Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece.