Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 pintó esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal —ni ningún otro español— participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

La guerra no es indiferente ni a la ultraderecha. Como canta Ana Belén, “es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”. Incluso la de aquellos que creyeron que Vox venía a devolverles la seguridad y el orden, como Dios manda. Tanto es así que varias encuestas –aunque no todas– ven ya un frenazo en la intención de voto a los ultras en toda Europa. Cuando escribo estas líneas, en Hungría se puede estar poniendo punto final al mandato de Orbán. Aunque esto no se confirmara por las dificultades que él mismo ha establecido para impedir que otros lleguen al poder, las movilizaciones de estos últimos días muestran que algo se mueve en el fondo de la sociedad húngara. También en EEUU la popularidad de Trump sigue en fase descendente, y hasta el movimiento MAGA se ha escindido al escuchar al presidente junto a un conejo de Pascua anunciar que iba a aniquilar toda una civilización.

En este contexto, y en un mundo donde todo está conectado, Vox sigue deshojando la margarita de qué hacer en Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Facilitará la formación de gobiernos autonómicos, entrará a formar parte de ellos o se arriesgará a una repetición electoral? ¿Cuánto están dispuestos a cobrar los ultras y cuánto a pagar el Partido Popular?

Si la guerra en Irán no hubiera estallado, Vox no tendría ningún incentivo para facilitar la formación de gobiernos. Seguía avanzando cabalgando a lomos de su pretendida identidad antisistema, la misma que le hace ser especial, diferente, falsamente auténtico a los ojos de sus electores. ¿Para qué mancharse gobernando, gestionando con otros y por tanto dejándose pelos en la gatera, apoyando a los mismos que luego acusa de ser los socios del sanchismo en Europa?

Pero llegó la guerra y lo cambió todo. Según los datos de 40dB., el 37,8% de los votantes de Vox ven a EEUU como una amenaza y prácticamente los mismos, el 36,5%, consideran que Trump es un peligro. No obstante, según el mismo estudio, los votantes de Vox son los únicos que creen en alguna medida que EEUU e Israel deben proseguir con los ataques a Irán hasta que caiga el régimen islámico. Concretamente, un 33,7%. El asunto no es baladí porque la posición que los ultras tengan hoy sobre la guerra determina la relación con el trumpismo y el resto de la ultraderecha. Meloni lo ha visto claro y se ha desmarcado de forma contundente, pero no así sus amigos españoles. 

Así las cosas, la guerra se cuela en la estrategia que Vox despliega en las comunidades autónomas, debiendo elegir entre mantener su posición antisistema y pro-trumpista –lo que le llevaría a planteamientos de máximos en la conformación de gobiernos autonómicos y a repetir elecciones si fuera necesario– o, por el contrario, dar un giro hacia posiciones más sistémicas facilitando la conformación de gobiernos de los que incluso forme parte, en un intento por limar su imagen antisistema. Esta segunda opción les posibilitaría un buen puñado de cargos públicos, poder vender cierta imagen de utilidad y responsabilidad, pero erosionaría su ADN antisistémico, el mismo que vieron peligrar tras entrar a formar parte de varios gobiernos autonómicos en el verano de 2023 y por lo que salieron apenas un año después.  

En las próximas semanas conoceremos cómo han resuelto el dilema, qué precio han puesto a su apoyo y hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a pagar. No olvidemos que si el apoyo al trumpismo puede pasar alguna factura a Vox, al Partido Popular se la duplica: sus votantes tienen posiciones contrarias a Trump y Netanyahu más cercanas a los electores progresistas que a los de los ultras. ¿Cómo es posible –se preguntarán– que Feijóo no se desmarque de forma nítida de la barbarie que EEUU e Israel están cometiendo? Quizá en la negociación de estos gobiernos autonómicos se encuentre la respuesta, o parte de ella. La altura de miras y las posiciones éticas y morales mejor las dejamos para otro día…

Italia dijo no a la reforma de la justicia de Meloni. Francia no permitió que el partido de Le Pen arrasara en todos los municipios. Dinamarca ha vuelto a dar la espalda a la ultraderecha. Una demócrata, Emily Gregory, arrebató el distrito de Florida –sí, donde su ubica Mar-a-Lago– a los republicanos. Millones de norteamericanos se manifiestan estos días bajo el lema “No kings”, el mejor eslogan que han encontrado para decir “No Trump”. A ellos se han unido movilizaciones en ciudades como Roma o Londres. Las encuestas dicen que Orbán podría perder en Hungría.

Por mucho que la ultraderecha haya conseguido hacer creer que avanza imparable por Occidente, no es cierto. Es importante recordarlo y ponerles ante el espejo, porque los datos son hoy para los ultras como la luz para los vampiros: no, no avanzan imparables. Y lo que es más (y podría ser letal para ellos): funcionan y evolucionan como cualquier otro partido. A veces ganan y a veces pierden, alcanzan el poder en países como Holanda, Austria, Noruega o Polonia, y luego lo pierden, como un partido más. Llegan a los gobiernos autonómicos y salen despavoridos sabedores de que gestionar (algo para lo que han demostrado una incapacidad estridente) les pasa factura electoral. Se enredan en líos internos, acusaciones de autoritarismo y culto al líder y expulsiones, se enfrentan a los tribunales y les condenan por corrupción. Se acabó aquel hashtag tan exitoso que decía #SoloQuedaVOX. 

Es importante constatar esta realidad porque a veces las percepciones se construyen más sobre mitos que sobre realidades y entra a operar el famoso teorema de Thomas, según el cual, "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias"; es decir, que la percepción de una situación, sea falsa o verdadera, determina el comportamiento y produce resultados, por ejemplo, electorales. Así que no lo olvidemos, la ultraderecha no avanza imparable. O lo que es lo mismo, en muchos países se les paró y se les sigue parando.

Constatado esto, llega la pregunta más difícil, la que se ocupa del día después. Porque si imprescindible es la discusión de qué hacer para cortarles el paso a las instituciones, igual o más trascendente es dar respuesta a los motivos que les aúpan. Una vez que la ultraderecha no consigue llegar al poder o es desalojada del mismo, los partidos demócratas no deberían dar la batalla por ganada. De hecho, ahí empieza el principal desafío. Si dichos partidos no son capaces de dar respuesta al descontento, identificando bien las causas y creando procesos para construir las salidas oportunas, la amenaza volverá a tomar cuerpo en la siguiente elección. 

Este creo que es el principal debate que deben afrontar hoy quienes se sienten demócratas, y en especial por la izquierda. Es más, avanzar por este camino es la mejor manera de hacer que los reaccionarios retrocedan. A la ultraderecha se le está parando en las urnas en algunos países –de momento–, pero, ¿qué hacer para desterrarla por completo de nuestras sociedades? 

El “No a la guerra” de Sánchez ha abierto un camino porque ha mostrado que la guerra no es inevitable, que se puede plantar cara al tirano y construir otras alternativas que pasen por defender el mundo basado en reglas (y de paso, quizá, mejorar esas reglas). Lo ha hecho generando confianza en quienes le escuchan y ganando credibilidad en los decepcionados y desencantados. Ese es el camino. Ahora toca recorrerlo también en otras áreas para dar respuesta a los malestares y descontentos por donde crece la ultraderecha.

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha informado este jueves de que el partido liderado por Santiago Abascal le comunicó el pasado lunes una apertura de expediente para expulsarle de la formación, según informa EFE.

A través de un mensaje en X, el ahora presidente del centro de pensamiento Atenea, creado por él mismo, ha explicado que el lunes pasado, sobre las 20:30 horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó elecciones anticipadas. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, añade, Vox le comunica que le abre expediente para expulsarle del partido.

El pasado día 18 un grupo de exdirigentes de Vox, encabezados por Espinosa de los Monteros, difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Abascal en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirmaban los firmantes del manifiesto, entre los que estaban también el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, entre otros.

Ha venido la primavera dibujando su curvatura entre misil y misil. Se nos ha puesto la gasolina por las nubes, mientras vive uno el vértigo del precio de la electricidad en un suspiro de luz que va desde la votación de un real decreto en la Corte de los Leones a los cielos de León XIV y el cristianismo universal. Hay tinieblas en la Habana, fuego y petróleo en el Estrecho de Ormuz y gobiernos in alvis en una buena parte de España. Cualquiera diría que estamos a merced de los elementos. 

La bandera de Donald Trump cotiza a la baja. Lo vimos en París, Marsella y Lyon, tres constelaciones donde vuelve a iluminarse el fulgor de la socialdemocracia. Lo hemos visto este lunes en Italia, con el no a la reforma de la justicia impulsada por Giorgia Meloni en su último referéndum. La gente busca estabilidad, frente a la incertidumbre USA provocada, quién sabe, si por una IA. Los italianos se lamentan de su justicia, sí, pero sigue siendo la suya. La mayoría italiana continúa confiando en su constitución, escrita y firmada por demócrata-cristianos y comunistas, o sea, antifascistas. Meloni ha querido consolidar su gobierno con un referéndum y, finalmente, ha salido escaldada en su empeño. 

Trump cotiza a la baja. Lo dicen en la Toscana y en la región de Emilia Romaña, espacio históricamente conquistado por el PCI. Se ha escuchado el mismo no a los neoliberales de la bolsa, en Milán, y lo han proclamado también, en el sur de Italia, Nápoles y Sicilia: si se debilita la justicia, se fortalece la mafia. Con la pétrea mirada futurista de Roma, sólo las regiones ricas del Véneto, Lombardía y del Piamonte se han puesto detrás de Meloni. Este domingo veremos cuánto cotiza Putin en Hungría.  

Mientras en Roma corría este lunes un río de banderas rojas, Juan Manuel Moreno Bonilla ha encendido el fuego de San Telmo. La risa marmórea del presidente de Andalucía está a punto de repetir una mayoría absoluta. Trump no cotiza, pero sí lo hace la estabilidad. Esa es la gran lección que deberían aprender Kiko Méndez Monasterio y Santiago Abascal, al que se ha visto en Budapest junto a Orban en la cumbre de los patriotas. 

En España, algo ha cambiado. ¿Habrá terminado ya el reemplazo? El mayor logro para Vox en estos caucus de la derecha sería concluir con tres gobiernos constituidos, Extremadura, Aragón y Castilla y León, antes de que Moreno Bonilla proclame su tercera victoria electoral. Veremos qué es capaz de hacer María Jesús Montero en Andalucía. ¿Será suficiente su acento sevillano para convencer a los electores de que no es una paracaidista? ¿Permanecerá en la memoria de los andaluces su paso por la consejería de Sanidad? La receta para no romper el suelo de Juan Espadas posiblemente se encuentre todavía en el ministerio de Hacienda. Tras la “deuda histórica” del Estado con Andalucía, la ministra está a tiempo de rebajar la de su comunidad con el Estado (18.791 millones de euros).

Lo que uno quiere decir en esta guillotina es que el fuego de San Telmo es hoy la estabilidad. Cualquier comicio, en Francia, Italia o Andalucía, debe tener un propósito electoral. El de Moreno es en esta ocasión la estabilidad. Sabe, a diferencia de Feijóo, que los votantes castigan los adelantos electorales. Uno corre siempre el riesgo de salirse de la curva y terminar la competición fuera de pista si pisa demasiado tiempo el acelerador.  Adelantar sin un propósito es acercarse a la derrota con vocación suicida. Moreno Bonilla, al contrario, nos trae una convocatoria electoral que se habrá celebrado después de la Feria de Abril y antes del Rocío, con un Betis que podría estar compitiendo en las semifinales de la Europa League. Nada mejor para el presidente sevillano que pasearse por Europa con los colores de Andalucía.

Cuando un periodista del Detroit News, que había acudido a entrevistarle, le preguntó a Adolf Hitler en 1931 por qué tenía en la pared de su despacho en la sede del partido nazi en Múnich un gran retrato enmarcado de Henry Ford, su interlocutor le respondió: “Considero a Henry Ford mi inspiración”.

No era un halago de cortesía. Mein Kampf reproduce ideas —y a veces párrafos enteros— de las publicaciones del magnate del automóvil. 

Ford intentó jugar un papel fundamental en la promoción del nazismo en Estados Unidos como una manera de frenar a la izquierda en su país. Había comprado un periódico deficitario, el Dearborn Independent, y lo convirtió en la máquina de propaganda antisemita más potente del mundo anglosajón: 92 entregas bajo títulos como “El judío internacional”, distribuidas en los concesionarios de Ford Motor por todo el país y editadas en doce idiomas sin copyright para maximizar su difusión.

Noventa años después, en los días previos a las elecciones alemanas de febrero de 2025, Elon Musk publicó en X —la red social que compró en 2022 y cuya moderación de contenidos desmanteló casi por completo— una serie de mensajes de apoyo a Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha que ha heredado en parte el vocabulario y los marcos conceptuales del nazismo. No fue un tuit aislado. Era la culminación de una estrategia.

La comparación no es ni superficial ni caprichosa. Es la conclusión inevitable de la lectura de dos ensayos que acaban de ver la luz en España con pocas semanas de diferencia, Precuela (Capitán Swing), de la periodista norteamericana Rachel Maddox, e Irresponsables (Alianza), del historiador francés Johann Chapoutot. Su análisis del papel que jugaron los actores que contribuyeron al ascenso del fascismo en los años treinta, con éxito en Alemania y sin él en EEUU, revela una hoja de ruta inquietantemente familiar.

Para entender el presente hay que recordar a Alfred Hugenberg, al que Chapoutot llama el "Führer olvidado" de Alemania entre 1928 y 1933. Hugenberg construyó un conglomerado mediático sin precedentes: una agencia de noticias que vendía contenidos a la competencia, 26 diarios propios, y una “fábrica de textos” —la WiPro— que producía editoriales, artículos y reportajes listos para publicar y los enviaba en matrices a 1.600 periódicos de toda Alemania.

Esos periódicos difundían los contenidos sin saber, o sin importarles, que estaban distribuyendo propaganda con línea editorial “nacionalista, reaccionaria, racista y antisemita”, en palabras de Chapoutot. Completaba el arsenal la UFA, la mayor productora cinematográfica alemana, y el noticiario cinematográfico Deulig-Tonwoche, que se emitía en los cines antes de cada película.

El mecanismo retórico de Hugenberg —grandes titulares, signos de exclamación, caricaturas grotescas, talking points (argumentos clave que se repetían hasta convertirse en sentido común)— es reconocible para cualquiera que use redes sociales en 2025. El filósofo Oswald Spengler, amigo de Hugenberg, lo describió con cinismo en los años veinte: la prensa fabrica “verdades” mientras haya dinero para repetirlas. Lo que a partir de 2016 se llamó “posverdad”, Hugenberg lo había sistematizado un siglo antes.

Musk ha replicado el modelo con la ventaja de operar sobre una plataforma global en tiempo real. Tras adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares, amnistió decenas de miles de cuentas suspendidas por difundir desinformación y discursos de odio, redujo drásticamente los equipos de moderación y modificó los algoritmos para amplificar sus propios contenidos y los de las cuentas afines. 

El resultado ha sido documentado por investigadores de distintas universidades: las narrativas de ultraderecha han ganado alcance sistémico en la plataforma. AfD en Alemania, Reform UK de Nigel Farage, Vox en España, el bolsonarismo en Brasil: Musk no solo expresa simpatía por todos ellos, sino que interviene activamente en sus campañas electorales con una herramienta que llega a 600 millones de usuarios.

La historia de cómo la gran patronal alemana apostó por Hitler no es, según Chapoutot, un detalle secundario. Es el corazón del relato. En enero de 1932, Hitler pronunció un discurso ante el Club de la Industria de Düsseldorf en el que argumentó que la empresa y el ejército son los únicos modelos racionales de organización —ambos antidemocráticos— y que la soberanía popular no era más que “el poder de la mediocridad”. La sala respondió con “largos aplausos entusiastas”. 

En noviembre de ese año, un grupo de “eminentes personalidades del mundo de la economía” —entre ellos Fritz Thyssen y el banquero Kurt von Schröder— enviaron un requerimiento formal al presidente Hindenburg pidiéndole que nombrara a Hitler canciller. Celebraban “la prometedora aurora de una era que, superando la lucha de clases, crearía las condiciones para un renovado crecimiento de la economía alemana”. Tres meses después, Hitler era canciller.

La lógica era sencilla: usar a los nazis para destruir al movimiento obrero, desmantelar el Estado del bienestar (muy incipiente) y garantizar la estabilidad del orden capitalista, confiando en que podrían controlar a los nazis desde las sombras. Sobra decir que no pudieron hacerlo.

Aquí el paralelismo estratégico de los tecnoligarcas se hace evidente. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, uno de los primeros grandes inversores de Facebook y padrino ideológico de J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, habla con una franqueza que recuerda a los discursos del Club de Düsseldorf: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. 

Thiel financia desde hace años a pensadores del movimiento neorreaccionario, cuyo ideólogo más visible, Curtis Yarvin, defiende abiertamente que las democracias deberían ser reemplazadas por empresas dirigidas por un CEO con poderes absolutos. La “Ilustración Oscura”, como se denomina esta corriente, no es un capricho académico marginal: es la base intelectual de una red de financiación, de candidatos políticos y de decisiones empresariales.

El nombramiento de Musk al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con acceso a los sistemas informáticos de prácticamente todas las agencias federales de Estados Unidos, fue la materialización más visible de este proyecto. No se trata de reformar del Estado, sino de capturarlo. 

La historia americana de los años treinta es, paradójicamente, la más útil para entender lo que puede ocurrir ahora, precisamente porque es la historia de un fracaso. El proyecto fascista americano tenía ingredientes similares al alemán: Ford con su aparato antisemita, el padre Charles Coughlin con su audiencia de decenas de millones de oyentes de radio proclamando que “la democracia está condenada” y que “el camino es el fascismo”, y el agente nazi George Sylvester Viereck, que utilizó el privilegio del franqueo de más de una docena de congresistas para inundar el país de propaganda alemana pagada por el contribuyente —una estrategia, el uso sistemático del correo postal, sorprendente parecida a la que hoy desarrolla Musk utilizando medios digitales—.

Los neofascistas estadounidenses no triunfaron por varias razones que Rachel Maddow documenta en Precuela. Roosevelt, por ejemplo, ofreció una salida política real a la crisis económica, restando base al extremismo. Y el movimiento fascista americano era fragmentado y, con frecuencia, risible en su ejecución —sectas lideradas por egocéntricos que no se ponían de acuerdo ni en el saludo—. 

Pero, sobre todo, hubo ciudadanos que les hicieron frente antes de que las instituciones se movieran: Leon Lewis, veterano judío de la Primera Guerra Mundial, montó de su propio bolsillo una red de espías infiltrados en las organizaciones nazis de California desde 1933. Henry Hoke, un oscuro publicista de correo directo, rastreó durante años el esquema de propaganda nazi con métodos de detective y publicó sus hallazgos.

El periodista Dillard Stokes, del Washington Post —sí, el mismo diario que hoy está en manos de Jeff Bezos, otro miembro del club de tecnobros—, siguió el hilo hasta destapar la operación de Viereck en el Congreso. Y los hermanos Warner, que financiaban en secreto las operaciones antifascistas, sacaron adelante en 1939 Confessions of a Nazi Spy, la primera película de Hollywood que nombraba directamente a Hitler como enemigo —hoy lo que queda de su compañía está a punto de ser devorado por Paramount Skydance, una corporación indisimuladamente en la órbita ideológica de Donald Trump—.

Entre lo que pasó en los años treinta en Alemania y Estados Unidos y lo que está sucediendo en estos momentos en Occidente hay también diferencias. Una de ellas es que los nuevos irresponsables son, en varios aspectos decisivos, más peligrosos que sus predecesores.

Hugenberg necesitaba imprentas, camiones y suscripciones. Musk posee la infraestructura de comunicación en tiempo real de medio planeta. La propaganda de los años treinta requería fabricar y distribuir papel; los algoritmos de 2025 fabrican realidades y las distribuyen de forma personalizada, a escala, sin fricción y sin posibilidad de auditoría pública.

La WiPro de Hugenberg enviaba matrices a 1.600 periódicos. El algoritmo de X decide lo que ven 600 millones de personas en función de parámetros que solo conoce su propietario. No es propaganda; es algo más parecido a la ingeniería del entorno cognitivo.

A esto se suma lo que analistas como Yanis Varoufakis han bautizado como “tecnofeudalismo”. Las plataformas operan como feudos digitales donde sus propietarios extraen rentas de cada transacción, cada interacción, cada búsqueda, y donde los usuarios no son ciudadanos sino siervos que ceden sus datos y su atención a cambio de acceso. 

Empresas como Palantir —de Thiel— venden a gobiernos sistemas de vigilancia predictiva que permiten anticipar y neutralizar la disidencia política. Starlink proporciona conectividad de comunicaciones en zonas de conflicto, convirtiendo a Musk en un actor geopolítico con capacidad de decisión sobre el desarrollo de guerras.

Y hay un elemento que no tenían ni Hugenberg ni Ford: la dimensión mesiánica. El movimiento Tescreal —transhumanismo, singularitarismo, criogenia, longevismo— que impregna el pensamiento de buena parte de Silicon Valley introduce una lógica de elección divina que los viejos industriales nunca necesitaron. Los tecnobros no tratan solo de proteger el capital: pretenden salvar a la especie, colonizar Marte, crear superhumanos. La democracia no es solo un obstáculo para los negocios; es un sistema, desde su punto de vista, diseñado por mediocres para preservar la mediocridad.

El título del libro de Chapoutot, Irresponsables, lo dice todo. No es una acusación moral abstracta. Es un diagnóstico de causalidad histórica: los empresarios, magnates de la prensa y políticos conservadores que normalizaron y financiaron a los nazis creyendo que podían controlarlos y utilizarlos contra la izquierda provocaron el mayor desastre de la historia moderna. 

Hugenberg fue nombrado superministro en el primer gabinete Hitler-Papen. Lo destruyeron políticamente en menos de seis meses. Thyssen huyó a Suiza en 1938, horrorizado por lo que había contribuido a crear. La patronal obtuvo a corto plazo lo que quería —fin de la democracia de empresa, supresión de sindicatos, rearme—, pero desató una guerra que destruyó Alemania y Europa.

La experiencia americana, donde un proyecto similar fracasó en parte porque hubo ciudadanos que se organizaron para combatirlo, ofrece la única nota de esperanza en un panorama sombrío. No fueron los poderes del Estado los que salvaron la democracia americana en los años treinta, señala Maddow: fueron personas que actuaron antes de que las instituciones se movilizaran, a menudo solas, a menudo sin reconocimiento.

La pregunta no es si el paralelismo es exacto —nunca lo es— sino si las democracias actuales serán capaces de generar anticuerpos equivalentes antes de que el proceso sea irreversible. La historia no se repite, pero, como se atribuye a Mark Twain, a veces rima con una precisión inquietante.

El capitalismo neoliberal digitalizado y fascistoide triunfa como imperio de lo banal. El mundo se ha banalizado; al mundo lo han banalizado. Todo es griterío y cacofonías sin límites en las ceremonias del espectáculo ruidoso que incluye los sonidos de las máquinas de guerra. Y aquí, ninguna utopía igualitaria —y libertaria de verdad— es audible.

La maldad no irrumpe de golpe ni desde lo excepcional, sino que se incuba en lo cotidiano, en ciclos largos de naturalización trivial del espanto. Todas las viejas y nuevas expresiones de la crueldad requieren de una permisividad social previa. El miedo ahora se vuelve deseable frente a la angustia existencial difusa generada por el mismo neoliberalismo. Las sociedades atemorizadas eligen siempre lo peor: populismo punitivo y cultura del castigo.  Ya no se buscan causas ni responsables, sino culpables débiles.

La antigua rebeldía ética de las izquierdas, nacida de la indignación, es reemplazada por falsas rebeldías reaccionarias guiadas por el resentimiento y el deseo de venganza. Muchas de las izquierdas, sin utopías, copian a las derechas eufóricas que no solo proponen soluciones fáciles a problemas complejos, sino que inventan problemas donde no los hay.

La tragedia contemporánea es la estabilización de un sentido común antiutópico en masas caprichosas, banales y sumisas que desean y exigen vigilancia y castigo. Esto no se soluciona con la alternancia electoral ni seduciendo a las masas que ya dieron el paso hacia el abismo. La situación no cambia en esencia si accede al poder algún partido o coalición "progresista". Estamos dentro de una "onda larga" de ofensiva reaccionaria que apuesta por un cambio refundacional del régimen político, no por simples cambios de gobierno. Es el fin de una época y de sus utopías liberales y socialistas. 

La aceptación de la derrota presente, en esta onda larga, es el primer paso para imaginar una victoria futura. Queda la posibilidad —cuya probabilidad desconocemos— de prefigurar y experimentar, aquí y ahora, formas de vida nuevas, desde una ética y unas prácticas de resistencia política y resiliencia ecológica. Es decir, iniciar, desde un pesimismo activo, la lenta reinvención de un mundo no banal y no atemorizado, sin la mediación del espectáculo ruidoso. Un mundo silencioso reconstruido a partir de un amplio repliegue o deserción de masas que se atreva a experimentar con un nuevo dibujo civilizatorio y con la reinvención, también, de la misma idea de emancipación.

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Adolfo Estrella es socio de infoLibre.

El problema es que los imperios cuando acaban se llevan a muchos detrás y el imperio del dólar está sufriendo el ataque del mundo chino que, sin prisa y sin pausa, es quizá ya la primera fuerza del mundo. Pero esa posición se la ha puesto Trump muy fácil apoyándose en su locura personal de empresario muy mayor y algo deteriorado que utiliza su fuerza para amenazar al mundo entero, con lo que la empatía política no existe, pero aumenta en muchos países que han entendido ya el problema. Trump se queda solo apoyado por un fascismo que está de moda y que tiene prisa por imponerse, pero las prisas no son buenas para nada porque el inteligente suele esperar a que pase el cadáver del enemigo por su puerta y eso es lo que está haciendo China con ese comunismo capitalista que solo se usa para no dejar a nadie atrás y crear un país asombroso y más adelantado que ninguno cuando hace 50 años los vimos a todos en bicicleta.

Pero es necesario que la juventud empiece a ver lo que significa el fascismo y reaccionen a los desastres que pueden llegar. Muchos jóvenes que votan al fascismo no saben la diferencia entre derecha y fascismo, aquello que entendía muy bien una gran señora como Merkel, que los alejó de su gobierno en Alemania, pero Merkel ya no está y la amenaza continúa. Se puede votar a la derecha perfectamente pero no al fascismo, aunque en España estamos viendo la unión de ambos en uno mismo y la absorción del bruto por el que debería mostrar la inteligencia suficiente para librarse de ese poder macabro. Y España es el único país que vivió demasiados años con el fascismo y no se ha explicado aún de manera formal lo que supuso para un país en donde emigraron muchos paisanos pero que se les condenó al exilio por no ser ‘suficientemente españoles’, que se definió en una guerra civil que ganó quien creó un país dividido que aún lo está demostrando día a día. ¿Realmente sabrán esto los jóvenes que admiran a Ayuso? ¿Tiene la derecha civilizada alguien preparado en este país para pensar que lo que viene será culpa suya también….?

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha calificado como "aliado" y "referente internacional de la libertad", que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad.

Milei ha viajado a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito el líder de Vox en su cuenta de X. Lo ha hecho en respuesta a otro mensaje del presidente argentino en la misma red social, junto a una foto de ambos en la que Milei ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

"El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete a través de una publicación con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, entre ellos un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. "Sí, juro", dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la cámara alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric. El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acuden a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

También asisten la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia. Los titulares de las carteras más importantes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Tras la ceremonia, Kast ofrece un almuerzo a las autoridades extranjeras que acudieron al relevo presidencial y posteriormente se desplaza a Santiago para realizar su primer acto oficial en una escuela capitalina. Sobre las 21:00 hora local (00:00 GMT) de este miércoles, Kast tiene previsto pronunciar su primer discurso como mandatario desde La Moneda, donde detallará las prioridades del "Gobierno de emergencia" que ha prometido instalar.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía. Kast, que gobernará con el apoyo de su formación —el Partido Republicano— y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

Chile se prepara para la llegada, por primera vez en democracia, de la extrema derecha al poder, con la expectación de si el "Gobierno de emergencia" prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas (seguridad, migración irregular y economía) o si se queda en el eslogan.

Kast, de 60 años, sucederá al progresista Gabriel Boric en una ceremonia el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acuden varios jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente no estarán el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni. Se había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.

Más tarde, ya en Santiago, Kast ofrecerá un discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), convertido ya en el noveno presidente de la democracia y en el primero en defender el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

El exdiputado ultracatólico liderará un gabinete de 24 ministros (13 hombres y 11 mujeres), vinculados en su mayoría al sector privado y al académico y entre los que hay dos antiguos abogados de Pinochet.

Kast reservó pocos ministerios para miembros de su partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58% de los votos.

Padre de 9 hijos, antiabortista y miembro del movimiento católico Schoenstatt, el futuro presidente ha prometido mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, en uno de los países más seguros de la región, y ha asegurado que no dará la "batalla cultural".

Su objetivo es "recuperar la grandeza de Chile" y entre sus promesas estrella se encuentran la construcción de un muro en la frontera norte, la expulsión masiva de migrantes, rebajas de impuestos, un crecimiento del 4% y un megarrecorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses "sin tocar el gasto social", algo cuestionado de manera transversal por economistas.

"Uno de sus principales retos es gestionar las enormes expectativas que creó, a la vez que ordenar a sus adherentes", dijo a EFE Rodrigo Pérez de Arce, de la Universidad del Desarrollo, quien considera que "es muy probable que el Gobierno tenga presión por la derecha".

Esa presión vendría fundamentalmente del Partido Nacional Libertario, una ultraderecha más radical que Kast, que tiene una importante presencia parlamentaria y que, pese a darle su apoyo en el balotaje, decidió no formar parte del Ejecutivo. Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, coincide en el diagnóstico: "Creo que hay bastante incertidumbre del rumbo que va a tener este Gobierno", reconoció a EFE.

Kast sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric, el mismo que hace cuatro años le ganó en las urnas y que mañana dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y tras haber llevado al poder a una nueva izquierda.

Pese a la distancia ideológica que les separa, el traspaso de mando transcurría con normalidad hasta que la cordialidad saltó por los aires cuando Kast acusó a Boric de esconderle información sobre un proyecto en etapa preliminar para construir un cable digital submarino entre Hong Kong y Chile, algo que el exlíder estudiantil negó. El proyecto desató el enfado de la Administración de Donald Trump, que sancionó a tres funcionarios por "socavar la seguridad regional". 

En una decisión inédita en democracia, Kast suspendió la semana pasada las reuniones con la Administración saliente y, en plena tensión diplomática con Estados Unidos, viajó a Miami para participar el sábado en la cumbre ultra organizada por Trump contra el crimen organizado y la influencia de China en la región. "La decisión de golpear la mesa y suspender el traspaso de mando es reflejo precisamente de la presión que ejerce en Kast ese grupo más radical y confrontacional", apuntó Fuentes.

Tendrá que lidiar con un Parlamento dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (78) y donde serán fundamentales los votos del populista Partido de la Gente (PDG).

Durante años, se nos ha repetido que la ultraderecha avanza como una fuerza inevitable, casi como un fenómeno natural. Pero la historia reciente demuestra justo lo contrario: cuando las sociedades se organizan, cuando la política responde y cuando la democracia se defiende con decisión, el voto ultra se contiene, se reduce o queda encapsulado en los márgenes.

Hoy en España sabemos que una parte sustancial de los votos a Vox es un grito de protesta, no una adhesión ideológica profunda. Eso no lo hace menos preocupante, pero sí más manejable. Un voto de protesta no es una condena: es una alerta. Y esa alerta, si se escucha bien, puede convertirse en una oportunidad para renovar la democracia.

Francia fue uno de los primeros laboratorios de esta reacción democrática. En 2002, cuando Jean‑Marie Le Pen se coló en la segunda vuelta presidencial, el país entero se sacudió. La respuesta fue un frente republicano amplio: votantes de izquierdas apoyando a Chirac, carteles improvisados llamando a parar a la extrema derecha, manifestaciones masivas. El mensaje fue nítido: con la democracia no se juega. El Frente Nacional no desapareció, pero quedó claro que una mayoría social estaba dispuesta a levantarse cuando veía en riesgo el pacto democrático básico.

Dos décadas después, la película se repite con Marine Le Pen. Llega a la segunda vuelta, acaricia el poder, pero se encuentra de nuevo con un muro de contención. Ese muro no son solo los partidos: son también millones de ciudadanos que, sin entusiasmarse con Macron, asumen que hay líneas que no se cruzan. No es épica de película; es un recordatorio muy práctico de cómo se frena, de forma pacífica, a la ultraderecha: con votos, con acuerdos, con movilización.

Alemania ofrece otro ejemplo clave. La AfD ha capitalizado el malestar económico, el resentimiento territorial y el rechazo a las políticas migratorias. Sin embargo, ha chocado con una decisión firme del resto de partidos: no pactar con ellos, no blanquearlos con gobiernos compartidos, obligarse a grandes coaliciones incómodas antes que abrirles la puerta del poder. Ese cordón sanitario no elimina a la AfD, pero envía un mensaje concreto al votante de protesta: tu enfado se escucha, pero este camino no lleva a gobernar el país.

En España, la historia está todavía escribiéndose, pero ya hay señales importantes. Vox irrumpe con fuerza a partir de 2018, aprovechando la fatiga, la polarización territorial y la sensación de abandono de amplias capas sociales. Sin embargo, su crecimiento tiene techo. En unas elecciones tras otras se constata que, cuando la posibilidad de un gobierno junto a la ultraderecha se vuelve real, una parte relevante del electorado se activa para impedirlo. Sucede entre votantes progresistas, pero también entre sectores moderados que pueden preferir políticas conservadoras, pero no un salto atrás en derechos y libertades.

Lo mismo hemos visto al otro lado del Atlántico. Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil a lomos del hartazgo y la indignación. Pero no era invencible. En 2022, una coalición amplia, unida por la defensa de la democracia y por la promesa de políticas sociales concretas, consiguió derrotarlo en las urnas. No fue una batalla de eslóganes, sino una disputa sobre el tipo de país que querían ser: uno encerrado en el odio o uno que intentaba, con todas sus contradicciones, reconstruir la cohesión social.

Todos estos casos tienen algo en común: el voto ultra se debilita cuando la política deja de mirar hacia otro lado y abandona la comodidad del gesto vacío. Funciona cuando hay tres movimientos simultáneos.

Primero, acuerdos claros entre fuerzas democráticas para trazar líneas rojas. No se trata de demonizar al votante, sino de fijar límites a quienes quieren dinamitar las reglas del juego desde dentro. Ese compromiso tiene un coste, exige renuncias y coaliciones incómodas, pero sostiene la credibilidad del sistema.

Segundo, renovación real de la oferta política. El voto de protesta no se va a evaporar escuchando discursos moralistas. Hace falta que las opciones democráticas se parezcan menos a un club cerrado y más a una puerta abierta: nuevas caras, nuevas agendas, nuevas formas de escuchar. 

Y tercero, respuestas tangibles a los agravios que alimentan el enfado. No basta con llamar “facha” al votante que llega justo a fin de mes, que vive con miedo a perder el trabajo o que siente que nadie le mira a la cara. Hay que hablar de vivienda, de barrios abandonados, de sueldos que no dan para una vida digna. Hay que demostrar, con políticas concretas, que la democracia sirve para algo más que para votar cada cuatro años.

Mirar estos ejemplos no es un ejercicio académico, es un espejo. Si tres de cada cuatro votos a una formación ultra son un voto de protesta, la pregunta no es solo “¿cómo lo frenamos?”, sino “¿qué hemos hecho para empujar a tanta gente a ese lugar?”. La buena noticia es que la historia reciente prueba que hay margen. Que el miedo no es el único relato disponible. Que se puede disputar ese voto no desde la condescendencia, sino desde el respeto y la firmeza.

La ultraderecha no es una ola imparable. Es la consecuencia de heridas abiertas. Y las heridas, cuando se atienden, cuando se escuchan, cuando se curan con políticas justas y con un relato de futuro compartido, dejan de sangrar. Lo que hagamos con ese voto de protesta hoy definirá si mañana seremos un país más encerrado en sus fantasmas o una sociedad madura, capaz de mirarse de frente y reconstruirse sin dejar a nadie tirado. La elección está abierta. Y, por fortuna, sigue estando en nuestras manos.

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José González Arenas es Secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado multa con 10.000 euros al agitador de ultraderecha Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid, según informa EFE.  

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad. 

La Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento de sanción contra Vito Quiles por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras "intentar boicotear" la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 2025.  

Martín ha hecho un llamamiento a que "termine esa violencia en las calles que algunos agitadores continuamente están perpetrando y que lleva a algunas personas a vivir situaciones absolutamente insoportables".  

"Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha reivindicado el ejercicio del periodismo con profesionalidad y que "se terminen los espacios y las oportunidades para que los violentos, los acosadores, puedan trabajar con impunidad en las calles".  

"Nadie está por encima de la ley. Todos debemos cumplir con las normas y atender a las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado, precisamente para garantizar nuestra seguridad. Cualquiera que haga tenga un comportamiento como el que supuestamente ha tenido este señor, si la policía eleva una propuesta de sanción, será sancionado", ha resaltado Martín.

El miedo cerval ante fenómenos naturales extremos como huracanes, rayos, terremotos o inundaciones está en el origen de las supersticiones. La inventiva humana creó a lo largo de la historia otro tipo de desastres que se sitúan por encima del miedo, entre los que destaca el crimen y las guerras como forma superlativa del crimen. El término crimen sirve para designar tanto la crudeza de un asesinato como otras formas de llevar al límite al ser humano, sea el acoso, la tortura, el hambre o la privación de libertad. En regímenes totalitarios como los de Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Pinochet o Videla, el crimen se manifestó en todas las formas posibles con las consecuencias ya recogidas por la Historia.

Recordar a estos criminales y compararlos con los hodiernos Trump y Netanyahu lleva a la conclusión de que terror y crimen son amenazas históricas, siempre a remolque del dinero. ¿Y dónde se concentra más dinero? Exacto: en Oriente Medio, donde también se aglutinan los fanatismos religiosos del catolicismo, el islamismo y el judaísmo como supersticiones para justificar sus criminales crueldades. La codicia, en nombre de algún dios, está sumiendo al mundo en un aquelarre de muerte y destrucción que pudiera derivar, crucemos los dedos, en otra guerra mundial pero que no es sino la prolongación secular de lo que pasó a la Historia como las Cruzadas. Más muertes en nombre del Becerro de Oro.

Que un engendro como Trump esté destruyendo de forma impune todo atisbo de civilización y convivencia en el mundo obedece a un plan para imponer los deseos de un grupúsculo de magnates y mangantes codiciosos dispuestos a arrasar el planeta con la sádica e inmoral intención de acumular en pocos bolsillos, los suyos, la riqueza generada por millones de personas en el mundo. El delincuente emigrante yanqui lo tiene claro: el petróleo de Venezuela, la ruta comercial por Groenlandia, los metales raros en Ucrania y la mayor producción de combustibles en Oriente Medio son motivo más que suficiente para incendiar el mundo después de que la extorsión arancelaria le haya funcionado a medias.

Personaje grotesco, delincuente, matón, fantasma que sólo folla (lo de hacer el amor es impensable en este bruto) pagando (y no siempre), asiduo de fiestas pederastas, nefasto comunicador y hortera por los cuatro costados, para perpetrar sus siniestros planes necesita sicarios a los que dejará solos, llegado el momento, en el banquillo de los acusados. Ese papel lo ejecutan a la perfección psicópatas como Netanyahu o mercenarias como Delcy Rodríguez bajo la letal batuta de un animal impresentable como Marco Rubio.

Mientras el mundo arde y las personas mueren por un capricho capitalista, imbéciles como Ayuso, inútiles como Feijóo y patanes como Abascal ejercen de palmeros de Trump celebrando la hecatombe palestina, los asesinatos en alta mar y en las calles de Minnesota, el secuestro de un presidente y los aranceles. Crucemos los dedos ante estos cruzados.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

“Es una vergüenza”. Sarah Santaolalla denuncia que ha vuelto a vivir un episodio de violencia por parte de la ultraderecha. Durante la tarde del lunes, Vito Quiles y varios de sus compañeros, según Santaolalla, la agredieron físicamente a la salida del Senado, en un ataque por el que tuvo que ser trasladada al hospital. 

A través de sus redes, Santaolalla ha explicado la situación. “Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más”. En su cuenta de Instagram ha compartido el vídeo en el que ella muestra lo ocurrido y ha expresado que está en “estado de shock” y que no puede más de esta “violencia feroz”. 

La analista política ha contado a infoLibre que Quiles y “sus matones” se abalanzaron sobre ella y tres personas más, dos de ellos senadores. Santaolalla había estado dando una charla en el Senado y relata que el agitador estuvo paseando por los pasillos y asistiendo como si fuera un oyente más, a la espera de que ella saliera. 

Tras lo ocurrido, se trasladó al hospital con dolores en los pies, el hombro, la rodilla y el codo mientras sufría un ataque de ansiedad. Finalmente, tendrá que utilizar un cabestrillo para el brazo durante varias semanas, como ha reflejado en sus redes sociales. "Es terrorismo fascista con total impunidad. Hoy se escribe un capítulo muy negro para la libertad de este país", ha escrito en X (antes Twitter). Esta misma mañana de martes ha comunicado que se ha dirigido a una comisaría para ampliar su denuncia contra Quiles por acoso e intimidación. 

“No sé qué tiene que pasar, si alguien tiene que acabar en una cuneta, para que alguien haga algo”, sentencia Santaolalla al otro lado del teléfono. “La administración no puede mirar a otro lado, es una vergüenza que no se haga nada cuando están atacando a todo aquel que no piensa como ellos”, añade. De hecho, en el vídeo compartido en sus redes sociales se puede apreciar como, aunque los agentes de la Policía sí que lo apartan de Santaolalla y de los senadores, en ningún momento lo detienen o se lo llevan del lugar. Quien se va es ella. 

Aun así, la analista política ha recalcado que hay varios expedientes tramitándose en el Congreso en contra de Quiles y que ya hubo un intento de quitarle la acreditación de periodista, que fue frenado por los votos en contra del PP y Vox. “El PP lo está protegiendo, están en contra de su expulsión y, al final, se van a acabar arrepintiendo”, razona la analista a este medio. Incluso, el PP contó con Quiles como “estrella invitada” en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón. 

Esta no es la primera vez que Sarah Santaolalla denuncia haber recibido ataques. De hecho, ha relatado varios episodios de violencia infligidos por parte del agitador ultra. A finales de enero, denunció a Quiles por acoso tras un episodio de acoso en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. En el programa Malas Lenguas dirigido por Jesús Cintora explicó que el agitador intentó saltarse “todo tipo de controles” y que acabó apareciendo en su casa “con tres matones más” después de seguirla por la carretera “de forma temeraria”. “Tuve que estar más de 4 horas en comisaría, tuve que pedir auxilio a unos agentes”, relató en el programa de Televisión Española. 

“Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no solo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas”, sentenció Santaolalla en el programa. “Estoy deseando que avance el procedimiento para que en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores”, añadió. 

Pero no es solo Quiles. También en enero, aparecieron pintadas en la tumba de las Trece Rosas, en el Cementerio Civil de la Almudena, en las que se amenazaba a Santaolalla de muerte. El mensaje rezaba: “Sara Santaolalla RIP”. La analista denunció en redes sociales que lo ocurrido "no es casualidad" y que siente "auténtico terror".

Desde hace varios meses, Santaolalla está teniendo que soportar numerosos ataques prácticamente a diario. No solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en prime time. Durante el tramo de tertulia de El Hormiguero, en Antena 3, una de sus colaboradoras, Rosa Belmonte, se refirió a ella como “esa que es mitad tonta, mitad tetas”. 

“El acoso sigue escalando, no es sólo acoso en las redes o en las tertulias, los ataques están transformándose en agresiones físicas. Estoy saturada y esto es una vergüenza”, zanja Santaolalla. 

*El titular de esta información se ha modificado para recoger el sentido del texto que habla de la denuncia de Sara Santaolalla de una agresión por parte de Vito Quiles