La investigación académica o la inserción laboral, ¿qué mide mejor si una universidad es de calidad?

El 9 de marzo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo hacía con 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis), 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias), 8 abstenciones (EH Bildu y Junts) y un objetivo por bandera: fortalecer la universidad como "fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural". ¿Cómo? Asegurando que la institución cumple con los tres pilares fundamentales de su existencia: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Las que son, señala la ley, "funciones centrales de su actividad". Ahora bien, ¿son también condiciones sine qua non que hacen de una universidad una institución de calidad? ¿Qué significa exactamente ese concepto?

"Depende de a quién le preguntes", dice, tajante, el profesor de Educación en la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez. Su respuesta, por ejemplo, es que no se puede hablar de "buena universidad" si no existen esas "tres misiones fundamentales". La de un defensor de la universidad privada como es Juan Cayón, rector de la recién creada Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT), en cambio, introduce la cuestión de la "empleabilidad" de los estudiantes egresados. Es decir, que un centro cuyos titulados obtienen un trabajo antes y con mejor remuneración es mejor que otro en el que eso no ocurre. "Es una cuestión ideológica", opina Díez Gutiérrez.

El debate no surge de la nada. Ha aparecido en las bocas de muchos defensores de la universidad pública que miran con preocupación la proliferación de universidades privadas en España. No es para menos. Son ya 41, 25 de las cuales se crearon en el último cuarto de siglo. Es decir, afloran a un ritmo de una al año. Y se están expandiendo ya en comunidades donde hasta ahora no tenían presencia (como Extremadura) o donde ésta era muy residual (como Andalucía). Lo hacen al calor de los gobiernos de derechas y de los parlamentos controlados por ella, que en muchas ocasiones pasan por alto los informes técnicos que desaconsejan su creación y autorizan, con los ojos cerrados, un nuevo centro. Según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta escrita dada a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres abrieron sus puertas con valoraciones en contra.

¿Sginifica eso que no tienen suficiente calidad? Lo que miden esos informes son, realmente, activos. Es decir, elementos tangibles como el número de docentes, el porcentaje de presupuesto que se va a dedicar a investigación, las titulaciones que se imparten o la infraestructura de la que se dispone. Algo así como un proyecto universitario palpable. El cómo funciona se evalúa después, y esa es la labor de los ránkings universitarios.

¿En qué consisten esas clasificaciones?

No son pocos, aunque los más conocidos son tan sólo tres: el ránking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés—, el QS o el Times Higher Education. En la última edición del primero se colaron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo, dos menos que un año antes. La Universitat de Barcelona fue la mejor calificada de nuestro país pero, ¿por qué? ¿En qué se basa?

Según la metodología que explica el propio ránking, la evaluación puntúa en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. "Es puramente cuantitativo porque es la única manera de poder comparar una universidad norteamericana con una de Andalucía, por ejemplo", explica Díez Gutiérrez. Y ahí está el problema.

Competitividad, producción y poder

Para el experto, este tipo de exámenes internacionales no sólo son "inútiles y absolutamente negativos", sino que además son herramientas que "distorsionan la filosofía y el planteamiento de la universidad". Básicamente porque, explica, en lugar de fomentar la cooperación fomentan la competitividad, que es "lo contrario al conocimiento científico". Pero no sólo por eso. Todos están realizados en último término por una empresa privada con sus propios intereses y ninguno tiene criterios plenamente fiables. El de Shangái, sin ir más lejos, cae en errores garrafales, a juicio de este profesor.

Uno de ellos es el que valora el número de artículos publicados en revistas científicas. Primero porque, señala, muchas las compran. Y segundo porque eso deriva en que los docentes inviertan más horas en esa producción que en la docencia pura. Así lo critica Carmen Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Ha llegado un momento en el que lo más importante son los artículos científicos que se publican. Muchos docentes producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos ránking internacionales. "Además, como no nos dan más tiempo, eso provoca que se contrate a becarios o a ayudantes para dar clase, lo que incrementa la precariedad", lamenta la profesora.

Por otro lado, este sistema convierte la contratación universitaria en una especie de "mercado de fichajes", continúa Díez Gutiérrez. "En lugar de a investigación, muchos fondos de las universidades se destinan a poder contratar a premios Nobel o a científicos reconocidos", lamenta. Y en el mismo sentido, y en cuanto al criterio que examina la dedicación de los egresados, el sistema empieza a valorar mejor a un cirujano bien pagado que a un médico que de verdad cumple con su función de mejorar la salud de la población desde, por ejemplo, el centro de salud de un barrio.

"Yo creo que la universidad tiene que servir para mejorar el funcionamiento de la universidad, lo que ocurre es que ahora mismo está sirviendo para enseñar las reglas del capitalismo con el conocimiento", lamenta Díez Gutiérrez. Tener títulos, ganar prestigio, conseguir una buena posición laboral. Y, por último, hacer caja.

Los egresados de la privada, los mejores trabajos

Las palabras del profesor se observan en las estadísticas, que muestran una clara diferencia entre la situación laboral de quienes estudiaron en la pública y quienes estudiaron en la privada. Según un informe de la Fundación CYD, la tasa de afiliación media al primer año de terminar la carrera entre los primeros se sitúa en un 49,44%, pero entre los segundos en un 60,14%. Son más de 10 puntos de diferencia.

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En cuanto a la base media de cotización, la investigación certifica que hay 3.426 euros de diferencia entre los egresados de la privada y los de la pública. Y en este caso también ganan los de la primera. "Además, un 47,7% de los egresados en las públicas tiene una base media de cotización anual superior a 30.000€, mientras que la cifra asciende al 64,5% en el caso de las privadas", señala la Fundación CYD.

Por eso es muy distinta la definición de calidad universitaria y éxito educativo para Cayón y para los dos profesores de la pública. No obstante, Díez Gutiérrez afirma sin tapujos que esos conceptos no pueden atribuirse, en ningún caso, a las opciones privadas. Más que nada porque "lo privado no deja de concebir la educación superior como negocio, ya sea ideológico, económico o ambos". Él rechaza el término "calidad" porque prefiere hablar de "mejora". Y sentencia que eso se consigue mediante elementos no tangibles. O al menos no evaluables bajo un estándar de ránking internacional.

"Para ser un país con las mejores universidades deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 23 años que están política y socialmente implicados en la construcción de un mundo más justo y mejor. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia o en publicaciones indexadas es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan", sentencia.