Todo es el espejo de todo, y más en estas sociedades ultraconectadas. El deporte también, y más el fútbol, que es el más popular; y más ahora, en plena disputa del Mundial; y todavía más en España, donde lo vivimos pegados al televisor porque dicen los que entienden de esto –o sea el noventa y nueve por ciento de la población, o eso cree ella– que, sin ningún género de dudas, nos encontramos entre los favoritos. Ya saben, el tiki-taka, y todo eso. Sin embargo, en estos tiempos de todos los demonios pocos ven en esto un rango a medio camino entre lo saludable y lo filosófico, mente sana y cuerpo sano, sino más bien un negocio de muchos ceros a la derecha y, en algunas ocasiones, las peores, un terreno a conquistar por la política, que tal y como está el patio, cualquier cosa que toca la convierte en enfrentamiento: la polarización es la polinización con más aguijones.

Lo que hizo el otro día desde el balcón municipal de su ciudad el portero del Sabadell, en la fiesta de celebración del ascenso de su equipo, incitar a la gente a llamar hijo de puta a coro al presidente del Gobierno, deja claras dos cosas: que al muchacho le sobrará talento para detener pelotas pero le falta educación para hablar en público, y que los mensajes de odio, esos que lanzan, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando con su famoso “me gusta la fruta” convirtió un insulto soez e indigno de su cargo en un chiste, o la ultraderecha en su conjunto, con su continuo ataque racista a los inmigrantes, terminan así, en manos de un gracioso que quiere un aplauso fácil. Siembran veneno y el aire que respiramos se vuelve dañino. La prioridad nacional, enfatizan, tal vez porque son duros de corazón pero también de mollera y no tienen quién les explique que el país se hundiría en diez minutos sin el trabajo que aporta esa gente que no sólo busca un lugar decente donde vivir, sino que lo hace mejor.

Los patriotillas de pacotilla no quieren, sin embargo, un país mejor, sino que sea suyo y que otros curren por ellos, aunque, eso sí, sin derechos, por eso los abascales cabales exigen quitarles la atención sanitaria universal, que vayan a urgencias pero no a las consultas, y Ayuso no quiere facilitarles el abono transporte, que vayan andando. Ahí van, cada vez más fascistas de imitación y malos de bote, repartiendo las octavillas de su prioridad nacional, España para los españoles, al modo de Trump y su “América primero”, que ya hemos visto cómo acaba, de rodillas ante Irán y con un peaje en Ormuz, que es menos estrecho que él.

El último intento de provocar un escándalo resulta significativo: la estrella de la selección, Lamine Yamal, celebró su gol a Arabia Saudí besando el suelo y en postura de rezo musulmán, lo que los mismos de siempre han interpretado como una provocación y una falta de respeto. Curioso, en una nación constitucionalmente aconfesional donde el catolicismo tiene el monopolio de la fe y recibe más ayudas que cualquier otra creencia. Pero a algunos les molesta que Yamal, que es tan español como ellos, ni un milímetro menos, tenga las suyas y cada vez que anota un tanto haga un signo con los dedos que es el código postal de su barrio, ese lugar que los xenófovox calificaron de “estercolero.” Por fortuna el fútbol, hoy en día tan cóctel de nuestros tiempos, refleja tan bien la realidad como cualquier otro espectáculo de masas. Y los espejos, ya lo dijo el filósofo Lichtenberg, no inventan nada y, por lo tanto, “no se puede reflejar en ellos igual un sabio que un burro.” Más claro, agua.

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

Las reacciones de Abascal y Feijóo se suman a las de otros referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha, que han celebrado la victoria de De la Espriella como un nuevo avance del bloque conservador. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, que felicitó al candidato colombiano y presentó su triunfo como una victoria de la “libertad económica”, la “prosperidad” y la “seguridad implacable”.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2,84%) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

"A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos", afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá "vencedores ni vencidos" y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: "Seré el presidente de todos los colombianos". Desde Barranquilla, De la Espriella afirmó que "en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros".

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó el líder de Defensores de la Patria.

El futuro presidente aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y la dignidad nacional. "Mi propósito será ganarme su confianza con resultados y no con discursos; con hechos y obras, no con promesas", añadió De la Espriella.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", señaló ante un público entregado.

"Sí, podemos reconstruir la república, gobernar con cero corrupción, sin lugar para la politiquería, para volver a lo que hay que ser: una nación respetada. Sí podemos convertir a Colombia con el apoyo y el fervor del pueblo y la ayuda de Dios en una patria milagro", expresó el líder de ultraderecha.

En cuanto de la seguridad, uno de los temas más urgentes que deberá enfrentar el nuevo Gobierno, el ultraderechista advirtió que no habrá zonas vedadas porque "la autoridad de la República volverá hacerse sentir en todo el territorio nacional".

En ese sentido el ultraderechista sentenció que no "habrá criminales impunes ni intocables", y no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley, en referencia a la política de paz total que impulsó el Gobierno de Petro.

"A los narcotraficantes, terroristas secuestradores, extorsionistas y corruptos que se roban los recursos del pueblo les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener Gobierno y Estado", dijo.

De la Espriella, que en la campaña tuvo el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si se confirma su victoria en el escrutinio, se convertirá en un jugador clave para garantizar "la libertad del continente".

"A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable, volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad", dijo.

Añadió: "Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

De la Espriella ya fue felicitado y recibió el respaldo de otros líderes de derecha de la región como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Raúl Mulino, con quienes se espera que tenga relaciones cercanas.

La jornada estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59% del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin embargo, el cierre de la votación no disipó completamente la tensión política acumulada durante tres semanas de campaña marcadas por acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción, cuestionamientos al sistema electoral y advertencias sobre posibles protestas posteriores a los comicios.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, el presidente Petro, que hasta ahora no ha aceptado el resultado de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, señaló que aceptará el resultado definitivo de la segunda una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Petro también dejó abierta la posibilidad de reconocer una victoria de De la Espriella si así lo confirman los escrutinios, aunque denunció supuestas irregularidades y pidió a sus seguidores acompañar la revisión de las actas.

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo una llamada a la tranquilidad y recordó que el resultado oficial surgirá del escrutinio realizado por jueces y notarios, un proceso que comenzó inmediatamente después del cierre de las urnas y que debe concluir esta misma semana.

En una resolución sin precedentes que amplía una vez más los límites de la regulación democrática de los medios de comunicación en Francia, la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha dictado un requerimiento formal a la cadena de noticias CNews, propiedad del magnate ultraderechista Vincent Bolloré, para que corrija de inmediato el “desequilibrio estructural" de sus emisiones si no quiere enfrentarse a la vía sancionadora, que contempla multas económicas millonarias o la revocación definitiva de su licencia para emitir.

La vía elegida, que en francés se denomina “mise en demeure” (“carta de emplazamiento”) es una orden jurídica mediante la cual una autoridad exige oficialmente a una persona o empresa que corrija un incumplimiento legal en un plazo determinado, funcionando en la práctica como un último aviso legal. 

En el ámbito regulatorio de los medios de comunicación, no constituye una sanción económica inmediata ni la pérdida de derechos, pero sí un paso administrativo obligatorio e indispensable para dejar constancia de la infracción. De este modo, si el operador decide ignorar la orden y reincidir en su conducta, la autoridad queda plenamente facultada por la ley para activar la vía disciplinaria dura e imponer multas millonarias, suspender emisiones o, en el caso más extremo, revocar de forma definitiva la licencia para emitir. 

La decisión, anunciada formalmente este lunes tras una denuncia de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) —el origen del procedimiento también es muy relevante—, se basa en una exhaustiva investigación que se inició en marzo de 2025. Tras visionar más de 146 emisiones y un total de 168 horas de programación, la Arcom ha acreditado que la señal propiedad de Bolloré ofrece un tratamiento “unívoco” y carente de contradicción real en la inmensa mayoría de sus debates de actualidad.

El informe del regulador concluye que tres cuartas partes de las secuencias analizadas exponen exactamente el mismo punto de vista. Según la Arcom, en la parrilla de CNews los hechos objetivos han pasado a ocupar un plano “secundario”, quedando fagocitados por mesas de opinión donde las escasas posturas discrepantes son tratadas de forma “aislada” o sufren una desvalorización sistemática.

La resolución detalla que los propios presentadores actúan como “prescriptores de la opinión que se debe adoptar”, limitando activamente el tiempo de intervención de las voces discordantes. El análisis del organismo identifica una hiperconcentración editorial y un sesgo permanente en varias temáticas clave. 

La inmigración y la seguridad son abordadas bajo una insistente relación causa-efecto para sostener discursos sobre el aumento de la delincuencia. La religión musulmana es retratada de manera recurrente como una “amenaza” global para el modelo social francés. 

La guerra en Ucrania se aborda a través de coberturas monográficas orientadas fundamentalmente a erosionar y criticar la ayuda internacional prestada por el Gobierno de Emmanuel Macron. El partido de izquierda La France Insoumise (LFI) es objeto de duros ataques en plató sin que se le conceda el derecho de réplica correspondiente. Y el tratamiento de la condena judicial a Marine Le Pen fue presentado formalmente por CNews como un “golpe de Estado judicial” o un “déni démocratique” (denegación democrática), silenciando cualquier interpretación jurídica alternativa.

Con esta medida, la Arcom aplica de forma pionera la jurisprudencia histórica del Consejo de Estado impuesta en 2024. Aquella sentencia determinó que el pluralismo no puede medirse únicamente de forma cronométrica —contando los minutos de palabra otorgados a los partidos políticos en base a sus resultados electorales—, sino que el supervisor está obligado a fiscalizar el equilibrio real en la diversidad de corrientes de pensamiento y opiniones que se muestran al público.

Esta resolución sitúa a CNews ante el escenario de castigos más severo de su historia. La cadena ya acumulaba un abultado historial de sanciones por parte de la Arcom: en julio de 2024 fue multada con 80.000 euros; en noviembre del mismo año recibió dos penalizaciones de 100.000 y 50.000 euros por falta de contradicción en los programas En quête d'esprit y Morandini Live; y el pasado mes de febrero volvió a ser multada por declaraciones de carácter discriminatorio. Sin embargo, la “puesta en demora” actual activa la cuenta atrás para medidas de mayor gravedad, justo a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas.

Thibaut Bruttin, el director general de Reporteros Sin Fronteras, la entidad cuya denuncia desencadenó la auditoría, ha celebrado el paso dado por el regulador. Según él, la Arcom “ha tocado el fin del recreo” ante una cadena que prioriza el comentario ideológico sobre la información fiable. La ONG mantendrá la vigilancia para exigir nuevas sanciones si el canal no modifica sustancialmente su línea.

Por su parte, CNews ha rechazado de manera tajante los cargos formulados por la Arcom. En un comunicado oficial, la dirección del canal ha calificado la decisión del organismo público de “infracción injustificada” contra la libertad de expresión, el pluralismo del debate y la independencia editorial, y ha anunciado que recurrirá de inmediato la resolución ante la alta jurisdicción administrativa del Consejo de Estado.

La amonestación a la cadena privada coincide en el tiempo con otra resolución de la Arcom dirigida a las emisoras de la radio pública (France Inter y Franceinfo), instándolas a equilibrar la representación diurna del partido ultraderechista Rassemblement National (RN). 

No obstante, colectivos de periodistas y analistas de medios recalcan que ambos expedientes carecen de la misma naturaleza: mientras la radio pública ha asumido un desajuste temporal y de carácter técnico en el minutaje de los partidos políticos, el expediente de CNews responde a un modelo de negocio y de intervención cultural sistemático y duradero.

CNews pertenece al grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, una de las mayores fortunas globales. El magnate, conocido por utilizar su emporio mediático (que incluye Canal+, Europe 1, Paris Match o la editorial Hachette) como plataforma de difusión de las tesis de la extrema derecha francesa, mantiene también una relevante presencia estructural en España. 

A través de Vivendi, Bolloré es el segundo accionista de Prisa con el 11,8% del capital y cuenta con un asiento en su consejo de administración, una posición estratégica sobre medios clave como el diario El País y la Cadena SER que mantiene en alerta al sector de la comunicación y al panorama político español.

Estoy leyendo un pensamiento escrito que encaja en los momentos actuales: "El dandismo aparece sobre todo en las épocas de transición, cuando la democracia no es aún todopoderosa y la aristocracia sólo en parte está degradada y tambaleante. En la anarquía de esas épocas, algunos hombres desclasados, hartos, ociosos, pero todos ricos en fuerza nativa, pueden concebir el proyecto de fundar un nuevo tipo de aristocracia...". "El dandismo es el último destello de heroísmo en las decadencias" (C. Baudelaire, El dandy, 1863).

Los dandis provienen de sectores trabajadores, pero se apropian de las normas aristocráticas y constituyen parte de la raíz del fascismo. Se aúpan en clases trabajadoras, incluso humildes e ignorantes, a las que engañan prometiéndoles que serán admitidas en sociedad o que entrarán en el reino de los cielos, utilizando para ello falsos predicadores evangélicos. Es, en parte, la explicación del trumpismo, que se acompaña de personajes como Marco Rubio —desclasado de origen cubano— y que se extiende por el mundo con un discurso que une a descamisados, a una burguesía venida a menos y a rencorosos que se consideran abandonados.

Mussolini, Hitler y Franco fueron, sin duda, los máximos líderes que se aprovecharon de esa ideología del rencor, utilizando nacionalismos, purezas de raza, falsas religiones —que prometen cielos a descamisados— y crisis económicas no resueltas por líderes mediocres de las democracias. Trump, Milei y Bolsonaro, entre otros, y en nuestras latitudes Ayuso o Abascal, aparecen como fieles seguidores. Saben que su discurso demagógico y populista engorda un ejército de seguidores que, como hooligans, abrazan su falsa religión. "Hay que destruir al contrario por cualquier medio...", vino a decir Tellado, fiel acólito de Feijóo, envueltos ambos en el dilema de presentarse como moderados y, a la vez, contaminarse de ese discurso ultra que creen que les dará votos. Todo vale. Desde asaltar el Capitolio estadounidense, igual que hicieron los bárbaros entrando en Roma, hasta desacreditar el Parlamento y al Ejecutivo legalmente constituido, desvirtuar la función del Senado o utilizar instituciones tan importantes en una democracia como la justicia.

La mentira es su bandera para convencer o crear dudas en el ciudadano incrédulo. Saben que las dudas engrosan la abstención que les facilitará una victoria. ¿Qué quedará después? La nada. El poder que debería ejercer la buena política al servicio del ciudadano será sustituido por el poder de las finanzas, que desean transformar la res publica en una empresa. Primero, los patrios que besen banderas; los sajones antes que los mestizos; el Gobierno de Netanyahu exterminando a los palestinos. Fuera impuestos, que cada cual se las apañe. Los ciudadanos pasarán a ser clientes —o súbditos— obedientes y temerosos. Temerosos ante el peligro del asesinato civil mediante el descrédito social, ante imputaciones nunca probadas; ante la imputación judicial que lleva consigo la culpabilidad antes de ser juzgado, con gran difusión de una prensa regada con dinero público y que actúa como cuarto poder.

Son momentos muy preocupantes, no sólo por este movimiento ultra que nos asola como una peste, sino también —y esto es más preocupante— por la parálisis de un mundo que presume de demócrata, culto y con valores, pero que se limita a mirar por la ventana. La masacre y el genocidio de Gaza, la actual invasión del Líbano por el sionismo, las salvajes guerras fratricidas de Sudán, Siria, antes Libia, Ucrania o tantas otras lindes así lo atestiguan. Un mundo mudo. Las potencias que deberían cortar con firmeza tanta muerte y tantos crímenes juegan al ajedrez esperando que caiga la torre. La nueva Contrarreforma mundial está ganando la partida. Ya se han encargado de desprestigiar o anular los organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial para salvaguardar la paz. Tiene el camino libre, a menos que surja algún movimiento ciudadano que lo impida. Difíciles momentos. EEUU, como imperio en crisis, impone su ley del Oeste: "el que saque primero mata". Europa, sin norte, anda perdida. La Rusia de Putin es capitalista y quiere reconquistar su pasado imperial. China observa: es Confucio y no Aristóteles. Momentos difíciles.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

El domingo por la tarde, un joven de Vila de Gràcia (Barcelona) "antifascista e independentista" fue apuñalado por un "fascista español de 52 años", según denuncia el grupo al que pertenecía, Eskapulats –aficionados del Club Esportiu Europa–, a través de un comunicado. El autor de los hechos fue detenido y se investiga si detrás de la agresión hubo motivos ideológicos. "Todo intento de blanquear la motivación ideológica del agresor, de mentir sobre el origen del intento de asesinato y de generar dudas sobre el contexto, nos encontrará de cara e iremos hasta donde sea necesario para preservar la verdad", sostiene el grupo.

Los delitos de odio por motivaciones ideológicas han crecido un 63,95% en el último año, siendo los terceros más frecuentes según el registro confeccionado anualmente por el Ministerio del Interior. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho público este miércoles el Informe de Evolución de los Delitos e Incidentes de Odio, relativo a 2025. La estadística más reciente confirma el peor de los escenarios: los delitos de odio han aumentado un 23,63% en un año, alcanzando el máximo histórico. Y a la cabeza, tres categorías: el racismo, la LGTBIfobia y la violencia por motivos ideológicos.

El análisis elaborado por el Ministerio del Interior diferencia entre hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que llegan a las autoridades, y los hechos esclarecidos, que pasan a ser considerados como tal cuando la investigación avanza y arroja luz sobre los acontecimientos. 

Las víctimas de este tipo de delitos son mayoritariamente hombres (62,34%), pero quienes ejercen la violencia también (78,49%). La mayoría son españoles. La violencia se expresa a través de amenazas, lesiones y humillaciones, pero también toma forma de injurias, trato degradante y coacciones. Casi siempre sucede a la vista de todos: más de un tercio de los delitos denunciados se produjo el año pasado en la vía pública.

El racismo y la xenofobia son las categorías más frecuentes en suelo español, en un contexto de rearme ideológico por parte de la extrema derecha y propagación de discursos que sitúan a las personas migrantes como máximo enemigo. Vox ha monopolizado esa estrategia, pero la derecha ha decidido ponerse de perfil y dar carta blanca a narrativas racistas, especialmente en lo que respecta al proceso de regularización de migrantes.

El año pasado, las autoridades tuvieron constancia de 934 delitos de odio de carácter racista, lo que supone el 42,95% del total de hechos conocidos. Son, con diferencia, los más habituales. 

Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, lamenta que la violencia contra las personas migrantes haya sido tradicionalmente una realidad invisible para los ojos de la mayoría social. "Venimos denunciándolo desde hace muchos años, pero no nos tomaban en serio", asiente en conversación con este diario.

La activista enseguida pronuncia el nombre de Haitam Mejri, porque la violencia que recae sobre grupos vulnerables va más de nombres que de cifras. El joven falleció a finales de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y once descargas eléctricas. "Métele más táser", gritaron los agentes. El juzgado terminó por archivar la investigación el pasado mes de abril. 

Para Cabrera, ahí está uno de los grandes problemas que soportan las personas migrantes: el racismo en el corazón del sistema. "La Policía violenta sistemáticamente a las personas migrantes y no existe justicia al respecto, ni responsabilidad, ni reparación", sostiene. Una violencia estructural y sistémica que "afecta a toda la ciudadanía, como hemos visto en València". 

El miércoles pasado, una joven denunció haber sido insultada y atacada por tres hombres desconocidos mientras caminaba por las calles de Pontevedra. "Bollera de mierda, tu abuela debe estar contenta", lanzaron los agresores, momentos antes de arremeter contra ella golpeándola con una botella. La víctima cayó desplomada al suelo y apenas recuerda cómo pudo librarse de los golpes.

Es uno de los muchos casos de violencia extrema que sufre la comunidad LGTBIQ+, uno de los principales colectivos en los que ponen el foco los divulgadores de odio que buscan trasladar la violencia a las calles. El balance de Interior se hace eco de 571 incidentes de odio de esta tipología el año pasado, el segundo grupo más numeroso.

"No solo hay una enorme infradenuncia, sino que el proceso de investigación es muy penoso para la víctima y muchas veces ni siquiera es reconocida como tal". Habla Toño Abad, presidente del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia. Los datos del ministerio, comenta al otro lado del teléfono, incluso siendo parciales como consecuencia de la escasa tasa de denuncia, evidencian un incremento sostenido en el tiempo de los ataques.

"Se ha instalado un discurso en las instituciones que ha permeado en determinadas capas de la sociedad" y que está siendo difundido gracias a la complicidad de las redes sociales y los pseudomedios, analiza el activista. Pero, además, una vez se materializa la violencia, los engranajes del sistema no son capaces de reparar el daño. "Constantemente se cuestiona a las víctimas y sobre todo se pone en duda el carácter homófobo de determinadas agresiones", lamenta Abad. A esto se suma una estrategia en alza: las denuncias cruzadas. "Vemos que muchos agresores denuncian a sus víctimas para victimizarse en el proceso, algo absolutamente intolerable" y que tiene un efecto disuasorio para quienes verdaderamente sufren en sus carnes la violencia.

Algo similar ocurre con las víctimas de violencia ideológica, con casos en los que no solo operan las denuncias cruzadas como estrategia de los atacantes, sino que están también atravesados por una narrativa que los sitúa como meras reyertas entre grupos radicales, una equiparación funcional a los agresores que sitúa al mismo nivel la violencia ultra y la autodefensa antifascista.

La violencia política que recae sobre quienes militan en movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas ha pasado tradicionalmente desapercibida en la agenda política y mediática. Pero las agresiones por motivos ideológicos han estado siempre presentes en las calles. Son, según los datos oficiales, el tercer tipo de delitos de odio más frecuentes en el país. En total, las autoridades han registrado 241 hechos vinculados con esta forma de violencia. 

En el proyecto Crímenes de odio se encuentran los nombres de Carlos Palomino y Guillem Agulló como columna vertebral del análisis en torno a los crímenes ideológicos que han marcado a generaciones. Lo sabe bien Miquel Ramos, periodista y coautor de esta herramienta que clasifica, visibiliza y documenta casos específicos de violencia contra distintos colectivos. 

Igual que el grueso de los expertos consultados, el investigador coincide en que "la mayoría de delitos que se cometen no se denuncian", por lo que las cifras oficiales nacen sesgadas. "Muchas veces ni siquiera se recoge el agravante de odio y otras tantas queda a criterio de la Policía", con los riesgos que esa arbitrariedad entraña. En España pueden tener la consideración de delitos de odio actos organizados contra grupos fascistas y así ha sucedido en diversas ocasiones, "llegando a considerar víctimas a nazis", lo que demuestra que "la interpretación de esta tipología tiene muchas lagunas".

Para Ramos, si existe una voluntad real por perseguir a quienes ejercen violencia, debe existir también el compromiso firme de frenar a aquellos que la alientan. "No es raro escuchar que han detenido a un tuitero, pero los mayores difusores de los discursos de odio son políticos o medios de comunicación". Y en ese terreno pantanoso, zanja el entrevistado, impera de nuevo la impunidad y la inacción.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

“Si Juanma Moreno quiere ser investido presidente, tiene que aceptar la prioridad nacional”. La frase no es de ningún dirigente de Vox, sino una opinión casi unánime entre sus compañeros del Partido Popular. El hecho de que el presidente andaluz perdiera la mayoría absoluta este domingo, le fuerza a negociar con la extrema derecha si quiere seguir al frente de la Junta de Andalucía. Aunque en el PP creen que Moreno tiene posibilidades de seguir gobernando en solitario, también consideran que debe aceptar a cambio de introducir la “prioridad nacional” de Vox en los acuerdos porque es lo mismo que han hecho la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón y previsiblemente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las próximas semanas.

Con todo, en la dirección nacional del PP dejan que sea el presidente andaluz quien marque los tiempos y lidie con Vox. La fórmula que trasladan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo es que "Juanma consiga el mejor Gobierno posible" y que “hasta que no se hable de coaliciones, Génova no va a entrar", resumen en la sede nacional. Es más, el lugarteniente de Feijóo, Miguel Tellado, únicamente se implicaría si finalmente los de Santiago Abascal decidieran entrar en el Ejecutivo como condición sine qua non. Por ahora, no lo están reclamando y se centran en negociar “política a política”, descartando una abstención.

Este lunes, antes de entrar en la Junta Directiva Nacional del PP, Moreno defendió que el resultado es "lo suficientemente contundente" para que lo "sensato" es respetar que el PP gobierne "en solitario", tras haber obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. A su juicio, eso le da un "margen de maniobra para gobernar en solitario” si bien también concedió que la “dinámica parlamentaria” le obligará a buscar acuerdos. Desde la sede nacional de Vox, Ignacio Garriga alejaba cualquier debate sobre la entrada a un futuro gobierno de coalición, pero insistía en que la “prioridad nacional” ha de estar en la negociación.

Minutos antes, Moreno avisaba de que solo aceptaría la "prioridad andaluza", aunque situaba la repetición electoral como "el último de los recursos". El andaluz no cerró la puerta a negociar con Vox sobre su propuesta estrella en campaña, que en la práctica implica priorizar a los españoles a la hora de acceder a ayudas en cuestiones como la vivienda. Durante las pasadas semanas, el candidato del PP redujo la "prioridad nacional" a un "eslogan un poquito hueco" que Vox cree que "le funciona" y sostuvo que algunas propuestas eran "irreales" y otras "ilegales", y garantizó que el PP "nunca" vulneraría la Constitución ni ninguna ley.

Sus compañeros de partido, sin embargo, tienen claro que lo de la “prioridad nacional” es un “concepto político” sin mayor recorrido jurídico que el andaluz debe aceptar y así se lo han trasladado en privado, según explican fuentes conservadoras. En Génova también están convencidos de que esta cuestión no “les hace perder ni un voto” y que la clave está en “rebajar” la presión de los ultras ofreciéndoles algunas victorias morales, como esta.

La más clara en público fue Guardiola, que destacó a su llegada a la sede nacional que "Moreno ya tiene medidas y ayudas que priorizan el arraigo" y le restó importancia a la propuesta estrella de Vox, que ella misma ha asumido. "Yo no he oído a Juanma criticar lo que hemos firmado", que "vale para toda España", añadió. Azcón, por su parte, señaló que es Moreno el que “tiene que gestionar” el “magnífico resultado obtenido”.

El presidente nacional del PP no hizo alusión alguna a Vox en su discurso en abierto, pero sí trasladó al barón andaluz todo su apoyo. Asimismo, aseguró que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se lo han dicho ya con distintos "acentos", en alusión a las victorias del PP en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas. Sin embargo, en todas ellas el PP ha aumentado su dependencia de la extrema derecha.

El discurso de Feijóo acompañaba al mensaje de la lona desplegada en la fachada principal de Génova, donde se podía leer: "El cambio está más cerca". Una lona que el PP encargó hace días y que contrasta con la mayoría insuficiente obtenida por el barón andaluz. En relación a ese eslogan, Feijóo habló de "un cambio exigente, ambicioso y con certeza” y, a puerta cerrada, pidió a los suyos “afrontar la campaña nacional” y “organizar el partido”.  Con eso en mente, Génova ha convocado el congreso del PP en Cataluña y el de Nuevas Generaciones, que se celebrarán el 27 de junio y el 11 de julio respectivamente. Sin embargo, Feijóo ha evitado poner fecha a otro congreso pendiente, el del PP valenciano.

Vox, mientras tanto, ya ha empezado a enfriar los deseos de Moreno. La formación de Abascal evita, por ahora, exigir de entrada una coalición, pero tampoco se conforma con facilitar gratis la investidura. Su secretario general marcó este lunes una negociación por fases: primero las medidas, después cómo financiarlas y, sólo al final, quién debe ejecutarlas. "Vamos a negociar medida a medida, política a política", resumió Garriga. Entre esas exigencias situó la "prioridad nacional", el fin de lo que Vox llama "inmigración masiva", la educación, la seguridad, la reducción de impuestos y el "sentido común". 

El número dos de Vox también dio por hecho que Moreno tendrá que sentarse a negociar y acabará aceptando la "prioridad nacional" bajo la premisa de que otros dirigentes territoriales del PP ya lo han hecho. "Lo han asumido todos los líderes regionales del PP, luego estoy convencido de que Moreno Bonilla no va a tener ningún impedimento en hacerlo si sus compañeros en las otras regiones han asumido este principio político", sostuvo el ultraderechista.

Otros dirigentes del partido como Javier Cortés, gerente nacional y cabeza de lista por Sevilla, llegó a afirmar en Canal Sur que no pedirían "sillones", vicepresidencias ni consejerías, sino un cambio de políticas. Pero Garriga no cerró la puerta a una entrada posterior en el Ejecutivo y aplazó esa discusión a "otra pantalla". "Medida a medida, política a política", resumió, antes de subrayar que Vox actuará "con mucha humildad, responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad". 

La presión sobre Moreno nace de la cadena de precedentes autonómicos. Tanto Guardiola como Azcón acabaron aceptando un acuerdo con Vox que incorporó la "prioridad nacional" a la vivienda protegida, el alquiler social, las ayudas y las prestaciones públicas. En los documentos, aparece como la "asignación prioritaria de los recursos públicos" a quienes acrediten "arraigo real, duradero y verificable" en el territorio, aunque Vox lo interpreta como  una puesta en marcha de su eslogan racista de "los españoles primero".

El Congreso decidió no esperar más y este miércoles el órgano de gobierno de la Cámara tomó la decisión de suspender de manera cautelar las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, candidato de Se Acabó La Fiesta (SALF) en las europeas y exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid respectivamente. Ambos acumulan varios expedientes por grabaciones no autorizadas, interrupciones en ruedas de prensa y hostigamiento a diputados y periodistas que están a punto de resolverse, pero la Mesa del Congreso prefirió atajar cuanto antes estos comportamientos para "proteger los intereses y derechos" de políticos y periodistas ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia" en la Cámara.

Según explican fuentes de la Mesa, se aplica la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas de manera inmediata "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación". Una resolución que tiene efectos inmediatos, que implica que ni Quiles ni Ndongo puedan entrar en la Cámara una vez que se les notifique formalmente. Fuentes de la Mesa explican que la suspensión cautelar se aplica "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole.

La retirada no tiene en cuenta la propuesta del letrado instructor, Pedro José Peña, que considera acreditadas las infracciones investigadas. Fuentes parlamentarias daban por hecho que la decisión se adoptaría esta misma semana, pero esos informes no se analizaron en la reunión de este miércoles, por lo cual no se ha podido aprobar aún una sanción definitiva. En el caso de Ndongo, el instructor discrepaba de las sanciones propuestas por el Consejo Consultivo y, aunque admitía que es una sanción grave, la rebajaba a leve y únicamente abogaba por retirarle la acreditación un máximo de diez días.

La Mesa entiende que tiene capacidad de echarles provisionalmente hasta que se resuelvan los primeros expedientes — previsiblemente la semana que viene o la siguiente— ante el aumento del número de episodios violentos que está habiendo. Aunque hay que hay que ir renovando esta medida cautelar, en la práctica es indefinida "porque PSOE y Sumar están de acuerdo en renovarla" explican fuentes parlamentarias. "La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia", añaden fuentes del órgano de gobierno.

Hay tres informes cuya tramitación está más avanzada, dos contra Quiles y uno contra Ndongo, por infracciones tipificadas como graves. El caso de Quiles se refiere a dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional, y después otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. 

El letrado considera probado que el que fuera candidato de SALF cometió dos infracciones graves del artículo 98 del Reglamento del Congreso: grabar sin permiso y publicar en redes sociales unas imágenes "obtenidas ilícitamente” y propone sancionar con hasta tres meses de retirada de acreditación, pero únicamente por la grabación a Zapatero. El informe, sin embargo, propone exonerar a Quiles en el caso de Sánchez porque "no se puede probar con certeza" que el agitador realizara esa grabación, desoyera a los trabajadores del Congreso que le advirtieron de de su conducta ni que publicara después esas imágenes en sus redes sociales. Así, el instructor concluye que "no procede imponer ninguna sanción”.

Por su parte, el expediente de Bertrand Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. Pero el instructor discrepa y considera que la “brevedad” de la interrupción y “el desistimiento del expedientado en su conducta obstructiva” atenúan “la gravedad de la infracción”.

Quiles acumula otros seis expedientes de queja por incidentes en la Cámara, según las fuentes consultadas por infoLibre, y Ndongo suma al menos otras dos denuncias. Entre los hechos más recientes figuran la denuncia del PSOE por un vídeo grabado desde un despacho del PP para atacar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el incidente de Ndongo con la diputada Aina Vidal, a la que insultó en rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso. 

El artículo 98 del Reglamento del Congreso tipifica como infracciones graves la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados, la publicación de material obtenido vulnerando el reglamento y la obstrucción o interrupción de ruedas de prensa. También considera muy graves los insultos, las descalificaciones, los atentados contra la dignidad de otras personas y la grabación en despachos o zonas reservadas a grupos parlamentarios, como es el caso de las dos denuncias presentadas recientemente.

El Reglamento del Congreso castiga las infracciones leves con un apercibimiento y, en su caso, con la suspensión de la credencial durante un máximo de diez días hábiles. Las graves se sancionan con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. Las muy graves pueden implicar una retirada de entre tres meses y un día y tres años, o incluso la revocación definitiva. Si se acreditan nuevas infracciones graves en el plazo de un año, el reglamento permite elevar la calificación a muy grave por reiteración, lo que abriría la puerta a suspensiones mucho más prolongadas o incluso a la revocación definitiva de la credencial.

En la categoría de las infracciones leves sólo encajan dos conductas, la de omitir información requerida al pedir la acreditación o la de acceder sin autorización a espacios comunes del recinto parlamentario. La interrupción de una rueda de prensa, como la que protagonizó Ndongo, figura en cambio entre las infracciones graves. Pero el instructor propone aplicar la sanción del escalón inferior al apreciar atenuantes: la brevedad del incidente, el desistimiento del expedientado y el hecho de que la comparecencia continuase después sin anomalías.

Esta retirada cautelar de la acreditación llega meses después de que se produjeran los primeros altercados. Los letrados, según explican fuentes parlamentarias, han actuado con cautela por tratarse de una materia sensible, situada en el cruce entre la libertad de prensa, el derecho a la información y el funcionamiento normal de la Cámara. La reforma buscaba evitar que se repitiera la situación que permitió al Tribunal Supremo anular en 2019 la expulsión temporal de un redactor de okdiario que se había colado en el despacho de la entonces portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. El Alto Tribunal entendió que esa conducta no estaba tipificada en el reglamento y ordenó que se le devolviera la acreditación.

La decisión llega, además, en plena batalla sobre los límites entre periodismo, el activismo y el acoso. La derecha votó en contra de la reforma del reglamento y el Partido Popular se ha alineado en varias ocasiones con Quiles — que participó en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón— , pese a los incidentes acumulados. La mayoría de la Mesa, en manos del PSOE y Sumar, defiende que la medida no castiga preguntas incómodas ni opiniones críticas, sino comportamientos que impiden trabajar a diputados, trabajadores de la Cámara y periodistas acreditados. Para la Cámara Baja, la decisión de este miércoles permite cumplir con el reglamento modificado hace meses para impedir que una acreditación de prensa funcione como salvoconducto para el hostigamiento político.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 puso pegatinas de esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

La guerra no es indiferente ni a la ultraderecha. Como canta Ana Belén, “es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”. Incluso la de aquellos que creyeron que Vox venía a devolverles la seguridad y el orden, como Dios manda. Tanto es así que varias encuestas –aunque no todas– ven ya un frenazo en la intención de voto a los ultras en toda Europa. Cuando escribo estas líneas, en Hungría se puede estar poniendo punto final al mandato de Orbán. Aunque esto no se confirmara por las dificultades que él mismo ha establecido para impedir que otros lleguen al poder, las movilizaciones de estos últimos días muestran que algo se mueve en el fondo de la sociedad húngara. También en EEUU la popularidad de Trump sigue en fase descendente, y hasta el movimiento MAGA se ha escindido al escuchar al presidente junto a un conejo de Pascua anunciar que iba a aniquilar toda una civilización.

En este contexto, y en un mundo donde todo está conectado, Vox sigue deshojando la margarita de qué hacer en Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Facilitará la formación de gobiernos autonómicos, entrará a formar parte de ellos o se arriesgará a una repetición electoral? ¿Cuánto están dispuestos a cobrar los ultras y cuánto a pagar el Partido Popular?

Si la guerra en Irán no hubiera estallado, Vox no tendría ningún incentivo para facilitar la formación de gobiernos. Seguía avanzando cabalgando a lomos de su pretendida identidad antisistema, la misma que le hace ser especial, diferente, falsamente auténtico a los ojos de sus electores. ¿Para qué mancharse gobernando, gestionando con otros y por tanto dejándose pelos en la gatera, apoyando a los mismos que luego acusa de ser los socios del sanchismo en Europa?

Pero llegó la guerra y lo cambió todo. Según los datos de 40dB., el 37,8% de los votantes de Vox ven a EEUU como una amenaza y prácticamente los mismos, el 36,5%, consideran que Trump es un peligro. No obstante, según el mismo estudio, los votantes de Vox son los únicos que creen en alguna medida que EEUU e Israel deben proseguir con los ataques a Irán hasta que caiga el régimen islámico. Concretamente, un 33,7%. El asunto no es baladí porque la posición que los ultras tengan hoy sobre la guerra determina la relación con el trumpismo y el resto de la ultraderecha. Meloni lo ha visto claro y se ha desmarcado de forma contundente, pero no así sus amigos españoles. 

Así las cosas, la guerra se cuela en la estrategia que Vox despliega en las comunidades autónomas, debiendo elegir entre mantener su posición antisistema y pro-trumpista –lo que le llevaría a planteamientos de máximos en la conformación de gobiernos autonómicos y a repetir elecciones si fuera necesario– o, por el contrario, dar un giro hacia posiciones más sistémicas facilitando la conformación de gobiernos de los que incluso forme parte, en un intento por limar su imagen antisistema. Esta segunda opción les posibilitaría un buen puñado de cargos públicos, poder vender cierta imagen de utilidad y responsabilidad, pero erosionaría su ADN antisistémico, el mismo que vieron peligrar tras entrar a formar parte de varios gobiernos autonómicos en el verano de 2023 y por lo que salieron apenas un año después.  

En las próximas semanas conoceremos cómo han resuelto el dilema, qué precio han puesto a su apoyo y hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a pagar. No olvidemos que si el apoyo al trumpismo puede pasar alguna factura a Vox, al Partido Popular se la duplica: sus votantes tienen posiciones contrarias a Trump y Netanyahu más cercanas a los electores progresistas que a los de los ultras. ¿Cómo es posible –se preguntarán– que Feijóo no se desmarque de forma nítida de la barbarie que EEUU e Israel están cometiendo? Quizá en la negociación de estos gobiernos autonómicos se encuentre la respuesta, o parte de ella. La altura de miras y las posiciones éticas y morales mejor las dejamos para otro día…

Italia dijo no a la reforma de la justicia de Meloni. Francia no permitió que el partido de Le Pen arrasara en todos los municipios. Dinamarca ha vuelto a dar la espalda a la ultraderecha. Una demócrata, Emily Gregory, arrebató el distrito de Florida –sí, donde su ubica Mar-a-Lago– a los republicanos. Millones de norteamericanos se manifiestan estos días bajo el lema “No kings”, el mejor eslogan que han encontrado para decir “No Trump”. A ellos se han unido movilizaciones en ciudades como Roma o Londres. Las encuestas dicen que Orbán podría perder en Hungría.

Por mucho que la ultraderecha haya conseguido hacer creer que avanza imparable por Occidente, no es cierto. Es importante recordarlo y ponerles ante el espejo, porque los datos son hoy para los ultras como la luz para los vampiros: no, no avanzan imparables. Y lo que es más (y podría ser letal para ellos): funcionan y evolucionan como cualquier otro partido. A veces ganan y a veces pierden, alcanzan el poder en países como Holanda, Austria, Noruega o Polonia, y luego lo pierden, como un partido más. Llegan a los gobiernos autonómicos y salen despavoridos sabedores de que gestionar (algo para lo que han demostrado una incapacidad estridente) les pasa factura electoral. Se enredan en líos internos, acusaciones de autoritarismo y culto al líder y expulsiones, se enfrentan a los tribunales y les condenan por corrupción. Se acabó aquel hashtag tan exitoso que decía #SoloQuedaVOX. 

Es importante constatar esta realidad porque a veces las percepciones se construyen más sobre mitos que sobre realidades y entra a operar el famoso teorema de Thomas, según el cual, "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias"; es decir, que la percepción de una situación, sea falsa o verdadera, determina el comportamiento y produce resultados, por ejemplo, electorales. Así que no lo olvidemos, la ultraderecha no avanza imparable. O lo que es lo mismo, en muchos países se les paró y se les sigue parando.

Constatado esto, llega la pregunta más difícil, la que se ocupa del día después. Porque si imprescindible es la discusión de qué hacer para cortarles el paso a las instituciones, igual o más trascendente es dar respuesta a los motivos que les aúpan. Una vez que la ultraderecha no consigue llegar al poder o es desalojada del mismo, los partidos demócratas no deberían dar la batalla por ganada. De hecho, ahí empieza el principal desafío. Si dichos partidos no son capaces de dar respuesta al descontento, identificando bien las causas y creando procesos para construir las salidas oportunas, la amenaza volverá a tomar cuerpo en la siguiente elección. 

Este creo que es el principal debate que deben afrontar hoy quienes se sienten demócratas, y en especial por la izquierda. Es más, avanzar por este camino es la mejor manera de hacer que los reaccionarios retrocedan. A la ultraderecha se le está parando en las urnas en algunos países –de momento–, pero, ¿qué hacer para desterrarla por completo de nuestras sociedades? 

El “No a la guerra” de Sánchez ha abierto un camino porque ha mostrado que la guerra no es inevitable, que se puede plantar cara al tirano y construir otras alternativas que pasen por defender el mundo basado en reglas (y de paso, quizá, mejorar esas reglas). Lo ha hecho generando confianza en quienes le escuchan y ganando credibilidad en los decepcionados y desencantados. Ese es el camino. Ahora toca recorrerlo también en otras áreas para dar respuesta a los malestares y descontentos por donde crece la ultraderecha.

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha informado este jueves de que el partido liderado por Santiago Abascal le comunicó el pasado lunes una apertura de expediente para expulsarle de la formación, según informa EFE.

A través de un mensaje en X, el ahora presidente del centro de pensamiento Atenea, creado por él mismo, ha explicado que el lunes pasado, sobre las 20:30 horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó elecciones anticipadas. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, añade, Vox le comunica que le abre expediente para expulsarle del partido.

El pasado día 18 un grupo de exdirigentes de Vox, encabezados por Espinosa de los Monteros, difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Abascal en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirmaban los firmantes del manifiesto, entre los que estaban también el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, entre otros.