Mamarracho es una persona estrafalaria, ridícula, que no merece respeto. Eso dice la RAE. Y así empezó “PPayuso”, a insultar al ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque luego este, con más retranca, le contestó en redes sociales.

Cuando se utiliza este término en el ámbito político, está claro que solo se busca montar un espectáculo mediático en lugar de actuar con la dignidad que exige el cargo.

Aunque Puente ha tenido fuertes choques en redes con Alvise Pérez (a quien ha llegado a calificar con insultos como "saco de mierda", o a sus votantes como "gentuza"), el intercambio explícito del insulto "mamarracho" ha cobrado enorme fuerza en la política española debido a su durísimo enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o sea la “PPayuso”.

El ministro Puente elevó la apuesta respondiendo directamente en sus redes sociales: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú". Con esto, le devuelve el golpe acusándola a ella de ser la verdadera persona extravagante, hipócrita y desaliñada en su gestión política.

Tras los incendios en la Comunidad de Madrid, "Ayuso ha reducido a la mínima expresión los servicios públicos y, cuando hay una emergencia, tiene que pedirle al Estado que tome las riendas".

Eso fue lo que le contestó Puente con excesiva sorna. Y “PPayuso” se pone llorica, sale corriendo e insulta a todo quisqui viviente que pille por delante. El ministro le responde acusándola de tener una caradura asombrosa. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid recortó presupuestos destinados a esta materia todo lo que pudo.

¿Realmente quién apoya a “PPayuso” en la Comunidad de Madrid (y en más sitios)?

Ayuso es la niña mimada de cierto sector del PP. Empezando por “Asnal”, el impresentable MAR (Miguel Ángel Rodríguez) y la Fundación FAES (think tank) de la derecha española, tenemos a la Audiencia Provincial de Madrid con sus jueces, fiscales, abogados y funcionarios peperos 100%, los grupos mediáticos de la derecha, como El Mundo, La Razón, ABC, La COPE, etc. etc., hasta más de 123 medios y, cómo no, el entramado empresarial conservador y derechón hasta más no poder. Y claro, la sección mas dura y facha del PP también está con ella.

“Hijo de puta, caradura, socio de ETA, meme de república bananera, caudillo bolivariano, autoritario, corrupto, comunista, chavista, violento, estafador, tirano, mafioso, inhumano, matón, estalinista, llorón, desquiciado, mentiroso compulsivo, hijo de puta, oculto tras “me gusta la fruta, etc. etc.”. ¿Ese es el vocabulario político de una presidenta de una comunidad autónoma?

Ayuso no participó —ni quiso participar— en la reunión de coordinación de emergencias a la que asistían el rey y Mañueco. La presidenta de Madrid se marchó antes de que comenzara el encuentro del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias por los graves incendios que asolaban la Comunidad.

Una Ayuso desbordada, incapaz de controlar la situación que, ante la falta de previsión durante el invierno para prevenir los incendios, tal como denunciaron los bomberos forestales, pidió al Gobierno que tomara el control de la situación y asumiera el mando ante los incendios en la Comunidad de Madrid.

Y es que “PPayuso” es de mucho cacarear y poco gestionar. La Comunidad de Madrid necesita a alguien con más sensatez, menos conflictiva y, sobre todo, menos mentirosa. Sí, sí, libertad en bares y terrazas, muchos insultos a Pésanchez, hacerse amiga de Netanyahu, Trump y del “payaso” argentino Milei. Esa no es la mejor agenda política para las necesidades reales de la Comunidad de Madrid y de su gente.

En España no está prohibido limpiar los montes. ¡No está prohibido! La supuesta prohibición es un bulo para atacar las políticas de protección ambiental. De hecho, la limpieza de los montes es una obligación para evitar incendios (Ley 43/2003 de Montes). En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Tanto la ley de 2003, como su reforma en 2015, fueron aprobadas con gobiernos del PP que tenían mayoría absoluta. Su gestión depende de los gobiernos autonómicos, la mayoría del PP.

Los bomberos de Madrid advirtieron en abril de que los trabajos para prevenir incendios se habían reducido a la mitad. Los profesionales forestales de la Comunidad de Madrid afirman que se ven obligados a trabajar con cinco efectivos en cada dotación en lugar de siete, como ocurría el verano pasado, y el Gobierno de Ayuso les amenaza con acciones judiciales, ¡la muy inútil!

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes avisa sobre la inversión en prevención de incendios: "Habría que multiplicarla al menos por 10". "Hay que invertir más en extinción, porque si tenemos la pata coja en prevención y en autoprotección...".

Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acusa a Ayuso de difundir bulos con la limpieza de montes en plena ola de incendios: "Es una gran irresponsabilidad".

Pero, ¿quién debe limpiar según el terreno? Las comunidades autónomas deben cuidar, limpiar y prevenir incendios en los montes públicos que son de su propiedad o gestión directa. Pero los dueños privados tienen la obligación legal de mantener limpios y en buen estado sus propios terrenos forestales particulares. Y a los ayuntamientos les toca limpiar las zonas de monte o franjas que están cerca de las casas y de los caminos dentro de su pueblo o ciudad.

Lo dice hasta el mismo PP de Madrid: ¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También. Solo hay que escuchar a quienes están en ese territorio. Y ellos, PP, ¿los han escuchado últimamente?

“PPayuso”, además de insultar a Pésanchez y a otros ministros, desoye a los forestales, delega la responsabilidad y se dedica a quejarse y a regarlo todo de bulos y crispación con su chaleco puesto de “presidenta”, por si se pierde en las tareas. No nos merecemos líderes así.

La Justicia obliga a Ayuso a destinar —o devolver— casi 40 millones a los bomberos tras confirmar que fueron desviados a partidas ajenas a la prevención y extinción de incendios. Y es que la muy descarada hizo un desvío de fondos.

Y ella tan feliz y “apalominá” con su chaleco de presidenta, como dicen los medios, “es por si se pierde…”

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Era un lema que se repetía cada verano: "Todos contra el fuego". El problema es que la última palabra de consigna sigue, pero la primera ha desaparecido: hay incendios, pero no hay unidad. Las llamas calcinan los árboles y matan nuestro oxígeno, hay que evacuar a miles de personas y seguir la lucha desigual contra ese diablo de mil lenguas que convierte lo que toca en silencio y cenizas.

El combate podría ser más equilibrado si se pusieran los medios económicos que hacen falta para prevenir y no tener que curar, pero aquí sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y de San Florián de Lorch, que es el patrono de los bomberos, cuando empiezan a arder nuestras casas. La religión dice que se puede apagar una ciudad que se quema, usando un balde de agua y la fe: la realidad nos hace ver que sin más personal, más hidroaviones, más camiones-cisterna, menos negacionistas del cambio climático, menos ultraderecha enemiga del ecologismo y, en resumen, más inversión que financie el mantenimiento de nuestra naturaleza, no hay nada que hacer. En esto, como en tantas cosas de la política, por el humo se sabe dónde está el inepto.

Los mismos que reducen presupuestos de cuidado medioambiental o acortan las plantillas de profesionales de ese ramo, ahora se lamentan y tratan de cargarle el muerto al adversario. Y eso nos lleva al mismo callejón sin salida de siempre, es decir, a un cruce de acusaciones sin fondo, a la retahíla habitual de las competencias, que por encima de lo que esté pautado se intentan poner en las espaldas del rival, y al intento de no asumir responsabilidades cada vez que se produce una catástrofe que les deja en evidencia. La historia se repite por falta de imaginación y, en el caso dramático que volvemos a sufrir otro año, por el desinterés al respecto de esta gente que está ahí para otras cosas y, más que nada, por otros intereses.

Los pactos de Estado vuelven a proponerse y se los lleva el viento negro de la gran hoguera, porque debe de ser que salvar nuestro hermoso paisaje no da votos, o algo así, y por lo tanto no es un objetivo del poder. Mientras tanto, a los demás nos parte el corazón ver con qué violencia se consumen esas hectáreas de España que esos charlatanes con ínfulas no deben de considerar parte de la patria a la que tanto dicen querer. Hacen falta más bomberos y menos pirómanos, reales y verbales.

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves. Al mismo tiempo, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha ordenado la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox (Toledo).

La medida fue adoptada a media tarde del sábado, después de que el incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continuase activo y fuera de control durante toda la jornada. La tregua meteorológica nocturna, con un descenso de las temperaturas, menor viento y mayor humedad, permitió a los retenes trabajar a gran intensidad y frenar la propagación de las llamas, pero no controlarlas.

Entretanto, una persona ha fallecido en el incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (València), según ha informado el ayuntamiento a través de la red social X. Hay cinco más hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. El fuego, que ya está controlado, se declaró sobre las 12:45 horas en un área de vegetación del barranco del Salt de l'Aigua de Manises.

En el centro de la península, las autoridades hacen frente a una jornada compleja. Se esperaba un nuevo incremento de la intensidad del viento, que podría alcanzar valores similares a los registrados el viernes, con velocidades sostenidas en torno a los 30 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Persiste además el riesgo de que los incendios de Madrid y Ávila se unifiquen en un solo frente.

 La cercanía del fuego ha obligado, pasado el mediodía, a evacuar la localidad madrileña de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando avanzado que gestiona los servicios de extinción, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Martín ha pedido que se salga de forma ordenada del municipio. El puesto de mando se trasladará a Navalcarnero.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer al aire libre por la mala calidad del aire de la zona cercana a los incendios, que “no es buena” con valores de PM2’5, es decir, con partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

García ha asegurado en una publicación en su cuenta de la red social X que estos valores se encuentran “muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios, entre ellos la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

La emergencia acumula hasta la fecha 88.000 personas evacuadas o confinadas, unas 50.620 en los municipios madrileños y 38.000 en la provincia abulense. El último cómputo es de 59.488 personas evacuadas y 28.262 ciudadanos confinados. El número de afectados en la Comunidad de Madrid asciende a 50.620 afectados, entre los 21.132 confinados y los 29.488 evacuados, mientras que en Ávila los evacuados suman unos 30.000 habitantes y los confinados se sitúan en los 8.000. La cadena de desalojos preventivos se ha extendido progresivamente por una docena de localidades, entre ellas San Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela o El Escorial, donde anoche se evacuó a 5.000 personas de un camping por la proximidad de las llamas.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el incendio de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de la Comunidad de Madrid supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros.

Emergencias 112 ha desplegado un operativo especial de asistencia vecinal que incluye 17 ambulancias, unidades de vigilancia intensiva y soporte psicológico. Tanto la Comunidad de Madrid como la Delegación del Gobierno han pedido a los ciudadanos evitar los desplazamientos a la zona, no acudir a embalses ni áreas de recreo próximas y facilitar el paso de los equipos de rescate.

Pedro Sánchez, desplazado al centro de mando desde primera hora de la mañana del sábado, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y que se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante. El presidente del Gobierno se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y tras asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios”, ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación “sigue siendo compleja” por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y “ganar tiempo”.

Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, el frente de Ávila no ha cruzado a la Comunidad de Madrid y su avance se produce principalmente en Cebreros y en El Tiemblo. En territorio madrileño, la cabeza del avance de las llamas se establece en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva.

Interior mantiene el desalojo completo de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Otras 20.000 personas siguen confinadas en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano han hecho que el cielo de la ciudad de Madrid haya amanecido con un color marrón y que la atmósfera desprenda un olor a quemado. Muchos vecinos y turistas han vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de sus casas, pese a que no hay riesgo para la salud.

Con una temperatura que hoy no subirá de los 30 grados, y a más de 70 kilómetros de los incendios que asolan la sierra oeste madrileña, la ciudad vive también las consecuencias de este fuego. Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han confirmado a Efe que no hay riesgo para la salud y que tampoco han recibido muchas llamadas de teléfono preguntando cómo actuar.

Pese al deterioro de la calidad del aire, se recomienda extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo entre ancianos, niños, embarazadas y enfermos. Desde Emergencias Madrid y Emergencias 112 recomiendan cerrar puertas, ventanas y toda la ventilación de la casa, y no permanecer al aire libre si no hay obligación.

También se aconseja proteger los ojos y la piel, para lo que se recomienda usar manga larga. La mascarilla ha de ser FPP2. Fuentes de Aena han confirmado que, pese al humo, el aeropuerto de Madrid está operando con normalidad.

El fuego ha dejado en la localidad de Navaluenga coches y casas calcinados a su paso. El municipio, situado en la sierra de Gredos y que permanece confinado desde el viernes, está a unos 85 kilómetros de Madrid, y junto a las localidades de Cebreros y El Tiemblo suma ya más de 8.600 personas confinadas.

Los vecinos se han sumado a las tareas de extinción del fuego, regando las tierras ya quemadas cerca de sus viviendas para evitar posibles rebrotes.

El alcalde del municipio madrileño de Navalagamella, Andrés Samperio, ha explicado a Efe que la situación en el municipio está más tranquila después de una “noche dantesca”.

En el caso de la de la urbanización de El Encinar del Alberche, en Madrid, una llamada con un escueto mensaje, “hay un incendio”, bastó para anticipàr que en tan solo 15 minutos el fuego comenzara a arrasar las casas de los 1.400 vecinos. Sus residentes se enfrentan ahora a un panorama desolador.

Emilia López es la presidenta de la comunidad de vecinos de esta urbanización de 1.700 parcelas y 1.400 residentes. Ella misma envió un mensaje a través de los canales de comunicación interna después de que los servicios de mantenimiento le avisaran de que había un incendio.

“La urbanización estaba normal y corriente, yo estaba trabajando en Madrid y me llamó mantenimiento porque había un incendio en el pinar, y me dijeron que venía hacía ahí. Llamé a la alcaldesa, y no lo sabía, y tuve que poner por las redes que los vecinos desalojaran. Si no llegamos a desalojar... esto fue 15 minutos”, ha relatado con angustia.

A partir de ahí, un panorama desolador. Los vecinos tuvieron que desalojar sus viviendas, muchas de ellas calcinadas y otras con grandes daños. Ahora que han podido acceder a la urbanización han tenido que alquilar un generador para devolver el agua a las tuberías, que también están arreglando.

Los vecinos, la mayoría alojados en casas de amigos y familiares, hacen rondas por la noche para controlar que los rescoldos no se reaviven. “Salimos por la noche para ver si hay rescoldos y apagarlos. Nos sentimos abandonados”, ha explicado López, que ha contado que también han creado un grupo para dar de comer y beber a las mascotas que se han quedado en las casas.

La solidaridad vecinal se une a la que están prestando Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid. Aun así, López la considera insuficiente y pide más ayuda al Gobierno regional.

Esta urbanización se encuentra en el municipio madrileño de Villa del Prado, afectado por el incendio que comenzó el miércoles en Almorox, Toledo, y está a unos cinco kilómetros del casco urbano. El desalojo preventivo comenzó tras acceder el fuego a la primera línea de chalés, cuyos vecinos fueron evacuados rápidamente hacia el pabellón municipal habilitado por los equipos de emergencia.

El operativo que lucha contra el incendio forestal de Ejulve, en Teruel, que afecta a 2.900 hectáreas, ha conseguido esta noche parar el avance de las llamas y contener la amenaza sobre el casco urbano de Cuevas de Cañart, una de las cinco poblaciones que siguen evacuadas de manera preventiva.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que los trabajos nocturnos han permitido al menos parar el crecimiento del incendio, también en la zona de Cuevas de Cañart, la población que más preocupaba.

La reactivación de las llamas durante la madrugada del viernes obligó a evacuar de manera preventiva a unas 175 personas de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y de los barrios de El Higueral y La Algecira, que siguen desalojados. De todos los evacuados, 35 han precisado alojamiento y han pasado la noche en el albergue de Alcorisa.

Bermúdez de Castro ha señalado que ha habido personas que se han quedado en algún municipio, poniendo en riesgo sus vidas y la de agentes de la Guardia Civil, cuando las evacuaciones decididas desde el 112 son de obligado cumplimiento. En concreto, 16 personas han decidido no acatar la orden del 112 enviada a través del sistema ES-Alert.

El consejero ha destacado la mejoría de las condiciones para atacar el fuego este sábado, con una bajada de temperaturas de más de 10 grados de media en Aragón y la entrada de viento del norte, aunque ha advertido de la posibilidad de otra ola de calor a partir del martes. Por este incendio siguen cortadas las carreteras A-1702, la TE-38 y la TE-8101, y este sábado trabajarán en el operativo 9 helicópteros, 7 cuadrillas helitransportadas de Infoar, 3 aviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 10 cuadrillas terrestres, 6 autobombas, una brigada de refuerzo, una dotación de la UME, 3 bulldozer y bomberos de las diputaciones de Teruel y Zaragoza.

El incendio de La Cerollera, también en Teruel, evoluciona “muy bien”, según el consejero, que espera poder darlo por estabilizado este sábado. En el de Plan, en el Pirineo oscense, la situación se mantiene dentro de la complejidad del terreno, y se espera que ayude en la extinción la bajada significativa de temperaturas y las previsibles tormentas.

En León, el incendio declarado en Murias de Ponjos evoluciona favorablemente y mantiene evacuados este sábado a 174 vecinos de Ponjos, Rosales, Folloso, Andarraso, Trascastro e Inicio. El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha explicado tras la reunión del Cecopi que el incendio ha evolucionado bien gracias a la entrada de vientos del norte con humedad.

Los trabajos nocturnos han permitido llevar a cabo la estrategia de fuegos técnicos para impedir el avance del incendio, que se ha perimetrado en 6,5 kilómetros sobre los 8 kilómetros de la cabeza del incendio. El fuego se encuentra con índice de gravedad potencial 2, por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

La zona que más preocupaba, con las llamas amenazando la localidad de Rosales, está bien al no haber superado el arroyo ubicado en sus proximidades, mientras que los puntos más activos se encuentran en el área de Inicio y Valdesamario. A los vecinos evacuados se les ha ofrecido dormir en el albergue de las Escuelas de Riello, aunque solo seis lo han utilizado, ya que el resto ha preferido quedarse con familiares.

Durante la mañana se sigue trabajando con un amplio operativo integrado por técnicos y agentes medioambientales, seis bulldozer, seis cuadrillas de tierra, siete autobombas y cuatro cuadrillas helitransportadas, a los que se han sumado con las primeras luces del día seis helicópteros. Diego ha considerado positiva la evolución de los otros dos incendios de la provincia, en Quintela y Castropodame, lo que ha permitido reducir su índice de gravedad potencial de 1 a 0, ya que, aunque siguen activos, no tienen llama.

En Castilla-La Mancha ha levantado la evacuación en Semillas, uno de los municipios desalojados por el incendio de La Mierla (Guadalajara), aunque mantiene esta medida en Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial, según ha informado el servicio en redes sociales este sábado. Siguen cortadas las carreteras GU-151, GU-147, GU-213 y GU-137. El incendio, declarado el 16 de julio, ha afectado a unas 32.000 hectáreas, en su mayoría en la Sierra Norte de Guadalajara, y continúa en nivel 1. Trabajan en su extinción cuatro medios aéreos, 27 terrestres y 149 personas, según el sistema Fidias de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

La superficie quemada por incendios sobrepasa ya las 125.937,66 hectáreas en lo que va de 2026, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica este sábado. La cifra contrasta con las 24.133,26 hectáreas arrasadas en el mismo periodo del pasado año.

El ministerio ha informado también de que en 2026 ya se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década. Los datos son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026.

Los grandes incendios irán a más y serán cada vez más graves. Esto es lo que reconocen en privado esta misma semana altos cargos de la Comisión Europea en Bruselas ante el inicio de la temporada de verano con fuegos que ya afectan a Galicia y Castilla y León, a Portugal o a Francia. Tras un 2025 histórico por lo destructivo de las llamas, con un millón de hectáreas quemadas en toda la UE, el continente se prepara para otra temporada que apunta a ser dramática.

Bruselas realizará su mayor despliegue de medios con casi 800 bomberos de 14 países situados estratégicamente en áreas de alto riesgo en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. La UE también pondrá a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria, “listos para ayudar a los países bajo presión, porque la temporada de incendios se ha vuelto más larga, llega antes y es más destructiva”. El operativo más grande del Mecanismo de Protección Civil desde que en 2022 se decidió apostar por este despliegue inicial.

La primavera, según el sistema de satélites europeos Copernicus, ha sido la tercera más cálida desde que hay registros, seguida de una ola de calor excepcionalmente temprana en Europa occidental durante mayo y de nuevos episodios de calor extremo aún más intensos en las últimas semanas. El caldo de cultivo perfecto para un verano de incendios, como los que aparecían en las imágenes del fotoperiodista Brais Lorenzo con las que acaba de ganar el World Press Photo Award y que han protagonizado una exposición en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Delante del vicepresidente de la Eurocámara, el rumano Nicolae Stefanuta, o la jefa de la Unidad europea de Reducción de Desastres y Riesgos de Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano, Lorenzo señalaba: “Empecé a trabajar en el 2010-2011 siguiendo los incendios y cuando se producía uno de 300 o 500 hectáreas era tratado mediáticamente como un gran incendio forestal, de grandes dimensiones. Por poner en contexto, el verano pasado en Galicia se estaban produciendo cuatro o cinco incendios simultáneos de más de diez mil hectáreas. Soy testigo directo de cómo ha evolucionado esta situación”.

Bruselas reconoce abiertamente esta nueva realidad de grandes incendios, favorecida por el calentamiento global, el abandono del medio rural y el cambio en los usos del suelo, que ha reducido la biodiversidad de los bosques, haciéndolos menos resistentes. La Estrategia Integrada de Prevención y Gestión publicada en marzo por la Comisión Europea reconoce la necesaria preservación de población rural para apoyar acciones concretas a nivel territorial, como la reducción de la erosión de los suelos o la mejor restauración de las superficies quemadas.

“Estamos ante un reto de civilización”, señala un alto cargo de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. “Tenemos que incrementar la conciencia entre la población y a todos los niveles de las autoridades” sobre las políticas de acción climática y de preservación medioambiental, añade.

En Bruselas hablan de “planes integrales en el manejo de tierras, sobre la gestión de los bosques, con más biodiversidad para ser más resistentes al cambio climático y a los incendios” y no sólo en los medios técnicos y materiales que la Comisión pone a disposición de los Estados miembros para labores de extinción. Priorizar la prevención sin descuidar la gestión de los fuegos.

Desde Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano lo explica claramente: “Europa es el continente que más rápido se calienta, así que estamos ante una combinación de factores y la solución no es simple”. Con estas palabras, Cano coincide con uno de los mensajes claves de la Comisión: “Necesitamos la financiación antes de los desastres y no después. Por supuesto la inversión en los equipos de extinción es importante, pero la inversión en prevención es rentable porque salva vidas y ecosistemas a posteriori”.

Este miércoles el Parlamento Europeo, a iniciativa de Los Verdes, debatirá en Estrasburgo sobre la necesidad de reforzar la preparación de la UE para proteger a la población frente a las olas de calor y la próxima temporada de incendios forestales. Con el recuerdo muy vivo entre los eurodiputados de las llamas y de los pueblos calcinados en sus impactantes fotografías, el fotoperiodista Brais Lorenzo pide que no vuelva a “ocurrir el colapso estructural fruto de décadas de abandono del medio rural vivido en Galicia en 2025, en el que los vecinos lucharon prácticamente sin medios en aldeas despobladas donde no llegó un equipo de extinción”.

En esta labor se presenta como fundamental el sistema de satélites Copernicus, contribuyendo a mapear la evolución de los incendios y su extensión para facilitar las labores de los bomberos. Sus científicos son conscientes del contexto en el que se mueven, con un calentamiento global acelerado que está desatando fenómenos climatológicos extremos y, por eso, uno de sus objetivos es acelerar el seguimiento que hacen de los fuegos para informar cada tres horas y no ocho a las autoridades competentes.

En España, los bomberos forestales se distribuyen en varios niveles y categorías distintas. Los estatales forman un cuerpo profesionalizado agrupado en las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, distribuidas por las comunidades autónomas y dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. Son posiblemente la élite, que entrenan todas las mañanas dos horas y media y que luego pueden encontrarse un dispositivo contra un incendio sin haber descansando ese mismo día. Estos bomberos que entran al corazón de las llamas desde helicópteros con kilos de equipo y material encima.

Las Comunidades Autónomas cuentan con sus propios bomberos, también profesionalizados, pero en estos cuerpos las condiciones laborales son peores. En Galicia, los de la Xunta denuncian que sólo una parte son personal fijo mientras parte del cuerpo sufre contratos laborales discontinuos o trabaja en bases con deficientes condiciones de duchas, zonas de descanso o limpieza de sus equipos. En circunstancias excepcionales o en apoyo ante grandes catástrofes el Estado decide desplegar a la UME, la Unidad Militar de Emergencias.

En nuestro vecino Portugal la situación de los bomberos forestales es más precaria. El cuerpo de Sapadores Florestais, que depende de las autoridades públicas, está profesionalizado pero sus labores principales son la prevención a lo largo del año y no tanto la extinción de los incendios, en la que también se involucran durante el verano. Sin embargo, el 90% de los efectivos que apaga los fuegos está compuesto por voluntarios, que reciben una remuneración mínima y operan en regímenes comunitarios de manera similar a la Protección Civil española.

La voluntariedad entre los bomberos también está muy presente en Francia ya que representan la mayoría de los efectivos que lucha contra los incendios en verano. Sólo se les exige tener al menos 16 años y gozar de una buena salud física. Complementan a los cuerpos de bomberos de los departamentos regionales dependientes del Ministerio de Interior, funcionarios públicos por oposición con buenas condiciones salariales. Igual que en España, Francia tiene un cuerpo de bomberos militares profesionalizado para situaciones de emergencia o gravedad.

El voluntariado masivo es la columna vertebral de los bomberos alemanes, igual que en Austria, en contraste con la evolución hacia la profesionalización vivida en España, donde al igual que en Italia o Noruega hay regímenes especiales de jubilación a edades tempranas, a diferencia de Finlandia o Dinamarca, donde los luchadores contra los incendios pueden llegar a retirarse a los 65 años.

Es difícil de creer, pero los bomberos forestales son probablemente uno de los colectivos más precarizados en España, pese a tratarse de una profesión de alto riesgo y la última línea de defensa de los municipios rurales amenazados por el fuego. "¿Cuánto tiempo tienes?" es la respuesta habitual cuando se les pregunta por las condiciones en las que trabajan, con situaciones a cada cual más surrealista.

A este panorama hay que añadir los problemas de fondo que sufren desde hace décadas: sueldos irrisorios que rozan el salario mínimo, una categoría profesional no reconocida que impide saber siquiera cuántos bomberos hay en España, enfermedades profesionales no reconocidas pese a que están expuestos al 90% de las que aparecen en la ley, turnos en los que no saben cuántas horas van a trabajar y complementos de peligrosidad o nocturnidad que a menudo no se pagan.

Estos problemas no se dan en todas las regiones ni en todos los cuerpos, pero sí afectan a buena parte de los bomberos de Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras comunidades. La responsabilidad de estos abusos es mayoritariamente de los gobiernos autonómicos, aunque el Ministerio de Trabajo tiene tareas pendientes en la regulación de tiempos de trabajo, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales. 

Este lunes, los bomberos forestales se manifestarán en Madrid para denunciar este cóctel de abusos. A continuación se recogen cuatro testimonios de bomberos forestales, todos ellos sindicalistas, sobre cómo es su día a día.

Andoni Corrales, bombero forestal en Borja (Zaragoza), pasa su jornada en un antiguo silo de grano junto a su cuadrilla, esperando a que llegue un aviso por incendio. Las condiciones que describe son tercermundistas. "Tenemos una colonia de palomas en el tejado que lo llenan todo de cacas y también se meten ratas. Pero tenemos suerte de tener agua corriente y luz, porque otras cuadrillas de por aquí ni eso", afirma. En su primera semana, Corrales sufrió una fuerte infección que le dejó ingresado en el hospital y que atribuyeron a los excrementos de paloma.

Aun así, no es ni mucho menos la cuadrilla más precaria de su zona. En Tarazona no tienen agua corriente ni luz. "Imagínate cuando terminan una extinción de madrugada, se tienen que cambiar en la calle poniendo las luces del coche", añade Corrales. Y todavía peor es en Mesones de Isuela, donde la oficina es el campo de al lado del pueblo. "El punto de encuentro es la plaza del pueblo, y de ahí se van a la chopera. Si tienen que hacer un curso, lo dan ahí, al aire libre".

Casos como estos no son excepcionales. En zonas rurales de todo el país es habitual que los bomberos forestales que están de guardia pasen jornadas de diez horas en casetas sin electricidad ni agua potable, y mucho menos aire acondicionado. Además de incumplir las normas mínimas de salubridad, estas condiciones ponen en riesgo su salud porque tienen que lavarse y ducharse en casa, exponiéndose ellos y sus familiares al hollín y al cóctel de elementos cancerígenos que quedan adheridos a los EPI después de una intervención. En el caso de Borja, ni siquiera tienen váter y cuando necesitan ir al baño, van al campo.

Gloria Sánchez, bombera en el dispositivo de Castilla-La Mancha, señala que en su comunidad las vacantes de extinción que se abren en verano para la campaña de alto riesgo se cubren llamando a desempleados inscritos en la lista de empleo autonómica. Muchos de los aspirantes nunca han estado en un incendio.

"Con la precariedad de contratos que tenemos en GEACAM [la empresa pública de medio ambiente] se termina cogiendo a gente del SEPE y se les da un curso de extinción de incendios forestales", explica la bombera. "Por ejemplo, el año pasado dirigí una cuadrilla y tenía a un chico que entró por esta vía que no podía subirse al camión si yo no estaba, porque necesitaba vigilancia continua", añade.

Esto ocurre porque los sueldos tan bajos –a veces rozando el salario mínimo– que no hay candidatos para cubrir las plazas, a lo que se suma el requisito de vivir a 100 kilómetros del punto de reunión, lo que limita todavía más las contrataciones. En todo caso, no es una situación exclusiva de Castilla-La Mancha, sino que bomberos de otras comunidades autónomas han denunciado casos similares porque ponen en riesgo la vida de esa persona y del resto de compañeros.

Diego Fernández de Valderrama, bombero de Castilla y León destinado en Segovia, destaca otro de las quejas habituales, las de los vigilantes de incendios, que pasan toda su jornada en una torre que a menudo no tiene agua ni electricidad, y mucho menos aire acondicionado. En verano, esa salita acristalada alcanza fácilmente los 38ºC, y en invierno, puede bajar hasta los 8ºC.

"En La Pinilla se accede al puesto con una escalera de metal que no cumple con las exigencias de seguridad. Una vez arriba te pasas diez horas en una caja de cristal que solo tiene un estor para protegerte del sol", cuenta el forestal. 

"El dispositivo en Castilla y León es un desastre por todos los lados", sostiene Fernández, que recuerda que el puesto de vigilancia más importante de toda la comunidad, el de Sotillos de Sabero, que puede avistar incendios desde los Picos de Europa hasta Valladolid, lleva siete meses cerrado porque se cayó el techo y la Junta todavía no lo ha reparado. 

Alfonso Ferrero, bombero forestal de la Comunidad de Madrid contratado como personal laboral, comenta que este grupo, que es una minoría dentro del dispositivo regional, está indefinidamente sin trabajo y pasa el día en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, sin funciones.

Después de que la Comunidad de Madrid rompiese esta primavera las negociaciones para reconocer la categoría profesional de estos bomberos (clasificados formalmente en las categorías profesionales de conductores de taxi y técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales), este grupo de unos 30 efectivos rechazó acudir a sus retenes –sus puestos de avanzada– en señal de protesta y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí. Sin embargo, como el Gobierno regional no les proporciona vehículos para acudir a los incendios, llevan un mes pasando allí sus guardias sin trabajo.

"En nuestros contratos pone que nuestro centro de trabajo es la Dirección de Emergencias, así que aquí venimos para que nos manden a donde haga falta, pero no nos dan medios para salir, así que aquí pasamos el día", cuenta Ferrero. También denuncia que las máscaras con las que trabajan llevan caducadas desde 2023 y que la comunidad no contabiliza los ciclos de lavado de sus trajes EPI, por lo que no hay manera de saber si también han caducado.

Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

Veintitrés incendios activos en Cantabria, donde se ha cortado la conexión ferroviaria con la Meseta, y veinte en Asturias mantienen alerta este martes a los servicios de Emergencias de ambas comunidades, en las que el riesgo continúa siendo elevado debido a las altas temperaturas, informa EFE.

En Galicia han quedado estabilizados los principales fuegos, entre ellos el que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y que afectó a 600 hectáreas.

En Cantabria, que registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, se ha suspendido la conexión por tren con la Meseta debido al fuego en Los Corrales de Buelna, que ha obligado a cortar la vía y la catenaria para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción.

El corte afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

Se mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Se prevén condiciones meteorológicas desfavorables para evitar y controlar los fuegos en las próximas 48-72 horas, lo que "favorece la acción de los incendiarios y dificulta las labores de extinción", según el Ejecutivo.

"La madrugada ha sido la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, ha dicho el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.

En Asturias hay 31 incendios forestales, de los que veinte están activos, que afectan a quince concejos y se localizan principalmente en zonas altas, inaccesibles o con muy difícil acceso para los recursos terrestres.

Por ello resultará fundamental el trabajo de los medios aéreos de la comunidad autónoma y los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado.

En la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. El miércoles los 78 concejos se encontrarán en riesgo muy alto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos pero posibilidad de rachas muy fuertes en la cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas, acompañadas de tormentas.

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha pedido al Gobierno del Principado la recuperación del acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas por los incendios forestales para evitar que se pueda obtener "beneficio de quemar un monte".

En Galicia el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado estabilizado tras quemar 150 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en la parroquia de Caión, en A Laracha.

El incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y se extendió por los municipios de Pazos de Borbén y Mos se encuentra también estabilizado tras haber afectado a 600 hectáreas.

El fuego obligó a activar el lunes la situación 2 de emergencia por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén, medida preventiva desactivada pasadas las 23:30 horas.

Dos personas han muerto y al menos dos han resultado heridas este lunes tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York, según publica la CNN a partir de una fuente policial y recoge EFE.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

El accidente se produjo hacia las 23:40 hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según señalan fuentes aeroportuarias.

Jazz Aviation confirmó en un comunicado emitido a primera hora del lunes el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal.  La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar, informó la aerolínea. 

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación. La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes. 

Según la web, Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora -130 millas por hora- momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar. 

El accidente, según la CNN, se produce en un contexto de tensiones en aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país.

Diez incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90% de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras una explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

La persona fallecida es una mujer de avanzada edad, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha avanzado, con toda la precaución necesaria, que no hay personas atrapadas en el lugar.

Sanz se ha desplazado hasta el número 36 de la calle Azcoitia, donde en torno a las 16:15 horas una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha hecho colapsar el forjado del tejado del edificio y derrumbarse sobre la cuarta planta del inmueble. Bomberos, el Samur-Protección Civil, la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplazado efectivos al lugar. 

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital.

La explosión ha causado una afectación importante al edificio y se está comprobando si también al aledaño, al número 38, si bien solo ha sido desalojado el inmueble donde se ha producido la explosión. Aunque tiene aún que valorarse, el suceso ha provocado daños estructurales que, según la vicealcaldesa, podrían obligar a realojar a los vecinos si fuera necesario, por lo que el Samur social se ha desplazado también a la zona. "En estos momentos, con toda la cautela, no hay ninguna persona a la que se eche de menos", ha precisado Sanz.

El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante. Los bomberos evalúan la gravedad de los daños estructurales causados en el edificio y tratan de averiguar las causas de la explosión y si tienen que ver con la presencia de un andamio en la fachada.

Los vecinos del número 34 recibieron este jueves un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36. Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio. 

Carmen, de 90 años, y sus hijos Agustín y Mari Carmen, de 66 y 56, han perdido la vida la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel, un suceso aparentemente fortuito que ha conmocionado al vecindario.

La madre y sus dos hijos murieron atrapados por las llamas y el humo en el piso de la anciana, donde los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los dos hermanos abrazados en el baño y el de la nonagenaria en otra habitación.

El suceso ocurrió sobre las dos de la madrugada en un tercer piso de la calle Moreno, muy cerca de la Comisaria de la Policía Nacional de Carabanchel, cuyas ventanas dan a la calle María Lejárraga, desde la que este viernes se veían abiertas para ventilar.

Se trata de un bloque de cuatro alturas en una urbanización construida hace unos 20 años junto a otras cercanas similares, en la que viven más de cien vecinos, según han contado a EFE varios residentes.

En un tercer piso de la escalera número 3 de la urbanización vivían Carmen con su hijo Agustín, que tenía una discapacidad, según aseguran varios vecinos, alguno de los cuales apunta que uno de ellos debía de tener un síndrome tipo Diógenes. Estos extremos no han sido confirmados oficialmente, ya que la investigación está muy inicial todavía.

Mari Carmen vino a pasar unos días de vacaciones en Navidad con su madre y su hermano pero la pasada madrugada se desató el incendio que acabó con la vida de los tres por causas que se investigan, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tenían las ventanas cerradas totalmente y una puerta acorazada que a los bomberos les costó abrir, explican varios residentes en la zona, que oyeron ruidos y, al mirar desde sus casas, vieron que eran los bomberos rompiendo los cristales de las ventanas para poder entrar y tratar de salvar a los residentes.

Algunos llegaron a ver las llamas, pero sobre todo vieron mucho humo que afectó a los vecinos del ático que hay encima, quienes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos en los que los Bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Vecinos de los tres fallecidos han mostrado este viernes su consternación, por ejemplo Yaiza, residente en el inmueble siniestrado, quien ha explicado a los periodistas que se ha despertado al oír unos golpes muy seguidos y "mucho ruido" de los Bomberos de Madrid, que han actuado de forma "muy rápida" para sofocar las llamas.

Los tres eran "muy queridos" por los vecinos, según Yaiza, quien ha mostrado su deseo de conocer las causas del incendio.

Pablo, vecino de un edificio próximo, ha indicado que sobre las tres de la madrugada le han despertado los policías para decirle que cerrara las ventanas, puesto que duerme con ellas abiertas y, en ese momento, ha visto las llamas, el tendedero que parecía "una bola de fuego" y "muchísimo humo" que afectaba al piso superior.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes al lugar, desde donde ha lamentado este trágico suceso, ha transmitido su cariño a los familiares y allegados de los fallecidos y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia y de seguridad que, "una vez más, lo han dado todo" y velan por los ciudadanos.

El delegado ha aprovechado para recordar que los incendios caseros pueden tener terribles consecuencias y ha pedido responsabilidad al usar materiales eléctricos y material pirotécnico.

"Son días en los que todos queremos celebrar, queremos compartir y tenemos que hacerlo siempre con prudencia y responsabilidad", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias en la red social X, donde ha escrito: "Nuestro más sentido pésame y apoyo a los familiares y demás seres queridos de las víctimas de este trágico incendio en la ciudad de Madrid".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha escrito: "Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo".

Unos 3.000 bomberos forestales y medioambientales de distintas regiones de España, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este sábado en la capital española para reclamar la aplicación efectiva de sus leyes básicas y exigir la consolidación de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas.

La marcha, convocada por la Plataforma de Asociaciones Profesionales y Sindicales de Bomberos Forestales (BASF) y a la que se han adherido CCOO y CGT, ha pasado por las sedes del PSOE, del PP, y el Congreso de los Diputados.

Durante la protesta, han portado pancartas en las que se podía leer 'Por un operativo para incendios forestales público, profesional y digno ya' o 'Por la aplicación de Ley 5/2024 en todo el Estado. Por el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Bomberos forestales en lucha'.

A lo largo del recorrido, los participantes, vestidos con sus uniformes de trabajo, han guardado, varias veces, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en incendios forestales el pasado verano y han coreado consignas para reclamar la dignificación y la profesionalización del sector.

En un comunicado, CCOO muestra su rechazo "al abandono del medio rural y a la falta de gestión forestal que, año tras año, agravan las catástrofes naturales".

El sindicato argumenta que las catástrofes naturales son evitables con prevención y cuando esta falla, el operativo de extinción debe ser "público, estable y seguro", como está establecido en las leyes, que se tienen que cumplir.

Con esta acción, los convocantes quieren recordar el compromiso adquirido hace un año con la aprobación de las leyes 4/2024 y 5/2024 básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales, que establecieron el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el contexto de emergencia climática.

CCOO reconoce los avances que se están dando en materias como la aplicación de la edad anticipada de jubilación; así como el desarrollo y la esperada publicación de normativas que regulen los tiempos de trabajo y condiciones laborales de seguridad y salud.

Sin embargo, sostiene la organización, todavía quedan pendientes de desarrollar varias materias reconocidas en la norma, como la correcta aplicación de la clasificación profesional, el reconocimiento de enfermedades profesionales, los procedimientos de acreditación formativa, y acreditación de competencias, que, para el sindicato, son fundamentales en la consolidación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

CCOO subraya que estas medidas deben ser aplicadas por las administraciones autonómicas en sus respectivas empresas públicas y privadas.

Además, el sindicato alerta sobre el riesgo que suponen "los discursos negacionistas de algunos partidos políticos en materia de cambio climático y gestión forestal", y llama a los gobiernos autonómicos a desvincularse de quienes obstaculizan las labores de prevención y extinción de incendios, ya que estas negligencias se pagan con vidas humanas y con la pérdida del patrimonio natural.

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital, informa EFE.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas, ha precisado Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo se ha producido esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que ha tenido su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

La búsqueda se ha reanudado después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La víctima mortal se suma a las 25 personas heridas que ha contabilizado Emergencias Madrid hasta el momento, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves y que han sido trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, ha indicado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2", pero ha añadido que "hay que hacer una valoración entera".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado un total 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal, entre otros.

Los bomberos forestales madrileños, en huelga indefinida desde el 25 de agosto, han protagonizado este miércoles una sonora protesta ante el Ministerio de Hacienda para reclamar a la empresa estatal Tragsa que negocie un nuevo convenio con mejoras salariales y laborales, según informa EFE. 

Tras una larga concentración con 'performance' incluida, han registrado en el ministerio una petición de reunión y una "aclaración oficial" sobre la negativa de la concesionaria Tragsa a negociar un convenio de empresa con los brigadistas madrileños.

Unos doscientos bomberos han hecho durante más de media hora una simulación de incendio forestal con botes de humo y petardos, además de provocar un fuego controlado con cartones, para luego avanzar en filas ordenadas golpeando con sus batefuegos, como en un incendio forestal, frente al número 5 de la calle Alcalá.

Coreaban cánticos de "Bomberos forestales, derechos laborales"; "El fuego nos mata, Tragsa nos remata"; “Mil trescientos euros, por apagar incendios", entre otros dirigidos también a la Comunidad de Madrid: "Escucha Ayuso, para este abuso".

La extinción de incendios forestales en la Comunidad de Madrid está adjudicada a la empresa pública Tragsa, que mantuvo una "postura inmovilista", según los bomberos, en la reunión tripartita del 28 de agosto entre los sindicatos -Firet, UGT y CGT-, la Comunidad de Madrid y la concesionaria.

En esa reunión, Madrid ofreció una subida salarial del 10%, pese a que "nuestro poder adquisitivo ha caído un 35% desde la firma del convenio en 2008" (en palabras de los bomberos), mientras el presidente de Tragsa, Jesús Casas, no presentó "ninguna propuesta de mejora, escudándose en que no cuenta con permiso del ministerio para iniciar una negociación", según el delegado de Firet, Javier Villanueva.

De ahí que hayan registrado un escrito al ministerio, del que depende Tragsa, tras guardar un minuto de silencio por las cuatro personas "caídas en esta campaña de incendios". 

En su escrito, los brigadistas piden "una aclaración oficial" del ministerio sobre la negociación colectiva, ya que Tragsa "se ampara en una supuesta prohibición externa para eludir su responsabilidad como empleador".

Los brigadistas buscan "un convenio de centro de trabajo o de actividad que recoja de forma específica" sus condiciones, y Tragsa responde "que no puede atender esta petición porque ni el Ministerio de Hacienda ni la SEPI lo permiten o lo autorizan", según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

Por ello, preguntan al ministerio "si efectivamente Tragsa está legalmente impedida" para negociar; si existe "alguna instrucción, limitación o criterio vinculante emitido por ese Ministerio o por la SEPI que restrinja su capacidad de negociación"; y "cuáles son los cauces legales y efectivos" para que los trabajadores de Tragsa ejerzan sus derechos.

*El titular de esta información se ha modificado porque en una versión anterior se hacía referencia a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que no está relacionado con la reclamación de los bomberos forestales.

La memoria registra tardes en que la dictadura programaba dos corridas en uno de los dos canales de TV, en blanco y negro, existentes y remataba la jornada con un partido de fútbol, todas las transmisiones locutadas por el inconfundible maestro Matías Prats. Acontecían dichas maratones lúdico–sedantes coincidiendo con graves acciones de gobierno. Como alternativa, había espectáculos en los que a la crueldad animal se sumaba la ejercida sobre personas afectadas por lo que antaño se conocía como enanismo para que el público se riera de las embestidas y revolcones sufridos por la infausta troupe del Bombero torero.

Uno de los presuntos valores “culturales” de las corridas de toros, defendidas a ultranza por las derechas, es la capacidad de distracción popular que tuvieron siglos atrás. La dictadura las utilizó para despistar al hambre y anular el pensamiento crítico del pueblo llano. Hoy, las derechas intentan recuperar esa “fiesta”, obsoleta y decadente, en la era de la TDT e internet, derrochando un pastizal de dinero público detraído de inversiones en Servicios Públicos esenciales para un Estado del Bienestar desmantelado por la ideología neoliberal.

Mientras arde España como nunca, las derechas vuelven a demostrar su incompetencia para gestionar cualquier contingencia no beneficiosa para las élites económicas y empresariales, como en el franquismo y las monarquías que lastraron ayer y lastran hoy el progreso y la modernidad de este país. Es desolador ver cómo dan capotazos a todos los desastres para eludir sus responsabilidades competenciales, y largas toreras a la verdad con bulos y manipulaciones, a fin de culpar al Gobierno Legítimo de la muerte de Manolete.

La actividad política de Feijóo y sus bandas autonómicas, mientras arden montes y pueblos, se concentra en incendiar a la opinión pública culpando a otros. Nada nuevo. Mazón, desmantelada la UVE, acusa a la delegada del gobierno y a la AEMET. Castilla y León y Galicia, privatizada la extinción de incendios, piden más medios. Ayuso (Miami vice) culpó de las 7.291 muertes a Simón y a Iglesias. Bendodo tapa la mala gestión de Bonilla, Mañueco, Rueda y Guardiola, los suyos, acusando a Protección Civil por decir lo que pasa.

Las derechas exigen al Gobierno más medios de los que hay a causa de los recortes que ellas aplican. Muchas personas votantes de las derechas, afectadas por los estragos de la política neoliberal y de la ideología negacionista del PP y de Vox, se quejan ante los micrófonos de las consecuencias de ahorrarse 50 € en los impuestos autonómicos a cambio de disfrutar de corridas de toros y procesiones todo el año. Es lo que tiene votar cegados por los trajes de luces y elegir la papeleta con muy pocas luces: privatización de medios y ninguneo a las cuadrillas de bomberos para subvencionar cuadrillas de toreros.

A nadie debe extrañar que el bombero torero Feijóo contemple feliz cómo arde el país por la falta de medios y la precariedad de los bomberos que su ideología neoliberal provoca. Un torero al frente de una Consejería de Cultura da idea del nivel de gestión de la derecha.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes que el operativo de extinción de incendios forestales actuó "desde el primer momento" y "sin regatear ningún esfuerzo", pero ha remarcado que se produjo un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y "la mano del hombre como origen" en "muchos casos", según informa EFE.

En su primera intervención ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, para analizar su gestión de los incendios de este agosto, Mañueco ha argumentado que estas circunstancias "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible", para lo que ha citado palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha dicho estar "totalmente de acuerdo" en su visión sobre las dificultades de extinción.

Mañueco ha arrancado este viernes su comparecencia ante el Parlamento autonómico con un llamamiento a "elevar el debate" sobre la gestión de los incendios forestales y estar "a la altura de la dignidad" de los ciudadanos, sin caer en el "ruido, el simplismo y el cálculo electoral".

Antes de comenzar la sesión, las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las tres personas que han fallecido en lo que va de verano a consecuencia de los incendios que asolan la Comunidad, especialmente en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

El presidente de la Junta ha cifrado en 348 los incendios en su Comunidad en apenas 23 días, 72 de ellos "presuntamente intencionados" y otros tantos aún "en investigación". "Espero que caiga todo el peso de la ley sobre los incendiarios, y lo digo con un reconocimiento especial a la labor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado Mañueco, que ha informado de que ya han sido detenidas cinco personas en relación con los fuegos.

Los grandes incendios de Castilla y León, los de más de 500 hectáreas, han afectado hasta el 26 de agosto a unas 141.000 hectáreas, resultando especialmente afectadas las provincias de León y de Zamora, pero también otras como Salamanca, Ávila o Palencia.

Del total de hectáreas, el 31% es forestal arbolado, el 11% forestal desarbolado, el 43% matorral, el 7% pastizal, el 8% agrícola y el 0,5% con otros usos, ha detallado. Ha sido "un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos, con tormentas secas capaces de generar auténticos torbellinos de fuego y devastar miles de hectáreas en pocas horas, generando multitud de incendios simultáneos".

Mañueco ha defendido que su Comunidad tiene "un buen operativo", el "mayor que ha tenido nunca" para luchar contra el fuego, y ha añadido que en esta cuestión "no caben demagogias", convencido de que en los próximos años habrá que enfrentar "más situaciones extraordinarias".

También ha reclamado que la Conferencia de Presidentes anunciada por el presidente del Gobierno aborde la gestión de los incendios forestales "con rigor" y con reuniones sectoriales previas porque se necesita "un nuevo modelo de actuación". "Quien piense que esto es un problema local o autonómico, está equivocado y camina en dirección contraria a la solución", apuntado.

Será la próxima semana cuando su gobierno apruebe el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes de la Comunidad, un documento que los sindicatos forestales han echado en falta durante estos días. El presidente ha añadido que este decreto desarrollará el inventario forestal continuo y facilitará el aprovechamiento sostenible, la conservación y el desarrollo rural.

Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

Una protesta, previa a la comparecencia de Fernández Mañueco para explicar su gestión ante los incendios, que ha aglutinado a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CSIF y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAMCYL), integrada en el sindicato USCAL; a partidos políticos y colectivos sociales.

La concentración, que han protagonizado bomberos forestales y agentes medioambientales, que han bateado el suelo con sus palas y han quemado paja y neumáticos y han hecho rugir motosierras sin cadena para representar las situaciones que viven a diario, una hoguera en la que también han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones.

Casi una hora antes de comenzar el pleno extraordinario, medio centenar de personas han acudido a la puerta lateral del parlamento – la entrada de vehículos – para mostrar su malestar por el operativo, y han pitado los numerosos coches que llegaban al hemiciclo.

También se han visto pancartas como 'Mala gestión. Mañueco dimisión', 'Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año', 'SOS Montaña Palentina' así como carteles en los que, además de la dimisión del consejero y del presidente autonómico, reclamaban el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, han reclamado dimisiones y han mantenido un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas en la extinción de incendios y los afectados por las llamas.

Los organizaciones sindicales también han hecho balance del dispositivo de extinción de incendios: el vicesecretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos CyL Carlos Arenas, ha acusado a la Junta de “no cumplir al cien por cien” los acuerdos suscritos en el Diálogo Social tras los fuegos de 2022 y ha pedido “profesionalizar completamente” el operativo y que sea público.

Tanto los responsables de CSIF como de CCOO y la APAMCyL han coincidido en denunciar la falta de medios y han pedido más presupuesto para la prevención.