Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

Veintitrés incendios activos en Cantabria, donde se ha cortado la conexión ferroviaria con la Meseta, y veinte en Asturias mantienen alerta este martes a los servicios de Emergencias de ambas comunidades, en las que el riesgo continúa siendo elevado debido a las altas temperaturas, informa EFE.

En Galicia han quedado estabilizados los principales fuegos, entre ellos el que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y que afectó a 600 hectáreas.

En Cantabria, que registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, se ha suspendido la conexión por tren con la Meseta debido al fuego en Los Corrales de Buelna, que ha obligado a cortar la vía y la catenaria para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción.

El corte afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

Se mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Se prevén condiciones meteorológicas desfavorables para evitar y controlar los fuegos en las próximas 48-72 horas, lo que "favorece la acción de los incendiarios y dificulta las labores de extinción", según el Ejecutivo.

"La madrugada ha sido la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, ha dicho el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.

En Asturias hay 31 incendios forestales, de los que veinte están activos, que afectan a quince concejos y se localizan principalmente en zonas altas, inaccesibles o con muy difícil acceso para los recursos terrestres.

Por ello resultará fundamental el trabajo de los medios aéreos de la comunidad autónoma y los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado.

En la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. El miércoles los 78 concejos se encontrarán en riesgo muy alto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos pero posibilidad de rachas muy fuertes en la cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas, acompañadas de tormentas.

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha pedido al Gobierno del Principado la recuperación del acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas por los incendios forestales para evitar que se pueda obtener "beneficio de quemar un monte".

En Galicia el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado estabilizado tras quemar 150 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en la parroquia de Caión, en A Laracha.

El incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y se extendió por los municipios de Pazos de Borbén y Mos se encuentra también estabilizado tras haber afectado a 600 hectáreas.

El fuego obligó a activar el lunes la situación 2 de emergencia por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén, medida preventiva desactivada pasadas las 23:30 horas.

Dos personas han muerto y al menos dos han resultado heridas este lunes tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York, según publica la CNN a partir de una fuente policial y recoge EFE.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

El accidente se produjo hacia las 23:40 hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según señalan fuentes aeroportuarias.

Jazz Aviation confirmó en un comunicado emitido a primera hora del lunes el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal.  La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar, informó la aerolínea. 

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación. La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes. 

Según la web, Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora -130 millas por hora- momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar. 

El accidente, según la CNN, se produce en un contexto de tensiones en aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país.

Diez incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90% de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras una explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

La persona fallecida es una mujer de avanzada edad, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha avanzado, con toda la precaución necesaria, que no hay personas atrapadas en el lugar.

Sanz se ha desplazado hasta el número 36 de la calle Azcoitia, donde en torno a las 16:15 horas una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha hecho colapsar el forjado del tejado del edificio y derrumbarse sobre la cuarta planta del inmueble. Bomberos, el Samur-Protección Civil, la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplazado efectivos al lugar. 

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital.

La explosión ha causado una afectación importante al edificio y se está comprobando si también al aledaño, al número 38, si bien solo ha sido desalojado el inmueble donde se ha producido la explosión. Aunque tiene aún que valorarse, el suceso ha provocado daños estructurales que, según la vicealcaldesa, podrían obligar a realojar a los vecinos si fuera necesario, por lo que el Samur social se ha desplazado también a la zona. "En estos momentos, con toda la cautela, no hay ninguna persona a la que se eche de menos", ha precisado Sanz.

El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante. Los bomberos evalúan la gravedad de los daños estructurales causados en el edificio y tratan de averiguar las causas de la explosión y si tienen que ver con la presencia de un andamio en la fachada.

Los vecinos del número 34 recibieron este jueves un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36. Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio. 

Carmen, de 90 años, y sus hijos Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56, han perdido la vida la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel, un suceso aparentemente fortuito que ha conmocionado al vecindario.

La madre y sus dos hijos murieron atrapados por las llamas y el humo en el piso de la anciana, donde los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los dos hermanos abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación.

El suceso ocurrió sobre las dos de la madrugada en un tercer piso de la calle Moreno, muy cerca de la Comisaria de la Policía Nacional de Carabanchel, cuyas ventanas dan a la calle María Lejárraga, desde la que este viernes se veían abiertas para ventilar.

Se trata de un bloque de cuatro alturas en una urbanización construida hace unos 20 años junto a otras cercanas similares, en la que viven más de cien vecinos, según han contado a EFE varios residentes.

En un tercer piso de la escalera número 3 de la urbanización vivían Carmen con su hijo Agustín, que tenía una discapacidad, según aseguran varios vecinos, alguno de los cuales apunta que uno de ellos debía de tener un síndrome tipo Diógenes. Estos extremos no han sido confirmados oficialmente, ya que la investigación está muy inicial todavía.

Mari Carmen vino a pasar unos días de vacaciones en Navidad con su madre y su hermano pero la pasada madrugada se desató el incendio que acabó con la vida de los tres por causas que se investigan, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tenían las ventanas cerradas totalmente y una puerta acorazada que a los bomberos les costó abrir, explican varios residentes en la zona, que oyeron ruidos y, al mirar desde sus casas, vieron que eran los bomberos rompiendo los cristales de las ventanas para poder entrar y tratar de salvar a los residentes.

Algunos llegaron a ver las llamas, pero sobre todo vieron mucho humo que afectó a los vecinos del ático que hay encima, quienes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Vecinos de los tres fallecidos han mostrado este viernes su consternación, por ejemplo Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, quien ha explicado a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid, que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

Los tres eran "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con ellas abiertas y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes al lugar, desde donde ha lamentado este trágico suceso, ha transmitido su cariño a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia y de seguridad que, "una vez más, lo han dado todo" y velan por los ciudadanos.

El delegado ha aprovechado para recordar que los incendios caseros pueden tener terribles consecuencias y ha pedido responsabilidad al usar materiales eléctricos y material pirotécnico.

"Son días en los que todos queremos celebrar, queremos compartir y tenemos que hacerlo siempre con prudencia y responsabilidad", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias en la red social X, donde ha escrito: "Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha escrito: "Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo".

Unos 3.000 bomberos forestales y medioambientales de distintas regiones de España, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este sábado en la capital española para reclamar la aplicación efectiva de sus leyes básicas y exigir la consolidación de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas.

La marcha, convocada por la Plataforma de Asociaciones Profesionales y Sindicales de Bomberos Forestales (BASF) y a la que se han adherido CCOO y CGT, ha pasado por las sedes del PSOE, del PP, y el Congreso de los Diputados.

Durante la protesta, han portado pancartas en las que se podía leer 'Por un operativo para incendios forestales público, profesional y digno ya' o 'Por la aplicación de Ley 5/2024 en todo el Estado. Por el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Bomberos forestales en lucha'.

A lo largo del recorrido, los participantes, vestidos con sus uniformes de trabajo, han guardado, varias veces, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en incendios forestales el pasado verano y han coreado consignas para reclamar la dignificación y la profesionalización del sector.

En un comunicado, CCOO muestra su rechazo "al abandono del medio rural y a la falta de gestión forestal que, año tras año, agravan las catástrofes naturales".

El sindicato argumenta que las catástrofes naturales son evitables con prevención y cuando esta falla, el operativo de extinción debe ser "público, estable y seguro", como está establecido en las leyes, que se tienen que cumplir.

Con esta acción, los convocantes quieren recordar el compromiso adquirido hace un año con la aprobación de las leyes 4/2024 y 5/2024 básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales, que establecieron el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el contexto de emergencia climática.

CCOO reconoce los avances que se están dando en materias como la aplicación de la edad anticipada de jubilación; así como el desarrollo y la esperada publicación de normativas que regulen los tiempos de trabajo y condiciones laborales de seguridad y salud.

Sin embargo, sostiene la organización, todavía quedan pendientes de desarrollar varias materias reconocidas en la norma, como la correcta aplicación de la clasificación profesional, el reconocimiento de enfermedades profesionales, los procedimientos de acreditación formativa, y acreditación de competencias, que, para el sindicato, son fundamentales en la consolidación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

CCOO subraya que estas medidas deben ser aplicadas por las administraciones autonómicas en sus respectivas empresas públicas y privadas.

Además, el sindicato alerta sobre el riesgo que suponen "los discursos negacionistas de algunos partidos políticos en materia de cambio climático y gestión forestal", y llama a los gobiernos autonómicos a desvincularse de quienes obstaculizan las labores de prevención y extinción de incendios, ya que estas negligencias se pagan con vidas humanas y con la pérdida del patrimonio natural.

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital, informa EFE.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas, ha precisado Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo se ha producido esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que ha tenido su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

La búsqueda se ha reanudado después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La víctima mortal se suma a las 25 personas heridas que ha contabilizado Emergencias Madrid hasta el momento, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves y que han sido trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, ha indicado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2", pero ha añadido que "hay que hacer una valoración entera".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado un total 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal, entre otros.

Los bomberos forestales madrileños, en huelga indefinida desde el 25 de agosto, han protagonizado este miércoles una sonora protesta ante el Ministerio de Hacienda para reclamar a la empresa estatal Tragsa que negocie un nuevo convenio con mejoras salariales y laborales, según informa EFE. 

Tras una larga concentración con 'performance' incluida, han registrado en el ministerio una petición de reunión y una "aclaración oficial" sobre la negativa de la concesionaria Tragsa a negociar un convenio de empresa con los brigadistas madrileños.

Unos doscientos bomberos han hecho durante más de media hora una simulación de incendio forestal con botes de humo y petardos, además de provocar un fuego controlado con cartones, para luego avanzar en filas ordenadas golpeando con sus batefuegos, como en un incendio forestal, frente al número 5 de la calle Alcalá.

Coreaban cánticos de "Bomberos forestales, derechos laborales"; "El fuego nos mata, Tragsa nos remata"; “Mil trescientos euros, por apagar incendios", entre otros dirigidos también a la Comunidad de Madrid: "Escucha Ayuso, para este abuso".

La extinción de incendios forestales en la Comunidad de Madrid está adjudicada a la empresa pública Tragsa, que mantuvo una "postura inmovilista", según los bomberos, en la reunión tripartita del 28 de agosto entre los sindicatos -Firet, UGT y CGT-, la Comunidad de Madrid y la concesionaria.

En esa reunión, Madrid ofreció una subida salarial del 10%, pese a que "nuestro poder adquisitivo ha caído un 35% desde la firma del convenio en 2008" (en palabras de los bomberos), mientras el presidente de Tragsa, Jesús Casas, no presentó "ninguna propuesta de mejora, escudándose en que no cuenta con permiso del ministerio para iniciar una negociación", según el delegado de Firet, Javier Villanueva.

De ahí que hayan registrado un escrito al ministerio, del que depende Tragsa, tras guardar un minuto de silencio por las cuatro personas "caídas en esta campaña de incendios". 

En su escrito, los brigadistas piden "una aclaración oficial" del ministerio sobre la negociación colectiva, ya que Tragsa "se ampara en una supuesta prohibición externa para eludir su responsabilidad como empleador".

Los brigadistas buscan "un convenio de centro de trabajo o de actividad que recoja de forma específica" sus condiciones, y Tragsa responde "que no puede atender esta petición porque ni el Ministerio de Hacienda ni la SEPI lo permiten o lo autorizan", según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

Por ello, preguntan al ministerio "si efectivamente Tragsa está legalmente impedida" para negociar; si existe "alguna instrucción, limitación o criterio vinculante emitido por ese Ministerio o por la SEPI que restrinja su capacidad de negociación"; y "cuáles son los cauces legales y efectivos" para que los trabajadores de Tragsa ejerzan sus derechos.

*El titular de esta información se ha modificado porque en una versión anterior se hacía referencia a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que no está relacionado con la reclamación de los bomberos forestales.

La memoria registra tardes en que la dictadura programaba dos corridas en uno de los dos canales de TV, en blanco y negro, existentes y remataba la jornada con un partido de fútbol, todas las transmisiones locutadas por el inconfundible maestro Matías Prats. Acontecían dichas maratones lúdico–sedantes coincidiendo con graves acciones de gobierno. Como alternativa, había espectáculos en los que a la crueldad animal se sumaba la ejercida sobre personas afectadas por lo que antaño se conocía como enanismo para que el público se riera de las embestidas y revolcones sufridos por la infausta troupe del Bombero torero.

Uno de los presuntos valores “culturales” de las corridas de toros, defendidas a ultranza por las derechas, es la capacidad de distracción popular que tuvieron siglos atrás. La dictadura las utilizó para despistar al hambre y anular el pensamiento crítico del pueblo llano. Hoy, las derechas intentan recuperar esa “fiesta”, obsoleta y decadente, en la era de la TDT e internet, derrochando un pastizal de dinero público detraído de inversiones en Servicios Públicos esenciales para un Estado del Bienestar desmantelado por la ideología neoliberal.

Mientras arde España como nunca, las derechas vuelven a demostrar su incompetencia para gestionar cualquier contingencia no beneficiosa para las élites económicas y empresariales, como en el franquismo y las monarquías que lastraron ayer y lastran hoy el progreso y la modernidad de este país. Es desolador ver cómo dan capotazos a todos los desastres para eludir sus responsabilidades competenciales, y largas toreras a la verdad con bulos y manipulaciones, a fin de culpar al Gobierno Legítimo de la muerte de Manolete.

La actividad política de Feijóo y sus bandas autonómicas, mientras arden montes y pueblos, se concentra en incendiar a la opinión pública culpando a otros. Nada nuevo. Mazón, desmantelada la UVE, acusa a la delegada del gobierno y a la AEMET. Castilla y León y Galicia, privatizada la extinción de incendios, piden más medios. Ayuso (Miami vice) culpó de las 7.291 muertes a Simón y a Iglesias. Bendodo tapa la mala gestión de Bonilla, Mañueco, Rueda y Guardiola, los suyos, acusando a Protección Civil por decir lo que pasa.

Las derechas exigen al Gobierno más medios de los que hay a causa de los recortes que ellas aplican. Muchas personas votantes de las derechas, afectadas por los estragos de la política neoliberal y de la ideología negacionista del PP y de Vox, se quejan ante los micrófonos de las consecuencias de ahorrarse 50 € en los impuestos autonómicos a cambio de disfrutar de corridas de toros y procesiones todo el año. Es lo que tiene votar cegados por los trajes de luces y elegir la papeleta con muy pocas luces: privatización de medios y ninguneo a las cuadrillas de bomberos para subvencionar cuadrillas de toreros.

A nadie debe extrañar que el bombero torero Feijóo contemple feliz cómo arde el país por la falta de medios y la precariedad de los bomberos que su ideología neoliberal provoca. Un torero al frente de una Consejería de Cultura da idea del nivel de gestión de la derecha.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes que el operativo de extinción de incendios forestales actuó "desde el primer momento" y "sin regatear ningún esfuerzo", pero ha remarcado que se produjo un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y "la mano del hombre como origen" en "muchos casos", según informa EFE.

En su primera intervención ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, para analizar su gestión de los incendios de este agosto, Mañueco ha argumentado que estas circunstancias "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible", para lo que ha citado palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha dicho estar "totalmente de acuerdo" en su visión sobre las dificultades de extinción.

Mañueco ha arrancado este viernes su comparecencia ante el Parlamento autonómico con un llamamiento a "elevar el debate" sobre la gestión de los incendios forestales y estar "a la altura de la dignidad" de los ciudadanos, sin caer en el "ruido, el simplismo y el cálculo electoral".

Antes de comenzar la sesión, las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las tres personas que han fallecido en lo que va de verano a consecuencia de los incendios que asolan la Comunidad, especialmente en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

El presidente de la Junta ha cifrado en 348 los incendios en su Comunidad en apenas 23 días, 72 de ellos "presuntamente intencionados" y otros tantos aún "en investigación". "Espero que caiga todo el peso de la ley sobre los incendiarios, y lo digo con un reconocimiento especial a la labor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado Mañueco, que ha informado de que ya han sido detenidas cinco personas en relación con los fuegos.

Los grandes incendios de Castilla y León, los de más de 500 hectáreas, han afectado hasta el 26 de agosto a unas 141.000 hectáreas, resultando especialmente afectadas las provincias de León y de Zamora, pero también otras como Salamanca, Ávila o Palencia.

Del total de hectáreas, el 31% es forestal arbolado, el 11% forestal desarbolado, el 43% matorral, el 7% pastizal, el 8% agrícola y el 0,5% con otros usos, ha detallado. Ha sido "un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos, con tormentas secas capaces de generar auténticos torbellinos de fuego y devastar miles de hectáreas en pocas horas, generando multitud de incendios simultáneos".

Mañueco ha defendido que su Comunidad tiene "un buen operativo", el "mayor que ha tenido nunca" para luchar contra el fuego, y ha añadido que en esta cuestión "no caben demagogias", convencido de que en los próximos años habrá que enfrentar "más situaciones extraordinarias".

También ha reclamado que la Conferencia de Presidentes anunciada por el presidente del Gobierno aborde la gestión de los incendios forestales "con rigor" y con reuniones sectoriales previas porque se necesita "un nuevo modelo de actuación". "Quien piense que esto es un problema local o autonómico, está equivocado y camina en dirección contraria a la solución", apuntado.

Será la próxima semana cuando su gobierno apruebe el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes de la Comunidad, un documento que los sindicatos forestales han echado en falta durante estos días. El presidente ha añadido que este decreto desarrollará el inventario forestal continuo y facilitará el aprovechamiento sostenible, la conservación y el desarrollo rural.

Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

Una protesta, previa a la comparecencia de Fernández Mañueco para explicar su gestión ante los incendios, que ha aglutinado a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CSIF y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAMCYL), integrada en el sindicato USCAL; a partidos políticos y colectivos sociales.

La concentración, que han protagonizado bomberos forestales y agentes medioambientales, que han bateado el suelo con sus palas y han quemado paja y neumáticos y han hecho rugir motosierras sin cadena para representar las situaciones que viven a diario, una hoguera en la que también han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones.

Casi una hora antes de comenzar el pleno extraordinario, medio centenar de personas han acudido a la puerta lateral del parlamento – la entrada de vehículos – para mostrar su malestar por el operativo, y han pitado los numerosos coches que llegaban al hemiciclo.

También se han visto pancartas como 'Mala gestión. Mañueco dimisión', 'Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año', 'SOS Montaña Palentina' así como carteles en los que, además de la dimisión del consejero y del presidente autonómico, reclamaban el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, han reclamado dimisiones y han mantenido un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas en la extinción de incendios y los afectados por las llamas.

Los organizaciones sindicales también han hecho balance del dispositivo de extinción de incendios: el vicesecretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos CyL Carlos Arenas, ha acusado a la Junta de “no cumplir al cien por cien” los acuerdos suscritos en el Diálogo Social tras los fuegos de 2022 y ha pedido “profesionalizar completamente” el operativo y que sea público.

Tanto los responsables de CSIF como de CCOO y la APAMCyL han coincidido en denunciar la falta de medios y han pedido más presupuesto para la prevención.

El Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios con medios hasta ahora nunca vistos, ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras destacar que responderá a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas. Ha informado EFE.

En una intervención en el Senado, ha destacado el papel de la Agencia de Meteorología (Aemet) en la difusión de previsiones para la lucha contra el fuego, con la puesta a disposición de sus pronósticos y sus mapas de riesgo.

Aagesen se ha expresado en estos términos durante su comparecencia ante la comisión de Transición Ecológica del Senado, en sesión extraordinaria a petición del Partido Popular, para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de los incendios forestales de este mes de agosto.

La dimensión de lo ocurrido "nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias" de los mismos, ha dicho, y ha recordado que los medios estatales han actuado en fuegos en 29 provincias de 14 comunidades este verano.

"Es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan, nos permitan la anticipación y adaptarnos".

La ministra ha asegurado que el Gobierno ha trabajado desde "el primer día contra la ola de incendios tomando muy en serio la emergencia climática; "un reto importantísimo que nos interpela a todos".

En cuanto a los medios disponibles para la extinción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Aagesen ha mencionado 56 medios aéreos, 11 brigadas aerotransportadas con 600 bomberos forestales, cuatro equipos de prevención integral y siete unidades de análisis y planificación.

Asimismo, ha informado de que se han sumado medios extraordinarios con 40 bomberos de parques nacionales, autobombas y vehículos 'pickup'.

La ministra también ha asegurado que el Gobierno va a "responder a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas".

El Ministerio apoya en esa labor de restauración de incendios en base a la evaluación, planificación y programación que hacen las comunidades.

Ha subrayado el papel de la Agencia Estatal de Meteorología, sus previsiones y sus mapas de riesgo que pone a disposición de todas las administraciones, con predicción de temperaturas, humedad o vientos, parámetros fundamentales en materia de extinción.

A su juicio, el objetivo prioritario es hacer de España "un país más resiliente ante la emergencia climática".

También ha subrayado que desde el primer día, desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, se han tomado "muy en serio" la emergencia climática. "Un reto importantísimo que nos interpela absolutamente a todos".

Tras hacer un repaso de las hectáreas quemadas, aunque todavía están pendientes los datos últimos, con más de 362.000 hectáreas quemadas según información satelital del servicio europeo, ha advertido de que se han visto afectados una gran área arbolada afectadas y áreas de protección natural y especies protegidas.

De esa cifra, hay unas 160.000 hectáreas que han afectado a espacios protegidos, de gran valor natural, y 395 especies en peligro de extinción o vulnerables se han visto perjudicadas.

"Nos enfrentamos a una pérdida de tal magnitud que tiene efecto amplificador en la crisis de biodiversidad" y que ha afectado a espacios irreemplazables como Las Médulas o la Montaña Palentina, ha señalado a modo de ejemplo.

"Es importante un paso firme y seguir avanzando para que un pacto se convierta en política de estado contra la emergencia climática, con todos los medios posibles para anticiparnos a los riesgos y prepararnos mejor para dar respuesta de inmediato", ha añadido.

Ahí tiene que estar el foco, "para dar respuesta a lo que está por venir, una emergencia que no solo la confirman las previsiones de la ciencia sino la propia realidad", y ha pedido unidad para abordar un debate fundamental el del pacto de estado contra la emergencia climática.

Desde que el Ministerio del Interior declarara hace 15 días la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) ante los incendios forestales activos en varias comunidades, con unas 138.000 hectáreas afectadas entonces, el desastre forestal casi se ha triplicado. Y es que de las 411.315 hectáreas que se han quemado en 2025, más de 270.000 corresponden a esta quincena catastrófica en España, la peor ola de incendios en treinta años.

Una oleada que ha obligado a desalojar a más de 33.000 personas (unas 700 aún permanecen a día de hoy evacuadas de sus casas). Además, desde junio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a un total de 45 personas por incendios forestales desde que comenzó el mes de junio, cuatro de ellos durante este fin de semana, e investigan a 133 personas.

El 12 de agosto marcó un punto de inflexión en los incendios del verano con la declaración de la fase de preemergencia, que no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías.

También ese mismo día se convocó la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para evaluar la situación y coordinar acciones, que desde entonces se ha reunido a diario.

Según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), herramienta dependiente del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea (UE), 411.315 hectáreas se han quemado en 2025 en al menos 252 incendios forestales.

Las cifras del Ministerio español para la Transición Ecológica solo llegan hasta el 17 de agosto (91.579,51 hectáreas y 55 fuegos de más de 500 hectáreas), pero la voracidad de las llamas de los incendios vigentes desde esa fecha o registrados desde entonces han pulverizado esos datos.

Únicamente desde el 11 de agosto se han contabilizado numerosos megaincendios de más de 10.000 hectáreas, y se ha declarado el que ya está considerado como el mayor incendio de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Es el incendio de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, al centro-norte del país, en el que murieron dos hombres que ayudaban voluntariamente a combatir las llamas, y que afecta a 37.000 hectáreas.

Por otra parte, la ola de incendios que empezó el 8 de agosto en Galicia ha arrasado ya más de 90.000 hectáreas en esa comunidad, según los datos de Medio Rural, que solo informa de los fuegos de más de 20 hectáreas o que afectan a espacios protegidos. El más violento es el de Larouco, con alrededor de 30.000 hectáreas afectadas. Es el más grande de la historia en Galicia.

Entre los mayores incendios -a partir de 500 hectáreas de superficie forestal arrasadas estimadas, que pueden cambiar cuando se en por extinguidos- en 2025 figuran los siguientes:

- Molezuelas de la Carballeda (Zamora), con 37.000 hectáreas afectadas. El incendio se propagó a la provincia de León. Este podría convertirse en el peor de España desde 1968. El fuego se cobró la vida de dos voluntarios.

- Larouco-Seadur (Ourense). Considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, ha calcinado 30.000 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia. Además, ha alcanzado a la provincia de Lugo tras saltar el río Sil.

- Chandrexa de Queixa (Ourense). Más de 19.000 hectáreas (ha), ya estabilizado.

- Oímbra y Xinzo de Limia (Ourense). Va ya por las 17.000 hectáreas arrasadas.

- Jarilla (Cáceres), con 17.000 hectáreas, ya estabilizado.

- A Mezquita-A Esculqueira (Ourense), con 10.000 hectáreas.

- Porto (Zamora). Afecta ya a más de 10.000, según el sistema Copernicus, y es el que más preocupa ahora en Zamora, ya que impacta al Parque Natural del Lago de Sanabria, sierras de la Segundera y de Porto, pero también del valle de Casaio de Ourense y del entorno del lago de la Baña de León.

- Almanza (León), con 5.900 ha.

- Puercas, en Gallegos del Río (Zamora), con 4.700 ha

- Carballeda de Valdeorras-Casaio, con 4.400 ha

- Carballeda de Avia y Beade (Ourense), con 4.000 ha

- Yeres, en Las Médulas (León), con 3.731 ha

- Llamas de Cabrera (León), con 3.550 ha

- Maceda (Ourense), 3.500 ha

- Navalmoralejo (Toledo-Cáceres), con 3.256 ha

- Méntrida (Toledo), con 3.189 ha

- Paüls (Tarragona), con 2.879 ha

- Caminomorisco (Cáceres), con 2.660 ha

- A Granxa-Oímbra (Ourense) con 2.500 ha

- Valdecaballeros (Badajoz), con 2.393 ha

- Cuevas del Valle (Ávila), con 2.215 ha

- Carballeda de Valdeorras-Casaio, con 2.000 ha

- Santiso, Maceda (Ourense) con 1.700 ha

- Navaluenga (Ávila), con 1.577 ha

- Burguillos (Sevilla), con 1.350 ha

- Benahadux (Almería), con 1.333 ha

- Alcollarín (Cáceres), con 1.310 ha

- Aldea del Cano (Cáceres), con 1.229 ha

- Tres Cantos (Madrid), con más de 2.000 ha

- Cáceres, con 1.057 ha

- Vilardevós-Vilar de Cervos, con 900 ha

- Talarrubias (Badajoz), 838 ha

- San Bartolomé de Pinares-Las Navas del Marqués (Ávila), 801 ha

- Oliva de Mérida (Badajoz), 800 ha

- Resoba (Palencia), 800 ha

- Arroyomolinos (Cáceres), con 782 ha

- Trujillo (Cáceres) 827 ha

- Terroso, Vilardevós (Ourense), con 549 ha

- Selaya (Cantabria) con 605 ha

- Torrefeta (Lleida), con 5.282 ha.

El fuego ha devorado, en apenas dos semanas, más que durante todo 2022, el que hasta ahora había sido el año más aciago en materia de incendios desde los noventa. Ya son más de 400.000 hectáreas arrasadas, una cifra que se acerca peligrosamente a los récords de 1978, 1985 y 1994. Y cuatro decenas de detenidos –y más de un centenar de investigados– en el marco de unas pesquisas que resultan extremadamente complejas. De hecho, la Guardia Civil es capaz de esclarecer menos de un tercio de los fuegos, que son intencionados en un porcentaje reducido y que, a tenor de los datos, no esconden tramas organizadas de ningún tipo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado intervino durante 2023 en 2.943 fuegos. Ahora bien, solo pudo identificar el origen en 967, lo que equivale al 33%. Y esclarecer, es decir, determinar la autoría, en 761, lo que equivale a solo uno de cada cuatro –un 25%–. No es un hecho aislado. Es una tendencia que se repite ejercicio tras ejercicio, según consta en las memorias anuales del Instituto Armado. En 2022, cuando las llamas calcinaron más de 300.000 hectáreas por toda la geografía española, se esclarecieron casi el 31% de los fuegos. Y en 2021, de nuevo el 25%.

La investigación de un incendio forestal es sumamente difícil. Quien la conoce de primera mano explica que se asemeja a la de un homicidio. Eso sí, con la escena del crimen completamente destruida. "Primero, arrasada por el fuego; luego, inundada por el agua; y por último, pisoteada por los equipos de extinción", explica a infoLibre Mercedes Díaz, portavoz de la unidad de la Guardia Civil especializada en la protección del medioambiente. Un problema al que se suma, habitualmente, la ausencia de testigos: "Muchas veces, los incendios se producen en zonas completamente aisladas".

El trabajo de los investigadores se inicia, prácticamente, con el incendio. Los agentes charlan con las primeras personas que han visto las llamas para intentar determinar la zona de inicio –la existencia de varios focos puede indicar intencionalidad– y para recopilar toda aquella información que pueda resultar de ayuda para la investigación –por ejemplo, si han visto un coche o a alguien por la zona en aquel momento–. Tras esto, se analiza la vegetación y se estudia el terreno: si hay restos de acelerantes, colillas, maquinaria, líneas eléctricas... Y se habla con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para saber si ha habido una tormenta.

Los investigadores determinan, de esta manera, si se encuentran ante un incendio originado por causas naturales o si el mismo ha sido provocado por el hombre, como suele ser habitual –ya sea de manera intencionada o por un accidente o negligencia–. Y en este último caso, tratan de dar con el autor o autores del mismo, otra tarea que resulta extremadamente compleja. "Ubicar a una persona en el lugar y a la hora a la que se ha originado un fuego no es fácil, por más que haya algún testigo", explica la portavoz del Seprona al otro lado del teléfono.

No son habituales, por tanto, casos tan claros como el de la vecina de Cerceda, en A Coruña, cazada in fraganti en agosto de 2016. Aquel verano se habían detectado en el término municipal varios fuegos en "un radio de tres kilómetros" que se producían en las mismas "franjas horarias". Detalles que pusieron a los agentes tras la pista de la mujer, a la que una mañana siguieron por todo su itinerario incendiario. Los agentes pudieron recopilar tal cantidad de material probatorio que a la incendiaria, que colocaba velas entre los matorrales, no le quedó más remedio que pactar con el Ministerio Público una condena de cuatro años y medio de prisión.

En 2023, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, se dictaron 90 condenas por incendio forestal. Y 28 absoluciones. Esto último sucedió, por ejemplo, con el fuego que en agosto de 2017 calcinó cerca de 10.000 hectáreas en la comarca leonesa de La Cabrera. La Audiencia de León reconocía que existía una "sospecha generalizada" de que el acusado podía ser el autor. Pero no elementos de cargo suficientes: "No bastan las conjeturas o sospechas sino que tiene que haber pruebas claras o, cuando menos, indicios que, acreditados de manera indiscutible se puedan concatenar hasta alcanzar una conclusión punitiva".

En otros casos, resulta complicado conseguir condenas por incendios derivados de imprudencias graves. Por un lado, por la dificultad de demostrar que el fuego se originó por una situación determinada –como ejemplo, la decisión de la Audiencia de Asturias de absolver a un hombre ante la falta de pruebas de que las llamas se iniciaran por una chispa salida del tubo de escape en mal estado de su quad–. La Audiencia de La Rioja, por su parte, también se ha quejado de la falta de una definición clara por parte del legislador de lo que se entiende por imprudencia.

La ola de incendios registrada en el oeste peninsular en lo que va de agosto, y que se ha cebado especialmente con las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres, ha vuelto a reavivar el clásico discurso punitivista de la derecha. "Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, lo que no podemos tener es un Código Penal inocuo. Tiene que ser mucho más duro para las personas que ponen en peligro el patrimonio natural y personal de muchas familias y la vida de muchas personas", lanzaba la pasada semana en una entrevista radiofónica el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Para Jorge Aguado, especialista del programa de bosques de WWF, no es más que el "típico discurso" que sirve para "desviar el foco" de los "problemas reales": "cambio climático, falta de gestión y abandono rural". "Los castigos que hay son suficientes", expone. El Código Penal contempla penas que pueden llegar a los 20 años de cárcel para aquellos causantes de incendios que hayan puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas. O hasta seis en el caso de fuegos graves o con los que se busque un posterior beneficio económico. "Lo que tiene que haber son más medios y financiación para la investigación", sentencia Aguado.

Y en medio de ese discurso punitivista emerge el clásico del terrorismo y las tramas organizadas. "Hay una actividad de terrorismo incendiario en España. La conocemos", lanzaba la pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No es la primera vez que utiliza esta expresión. Ya lo hizo en octubre de 2017, cuando era presidente de la Xunta, en plena oleada de incendios en Galicia. Y eso que entonces la Fiscalía le dejó claro que no podía determinarse que los fuegos obedecieran "a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y persigan objetivos supraindividuales".

Tanto Aguado como la portavoz del Seprona rechazan esas teorías. "No es algo que nosotros nos encontremos en aquellos incendios en los que conseguimos descubrir o determinar la causa", explica Díaz. Es más, la gran mayoría de incendios de origen humano no son ni siquiera buscan arrasarlo todo, sino que se deben a negligencias o accidentes –barbacoas, colillas mal apagadas, maquinaria utilizada cuando no se debe...–. Según la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2023 solo un 19% de los incendios fueron intencionados, una cifra que en los cuatro años anteriores osciló entre el 24,3% y el 26%.

Dentro de este pequeño grupo, concede Díaz, puede haber intereses económicos o personales. Por ejemplo, venganzas entre agricultores o quemas para renovar pasto y que los animales tengan hierba fresca. "Pero no grandes tramas organizadas", insiste. De hecho, según la última edición de la estadística de incendios que el Gobierno elabora por decenios, el principal origen de los fuegos intencionados entre 2006 y 2015 fue la quema agrícola ilegal y abandonada, seguido de la quema para regeneración de pastos. Las venganzas representaron un 2%. Y solo en un 0,37% se buscaba la modificación de los usos del suelo. La Ley de Montes, no obstante, impide la recalificación de áreas quemadas durante 30 años.

España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.

El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.

Un total de 14 incendios en situación operativa 2 siguen activos, diez de ellos en Castilla y León (León y Zamora), tres en Asturias y uno en Orense (Galicia), según los últimos datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.

Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.

Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremo del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha señalado que con el amplio operativo desplegado ayer, con 15 medios aéreos trabajando en esos incendios junto a bomberos de Asturias, Navarra, Grecia y Andorra y empresas forestales, se pudo contener el avance de las llamas desde Degaña hacia el vecino concejo de Ibias.

Durante la madrugada se reincorporó también la Unidad Militar de Emergencias (UME) para asegurar que las llamas no afectasen a ningún núcleo habitado.

El perímetro de la localidad de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea se ha asegurado totalmente durante la noche. Éste es uno de los tres incendios que, junto a los de Degaña y Cerredo, continúan activos en el suroccidente del Principado.

Por otra parte, en Galicia, la situación ha mejorado este domingo, donde permanecen activos solo dos grandes fuegos, el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, ambos en Ourense.

Después de estabilizar el sábado el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia tras quemar 30.000 hectáreas, el último balance de Medio Rural señala que el fuego sigue activo en Chandrexa de Queixa, aunque apenas en el foco de Vilariño, por lo que "evoluciona favorablemente".

También está activo el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que entró en Ourense procedente de Porto de Sanabria (Zamora) y ha quemado 4.000 hectáreas en la zona donde se encuentra Pena Trevinca, la montaña más alta de Galicia.

En Castilla y León, las tareas de extinción durante la noche han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el de Caín de Valdeón, que procedente del Principado de Asturias amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.

También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora, y donde los trabajos se centran en el frente sur donde las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de La Baña, localidad que en la tarde de ayer tuvo que ser desalojada, mientras que en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.

En el resto de incendios la evolución está siendo positiva con la estabilización de los perímetros de la mayoría de los siete incendios registrados en la provincia con nivel 2 de peligrosidad, y trabajando en las numerosas reproducciones de las llamas que han conseguido ser controladas en los diferentes frentes.

Las localidades de La Baña, Argallo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 vecinos se mantienen desalojadas por los incendios; mientras que otras 27, con 1.555 personas, de poblaciones del incendio de Gestoso, el valle de Fornela y la zona de Compludo mantienen el confinamiento urbano.

León mantiene el nivel de gravedad 2 en siete incendios que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, pudiendo implicar medidas de socorro para la población o protección de bienes: Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña y La Baña.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, el máximo.

Mientras, de los incendios de nivel de gravedad 1 en Castilla y León solo queda activado el de Canalejas, a los que se suman siete de nivel 0 y once controlados, según se recoge en la página web del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).

España afronta una nueva jornada de lucha contra los fuegos que arrasan el país, tras nuevos desalojos de vecinos en pedanías tan castigadas por las llamas como Castilla y León, mientras continúan los arduos trabajos de extinción aunque con una situación más favorable por las mejores condiciones del tiempo, pese a que muchos focos son aún preocupantes, informa EFE.

El riesgo de fuegos es "muy alto o extremo" este sábado en zonas de la península especialmente en el noroeste y sur, por lo que es importante "extremar las precauciones", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En estos momentos un total de 16 incendios siguen en situación operativa 2, once de ellos en Castilla y León (León, Palencia, Salamanca y Zamora), cuatro en Galicia y uno en Asturias, según los datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

Los incendios de Ourense (Oimbra y Larouco) han presentado evolución favorable, así como los de León (Yeres y Barniedo de la Reina) y el de Zamora (Porto). El único que continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña (León) porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres intervinientes en el frente activo más peligroso, el del norte.

Por otra parte, en Galicia, una mujer del municipio coruñés de Carballo (A Coruña) ha quedado hoy en libertad después de que fuera detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales.

Hasta el momento, el número de hectáreas quemadas en lo que va de año en España supera las 400.000 según las últimas estimaciones del servicio europeo Copernicus.

Por comunidades, en Asturias, doce aviones y helicópteros y 72 equipos terrestres se desplegarán hoy para tratar de frenar el fuego que desde hace días avanza entre la zona leonesa de Anllares del Sil y el concejo de Degaña y que esta noche ha superado la primera línea de defensa que se había preparado para atajarlo.

La entrada de viento de componente sur durante la madrugada está complicando "muchísimo" la situación, según el presidente del Principado, Adrián Barbón. El incendio de Degaña es el que más preocupa de los tres que hay activos este sábado en la región, los otros dos están estabilizados.

La Junta de Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, con numerosas prohibiciones para evitar nuevos fuegos.

En Zamora los medios de extinción trabajan contra incendios tan graves como el de Porto que arrasa el entorno del parque natural del Lago de Sanabria, sierras de Segundera y de Porto, en una décima jornada de lucha contra el fuego, y que ha afectado también a las provincias de Ourense y León. El fuego se originó por el rayo de una tormenta el pasado 14 de agosto y sigue activo en nivel dos de gravedad.

Pese a ello, la situación en el territorio ha ido mejorando en los últimos días y ha permitido el regreso de las poblaciones evacuadas, salvo las de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

Los puntos del avance del incendio que más preocupan ahora se sitúan por una parte en el cañón del Tera, donde las columnas de humo revelan el avance del fuego, y en la zona de alta montaña situada por encima de San Ciprian de Sanabria, en el límite con la provincia de León.

Por otro lado, en Peñalba de Santiago (León) los vecinos han podido regresar a sus viviendas tras la mejora en la evolución del incendio de Llamas de Cabrera, aunque deberán permanecer bajo confinamiento.

Por el contrario seis pedanías de Peranzanes han tenido que ser evacuadas; en total son 838 personas las que permanecen evacuadas en 14 pueblos y otras 235 confinadas en 11 localidades, según el último balance oficial.

Respecto al incendio de Llamas de Cabrera también en El Bierzo, el operativo ha centrado sus esfuerzos en las últimas horas en Espinoso de Compludo, con reproducciones también en Corporales y en el entorno de Peñalba y la evolución se considera "favorable y sin riesgo de propagación".

El incendio de Fasgar, por su parte, mantiene el foco abierto que en días pasados se declaró en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

Las llamas avanzan hacia el valle de Tremor, donde se están reforzando las líneas de defensa en torno a una mina a cielo abierto con el objetivo de frenar su avance; en Colinas, la situación se da prácticamente por estabilizada entre la carretera de Igüeña.

El escenario más preocupante continúa en Anllares del Sil, donde el fuego sigue activo y fuera de control. Una reproducción en Argayo del Sil que evoluciona hacia la localidad —evacuada desde hace tres días—, ha obligado a mantener un fuerte despliegue de medios aéreos y terrestres.

Por otro lado, el incendio forestal de Puercas (Zamora) ya está controlado doce días después de iniciarse y tras haber dejado cuatro personas heridas graves con quemaduras y haber arrasado una superficie que según los cálculos a través del sistema satelital Copernicus puede ascender a unas 6.200 hectáreas.

Tras meses dando la espalda a los bomberos forestales externalizados, la Comunidad de Madrid ha cedido este viernes a reunirse con ellos el próximo jueves y se abre a introducir las mejores laborales que llevan años reclamando. Por ejemplo, tener a toda la plantilla contratada los 12 meses del año, garantizar un puesto a quienes no pasen los exámenes médicos o contratar a todos los trabajadores como bomberos forestales en lugar de peones o conductores.

De esta manera, el Gobierno regional reconoce su capacidad para mejorar la situación del cuerpo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo el pasado domingo que estaba favor de incrementar los salarios a este cuerpo externalizado, pero añadió que la Comunidad de Madrid no podía hacer nada por ellos. "Las brigadas forestales dependen de Tragsa y nosotros apoyamos su mejora retributiva, pero queremos recordar que las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia".

La Comunidad de Madrid tiene un cuerpo de bomberos autonómicos funcionarios de unos 1.700 efectivos, a los que se suman los 500 brigadistas de Tragsa. De este último grupo, 200 trabajan solo en verano con un contrato temporal. Con el argumento de que estos 500 profesionales están subcontratados a Tragsa, Ayuso ha rechazado reunirse con ellos desde que iniciaron las protestas en marzo.

Tras la reunión del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, la Comunidad de Madrid anunció que "contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año para incrementar las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado". También se ha propuesto suprimir la categoría de peón "para pasar a considerar a todos los efectivos como bomberos forestales", una fórmula utilizada hasta ahora por algunas comunidades para pagar sueldos irrisorios. 

Los bomberos reivindican desde hace años que desde su origen son un cuerpo del gobierno autonómico, pero que fueron externalizados por Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, que fue presidente de la región entre 1995 y 2003. Los brigadistas pasaron entonces a manos de empresas privadas, hasta que en 2022 el servicio pasó a Tragsa, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Se dice que Tragsa depende del Gobierno porque su principal accionista es la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda (51%), seguida de la Administración General del Estado (48%) y las Comunidades Autónomas (0,6%).

Para mejorar las condiciones de su contrato con Tragsa, la Comunidad de Madrid va a incrementar su presupuesto en cuatro millones de euros, hasta superar los 32 millones. A cambio, ha pedido este viernes a Tragsa que también mueva ficha e introduzca a los trabajadores en el mismo convenio que tienen las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica, que también gestiona la empresa pública.

Sin embargo, esto no va a ocurrir, según explica el presidente de la entidad, Jesús Casas, a infoLibre. "Sumarlos al convenio BRIF no es una opción porque su organización es totalmente distinta. Lo que se podría hacer es, si en el nuevo contrato de la Comunidad de Madrid hay funciones nuevas que hasta ahora no estaban, hay margen para acuerdos puntuales de empresa con su compensación. Siempre que haya una financiación extra de la Comunidad y un permiso previo de Hacienda", señala el presidente de Tragsa, en una conversación posterior a su reunión con el consejero Novillo.

Donde sí ha tenido que ceder Tragsa es en sentarse a negociar de manera oficial la semana que viene con los bomberos, puesto que los bomberos también afean a la empresa que les haya ignorado desde que asumió el contrato en 2022.

Tras conocerse el resultado de la reunión, el comité de empresa de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid mandó este viernes un comunicado en el que reconocen que es "un paso para empezar con acuerdos y mejoras", pero no están de acuerdo en sumarse al nuevo convenio colectivo de las BRIF. "Claramente no es una opción, ya que somos servicios totalmente diferentes y solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla". También subraya que la medida más "urgente" es la subida salarial, y eso por ahora no se contempla porque supone elaborar un nuevo convenio, y eso está en manos de Tragsa. El actual es el de 2008, aunque fue actualizado en 2022.

Sergio Martín Muñoz, delegado del sindicato UGT en el cuerpo de Tragsa, explica que Ayuso no es la única culpable de la situación. "Cuando Tragsa entró en la Comunidad en 2022, las empresas salientes Matinsa (FCC) e Infosa se negaron a renegociar y nos quedamos con el convenio colectivo de 2008 en ultraactividad. Con unas tablas salariales completamente desfasadas que no se ajustan al coste de la vida en 2025", relata Martín.

Aquí es donde la situación se complica. Tragsa, como empresa pública, no puede negociar con el sector un nuevo convenio colectivo para toda la Comunidad. La capacidad la tiene la Asociación Empresarial del sector de la prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid (ASEPEIF), pero está técnicamente muerta porque las empresas que la formaban (Matinsa e Infosa) han abandonado el sector. De esta manera, de facto, el interlocutor válido es la CEIM Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), el brazo madrileño de la CEO, una organización ajena al sector forestal.

"Es cierto que Tragsa no tiene la capacidad legal de firmar un convenio colectivo. Pero hay una salida más fácil: que Tragsa se siente con nosotros a hacer un convenio de centro de trabajo. Pero evidentemente no le interesa", añade Sergio Martín. La cuestión es que si negocia con los bomberos madrileños, la empresa pública se arriesga a que los otros cuerpos que tiene por España (Castilla y León, La Gomera, La Rioja y Álava) también se rebelen contra la empresa.

Efectivamente, Jesús Casas explica a infoLibre que no está dispuesto a elaborar un convenio concreto para Madrid, pero que la compañía tiene su propio convenio para bomberos forestales a nivel nacional, aunque con peores salarios incluso que los que tiene ahora su cuerpo de Madrid. "El convenio de empresa lo tengo, es el de Tragsa para todo España, pero no sé si les interesa. Lo que no hago son convenios provincia a provincia. La realidad es que un bombero de Madrid está en la horquilla alta de los salarios de España de la profesión", remata el alto cargo.

La lista (no oficial) de riesgos a los que están expuestos los bomberos forestales es interminable. Algunos hablan de que alcanza el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales. Quemaduras, descargas eléctricas, estrés térmico, atropellos… son solo algunos de ellos y ocurren en misión. Pero también respiran, tragan y tocan gases y partículas que se ha demostrado que son irritantes y cancerígenos. Estos profesionales relatan a infoLibre que cuando acuden a incendios en bosques pasan buena parte del tiempo —en turnos dobles y triples— con unas gafas, un casco y un pañuelo. En el mejor de los casos, con una mascarilla de farmacia.

"Llevo 20 años apagando fuegos y parece que soy fumador en el reconocimiento", dice Marcos Gómez, portavoz la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (ATBRIF). Cuenta que se plantan cara a cara con el fuego con una mascarilla FFP2, pero que es muy común que directamente vayan a cara descubierta o con un pañuelo. "No podemos llevar nada más porque estamos corriendo y cortando madera. Con una mascarilla puesta te desmayas; no hablemos de un equipo de respiración externa con bombona, que son 20 kilos".

Terminar el día con picor de garganta, tos, mareos, vómitos o flemas negras es lo habitual, y está demostrado que en todas sus salidas un bombero forestal sufre intoxicaciones leves por inhalación de humo, que si se agravan pueden terminar en hospitalización. Pero los bomberos también reivindican que se exponen a daños que les persiguen toda su vida: más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón.

A pesar de tener una exposición casi diaria a estos riesgos, las enfermedades profesionales no están reconocidas, como explica Jordi Julià, técnico del cuerpo de bomberos de Cataluña y experto en salud laboral de UGT. El cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, elaborado en 2006, solo reconoce a los bomberos la exposición a óxidos de carbono, pero no entran en la categoría de la silicosis, la asbestosis o el cáncer de pulmón, enfermedades relativamente comunes en el sector.

Algunas comunidades autónomas incluyen en la evaluación de riesgos laborales la exposición a partículas tóxicas y humos para sus bomberos, pero no ocurre a nivel nacional. Julià añade que en ningún caso se reconoce que estas labores dejan secuelas que pueden aparecer con los años. "Lo que necesitamos ahora es que se hagan chequeos constantes, incluso cuando se abandona la profesión, porque algunos desarrollan cánceres años después", señala. 

Marcos Gómez, de las BRIF, relata cómo un compañero murió de manera repentina el año pasado. "Un bombero que comía muy bien, hacía deporte… Le detectaron una leucemia y murió en cuestión de semanas. No tengo pruebas de que esté relacionado con la profesión, pero desde luego nadie se molestó en comprobarlo". Y añade: "Nosotros nos exponemos cada día y asumimos el riesgo dando el 100%, lo único que pedimos es que se reconozca en las leyes y en el sueldo", 

El colectivo presiona ahora más que nunca, dado que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) elevó en 2022 a rango 1 (el más alto) el nivel de certeza que relaciona la profesión con la posibilidad de sufrir un mesotelioma y un cáncer de vejiga. Y se cree también que hay riesgo de cáncer de colon, próstata o testículo, entre otros. La razón es que los bomberos forestales están sometidos a lo que llaman "un cóctel de cancerígenos" formado por hollín, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, humos diésel, amianto y radiación solar. Dos estudios realizados hace una década en los países nórdicos y en Bélgica concluyeron que los bomberos viven de media entre siete y ocho años menos que el resto de la población.

La principal vía de entrada de estos tóxicos es la inhalación de humo y de material particulado, que puede prevenirse con las máscaras adecuadas, pero que simplemente es inviable porque no les permiten trabajar. Las FFP2 y similares pueden frenar el hollín, pero los gases como el monóxido de carbono requieren de máscaras de filtros laterales o un equipo de bombona, que no son viables para trabajar en el campo. Los bomberos de ciudad, al trabajar en entornos más controlados, sí que emplean estos equipos.

A todo esto se suma que, salvo los bomberos funcionarios, el resto se expone a perder el trabajo si sufren una incapacidad laboral. Cada año se someten a un examen médico, y los que no lo pasan están obligados a abandonar la profesión. El estatuto del bombero aprobado en noviembre del año pasado por el Gobierno introduce la obligación de la llamada "segunda actividad", que consiste en reubicar a los profesionales que no superan el examen, pero todavía no se ha desarrollado en ninguna comunidad autónoma. Solo se ha incluido en la actualización del convenio de las BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, publicado esta semana.

El lema "Llegamos limpios y salimos limpios" también se ha popularizado en la profesión porque el riesgo de intoxicación no está solo durante el propio incendio, sino que el hollín y las partículas cancerígenas se pegan a la ropa y la comida, y entran en el organismo a través de la piel y la digestión horas después de la labor. Por ejemplo, situaciones tan comunes como masticar chicle durante un incendio para tener saliva en la boca o comer un bocadillo en una zona con humo conllevan que las partículas acaben en el estómago, según los expertos en salud laboral.

Es habitual también que los forestales no se cambien de ropa hasta llegar a la base o al hotel, y ese polvo tóxico les acompaña en el camión, el helicóptero o incluso acaba en la cama en la que duermen. "Va a costar dinero y tiempo, pero hay que desarrollar protocolos y equipos encargados de encapsular la ropa y lavarla al terminar el trabajo porque estas sustancias atraviesan la piel", reivindica Carlos Martín, bombero BRIF en Cuenca y portavoz de CCOO.

El sindicato UGT ha denunciado que en las labores de extinción de los incendios forestales que asolan Castilla y León, principalmente las provincias de León y Zamora, hay trabajadores que han realizado turnos de 20 horas seguidas de trabajo o más y otros a los que se ha contratado sin experiencia, con un curso previo de 16 horas y en algún caso sin él.

La organización sindical ha anunciado que denunciará estas situaciones que ha detectado ante la Inspección de Trabajo, las Administraciones y empresas implicadas y ha sostenido que ha habido "una descoordinación absoluta" en esos fuegos, con personal dos horas de brazos cruzados esperando órdenes, avituallamientos "tarde y escasos" y trabajadores "deshidratados y con calambres" por el esfuerzo.

Esos detalles los ha ofrecido en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León, Tomás Pérez, que ha lamentado que a algunos trabajadores que extinguen las llamas únicamente se les ha ofrecido un cursillo de ocho horas teóricas y otras tantas prácticas en las que le dicen lo que es una manguera, cómo enchufarla y poco más.

Pérez ha asegurado que este año han llegado los incendios de sexta generación a Castilla y León y hay personal implicado en la extinción al que "se les manda al fuego sin formar".

Al respecto, el secretario general de la FSP-UGT de Zamora, Roberto Castaño, ha precisado que conocen al menos nueve casos de personas contratadas directamente de las listas de desempleados para apagar los incendios forestales, la mayoría sin formación ni experiencia previa, y en algún caso sin ni siquiera haber realizado el curso de formación previo de 16 horas.

Por su parte, la responsable federal de UGT del área autonómica y local, Victoria Corbacho, ha ahondado en la situación del personal de extinción al desvelar que han recibido fotos de denuncia de compañeros que recibían "medio bocadillo y un botellín pequeño de agua para estar todo el día apagando el fuego".

También ha habido casos de trabajadores con llagas en los pies porque las botas con las que acudían a extinguir los incendios no eran las adecuadas. Por todo ello, la organización sindical tiene intención de denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo porque no se ha respetado el máximo de doce horas por turno, que se eleva a catorce si se cuenta el desplazamiento, y que tienen que ir seguidas de al menos otras doce de descanso.

Frente a ello, algunos trabajadores han realizado "jornadas de doce, dieciséis, dieciocho, veinte, incluso de veinticuatro horas" seguidas, ha lamentado el responsable autonómico de Servicios Públicos de UGT.

Este miércoles, la Junta de Castilla y León anunció que "analizará la situación" de las empresas que, incluso estos días con decenas de fuegos activos en la Comunidad, ofertan puestos de trabajo para peón forestal sin requerir experiencia previa ni formación.

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuestionado también por las denuncias de estos bomberos forestales sobre sus largas jornadas en las que no se respeta, según ellos, sus descansos y con un pobre avituallamiento consistente en bocadillos con embutido, el líder autonómico indicó que lo que a él le garantizan es que los descansos de al menos diez horas "se cumplen".

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un vecino de la localidad de Poio, de 34 años y con antecedentes penales, como presunto autor de un incendio que calcinó mil metros cuadrados en el lugar de O Vao, según informa EFE.

Los hechos, según fuentes de la Guardia Civil, tuvieron lugar en la noche del martes, y fueron los vecinos quienes avisaron al instituto armado, cuyos agentes, una vez en el lugar, fueron dirigidos hacia un domicilio en cuyo interior estaba presuntamente el autor del fuego.

El ahora detenido, a la llegada de los agentes, reconoció repetidamente la responsabilidad de lo ocurrido, de modo que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.

Del incendio se hicieron cargo bomberos de O Salnés y de Pontevedra, y para su extinción fue necesario el traslado de una motobomba.

El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra.