La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

Menos de tres días después de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella se enfrenta a la primera gran prueba de su mandato. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste del país, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El último balance difundido durante la madrugada eleva a 132 los fallecidos y a más de 570 los heridos, mientras continúan las operaciones para localizar a personas desaparecidas y atrapadas entre los escombros. Solo en el Valle del Cauca, el propio presidente cifró en 188 los desaparecidos.

La catástrofe ha sorprendido al nuevo mandatario cuando apenas había comenzado a instalarse en la Casa de Nariño. De la Espriella tomó posesión el viernes 7 de agosto después de una campaña construida en buena medida alrededor de la promesa de romper con las políticas de Gustavo Petro. El terremoto ha obligado al abogado y empresario, sin experiencia previa en cargos públicos, a pasar prácticamente de la investidura a dirigir una emergencia nacional.

Su primera reacción llegó a través de las redes sociales. 59 minutos después del terremoto, anunció que había asumido "directamente el liderazgo" de la emergencia, ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado y reclamó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe sobre las necesidades más urgentes. También anunció que se desplazaría personalmente a las zonas afectadas.

La respuesta gubernamental se fue ampliando durante las horas siguientes. De la Espriella suspendió su agenda, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y centralizó inicialmente la coordinación desde Bogotá. Más tarde se desplazó a Quibdó y Cali. Además, el Ejecutivo declaró la situación de desastre nacional y movilizó efectivos militares y equipos de búsqueda. El Ejército movilizó, entre otros recursos, cinco pelotones especializados en búsqueda y rescate y equipos caninos hacia las zonas afectadas.

Pero mientras el nuevo presidente comunicaba las primeras decisiones para responder a la catástrofe, su Gobierno siguió desplegando su ofensiva contra las decisiones del expresidente Petro, en este caso, en materia de política exterior. Apenas 22 minutos después del mensaje en el que De la Espriella anunciaba que asumía personalmente la emergencia, a las 8.55 hora colombiana, la Cancillería hizo pública la decisión de congelar las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El Ejecutivo anunció además que reconoce "la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental".

La decisión revierte una de las primeras medidas internacionales adoptadas por Petro cuando llegó al poder en agosto de 2022. Tres días después de su investidura, el anterior Gobierno restableció las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que permanecían congeladas desde 2001. Esos vínculos habían continuado reforzándose hasta prácticamente el final de su mandato, ya que en abril de este año las dos partes mantuvieron una reunión.

La Cancillería de De la Espriella argumenta que Naciones Unidas no reconoce a la RASD como Estado miembro y asegura que su nueva posición respeta el derecho internacional. Sin embargo, la situación es más compleja, ya que la ONU continúa considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización y mantiene el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El giro diplomático no terminó ahí. Poco después, la Cancillería publicó que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981.

El Gobierno justificó la decisión por la "importancia estratégica" del territorio para la seguridad israelí y defendió el derecho de Israel a protegerse frente a amenazas externas. La medida convierte a Colombia en el segundo país, después de Estados Unidos, que reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Tampoco se trata de una decisión improvisada después del terremoto. El propio comunicado de la Cancillería especifica que responde a un compromiso alcanzado entre Colombia e Israel el sábado 8 de agosto, antes de la catástrofe. De la Espriella había prometido además durante la campaña recomponer unas relaciones diplomáticas que Petro rompió en 2024 por el genocidio israelí sobre Gaza.

Por tanto, las decisiones estaban preparadas, pero el Gobierno optó por mantener su publicación durante las primeras horas de la mayor emergencia que afronta su país, mientras los equipos de rescate buscan supervivientes entre decenas de edificios derrumbados.

La comunicación del nuevo mandatario durante la catástrofe ha provocado además otra polémica. Antes de una de sus comparecencias para informar sobre la emergencia, las cámaras captaron a De la Espriella sonriendo, saludando y lanzando besos a quienes se encontraban frente a él. Las imágenes comenzaron rápidamente a circular en redes sociales y han generado críticas por el contraste entre la actitud del presidente y la magnitud de la tragedia. 

El terremoto se ha convertido así, apenas unas horas después de comenzar su mandato, en una prueba de la gestión y del estilo de De la Espriella. El nuevo presidente ha aprovechado también sus primeras jornadas en el poder para ejecutar el giro diplomático prometido durante la campaña: alejar a Colombia de las posiciones de Petro, estrechar los vínculos con Marruecos y situarse junto a Israel. 

En los albores del derecho romano, que es tanto como decir del derecho mismo, dos escuelas debatían sobre la mayoría de edad. Para unos, los sabinianos, la mayoría se alcanzaba cuando el niño lograba un determinado nivel de madurez, superando algún tipo de prueba; para los otros, seguidores de Próculo, un examen semejante era poco operativo, así que abogaban por fijar una edad determinada en la que situar la mayoría de edad de todos, con independencia de su desarrollo intelectivo o físico.

Las diferentes mayorías de edad que hoy reconocemos (a los 14 para delinquir, a los 16 para trabajar, a los 18 para votar) responden todas a una presunción: la presunción de que una persona, por el único hecho de ir soplando velas es capaz de entender el mundo que lo rodea, de consentir relaciones, de conducir... Pero no siempre sucede así. Las quejas de los sabinianos se amparaban, en esta línea, en un rígido concepto de la justicia: no es justo que a una persona, solo por haber cumplido años, se le conceda el beneficio de la mayoría de edad cuando puede ser un completo inútil. Sin embargo, estos juristas no valoraban que, para la cohabitación y la debida articulación de nuestras relaciones, la seguridad es algo tanto o más importante que la justicia. Desde esta perspectiva, toda presunción tiene algo de injusto, porque parte de una ficción, pero es una ficción necesaria: la sociedad necesita dotarse de unas normas preestablecidas de funcionamiento, sin las cuales nuestra arquitectura de convivencia se desmembraría.

Otra presunción orgánica en nuestro mundo es la presunción de inocencia, sencilla de exponer (toda persona es inocente hasta que un juez le declara culpable) pero difícil de explicar. ¿Cómo entender que el asesino detenido con la pistola en la mano siga siendo inocente? ¿Cómo convencernos de que es inocente, antes del juicio, el delincuente que ha confesado su delito? La explicación estaría en la propia naturaleza de la presunción como base de la estructura social, como garantía de la dignidad y libertad del ciudadano. Por eso no es solo un pronunciamiento vacío: la idea secular, que empieza a sonar revolucionaria, de que el acusado es inocente antes de la sentencia impone asumir que durante el juicio no está en el fiel de la balanza, aguardando en equilibrio hasta saber cuál de los dos platillos termina por pesar más; por el contrario, el acusado se sitúa en el plato de la inocencia que, amparado por la presunción, es pesado y difícilmente removible. Para una condena, no basta con que las pruebas de cargo pesen más que las pruebas de descargo; las pruebas de condena tienen que romper la balanza, haciendo irrazonable la hipótesis de la inocencia.

Esta presunción se enfrenta a una continua pugna social, máxime en unos tiempos donde los tribunales penales entienden su labor focalizada en el castigo al culpable, el mantenimiento de la paz social y la represión del delito. Sin embargo, la historia nos enseña que para imponer castigos no se necesitan tribunales; no los necesitó ni la Falange, ni la mafia, ni los necesitan los talibanes. En una sociedad democrática, los tribunales tienen una misión más esencial y delicada que castigar: proteger al inocente. Una misión que se ve comprometida en un mundo a merced de una ultraderecha que nos urge a la deshumanización, en una acometida de la cual no son ajenos miembros de un poder judicial que se manifiesta contra leyes que el pueblo se ha dado.

Dejaré apuntadas tres heridas contra la presunción de inocencia que se han ido consolidando en resoluciones de nuestros tribunales. La primera sería la idea de la probabilidad: el delito como suceso probable; la verdad judicial, convertida en la realidad más plausible. La muerte de la inocencia. Vean, por ejemplo, esta frase tomada de la sentencia contra David Sánchez y que la Audiencia Provincial de Badajoz, en una deplorable redacción con argumentos al peso, repite hasta tres veces (la última en negrita, por si no habíamos reparado en ella): “La seguridad de una inferencia, su precisión, se produce cuando aquella genera la conclusión más probable sobre el hecho a probar. En el fondo, esta línea no es ajena a una probabilidad estadística que se presenta como la probabilidad prevaleciente. En suma, resultará probada la hipótesis... cuando esa hipótesis esté dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias”. En este extracto, la Audiencia se respalda en resoluciones de un Tribunal Supremo cada vez más mediocre para alcanzar una conclusión perturbadora: lo más probable puede argüirse como fundamento de una condena. ¿Pero cuántas veces la verdad se esconde en lo improbable? Remitir el juicio de culpabilidad a un juicio de probabilidades es clavar la navaja de Occam en el corazón de la justicia. ¡Que sentencie el Instituto Nacional de Estadística!

El segundo elemento, que se vería sorprendido de verse citado en estas polémicas, es la lógica; en este caso, el concepto se utiliza para salvar la insuficiencia de pruebas: no sabemos lo que ha pasado pero ‘lo lógico’ es que haya sucedido de esta o de aquella manera. Ya habrán advertido que esto no tiene nada que ver con la lógica, método científico que obtiene respuestas a partir de premisas conocidas de antemano y donde la conclusión se deriva sin artilugio ni alternativa alguna: si un cadáver se descubre a la una de la tarde y lleva muerto 12 horas, lo lógico es concluir que el fallecimiento ocurrió sobre la una de la mañana. Esto es lógico. Si un hombre es amenazado por su vecino y días después aparece muerto, podremos considerar lógico que el asesino sea su vecino, pero esta conclusión habrá de probarse; y si hay que probarlo, el razonamiento no es conclusivo ni, por tanto, lógico. En el juicio contra Ábalos vimos muchos ejemplos de esta lógica especulativa: si no hay pruebas de que recibió millones de euros ni pruebas de que tiene el dinero, ‘lo lógico’ será entender que lo ha escondido. Definitivamente, el Sombrerero loco manejaba mejor las reglas del silogismo.

Y la tercera infección que sufre el respeto a la presunción de inocencia es, sin duda, el pérfido elemento de las máximas de experiencia, hallazgo literario y parajurídico que se ha asentado entre nosotros con la mayor parsimonia, para gran alarma de los teóricos. Dejando aparte que los jueces, por su preparación, no suelen tener experiencia en muchas cosas, por lo que convertir este dato en un criterio de valoración supone un riesgo serio, lo cierto es que la realidad del delito nos enfrenta todos los días a lo sorprendente, lo insólito y lo inexperimentado. Utilizar lugares comunes o los caminos trillados de las máximas de experiencia para conocer lo que se ignora es un peligro manifiesto, pero va camino de convertirse en el oráculo que servirá para tener por demostradas cosas de las que no hay pruebas, partiendo de una ‘experiencia’ que, por naturaleza, está mediatizada por el sujeto y es ajena a todo escrutinio. Si ha habido un atraco y uno de los sospechosos tiene antecedentes, los años de experiencia podrán susurrarle al juez que el culpable es el fichado, sin necesidad de más diligencia. Imaginen las máximas de experiencia que un juez fascinado por Abascal como Emilio García-Cancho, ¡presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz!, aplicaría al juzgar a un inmigrante. ¿Pero dónde hemos dejado las pruebas? No lo olvidemos: bajo la égida de la presunción de inocencia, la función de un procedimiento penal no es saber si el acusado ha cometido el delito, sino averiguar si existen pruebas bastantes para condenarlo.

En estas tardes de verano he ido leyendo noticias sobre las vicisitudes de Jonathan Andic, imputado por haber matado a su padre. Mi curiosidad ha dado paso a una cierta intranquilidad porque voy advirtiendo en el asunto todos los vicios que se han consolidado en el proceso español, incluyendo unos investigadores absolutamente convencidos de la culpabilidad de su objetivo. (Tanto, que no se ahorraron el gesto, un tanto ruin por innecesario, de ponerle unas esposas al llevarle a declarar). Desde la distancia, advierto en estos investigadores el mismo sesgo proactivo condicionado que tuvo la policía portuguesa con los padres de Madeleine McCann, el mismo que mostró la Guardia Civil con los 20 indicios que vio contra Dolores Vázquez o los que la UCO quiso ver contra David Sánchez. Las noticias dan cuenta de una investigación llena de insinuaciones, conjeturas y datos insustanciales, que dejan al imputado al pairo de una opinión pública cruel.

Les aseguro que, ahora mismo, no me costaría trabajo redactar una sentencia condenatoria contra Andic, urdiendo sobre la trama de lo publicado los tres estigmas que he mencionado: juicios de probabilidad, razonamientos de pura lógica y remisiones a las máximas de experiencia, sin necesidad de incluir ni una sola prueba de su culpabilidad. Con la última jurisprudencia en la mano, me saldría una sentencia bastante bonita, sólida y fundada; tan sólida como indigna.

________________

Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal. No ha escrito ningún libro.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

Antes, como quien dice ayer, cuando alguien dudaba de nuestra palabra, afirmábamos que lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Esa era la prueba para lo insólito. Para lo increíble. Pero ese no es ya este tiempo que habitamos.

La alegoría más célebre de la historia de la filosofía, la caverna de Platón, explica cómo se puede distinguir entre los mundos, el mundo sensible, el que perciben nuestros sentidos, y el mundo inteligible, y cómo se enfrenta el ser humano al conocimiento. En esa metáfora, el filósofo griego imagina a un grupo de personas encadenadas en una cueva que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Creen que la realidad son esas sombras, nunca han visto otra cosa. Cuando uno de ellos se libera y sale al mundo exterior, comprende que lo que veía solo era una representación. Ninguno de sus compañeros le cree.

Le muestro a mi hijo un vídeo en el que una ballena da de mamar a un ballenato en el océano. Un chorro de litros y litros de leche sale de la ballena y cae directamente a la boca de la cría. No se mezcla con el agua, explican, por la grasa que contiene la leche materna. Una razón convincente para mí. Él me dice: es IA. Yo pensaba que era real, le respondo. Le enseño después otro vídeo en el que una elefanta asiática cautiva en el zoo de Madrid pare una cría. Es una especie en extremo peligro de extinción, le digo. Me pregunta: ¿es IA? Yo le digo que no, él me dice que no sabe. Duda de la realidad, pero no de lo que es inteligencia artificial. Eso lo reconoce.

Le digo que es una noticia, que lo publica el propio zoo, que sí es real. Le explico qué es el periodismo y qué es una red social, pero me contradigo a veces. También hay medios de comunicación que publican mentiras, artificios. Y ahí están: proyectando representaciones que se quieren creer. O que necesitamos creer.

Y, aunque sé que son verdaderas, también yo dudo en este verano de las noticias, de las imágenes que veo con mis propios ojos. Me cuesta comprenderlas y dimensionarlas. Esa fotografía que muestra los cientos de zapatos de los migrantes flotando junto a El Tarajal, en Ceuta. Dudo de la imagen de una sandalia blanca de plástico de un niño o niña de menos de dos años en la arena, desparejada y perdida. Dudo de esa foto del crío marroquí sentado en la arena de la playa frente a un militar español de pie. De los cientos de personas que ha traído en la playa de Benzú. De que un diputado de la ultraderecha haya dicho que hay que cazar y pescar a los migrantes uno a uno.

Dudo de que agitadores de más y menos talla y más o menos repercusión o pseudopolíticos se hayan desplazado hasta Ceuta para prender la mecha de su propia contienda interesada. Me cuesta creer que 141 personas hayan muerto en ese sur en este verano.

El mito sigue vigente 2.400 años después. Pero una ya no sabe distinguir entre las siluetas negras y la propia caverna. Quién las proyecta y para quiénes. Una está encadenada entre lo artificial y las noticias, dentro de un algoritmo matemático y político que genera sombras elegidas en nuestra pared. Porque no nos explican la razón detrás de lo que ven y leen nuestros ojos para que vuelva la confianza a nuestros sentidos.

Quizá la caverna sea el mismo tiempo que habitamos: dirigido, plano, filtrado, polarizado. Cuando vemos una imagen, cuando leemos un texto, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa representación. Eso ya era así antes. Pero hoy, incluso cuestionando lo que vemos, no somos capaces de razonar que ese mundo presente sí es el real, un contexto que empuja, por las razones que sean, a las personas a cruzar fronteras, a jugarse la única vida que tienen, y me gustaría decirle a mi hijo que eso es artificial, o que tiene que aceptar que es ininteligible, que solo es una sombra de lo que podríamos ser.

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

______________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Se puede ser a la vez un inútil y un tonto útil, pero ¿se puede ser a la vez patriota y estar del lado de quienes atacan a tu país? ¿Se puede tener principios cuando se está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quieres? ¿Se puede combatir a los enemigos a base de palmadas en la espalda? ¿Se puede decir que España está siendo invadida? Sí, pero sólo en caso de que te refieras a la plaga de la ultraderecha, que se está comiendo el mundo como la cochinilla algodonosa se come las hojas de los limoneros, con la complicidad de la difunta derecha moderada, que en paz descanse, y los votos de quienes no ven que lo que viene no es el paraíso, son los parásitos.

Lo que ha ocurrido en Ceuta parece lo que es: un ataque orquestado, no un problema de inmigración ilegal. Los ataques orquestados necesitan un compositor y aquí se mezcla, como en las verbenas, la música que viene de Washington, Rabat y Tel Aviv. Las imágenes de camiones llenos de jóvenes que se bajan y corren hacia la frontera bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que vigilan que todo siga el plan previsto, han dado la vuelta al mundo, pero el candidato Feijóo y su futuro vicepresidente Abascal, si es que llega a La Moncloa, en lugar de sacarle la Tizona a Mohamed VI, la juntan con la bandera y las usan los dos de muletilla contra el Gobierno. ¿Prioridad Nacional? Manda Vox, la cosa.

Mientras nuestro Cid Campeador de salón, Santiago y cierra la democracia, se hacía unas fotos navegando a Ceuta con cara de estadista preocupado y luego, por lo que sea, se escondía en un hotel, por miedo a pisar la calle y que la calle fuese en dirección contraria, la gente se ahogaba, niños enviados a la muerte por el actual rey de Marruecos, que domina el arte del chantaje recurrente porque de casta le viene al galgo, y porque de la extorsión siempre se saca tajada cuando estás bajo el paraguas de la Casa Blanca. Su nuevo desafío tiene al fondo, igual que siempre, la reivindicación de Ceuta y Melilla; así que el PP actual y su socio se pueden vestir de soldados de Flandes e ir por ahí con pinta de cuñado en una despedida de soltero, pero lo que están haciendo uno y otro es colaborar con quien amenaza esa integridad territorial de la que tanto hablan en sus discursos.

De la incongruencia a la indecencia hay unas letras de nada. Será que hay a quienes les resulta imposible meter en el mismo saco sus ideas —si es que decir a todo que no es alguna clase de idea— y sus intereses. Se llama cinismo y está haciéndose con el control de este desdichado planeta.

Debe de ser muy duro levantarse cada día en una magnífica casa, en una de las zonas más acomodadas de Madrid, y subir a un coche que te lleva al Congreso de los Diputados. Antes de salir, ese hombre político quizá se mire en el espejo, tratando de encontrarse y reconocerse en su rostro, en su mirada. Se dirá para sus adentros que él será el próximo presidente de su país. Pero, cuando observa con atención, el espejo le devuelve otra imagen, un alter ego que no es el suyo: a veces el rostro de Abascal; otras, el de Ayuso, dos figuras con mayor fuerza mediática.

Entonces, Feijóo se repite que no puede ser, que necesita atraer los focos hacia él, hacia sus discursos, y combatir esa capacidad mediática que siempre parece jugar en su contra. Después desfilan por su cabeza las meteduras de pata, las frases desafortunadas, todas con algo en común: seguir la estela de Abascal y Ayuso, crear polémicas donde no las hay, revolcarse en el fango y enfangar la política con un único propósito: alcanzar el poder como sea.

Feijóo no es un político brillante en ningún sentido. Es torpe al comunicar, capaz de retorcer cifras para sostener algunos discursos y reincidente en afirmaciones que apenas resisten una comprobación. Quien lo escuche encontrará en sus palabras demasiados guiños a la xenofobia, al antifeminismo y al negacionismo climático.

Su última aportación a la causa obrera ha sido presentar las bajas laborales como absentismo, y hacerlo precisamente ante empresarios, mientras cada año quedan sin pagar millones de horas extraordinarias a los trabajadores. Feijóo, el supuesto hombre tranquilo y moderado, nunca ha hecho verdadera gala de esos adjetivos, ni siquiera cuando presidía la Xunta de Galicia.

La diferencia es que allí el PP controla buena parte del poder mediático y esa maquinaria le pulía la imagen. En Madrid, aunque los medios afines también intenten abrillantarla, la competencia es feroz. Abascal y Ayuso suelen ocupar las primeras planas, y en Telemadrid manda Ayuso como él mandaba en la TVG.

En fin, Feijóo es un político mediocre, pero es el líder que el PP ha colocado al frente. Supongo que muchos días se acordará de Pablo Casado y de su caída después de enfrentarse a Ayuso y cuestionar la conducta de su hermano. Ahora asistimos a algo parecido, aunque esta vez la respuesta es el silencio.

En el centro están los negocios de la pareja de Ayuso, las acusaciones de fraude fiscal y unas explicaciones que han rozado lo grotesco. Todavía resuenan las carcajadas de ambos desde su magnífico ático, una vivienda rodeada de preguntas incómodas.

Feijóo no se atreve a alzar la voz ante un caso de fraude fiscal ni ante las sospechas de trato de favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia el Grupo Quirónsalud. No sabemos si calla por miedo, por cálculo político o porque, en el fondo, considera normales este tipo de prácticas.

_____________

Carlos Brage es socio de infoLibre.

Era un lema que se repetía cada verano: "Todos contra el fuego". El problema es que la última palabra de consigna sigue, pero la primera ha desaparecido: hay incendios, pero no hay unidad. Las llamas calcinan los árboles y matan nuestro oxígeno, hay que evacuar a miles de personas y seguir la lucha desigual contra ese diablo de mil lenguas que convierte lo que toca en silencio y cenizas.

El combate podría ser más equilibrado si se pusieran los medios económicos que hacen falta para prevenir y no tener que curar, pero aquí sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y de San Florián de Lorch, que es el patrono de los bomberos, cuando empiezan a arder nuestras casas. La religión dice que se puede apagar una ciudad que se quema, usando un balde de agua y la fe: la realidad nos hace ver que sin más personal, más hidroaviones, más camiones-cisterna, menos negacionistas del cambio climático, menos ultraderecha enemiga del ecologismo y, en resumen, más inversión que financie el mantenimiento de nuestra naturaleza, no hay nada que hacer. En esto, como en tantas cosas de la política, por el humo se sabe dónde está el inepto.

Los mismos que reducen presupuestos de cuidado medioambiental o acortan las plantillas de profesionales de ese ramo, ahora se lamentan y tratan de cargarle el muerto al adversario. Y eso nos lleva al mismo callejón sin salida de siempre, es decir, a un cruce de acusaciones sin fondo, a la retahíla habitual de las competencias, que por encima de lo que esté pautado se intentan poner en las espaldas del rival, y al intento de no asumir responsabilidades cada vez que se produce una catástrofe que les deja en evidencia. La historia se repite por falta de imaginación y, en el caso dramático que volvemos a sufrir otro año, por el desinterés al respecto de esta gente que está ahí para otras cosas y, más que nada, por otros intereses.

Los pactos de Estado vuelven a proponerse y se los lleva el viento negro de la gran hoguera, porque debe de ser que salvar nuestro hermoso paisaje no da votos, o algo así, y por lo tanto no es un objetivo del poder. Mientras tanto, a los demás nos parte el corazón ver con qué violencia se consumen esas hectáreas de España que esos charlatanes con ínfulas no deben de considerar parte de la patria a la que tanto dicen querer. Hacen falta más bomberos y menos pirómanos, reales y verbales.

Rimbaud sentenció que "la verdadera vida está ausente e hizo bandera de la urgencia de cambiar la vida". Con ello expresaba la necesidad de reinventar la existencia y de romper con la pasividad de una vida rutinaria y sin horizonte. Sería André Breton quien, décadas después, trazaría el puente definitivo entre esa rebelión íntima y la acción política al proclamar: "Transformar el mundo", dijo Marx; "cambiar la vida", dijo Rimbaud: para nosotros estas dos consignas son una sola. 

Así, un siglo más tarde de los versos del poeta, en 1971, ese anhelo emancipador dejó de ser un poema para transformarse en un proyecto político de mayorías. Las fuerzas progresistas francesas asumieron el desafío de unirse bajo el histórico Programme commun. El programa con el que sellaron aquella alianza y alcanzaron el poder en 1981 se tituló, precisamente, Changer la vie (Cambiar la vida, aquí y ahora). 

Esa es la ambición que nos falta hoy. ¿Somos capaces de imaginar un mañana que nos empuje a cambiar el presente? El peligro de perder la imaginación política es que nos deja paralizados, esperando pacientemente el colapso del orden neoliberal, que no tiene ninguna intención de suicidarse. Llevamos años diagnosticando la muerte del neoliberalismo, pero nos equivocamos de verbo: el orden neoliberal no está muriendo, está mutando. 

Los grandes tratados de libre comercio están cediendo el paso a las guerras comerciales, los aranceles y un proteccionismo feroz. La vieja retórica de la cooperación internacional y los derechos humanos ha sido barrida por el auge de nacionalismos excluyentes y un giro autoritario a nivel global. El neoliberalismo está dejando atrás su fachada alegre y consumista para mostrar su rostro más crudo: un modelo de exclusión, represión y violencia. Los valores democráticos que antes simulaba defender se están derribando por completo (si es que alguna vez existieron realmente). Sin embargo, mientras algunos cimientos de este orden se transforman, otros permanecen intactos: la defensa de la acumulación de riqueza, la desigualdad estructural como único motor de crecimiento para unos pocos a costa de las mayorías y, en definitiva, el culto al capital y el trabajo concebido como mera explotación. 

El proyecto neoliberal forjado en los años setenta muestra síntomas de fatiga y agotamiento. Se está replegando hacia un conservadurismo oscuro, proteccionista y aferrado a los valores tradicionales. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Toda intervención hasta ahora se ha limitado a intentar ponerle parches al sistema. A intentar volver a esa fase alegre del capitalismo, a enmendarlo un poco en lugar de socavarlo desde la raíz. 

Y es aquí donde la izquierda tiene que mirarse al espejo. Hay muchísima gente ahí fuera que necesita que le digan las cosas de verdad, sin eufemismos. A pesar de los esfuerzos reales que hemos hecho para mejorar las cosas, la realidad demuestra que no son suficientes y la frustración crece. Hay una mayoría social profundamente descontenta, que no llega a fin de mes ni ve futuro, y nosotros no estamos interpelando a ese malestar. Nadie está a gusto en nuestro espacio, y es lógico: este agotamiento es el resultado directo de dedicarnos a gestionar el mundo diseñado por la derecha en lugar de cambiarlo. Y lo gestionamos, además, en unas condiciones materiales cada vez peores para la mayoría. 

Construir el camino exige pisarlo, pero también saber hacia dónde se camina y cómo. Por eso, quizás, ha llegado el momento de preguntarnos qué somos realmente: ¿somos una excavadora dispuesta a remover los cimientos o una simple pala de playa que solo sirve para mover un poco de arena en la orilla? 

La pala de playa es celebrar un indicador macroeconómico o una pequeña bonificación fiscal a las clases medias mientras la vivienda se traga más de la mitad del sueldo de una familia. Mover la arena del sitio para que, con la siguiente marea, todo vuelva a estar igual. La excavadora, en cambio, entra en el terreno de la propiedad y del poder. No maquilla la realidad: la remueve. Una izquierda con vocación de excavadora no se limita a pedir "responsabilidad social" a los fondos buitre; recupera para lo público las viviendas con las que especulan. No pide por favor. 

Cuando se renuncia a encender la excavadora, lo único que queda es la gesticulación. Que la política del zasca parlamentario, la ocurrencia rápida o la idea de contraponer las bibliotecas a los vídeos de TikTok nos parezcan lo más combativo que tenemos es solo un síntoma de nuestra propia desorientación. Nos hemos creído que el ruido y la ocurrencia son por sí solos, un proyecto político.

A nuestro alrededor ya están pasando cosas: en California, la cuna de Silicon Valley y de los nuevos tecnoligarcas, se empujan referéndums para gravar a los multimillonarios. En Dinamarca, la presión social obligó a poner los impuestos a las grandes fortunas en el centro del debate electoral. En Berlín, la ciudadanía demostró que se puede ganar un referéndum para expropiar miles de viviendas a los grandes fondos buitre. En España, se debate cómo limitar el rentismo y empujan reformas de universalidad —desde ayudas a la crianza y comedores gratuitos hasta la regularización extraordinaria de las personas migrantes—. En Brasil, el Gobierno de Lula logró aprobar una reforma fiscal para aliviar la carga sobre la clase trabajadora. Todas estas victorias ayudan a dibujar ese horizonte deseable. Demuestran que la resignación no es un estado de ánimo inevitable, sino una victoria cultural de los de siempre que se puede revertir cuando se apela a la universalidad y a lo común. 

Ir a por todas no es solo una declaración de principios estéticos; es, de partida, el único enfoque ganador para la izquierda. Si cuando planteamos reducir la jornada laboral aceptamos discutir bajo los marcos de la derecha —si el eje de la conversación pasa a ser la "productividad", el "absentismo" o la "competitividad empresarial"— habremos perdido antes de empezar. Esos conceptos no nos pertenecen. No podemos defender el derecho al descanso justificándolo en que así el trabajador rendirá mejor para su jefe. Hay que hablar, sin complejos, desde la calidad, el disfrute de la vida y el derecho al tiempo libre. 

La urgencia es total porque la alternativa es la barbarie literal. Mientras el progresismo titubea intentando convencer a la patronal de que sea un poco más amable, la extrema derecha no tiene miedo de mostrar sus cartas. En Chile, el mismo país en el que el gobierno de Boric y Jara conquistó las 40 horas, la ultraderecha de Kast propone ahora desregular el mercado para elevar la jornada semanal a 52 horas. En Argentina, Milei ha llegado al extremo patológico de habilitar la privatización de ríos y recursos naturales comunes. 

Si estas disputas se pelean como batallas aisladas y bajo la jerga neoliberal, la derrota cultural está asegurada. Cuando ellos proponen robarte 12 horas más de vida a la semana o ponerle precio al agua que bebes, no están haciendo ajustes técnicos de eficiencia; están colonizando lo que queda de nuestra existencia. 

En este marco, el nuevo programa de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en lugar de abrumarte con un listado eterno de propuestas, te invita a hacer un ejercicio casi olvidado: imaginar un día de tu vida sin capitalismo. Imagina despertarte sin la angustia de que el casero te eche de casa porque la vivienda es un derecho garantizado y fuera del mercado. Imagina desayunar sabiendo que tu salud, tu educación y la de tus hijos no dependen del saldo de tu cuenta bancaria. Imagina un trayecto al trabajo en un transporte público rápido, gratuito y limpio. Imagina trabajar menos horas porque la tecnología y la automatización se han puesto al servicio de tu descanso. Imagina volver a casa con energía y tiempo para leer, pasear, cuidar a los tuyos o, sencillamente, no hacer nada. 

Por eso, frente a la distopía del odio que promueve la derecha, nuestra respuesta tiene que ser la promesa tangible de una vida mejor, más fácil y más bonita. 

No podemos resignarnos a este grisáceo conformismo de administrar lo que hay. Frente a un capitalismo que nos roba las horas y nos vende la ansiedad como estado natural, la alternativa no puede ser una izquierda de la regañina, el sacrificio o la mera contención de daños. La política tiene que volver a hablar de cambiar la vida, de construir un socialismo alegre que reclame el derecho al tiempo, al descanso, al disfrute y a la belleza. Un proyecto que entienda que el verdadero lujo es la soberanía sobre el propio tiempo. 

La vida exige que la cambiemos, no que nos acostumbremos a ella. Esa debe ser la idea central que marque cada uno de nuestros pasos: nuestro programa nunca puede reducirse a ocupar un ministerio. La derrota de la izquierda no sería perder el Gobierno; la derrota de verdad sería perder la ambición.

___________________

Ángel Muñoz Muelas es codirector del think tank Ideas en Guerra.

Desmontar una mentira que conecta directamente con la identidad y los miedos de una persona es una batalla casi perdida si solo se recurre a los datos. Sobre esta idea se ha centrado el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos?, que ha reunido a expertos del periodismo y la comunicación para analizar los mecanismos de la desinformación. 

La mesa ha contado con la participación de Fernando Varela, redactor jefe de infoLibre; Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. El debate ha comenzado con una advertencia de Varela, quien recordó que el problema ya no se limita al ecosistema digital. “Se están fabricando y están circulando bulos que elaboran y publican los propios medios”.

Para entender por qué un contenido falso arrasa en las redes sociales, hay que mirar fijarse en las técnicas que la publicidad lleva décadas perfeccionando. Reinés ha afirmado que “los bulos hacen un llamamiento a la emoción. No puedes desmontar emoción con datos porque son dos lenguajes totalmente distintos”. 

La cofundadora de WokeUp News ha explicado que la extrema derecha y quienes difunden desinformación han entendido que lo importante en las redes sociales no es vender información veraz, sino emociones, un terreno donde los sectores progresistas suelen ir un paso por detrás. “Necesitamos generar marcos narrativos desde la izquierda”, ha defendido, al tiempo que ha reclamado superar el tradicional recelo hacia el marketing. “Comunicar mejor no significa manipular. A la izquierda le hace falta saber vender sus ideas. Necesitas información veraz, pero también a alguien que sepa transmitirla. Hay que poner la emoción al servicio de la verdad”, ha señalado.

Las consecuencias de dejar el terreno emocional a la extrema derecha tienen un impacto tangible en la sociedad. Estefanía de Antonio ha ilustrado este peligro recordando la investigación Torre Pacheco, anatomía de un bulo, elaborado por RTVE, que analiza cómo la violencia virtual puede saltar a las calles en forma de disturbios. 

“Es un ejemplo de libro de cómo los bulos son un ingrediente necesario para alimentar el discurso de odio y para legitimar la violencia”, ha relatado la responsable de Verificación. El caso de Torre Pacheco constató, además, la escasa respuesta de las plataformas digitales ante campañas coordinadas de desinformación. Semanas después de los incidentes, solo el 22% de los contenidos falsos habían sido retirados. La conclusión de aquella investigación deja un diagnóstico desolador: “Nos dimos cuenta que el bulo se desactiva, pero el odio permanece porque ya se ha creado ese clima de opinión”.

En la trinchera diaria de la verificación, el anonimato en internet y el uso del lenguaje juegan un papel crucial. Mientras Reinés se ha mostrado partidaria de exigir identificaciones como el DNI para operar en redes y de imponer “condenas considerables para aquellos perfiles y pseudomedios que difunden bulos a sabiendas”, De Antonio ha matizado la estrategia periodística de RTVE ante las cuentas anónimas. “Nos centramos en desmentir el mensaje y no tanto en hacer popular a quien difunde la mentira”, ha aclarado. 

Además, ha aprovechado su intervención en el aula universitaria para hacer una férrea defensa del rigor periodístico frente a la terminología importada del inglés. “Si una noticia es falsa, es que entonces no es una noticia. Los periodistas nos podremos equivocar y, en ese caso, rectificaremos, pero no difundimos información falsa de forma intencionada. Hablemos de contenido falso, pero no de noticias falsas”.

El cierre del coloquio ha vuelto al punto de partida sobre la urgencia de abandonar la actitud defensiva y pasar a la ofensiva narrativa. “Uno de los grandes problemas de la izquierda es que no genera marcos ideológicos, le compramos el marco ideológico muchas veces a la derecha”, ha reflexionado Elena Reinés, poniendo como ejemplo el debate irreal sobre la okupación. 

La solución, según ha coincidido la mesa, pasa por dejar de invertir semanas en desmentir el marco del rival y empezar a construir relatos propios que abracen los sentimientos sin renunciar a los hechos, porque, en última instancia, “no hay nada que conecte más con una persona y que la haga sentir parte de un proyecto político que la emoción”.

Si dentro de una década alguien estudiara la democracia española a través de las redes sociales, descubriría que la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital dominado por la desinformación y un algoritmo que monetiza la confrontación. Esta ha sido la premisa sobre la que ha pivotado la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos, celebrada este martes en el marco del Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo la moderación de la directora de infoLibre, Virginia Pérez Alonso, el coloquio ha radiografiado cómo el algoritmo penaliza el debate sosegado, cómo la extrema derecha capitaliza el malestar de una generación precarizada y qué papel deben jugar el periodismo y el feminismo en este nuevo ecosistema comunicativo.

El mito de la horizontalidad de internet se ha resquebrajado. Antonio González (@antonioooogr), estudiante de Antropología y creador de contenido, ha sido rotundo al definir las redes sociales como “algo completamente falso”, donde la viralidad “no depende de la capacidad de tu argumento, sino de que generes cierta polémica”. Un terreno donde, según ha señalado, se premia el comentario y el ruido por encima de la reflexión.

Esta arquitectura de las plataformas tiene un impacto directo y asimétrico en sus usuarios. “Si alguien sabe sobre la monetización del odio, somos las mujeres en redes sociales”, ha afirmado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, quien ha recordado que el hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de viejas violencias. “Silenciar a las mujeres es más viejo que el hilo negro. Clara Campoamor dejó escrito en sus diarios cómo la llamaban histérica en el Congreso”, ha apuntado, ilustrando cómo hoy ese silenciamiento toma nuevas formas, como el uso despectivo del término charo para invalidar los argumentos de mujeres de una determinada edad.

Para Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, la frontera entre el mundo online y offline es cada vez más difusa. “Las redes se parecen más a lo que ocurre en las calles que a lo que pasa en los medios”, ha reflexionado, advirtiendo de que el algoritmo premia la confrontación que generan los temas de igualdad, buscando siempre el mayor tráfico posible.

El debate se ha adentrado en el lenguaje audiovisual cuando la directora de infoLibre ha planteado una de las grandes dicotomías actuales: “¿Se pierde la profundidad del mensaje feminista o institucional en los escasos segundos que dura un vídeo de TikTok o un reel de Instagram?”

La respuesta cruzó las visiones de la creación de contenido y el periodismo tradicional. Rodríguez ha comparado la información que se da en un vídeo con la que se transmite en una tertulia. “Nos quejamos de cómo se deteriora la conversación en reels de un minuto, pero también me pregunto qué capacidad de síntesis hay en una tertulia de televisión de ocho minutos”, planteaba la periodista. De hecho, el propio González reconoció que la barrera entre ambos mundos ya no existe para las nuevas generaciones: “La conversación pública en redes viene de los medios. Lo que ocurre en televisión, los jóvenes lo vemos en forma de reels”. El nuevo analfabetismo, para el estudiante de Antropología, “ya no es no saber leer y escribir, sino no saber diferenciar la información veraz de la propaganda”. 

El peligro, han coincidido, reside en cómo el algoritmo interviene en esa traducción del mensaje. A la pregunta de Alonso sobre qué comportamientos castigan o premian las plataformas al hablar de igualdad, Rodríguez ha afirmado que “llama más la atención y genera más ruido la confrontación, y eso siempre se premia buscando generar más tráfico”.

Uno de los momentos centrales del coloquio ha sido el análisis de la penetración de los discursos ultras, especialmente entre los hombres jóvenes. La mesa coincidió en que la extrema derecha no crea el problema, sino que canaliza el agotamiento de una generación precarizada.

“La gente está muy quemada. ¿Qué tiempo vas a tener para pensar si la vivienda está por las nubes o si la sanidad se está tirando por la borda?”, ha reflexionado Antonio González. En este caldo de cultivo de incertidumbre, la extrema derecha no crea el malestar, pero sí lo canaliza. “Les está dando una identidad y ofreciéndoles una respuesta”, ha alertado Cristina Hernández.

Frente a esto, la directora del Instituto de las Mujeres ha defendido la necesidad de dar respuestas institucionales a los miedos de los hombres jóvenes, como el proyecto Brothers, vinculado a las nuevas masculinidades, y ha recordado la complejidad pedagógica que esto supone, porque “es mucho más difícil acercarse al feminismo para un chico que para una chica, porque no es lo mismo perder privilegios que ganar derechos”. González ha añadido una clave desde la creación de contenido feminista, ya que “a veces no se acepta que un hombre hable de feminismo, y a veces es necesario que otro hombre le escuche".

Si los lenguajes han cambiado, las instituciones y el periodismo no pueden quedar desactualizados. David Álvarez, doctor en Periodismo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha incidido en que los jóvenes están abanderando luchas como el cambio climático o el animalismo, pero al margen de los métodos tradicionales, al no sentirse identificados con unas instituciones en las que la representación menor de 30 años es anecdótica.

Álvarez ha propuesto “utilizar sus lenguajes. Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel”, instando a utilizar las redes sin complejos y reivindicando el periodismo como un contrapoder esencial. “Si no es contrapoder, no es periodismo”, ha sentenciado.

A modo de cierre, Virginia Pérez Alonso ha interpelado a los ponentes sobre qué debería enseñarse hoy a un adolescente para preservar una democracia en riesgo. La mesa ha apostado por la escucha activa y la adaptación estratégica. “A veces pecamos de no escucharles, y de ahí viene la capitalización de esos malestares", ha señalado Sabela Rodríguez.

Impulsada por una pregunta del público sobre si merece la pena exponerse ante la ola reaccionaria, Cristina Hernández ha recurrido a la técnica del “sándwich de la verdad” para combatir los bulos, dejando una máxima clara para la era digital. “Siempre hay que contestar. Hay muy pocas ocasiones en las que sea positivo dejar correr la bola”.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. Feijóo dice que implantará esa misma ley en todo el Estado. Miguel Ángel Rodríguez puso su consabido tuit para molestar y para señalar por dónde va la cosa, por si a alguien se le había escapado: según los reaccionarios, esa célula que es el propio cuerpo de la mujer no es ella, sino una persona con derechos que la habita, incluso si es en contra de ella.

Al día siguiente aparecen todas las explicaciones sobre el tuit, sobre el significado de la ley y, finalmente, sobre el derecho al aborto en sí. Proliferan los artículos que afirman que más valía que se ocuparan de los niños nacidos que de los no nacidos, etc. Es decir, se insiste en aplicar racionalidad a determinadas políticas, en este caso, antifeministas. Se supone que, si desvelas la realidad, la gente lo entenderá, se dará cuenta de que los niños y las niñas que ya están en el mundo son más importantes que aquellos que no han nacido.

Lo malo es que no funciona así. Estoy convencida de que, en realidad, ni ellos mismos se creen que un óvulo fecundado sea una persona con derechos o, de lo contrario, tendrían que, por ejemplo, cerrar las clínicas de fecundación, donde hay miles de embriones fecundados sin derecho alguno, obviamente. Y podríamos meternos en discusiones bizarras acerca de qué hacer con los embriones abortados naturalmente y que se caen por el váter sin ninguna ceremonia; sin nombre, sin oración, sin culpa —a mí me pasó, que conste—.

Y, por supuesto, está la cuestión de que es metafísicamente imposible que a políticos que han demostrado con creces que no les importan los niños en absoluto —Madrid es una comunidad con más de 250.000 niños y niñas en riesgo de pobreza— les importen en realidad los no nacidos. Finalmente, si hay alguna persona inocente por ahí que se haya tragado verdaderamente eso del derecho a la vida, bla, bla, bla, a esa no la vamos a convencer con ningún argumento.

Esto no va de argumentos. Esta discusión es una cuestión ideológica irreductible a cualquier razonamiento, como casi todo hoy en día: las personas trans, el cambio climático, las vacunas, el feminismo, tomar el sol, la maldad de Pedro Sánchez o, según nos vaya, los catalanes. Detrás de todo esto hay una lógica reaccionaria que manipula emociones y no razones, que manipula la ira, el descontento o el miedo; que busca culpables y los encuentra.

En el caso del aborto, además, esta es una discusión antigua que ha ido evolucionando y transformando sus argumentos según se hacía necesario. A más derechos de las mujeres, más presión sobre su autodeterminación. Hasta el siglo XIX, nada menos que hasta el XIX, la Iglesia consideraba que el feto masculino no era “persona” —que abortarlo no tenía importancia— hasta la sexta semana de embarazo. El femenino, en cambio, no era persona hasta la decimoprimera, fecha en que abortar ya era pecado. Las mujeres somos más lentas en la personificación, al parecer de la Iglesia.

No es el aborto, aunque no deje de serlo. Ahora mismo, la cuestión del aborto es la clave de bóveda de todos los derechos de las mujeres. Sin ese derecho, todos están en riesgo. Si una mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo, entonces es que no es una ciudadana capaz de tomar decisiones sobre su propia vida.

Si no tiene derecho a tomar esa decisión, entonces es que su cuerpo —por tanto, su vida, ella misma— no le pertenece enteramente, sino que pertenece al Estado, a una ideología, a su marido, a Dios o a quien sea, pero no a ella misma. Y eso es equivalente a la expulsión del ámbito público, a la subordinación completa. Por lo mismo que para nosotras el aborto es importante, lo es para la ultraderecha, cuyo proyecto de sociedad pasa por volver a una sociedad indiscutiblemente patriarcal donde los hombres sean los cabezas de familia y las mujeres, las reproductoras sometidas.

En el año 2017 me reuní, en mi calidad de diputada de la Asamblea de Madrid, con representantes de EPF —European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights—, el lobby encargado de luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en Europa. Se trata de un conglomerado de asociaciones organizadas en torno al objetivo de trabajar políticamente en las instituciones europeas para que no se produzcan retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estuvimos hablando de la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo y del riesgo que eso podría suponer para el derecho al aborto, que es, desde hace décadas, el objetivo a batir por las derechas. Lo que aquella tarde de 2017 me trasladaron las personas del lobby europeo por los derechos reproductivos fue que el aborto iba a dejar de ser el centro de la estrategia de la extrema derecha. El centro de su estrategia, pero no su objetivo final.

La razón que me dieron entonces es que la extrema derecha había podido comprobar que el derecho al aborto ha arraigado fuertemente en la mayoría de las democracias europeas, hasta el punto de que ya no son únicamente los votantes progresistas los que lo defienden, sino que lo hacen incluso votantes conservadores, especialmente las mujeres, pero no solo ellas.

En definitiva, que se ha impuesto un sentido común que ya no pone el derecho al aborto en cuestión. La práctica en sí se ha desideologizado, ha dejado de estar relacionada con el feminismo y se ha normalizado socialmente. Ahora, en lugar del derecho al aborto, estos grupos de extrema derecha recomendaban centrarse en otras cosas —fundamentalmente, las leyes LGTB y trans— y, en todo caso, embarrar, dividir, crear un medio ambiente hostil al feminismo.

Por eso, ya no se dice que hay que prohibir el aborto. Simplemente, van a ir presentando al embrión como una persona con derechos. La estrategia se llama fetal personhood, o personalidad jurídica fetal. Si presentamos al embrión, a ese conjunto de células, como destinatario de políticas públicas, terminaremos entendiéndolo como un ser humano completo.

Da exactamente igual que, en realidad, no le demos ningún derecho porque legalmente, en el caso de España, no se pueda; da igual que sea impracticable, da igual que sea ridículo. Varios años hablando de personitas pequeñas con derechos y llegará el día en que una mujer que aborta sea una asesina. Antes hablábamos de un embrión, ahora decimos “concebido no nacido” y ahí ya han ganado, porque concebido parece algo que tiene vida propia.

Un embrión es un término médico, no tiene más vida que la de la mujer embarazada y es una célula o un conjunto de ellas. La palabra “concebido”, además, tiene importantes resonancias bíblicas y sagradas.

En varios estados de EE. UU. los embriones ya tienen personalidad jurídica plena y la policía puede entrar en una casa para ver si hay pruebas de que una mujer ha pretendido abortar, si ha comprado un medicamento abortivo; pueden controlar cuándo visita una embarazada al médico, lo que este le dice, pueden seguir el embarazo con ánimo de control, represión y castigo de cualquier intento de abortar.

También se restringe el derecho a la anticoncepción y cada vez hay más voces —y hay un movimiento— que claman por restringir el voto de las mujeres. No hace falta recordar Afganistán para entender lo rápido que puede ir esto. En Argentina, un proyecto de ley pretende castigar con cárcel las “denuncias falsas”, es decir, que impedirá denunciar la violencia machista. De ser uno de los países más feministas del mundo a meter en la cárcel a las mujeres que denuncian. Y en todo el mundo los derechos de las mujeres retroceden.

Si por un momento piensas que esto no puede pasar aquí, es que no has visto actuar a los líderes europeos delante de un bebé gigante, medio loco, francamente estúpido, violador y pedófilo, como es Trump. Sonrisas, buenas palabras, no se vaya a enfadar, sumisión, indignidad. ¿Estas son las personas que van a defender los derechos de las mujeres europeas?

¿Quién va a defender entonces los derechos de las mujeres? Nosotras, como siempre. Pero ahora, me temo, no estamos igual que cuando Gallardón quiso recortar el derecho al aborto y el rugido del feminismo lo escuchó hasta Rajoy, que tuvo que dar marcha atrás. Ahora sería difícil que hubiera unidad de acción ni siquiera en un asunto en el que estamos todas de acuerdo.

El caballo de Troya es el “concebido no nacido”, pero antes de eso el caballo de Troya ha sido conseguir un medio ambiente feminista que nos impide mirarnos, escucharnos, solidarizarnos unas con otras cuando es necesario, entender los verdaderos peligros y resistirnos a las agresiones externas; que nos impide poner lo fundamental de lo que nos une por delante de lo que nos separa.

El lobby antiaborto es el que quiere acabar con los derechos de las mujeres, está muy bien financiado, tiene muchos medios de comunicación a su disposición, tiene universidades, tiene un objetivo claro, aliados importantísimos… Lo tienen todo. ¿Y nosotras? Nosotras estamos solas y puede que ahora ni siquiera nos tengamos a nosotras mismas.

No creo que haya nada más importante para el feminismo, para nosotras ahora, que ser capaces de parar cualquier retroceso en el derecho al aborto. Margaret Thatcher dijo que el objetivo de sus políticas no era solo cambiar la economía, sino “cambiar el corazón y el alma de la gente”; y a veces creo que el alma ya nos la han cambiado. Ojalá estemos a tiempo de recuperarla.

_______________

Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

¿Después se puede echar de menos lo que antes no te gustaba? ¿Es posible sentir nostalgia de lo que en su día quisiste dejar atrás o te hizo sentir miedo? Siempre me divierte recordar aquella frase del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, con la que se burlaba de la supuesta apuesta por la moderación de sus adversarios de la oposición conservadora, aunque no sé bien si lo diría de AP o del PP, que para el caso es casi lo mismo: “¿Pero de dónde viene esta gente que lleva 15 años viajando hacia el centro y no llega nunca?”.

En aquellos tiempos excitantes de la Transición, el sarcasmo nos hizo gracia, pero ahora mismo nos provoca cierta melancolía al acordarnos de esa derecha con un tanto por ciento de mala conciencia, que proyectaba, según ella misma, dejar atrás los ecos de la dictadura que sonaban en algunos de sus apellidos, renunciar a una parte de sus ideas, lo mismo que lo hicieron el resto de los partidos, empezando por el PCE, y cambiar lo que fuese necesario para integrarse en la joven democracia que tantos ríos de sangre había costado recuperar. 38 años es mucho tiempo, sobre todo cuando el reloj está en manos de un asesino.

Lo contrario de aquella derecha civilizada es la derecha sin complejos de José María Aznar. Eso dijo este hombre que tiene la arrogancia de los caudillos: que la suya era una derecha sin complejos. “Pues estamos listos”, pensé, “si proviniendo de donde provienen, pensando como piensan y defendiendo lo que defienden, no tienen nada que ocultar, que dios nos pille confesados”. Y así fue, él y su Gobierno actuaron a cara descubierta, alardeando de su neoliberalismo de manual y sin esconder sus cartas; se mostraban orgullosos y seguros de sí mismos, y convencieron con sus promesas de bienestar y regeneración a la mayoría electora, que les votó con la esperanza de que el país mejorase económicamente. El resultado, ya lo sabemos: los ministros de sus gabinetes llevándose millones de dinero público; la entrada en la cárcel de varios de ellos, la guerra de Irak, la foto con George Bush y Tony Blair en la isla Terceira de las Azores; el 11-M, las mentiras, el nombramiento a dedo de M. Rajoy, la Gürtel y las otras decenas de tramas delictivas de sus colaboradores más cercanos… Y luego su advenimiento como ideólogo y su canción del verano, aunque el lema tenga un aire un poco involucionista y tal: “El que pueda hacer, que haga”, una llamada a la acción en la que hay quienes sitúan el asedio sin cuartel y por tierra, mar y aire al presidente Sánchez, al que, por otro lado, le crecen como setas los secretarios de organización ladrones: será que hay humedades en el edificio.

Y así llegamos a Feijóo, que estuvo a un puñetazo en la mesa de llegar a La Moncloa y prefirió usar la mano para dársela a la ultraderecha. Si le hubiera puesto una línea roja a Vox, no le habrían adelantado. Si hubiera roto, la habría arreglado. Pero él y su PP han preferido el hambre para hoy y el pan para mañana, que a mí no me parece que esté tan claro: ya veremos. Por el momento, ya no sólo es que dependa cada vez más de sus peligrosos socios y tenga que ir asumiendo sus órdenes a cambio de mantener el poder autonómico, sino que para competir con ellos se mueve, otra vez, en la dirección equivocada y con ello está provocando un efecto dominó preocupante: como él se va más a la derecha y con ello invade el territorio de Abascal y los suyos, estos se van todavía más hacia el extremo y, de postre, empiezan a aparecer grupúsculos neonazis que se sitúan aún más lejos y se presentan en sociedad con su parafernalia falangista, sin sentir, al dictado de la doctrina Aznar, ni la más mínima vergüenza o molestarse en disimular.

Quedamos a la espera de que se devoren entre ellos o de que las y los ciudadanos abran los ojos y vean a Feijóo decir que cuando estén de baja les van a descontar la enfermedad del sueldo y les van a poder despedir. Su argumento, entre líneas, es que los médicos son cómplices de esa estafa: otra vez la sanidad pública en el punto de mira. Mientras tanto, la patronal sonríe, que con sus sueldos es más fácil, y algún portavoz de la Iglesia se apunta al bombardeo y lanza sermones contra la libertad sexual de las personas y veneno contra los políticos de izquierdas. Ojalá sea que el cáliz estaba muy cargado, que una copa de más se le perdona a cualquiera, porque, como lo que dijo represente el pensar colectivo de la institución, sería para echarse a temblar. Sin complejos.

Las democracias no pueden permitirse la degradación de su vida pública porque esto abre la puerta a la violencia política. Los procesos de quiebra democrática suelen producirse de forma gradual: primero llega el señalamiento, después el lenguaje denigrante contra el adversario y, finalmente, el hostigamiento, que en ocasiones termina en asesinato. Son actitudes que todos debemos condenar. Sin matices. Me da igual que esa violencia se manifieste señalando a Pedro Sánchez como “hijo de puta” por parte de los sectores extremistas e irresponsables del PP; que deseando a Santiago Abascal el mismo final que tuvo Mussolini; que calumniando a los parlamentarios del Movimiento Sumar, Unidas Podemos o ERC en los pseudomedios de ultraderecha.

Hace años que Isabel Díaz Ayuso normalizó el insulto al presidente del Gobierno. Las televisiones de la derecha la invitan frecuentemente y nadie es capaz de corregirla, ni siquiera en lo más mínimo, cuando profiere estos exabruptos. Lo mismo sucede cuando ella o algún miembro del Partido Popular introducen datos falsos en alguno de esos programas matinales que todos conocemos y no hay un solo periodista que les llame la atención, no por difundir un ideario de derechas, sino por utilizar la mentira de manera grosera con objeto de erosionar al Gobierno.

Esta difusión de mensajes de odio es desconocida en nuestra vida pública y no la ha sufrido ninguno de nuestros políticos desde la Transición, excluyendo el periodo de la violencia etarra. Bien harían los expresidentes del Gobierno que tanto se esfuerzan por denigrar a Sánchez en denunciar estas prácticas porque sufrieron oposiciones menos feroces, lo cual contribuyó a construir nuestra democracia como un espacio en el que la crítica rigurosa no excluía la civilidad y la lealtad institucional.

En este circo de hipérboles se puede apelar a cualquier cosa, por grave que sea. Hace apenas un año Mariano Rajoy se permitió decir que “con el actual Gobierno hemos visto de todo. Cosas que no se habían producido nunca” —entiendo que se refería a la corrupción—, sin mencionar, claro, que durante sus gobiernos fueron investigados 60 casos que afectaban al PP, con alrededor de 1.200 cargos implicados. El de Cristóbal Montoro, por cierto, podría convertirse en el escándalo más grave de la democracia y apenas ocupa algún espacio en medios.

Este deterioro del debate público no solo afecta a la calidad democrática, sino que impide evaluar con rigor cuestiones de enorme relevancia para todos, como la economía o el conflicto catalán. Cuando el espacio público se llena de falsedades, la realidad queda sepultada bajo catástrofes imaginarias que nada tienen que ver con los hechos, y Cataluña es el ejemplo más claro.

Más allá de la opinión que podamos tener sobre la Ley de Amnistía, no existe ningún mecanismo en marcha hacia la secesión de Cataluña. Lo que ha avanzado es la desjudicialización del conflicto y una renegociación fiscal dentro del marco autonómico, aún abierta. Se ha pasado de una estrategia de confrontación por parte del nacionalismo catalán a otra de negociación que ni modifica el marco constitucional ni permite la secesión. Además, se ha preservado y mejorado uno de los elementos más valiosos en una democracia: la convivencia.

Sucede lo mismo en el ámbito económico. Felipe González jamás se hizo con la economía. Durante sus cuatro Gobiernos, la inflación nunca bajó del 4,3%, con picos del 14%, y el desempleo del 16%, con picos del 24,5%. En materia económica, la segunda legislatura de Zapatero fue un completo desastre. Esto ayudó a crear el axioma que dice que el PSOE arruina la economía, mientras que el PP la recupera.

Todo ello se rompe de forma contundente con el Gobierno de coalición de Sánchez: España es el país de Europa que más empleo crea; nunca había habido tantas mujeres trabajando ni tantos inmigrantes afiliados a la Seguridad Social; las exportaciones crecen cada año de forma constante y el turismo también aumenta; y se han incrementado tanto el PIB como la renta per cápita. Fuentes: Eurostat; FRONTUR; EGATUR; ICEX; INE; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Ministerio de Industria y Turismo.

Con todas estas cifras sobre la mesa, que el PP reivindicaría con orgullo, es normal que los populares no debatan en el Congreso sobre el estado real de nuestras finanzas, y esa es la razón de que haya tanto ruido: un escenario dominado por la confusión les resulta más cómodo que admitir una realidad que no encaja con su apocalíptico relato.

Es verdad que España carga con el lastre del problema de la vivienda —la mayor parte de las competencias sobre vivienda recae sobre comunidades y ayuntamientos—, la precarización del mercado laboral de los más jóvenes y los bajos salarios en comparación con Europa. Pero ninguno de estos problemas constituye una prioridad para el PP.

El Partido Popular defiende desde 2007 otorgar la nacionalidad a los nietos de españoles exiliados o emigrados durante la dictadura franquista. El propio Rajoy habló de “discriminación manifiestamente injusta” porque la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, de 2007, excluía a los emigrantes económicos.

Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022, el PP presentó una enmienda que regulaba la nacionalidad de los hijos y nietos de españoles emigrantes y que coincidía en lo esencial con el texto aprobado. Incluso así, los populares votaron en contra, y ahora Feijóo habla de “ingeniería electoral” al referirse a la ‘Ley de Nietos’ porque todo es susceptible de ser usado de forma demagógica con el fin de dañar al Gobierno de Sánchez.

Todo esto nos lleva a preguntas de alcance sobre la España que puede nacer a partir de ahora: ¿Cómo es posible que el PP asuma por completo el discurso de Vox acerca de la “prioridad nacional”? ¿Queremos vivir en un país en el que se creen diferencias reales y palmarias entre ciudadanos en función de su origen étnico o su pertenencia a un grupo? ¿Podemos normalizar los discursos de odio pensando que no tendrán consecuencias nefastas sobre la convivencia?

La democracia no se degrada solo por la violencia política, sino por el discurso que la sostiene y precede. Si Feijóo no denuncia la retórica contraria a los derechos humanos de Vox, entonces el problema no es únicamente el extremismo de los de Abascal, sino el peligroso desplazamiento del PP hacia posiciones propias de la ultraderecha, que nos sitúan en un escenario inquietante.

La salud de una democracia depende, entre otras muchas cosas, de que sus principales actores políticos mantengan un compromiso inequívoco con los límites constitucionales y la dignidad del adversario, y esas líneas rojas son precisamente las que hoy se están traspasando.

_________________

Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, retiró la tarjeta roja mostrada al futbolista Folarin Balogun durante el Mundial. Lo hizo para que el delantero de la selección de Estados Unidos pudiera jugar contra Bélgica. La decisión respondía a los deseos de Donald Trump.

El gesto resume lo que significa la desregulación. Desaparece el principio de que las reglas son iguales para todos. A partir de ese momento, el resultado del partido no depende del juego, depende de quién puede modificar las normas en su propio beneficio.

Eso ocurre cuando las reglas dejan de ser un marco estable y quedan sometidas a la voluntad del más fuerte. La competición sigue en apariencia, pero pierde legitimidad, porque ya no se compite en igualdad de condiciones.

En realidad, hasta la palabra "desregulación" es una trampa. Transmite la idea de que simplemente se eliminan trabas innecesarias. En realidad, toda regulación cumple una función. Limita el poder de los más fuertes y garantiza unas condiciones mínimas de igualdad. Cuando esas reglas desaparecen no surge un espacio de libertad absoluta, surge un terreno donde prevalece quien dispone de más dinero o más poder para imponer su voluntad.

Por eso, más que de desregulación, habría que hablar de la sustitución del Estado de derecho por la ley de la selva. La libertad deja de ser un derecho compartido y se convierte en el privilegio de quien tiene poder suficiente para imponer su punto de vista.

El caso Infantino no es aislado. Coincide con una ofensiva ultraliberal más amplia para desmontar reglas que Trump impulsa en Estados Unidos, en la relación con la Unión Europea y, por contagio ideológico, en España.

La política arancelaria ilustra el patrón. En enero, Trump amenazó con aranceles de hasta el 25% a ocho países de la OTAN por la crisis de Groenlandia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles de emergencia en febrero. Trump respondió subiendo el arancel global del 10% al 15%. La norma se impone, se anula en los tribunales y regresa modificada. El resultado es el uso selectivo de la norma según convenga a cada momento, no la ausencia de reglas.

La OTAN es otro ejemplo. Funciona por consenso, no por jerarquía, de forma que ninguna Edecisión importante sale adelante si un solo país se opone, y ningún gobierno puede arrastrar a otro a una guerra porque lo decida la mayoría de sus socios.

Pero Washington exige a sus aliados europeos, bajo amenaza de represalias, subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB mientras reduce su propia implicación en la seguridad del continente. “No nos vamos, solo hacemos menos”, resumió el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, el lunes previo a la cumbre de Ankara, donde Europa permitió a Trump escenificar quién manda.

El caso de Irán muestra también ese desequilibrio. Estados Unidos atacó el país junto a Israel el 28 de febrero sin que ningún órgano de la OTAN debatiera esa decisión, y mucho menos la ONU. Semanas después, Trump exigió a los aliados que ayudaran a reabrir el Estrecho de Ormuz y los llamó "cobardes" por no sumarse. Después aseguró que Estados Unidos "nunca necesitó" esa ayuda y calificó a la OTAN de "tigre de papel". Ahora repite el ataque en solitario, de nuevo junto a Israel.

El deterioro de la OTAN como organismo multilateral forma parte de una estrategia más amplia para debilitar cualquier organismo capaz de limitar la acción unilateral de Washington, ya sea en sanidad, clima o derechos humanos.

Estados Unidos se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero de 2026, alegando una gestión deficiente de la pandemia y un supuesto sesgo hacia China. La salida supuso la pérdida de en torno al 20% de su financiación.

Dos semanas antes, el 7 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas vinculadas a Naciones Unidas. La lista incluye la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos, la Unesco y la UNRWA, agencia de ayuda a los refugiados palestinos.

El Departamento de Estado justificó la medida alegando que esas entidades son “redundantes, están mal gestionadas o son innecesarias”, y sobre todo porque están “capturadas por intereses que impulsan agendas contrarias” a las de Estados Unidos. Un analista del International Crisis Group lo resumió para Associated Press como la cristalización de un enfoque de “a mi manera o nada”.

Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto ordinario de la ONU, más que ningún otro país. Su salida obligó a la Asamblea General a aprobar para 2026 un presupuesto recortado en un 15% y una reducción de personal cercana al 19%, según datos de Amnistía Internacional.

El patrón se repite fuera del terreno institucional. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar nocturna en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, sin someter la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU, el único órgano con potestad para autorizar ese tipo de acción, según la Carta de Naciones Unidas.

Donde existe un organismo basado en reglas capaz de exigir consulta previa o rendición de cuentas, ya sea la OTAN, la ONU o la OMS, la respuesta ha sido siempre igual. Retirarse, recortar la financiación o actuar antes de que ese organismo pueda intervenir. Todo para que EEUU o sus empresas puedan hacer lo que les plazca.

De ahí que la ofensiva desreguladora no se limite al comercio o la defensa. Alcanza también a las normas que vigilan a las grandes tecnológicas, en Estados Unidos y en la Unión Europea.

La excusa es que regular frena la innovación. Pero innovar significa hacer algo nuevo, y lo nuevo puede ser una vacuna o un producto financiero diseñado para ocultar riesgo.

Cuando las grandes tecnológicas piden retrasar la Ley de IA europea, argumentan que las normas frenan la innovación y que Europa “se quedará atrás” en la carrera global, no que sean técnicamente erróneas. Una norma que exige precisión a un sistema de IA antes de decidir si alguien recibe un crédito o un empleo no frena la tecnología, congela solo la posibilidad de lanzarla sin comprobar que funciona. Pedir que se elimine esa comprobación equivale a solicitar permiso para no rendir cuentas si algo sale mal.

La presión surte efecto. La Comisión Europea propuso en noviembre retrasar hasta 2027 las obligaciones más exigentes de la Ley de Inteligencia Artificial para los sistemas de alto riesgo, tras una campaña de lobby de un año de Meta, Google y sus asociaciones sectoriales, combinada con la amenaza de la Casa Blanca de imponer sanciones.

La Administración Trump respalda ese giro desde fuera. El vicepresidente J.D. Vance, el cargo de mayor rango que las tecnológicas han conseguido ocupar en el Gobierno estadounidense, ha calificado la Ley de Servicios Digitales europea de carga regulatoria por obligar a las plataformas a retirar contenido y vigilar la desinformación. El secretario de Estado, Marco Rubio, coordina una campaña diplomática para que Bruselas modifique o retire esa norma.

El resultado, según el Financial Times, es que Washington empieza a marcar el ritmo de la desregulación tecnológica europea, invirtiendo el llamado efecto Bruselas: aquel por el que las reglas de la Unión Europea solían extenderse al resto del mundo.

Trump no es el único que defiende la ley de la selva. El presidente argentino Javier Milei es otro ejemplo visible de esa ola ultraliberal. Su coste social ha sido alto, con caída de salarios reales, más precariedad y un fuerte aumento de la pobreza.

Vox presentó el 27 de junio un programa de desregulación nacional. El documento supera las 200 páginas y calcula, sin demasiados datos, en 90.000 millones de euros anuales el coste de lo que llama “hiperregulación”. La cifra, atribuida a la propia formación de Vox, equivaldría al 88% del gasto sanitario público anual del país. Ningún organismo independiente ha verificado esa estimación.

El programa agrupa sus propuestas en tres bloques. El primero deroga la reforma laboral de 2021 y el registro horario obligatorio. El segundo incluye los planes de igualdad en empresas, los planes LGTBI y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que Vox llama burocracia ideológica. El tercero deroga la Ley de Cambio Climático de 2021, revierte los acuerdos con Mercosur y Marruecos, y acaba con la prohibición europea de vender coches de combustión desde 2035.

Ese lenguaje es cada vez más visible en el Partido Popular, socio natural de Vox. Los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía crean en cada comunidad una vicepresidencia de Desregulación en manos de Vox. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya ha citado la desregulación como uno de sus objetivos si el año que viene llega a La Moncloa. Y Santiago Abascal ya le advirtió que exigirá “el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados sin ningún tipo de trampa ni ningún tipo de dilación”. La desregulación como condición, no como cesión retórica.

El jefe de filas del PP lo defiende como una forma de “quitar trabas” y favorecer la actividad económica, un marco integrado en el discurso del PP como agenda de “libertad económica”. Y su partido lo ha asumido sin resistencia interna, igual que ha naturalizado los acuerdos con Vox para sacar adelante gobiernos y programas comunes.

En varias comunidades, esa cooperación se traduce en cesiones del PP a Vox en vivienda, fiscalidad, campo, inmigración o “prioridad nacional” en el acceso a ayudas. El PP ha normalizado un giro hacia políticas más laxas en regulación y más conservadoras en lo social, sin contestación interna.

Lo que está pasando no es nuevo, aunque sí es más extremo. La derogación en 1999 de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que desde 1933 separaba banca comercial y banca de inversión, abrió paso a una década de expansión crediticia sin supervisión equivalente y a los derivados financieros que desencadenaron la crisis de 2008.

El economista Joseph Stiglitz, que participó en los comités reguladores durante el Gobierno de Clinton, ha explicado que los supervisores conocían el riesgo de esos productos y aun así optaron por no actuar para no interferir con la innovación del sector. El desastre de 2008 mostró el coste de esa decisión.

Una tarjeta roja anulada porque es lo que desea Trump. Un arancel que un tribunal anula y el propio Gobierno restituye. Una directiva europea aplazada tras un año de presión de las tecnológicas. Un programa autonómico que entrega consejerías enteras a cambio de apoyo parlamentario para derribar normas. En todos los casos el patrón es el mismo. La regla cede ante quien tiene el poder necesario para presionar y decide ejercerlo.

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

_________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo, el plató del canal digital EDA TV, para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

¿Cómo se presentan los tiempos? Zweig escribió en El mundo de ayer que existe una ley irrevocable: “Nadie tiene la oportunidad de conocer en sus inicios los movimientos que determinan su época”. Perdóneme, pero le llevaré la contraria. Observamos a algunos de nuestros políticos durante estos años y comprobamos cómo mutan personajes de la derecha, la ultraderecha y los peores, los tránsfugas ideológicos.

Algunas señorías, atornilladas en las bancadas del Congreso, viven del cuento legislatura tras legislatura; su papel es ser palmeros o, peor aún, ser broncos. Se han instalado en el insulto y la mentira, protegidos como están por la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. El ad hominem, lo peor del ser humano, ha llegado: la exhumación de los seres queridos. ¿No era suficiente?

Sí, llevo años oyendo y leyendo a los padres de la patria, y la antología es interminable. Curiosamente, entre las bancadas de la derecha hay más abundancia en el exceso. Se han licenciado cum laude y han superado el Inventario general de insultos de Celdrán y el Florilegio de frases envenenadas de Doval. Guerra abrió la veda con aquel "tahúr del Misisipi" a Suárez; después llegaría el "felón" de Casado a Sánchez y veinte descalificaciones más.

Considero las expresiones brutales y toscas que merecerían por su zafiedad figurar en la selecta obra de José María Izquierdo Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, recogidas en medios de comunicación y sus autores. El libro ha cumplido 15 años; hoy se ha quedado corto. Muchos de sus autores siguen en la brecha periodística y en la injuria, a lo que añadimos el gusto por la fruta como maledicencia permanente. No olvido al faro de la derecha, Aznar, por su sutileza al decir que gobierna una banda de delincuentes y de los bajos fondos.

Felipe González le mira arrobado, habla y exaspera a sus viejos seguidores. Al exsocialista, poco fino, le parece largo el acrónimo LGBTIQ+. Quizá le incomodaría menos volverlos al prontuario de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tal vez olvidó el artículo 10 de nuestra Constitución; recordamos a González, quien recurría a don Manuel Azaña, lo que dijo sobre la Constitución del 31: “Se votó para cumplirla todos en su espíritu y su letra, no para someterla a una experimentación personal”.

Corrió a señalar que había más de 28.000 muertos en el terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Necesita estar en el candelero? Ya había estimado el Servicio Geológico de EEUU la terrible cifra de entre 10.000 y 100.000. ¡Cállese, Sr. González!

A beneficio de inventario. ¿Son inapelables las sentencias de la Sala Segunda del Supremo? Hay críticas tanto a nivel nacional como internacional. Leer La democracia amenazada, de Baltasar Garzón, arroja luz, mucha luz.

_________________

 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.