Sin profesores ni investigación: las lagunas con las que Madrid autoriza universidades privadas
No es ilegal ni tampoco contraviene ninguna normativa. En España, dar luz verde a una universidad privada que no cumple con todos los requisitos que marca la ley no sólo es posible, sino también frecuente. Ha pasado, al menos, con centros que se han abierto recientemente en Andalucía, en Canarias y en la Comunidad de Madrid. Y en esta última no sólo con informes emitidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sino también con otros publicados por otro tipo de organismos como la Fundación para el Conocimiento Madri+d. En ocasiones han sido evaluaciones directamente desfavorables; en otras, favorables a pesar de las "dudas" sobre los proyectos y de requerir ciertas modificaciones. Y muchas veces por lo que los expertos critican: la falta de investigación, una de las tareas fundamentales que debe cumplir una universidad. Al menos, en teoría.
La propia Consejería de Emilio Viciana defiende que el sistema permite que se den todos esos escenarios. Según recuerda el departamento en declaraciones a infoLibre, "la apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por Ley en la Asamblea de Madrid". Por eso precisamente la privada ha logrado multiplicarse tanto en tan poco tiempo: porque es el PP el que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.
El fenómeno ha ocurrido en toda España —donde en el último cuarto de siglo se abrieron 25 nuevas universidades privadas, alcanzando ya la cifra global de 41, frente a 50 públicas—, pero es que Madrid es el paradigma. La región tiene seis universidades públicas y planea ya la apertura de la que será la décimocuarta privada, la Universidad Abierta de Europa. Según dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el objetivo de su Ejecutivo es convertir Madrid en "la capital de los estudios superiores en español". Y no importa que la pública no entre en ese proyecto ni que el próximo centro privado tenga la oposición, en primer lugar, del propio departamento que dirige Diana Morant.
La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ya criticó en su día que la Universidad Abierta de Europa "no dispone de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera "concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos". Además, "falta información sobre los títulos propios", "se desconoce el número de alumnos" y de plantilla y tampoco están acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". Hay, sentencia el organismo, "numerosas lagunas y deficiencias" que desaconsejan la apertura. Pero la Comunidad ha hecho caso omiso y ha seguido adelante con el trámite.
Para el diputado del PSOE Horacio Díez este es tan sólo un ejemplo más de que la Comunidad "regala autorizaciones de apertura" a centros de dudosa calidad. "Una educación superior de excelencia exige rigor, regulación y anteponer la formación al negocio", señala en conversación con este periódico. Juan Ignacio Varela-Portas, parlamentario de Más Madrid, también criticó la "acción perversa" de la Consejería de Educación. Y él lo hizo durante una sesión parlamentaria en la que el propio Emilio Viciana defendió que son completamente "exigentes". "Pedimos informe a la SGT [Secretaría General Técnica], pedimos informe a Infraestructura... Y nos aseguramos de que se cumplen todos los requisitos de solvencia", aseguró.
Sin embargo, el proceso que ha seguido la Universidad Abierta de Europa lo contradice. Y no sólo ese. Según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres habían sido suspensas por el Ministerio de Universidades. La madrileña Universidad de Innovación, Diseño y Tecnología (UDIT) era una de ellas.
infoLibre ha preguntado en este sentido a la Consejería cuántas universidades privadas han abierto sus puertas con alguno de los informes previos en contra. Y con cuál, o cuáles, había ocurrido. Pero sus fuentes se limitaron a recordar que los exámenes "son solo valorativos y, por tanto, no vinculantes".
Se refería el departamento en su respuesta a los que emite la Fundación para el Conocimiento Madri+d, "que se refieren a cuestiones como infraestructuras, profesorado o titulaciones y tienen en cuenta las exigencias a incorporar en el convenio de adscripción de los centros a las universidades, tal y como se recoge en el artículo 13 del Real Decreto 640/2021". Pero el argumento se puede ampliar también a los que emite el Ministerio. Según las mismas fuentes, los "aspectos a mejorar no invalidan el conjunto del proyecto". Aunque sí dejan en entredicho, entiende la oposición, la calidad del centro.
"Dudas" y dedicación "insuficiente" a investigación
¿A qué nos referimos cuando hablamos de informes en contra? Como dijo el propio Viciana en la Asamblea, hay cuatro evaluaciones que siempre se solicitan cuando arranca un nuevo proyecto. Así aparece al menos en las Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de varios de los centros ya en funcionamiento analizadas por infoLibre. El primer examen es el que lleva a cabo la Conferencia General de Política Universitaria dependiente del Ministerio de Diana Morant. Y es este organismo el que fue tan duro con la Universidad Abierta de Europa. Y el que también lo fue con el centro Villanueva, un proyecto cuyo proceso de apertura se extendió entre 2016 y 2020.
En concreto, y según se puede comprobar en su MAIN, el Gobierno estimó que la memoria del proyecto arrojaba "dudas sobre el porcentaje de doctores acreditados", una "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y falta de "garantías que aseguren la financiación económica". Por eso la evaluación fue desfavorable, aunque fuentes del centro aseguran a preguntas de infoLibre que se remitieron "todas las alegaciones que fueron precisas, respondiendo con solvencia a las cuestiones planteadas hasta recibir la aprobación final de los órganos competentes".
Según se defienden de las críticas, lo importante es que exista "calidad" en la educación superior, no un "modelo de gestión o propiedad". Por eso, aseguran las mismas fuentes, "cualquier medida que ayude a impulsar una educación universitaria de calidad, tanto de iniciativa estatal como privada, es positiva". "Aplaudimos cualquier proyecto legislativo que contribuya a este fin y a la necesaria autonomía de cada centro para ofrecer los conocimientos que demanda la comunidad a la que sirve", sentencian.
La UDIT tuvo un reocrrido muy similar. En su caso, el organismo ministerial consideró "insuficiente la dedicación media del profesorado a la investigación" y que no se estaba aplicando "correctamente el cálculo" para que el 60% de los profesores doctores estuvieran contratados a tiempo completo. Además, se apreciaron "discrepancias" en las distintas menciones a los espacios e infraestructuras que tendría el centro. Su rector, Juan Cayón, aseguró a infoLibre que todo fue subsanado, pero que una vez emitido un primer informe, no se llega a emitir un segundo. Lo recoge también el documento: "Una vez que dicho órgano ha hecho un pronunciamiento sobre el reconocimiento de la citada Universidad, no procede la elaboración de un nuevo informe". En ese momento ya es la Comunidad la que valora. Y esta respondió favorablemente a todos los puntos que el Ministerio había criticado.
Sin plantilla, ni información, ni investigación
infoLibre ha tratado de acceder a los informes completos del Ministerio, pero no ha sido posible. La Fundación para el Conocimiento Madri+d, en cambio, sí habilita su consulta a través de su página web. Y ahí se comprueba que algunos centros han tenido hasta tres evaluaciones y que en muchas ocasiones el llamado "informe final" también ha incluido dudas o aspectos a mejorar que, como señala la Consejería, no han sido impedimento para la aprobación definitiva de determinados proyectos.
ESIC por ejemplo tan sólo fue sometida a un examen. O al menos tan sólo consta un informe de Madri+d. Con fecha 14 de marzo de 2017, el organismo criticó que el plan de titulaciones y su calendario de implantación no era adecuado y que resultaba complicado "evaluar adecuadamente el plan de desarrollo [...] propuesto". Tampoco se cumplía "la ratio exigida de tener al menos un 50% de doctores en titulaciones de grado y un 70% en títulos de máster" y la "información aportada sobre el personal de apoyo no resulta específica". Es decir, "la información aportada por el centro" no fue "adecuada, ni para evaluar su plan de desarrollo de titulaciones, ni la adecuación de los recursos docentes a la misma". Aun así, la Asamblea dio luz verde al proyecto dos años después.
Ramón Arilla, el rector del centro, responde además a preguntas de este periódico que esas valoraciones negativas no fueron más que "un estímulo para continuar mejorando". "Nuestro compromiso es mantener y elevar la calidad educativa, fomentando la innovación y el rigor en todas nuestras áreas, incluida la investigación. Por ello, hemos obtenido 8 proyectos internacionales de investigación en los últimos 3 años", defiende.
Parecido fue lo que ocurrió con CUNEF. En su caso constan dos informes, uno emitido en 2017 y otro publicado cuatro años después, en 2021. En este, en el final, se concluye que la evaluación es favorable a pesar de que se observaron "carencias" sobre la programación relativa a la investigación, una crítica que también realizó en el primer examen, en el que el organismo lamentó que aunque la universidad "acredita un proyecto investigador realizable, debería evidenciarse una mayor implicación de los profesores" en esa tarea, "tanto desde el punto de vista de su participación en proyectos de investigación como en la evaluación positiva de su actividad en este ámbito".
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Más duro fue Madri+d en el caso de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), a la que se achacó en el informe final emitido en 2019 no ofrecer "información acerca del perfil del profesorado". En concreto, el documento criticó que "ni siquiera se aclara si [los docentes] son doctores o no" y tampoco "se explica qué asignaturas van a impartir". El número de profesionales, que tampoco estaba claro, también generó confusión. "Se añaden algunos profesores a tiempo parcial en los cuadros facilitados, pero sigue siendo insuficiente [...]. Teniendo en cuenta que las asignaturas son cuatrimestrales, y que en cada cuatrimestre habrá cuatro o cinco por lo menos, se trata de 8 o 10 asignaturas, que parece complicado que puedan ser atendidas entre 3 o 4 profesores", lamentó Madri+d. "En fin, se trata de una planificación deficiente y con muy poco nivel de detalle", se concluyó. Sólo un año después, la Asamblea lo aprobó.
Frenar la "proliferación descontrolada"
La oposición trata ahora de poner coto a todo esto. Es decir, de garantizar que el incumplimiento de las garantías de calidad impidan que estos centros puedan comenzar su actividad. En este sentido, Más Madrid ya presentó una Proposición No de Ley para que los informes técnicos sean vinculantes e impidan que el Parlamento dé vía libre a una universidad con una valoración negativa. "Madrid ya tiene más del doble de universidades privadas que públicas, y hay cinco nuevos procesos de acreditación en marcha. No podemos permitir que Madrid se convierta en un mercado de títulos universitarios donde el único requisito sea poder pagarlos", declaró la portavoz de la formación, Manuela Bergerot.
Por su parte, Díez informa que el PSOE propone "una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas y de centros extranjeros autorizados en la Comunidad de Madrid". Es decir, que se mantengan los que están, pero que no se abran otros nuevos. Al menos, no hasta que cumplan con los requisitos, que también pide aumentar. En este sentido, el Gobierno, desde hace meses, ya trabaja en la modificación del Real Decreto 640/2021 que estipula las exigencias para nuevos centros universitarios.
