Agitadores en el Congreso
El Congreso castiga a los agitadores ultras y suspende de manera indefinida la acreditación de Quiles y Ndongo
El Congreso sancionó este miércoles por primera vez a los dos agitadores ultras acreditados tras los expedientes por grabaciones no autorizadas, interrupciones en ruedas de prensa y hostigamiento a diputados y periodistas. Así, la Mesa del Congreso ha decidido retirar temporalmente las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, candidato de Se Acabó La Fiesta en las europeas y exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid respectivamente, una decisión que supone la primera aplicación efectiva del nuevo régimen sancionador aprobado por la Cámara en julio del pasado año para frenar las conductas de acoso, intimidación y obstrucción protagonizadas por estos ultras acreditados como informadores.
Según explican fuentes de la Mesa, se aplica la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas "para decretar una suspensión cautelar que protege los intereses y derechos de diputados y representantes de los medios de comunicación ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia". La medida "aplica inmediatamente y a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación".
La sanción llega tras meses de expedientes, informes y alegaciones, y se apoya en la propuesta jurídica del letrado instructor, Pedro José Peña, que considera acreditadas las infracciones investigadas. Fuentes parlamentarias daban por hecho que la decisión se adoptaría esta misma semana. En el caso de Ndongo, el instructor discrepaba de las sanciones propuestas por el Consejo Consultivo y, aunque admite que es una sanción grave, la rebaja a leve, únicamente abogaba por retirarle la acreditación un máximo de diez días.
La Mesa, sin embargo, entiende que tiene capacidad de echarles provisionalmente hasta que se resuelvan los primeros expedientes — previsiblemente la semana que viene o la siguiente— ante el aumento del número de episodios violentos que está habiendo. Aunque hay que hay que ir renovando esta medida cautelar, en la práctica es indefinida "porque PSOE y Sumar están de acuerdo en renovarla" explican fuentes parlamentarias. "La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia", añaden fuentes del órgano de gobierno.
El letrado avala que son faltas graves pero reduce la infracción a Ndongo
El caso de Quiles se refiere a dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional, y después otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara.
En el caso de Quiles, el letrado considera probado que cometió dos infracciones graves del artículo 98 del Reglamento del Congreso: grabar sin permiso y publicar en redes sociales unas imágenes "obtenidas ilícitamente” y propone sancionar con hasta tres meses de retirada de acreditación, pero únicamente por la grabación a Zapatero. El informe, sin embargo, propone exonerar a Quiles en el caso de Sánchez porque "no se puede probar con certeza" que el agitador realizara esa grabación, desoyera a los trabajadores del Congreso que le advirtieron de de su conducta ni que publicara después esas imágenes en sus redes sociales. Así, el instructor concluye que "no procede imponer ninguna sanción”.
Por su parte, el expediente de Bertrand Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. Pero el instructor discrepa y considera que la “brevedad” de la interrupción y “el desistimiento del expedientado en su conducta obstructiva” atenúan “la gravedad de la infracción”.
Ambos podrían quedarse sin acreditación de forma permanente
Quiles acumula otros seis expedientes de queja por incidentes en la Cámara, según las fuentes consultadas por infoLibre, y Ndongo suma al menos otras dos denuncias. Entre los hechos más recientes figuran la denuncia del PSOE por un vídeo grabado desde un despacho del PP para atacar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el incidente de Ndongo con la diputada Aina Vidal, a la que insultó en rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.
El artículo 98 del Reglamento del Congreso tipifica como infracciones graves la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados, la publicación de material obtenido vulnerando el reglamento y la obstrucción o interrupción de ruedas de prensa. También considera muy graves los insultos, las descalificaciones, los atentados contra la dignidad de otras personas y la grabación en despachos o zonas reservadas a grupos parlamentarios, como es el caso de las dos denuncias presentadas recientemente.
El Reglamento del Congreso castiga las infracciones leves con un apercibimiento y, en su caso, con la suspensión de la credencial durante un máximo de diez días hábiles. Las graves se sancionan con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. Las muy graves pueden implicar una retirada de entre tres meses y un día y tres años, o incluso la revocación definitiva. Si se acreditan nuevas infracciones graves en el plazo de un año, el reglamento permite elevar la calificación a muy grave por reiteración, lo que abriría la puerta a suspensiones mucho más prolongadas o incluso a la revocación definitiva de la credencial.
En la categoría de las infracciones leves sólo encajan dos conductas, la de omitir información requerida al pedir la acreditación o la de acceder sin autorización a espacios comunes del recinto parlamentario. La interrupción de una rueda de prensa, como la que protagonizó Ndongo, figura en cambio entre las infracciones graves. Pero el instructor propone aplicar la sanción del escalón inferior al apreciar atenuantes: la brevedad del incidente, el desistimiento del expedientado y el hecho de que la comparecencia continuase después sin anomalías.
El precedente de okdiario
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Las sanciones llegan meses después de que se produjeran los primeros altercados. Los letrados, según explican fuentes parlamentarias, han actuado con cautela por tratarse de una materia sensible, situada en el cruce entre la libertad de prensa, el derecho a la información y el funcionamiento normal de la Cámara. La reforma buscaba evitar que se repitiera la situación que permitió al Tribunal Supremo anular en 2019 la expulsión temporal de un redactor de okdiario que se había colado en el despacho de la entonces portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. El Alto Tribunal entendió que esa conducta no estaba tipificada en el reglamento y ordenó que se le devolviera la acreditación.
La sanción llega, además, en plena batalla sobre los límites entre periodismo, el activismo y el acoso. La derecha votó en contra de la reforma del reglamento y el Partido Popular se ha alineado en varias ocasiones con Quiles — que participó en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón— , pese a los incidentes acumulados. La mayoría de la Mesa, en manos del PSOE y Sumar, defiende que la medida no castiga preguntas incómodas ni opiniones críticas, sino comportamientos que impiden trabajar a diputados, trabajadores de la Cámara y periodistas acreditados.
La retirada de la acreditación a Quiles y Ndongo no se zanja este miércoles porque quedan numerosos expedientes pendientes de analizar y sancionar. Para la Cámara Baja, la decisión de este miércoles permite cumplir con el reglamento modificado hace meses para impedir que una acreditación de prensa funcione como salvoconducto para el hostigamiento político.
