Desde 1988, la Comunidad de Madrid lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental que permite a profesores y alumnos de centros educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasar unos días en los albergues públicos para aprender de primera mano sobre fauna, flora, orientación o astronomía. “No es el típico viaje de fin de curso, sino un programa en el que docentes reciben formación y se trabajan contenidos curriculares sobre el terreno. Se abordan materias como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Historia o cultura general”, relatan los educadores que guían estas actividades.

Durante el curso 2025/2026 participaron 4.903 alumnos de más de 112 centros, repartidos por los cuatro albergues y el refugio que hasta el momento han sido de gestión pública en la región: 1.220 en el albergue de El Escorial, 1.124 en Las Dehesas, 1.052 en Los Batanes, 1.021 en Villa Castora y 486 en el Refugio Puerto de la Morcuera.

Durante los tres o cuatro días que pasan los menores junto a sus profesores en los albergues, se persiguen dos objetivos principales, según describen los siete educadores que lideran estas actividades. “El primero es formar al profesorado para que pueda incorporar la educación ambiental en las aulas. El segundo es sensibilizar ambientalmente a niños y niñas y ofrecerles la oportunidad de aprender de una manera distinta, fuera del aula”, relatan.

Este programa, aunque público, se lleva gestionando a través de empresas privadas mediante una licitación que tiene que ser renovada cada dos años. Este 2026 tocaba iniciar un nuevo contrato, con un presupuesto de 179.321,52 euros para 2026 y 2027, y ya se habían presentado dos empresas: GSD Cooperativa y Talher S.A. Sin embargo, este 26 de junio el Gobierno regional anunció la cancelación de todas las actividades que estaban previstas.

La inesperada decisión está vinculada al proceso iniciado por la Comunidad de Madrid a finales de mayo para adjudicar a una empresa privada la gestión de estos cinco centros a partir del año que viene.

Desde la Consejería de Educación, responsable del Programa de Educación Ambiental, explican que “durante la fase de licitación de dicho contrato, la Dirección General de Juventud comunicó que se estaba tramitando un contrato de concesión de servicios para la gestión de los albergues juveniles, que pasarán a ser explotados por cuenta y riesgo del concesionario, quien percibirá directamente de los usuarios el importe de las tarifas”. 

“En consecuencia, los albergues pasarán a ser explotados en régimen de concesión a partir del 1 de enero de 2027, lo que determina un cambio en el sistema de tarifas aplicables. Esta falta de conocimiento de las tarifas finales determina que no se podrá tramitar la convocatoria para inscripción en el programa de albergues prevista para septiembre de 2026 y en consecuencia no se llevarán a cabo las actividades previstas”, señalan desde la consejería. Por todo ello, el informe que justifica la suspensión de la licitación , concluye que “la ejecución del contrato resulta de imposible cumplimiento”. La consejería ha indicado a este periódico que estas actividades “no se convocarán hasta que termine el proceso de licitación”.

“Es una vergüenza”, denuncian desde los sindicatos CSIF y UGT, que ya llevan más de un mes convocando diferentes protestas y llamamientos en contra de este proceso. Aunque su crítica principal se ha centrado en la incertidumbre laboral de los trabajadores de estos centros, consideran que la suspensión de este programa educativo supone una nueva vía que demuestra los problemas de una privatización de este tipo. 

Lo que más les duele a las representantes sindicales es que la propia Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales, encargada de los albergues y refugios, les indicó en más de una ocasión que los programas educativos no se iban a ver afectados.

infoLibre ha contactado con esta consejería, que califica de “falsa” la acusación de estas organizaciones y rechaza cualquier responsabilidad en la suspensión. “Estos programas podrán seguir desarrollándose en las instalaciones, que continuarán destinadas a actividades educativas, sociales, ambientales, juveniles y de ocio. Los albergues seguirán abiertos a este tipo de iniciativas, plenamente compatibles con la finalidad de estas instalaciones, que además continuarán contando con descuentos”, indican. La consejería insiste en que no existe impedimento para que continúen estas actividades, pero no entra en el hecho de que la privatización ha provocado la cancelación de un programa que llevaba casi cuatro décadas en marcha.

En cuanto a los educadores que desarrollan este programa, su situación ahora mismo es desconocida. Según explican, ellos no forman parte de la plantilla de los albergues, sino que son subrogables con cada nueva licitación del programa de educación ambiental, por lo que, aunque cambie la empresa, siguen vinculados al programa. Actualmente, la principal opción que se les plantea es su reubicación en otras actividades que realiza la actual empresa adjudicataria, Thaler S.A.

Estos trabajadores denuncian que esta situación es una muestra más de cómo “los programas relacionados con la educación cada vez están más deteriorados”. "Nos preocupa la poca consideración que se tiene hacia un recurso que funciona, que tiene aceptación y que presta un servicio. Vemos una falta de protección de este tipo de programas, igual que ocurre con otros servicios básicos como la educación o la sanidad. Desde nuestro punto de vista, es un proceso de deterioro constante”, lamentan.

Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado. 

Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.

Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.

Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.

"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.

"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".

La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.

Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA. 

Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma. 

La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.

Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.

"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.

Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra. 

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”. 

Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.

La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.

Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.

Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.

Dice una canción del grupo No Konforme lo siguiente:

“He aprendido que una vida sin ideales no es nada

No conozco ningún rico que se forre de manera honrada”

Unos versos muy apropiados para los tiempos que corren, cuando el estallido de un nuevo escándalo de corrupción asociado al cobro de supuestas comisiones ilegales por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero amenaza con derrumbar la legitimidad moral del presente Gobierno. 

Ahora bien, al igual que con el caso de las mascarillas vinculado al exministro José Luis Ábalos, tengo la sensación de que gran parte de la discusión política y mediática —tanto en redes sociales como en platós de televisión o tertulias radiofónicas— está errado, sobre todo en relación con los puntos centrales hacia los que se está tratando de focalizar nuestra mirada. 

Se habla más de infidelidades, vicios y bajas pasiones que de las estructuras y entramados aparentemente legales que posibilitan estas malas prácticas. Hasta el punto de que el modo de informar sobre las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha en ambos casos se asemeja más a un serial sensacionalista que a un proceso por el que se pretende arrojar luz sobre la trama corrupta en cuestión y sus causas. Porque de lo que parece tratarse no es tanto de revelar una verdad, sino de impactar emocionalmente en la audiencia: a unos para reconfortarlos en su revanchismo y a otros para minar su moral. 

Y de este modo se aleja del debate público un punto que, a mi modo de ver, es determinante e independiente del grado de responsabilidad que Zapatero tiene sobre los hechos de los que se le acusa. Esto es, el papel que juegan en la arena política actual los supuestos “amigos empresarios” que se sirven de contactos en las distintas administraciones para beneficiarse económicamente de contratos y adjudicaciones.

Cuestión que nos lleva a uno de los asuntos que para mí son centrales hoy en día: la predominancia de la colaboración público-privada en sectores de vital importancia para el bien común. Grandes empresas y conglomerados pugnan por gestionar el agua de nuestras ciudades, los transportes en los que viajamos, las carreteras por las que circulamos, los hospitales en los que nos curamos, las universidades en las que nos formamos, la energía de la que nos proveemos o los alimentos de los que nos nutrimos. Y allí donde se posibilita y privilegia su participación, como comprobamos de manera constante y sistemática, tarde o temprano surge una trama corrupta. 

¿Esto debe provocarnos desafección por la política? No. Al contrario. Porque para aquellas personas que entendemos que la riqueza comunitaria tiene más valor que la riqueza individual, este tipo de sucesos, aunque desagradables, ratifican nuestra posición de que para garantizar nuestro desarrollo vital y posibilitar nuestra felicidad particular es necesario pensar más allá de uno mismo y del éxito personal. No somos seres autosuficientes, somos interdependientes, y como sociedad necesitamos idear sistemas de apoyo mutuo, cuidados y colaboración que no sólo nos permitan sobrevivir, sino también vivir dignamente. 

A este respecto, no es verdad que lo privado funcione mejor. No es verdad que si se delega la gestión de lo público en empresas privadas se obtenga como resultado un conjunto de servicios más eficiente y de mayor calidad. En definitiva, no es verdad que la pura competitividad nos haga mejores como sociedad. Constataciones todas ellas que, lejos de debilitarnos, deberían fortalecer nuestro compromiso vital con valores e ideales de carácter comunitario, tales como la igualdad, la fraternidad, la cooperación y la justicia social.

Con esto no quiero criminalizar todo tipo de actividad empresarial, pero sí la de aquellos que se forran a costa del bienestar de todas y todos y que –llevados por una avaricia desmedida– no dudan en explotar de manera intensificada recursos y personas para incrementar su beneficio particular. 

Entablar lazos de colaboración con este tipo de empresas (y empresarios) y confundir la relación establecida con la amistad y el afecto es peligroso y puede jugar malas pasadas a nivel personal, como parece estar sucediéndole al expresidente socialista y al conjunto del PSOE. Pero mayor perjuicio es el que se puede causar al conjunto de la sociedad si no sabemos identificar el origen de muchas de las prácticas corruptas que padecemos. 

En ese sentido, el problema de la corrupción no creo que se limite a personas particulares, sino más bien a una forma de entender la organización del Estado que tiende a dejar lo público en manos de estructuras que, por principio, tienen ánimo de lucro y, por tanto, no sienten la obligación de anteponer el bien común a sus propios intereses. 

Por ese motivo, este es un momento propicio para volver a defender lo público desde una perspectiva comunitaria. Lo que no significa que todo lo público deba ser gestionado por una clase política alejada de la ciudadanía. Al contrario, se trata de lograr que la Política, con mayúsculas, se abra a la ciudadanía y, con ello, que todas y todos nosotros podamos participar de lo público: de la conservación de nuestros parques, de la puesta en marcha de proyectos de producción y distribución de energía, del diseño de nuestras ciudades, de la elaboración de partidas presupuestarias destinadas a asuntos sociales, de la mejora de la oferta cultural y educativa de nuestras escuelas, del impulso de actividades recreativas y de ocio para jóvenes y mayores, de los cuidados de personas dependientes, de la puesta en marcha de proyectos de vivienda, etc. Y si una empresaria/o quiere participar de todo ello que lo haga como uno más, como ciudadana o ciudadano, y no como parte interesada que pugna por conseguir un contrato exclusivo con la Administración.

No son horas bajas para quienes tenemos este tipo de ideales. Más bien es un tiempo crítico para quienes quieren seguir forrándose de múltiples formas poco honrosas. Por eso hay que abonar el terreno para que en el próximo ciclo electoral comiencen a triunfar proyectos políticos que estén comprometidos con este modo alternativo de entender la sociedad. No abandonemos este terreno a los enamorados de la privatización. Hagamos que nuestros votos merezcan la pena. De lo contrario, estaremos dejando el ámbito de lo público en manos de múltiples capos que, como ya hemos comprobado, más pronto que tarde arrastrarán al fango a quienes nos representan en las instituciones.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.

Cuesta que respondan al teléfono en una de las academias más conocidas para preparar oposiciones en España. “Es el inicio de año, son muchos propósitos y estamos con muchas llamadas”, se adelanta a las preguntas una trabajadora de Adams. Los centros veteranos y las plataformas nativas digitales que asesoran y preparan a los opositores viven a principios de año un momento pico. Entre los propósitos clásicos de ir al gimnasio y comer más sano se cuela cada vez más uno que puede suponer un cambio de vida permanente: preparar oposiciones para conseguir plaza en la administración pública. La precariedad que arrastra el sector privado desde la crisis de 2008 y el punto de inflexión que representó la pandemia del covid-19 en 2020 para muchas personas son dos de los pilares de este auge histórico en el atractivo social de ser funcionario.

Cuando Daniel Busto hizo en 2003 su primer examen para una bolsa de empleo de auxiliar administrativo en el servicio de salud de Asturias eran unas 500 personas. Cuando hizo el último, para la misma bolsa de empleo, eran más de 10.000. “En aquella época decían que España iba bien... Y apuntarse a una bolsa de empleo no era atractivo para nada. Pero en 2019 la gente ya buscaba otra cosa. Ya buscaban un trabajo con buenas condiciones laborales, y estabilidad”, explica a infoLibre este antiguo periodista, que en la pandemia tomó la decisión definitiva de dejar de ser autónomo en un diario para volverse a dar de alta en la bolsa de empleo a la que accedió gracias a que sus padres le empujaron a presentarse a aquel examen de 2003.

“Cada vez existe un mayor interés por opositar y acceder al empleo público. Entre 2019 y 2024, el empleo público aumentó un 18,7%, frente al 8,2% del empleo privado. El volumen de opositores en España sigue alcanzando máximos históricos. Cada año se baten nuevos récords, y 2024 no fue una excepción, con más de 100.000 ofertas impulsadas por el relevo generacional y los presupuestos estatales”, indica a infoLibre Gloria Oliveros, directora de empleo público de la academia Adams, un negocio familiar que comenzó en 1957. La numerosa generación de los baby boomers ha comenzado a jubilarse y, según el último estudio de Función Pública, entre 2024 y 2034 se retirará el 54,85% de la plantilla actual de la Administración General del Estado. El 58% de los funcionarios de la AGE tienen más de 50 años y los menores de 40 son un 19%, con datos de enero de 2024, lo que supone no obstante un rejuvenecimiento de la plantilla respecto al año anterior, cuando los mayores de 50 superaban el 61% y los menores de 40 no llegaban al 17%. La edad media del personal de la AGE lleva cuatro años disminuyendo, hasta los 50,48 de enero de 2024.

El momentum de las oposiciones responde a un cúmulo de circunstancias. “El número de plazas que se convoca ahora es muy alto, y no sólo en las últimas, sino en lo que se prevé. Va a haber muchísimas jubilaciones en los próximos años”, dice a infoLibre Jacobo Fariña, director de comunicación de OpositaTest, una plataforma nativa digital que ayuda a opositores desde 2015. “El cambio de percepción empezó con la crisis de 2008. Antes se consideraba que en lo público cobrabas poco, pero ahora todo es al revés. El funcionario es el que lo tiene más fácil para conseguir una hipoteca, quien tiene sueldo fijo, conciliación familiar, un mejor horario, estabilidad”, apunta. Este cambio de tendencia se aprecia sobre todo en el interés por las plazas de la administración general, las que suelen estar guiadas más por estos factores que por una vocación específica, como sí suele ser el caso de los docentes o los sanitarios.

La edad media del próximo opositor es de 34 años, frente a los 41 del opositor actual, según el estudio El peso del opositor en España en 2024, elaborado por OpositaTest. El 56% de quienes se plantean opositar próximamente tienen entre 18 y 34 años, y los más jóvenes de ese grupo, quienes tienen entre 18 y 24 años, suponen más de la mitad. A los 24 años, cuando estaba terminando su Máster de Derecho Internacional en Madrid, fue cuando Paula Largo decidió opositar. “Me pilló la pandemia cuando lo estaba acabando, no sabía qué hacer y, como estaba todo el tema de trabajo parado y tenía dos amigas del instituto que ya estaban con esa oposición, me animé a hacerlo”, cuenta a infoLibre. Había tenido que volver a su casa en Zamora por la pandemia, así que siguió allí para poder estudiar la oposición de gestión de la administración civil del Estado, de la que ahora, con 28 años, trabaja con plaza propia en la Oficina de Extranjería de León. “En mi caso mis compañeros tienen más edad, al ser en provincias, suele ser gente que ya quiere instalarse en casa, que tiene familia. Pero mis amigas están en ministerios y allí sí está entrando mucha gente joven”, relata. En la academia coincidió con gente aún menor que ella y de ramas diversas, como la biología o la arquitectura.

Más de 6,3 millones de mujeres ha opositado, está opositando o piensa opositar, lo que supone un 53% de las que tienen entre 18 y 55 años. Y entre las que están opositando, 3 de cada 4 son nuevas opositoras, es decir, han empezado a prepararse en el último año, según el citado estudio de OpositaTest. El perfil de la madre que recurre a las oposiciones para volver al mercado laboral después de la crianza de sus hijos pequeños es uno de los más comunes.

Valeria Pérez, uruguaya afincada ahora en un pueblo de Palencia, no pudo mantener su vida laboral de horarios eternos en el sector servicios cuando fue madre y ahora prepara oposiciones para la Junta de Castilla y León. Sandra Martín, de Cartagena, había trabajado siempre en la empresa privada hasta que en 2023 se vio “en la calle”. Con un hijo de 11 años, no quiso volver a tener que pasar por esa inestabilidad y ha apostado por unas oposiciones de auxiliar administrativo.

Elisa D’Errico, de Barcelona, dejó de trabajar como directora de comunicación corporativa para poder cuidar a sus hijas y ahora prepara una oposición de gestión de la administración civil del Estado porque cree que el empleo público es la única forma de conciliar. Azahara Hernández, madrileña residente en Granollers, vio imposible seguir como agente de seguros autónoma, un trabajo de mañana, tarde y fines de semana, tras ser madre y decidió prepararse una oposición, inspirada por las buenas condiciones que conoce bien al ser su marido funcionario.

Verónica Estevan se tuvo que mudar de València a Madrid y no encontraba trabajo de recursos humanos, por lo que estuvo a turnos en una gasolinera. “¿Y cuándo ves a tus hijos trabajando en el sector privado?”, dice. Con más de 40 años, comenzó a hacer oposiciones desde el nivel más básico hasta estar ahora a uno de los más altos en el Ministerio de Hacienda. “Todo se consigue, nunca es tarde, muchísima gente está entrando con esta y todas las edades, y no pasa nada”, comenta.

Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público. La conocida frase, del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, funciona con el transporte público y con todo lo más importante: la sanidad, la educación. En América, continente, una de las ideas que más repetía era que en mi país el que puede elegir va a la pública, porque es mejor. Esa era la Europa que echábamos de menos y la Europa que ahora está en peligro.

Entonces me refería a la universidad, porque la amplísima mayoría de las personas que conocí trabajando en Washington, incluso los españoles que no eran periodistas, habían estudiado en la privada. Yo soy hija de la clase media trabajadora de provincias de los noventa: a mí me criaron en el convencimiento de que lo más importante era esforzarse mucho y elegir algo en lo que fueras bueno, porque entonces no importaría el dinero ni quiénes eran tus padres. Y durante un tiempo pareció cierto: exactamente el que duró la carrera en la universidad pública. 

En las aulas de la Universitat Pompeu Fabra tuvimos el mismo lugar, por primera y seguramente última vez en nuestras vidas, hijos del campo, hijos de obreros, hijos de médicos e hijos del dinero antiguo de Barcelona, esas personas tan acomodadas desde generaciones que ni siquiera tienen la necesidad de hacértelo saber. La composición de lo que debe ser la educación pública: un lugar para todos desde el que todos puedan elegir después todos los lugares. 

Ahora que está tan extendido decir que no es tan importante ir a la universidad, a mí me gustaría recordar que ir a la universidad merece la pena por ejemplo por eso: por sentarte a la mesa con otras realidades y escuchar ideas distintas y poder pensar por unos años en quién eres sin todos los condicionantes que han marcado tu crianza y sin todos los condicionantes que volverán a asaltarte cuando salgas al mercado laboral y al de la vivienda. La universidad pública es un espacio único y defender su excelencia es vital para las clases trabajadoras, que no tenemos otra opción, pero también debería serlo para unas élites inteligentes: la pública es mejor y la pública hace mejor a este país.

España ha llegado a unos índices de desarrollo espectaculares para un país en el que todavía hay gente viva que sólo conoció la miseria y la represión durante buena parte de su existencia. Lo que la derecha y la ultraderecha neoliberales están haciendo con España es una involución: alejarla del absoluto milagro que es el Estado del bienestar en un mundo atrozmente desigual. Esto no es una batalla cultural, es una batalla por nuestras vidas y por la continuidad de un progreso que lo sería del todo, lo sería de verdad, cuando todos quisieran ir a la pública. Porque es mejor.

Llegado el momento del vencimiento del convenio realizado, se plantea la cuestión de su extinción o su renovación con nuevas condiciones, que podrían exigirse caso de interesar a las partes realizar mejoras en la deficiente asistencia general en la Sanidad Pública, con retrasos ostensibles por falta de personal principalmente, así como recursos generales.

La competencia público-privada siempre ha sido y es un don reseñado por economistas de gran prestigio histórico, como Schumpeter, para implantar mejoras e innovación en cualquier sector social o económico. Sea la banca o la energía, en estas por desgracia decisiones políticas incomprensibles han privatizado casi por completo ambos sectores estratégicos. La educación y la cultura están abiertas a ambas iniciativas con formulas de todo tipo, lo que enriquece más la oferta general.

La pregunta, y la polémica es porque no puede coexistir también en la sanidad la inversión privada con carácter público, si todos conocemos sus deficiencias estructurales que durante muchos años no se resuelven desde lo publico únicamente. En la práctica, el sector privado actúa como a escondidas beneficiándose de las carencias palpables de la gestión pública. Seguros, privados, hospitales concertados etc.

Todos conocemos que dicha gestión no actúa con criterios de méritos para la dirección de sus hospitales y centros de salud. Los nombramientos suelen tener mayormente criterios políticos. Sus mejores especialistas y muchos empleados no tienen en gran número de dedicación completa pública y suelen realizar doble actividad pública y privada. Siendo ello una de las causas de los atrasos de la atención pública.

Para más inri, existe el MUFACE, mutualidad de carácter público que promueve la más alta prestación de atención sanitaria privada a la carta para sus afiliados mutualistas, funcionarios públicos, con doble asistencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Se supone que o todos moros o todos cristianos. ¿Por qué no extendemos y reformamos MUFACE para que puedan estar todos los ciudadanos que se afilien? ¿Hay respuesta?

Por que no nos planteamos también lo que se hace en la mayoría de países avanzados europeos, como lo es elegir la sanidad pública universal a través de libre elección de médicos por parte de los ciudadanos, de forma que podamos elegir entre un centro público o privado directamente o a través de MUFACE, pero siempre con carácter público universal y gratuito.

La atención y la calidad de los servicios es lo que debe de primar independientemente de quienes la ejerzan, cuantos más recursos, tanto públicos como privados, existan de libre elección y acceso, mejor y más al alcance de todos estará la sanidad pública universal de calidad.

Entonces, ¿por qué no exigimos mejoras claras y ostensibles a la gestión privada de hospitales públicos? Cómo exigir máximos de días para ser atendido tanto en primaria como en especialistas, así como en las intervenciones quirúrgicas y otros servicios públicos de investigación e innovación, y así sumamos más recursos a potenciar y garantizar una sanidad pública universal y gratuita de calidad.

Ello podría ser una oportunidad para imponer mejoras en la gestión tanto pública como privada para los hospitales y centros de Salud. Además de contar con más recursos públicos, al no tener que hacer inversiones en reversiones como está ocurriendo, por ejemplo, en Torrevieja, con manifestaciones ciudadanas recientes, sin apreciarse ostensibles mejoras por el cambio de gestión.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, el gigante sanitario nacido de la fusión con aquella Capio cuyos accionistas últimos estaban en las Islas Caimán y ahora propiedad del holding alemán Fresenius, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. Y ello pese a que justamente el primero de los cinco recursos, el interpuesto en 2020 por la filial que gestiona el Hospital Rey Juan Carlos, IDCsalud Móstoles SA, exigía al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pagos que consideraba pendientes desde 2014, es decir, nada menos que desde seis años atrás. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021 por los otros tres hospitales de la marca Quirónsalud que mantienen concesiones públicas en la comunidad: la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Valdemoro y Villalba. En todos los casos, el Sermas aceptó la mayor parte de las reclamaciones dinerarias de los demandantes.

Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de Madrid han confirmado a infoLibre que el Ejecutivo autonómico no ha recurrido ninguna de las cinco resoluciones dictadas por el TSJM a lo largo de 2023. La primera, la de los 30,3 millones de Móstoles, lleva fecha de marzo de 2023 pero no fue hasta el 5 de julio cuando el Gobierno regional (PP) aprobó el gasto necesario para cumplir la orden judicial. La última sentencia (1.466.060 euros a abonar al Hospital General de Villalba) quedó datada el 2 de noviembre. Y al igual que la de Móstoles se refiere a deudas pendientes desde 2014.

En medio se sitúan los acuerdos del TSJM que obligan al Sermas a resarcir con 4,71 millones al hospital de Valdemoro por el retraso en la aprobación de las liquidaciones 2014 y 2015 y las siguientes; con 2,7 millones a la Fundación Jiménez Díaz, igualmente por retrasos en liquidaciones y abono de facturas; y otros 1,17 millones de nuevo al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles en concepto de intereses demora por retrasos en las liquidaciones de 2015, 2017-20 y actualización de la cápita de 2020. La cápita es la cantidad anual que la administración ha de pagar al concesionario de un determinado hospital por cada ciudadano residente en su área de gestión.

Ninguna de las sentencias mencionadas detalla por qué la liquidación de tal ejercicio sufrió la merma de ingresos invocada por la empresa que gestiona cada hospital. Tampoco las memorias del Sermas permiten conocer qué tratamientos, consultas, estancias hospitalarias u operaciones quirúrgicas  se contabilizaron a la baja y por qué. La opacidad de las cuentas del sistema de gestión sanitaria privada se ha afianzado de tal modo que los datos de los informes anuales del servicio de salud impiden un desglose certero. Ahora bien, de esos datos sí se desprende el coste real de una gestión –la privada– que el PP impulsó inoculando en la ciudadanía la idea de que es por definición más barata y mejor que la pública.

En noviembre de 2013, una vez cedida ya la vara de mando del Gobierno de Madrid a su delfín Ignacio González, hoy el principal imputado por corrupción en la llamada Operación Lezo aunque el juez Manuel García Castellón lo ha exculpado del delito de blanqueo, Esperanza Aguirre afirmó en una entrevista con La Sexta lo que sigue: "Que los servicios públicos tengan que ser gestionados por funcionarios es un dogma de la izquierda”. No se quedó ahí: "El servicio público –añadió– es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por quien lo haga más eficiente. No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública”.

En la Operación Púnica, donde García Castellón también exculpó a Esperanza Aguirre, el nombre de Capio salió a relucir pero la mancha de la imputación no ha caído sobre ninguno de sus directivos.

Pues bien, y recuperando el hilo del dinero, son las memorias del Sermas, de acceso público, las que verifican cómo entre 2014 y 2022  la diferencia entre lo presupuestado inicialmente para conciertos hospitalarios –los del grupo Quirón, cuya vigencia se extiende 30 años desde la firma, son los predominantes– y la liquidación final de cada ejercicio para ese concepto ha alcanzado la cifra de 1.755,5 millones de euros. La suma total del “presupuesto inicial” de conciertos para esos nueve ejercicios arrojaba una cuantía de 8.231,7 millones. La del “presupuesto final” alcanzaba el monto de 9.986,9 millones en números redondos.

En 2022, el año inmediatamente posterior a la arrolladora mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, se produjo un salto estratosférico. Frente a los 973.597.309 euros previstos inicialmente para conciertos, la cifra se disparó finalmente hasta 2.097.827.303 euros. O sea, acabó siendo un 115% superior a la presupuestada. Como desveló El País, en el segundo semestre del año el Gobierno de Madrid había saldado 1.390 millones de la deuda con los hospitales públicos de gestión privada, categoría donde –no sobra repetirlo– ocupa un lugar primordial el grupo Quirón, que en 2016 ya había pasado a manos de Fresenius.

En 2022, hacía ya tres años del acuerdo alcanzado por la multinacional alemana con la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, un acuerdo por el que, a cambio de evitar un proceso judicial, se comprometía a pagar 207,6 millones de euros por haber sobornado en 17 países, uno de ellos España, a médicos y funcionarios capaces de “influir en las licitaciones” o de proporcionar información.

El informe del DOJ (el Departamento de Justicia de EEUU) menciona hospitales de Barcelona, Valencia, Almería y Santander pero ninguno de Madrid. Con la comunidad hay un litigio. En su memoria de 2020, el grupo había señalado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid” como la responsable del 18% (1.248 millones) de su deuda total (6.937 millones); en la de 2021,  el porcentaje bajó al 15% (1.056 millones sobre un total de 7.045) y a 31 de diciembre de 2022, contabilizó en 704,5 millones lo que le debía el Ejecutivo de la Comunidad. Según sus datos, esa cifra equivalía al 10% de una deuda global que se mantenía en los 7.008 millones.

Una vez salgan a la luz el informe 2023 de Fresenius y la memoria del Sermas para ese mismo ejercicio será posible cotejar por dónde anda ahora la deuda con el grupo. De momento, los presupuestos para 2024 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevén para los conciertos sanitarios 1.209 millones frente a los 973,59 de 2022, aquellos que en realidad acabaron superando la barrera de los 2.000 millones. Hasta entonces permanecerá sin resolver ese interrogante, al igual que el concerniente a por qué la compañía esperó a 2020 para exigir el pago de 30 millones pendientes, según sus cálculos, desde diciembre de 2014.