"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

Podría decirse que en Segovia conviven, a la vez, tres tipos de personas. Uno son sus vecinos; otro, los turistas; y otro, los estudiantes universitarios. Caminar por la ciudad Patrimonio de la Humanidad es escuchar, al mismo tiempo, varios idiomas. Cruzarse con un abanico de nacionalidades. A priori, nada que pueda tener consecuencias negativas. Ahora bien, el primer grupo ha puesto el foco en los otros dos. Sobre todo en el tercero. Básicamente, porque está siendo el responsable de expulsarlos de la ciudad.

El objetivo principal con el que el Gobierno anunció la reforma del decreto de creación y autorización de nuevas universidades era garantizar que dejasen de abrirse nuevos centros privados sin cumplir los "estándares de calidad". Pero no sólo. Más allá del endurecimiento de los requisitos para la búsqueda de ese fin, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también incluyó la obligación de que cada nueva institución se comprometiera a disponer de una capacidad mínima de vacantes de alojamiento equivalente al 10% de las plazas ofertadas. Con ello se pretendían dos cosas: que el precio de la vivienda no fuese impedimento para matricularse en una universidad, y que el incremento de la demanda en los alrededores de los centros no aumentase los precios. Es decir, evitar precisamente lo que está pasando en Segovia. Y en muchas otras ciudades.

El Ejecutivo ha sido claro en todo momento: sus medidas no van de universidad pública contra privada, sino de universidades buenas contra universidades malas. Ahora bien, en lo relativo a la vivienda sí que hay que apuntar sobre todo a las segundas. Lo hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando el verano pasado aseguró que el alumnado de estos centros de nueva creación "ha llegado a ocupar ciudades enteras, alterando mucho el problema del alquiler". Y lo señaló también Diana Morant, cuando en una entrevista con infoLibre aseguró que se ha detectado que muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones a alumnos de estos centros porque pueden sacar mayor rentabilidad a sus viviendas. Por eso ambos departamentos firmaron un protocolo y crearon un grupo de trabajo que continúa en funcionamiento, aunque por el momento sin avances.

La universidad privada lleva años proliferando sin control en nuestro país. Los cuatro centros que históricamente componían ese mapa se han convertido hoy en decenas que el Gobierno no ha dudado en tachar de "chiringuitos". El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el ministerio de Morant facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP les den luz verde definitiva. Es decir: el sorpasso es cuestión de tiempo. A no ser que la reforma del decreto entre antes en vigor y consiga impedirlo.

Los centros han cambiado en todo este tiempo, pero quienes no lo han hecho han sido los estudiantes. Aunque la pretensión es aglutinar a todo tipo de alumnado, lo cierto es que los datos muestran que la privada no es más que la universidad de la clase alta. Basta un dato para corroborarlo: según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%.

Hay, en cualquier caso, otro dato relevante: muchos de estos estudiantes son extranjeros. Los últimos datos oficiales del departamento de Morant reflejan que el alumnado extranjero que estudia en instituciones públicas lo hace bajo un programa de movilidad (como Erasmus, por ejemplo), pero los que lo están en privadas lo hacen con matrícula ordinaria. En concreto, en el curso 2022-2023 eran 38.286, mientras que en las universidades públicas eran 49.440. Teniendo en cuenta el alumnado que hay en cada una de ellas, el alumnado extranjero con matrícula ordinaria supone el 4% de estudiantes de grado y máster de la pública y el 9% de la privada.

Con los datos en la mano, en cualquier caso, se puede hacer una disección mucho más fina. Porque no es lo mismo el alumnado de las universidades privadas que podríamos denominar clásicas del de las de reciente creación. Esas a las que el Gobierno tacha de "chiringuitos". Son estas las que en su mayoría se han convertido en un imán para estos estudiantes extranjeros. Y es, de hecho, de lo que presumen.

La IE University —antiguo Instituto de Empresa— ofrece un programa de estudios exclusivamente en inglés y no duda en poner en un lugar prominente de su página web sus números: más de 65.000 antiguos alumnos de todo el mundo y más de 130 nacionalidades representadas en el campus. Tienen dos: el de Madrid y el que ha cambiado por completo el dibujo de las calles de Segovia. "El 90% de los alumnos y alumnas de la universidad son extranjeros", señala desde el otro lado del teléfono Juan, vecino de la ciudad y uno de los integrantes del recién creado —hace apenas dos semanas— Sindicato de Inquilinas.

La ciudad se ha convertido en paradigma del problema porque en ella se ha formado lo que Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha, tacha de "tormenta perfecta". Las zonas residenciales han tenido un muy escaso desarrollo y tampoco existe, denuncia, política pública de vivienda. "La Junta de Castilla y León lleva 20 años sin hacer una sola promoción y el Ayuntamiento, 15 sin aumentar el parque social", critica desde el otro lado del teléfono. Con ese escenario aterrizó la IE University, en 2012. Plena crisis. Desde entonces y hasta hoy, congrega a un 380% más de alumnado, según los datos que ofrece el concejal y que han sido presentados en el informe Segovia, ciudad tensionada presentado hace unos días por el la Fundación Rosa Luxemburgo y el Foro Segovia no se Vende.

Lo relevante es el perfil de quienes llenan esas aulas. "Es una de las universidades privadas más caras de nuestro país y por eso sus estudiantes son los hijos de la élite mundial", explica San Juan. En números absolutos son ya 4.000, el 11% de la población de toda la ciudad. Y un número elevadísimo para las apenas 500 plazas residenciales que ofrece la propia universidad. ¿El resultado? "La demanda de vivienda por parte de estos estudiantes ha crecido un 96% entre 2016 y 2021. Pagan, de media, entre 1.100 y 1.600 euros por una habitación", desgrana el concejal. "La gente corriente no podemos pagar esos precios", lamenta Juan. Así que se ven desplazados. "El recinto amurallado está ya copado por estudiantes del IE y hay barrios extramuros que ya se han convertido en prohibitivos para cualquier segoviano o segoviana de a pie", continúa el concejal.

El precio del metro cuadrado se ha duplicado. Según los datos de Idealista, los seis euros que se pagaban en abril de 2016 son hoy 12. En apenas dos años, Juan ha pasado de pagar 450 euros al mes por su casa a tener que desembolsar 600. "Todos en Segovia conocemos a alguien que tiene un problema de este tipo", lamenta.

La misma situación se ha repetido con el campus madrileño del mismo centro. Lo explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La antigua Torre Caleido del distrito financiero de la ciudad es desde el 2021 un campus vertical: la IE Tower. Y eso ha repercutido en el barrio de Tetuán y hasta en algunas zonas de Fuencarral. En el primer distrito el precio del alquiler es hoy un 52% mayor que hace cuatro años y en el segundo, por su parte, un 42,5%. "En Madrid, además, tenemos una administración que promociona la creación de universidades privadas para atraer a personas de mayor poder adquisitivo. Eso sumado a no emprender ningún tipo de política de regulación de precios da como resultado el desplazamiento y la inseguridad de los inquilinos", lamenta el activista. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha manifestado su voluntad de atraer al estudiante internacional y su deseo de convertir Madrid en "capital mundial del español".

Así, hay otros lugares como por ejemplo Villaviciosa de Odón, donde se ubica la Universidad Europea, que han vivido una evolución similar. Mientras que el precio del alquiler en Madrid ha subido un 11,7% en un año —entre abril de 2024 y el mes pasado—, en ese municipio lo ha hecho un 20,4%.

En Málaga, ciudad que espera la apertura de dos instituciones privadas, temen que ocurra lo mismo. Tania Moya, miembro de la plataforma Málaga por la Vivienda, lamenta que las dos universidades prevén acoger a unos 7.000 alumnos, un número de personas que será inabarcable para las residencias de estudiantes. "Va a afectar, sobre todo porque van a venir estudiantes que podrán pagar mucho más que los vecinos, que van a acabar desplazados", critica.

Se trata de un fenómeno que pasa por varias causas. La primera es la que responde al propio funcionamiento del mercado: si hay más demanda y la oferta no crece al mismo ritmo, el precio sube. Lo explica así Ferrán Font, director de estudios y portavoz de Pisos.com. "Es lo que se denomina gentrificación", señala. Los precios suben cuando se instala una universidad del mismo modo que lo hacen en una zona cuando pasa de estar incomunicada a disponer de una amplia red de transporte, por ejemplo. "Cualquier mejora estructural tiene un impacto positivo y otro negativo. Una universidad privada mejora los servicios que ofrece una población, pero también genera interés y atracción", detalla. La particularidad en este caso es que, reconoce, el perfil de quienes atrae es el de jóvenes con alta capacidad económica, que puede ofrecer más renta a los arrendadores.

Pasa, sobre todo, en ciudades pequeñas porque es "donde normalmente la oferta tiene menos capacidad para la demanda". Como lo que ocurre en Segovia.

La mayoría de estos alquileres, por otro lado y según explica San Juan, son de corta duración. Por temporada. "El 90% de estos jóvenes permanecen nueve meses y luego se van. Es una especie de turismo académico", lamenta. Pero eso genera efectos devastadores sobre el mercado de la vivienda. Un informe de investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla reveló que los pisos turísticos —que también están sometidos a alquileres de corta duración— incrementan los precios de toda la vivienda. Según sus datos, un 33% cuando suponen el 10% de todo el parque residencial.

El alquiler de temporada, además, se ha convertido en una especie de "coladero" muy efectivo para esquivar la ley de vivienda, según explican desde el Observatorio Desca. Al no estar sujeto a la regulación de precios, algunos arrendadores alquilan sus viviendas por once meses, una técnica con la que también crea inseguridad a los inquilinos.

Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.

Miércoles 2 de abril. La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada se viste de gala para recibir a Felipe VI. El rey, acompañado del secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, visita las instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio para celebrar el 30 aniversario de la institución. Fue aprobada por las Cortes en 1993 y tan sólo un curso después, en el 94-95, abrió sus puertas para apenas 800 estudiantes. Era entonces la primera institución de educación superior privada aconfesional e independiente que abría sus puertas en España. Hasta entonces, tan sólo eran cuatro las universidades privadas y estaban todas, además, en manos de la Iglesia. Hoy, sin embargo, el mapa es muy diferente. Y precisamente 24 horas antes de esa visita del monarca el Consejo de Ministros aprobó tramitar de urgencia un decreto para evitar que así siga siendo. 

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa. No era una declaración casual. El Ejecutivo lleva una semana tratando de identificar, claramente, sobre qué tipo de universidades quiere poner el foco. Quiénes son, en definitiva, los "chiringuitos universitarios" mencionados por el presidente Pedro Sánchez, que quiso también diferenciarlos de "aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y calidad". 

El decreto que ahora el Gobierno somete a audiencia pública diagnostica que en los últimos años nuestro país asiste a una "expansión sin precedentes" de las iniciativas de universidades privadas, un hecho que está sucediendo "con un volumen y rapidez que no tiene comparación con ningún otro de los grandes países europeos". Se está "transformando", sentencia el texto, "el sistema universitario español". Ahora bien, ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué factores han contribuido a que se llegue hasta aquí?

Entenderlo requiere echar la vista atrás. José María Hernández Díaz es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca y se remonta para explicarlo al periodo prefranquista. "La expansión de la privada es una cuestión muy compleja y, a la vez, muy extensa en el tiempo", explica. Hasta la dictadura, España se encuadraba dentro de la "tradición europea" de únicamente permitir y facilitar la expansión de la universidad pública. "También pasaba en Alemania y Francia", detalla el experto. Tanto era así, que tan sólo había entonces dos instituciones privadas: Deusto y la Pontificia Comillas.

Todo cambió sin embargo con la llegada del franquismo. Y con el incremento exponencial del protagonismo católico de, sobre todo, la primera etapa de la dictadura. Así, en 1941 se creó la Universidad Pontificia de Salamanca y ya en 1964 la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei. "En aquella época no se aceptaban universidades privadas en España que estuvieran en manos distintas de las eclesiásticas", recuerda Hernández Díaz. Y así fue hasta la década de los 90, años después de la transición. "Ahí se produjo el cambio total de paradigma", afirma.

Llegó en forma de un decreto que permitió, por primera vez, la creación de universidades privadas siguiendo el "modelo anglosajón". "Se viró hacia el libre mercado, que afectó a la sanidad, afectó a la educación y afectó, también, al mundo universitario", continúa el historiador. Todas las normas aprobadas posteriormente ya estaban sujetas a ese marco. Hasta hoy. 

El Gobierno de José María Aznar aprobó en 2001 la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que afianzó la entrada de cualquier actor como creador de instituciones privadas, explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de la Fundación Alternativas. Sólo seis años después, a partir de 2007, los cambios normativos referentes a las titulaciones y sus registros hicieron el resto.

Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. El 12 de abril de aquel año se aprobó una normativa que en su preámbulo indicaba lo siguiente: "La Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas". Se materializó básicamente en que la estructura clásica de los títulos cambiaba. La establecida en 1983 y que incluía títulos de tres años (diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica) y de cuatro (licenciaturas, ingenierías y arquitectura) se modificaba por un sistema de Grados y Máster. Se hizo, a juicio de Corominas, aludiendo como "excusa" a la Declaración de Bolonia. Es decir, a ese llamado "marco del espacio europeo".

Esa modificación ya introdujo ventajas para la privada. Según explica la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto, son estas las instituciones que pueden ofrecerlos con una mayor "agilidad". "Las públicas son más lentas y burocráticas, y fueron las privadas las universidades que más aprovecharon este cambio", explica en conversación con infoLibre. Se ve claramente en los datos: según los oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 50,3% de los matriculados en estos estudios lo está en un centro privado.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Como explica Corominas, el decreto de 2007 también introdujo otra novedad que, vista hoy, explica muchas cosas. No fueron sólo los títulos, sino su acreditación. Hasta ese momento, explica el experto, todos formaban parte de un catálogo que, según un informe del ya desaparecido Observatori Universitari —del que Corominas formó parte— era "modificable, pero muy estable". Las universidades podían entonces "programar como títulos oficiales solo los que figuraban en el Catálogo", pero a partir de 2007 esa figura fue sustituida por la del registro. Y el cambio entonces no fue sólo la nomenclatura. "Se dio pie a que cada centro propusiera un título cualquiera que, si cumplía ciertos requisitos, era aprobado", explica el catedrático. ¿Cuál fue el resultado? Que se crearon "contenidos triviales que sólo tenían sentido dentro de la lógica del libre mercado". "La oferta de Grados empezó a ser una especie de salón del automóvil", critica Corominas.

Ese es el origen de que pueda haber universidades tan especializadas en estudios tan concretos. Por ejemplo, la Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT) abierta en Madrid con informe en contra del Ministerio se presenta en su propia web como "la atípica universidad". Y no miente. Oferta un Grado en Robótica, otro en Diseño de Moda, otro en Diseño de Interiores u otro en Datos e Inteligencia Artifical. Sus "áreas de conocimiento" quedan lejos de cualquier ciencia. Son seis: diseño de producto, diseño gráfico, interiores, moda, tecnología y videojuegos. "El Estado depositó con estos cambios toda su fe en el mercado. La idea era crear títulos porque era lo que el sistema pedía", lamenta Corominas.

Había pasado muy poco tiempo desde entonces cuando se produjo la que sería la estocada definitiva que provocó la expansión de la universidad privada. El 15 de septiembre de 2008 quebró el banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y comenzó, con ello, una crisis económica de alcance mundial. No obstante, los servicios públicos tardaron en ese momento dos años más para notarlo. Fue en 2010 cuando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en jaque una sanidad y una educación públicas que, en el caso de la universidad, todavía no se ha recuperado. Algunos datos lo muestran de hecho de forma muy gráfica.

Por ejemplo, como publicó infoLibre, las comunidades autónomas —competentes en esta materia— tan sólo han incrementado un 4,9% la financiación de estas instituciones desde 2009, un periodo en el que la inflación ha escalado más de un 26%. Pero es que algunas como Canarias, Madrid o la Comunitat Valenciana destinan todavía menos que entonces: un 1,9%, un 5,1% y un 10,9%, respectivamente.

¿Cómo ha influido esto en la proliferación de la privada? Pues según los datos del Ministerio de Diana Morant, de las 28 universidades privadas que se crearon desde el año 2000, 20 lo hicieron a partir de 2010. Casi la mitad, además, en los últimos cinco años. Lo han hecho, además, gracias a actores mucho más diversos. Tanto, que una gran parte está ya controlada por fondos de inversión cuyo único objetivo se basa en obtener el máximo beneficio.

Ahora bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Por varios motivos. Según Fernández Mellizo-Soto, la crisis económica incrementó también la demanda de educación superior. "La construcción dejó de dar empleo, el paro subió y mucha gente vio en la educación superior la única solución", explica la profesora. La pública, recortada, fue incapaz de absorber todo eso y fueron entonces las instituciones privadas las que se presentaron como salvadoras de la situación. "Se empezaron a crear muchas universidades para rellenar el vacío entre el hueco de personas que querían estudiar y la oferta de plazas públicas", apostilla Parellada.

Los datos oficiales dibujan un panorama que preocupa a los expertos y al Gobierno, que ya ha dado el primer paso para tomar medidas. Sin embargo, no muestran toda la dimensión de la problemática. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP decidan si dan luz ver o no a esos proyectos. Es decir, que hasta que se apruebe definitivamente el decreto ahora planteado por el Gobierno podrían proliferar muchos más centros. Y todos tendrán tres años para adaptarse a las nuevas exigencias. En caso de no hacerlo, según el borrador del texto, habría que revocar la autorización.

"Ahora mismo tal y como están las cosas es inevitable que existan este tipo de iniciativas, lo que ocurre es que son las autonomías las que deben ponerle coto", reclama Hernández Díaz, que pide que se garantice una oferta de calidad que respete los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y transferencia. "No es sólo una cuestión de expedir títulos, sino de formar ciudadanos. Hay que garantizar para ello un mínimo de calidad que, ahora mismo, no cumplen todas las universidades. Ni algunas públicas ni la mayoría de las privadas", sentencia el catedrático.

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presume cada vez que puede de haber sido la primera universitaria de su familia. Sin embargo, sabe que desde que ella lo hizo hasta hoy el sistema ha cambiado completamente. Tanto, que como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se enfrenta a uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la educación superior: el auge de la universidad privada al calor del cada vez más evidente deterioro de la pública. Pero eso no le frena, al contrario.

Descuelga el teléfono a infoLibre desde Valencia —también es la líder del PSPV— cuando han pasado poco más de 48 horas desde que el Gobierno diera luz verde a un nuevo Real Decreto para la creación de universidades privadas. El objetivo está claro: endurecer los requisitos y, sobre todo, hacerlos obligatorios. Se acabaron las recomendaciones. Y no porque el Ejecutivo tenga "una cruzada" contra la universidad privada, sino por el deber, explica, de garantizar que todo título universitario tenga un mínimo de calidad.

Cuando el presidente del Gobierno avanzó este lunes el nuevo decreto de acreditación de universidades habló sin tapujos de "chiringuitos". Al día siguiente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que no era una cuestión de universidades públicas o privadas, sino de buenas o malas. ¿Qué se puede calificar de universidad mala o de "chiringuito"?

Hemos batido un récord en el número de estudiantes universitarios pero muchas universidades públicas todavía no se han recuperado de los recortes. En la última década el porcentaje de alumnos matriculados en la pública ha crecido sólo un 2%, pero en las universidades privadas lo ha hecho un 117%. Es decir, no hay suficiente oferta en la pública para que todo aquel que quiere estudiar tenga una plaza. En los últimos 25 años no se ha creado ni una sola universidad pública, pero se han abierto 26 privadas y tenemos sobre la mesa del Ministerio peticiones de otros diez centros más. En esa proliferación, muchas instituciones se han aprobado gracias a las comunidades autónomas pero con un informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. El gran cambio que introduce ahora el decreto es que esa evaluación será preceptiva y vinculante, de manera que vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar.

Mencionaba que hay diez proyectos encima de la mesa. Según los datos de su Ministerio, desde 2018 se han aprobado otras cuatro universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio. Todos han sido en comunidades del PP. ¿Ha sido la proliferación de estas universidades una cuestión ideológica?

El presidente del Gobierno anunció el lunes dos cosas: por un lado, el endurecimiento de los requisitos para la creación de universidades y, por otro, el aumento del 35% en la financiación de la única universidad pública estatal, la UNED. Nos gustaría que cundiera el ejemplo. Hemos visto que hay comunidades autónomas como Madrid, que sólo ha aumentado un 3% la financiación, que están asfixiando a la universidad pública, de manera que lo único que le queda es sobrevivir y conseguir pagar a final de mes. Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización. Se dice entonces que esa oferta permite que el alumno elija en libertad, pero no es cierto, porque no hay suficientes plazas en la pública, y esa es siempre la primera opción para los estudiantes —porque son más prestigiosas— y para los profesores —porque ofrecen mejores condiciones—. Claramente ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio.

Hay una clara correlación entre el auge de la privada y el deterioro de la pública.

Absoluta. Es una teoría probada científicamente también en muchos países latinoamericanos y en muchas comunidades autónomas. El gran ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la sanidad. Cuando asfixias económicamente lo que es de todos, le das una crisis reputacional al servicio. En ese momento, cuando pones en duda la calidad de lo público es cuando aparece, como alternativa, la privada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé aprobar una ley de universidades que garantice que no se tenga que aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. ¿Le preocupa al Gobierno esta normativa?

Le preocupa al Gobierno y le preocupa a las universidades públicas. La obligación que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las universidades es garantizar su suficiencia financiera para que tengan autonomía universitaria y con ella puedan, por ejemplo, abrir titulaciones. El problema es que en vez de estar hablando de eso, Ayuso pone en práctica una asfixia que además estipula por ley, cosa que me parece de un descaro absoluto. Su modelo está clarísimo: está basado en una visión muy mercantilista de la universidad. A día de hoy, si quieres estudiar por ejemplo Medicina en Madrid, o tienes la mejor nota posible que te permita acceder o tu familia tiene que sacarse un crédito. Eso es obligar a la población a gastarse dinero en el sistema privado, porque no ofreces las plazas públicas que te corresponden por obligación. Cuando se dice que las comunidades autonómas son competentes en esta materia es porque reciben dinero de los ciudadanos y son ellas las que tienen que garantizar los servicios públicos.

¿Y qué papel tiene aquí el Estado? ¿Llega tarde este decreto? ¿Son ya demasiadas las universidades privadas como para revertir la situación?

No llegamos tarde. En 2021 ya se aprobó un Real Decreto que exigía unas condiciones que tenían que cumplir las universidades nuevas y a las que se tenían que adaptar las ya creadas en un plazo de cinco años. Lo que hemos hecho ahora es convertir esos criterios de calidad en vinculantes, porque hemos visto el descaro de algunas comunidades, que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada. Dicho esto, creo que también hay que situar el debate socialmente e identificar muy bien qué hacen nuestros políticos con nuestro dinero y qué está pasando con la universidad pública, sobre todo en Madrid, pero también en Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias.

¿En qué lugar quedan ahora las universidades que ya están creadas? En el decreto se reduce ahora el plazo a tres años pero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se adaptan a los nuevos requisitos? Muchas voces dudan de que las comunidades que ya dieron luz verde a los proyectos ahora los cierren.

Vivimos en un sistema en el que las normas que se aprueban, ya sea por el poder ejecutivo o por el legislativo, se cumplen. Por tanto, confío en que todo aquello que recoge una norma se cumpla. Ahora bien, el Gobierno estará vigilante y si las comunidades autónomas, que son las competentes, no cumplen, pues tomaremos medidas.

¿Se obligaría entonces a las comunidades a cerrar esos centros? ¿En qué lugar dejaría eso a los títulos ya expedidos o incluso a los estudiantes matriculados?

Habrá que estudiar cada uno de los casos. Al final, quien tiene que estar en el foco de nuestra prioridad es el alumno y la alumna que ha hecho un esfuerzo económico para sacarse un título. Lo que queremos es garantizar que esos títulos tengan la calidad cubierta, así que si observamos que una universidad no está trabajando con los criterios debidos no deberíamos seguir incurriendo en esa especie de fraude que se estaría perpretando. En ese caso las universidades dejarían de llamarse universidades y se llamarían de otra manera, al igual que los títulos no serían títulos universitarios. Ahora bien, el título que ya ha sido expedido no perdería su valor.

La derecha ha utilizado varios argumentos para cargar contra el decreto del Gobierno. Entre ellos, aludir a los altos cargos que han estudiado en universidades privadas. ¿Entiende que pueda interpretarse como una hipocresía?

El Partido Popular, como siempre, intenta distorsionar y simplificar el debate. Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, en todo caso sería una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad. Eso ha quedado clarísimo en el comunicado que este jueves sacó la CRUE, donde están representadas 77 universidades, 26 de las cuales son privadas. Lo que ha dicho básicamente el organismo es que está rotundamente en contra de que se creen universidades con el informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. No hay ninguna cruzada, lo que pasa es que hay que garantizar que quien se gasta un dinero tenga un título con garantías.

Una de las novedades introducidas ahora por el decreto es que las universidades tienen que proporcionar alojamiento para el 10% de sus plazas. ¿Por qué introducir esta medida?

Cualquier comunidad universitaria necesita unos servicios públicos que ofrecer y la vivienda es uno de los que tienen que estar cubiertos. El foco lo ponemos en las privadas porque sólo se crean privadas desde hace años, pero en realidad estamos hablando también de las públicas. Es decir, cualquier institución que se implante tiene que tener un proyecto habitacional que cubra al menos al 10% de la población matriculada. A día de hoy a nadie se le escapa que tenemos un problema de vivienda y un colectivo que lo sufre especialmente es la juventud.

¿La proliferación de la universidad privada también provoca que se incremente el precio de la vivienda?

Sí. Desde Universidades hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y hace meses hicimos una propuesta de movilización de suelo público para la construcción de residencias asociadas a universidades que dieran servicio a toda la comunidad educativa, es decir, no sólo al alumnado sino también al profesorado. Hemos detectado el problema de que los propietarios, por la ley de la oferta y la demanda, tienen posibilidad de alquilar un piso por habitaciones sacando más rentabilidad. Al final eso establece también una competencia desleal entre colectivos diferentes que deberían tener una garantía de alojamiento.

Más allá de la calidad de la universidad se ha criticado mucho quiénes están detrás. Hay ya muchos fondos de inversión que controlan algunos de estos centros. ¿Es eso un peligro añadido?

Refuerza la idea de que hay una visión de negocio en torno a algo que para el Gobierno es un bien público. La educación superior no es un bien de mercado y por eso no se puede construir una universidad simplemente bajo valores mercantilistas. El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública. Por eso hemos endurecido también algo que ya introdujimos en 2021, cuando se estipuló que había que dedicar el 5% del presupuesto a esta área. Ahora pedimos que haya otro 2% que proceda de concurrencia competitiva. Es decir, que igual que hay investigadores dando clase en la pública, que los haya en la privada.

Siempre se ha defendido la universidad pública como un ascensor social. ¿Cree que esto sigue siendo así o se está averiando?

Se está averiando. El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia en becas, destinando 1.000 millones más, y también ha trabajado para que la matrícula esté en mínimos, pero aun así sabemos que la falta de plazas no garantiza oportunidades. La gente ya no elige con libertad, sino que se ve abocada a irse a la privada. Es decir, estamos provocando que los estudios dependan de los recursos familiares.

Carlos Mazón sigue presidiendo la Comunitat Valenciana y una moción de censura no podría cambiar esa situación. Usted ha dicho recientemente que la solución es el adelanto electoral pero, mientras llega o no, ¿qué va a hacer su partido?

Vamos a seguir haciendo una oposición de denuncia a este nuevo pacto —que hemos denominado "del ventorro"— entre PP y Vox. Es más repugnante que el primero, contiene recortes de los derechos de las mujeres, recorte de los derechos a la diversidad, recortes a la memoria. Nos queda la denuncia y la construcción de una alternativa. A día de hoy, la mayoría de la calle —que es solidaria, integradora y busca proteger a las mujeres— no está representada en Les Corts. Puede que ganen las votaciones y saquen sus presupuestos y que Mazón siga de president, pero hay una alternativa mayoritaria que les espera con un proyecto de progreso, no de retroceso. Necesitamos unas elecciones.

¿Le preocupa el clima político que se ha generado en la Comunitat, en la que incluso ha habido un detenido por amenazar de muerte al president?

Claro que nos preocupa, por eso no practicamos nunca los discursos de odio. En política y en la vida hay efectos boomerang. Yo he escuchado al presidente Mazón decir que Sánchez era un cobarde después de haber sufrido una agresión en Paiporta, y ahora él y su equipo nos piden a todos que bajemos el grado de crispación porque se siente amenazado. Creo que hay un problema de degradación de las instituciones y a mí siempre me gusta decir que no ha fallado la política ni la institución de la Generalitat Valenciana ni sus servidores públicos, sino ellos. Por eso la solución es que se vayan.