que tenía “dificultades relacionadas con la participación de su empresa en una licitación en Kuwait para la descontaminar terrenos”. “Me ofrecí a ayudarle”, indica Giorgi.

“Firmé un acuerdo de confidencialidad y le puse en contacto con Paolo Alli, exdiputado italiano y lobista especializado en Kuwait, porque yo no tenía contactos en el país. Hubo conversaciones, pero debido a las dificultades para encontrar un interlocutor fiable en Kuwait, no hubo seguimiento”. Si Giorgi consiguió meter en el juego a Paolo Alli, esta vez fue también gracias a la mediación de su pareja. Dos meses antes de la firma del acuerdo de confidencialidad, a principios de marzo, Eva Kaili intercambió mensajes de WhatsApp con el político italiano, expresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Lo había conocido unos días antes en el aeropuerto de Milán, cuando ya se había convertido en consultor.

“¡Así que tienes buenos contactos en Kuwait!”, le escribió. “Ahora”, continúa, “soy vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de Oriente Próximo [...] Sería estupendo que pudiéramos trabajar juntos”. Como Paolo Alli le había mencionado previamente sus buenos contactos en Israel, Omán y Qatar, Eva Kaili le preguntó: “¿En Kuwait también?”. Al recibir la respuesta afirmativa de su interlocutor, le sugiere ponerle en contacto con Francesco, que tiene “propuestas de negocio”.

Cuando los policías le preguntan por detalles de estos contactos, Kaili les contesta que, efectivamente, se puso en contacto con Paolo Alli para hablarle del “negocio de limpieza de arena con residuos de petróleo” que su pareja quería hacer con V Group. Preguntada por EIC, la empresa niega haber mantenido nunca una relación profesional con Francesco Giorgi o su pareja, ni haber participado en una licitación en Kuwait. Giorgi, que afirma en sus notas que el caso no se cerró, no ha respondido al respecto. Tampoco Paolo Alli.

Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo acusada de cobrar sobornos de terceros países, desplegó una frenética actividad de lobby en la sombra durante el mes de noviembre de 2022. El 1 de diciembre estaba previsto que se votara en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) la exención de visados de entrada en el espacio Schengen para los ciudadanos de cuatro países: Qatar, Kuwait, Omán, y Ecuador. Los mensajes de Whatsapp que Kaili envió aquellos días revelan que estaba especialmente interesada en conseguir esa ventaja para Qatar. Para ello aprovechó todos los contactos a su alcance. Según revela la investigación de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre y que se ha basado en documentos confidenciales obtenidos por el diario belga Le Soir, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo incluyó en su agenda al menos a cinco eurodiputados españoles, además de a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

El motivo de su elección estriba en que el presidente de la Comisión LIBE es el socialista Juan Fernando López Aguilar y dos de los “ponentes alternativos” de la propuesta eran Javier Zarzalejos, por el grupo de los los populares europeos (PPE), y José Ramón Bauzá, del grupo Renew Europe –liberales, PNV, Ciudadanos, el partido de Macron, entre otros–. Estos son nombrados por cada grupo para hacer el seguimiento de los informes que elabora el ponente principal sobre cada proyecto sometido a debate. Según explica la propia Eurocámara, los ponentes alternativos son “piezas cruciales para fraguar consensos” que permitan aprobar las propuestas. Los informes de la Policía belga a los que ha tenido acceso EIC desvelan que Eva Kaili se reunió el 9 de noviembre de 2022 también con otros dos eurodiputados españoles, los socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez, compañeros de su mismo grupo.

Además, en las investigaciones policiales ha aparecido un sexto español: el asistente de otro eurodiputado socialista, Juan José López Gómez, que viajó a Doha en febrero de 2020 con casi todos los que luego han resultado implicados en el Qatargate para participar en una conferencia sobre redes sociales financiada por el ministro de Trabajo del emirato, Alí Al Marri.

infoLibre ha preguntado a todos ellos por sus contactos con Eva Kaili. Y todos niegan que la eurodiputada griega ejerciera ningún tipo de presión sobre ellos o les influyera sobre la exención de los visados. “La propuesta no lo requería, ya que contaba con una amplia mayoría para salir adelante, como se puso de manifiesto en la votación”, explica Juan Fernando López Aguilar.

En efecto, la exención de visados para Qatar y Kuwait se aprobó en la Comisión LIBE con 42 votos a favor y 16 en contra. Pero hasta ese momento habían surgido algunos obstáculos que inquietaban tanto al Gobierno catarí como a Antonio Panzeri, a Francesco Giorgi, pareja de Eva Kaili, y a la propia vicepresidenta de la Eurocámara, los tres principales integrantes de la “organización criminal” que, según la Policía belga, cobraba sobornos a cambio de hacer lobby en la sombra en Bruselas.

La ejecución de siete personas en Kuwait el 16 de noviembre y la propuesta del grupo Renew de que se concediera la exención a Qatar sólo cuando estuviera operativo el sistema informático Etias –una plataforma informática que permite controles automáticos de antecedentes penales– activan el cabildeo del trío. “Su apoyo [el de Juan Fernando López Aguilar] es necesario, querida, por favor”, suplica a Kaili el embajador de Qatar en Bruselas, Abdulaziz Ahmed Al Malki, en un whatsapp el 29 de noviembre. Al Malki le dice que ha hablado con el eurodiputado español. “Me ha dicho que votarán a favor de nuestros visados el jueves 1 de diciembre”, le cuenta.

Fernández Aguilar niega a este periódico que compartiera con el embajador catarí cuál iba a ser el voto del grupo de los socialistas europeos en la comisión. También que Al Maliki le pidiera su apoyo. Y enmarca su conversación con el catarí en la normalidad parlamentaria. “Es común que los embajadores de estos países [los candidatos a la exención de visados] se interesen por el estado de las negociaciones y soliciten reuniones con el equipo negociador y con el presidente [de la comisión]”, detalla el eurodiputado socialista, quien asegura que esas reuniones son “debidamente incluidas en el Registro de Transparencia y son abiertas en una sala de protocolo". "Los servicios del Parlamento son también informados”, añade.

A Fernández Aguilar también le parece “normal” que Eva Kaili se interesara por las negociaciones para eximir de visados a Kuwait y Qatar, ya que era la encargada de las relaciones con la Península Arábiga. La víspera de que Al Maliki pidiera a Kaili el apoyo del presidente de la Comisión LIBE, ella envía a este último un mensaje que quiere que le haga llegar al ponente alternativo de los socialistas, el italiano Pietro Bartolo. Eva Kaili pretende que éste convenza a su vez a la socialista alemana Birgit Sippel para que incluya una moratoria sobre la pena de muerte en Kuwait e impedir así que las ejecuciones en ese emirato contagien a Qatar. “Sé que él [Bartolo] te respeta (mucho más que a Sippel)”, elogia al español.

Fernández Aguilar niega a infoLibre que le reenviara a Bartolo el mensaje tal y como ella quería. “Aparentemente”, precisa sobre la intermediación solicitada por Eva Kaili, “era una expresión de interés en el seguimiento del procedimiento legislativo de la exención de visados”.

Aunque al eurodiputado español el interés de su compañera griega no le resultó, según dice, inusual ni insistente, sí apunta que Eva Kaili votó el 1 de diciembre en la comisión, sustituyendo a otros parlamentarios ausentes, sin haberlo comunicado previamente al portavoz del grupo socialista. Es una práctica habitual que unos eurodiputados sustituyan a otros de su mismo grupo en estas votaciones, aunque no pertenezcan a la comisión encargada. Pero deben comunicarlo antes. De hecho, hubo un voto de más en el grupo socialista: el de Eva Kaili, por lo que uno de los eurodiputados tuvo que retirar su papeleta para que el recuento fuera correcto. 

Kaili no comunicó su asistencia, pese a que debía de conocer perfectamente el procedimiento: el mismo día 1 de diciembre le pidió a otro español, José Ramón Bauzá, que acudiera a la comisión ese día. Cuando el eurodiputado de Ciudadanos le recuerda que él no es miembro de LIBE, Kaili le insiste: “Aun así puedes votar. Si alguien se ausenta”. “Sí, estoy en ello”, le responde Bauzá, que fue presidente del Gobierno de Baleares por el PP entre 2011 y 2015 antes de pasar al partido naranja.

Pero, finalmente, Bauzá no fue a la votación. A preguntas de infoLibre, responde que se encontraba en el Foro Mundial de Turismo, en Riad, la capital saudí. Una información que no dio a Eva Kaili. En la misma conversación de Whatsapp, la exvicepresidenta le recuerda que Renew, el grupo de Bauzá, va a votar en contra de conceder la exención de visados. Y el español le indica que Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión LIBE y también de Ciudadanos, votará a favor. “He hablado con ella”, le dice. Bauzá asegura que no lo hizo “para incidir en su voto”. “Y nunca tuve intención de hacerlo ni de sustituirla […] Además, ya conocía previamente su posición porque la había anunciado con anterioridad”, añade. Si mencionó a Pagazaurtundúa, fue “debido a la insistencia” de Kaili –le pregunta dos veces si va a reemplazar a otro diputado en la votación–, “pero no se produjo ninguna gestión”.

También para Bauzá, no obstante, las conversaciones de esos días con la eurodiputada griega forman parte de la “práctica parlamentaria habitual”. “En ningún momento me resultó extraño que me escribiera a mí para comentar un asunto de Qatar o Kuwait”, destaca. José Ramón Bauzá pertenece a la Comisión de Relaciones con la Península Arábiga y preside el Grupo de Amistad de Qatar y la UE, que el propio eurodiputado suspendió en cuanto estalló el escándalo hace un año. Dice que en ese momento también rompió relaciones con el emirato.

En cualquier caso, los mensajes de Bauzá con Kaili traslucen su apoyo sin fisuras a la exención de los visados para Qatar. Cuando la parlamentaria griega le expone que Renew va a votar a favor de una resolución de condena al emirato por la violación de los derechos humanos con motivo del Mundial de Fútbol –“Tu grupo ha destruido nuestras relaciones con el Golfo”, le recrimina–, Bauzá le responde: “¡¡¡¡Es terrible!!!”. Le asegura que está en plena “batalla interna” con su propio grupo.

Y cuando, finalmente, el 1 de diciembre se aprueba la exención de visados y Kaili le guasapea un “lo conseguimos”, el español no disimula su satisfacción: “¡¡¡¡Sí!!!! ¡¡¡Por fin lo conseguimos!!!”. Bauzá explica que ésa es su forma habitual de expresarse por escrito, “con muchos signos de exclamación”, no una muestra de entusiasmo por el resultado de la votación.

Eva Kaili también tuvo en el alcance de su radar al eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a quien pide que “movilice” a los populares europeos para asegurarse el rechazo a la propuesta de condena a Qatar que ha presentado el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE). Zarzalejos le da la razón: “Lo haremos, no debería salir adelante esa resolución. Algunos van a poner en el mismo saco a Kuwait, Qatar, la Copa del Mundo y las ejecuciones”, protesta. En su informe, la Policía belga llama la atención sobre el hecho de que el eurodiputado popular mantenga informada a Kaili de la postura de su grupo durante los días previos a la votación sobre los visados, pese a que Zarzalejos pertenece a otro partido y no comparte ninguna comisión ni delegación con la vicepresidenta griega.

El 30 de noviembre, Kaili le dice al eurodiputado del PP que “necesita” que las enmiendas de Renew sean rechazadas para conseguir que la exención de visas a Qatar sea concedida “lo más pronto posible” –exigir la implantación del sistema Etias podía suponer un retraso de años para disfrutar de esa ventaja–. Ella lo presenta como una sugerencia: “En caso de que quieras enviar un correo o hacer recomendaciones claras a tu grupo…”. Zarzalejos le contesta que el PPE rechazará todas las enmiendas y se lo garantiza con el argumento de que es él quien está “al cargo de la lista de votación” de su grupo: “Lo haré”. 

infoLibre ha preguntado al eurodiputado del PP por estas conversaciones y si Kaili intentó influir en él sobre este asunto, pero Javier Zarzalejos no ha contestado a ninguna cuestión relacionada con Qatar. El político popular fue quien presentó una iniciativa para incluir a Ecuador en el “paquete” de países candidatos a la exención de visados, junto con Kuwait y Omán. Tanto el país latinoamericano como el sultanato quedaron finalmente fuera del documento aprobado.

No obstante, el PP, y Zarzalejos en particular, siguen “trabajando” a favor de la eliminación de los visados para los ecuatorianos. De hecho, el expresidente del país Guillermo Lasso se reunió el pasado julio en Bruselas con el eurodiputado popular para impulsar la hasta ahora fallida propuesta. Al poco de estallar el escándalo del Qatargate, Zarzalejos salió al rescate de Ecuador cuando la comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, advirtió de que el país latinoamericano no estaba “aún preparado” para beneficiarse de la exención de visados. El español tildó de “desafortunadas” las declaraciones de Johansson. “Ecuador no tiene nada que ver con países donde no existe pluralismo político y elecciones libres”, señaló en una entrevista con el periódico ecuatoriano Expreso.

La exoneración de visados es una vieja demanda de Ecuador, que no la consiguió al tiempo que sus vecinos Colombia y Perú, en 2016. Las relaciones entre el PP y Guillermo Lasso también son antiguas, anteriores incluso a la llegada del conservador a la presidencia en 2021. De hecho, forma parte desde hace más de una década de la red de influencias que el expresidente José María Aznar ha tejido en América Latina en torno a la Fundación FAES. Javier Zarzalejos lleva vinculado a ella desde 2004 y es su director desde 2017.

Según explica el eurodiputado, la inclusión de Ecuador en la propuesta sobre los visados fue fruto de un acuerdo con los socialistas y de un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Ejecutivo ecuatoriano. Zarzalejos, que niega cualquier relación con Francesco Giorgi y Antonio Panzeri, coincide con sus compañeros de escaño en que el intercambio de opiniones e información sobre estos asuntos es “perfectamente normal”.

Tal y como muestran los informes policiales, Eva Kaili habló con los eurodiputados socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez el 9 de noviembre de 2022. Son algunas de las personas que menciona Francesco Giorgi a su jefe, Antonio Panzeri, como parte de la agenda que Eva Kaili va a poner en marcha ese día. Pero antes de que los contacte, Panzeri quiere dictarle a su asistente lo que la exvicepresidenta debe decirles no sólo a los dos españoles, sino también al presidente de LIBE, Juan Fernando López Aguilar, y al eurodiputado conservador alemán David McAllister. Tanto en sus respuestas a la Policía como a EIC, Eva Kaili siempre ha negado que fuera “teledirigida” por su pareja o por Panzeri. Giorgi, precisa, sólo le daba “consejos”.

Javi López indica a infoLibre que, en efecto, Kaili le preguntó sobre su postura sobre la exoneración de visados para Qatar, un debate que el español dijo desconocer porque no formaba parte de la Comisión LIBE. Por el contrario, Javier Moreno asegura que en su conversación Kaili no le habló en ningún momento de Qatar y que, si votó a favor de la exención, fue porque ésa era la posición de su grupo.

Juan José López Gómez es el asistente del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos. López Gómez formó parte de un grupo de Whatsapp bautizado como “Doha” que incluía además de a Eva Kaili y a su pareja, Francesco Giorgi, a los eurodiputados Marc Tarabella y Alessandra Moretti, así como a la asistente de esta última, Francesca Garbagnati, todos ellos implicados en el Qatargate, y a los asesores griegos Ionnis Dalmas y Dimitris Zacharias.

Ese grupo se formó con ocasión del viaje que todos ellos hicieron en febrero de 2020 a la capital catarí para participar en una Conferencia Internacional sobre Redes Sociales. Cuando los investigadores belgas preguntaron a Eva Kaili por “Juanjo Spain”, el nombre con el que Juan José López aparecía en el grupo de Whatsapp, la eurodiputada griega aseguró que había “colaborado personalmente” con él en el pasado y que era amigo de Francesco Giorgi. “Prefiero no responder a cuestiones de carácter estrictamente personal”, responde a infoLibre Juan José López, quien con Kaili dice mantener “en lo profesional la relación habitual con una diputada que era compañera del mismo grupo político” y conocer a Panzeri de su tiempo en el Parlamento Europeo.

Sobre el viaje a Doha, explica que fue invitado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, que entonces presidía Alí Al Marri, el actual ministro de Trabajo. Fue ese comité el que pagó el viaje y la estancia de la misión europea, explica.

Pero las maniobras de Eva Kaili en favor de Qatar comenzaron muchos meses antes y picaron mucho más alto. El 20 de abril envió una carta a Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, sobre la exención de visados para Kuwait y Qatar. En ella, tras enumerar los argumentos por los que, a su juicio, debería concederse tal beneficio a esas dos autocracias del Golfo, Kaili le solicita “una actualización oficial sobre este asunto” e incluso le “insta” a “acelerar los procedimientos necesarios” para otorgárselo “lo antes posible”.

“La celebración de un acuerdo de exención de visado con Kuwait y Qatar en estos tiempos difíciles no sólo mostraría coherencia con la intención de la UE de reforzar su cooperación con la región del Golfo, sino que también permitiría a esos países aumentar aún más su apertura e interconexión con la UE y sus Estados miembros”, sostiene. Eva Kaili envió la misma carta, el mismo día, al vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, responsable de los asuntos de migración, y a Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior. Siete días después, la Comisión Europea aprobó la exención propuesta para Kuwait y Qatar.

Sin embargo, los tres comisarios niegan que la carta “influyera en modo alguno en la decisión del Ejecutivo europeo”. “En ese momento, la propuesta ya se encontraba concluida y en proceso de adopción estándar", sostiene el portavoz de Josep Borrell en su respuesta a infoLibre.

Una de las líneas de defensa de Eva Kaili subraya que ella no hacía más que cumplir con un plan de cooperación con Kuwait y Omán que habían puesto en marcha Borrell y Johansson en 2019. También mantiene que su posición sobre Qatar estaba alineada con la política oficial de la UE en esta materia. “No entendemos a qué plan de cooperación se refiere”, responde el portavoz de Borrell.

En un mensaje de Whatsapp del 17 de noviembre de 2022, Kaili le advierted a Javier Zarzalejos de que, si se aprueba la propuesta de resolución del Grupo de la Izquierda Europea contra Qatar, será “un desastre para Borrell”. El portavoz del alto representante de la UE ha rechazado “comentar conversaciones privadas” ni quiere ”especular sobre las interpretaciones o motivaciones de sus autores”. Y recalca que ni la Comisión Europea ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (EAAS) ni el alto representante para Asuntos Exteriores ”tienen voz ni voto en los procesos del Parlamento Europeo, que es una institución completamente independiente”.

Parte del dinero sospechoso que la exvicepresidenta del Parlamento europeo Eva Kaili y su pareja, Francesco Giorgi, recibieron de Qatar, Marruecos y Mauritania lo blanquearon invirtiéndolo en efectivo para comprar un piso en el número 6 de la calle Wiertzstraat, en Ixelles (Bruselas). Eso es lo que ha revelado la investigación judicial. Aún no está del todo claro cuál fue la cantidad exacta. Durante un registro efectuado el pasado 31 de mayo en Gante a la vendedora del piso, los investigadores encontraron 80.000 euros en efectivo. Así consta en la información a los que ha tenido acceso el periódico flamenco De Standaard, en colaboración con la red European Investigative Collaborations (EIC), a partir de documentos compartidos por el diario belga Le Soir. infoLibre publica este trabajo en exclusiva en España.

Pero quizás los 80.000 euros sólo eran una parte del dinero recibido. Según los cálculos de la Policía belga, Giorgi pagó al menos 100.000 euros en dinero negro por la compra del apartamento. Esa sería la mayor cantidad de dinero que los investigadores han podido rastrear procedente de Qatar, Marruecos y Mauritania y que el matrimonio Kaili-Giorgi invirtió ilegalmente. Ambos están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal por el escándalo conocido como Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Francesco Giorgi tenía un problema de liquidez. Pero no como los que suelen padecer los ciudadanos de a pie. El del asistente parlamentario italiano era blanquear el dinero en efectivo que había recibido a lo largo de los años por su trabajo para el exeurodiputado Antonio Panzeri. Cuando durante el interrogatorio al que fue sometido el 13 de diciembre de 2022 confesó haber recibido dinero de Qatar y Marruecos, lo detalló: “Había 600.000 euros en mi casa. Los he estado ahorrando desde 2019. Pero no he podido utilizarlos porque la norma europea [para pagos en efectivo] marca un límite de 3.000 euros. Me encuentro en una situación paradójica. Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer con él”.

Giorgi se equivocó sobre la cantidad que había acumulado, porque guardaba más de 600.000 euros en su piso, según la investigación. Cuando la Policía detuvo al padre de Eva Kaili en un hotel de Bruselas el 9 de diciembre de 2022, llevaba 720.800 euros en una maleta, que había sacado del piso de su hija una hora antes. Kaili le había hecho salir de la vivienda con la maleta al enterarse de que su marido había sido detenido.

En ese piso, donde Kaili y Giorgi vivían con su hija pequeña, los investigadores encontraron entonces otros 157.555 euros. Por tanto, el total en el piso de Eva Kaili y Francesco Giorgi sumba 878.355 euros en efectivo.

En el momento de la detención, el matrimonio Kaili aún no vivía en el dúplex que habían comprado a una mujer de Gante el 13 de octubre de 2022, poco menos de dos meses antes de que estallara el Qatargate. El nuevo piso estaba situado en el número 6 de la calle Wiertz, en el mismo edificio que otro piso más pequeño, en el portal número 4, donde vivían Giorgi y Kaili en el momento de la detención.

El precio de venta del dúplex era de 650.000 euros. Los investigadores descubrieron que Giorgi depositó 65.000 euros de fianza en la cuenta del notario antes de la compra, el 31 de agosto. El resto se pagó mediante transferencias de dinero procedentes de la cuenta separada de Eva Kaili y Francesco Giorgi, y de un préstamo bancario. Pero todo parece indicar que, además de esa cantidad, se pagó un mínimo de 80.000 euros en efectivo. Así, Kaili y Giorgi abonaron un mínimo de 730.000 euros a la vendedora.

Durante su interrogatorio del 13 de diciembre de 2022, en el que se le preguntó por la compra, Giorgi no habló del dinero en efectivo utilizado para adquirir el piso. Según explicó, todo se pagó legalmente con facturas y con un préstamo. Eva Kaili, sin embargo, había contado a la policía una versión diferente tres días antes. Según ella, parte del dinero en efectivo que los investigadores habían encontrado en el piso era dinero que su marido había pedido prestado para comprar el apartamento. Cuando le preguntaron de dónde procedía ese dinero, Eva Kaili respondió: “Yo no puedo explicarlo, pero mi marido sí”.

De que Giorgi pagó parte de la compra en efectivo no hay ninguna duda. Porque lo que el asistente parlamentario no sabía es que en el momento en que estaba gestionando la compra del dúplex, en septiembre de 2022, su teléfono ya había sido pinchado por el VSSE, el servicio secreto belga. Y en esas conversaciones telefónicas se escucha claramente cómo Francesco Giorgi presiona para que parte de la compra se abone en metálico.

El 2 de septiembre, entre las 8.20 y las 9.15, Francesco Giorgi llama a la propietaria del dúplex. “Entonces, K., podemos vernos mañana en mi casa. Podemos hablar en persona a las nueve, tomando un buen café. Solucionamos todas estas cosas y luego vamos juntos al notario, a las 9.30, está al lado. Creo que en la plaza de Luxemburgo”. El VSSE concluye: “Es más que probable que Giorgi pagara al contado una parte del dinero para comprar un piso. Probablemente serán unos 100.000 euros. El 70% lo pagará al firmar la escritura”.

Cuando habla con Giorgi, la vendedora duda de que vaya a cumplir su palabra. Pero el asistente parlamentario la tranquiliza: “¿Puedo decirle otra cosa? También [hay que tener en cuenta] la posición de Eva, que es una persona políticamente expuesta. No podemos meter la pata, entrando en un caso judicial o cosas así. Preferimos hacer las cosas bien. Y creo que contigo han ido muy bien hasta ahora”.

No está claro si Eva Kaili estaba presente en la reunión en la que su marido y la vendedora hablaron del pago del dinero negro ese 3 de septiembre. Tampoco se sabe con certeza si Giorgi y Kaili fueron interrogados más a fondo por la policía sobre la venta. Lo que sí es cierto es que 80.000 euros de la venta del piso el 31 de mayo se encontraron en casa de la vendedora. A día de hoy, esa cantidad parece ser el elemento más evidente de cómo Giorgi –¿y Kaili?– blanquearon el dinero de los sobornos.

En la entrevista que Eva Kaili concedió a EIC, dio la siguiente respuesta a las preguntas sobre la compra del apartamento: “La Policía no me ha preguntado al respecto y no lo he visto en el expediente, por lo que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Pago todo desde mi cuenta bancaria. Pago todo con mi salario. No tengo cuentas bancarias en Panamá, Chipre o Suiza. La Policía controla todo tres veces”. Además, aseguró que no estuvo presente en la primera firma del dúplex. “Pedí un préstamo para la casa. Francesco tenía dinero en nuestra casa y tenía su salario […] Pero no hablaré sobre la defensa de otra persona”.

Esa persona es su pareja, Francesco Giorgi, que no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho llegar EIC. Cuando la red de medios de investigación se puso en contacto con K. S., la mujer que vendió el apartamento, respondió únicamente que “prefería no reaccionar”.

Las fotos de los fajos de billetes dieron la vuelta al mundo. Hace un año, el 9 de diciembre de 2022, agentes de la policía belga de la oficina central anticorrupción se incautaron de 878.355 euros en efectivo en el domicilio de la vicepresidenta socialdemócrata del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, y del asistente parlamentario italiano Francesco Giorgi. Tras la detención de Giorgi por la mañana, su pareja hizo un intento desesperado por ocultar la mayor parte del dinero: Eva Kaili metió 720.000 euros en billetes de 50 euros en una maleta, con pañales y un biberón, y luego confió el paquete a su padre, que estaba de visita en Bruselas para pasar tiempo con su nieta de 21 meses. La policía descubrió el plan, se incautó de la maleta y registró el apartamento de la pareja en Bruselas. Los agentes encontraron otros 157.555 euros en efectivo, en su mayor parte guardados en dos bolsas de viaje. Eva Kaili fue detenida, así como Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista italiano, de quien Giorgi ha sido ayudante. Los agentes descubrieron 669.950 euros en metálico en casa de Panzeri.

Poco después, los tres fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Había estallado el Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Antonio Panzeri –que obtuvo la condición de arrepentido al colaborar a cambio de una reducción de pena– y Francesco Giorgi confesaron enseguida que estaban implicados en operaciones de lobby en la sombra, e incluso de corrupción, en las instituciones europeas por cuenta de Qatar, Marruecos y Mauritania, que les habían pagado varios millones de euros, principalmente en metálico. Panzeri acusó a Eva Kaili de haber recibido 250.000 euros en efectivo tras supuestamente llegar a acuerdo con funcionarios cataríes a principios de 2019 para cobrar sobornos. Ella lo niega rotundamente.

La eurodiputada, despojada de su vicepresidencia y vetada por su grupo político, pasó cuatro meses en prisión preventiva. Desde su liberación, Eva Kaili ha proclamado su inocencia en la prensa. Declaró a la policía anticorrupción belga que no sabía nada: ni del origen extranjero del dinero en efectivo almacenado en su domicilio, ni del tráfico de influencias llevadas a cabo por su pareja junto con Panzeri. Pero tras un año de investigación, la justicia belga ha reunido numerosas pruebas que contradicen la defensa de Eva Kaili y “confirman su pertenencia en la organización criminal Panzeri/Giorgi/Kaili”, según consta en un informe policial. Es lo que revela una investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en documentos confidenciales obtenidos por el diario belga Le Soir.

Por ejemplo, un mensaje de Eva Kaili de noviembre de 2020 describe a Francesco Giorgi como “asesor de confianza de varios gobiernos”, señal de que Eva Kaili estaba informada de las actividades paralelas de su pareja. “Que yo sepa, su única actividad es el Parlamento Europeo”, replicó a EIC.

Uno de los antiguos asistentes de la exvicepresidenta del Parlamento europeo declaró a la policía que, cuando se trataba de Oriente Próximo, Eva Kaili se dejaba guiar a distancia por su compañero: “Para todo lo que se refería a la política de los países del Golfo, me pedía que solicitara la opinión de Francesco Giorgi, y teníamos que seguir [sus] instrucciones. [...] Giorgi venía al despacho hasta tres o cuatro veces al día. [...] A veces, cuando Giorgi no estaba, Kaili le telefoneaba en mi presencia para saber qué debía decir, hacer o votar”. “No sigo las instrucciones de nadie”, rechaza ella. 

La justicia belga ha podido rastrear una impresionante operación de lobby: la exención de visados para Qatar, en la que Kaili trabajó con ahínco. Los mensajes del teléfono de Eva Kaili muestran que seguía las instrucciones del dúo Panzeri/Giorgi, en estrecha relación con funcionarios cataríes de muy alto nivel, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores –y actual primer ministro– Mohamed Al Thani, y el titular de Trabajo, Alí Al Marri. Estos mensajes revelan también el turbio papel desempeñado por otras personalidades europeas. También por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët.

Durante dos interrogatorios, en marzo y abril, Kaili negó a la policía haber sido teledirigida. Dijo que se había limitado a seguir “la línea política oficial de la UE” y que había actuado únicamente en función de sus convicciones políticas y de los intereses de los ciudadanos europeos.

La exvicepresidenta concedió una entrevista en vídeo a EIC, pero en el último momento no dio su aprobación definitiva para publicarla. Por su parte, Marc Uyttendaele y Laurent Kennes, abogados de Antonio Panzeri, han rechazado hacer ningún comentario alegando que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. El abogado de Francesco Giorgi no ha respondido a las preguntas que le ha enviado EIC.

La historia arranca en 2018, cuando comenzó la colaboración entre Antonio Panzeri, entonces presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, su asistente parlamentario Francesco Giorgi y su nuevo cliente: el doctor Alí Al Marri, actual ministro de Trabajo de Qatar, que en aquel momento era presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos y el cerebro de la presunta corrupción y de los pagos en efectivo.

A finales de 2018, Al Marri hizo un primer encargo a Panzeri: conseguir que la Unión Europea concediera a los nacionales cataríes el derecho a entrar en el espacio Schengen sin visado. Para Qatar, es una cuestión de prestigio y honor: el único país del Golfo que se beneficia de esa ventaja es uno de sus grandes enemigos, Emiratos Árabes Unidos, que desde 2017 orquestó junto a Arabia Saudí un bloqueo contra los cataríes. Qatar quiere corregir ese inconveniente.

En varios informes a su cliente catarí, Francesco Giorgi describió los detalles de la operación, incluidas las reuniones celebradas con las personalidades a las que querían influir. Un “plan de acción” elaborado en 2020 indica que el “objetivo” es obtener la exención de visados “antes del Mundial de 2022”.

En otro documento, Giorgi explica que había que apuntar hacia Grecia, porque en materia de visados, “principalmente los griegos ocupan puestos clave” en “el proceso de toma de decisiones de la UE”. Para lograr su misión, el dúo Panzeri/Giorgi pudo haber recurrido, según detalla la policía, a una “conexión griega” formada por Eva Kaili, el actual vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, así como un hombre clave: Dimitris Avramopoulos, quien fue hasta 2019 comisario de Migración y, por tanto, responsable de los visados.

En aquel momento, la solicitud de Qatar ni siquiera podía ser examinada por la Comisión Europea: debido en particular a la situación de los derechos humanos en el emirato.

El problema se resuelve rápidamente. El dúo de lobistas organiza una primera reunión entre Dimitris Avramopoulos y Ali Al Marri el 12 de marzo de 2019 en Estrasburgo, y luego una segunda con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed Al Thani, el 26 de septiembre de 2019 en Nueva York. Según un informe escrito por Giorgi, “Qatar fue retirado de la lista negra” por la Comisión unas semanas más tarde, gracias a un “informe positivo” elaborado por Dimitris Avramopoulos. Preguntada al respecto por EIC, la Comisión Europa se niega a comentar sobre el informe positivo supuestamente escrito por Avramopoulos.  “No existe una lista negra de países que no pueden ser considerados para la exención de visa”, añadió un portavoz. 

El 29 de octubre de 2019, el ministro de Asuntos Exteriores catarí envió al comisario griego una carta efusiva: “Me gustaría reiterar mi sincero agradecimiento por su comprensión de los retos de Qatar y su disposición a asesorar a nuestro gobierno, especialmente en lo que respecta a la inclusión de Qatar en la lista Schengen de exención de visados”.

En diciembre de 2019, Dimitris Avramopoulos dejó la Comisión. Antonio Panzeri, que acababa de perder su mandato como eurodiputado, parece que le convenció inmediatamente para que trabajara para él. Eva Kaili declaró a la policía que, desde principios de 2020, “Panzeri quería colocar a Avramopoulos en Fight Impunity”, la ONG que había creado el italiano para servir de fachada a sus actividades de lobby y sospechosa de haber sido financiada de forma encubierta por Qatar.

El fichaje bien pudo haberse producido en febrero de 2020, durante un viaje con todos los gastos pagados a Doha, la capital de Qatar, para participar en una conferencia sobre redes sociales financiada por Alí Al Marri. Entre los invitados del doctor están Kaili y Avramopoulos, el eurodiputado belga Marc Tarabella –ahora imputado por corrupción en el Qatargate–, así como el dúo Panzeri/Giorgi. Es el asistente parlamentario italiano quien gestiona la logística, desde las visitas a los estadios hasta las cenas en el lujoso restaurante Yasmine Palace. Otro de los invitados es un español, Juan José López Gómez, asistente del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor.

Poco después de regresar de Doha, Dimitris Avramopoulos comienza sus gestiones sobre los visados. El objetivo: convencer a su sucesora sueca, la nueva comisaria de Migración, Ylva Johansson. Para aumentar las posibilidades de éxito de Qatar, el dúo Panzeri/Giorgi sugiere presentar un “paquete” de solicitantes con otros dos países del Golfo, Kuwait y Omán”.

El 20 de febrero de 2020, Mohamed Al Thani, ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, escribe a Avramopoulos que tiene problemas con “la sueca”. “Tengo algunas ideas. Tenemos que hablar”, respondió el excomisario, quien transmite el intercambio a Eva Kaili.

El 3 de marzo de 2020, Avramopoulos informa a la eurodiputada de que se reunirá con Ylva Johansson 48 horas después. El día de la cita, Eva Kaili le recuerda lo que debe pedir: “Paquete Kuwait Omán Qatar”. “Hecho”, responde Avramopoulos. “No es lobby, es política”, rebate Eva Kaili sobre este intercambio, a preguntas de EIC. “Cuando estamos convencidos de que algo es beneficioso para los ciudadanos, debemos hacerlo”, añade.

Este episodio es tanto más problemático para Avramopoulos cuanto que, como a todos los antiguos comisarios, se le había prohibido hacer tareas de lobby sobre la Comisión durante dos años.

¿Fue recompensado por ello? En febrero de 2021, en cuanto la Comisión Europea validó su fichaje por Fight Impunity, Avramopoulos se convirtió en el único miembro remunerado del consejo de administración de la ONG fundada por Antonio Panzeri. Recibió unos 5.000 euros al mes antes de impuestos, desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022, aunque “no hacía mucho” trabajo para la ONG, según declaró el secretario de Fight Impunity a la Policía belga.

Preguntado al respecto por EIC, Avramopoulos se ha negado a comentar los hechos e incluso amenazó con emprender acciones legales. Responde que no tiene “nada que ver” con esta historia y que siempre ha “actuado en estricto cumplimiento de las normas de la Unión Europea, siguiendo la línea y los procedimientos europeos”. El portavoz de Ylva Johansson, por su parte, precisa que la reunión que mantuvo con el excomisario griego fue sólo un “encuentro de cortesía”, donde no se habló del “paquete Kuwait Omán Qatar” y Avramopoulos “no proporcionó tal información”.

A principios de octubre de 2020, Francesco Giorgi escribió un documento a la atención del eurodiputado belga Marc Tarabella. Se trata de un plan de acción para la próxima reunión de la Delegación del Parlamento Europeo con los países de la Península Arábiga (DARP): “Durante el debate, Eva propondrá nombrar a un eurodiputado que se encargue de seguir la cuestión de los visados en las instituciones [de la UE], y tú ofrecerás tu disponibilidad”.

“No estoy teledirigida”, respondió Eva Kaili cuando la policía le presentó este documento, afirmando que su compañero sólo le daba “consejos”. Por su parte, Francesco Giorgi escribió, en una nota destinada a preparar su defensa legal, que el plan finalmente no se ejecutó, porque el presidente de la DARP atribuyó de forma espontánea la responsabilidad de los visados a Tarabella. Su abogado lo confirma, y añade que el eurodiputado belga “no fue dirigido en modo alguno por el dúo Panzeri/Giorgi” ni recibió dinero o regalos.

Durante 2020 y 2021, el cabildeo continuó. Según los informes de actividad elaborados por Giorgi para Qatar, Kaili presionó sobre los visados al jefe de unidad del Departamento de Asuntos Internos y Migración de la Comisión, el griego Dimitris Giotakos. El dúo Panzeri/Giorgi menciona también reuniones con el vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas, así como con varios miembros del Gobierno griego, entre ellos el primer ministro, Kyriákos Mitsotakis. Lo que habría permitido “eliminar cualquier resistencia de Grecia”.

Pero tras más de tres años de trabajos de lobby, la Comisión aún no había dado la luz verde. El 22 de abril de 2022, Eva Kaili, ahora ya vicepresidenta del Parlamento Europeo, puso toda la carne en el asador. Envió la misma carta a tres hombres clave de la Comisión: el Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; la comisaria de Migración, Ylva Johansson, y su superior jerárquico, el vicepresidente Margaritis Schinas. “Les insto a que aceleren los procedimientos necesarios para conceder la exención de visado de la UE a Kuwait y Qatar lo antes posible”, escribió Kaili. En un informe redactado por su compañero Giorgi, se afirma que este triple envío de cartas es una de las actividades llevadas a cabo por el dúo de lobistas a favor de Qatar.

Una semana después de las cartas de Kaili, la propuesta de exención para Kuwait y Qatar fue aprobada por la Comisión Europea. Pero, según ha contestado a EIC el portavoz de Borrell, la carta enviada por Kaili “no influyó en modo alguno en la decisión de la Comisión. En ese momento, la propuesta ya se encontraba concluida y en proceso de adopción estándar”. El Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, le dio la luz verde a finales de junio. Sólo quedaba convencer a los eurodiputados.

En enero de 2022, Eva Kaili fue elegida vicepresidenta del Parlamento. El día 25, pidió por WhatsApp a la presidenta maltesa Roberta Metsola atribuciones –derechos humanos, Oriente Próximo– “vinculadas a las estrategias de la organización Panzeri/Giorgi”, anotó la policía. “No tengo conflictos ni declaraciones controvertidas”, argumenta ante Metsola. Kaili consigue ser la adjunta de la presidenta para las actividades relacionadas con Oriente Próximo, lo que la convierte en una figura clave en la región. Y se lo agradece efusivamente a Roberta Metsola: “Espero no habértelo puesto difícil. ¡Me has dado todo lo que más quería!”.

Según declaró Kaili a la policía, Roberta Metsola también le dio la responsabilidad sobre la regulación de los visados en abril de 2022. Pero el portavoz de la presidenta lo desmiente: “No la nombró para ese puesto”.

La ofensiva de seducción de Eva Kaili aumenta en intensidad cuatro meses después: organiza las vacaciones de la presidenta del Parlamento Europeo en Grecia. “En cuatro días te cuento los detalles para Atenas”, le escribe el 1 de agosto. “Genial, deseando que llegue”, le responde Metsola.

“¿Tú, tu marido y cuatro chicos? ¿O más? Las entradas y un guía os esperan a las 18.00 en el Museo de la Acrópolis”, guasapea Eva Kaili a Metsola el 8 de agosto. También invitó a cenar a la presidenta y a sus siete compañeros de vacaciones en un “restaurante de primera”: “No tienes que encargarte de nada, sólo envíame el número de personas”. “Todo fue increíble. Gracias”, le escribe Roberta Metsola a Kaili unos días después. A preguntas de EIC, el portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo asegura que, como su objetivo es mantener “excelentes relaciones” con los eurodiputados, “no es anormal” mantener “conversaciones privadas sobre vacaciones personales”.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022, Eva Kaili hace una visita relámpago a Qatar y Kuwait, durante la cual se habla mucho de la propuesta de exención de visados. En Doha se reúne con Alí Al Marri, el ministro de Trabajo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Al Thani. “El primer ministro me envió un regalo de la FIFA. O se lo agradecemos [ahora], o se lo agradecemos en la próxima votación”, dice Eva Kaili al embajador de la UE en Qatar. Según sus declaraciones a la policía, fue durante este viaje cuando se encontró por primera vez con Gianni Infantino, presidente de la FIFA y organizador de la Copa del Mundo de Fútbol.

Once días después, Eva Kaili ofrece una invitación para el Mundial de Qatar al jefe de gabinete de Roberta Metsola. Éste declina cortésmente: “Hola Eva, Roberta lo ha consultado con el servicio jurídico y tenemos que ser muy prudentes [...]. Así que, sin perjuicio del futuro, de momento no lo haré”. Pero la negativa no disuade a Kaili de hacer la misma propuesta al día siguiente a Roberta Metsola: “¡Mi querida presidenta! Espero que te encuentres bien, tengo que pasarte una invitación para el Mundial, ¿te interesaría a ti o a tu marido e hijos?". Roberta Metsola dice que la rechazó.

Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili indicó que fue Gianni Infantino quien le proporcionó esas invitaciones. “La FIFA y su presidente nunca ofrecen regalos a través de terceros”, afirma un portavoz del organismo a EIC.

Tras obtener la luz verde de la Comisión y del Consejo de la UE, el dúo Giorgi/Panzeri debe ahora desplegar su tarea de lobby en el Parlamento Europeo. El 9 de noviembre de 2022, ambos elaboran una lista de cuatro eurodiputados influyentes en la materia, con los que Kaili debe reunirse. Pero, al día siguiente, Antonio Panzeri, que evidentemente ha estado en el Parlamento, se da cuenta de que Kaili ha hablado con una “chica holandesa” que no figuraba en la lista. Llama a Giorgi para darle sus instrucciones: “Tu novia [...] se ha excedido. [...] Sería conveniente decirle que pare”.

Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili negó estar bajo las órdenes del dúo. Según les dijo, el comentario de Panzeri no era más que “humor inapropiado”.

Pero hay noticias importantes: el 14 de noviembre, el ministro de Trabajo catarí, Alí Al Marri, cliente del dúo Panzeri/Giorgi, va a dar un discurso ante el Parlamento Europeo. La víspera, Francesco Giorgi y Eva Kaili se reunieron con él en secreto en el Steigenberger Wilcher's, un palacio de Bruselas. Las imágenes de videovigilancia les muestran entrando en la suite 412, con su hija de un año y medio en el cochecito. Un cuarto de hora después de su salida, Giorgi volvió para una segunda entrevista con Al Marri, esta vez acompañado por Antonio Panzeri.

Al día siguiente, el doctor defendió a Qatar ante los eurodiputados de la Comisión de Derechos Humanos, en una sesión que, según la policía, Antonio Panzeri y sus amigos habían preparado en gran medida para que fuera lo más favorable posible a Qatar.

Pero un día después empiezan los problemas. El 15 de noviembre, los eurodiputados proponen votar una resolución condenando, justo antes de la inauguración del Mundial, las violaciones de los derechos humanos en Qatar, en particular la situación de los trabajadores inmigrantes. Y, sólo un día más tarde, Kuwait ejecuta a siete condenados a muerte, lo que amenaza con hacer descarrilar la adopción del texto sobre los visados de entrada en el espacio Schengen.

El 20 de noviembre de 2022, Eva Kaili es invitada a Qatar, con todos los gastos pagados, para asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo. No se trata de un viaje oficial: declaró a la policía que había sido invitada, no como vicepresidenta del Parlamento Europeo, sino “a título personal”, por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El organismo lo confirma. Kaili no declaró esta invitación al Parlamento, a pesar de que es obligatorio.

Pero Eva Kaili no está en Qatar para relajarse. El dúo Panzeri/Giorgi le ha encomendado una misión: arreglar la situación con su cliente Alí Al Marri, con quien acaba de surgir un problema. En cualquier caso, la eurodiputada tiene un objetivo más importante: Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión encargado de “promover el modo de vida europeo” y superior jerárquico de la comisaria de Migración, Ylva Johansson. Margaritis Schinas también fue invitado a Doha a ver el partido.

Qatar cuenta con Schinas para resolver un gran problema. Cuando el Consejo de la UE aprobó la exención de visados, introdujo una enmienda para que la medida sólo se aplicara cuando estuviera operativo el sistema Etias. Se trata de una plataforma informática que permitirá realizar controles automáticos –antecedentes penales, por ejemplo– de los nacionales de países exentos de visado que quieran entrar en el espacio Schengen. “El Consejo solicitó esta condicionalidad del Etias por razones de seguridad, ya que se sospecha de la proximidad de Qatar con movimientos islamistas radicales”, explica a EIC una fuente bien informada.

Qatar quiere acabar con esta enmienda, que retrasaría varios años su exención de visado –el Etias aún no está operativo a día de hoy–. Si el texto es votado por el Parlamento, la versión definitiva del reglamento se decide mediante un “trílogo”, la negociación final entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE.

Ese 20 de noviembre en Doha, Eva Kaili habló de los visados con Margaritis Schinas. Después se reunieron con Alí Al Marri y el ministro de Asuntos Exteriores catarí, no está claro si juntos o por separado. A las 5.39 horas, poco antes de estas reuniones, Eva Kaili escribió a un asesor de Al Marri para decirle que “el ministro de Asuntos Exteriores está contento”: “Puede que sea el vicepresidente Schinas quien negocie los visados. Así que pídele que esté presente en los trílogos. Para detener completamente el Etias. [...] En lugar de Ylva Johanson”.

A las 10.30 horas, el compañero de Eva Kaili, Francesco Giorgi transmite exactamente el mismo mensaje, con este detalle adicional: Margaritis Schinas “es el único que puede hacer frente a la fuerte presión del Consejo sobre el Etias”. En otras palabras, el vicepresidente de la Comisión parece haber aceptado sustituir a su subordinado en una negociación crucial, para servir a los intereses de Qatar.

Durante el mismo viaje a Doha, Margaritis Schinas publicó dos tuits entusiastas, elogiando los “considerables avances” de Qatar en materia de legislación laboral y sus “constructivas” reuniones con los dos ministros cataríes. En la primavera de 2022, ya había publicado tres tuits alabando el proyecto de exención de visados.

En sus informes de actividad, Giorgi y Panzeri afirman que consiguieron cabildear con Schninas sobre el asunto tres veces en 2020 y 2021, a través de “asesores de confianza”. Por el contrario, un portavoz del vicepresidente griego niega que ésta conozca o se haya reunido “nunca ni con el señor Panzeri ni con el señor Giorgi“. Y añade tajante que “por tanto, nunca ha discutido ningún tema con ninguno de ellos“.

Esa misma noche del 20 de noviembre de 2022, Eva Kaili asistió al partido inaugural del Mundial en el palco VVIP (Very Very Important People) reservado a las más altas personalidades, según escribió, muy asombrada, en una nota encontrada en su teléfono. Cuenta que pudo charlar, entre otros, con el emir de Qatar Tamim Al Thani y con el príncipe heredero saudí Mohamed Ben Salman, la estrella del fútbol David Beckham y el príncipe de Jordania.

Tras el partido, se organizó una cena en uno de los hoteles donde se alojaba la delegación de la FIFA. Gianni Infantino estaba sentado con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, y dos de sus colaboradores. Eva Kaili se unió a ellos y les pidió que intercedieran ante Emmanuel Macron para pedir a los eurodiputados de su partido que cambiaran de postura y votaran en contra de la resolución de condena a Qatar.

“[Durante el partido en Doha] Me pasé dos horas con Infantino [...], el presidente de la Copa de Francia y dos franceses, intentando parar mañana el discurso y la propuesta de resolución de Loiseau. Les volví locos”, cuenta Eva Kaili en su nota. Según ha podido saber EIC, Noël Le Graët aceptó encargarse de ello y confió la tarea a su director de Relaciones Institucionales, Erwan Le Prevost, también presente en la cena. “Me pidieron que informara al Elíseo de la posición de madame Kaili”, confirma Le Prevost a Mediapart. Pero Noël Le Graet niega haber hablado con Eva Kaili aquella noche.

Al día siguiente, el 21 de noviembre, Kaili vuelve a Estrasburgo para el debate sobre la resolución. En el hemiciclo, aboga a favor de Qatar. “Ya han conseguido lo imposible”, concluye. Pero el Parlamento aprueba votar una resolución sobre el asunto. El siguiente paso es redactar el texto y votarlo el 24 de noviembre. “Renew nos está matando”, se queja Eva Kaili a un eurodiputado.

El 23 de noviembre, a las 12.59, la víspera de la votación, Erwan Le Prevost pide a Eva Kaili el texto de la resolución. A las 16.24, el lobista de la FFF le envía un segundo mensaje: “Voy a mantener una importante llamada telefónica con el secretario general de Macron [Alexis Kohler] dentro de 15 minutos. ¿Qué debo preguntarle sobre el texto?”. Kaili quiere que el Elíseo transmita las siguientes instrucciones: votar la resolución, pero rechazar el apartado A, que denuncia la situación de los “trabajadores migrantes” y el hecho de que Qatar haya obtenido la Copa del Mundo “en un contexto de acusaciones creíbles de soborno y corrupción”.

Erwan le Prevost afirma que no se trataba de un ejercicio de lobby, sino de una simple “transmisión de información”. Explica que no se puso en contacto con el secretario general, sino con el asesor deportivo de Emmanuel Macron, Cyril Mourin. “Me dijo que esa vía no era la adecuada, que la vía diplomática era la normal. Que yo sepa, no se ha tomado ninguna otra medida”, apunta Le Prevost. La táctica de presión sobre el Elíseo no funcionó. “Ni el Elíseo ni ningún ministerio francés se pusieron en contacto conmigo para hablar de Qatar”, confirma Nathalie Loiseau a Mediapart.

Por el contrario, sí recuerda que Eva Kaili le envió “una decena de mensajes de WhatsApp” para criticarla por haber apoyado la resolución. “Básicamente me dijo: ‘Pero qué idea, no lo entiendo, Qatar es ejemplar en la región”, revela Nathalie Loiseau. “Luego me aseguró que el problema en términos de legislación laboral no venía de Qatar, sino de las empresas, y que, si realmente queríamos dar visibilidad al asunto, las empresas francesas podrían verse expuestas. Era un poco como una amenaza”.

Los mensajes del teléfono de Eva Kaili demuestran que seguía instrucciones del embajador de Qatar ante la UE. “Hola Eva. Por favor, haz todo lo posible para eliminar esto [la resolución]. He recibido una llamada de Palacio. Están muy enfadados por esto, la FIFA y Qatar. Cuento contigo para que llames a Roberta Metsola”, le escribe Abdulaziz Al Malki el 23 de noviembre a las 16.02.

En realidad, Eva Kaili se anticipó a los deseos del embajador, escribiendo una hora antes a la presidenta del Parlamento Europeo. Pero más tarde borró todos los mensajes de la conversación, excepto uno: “Con el resto tampoco estoy de acuerdo, pero creo que lo digerirán si conseguimos [la exención de] los visados”, aseguró a Metsola.

El 24 de noviembre, día de la votación de la resolución, el embajador catarí mantuvo la presión. “Hola, Eva. Querida, [...] Mi gobierno no quiere el párrafo A bajo ningún concepto. Por favor, retíralo mediante la votación”, escribe Abdulaziz Al Malki. Kaili borró su respuesta, pero parece estar de acuerdo. “Gracias, excelencia”, responde el embajador.

La vicepresidenta griega se esforzó por convencer a varios eurodiputados. Pero en vano. El Parlamento aprobó la resolución, con el apartado A, y con el apoyo de Renew. Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili respondió que votó a favor de la resolución contra Qatar. En realidad, como revela Décoders du Monde , Eva Kaili sólo votó a favor de los párrafos a favor del emirato: se abstuvo o votó en contra de los párrafos más críticos.

Quedaba por librar la principal batalla, la de los visados. El texto debía ser aprobado primero por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) antes de una segunda votación en sesión plenaria. “Esto es lo más importante”, escribe Eva Kaili al director de Relaciones Institucionales de la Federación de Fútbol francesa el 23 de noviembre, pidiéndole que transmita el mensaje a la mano derecha de Emmanuel Macron: debe “apoyar la votación de los visados”.

Al día siguiente, el embajador catarí en Bruselas presiona a la vicepresidenta del Parlamento: “Esto aliviaría la presión sobre nosotros tras la resolución de hoy. Cuento contigo, querida Eva”. El resultado es aún incierto, porque en la recta final han surgido dos grandes problemas.

El 16 de noviembre, Kuwait ejecutó a siete condenados a muerte, justo durante la visita al país de Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del expediente de los visados. “Sacaremos todas las consecuencias”, reaccionó Schinas en un airado tuit.

Para Qatar, es una catástrofe. Como el reglamento sobre visados es un “paquete” que incluye a varios países, es difícil eliminar a Kuwait sin cargarse todo el texto. Así que el emirato presiona a sus agentes Antonio Panzeri y Francesco Giorgi. Pero Eva Kaili tranquiliza a su compañero: “Qatar debe mantener la calma”, le escribe, precisando que llamará a un eurodiputado influyente. Kaili comienza entonces a presionar al ponente y los “ponentes alternativos” de la propuesta, los eurodiputados responsables del texto en los diferentes grupos políticos. “No debemos castigar a Omán y Qatar por lo que hizo Kuwait”, implora.

Tras muchas discusiones, la vicepresidenta del Parlamento acabó encontrando una solución: Kuwait permanece en el texto, pero sólo tendrá exención de visado si adopta una moratoria sobre la pena de muerte. Esto “salvaguardaría el expediente [para una votación el] 1 de diciembre”, escribió Eva Kaili el 28 de noviembre al presidente de la Comisión LIBE, el socialista español Juan Fernando López Aguilar.

El segundo obstáculo vino, una vez más, del grupo Renew, que presentó enmiendas destinadas a introducir en el texto una modificación ya adoptada por el Consejo de la UE: conceder la exención sólo cuando el sistema informático Etias esté operativo. Lo que equivalía a hacer esperar a Qatar varios años.

De modo que Eva Kaili vuelve a la carga. Solicita una reunión con la eurodiputada sueca Abir Al Sahlani, responsable del texto del grupo Renew, diciéndole que quiere hablarle de los niños víctimas de la represión en Irán. “Durante 25 minutos, Eva Kaili sólo habló de Qatar y de por qué ese país debería disfrutar de la liberalización de los visados. Me molestó mucho. Toda la reunión no fue más que una emboscada”, declaró Abir Al Sahlani a la revista Politico.

El 30 de noviembre, la víspera de la votación, Eva Kaili, que pertenece al grupo socialista, se dirigió al eurodiputado español Javier Zarzalejos, ponente alternativo del grupo de los Populares Europeos (PPE): “Tenemos que ceñirnos a la línea y rechazar definitivamente, como se ha sugerido, las enmiendas de Renew” que introducían la cláusula del Etias. “Las rechazaremos todas. Yo me encargo de la lista de votación del PPE. Lo haré”, acepta Zarzalejos.

El 1 de diciembre, día de la votación en la Comisión LIBE, Eva Kaili insta al grupo de los socialistas europeos a asegurarse de que no falte ni un voto. Ella misma acude, aunque no es miembro de la comisión, por si es necesario sustituir a algún eurodiputado ausente. Al final de la votación hubo un voto de más en el grupo socialista: el de Eva Kaili. Uno de los eurodiputados socialistas tuvo que retirar su papeleta para que el recuento fuera correcto. En cualquier caso, el texto fue aprobado, principalmente gracias a los votos socialistas y conservadores. Todos los eurodiputados de Renew votaron en contra menos uno: la española Maite Pagazaurtundúa.

Antonio Panzeri y Francesco Giorgi se atribuyen el mérito de los esfuerzos de Kaili para conseguir el voto: “[Hemos neutralizado] varios intentos de frenar el proceso, con el Etias y la moratoria sobre la pena de muerte tras las ejecuciones en Kuwait”, presumen en un informe destinado a Qatar .

Cuando fue interrogada por la policía, Eva Kaili negó haber sido dirigida distancia por el dúo Giorgi/Panzeri: “Me pidieron información, pero fui [yo] quien les pidió consejo. […] Tienen un buen conocimiento de la región de Oriente Próximo y el norte de África. […] Mi especialización es la tecnología y no conozco lo suficiente la cartografía de la región”.

Cuatro años antes, los dos italianos habían prometido a su cliente catarí que tendría la exención de visados para la fecha de celebración del Mundial de Fútbol. Y estuvieron a punto de cumplir su palabra: la votación final en el pleno del Europarlamento está prevista para el 13 de diciembre de 2022, cinco días antes de la final.

Pero no contaban con la intervención de la justicia belga. Desde el 9 de diciembre, Panzeri y Giorgi, así como Eva Kaili, fueron detenidos por la policía. Estallaba el escándalo.

El 12 de diciembre, el Parlamento Europeo destituyó a Eva Kaili de su vicepresidencia. Tres días después, los eurodiputados votaron una resolución que suspendía los trabajos sobre todos los textos susceptibles de haber resultado contaminados por la presunta corrupción, incluido el relativo a los visados. La suspensión sigue aún en vigor.

Eva Kaili fue interrogada durante horas por la policía en la primavera de este año sobre el episodio de los visados. La eurodiputada griega aseguró que apoyaba a Qatar y a los demás países afectados porque ésa era “la línea política oficial de la UE” y de la presidenta del Parlamento. Según Kaili, Metsola prometió a los países interesados que el texto se aprobaría rápidamente. “No fue Panzeri quien diseñó esa política”, añadió. Kaili cree que lo ocurrido con los visados fue una simple coincidencia: en aquel momento “coincidieron” su “misión, la política europea y lo que le interesaba a Panzeri”.

Eva Kaili ha optado por defenderse atacando a los magistrados encargados del caso, al que rebautizó como “BelgiumGate”. Para Eva Kaili, el verdadero escándalo es el modo en que fue maltratada por la justicia belga, a la que acusa de parcialidad y de haberlos presionado a ella y a su pareja. El pasado mes de septiembre interpuso un recurso para intentar que se anulara el procedimiento, al considerar que se había levantado ilegalmente su inmunidad parlamentaria.

La eurodiputada griega debe defenderse en un segundo frente judicial: el fiscal europeo sospecha que también es culpable de malversación de dinero público en perjuicio del Parlamento. En un informe consultado por Mediapart, la fiscalía sostiene que Eva Kaili pidió a sus asistentes parlamentarios que llevaran a cabo “misiones ficticias [y] que presentaran documentos falsos y solicitudes de reembolso inaceptables”. Según la investigación, también logró que sus asistentes le pagaran parte de sus salarios y reembolsos de gastos.

La Fiscalía Europea solicitó el pasado mes de enero que se le levantara la inmunidad, pero el Parlamento aún no ha tomado una decisión.